sábado, 30 de noviembre de 2013

¿Es inevitable que las personas con trastorno mental se mueran antes?



Ayer, 29 de noviembre, participé en un homenaje a la Presidenta de Honor de la Asociación Talaverana de Amigos, Familiares y Personas con enfermedad mental.

Argimira González Cañizares, una gran mujer, luchadora, simpática, inteligente y generosa, recibió el cariño de sus paisanos y de todas las personas que trabajan en Salud Mental, por su dedicación a esta tarea durante más de 20 años.

En esos años se han logrado importantes avances. En Talavera se cuenta con servicios sanitarios y sociales bien desarrollados, al mismo nivel que en otras regiones de España o de Europa. Sin embargo, queda mucho por hacer. La misma Argimira, en sus palabras de agradecimiento, recordó que los servicios de Salud Mental “han sido siempre la Cenicienta de la sanidad”. Y es bien cierto, como lo muestra la enorme diferencia de Esperanza de Vida en las personas que padecen trastorno mental severo en comparación con la población general: diez años menos. Una brecha inaceptable.

La reciente publicación de la OECD, “Health at a Glance 2013: OECD indicators”, dedica un apartado a estudiar el exceso de mortalidad en las personas que padecen un trastorno mental y confirma esta diferencia. La “mortalidad excesiva” en personas que padecen trastornos mentales es entre 2,1 y 8,8 veces mayor que la de la población general, según los países.

Las razones de esta desigualdad son varias. Entre otras, un menor acceso a los servicios de salud, por dificultad de percibir su problema de salud, o dificultad de expresar la demanda, o de ser atendido. También existe un mayor riesgo de muerte por suicidio y la mayor presencia de factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, o el sedentarismo. Otro factor a controlar son los efectos secundarios de la medicación. Y, sin duda, el estigma y la exclusion social disminuyen los apoyos y la accesibilidad a los servicios. Sobre todas estas causas se puede actuar para evitar ese riesgo mayor de mortalidad.

Si los sistemas sanitarios tienen como uno de sus principios la Equidad, es decir, tratar a las personas en función de la necesidad, parece evidente que las personas que padecen un trastorno mental deberían contar con más apoyo, con más recursos en proporción a su mayor necesidad, con programas orienados a prevenir los riesgos excesivos para la salud. Esta brecha en mayor mortalidad es inaceptable. Por eso son inaceptables los recortes de recursos sociales y sanitarios en la atención a personas que padecen un trastorno mental que se están aplicando en España y en otros países de Europa. Precisamente en tiempo de crisis pueden aumentar los problemas mentales. Y precisamente en este tiempo es más importante reforzar los programas de salud mental, los centros de rehabilitación, los programas de integración socio laboral, la atención psicológica, el apoyo a las familias y los programas de prevención y promoción de la salud mental. Por eso es inaceptable la disminución del tiempo de atención personal y el aumento de las listas de espera. Como es inaceptable el proyecto de reforma del Código Penal que vuelve a introducir el concepto de Peligrosidad en relación con las personas que sufren trastorno mental.

En los últimos 25 años, en España y en Europa se había avanzado mucho en Salud Mental. Pero la vida es avance y retroceso, y por eso se necesitan muchas Argimiras para seguir defendiendo permanentemente los derechos de todas las personas y la equidad en la atención sanitaria. Todos tenemos derecho a las mismas oportunidades de vivir. No es inevitable que las personas con trastorno mental vivan peor y deban morir antes.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Suficiencia y Eficiencia en la sanidad pública



La sanidad pública de cualquier país necesita suficiencia y necesita eficiencia.
Necesita, por una parte, que la sociedad asigne los recursos suficientes para poder ofrecer unos servicios de buena calidad, accesibles a toda la población. Y, por otra parte, necesita que cada euro destinado a sanidad sea utilizado de la mejor manera para obtener los mejores resultados en salud.

En cuanto a la Suficiencia.

¿Cuánto es suficiente? Depende de la capacidad económica de las personas y de la sociedad. En la sanidad privada cada persona se gastará lo que pueda, según su disponibilidad, y lo que quiera, según sus necesidades y prioridades. Es su decisión personal. El que no tenga dinero no podrá pagar ninguna atención, aunque la necesite.

