martes, 19 de agosto de 2014

De retretes, necesidades y dignidad


No es tan lejano el tiempo en que en España no había váteres en muchos pueblos y hacíamos caca en el corral o en el campo, limpiándonos con un papel de periódico viejo o una piedra y por supuesto no lavándonos las manos después.

Cuando hace unos días leí que Narendra Modi, nuevo primer ministro de la India, iba a completar la instalación de retretes para 600 millones de personas en 2018 me alegré sinceramente. La medida beneficiará a la mitad de la población de ese gran país que no dispone todavía de este dispositivo higiénico. Es una de las medidas de salud pública más importantes del siglo XXI (1).

Sabemos que la pérdida de salud de las personas depende de una serie de factores genéticos, ambientales, sociales... La pobreza extrema, la desnutrición o la falta de agua potable son algunos factores clave. También lo es la ausencia de retretes y la falta de alcantarillas y saneamiento de las aguas residuales.

Esta mañana o esta tarde usted y yo habremos utilizado un váter para orinar o defecar. Una instalación sencilla, que nos permite intimidad e higiene para llevar a cabo funciones fisiológicas necesarias. Sin embargo, hoy, más de 1.000 millones de personas en el mundo habrán “hecho sus necesidades” en la calle o en el campo. Y más de 2.500 millones no tienen todavía instalaciones de aseos o letrinas higiénicos en sus casas.

¿Por qué la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas de 2010 declaró derecho humano el acceso al saneamiento y a instalaciones higiénicas adecuadas? El no disponer de inodoros o letrinas supone varios problemas. Uno de higiene, con el aumento del riesgo de contagio de enfermedades transmisibles (salmonelosis, cólera, shigelosis, hepatitis, parasitosis, etc.) que cada día causan la muerte de más de dos mil niños menores de cinco años. Otro de intimidad, por ejemplo en las escuelas: la falta de retrete en los colegios es causa de que muchas niñas y jóvenes dejen de acudir a clase. Cuando tienen la menstruación el problema es mayor. También es un problema de falta de seguridad, ya que al alejarse para hacer sus necesidades pueden sufrir ataques, violación y maltrato. Al explicar esta medida Modi afirmaba: “El intento de dar dignidad a los pobres empieza a partir de ahí”.

En los primeros años 80 se impulsaron programas en varias regiones españolas para generalizar la instalación de retretes en el ámbito rural. Fue una medida acertada. Aunque no bastaba solo con hacer la obra. Debe hacerse también un proceso educativo, de cambio de costumbres. Una Trabajadora
Social, que verificaba la instalación de los retretes en un pueblo para hacer efectiva las subvenciones correspondientes, le comentó a la dueña de la casa:
-       ¡Qué limpio lo tiene usted!
-       ¡Claro! Es que no lo hemos usado.

Este aspecto cultural lo subraya muy bien Rose George, quien viene desarrollando una activa tarea de sensibilización sobre la necesidad de disponer de retretes como uno de los elementos más importantes de la calidad de vida de las personas (2).

Y queda mucho por hacer. Varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debían alcanzarse en 2015 ya se han logrado o se prevén lograr en el año que queda. Sin embargo, el acceso a aseos y letrinas higiénicos (75% de cobertura) no se va a alcanzar. Se ha mejorado, desde luego, pasando de un 49% a un 64% de la población mundial entre 1990 y 2012, pero falta mucho todavía y es preciso tomar nuevas acciones (3). La iniciativa del primer ministro de la India es un paso decisivo.

A las personas que vivimos en los países más desarrollados nos cabe la responsabilidad de seguir impulsando políticas de igualdad, de desarrollo equilibrado, de comercio justo y de cooperación para que cualquier niña del planeta cuando tenga que hacer sus necesidades pueda ir tranquila, como cualquiera de nosotros. Sin olvidar que, también aquí, debemos seguir manteniendo y mejorando buenos hábitos de higiene, váteres-inodoros en casas y locales públicos, y redes de saneamiento adecuadas.

(3) United Nations. The Millenium Development Goals Report 2014. New York, 2014.




sábado, 16 de agosto de 2014

Los costes de la privatización sanitaria (en el Reino Unido)



La privatización sanitaria en el Reino Unido anticipa los problemas que se están planteando y se podrían plantear en España cuando se siguen las mismas estrategias (más mercado, más “competencia”, el dinero sigue al paciente, concesiones a largo plazo, etc., etc.).

