El artículo 102 prohíbe el abuso de una “posición dominante en el mercado”, incluyendo la imposición de un “precio excesivo, injusto”. Es la primera vez que la Comisión Europea ha analizado si los precios de un medicamento son excesivos, por una posición dominante en el mercado. “Posición dominante” se refiere a que la empresa tiene el monopolio, es el único proveedor, sin competencia. Esta posición dominante puede derivar de una patente, que evita la competencia (la comercialización de genéricos) durante un determinado número de años, o puede darse también en caso de medicamentos genéricos, fuera de patente (como es este caso de ASPEN), porque la empresa haya comprado sus líneas de este producto a otros fabricantes, o por otras circunstancias.
La Comisión Europea abrió una investigación el 15 de mayo de 2017, a raíz de unas reclamaciones formuladas por asociaciones de consumidores. Fue la asociación italiana de consumidores, Altroconsumo, la que en 2014 denunció el aumento abusivo de precios que Aspen había forzado en algunos de sus productos. A partir de ahí, primero las autoridades italianas de la competencia, y luego la Comisión, han respondido.
Lo relevante de este caso es que por primera vez la Comisión se preguntaba si el precio de un medicamento era excesivo. Y, por primera vez, llegaba a la conclusión de que sí lo era.
Para ver si un precio es excesivo analizó lo “costes de fabricación” del producto, y los “ingresos por ventas” y los “beneficios” de la empresa. Comprobó que los precios eran un 300% más altos que los costes, incluyendo una “razonable tasa de retorno, una tasa de beneficio razonable”, y que los beneficios de la empresa excedían en mucho los beneficios de otras empresas similares en la industria. Así de sencillo.
A la vista de las conclusiones, y de la amenaza de sanción, ASPEN acepta bajar a un tercio sus precios actuales, cercano al coste, con un beneficio razonable.
Este ejercicio que la Comisión Europea ha hecho en el caso de ASPEN lo debería hacer también en otros medicamentos genéricos que tienen situación de monopolio, y lo debería hacer, sobretodo, en todos los medicamentos con patente, que, por definición tienen monopolio, es decir, tienen “posición dominante en el mercado”. La Comisión, y los países, deberían comprobar si las empresas, aprovechando esa posición dominante, están cobrando “precios excesivos”.
En el caso de los medicamentos bajo patente, para ver si los precios son excesivos, se deberá estudiar el coste de fabricación y también el coste de la investigación y el desarrollo del medicamento. Calcular esos costes, directos e indirectos, es perfectamente posible, viendo el gasto en personal investigador, en equipamiento, en consumibles, instalaciones, etc., y haciendo una estimación del número de productos vendidos anualmente para estimar qué imputación de esos gastos se debe hacer al precio unitario, a lo largo de los años de protección de la patente.
Los datos que tenemos, de algunos medicamentos en los que conocemos los costes de fabricación y de investigación, nos muestran que hay precios un 10.000 % por encima de los costes de fabricación y de investigación. Son precios claramente “excesivos”.
Esa misma evidencia nos la muestran los datos globales de las empresas farmacéuticas de la Unión Europea: costes de fabricación, un 21% del total de ventas; costes de I+D, un 15% del total de ventas (incluyendo investigaciones fallidas y no fallidas, incluyendo investigación innovadora e investigación incremental, etc.). Suman un 36% del total de ventas. Si añadiéramos un beneficio de un 10%, 3,6 puntos, llegaríamos a un 39,6% del total de ventas. Añadiendo gastos administrativos y de comercialización similares a otras empresas industriales, llegamos a un 55-60%. El resto son beneficios excesivos. Hablamos de “precios excesivos” por valor de más de 75.000 millones de euros en la Unión Europea, que merecerían una investigación similar a la que se ha hecho con ASPEN. Nada más y nada menos: analizar los costes, las ventas, los beneficios, y comparar con las empresas de otros sectores industriales.
Para hacer esta investigación, la Comisión necesitaría un equipo de personal competente, y eso cuesta dinero. Pongamos que se gastara 10 millones de euros anuales en ese equipo, ¿no merece la pena si nos puede ahorrar 75.000 millones cada año?
No olvidemos que algunas empresas de genéricos y biosimilares están subiendo los precios de forma excesiva, o desabasteciendo los mercados, porque, al comparar los precios de medicamentos eficaces fuera de patente con precios abusivos de los nuevos medicamentos, quieren hacer lo mismo.
Este tipo de investigaciones nos llevarían a la conclusión de que es preciso cambiar el modelo de financiación de la I+D de medicamentos, prohibiendo los monopolios, la posición dominante en el mercado, porque se comprueba que no es posible mantener un equilibrio en los precios, cuando de ese producto depende tu salud y tu vida, porque el ánimo de mayor ganancia presiona para obtener el precio máximo posible. Por eso se debe cambiar el modelo.
Con el modelo actual, los sobre-precios de los nuevos medicamentos fuerzan el aumento del gasto farmacéutico público. En 2019 el gasto en medicamentos en el SNS pasó de 17.943 Millones € a 18.709 Millones €, según los datos del Ministerio de Hacienda. Es un aumento de 761,9 Millones €. Ese dinero no nos sobra. Con esos recursos se podrían financiar entre 10.000 y 15.000 plazas de diferentes profesionales.
Ese aumento de 2019 ya queda consolidado, y sigue aumentando en 2020. Con los datos disponibles hasta el mes de abril, en los primeros cuatro meses se ha producido un aumento del 8,35%, 507,5 Millones de € más. Es necesario reducir los precios de los nuevos medicamentos y recuperar estos recursos para destinarlos a mejorar las plantillas y las condiciones de trabajo que permitan realizar una buena labor profesional, que incluye una buena prescripción, en un tiempo suficiente y sin demoras innecesarias.
A veces pensamos que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Que los intereses son demasiado fuertes y es imposible lograr un equilibrio más razonable. En el caso que comentamos, es de destacar que una iniciativa ciudadana puede conseguir que las Autoridades de la Competencia de la UE obliguen a reducir los precios excesivos de unos medicamentos, mostrando un camino a organizaciones sociales y profesionales: las cosas se pueden cambiar.
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