En la sanidad pública la sociedad asignará unos recursos en función de la capacidad económica del país y, dentro de esas posibilidades, decidirá, a través de los Parlamentos y los Gobiernos, cuánto destina a sanidad para prestar atención a quien la necesite.

A finales de 2013 el gasto sanitario público en España habrá caído más de un 10% en los últimos cuatro años, reduciéndose hasta suponer un 6% del PIB. Parte de esta disminución ha sido a costa de disminuir los costes: disminución de precios en contratos, prescripción de principios activos al coste menos caro, reducción salarial. Otra parte de esta disminución ha sido a costa de disminución de actividad: menos plantilla, menor disponibilidad de recursos, derivación de parte del pago de medicamentos a los pacientes, reducción de cobertura, ocasionando en algunos casos pérdida de atención, aumento de listas de espera, desmotivación y pérdida de calidad. Algunos de estos efectos son claramente negativos.

De cara a los próximos años ¿cuánto sería razonable destinar a sanidad pública según el nivel de renta en España? Podemos tomar algunas referencias de países desarrollados. Por ejemplo, en EEUU se destina un 8,3% de su PIB a sanidad pública (más un 9,4% a sanidad privada). En la UE de los 15, se destina un 7,5% del PIB a sanidad pública.

Si acordáramos que un objetivo razonable es un 7,5% del PIB, ¿podemos pagarlo? La respuesta es que sí, si pagan todos los que deben. El problema de la insuficiencia de financiación está en el “boquete fiscal” español. La diferencia de Ingresos Públicos entre la media de ingresos en la UE (46% del PIB) y España (37% del PIB) es de 9 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a 90.000 millones de euros. Es precisa una acción rotunda del Gobierno para equiparar la capacidad de nuestro sistema fiscal a Europa y, para ello, debe obligar a pagar sus impuestos a quienes no están pagando, singularmente las grandes fortunas, y deben pagar los más ricos en la misma proporción que las personas con rentas medias y bajas. Es urgente una reforma fiscal y una decidida lucha contra el fraude y la evasión.

Al mismo tiempo sería necesario cambiar el Acuerdo de Financiación Autonómica. Las CCAA reciben del Estado los recursos para costear los servicios transferidos. Estos recursos han disminuido un 15%. En este sentido sería conveniente que la financiación sanitaria tuviera carácter finalista, de tal manera que las CCAA recibieran el gasto/cápita (ajustado por edades) correspondiente a su población.

En cuanto a la Eficiencia.

Sea cual sea el presupuesto asignado a la sanidad es indispensable que trabajemos permanentemente para mejorar la eficiencia. Siempre hay margen, en cualquier organización, para mejorar el uso de los recursos. Para evitar hacer lo que no hay que hacer y para hacer todo lo que sea seguro y eficaz, al coste más económico.

Según el reciente informe de la OCDE Health at a Glance 2013, España, junto con Japón e Italia, era uno de los países que obtenía  más ganancia en salud en relación con su renta, o en relación con su gasto sanitario (3 años de Esperanza de Vida al Nacer más; mientras que EEUU mostraba 5 años de EVN menos en relación con su gasto sanitario per cápita). Pero, sin duda, había y hay muchas oportunidades de mejora.

Señalaré 8 ámbitos para posibles cambios y mejoras en la eficiencia del SNS, en los que podría haber elementos de acuerdo entre pacientes, profesionales, industria sanitaria y administraciones.