Ayer Allyson Pollock publicaba un interesante artículo en The Guardian sobre los efectos de la privatización de la sanidad en el Reino Unido (1). La profesora se salud pública de la Universidad Queen Mary de Londres viene denunciando los desastrosos efectos de la privatización de la prestación sanitaria en su país. En esta ocasión resalta la noticia aparecida en el mismo periódico según la cual el  Servicio Nacional de Salud se vería obligado a pagar las reclamaciones por fallos en la atención sanitaria prestada en centros privados a pacientes derivados por la sanidad pública (2).

La profesora Pollock recuerda que los profesionales sanitarios vienen advirtiendo repetidamente a los gobiernos que la privatización genera importantes problemas, entre otros:

-Pérdida de calidad y seguridad en la atención
-Pérdida de la continuidad del cuidado a los pacientes e imposibilidad de una atención integral
-Selección de procedimientos menos complejos por los centros privados
-Obligación de los pacientes a desplazarse grandes distancias a centros privados teniendo un centro público más próximo
-Infrautilización en centros públicos mientras se deriva a privados
-Menor contratación de profesionales en centros públicos (no renovar contratación, no sustitución de jubilaciones, etc.), menor actividad en el servicio público llegando incluso al cierre de unidades
-Pérdida de calidad en la formación de Residentes por menor dotación y menor casuística
-Pagos por prestaciones no realizadas efectivamente
-Pagos desde la sanidad pública por fallos en la sanidad privada, argumentando la responsabilidad subsidiaria.

También en España hemos advertido de los riesgos y las consecuencias de una privatización de los servicios que pretende sustituir progresivamente la gestión sanitaria pública, una sistema sanitario que ha demostrado durante años mayor calidad y eficiencia que la media de los países más avanzados.

El deterioro de la sanidad en el Reino Unido hace que sus indicadores de resultados en salud muestren una peor calidad relativa respecto a los demás países europeos en los últimos 10 años (3).

La población está preocupada por ese deterioro y, cuando le preguntan si estaría dispuesta a pagar más a través de impuestos para recuperar la calidad de la sanidad pública, responde afirmativamente (4).

Una buena sanidad pública, financiada a través de unos impuestos progresivos y justos y con una gestión mayoritariamente pública, es la manera más eficiente y segura de ofrecer un servicio sanitario de alta calidad y para todos.



(3) Murray Ch et al. UK health performance: findings of the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013; 381:997-1020



sábado, 9 de agosto de 2014

Manuela Cabero en Sierra Leona


Manuela Cabero en Sierra Leona. Anestesista recién jubilada del hospital Virgen de la Salud de Toledo, se ha enrolado en un equipo de doce colaboradores de la Cruz Roja, rumbo a Kemena. Voluntaria. Para atender a pacientes contagiados en la epidemia de Ébola, esa que mata a la mitad de las personas que se infectan.

Una mujer excepcional.

Con fuerza interior. Con generosidad desbordante. Alegría. Sentido común. Sinceridad. Una mujer capaz de sacrificarse por otros. Dar la vida.
Saliendo de un reto personal difícil, toma su petate y se enfunda el traje de riesgo biológico en tierras lejanas, sin preguntárselo dos veces.
Me quito el sombrero ante esta mujer que nos da ejemplo con sus actos.
Acaba de volver de Beirut, y de los campos de refugiados. Está apuntada como voluntaria para Gaza.
Su sonrisa te desarma. Su bondad te hace mejor persona.

Con gente como Manuela la palabra solidaridad, la palabra amor, cobran todo su sentido.

http://www.ideal.es/sociedad/201408/01/cruz-roja-espanola-envia-20140801133354-rc.html

miércoles, 6 de agosto de 2014

LOS CASTELLANOMANCHEGOS OPINAN QUE EL SISTEMA SANITARIO SE HA DETERIORADO.



El pasado 29 de julio el Ministerio de Sanidad publicó el Barómetro Sanitario correspondiente a 2013. Antes del cambio de gobierno, que se produjo en 201, el sistema sanitario en Castilla-La Mancha era valorado positivamente por un 75,59% de la población*. Esta valoración era mejor que la media española (73,88%). Desde 2010 a 2013 la opinión de los castellanomanchegos sobre el funcionamiento de la sanidad ha empeorado cada año, diminuyendo hasta un 59,54% quienes consideran que funciona bien o bastante bien (1). Supone un descenso de 16 puntos en la valoración del sistema sanitario por los ciudadanos. Un deterioro importante que equivale a un 21,23% en apenas 3 años. En el conjunto de España también se ha producido un deterioro de la sanidad, pero en menor proporción que en Castilla-La Mancha (aproximadamente la mitad, 8 puntos o un 10,8% menos). En resumen, el Sistema Sanitario Español sigue siendo muy bueno, pero se está deteriorando de forma muy preocupante en los últimos tres años.




