Al comentar con muchos profesionales sanitarios y con asociaciones de pacientes los altos precios de los nuevos medicamentos muchos de ellos tienen la idea de que dichos precios se deben a los gastos en investigación. Es cierto que los gastos en investigación son importantes pero, por un lado, la mayor parte de la investigación original se realiza en centros públicos o con financiación pública y, por otra parte, los precios de los medicamentos se fijan muy por encima de lo que se justificaría por los gastos reales en investigación de las empresas. Comentaré tres artículos que ilustran esta afirmación.
Emily Jung, Alfred Engelberg y Aaron Kesselheim publicaron en diciembre de 2019 un estudio en STAT en el que han analizado el gasto en I+D de dos de las grandes compañías farmacéuticas, Pfizer y Johnson & Johnson. Revisaron 62 medicamentos, 44 de Pfizer y 18 de J&J y comprobaron que solamente en un 23% de los productos de Pfizer y un 11% de los de J&J, el descubrimiento y el desarrollo de los medicamentos había sido realizado por las compañías. La mayor parte de la innovación se habría desarrollado con financiación pública en universidades e institutos académicos. En algunos casos estos medicamentos se probaron por otras compañías que luego son adquiridas por las grandes corporaciones. De tal forma que estas grandes empresas farmacéuticas disminuyen su gasto en investigación y aumentan su gasto en compra de otras empresas a precios especulativos.
Los precios no tienen que ver con los gastos en I+D. Los precios de los medicamentos se fijan por las empresas en el máximo que pueden lograr que les paguen los pacientes o los servicios y seguros de salud. Es el “pago por valor”, que fija cualquier empresario cuando quiere vender su producto, pero con una situación de monopolio que, en este caso, permite fijar sobre-precios sin competencia real y sin facilitar la disminución de precios por esa competencia. Los aumentos de precios que estamos sufriendo en los sistemas de salud son injustificados. Pero las empresas insisten (y hacen presión) diciendo: no discutan ustedes los precios, vamos a discutir las formas en las que nos van a pagar.
Otro ejemplo lo vemos en el estudio del ICER que comentamos a continuación. El Institute for Clinical and Economic Review (ICER), una organización de investigación independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es crear un sistema sanitario más efectivo, eficiente y justo, difundió en 2019 su informe sobre aumentos injustificados de precios de medicamentos.
El estudio observa los incrementos de precios, tanto de medicamentos de marca como genéricos, y se pregunta si esos incrementos están justificados. Los autores seleccionaron los medicamentos cuyos incrementos de precios en un periodo de 2 años habrían causado los mayores aumentos de gasto farmacéutico en EEUU.
De los nueve “superventas” seleccionados que habían aumentado significativamente sus precios (por encima de dos veces el incremento del índice de precios de consumos médicos), siete no demostraron mejoras clínicas. El aumento de gasto farmacéutico “no justificado” debido al aumento de precios de estos siete medicamentos en EEUU sumaba 4.800 millones de dólares.
También Pauline Londeix, en un artículo titulado “Against austeriy in health policies and for transparency” publicado en Mediapart el 15 diciembre 2019, reclama que se terminen en Francia todas las políticas de recortes en pensiones, seguridad social, acceso a la sanidad, hospitales públicos, etc., hasta que se implemente la transparencia en todos los aspectos relacionados con la investigación y fabricación de medicamentos y productos sanitarios. Y pone varios ejemplos de abusos en los precios de los medicamentos que no están justificados de ninguna manera por los gastos de investigación, como los antivirales para la Hepatitis C, que llevaron por primera vez a las autoridades sanitarias francesas a racionar el acceso a esos medicamentos por razones económicas y no sanitarias, o como la bedaquilina, medicamento para la Tuberculosis, cuyo desarrollo fue financiado al menos en el 60% por fondos públicos y filantrópicos.
Por eso la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo” insiste en la necesidad de fijar los precios en relación con los costes reales (debidamente auditados) en fabricación e investigación. Y también insiste en la transparencia (acceso al público de la información sobre costes y precios). Si no logramos fijar precios justos para los nuevos medicamentos el sistema sanitario soportará gastos excesivos que se detraen de otras necesidades de prevención y atención sanitaria, y que ponen en riesgo la viabilidad de la sanidad pública.
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