  1. Invertir más en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, e incorporar la evaluación del impacto en salud de todas las políticas públicas; desarrollo de la Ley General de Salud Pública.
  2. Apoyar al paciente/ciudadano como gestor de su enfermedad o proceso crónico, potenciando las escuelas de salud y la utilización responsable de servicios.
  3. Reforzar la autonomía de gestión de los profesionales, dando participación en la evaluación de (nuevas) tecnologías sanitarias y en la formación y control para el uso eficiente de los recursos (indicaciones, variabilidad de la práctica médica, seguridad del paciente, etc.).
  4. Coordinar/Integrar los servicios sanitarios y sociales para posibilitar la continuidad de cuidados y la gestión por procesos de atención.
  5. Impulsar la utilización de TICs, desarrollando la telemedicina, y aprovechando las potencialidades de las bases de datos clínicas (atención al  paciente, gestión y evaluación, investigación).
  6. Compartir estrategias y buscar sinergias con las industrias sanitarias para mantener y mejorar tecnologías de diagnóstico y tratamiento con costes ajustados. Potenciar la investigación y la generación de patentes.
  7. Fortalecer las políticas de salud en la Unión Europea, destacando entre otras, las siguientes: el avance en la lucha contra las desigualdades en salud y en atención sanitaria; la garantía de cobertura universal, financiación solidaria, y alta calidad de servicios accesibles a toda la población; la mejora de la coordinación en salud pública y frente a emergencias; el refuerzo de la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y de la red de Centros de Referencia; el impulso a la investigación para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud.
  8. Desarrollar el Gobierno del Sistema, reforzando la capacidad de acuerdo y decisión ejecutiva del Consejo Interterritorial del SNS, el sistema de información, la evaluación de los centros y servicios, y la transparencia en la rendición de cuentas.

Creo que es posible avanzar en estas líneas con el impulso de los diferentes protagonistas del sistema sanitario, mediante acuerdos y proyectos concretos,  en los ámbitos autonómico, nacional y europeo. De esta forma la sanidad seguirá contribuyendo al mantenimiento, la recuperación y la mejora de la salud, así como al desarrollo económico, la creación de empleo, la cohesión de la sociedad y el progreso del país. La sanidad para todos es una buena inversión.

domingo, 24 de noviembre de 2013

Numerosas deficiencias en la "externalización" sanitaria


El pasado 30 de septiembre la Comisión Nacional de la Competencia hizo público un Informe en el que analiza los procesos de licitación para la provisión privada de la sanidad pública en España.



El Informe estudia los procesos de “externalización” desde el punto de vista de los procedimientos de contratación, mostrando numerosas deficiencias en los mismos.

            -Se constata una participación reducida de empresas. En la amplia mayoría de procedimientos para la “construcción y gestión integral” o “gestión sanitaria” se presentó un único candidato (en 15 de 19 concursos). Esto pudo deberse a que el plazo de presentación de documentos es escaso y algunos requisitos exigidos pueden limitar la competencia a uno o dos concursantes.

            -La duración de los contratos, muy variable entre CCAA, podría ser excesiva. Las formas de regulación de las prórrogas no parecen idóneas.

            -No se especifican sistemas de control de calidad suficientes que permitan obtener información adecuada y un buen seguimiento de los resultados. No se especifican mecanismos de transparencia suficientes.

            -Los mecanismos de fijación y revisión de precios deben justificarse de forma adecuada.

            -La facturación inter-centros, en un modelo de pago per cápita resulta esencial, por lo que los sistemas de tarifación, derivación, información y control son claves.

            -Debe llevarse a cabo una adecuada ponderación de los criterios de adjudicación, consiguiendo un equilibrio entre las variables de precio y calidad del servicio.

El Informe de la CNC muestra numerosas deficiencias en los procedimientos de licitación de un modelo de provisión privada de la sanidad pública que se suponía dirigido a lograr la competencia entre empresas y conseguir mejores resultados económicos para los contribuyentes pero que, al aplicarlo, muestra una falta notable de competencia y una peligrosa carencia de sistemas de control y de transparencia adecuados, con el riesgo de pérdida de calidad y eficiencia consiguientes.

jueves, 21 de noviembre de 2013

La gestión privada de la sanidad le sale más cara a la ciudadanía.



He podido leer estos días el Informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana: “Resonancias Magnéticas, una oportunidad de ahorro” (informe 2013/6), y me ha parecido muy interesante.



La Auditoría analiza esta concesión, licitada por 497 millones de euros para 10 años, y estudia su aplicación desde 30/10/2008 hasta 2012.

Hay una serie de exigencias de tiempo de respuesta y calidad, cuyo cumplimiento no ha podido ser verificado por la Sindicatura. “El servicio de conciertos carece de información de gestión, con carácter periódico, que recoja indicadores básicos de actividad concertada, como son: el número de pacientes e informes realizados, pruebas realizadas, coste total por cada uno de los conceptos que componen una prestación sanitaria…, tiempo de espera, etc.”