¿POR QUÉ HA EMPEORADO MÁS EN CASTILLA LA MANCHA QUE EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA?

Seguramente una de las razones principales es el fuerte recorte del presupuesto sanitario público, es decir, la disminución de recursos puestos a disposición de la sanidad para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. Si tomamos los datos de la Encuesta de Gasto Sanitario Público (EGSP) que muestra el gasto real hasta el año 2012 (2), vemos como el Gasto Sanitario Público de todas las Comunidades Autónomas bajó de forma importante entre 2010 y 2012: un -7,26%. Sin embargo, el recorte en el gasto sanitario público de Castilla-La Mancha fue mucho mayor: un 18,45%, un total de 591 millones € menos, pasando de 3.203 a 2.612.




Para que un sistema sanitario funcione bien lo fundamental es disponer de buenos profesionales, con una dotación suficiente en los diferentes centros y servicios sanitarios. Al no invertir adecuadamente en “capital humano” y tampoco en infraestructuras y equipamiento, la sanidad pública se des-capitaliza, su funcionamiento se deteriora y la población y los usuarios lo perciben y lo viven negativamente (más tiempo de espera, menos profesionales, menos tiempo de atención, peor calidad de servicio). Es la misma situación que se encontró Castilla-La Mancha al recibir las transferencias sanitarias en enero de 2002, después de varios años de falta de inversiones y descapitalización.

A veces se ha dicho que Castilla-La Mancha no podía permitirse una sanidad tan buena. Que no había dinero. Otras veces se ha hablado de gastos excesivos y de una deuda impagable. Se ha utilizado la mentira, la difamación y el insulto para intentar justificar unos recortes inaceptables en un servicio tan importante como la sanidad. Porque, lamentablemente, la deuda pública española (la que deberemos pagar todas las familias españolas con nuestros impuestos durante muchos años) ha aumentado desde 2010 a 2013 en medio billón de euros, mucho más que en los 10 años anteriores, pasando de 712.349 millones € a 1.253.456 millones (3).

Como hemos comentado en otros textos, la deuda pública española, antes de estallar la crisis en 2008, era estable y moderada (en torno a medio billón de euros). Las causas del aumento de la deuda no fueron un excesivo gasto público o un exceso de gasto en sanidad (que estaba en una proporción adecuada a nuestro nivel de renta en 2010) sino, fundamentalmente, la caída de ingresos fiscales en los primeros años de la crisis (agravada por un modelo fiscal regresivo y por el fraude fiscal incontrolado de las grandes corporaciones y las grandes fortunas), las enormes ayudas a las instituciones financieras, el aumento de las ayudas por desempleo y el aumento de los intereses de la propia deuda.

Por supuesto, además de los recortes en el gasto puede haber también otras razones que expliquen el deterioro de la sanidad. Por ejemplo, en las formas de gestión de las distintas autoridades sanitarias, en cómo se organizan los servicios, o en la falta de una visión a medio y largo plazo que genere confianza en los profesionales sanitarios y en la sociedad.

En todo caso, sabemos que hubo que sumar el esfuerzo de muchas personas, durante muchos años, para lograr el buen servicio que alcanzamos en 2010. También sabemos que, por desgracia, en estos años se ha desandado parte del camino. Ahora es preciso que todos, ciudadanía y profesionales sanitarios, volvamos a recuperar la ilusión y que defendamos una buena sanidad pública, acorde con el nivel de renta de nuestro país y con nuestras capacidades.

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*[Personas que responden “Funciona bastante bien” y “Funciona bien, pero son necesarios algunos cambios” a la pregunta: “De las siguientes afirmaciones ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario de nuestro país?”].

(1) Barómetro Sanitario. Principales variables Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Investigaciones Sociológicas. Serie histórica. Publicado en Julio 2014.

(2) Encuesta de Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Serie 2002-2012.

(3) Banco de España. Cuentas Financieras. Deuda de los Sectores no Financieros.

viernes, 1 de agosto de 2014

TRES HISTORIAS



Leo en El País, 1 de agosto de 2014, tres historias separadas una de otra por tan solo unas páginas. Son muy distintas pero cuentan cosas de cómo es hoy la España que vivimos. Y duelen.