Lo que sí ha podido es calcular el coste por estudio, y estimar que “en el caso de prestar los servicios con medios propios”, los contribuyentes se habrían podido ahorrar hasta 16,7 millones de euros por año, un 45% del gasto pagado a la concesionaria. Dicho de otra manera, lo que muestra la Auditoría de la Sindicatura de Cuentas es que el modelo de concesiones a largo plazo, en este caso, nos sale muy caro a los ciudadanos.

Puede haber buenos servicios privados, eficientes para sus accionistas, exactamente igual que hay buenos centros y servicios de gestión pública. Pero si estudiamos los servicios sanitarios financiados con dinero público, si buscamos la eficiencia para la ciudadanía en general, para los contribuyentes, los modelos de gestión privada (con ánimo de lucro) suelen ser más caros (gastos de intermediación, beneficio industrial, no transferencia de riesgo, selección de pacientes, etc.). Para la ciudadanía, para los contribuyentes la gestión pública de la sanidad es más eficiente.

Conviene recordar, otra vez, que el mayor gasto sanitario en EEUU (casi un 18% del PIB, el doble que en España) es el paradigma de lo que cuesta la gestión sanitaria en un modelo de provisión privada (costes de administración 30%, frente al 3% en la sanidad pública española; fragmentación; falta de continuidad en la atención, etc.). No es eso lo que interesa a España si busca eficiencia social.

sábado, 16 de noviembre de 2013

DAÑO MORAL


Me consta que no es así en todas partes. Sé que hay centros y servicios sanitarios donde se siguen impulsando proyectos interesantes y con gran ilusión. Pero en otros muchos lugares veo el daño moral que están sufriendo muchos profesionales de la sanidad.

Cuando hablo con estos profesionales y me explican cómo están las cosas me doy cuenta de que la tristeza, la desmotivación, la pérdida de confianza en la organización, puede causar un deterioro grave en la calidad de la atención sanitaria pública. Este daño moral, este daño cualitativo, es más difícil de medir que los recortes cuantitativos. Se ha reducido la inversión sanitaria de forma indiscriminada, se han bajado los salarios, se han reducido plantillas. Esto es grave. Pero más grave todavía es que se pierda el sentido de servicio público, la prioridad de la salud de los pacientes, que se pierda el orgullo de pertenencia a la organización, que se pierda el respeto por el valor del trabajo bien hecho y el reconocimiento al mismo. Las personas necesitan unas referencias para poder guiar sus pasos. Si esas referencias se trastocan, pierden el rumbo. Si la referencia principal es que hay que recortar el gasto como sea, sin valorar el perjuicio a un paciente que espera meses para su diagnóstico, sin importar que el profesional que le trataba sea despedido o cambiado de centro sanitario, o sin considerar los errores que puede provocar el exceso de carga de trabajo en el personal sanitario, o la pérdida de conocimiento y experiencia, entonces la organización sanitaria cambia de sentido, se desnorta, se desvertebra. Y, en algunos sitios, esto es lo que está ocurriendo.

Si, además, sabemos que el dinero que se destinaba a sanidad y a otras políticas sociales se ha destinado y se destina a "rescatar" a las entidades financieras, principales causantes de la crisis económica, y que buena parte del déficit y de los recortes se debe a esas ayudas y a que las grandes fortunas y los grandes patrimonios no pagan sus impuestos en la misma proporción que los pagamos los trabajadores y las pequeñas empresas, entonces la tristeza se convierte en indignación frente a la injusticia.

Es difícil predecir cómo y cuándo se podrá recuperar la motivación de estos profesionales sanitarios. Cabe esperar que la vocación de cuidar y ayudar a los pacientes siga siendo un motor potente que dirija sus pasos y que, a partir de ahí, se reconstruya la confianza en las instituciones, en los valores de la buena sanidad pública (universalidad, solidaridad, equidad, calidad)  y en sus estructuras de gobierno.

Pero, hasta entonces, el daño moral habrá infringido un sufrimiento difícilmente reparable a muchos muchos pacientes y a muchos profesionales. Es responsabilidad de todos intentar frenar y revertir este proceso.