En la página 32, Manuel Castillo escribe desde Almería a Cartas al Director y dice: “¿Pero quién se acuerda de los desempleados que ya no recibimos ninguna prestación?”… “Hace un año que no desayuno, a mediodía solo puedo comer pasta o arroz y mi cena es casi siempre pan o nada. Hace más de tres años que no me compro ropa… Cosas tan mundanas como encender la luz se han convertido en un lujo… mi vida se ha convertido en un infierno en el que lo más importante es literalmente comer”.

Un poco antes, en la página 25, nos informa R. M. que los “bonus” (remuneración) del presidente de la compañía T. en el primer semestre de este año sumaron 3 millones de euros. Cuenta también que el consejo de administración aprobó el plan de pensiones del mismo presidente: 48,8 millones de euros. ¿Se atreven a calcular a cuantas pensiones medias equivaldría?

Una sociedad vertebrada, cohesionada, pacífica, necesita unas reglas de juego que ordenen la convivencia de las personas de tal manera que todos podamos disfrutar de una vida digna, que podamos desarrollar una actividad productiva y recibir una remuneración proporcionada al esfuerzo y a la contribución al bienestar general. Como todos somos diferentes, y como algunos realizan más esfuerzo que otros o su tarea es más compleja y requiere más preparación, parece razonable que existan diferencias en la remuneración. Por ejemplo, entre el trabajo de un trabajador no cualificado y un ingeniero o un médico, ¿podría entenderse una diferencia de uno a 5 o uno a 10? (sería unos 1.000 € al mes y unos 5.000 o 10.000 € al mes respectivamente). Lo que no es razonable es que esa diferencia sea de 100 veces o de 300 veces o, como hemos visto, ¡de 600 veces más! Esto es inmoral. No es proporcional al esfuerzo o a la aportación realizada a la sociedad. Por lo tanto, es injusto. Y si la ley lo permite es una mala ley y hay que cambiarla.

Pero, además de que las diferencias en las rentas primarias deban moderarse para evitar estas enormes desigualdades, injustas y desmoralizadoras, la sociedad encomienda a los poderes públicos, a los gobiernos, la tarea de recaudar unos impuestos con carácter progresivo, es decir, donde paguen una proporción más alta sobre su renta los que más tienen. Esto lo acordamos en nuestra Constitución (artículo 31). Con ese dinero recaudado se pueden llevar a cabo las tareas públicas (justicia, seguridad, relaciones exteriores) y una serie de políticas económicas y sociales que sirvan para que las personas con necesidades puedan tener protección (sanidad, servicios sociales, políticas de renta). Las ayudas a las personas en situación de desempleo o con empleo precario no son caridad, son justicia, son la otra parte del pacto Constitucional, son obligaciones del Estado que se deben y se pueden pagar con un sistema fiscal sólido, justo y suficiente.

Sin embargo no estamos yendo en esa dirección. Si leemos la tercera historia del mismo periódico que nos cuenta Antoni Zabalza en la página 33, nos enteramos de que en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno Rajoy “los mayores aumentos de renta disponible los conseguirán los 613.754 contribuyentes con rentas superiores a 60.000 €. Y los menores aumentos los conseguirán los 10.812.278 contribuyentes con rentas anuales de 12.000 a 60.000 €”. Es una reforma que beneficia de forma notable a los contribuyentes más ricos y resta 9.000 millones € al dinero público, que era de todos y debía ir prioritariamente a políticas sociales.

Además, en ese cálculo no está incluido el fraude y la evasión fiscal, que supone en España más de 60.000 millones € anuales y es literalmente un robo sistemático de los más ricos a las clases medias y los trabajadores. Solo reduciendo a la mitad ese fraude y con una reforma fiscal progresiva y progresista se podrían financiar, entre otros, unos servicios públicos de calidad, nuevas políticas activas de empleo, una industrialización inteligente e innovadora, y un sistema de garantía de ingresos mínimos, para que personas como Manuel puedan salir del infierno y puedan vivir con dignidad.

La desigualdad en  España, hoy, ha rebasado los límites de la razón y la ética. Es preciso un cambio a fondo, de raíz, donde la codicia abusiva deje de ser tolerada como normal y la pobreza deje de considerarse inevitable. Tenemos que ser capaces de cambiar entre todos estas tres historias.