[Artículo elaborado por Fernando Lamata, Luis Ángel Oteo, y Juan José Rodríguez Sendín, publicado en Médicos y Pacientes el 7/7/2022]
La sanidad pública debe prestar unos servicios de salud mental de calidad y suficientes, financiados con impuestos justos, y libres de pago en el momento del uso. Esto, hoy día, no siempre es así.
La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en el Consejo Interterritorial del SNS el pasado 1 de diciembre de 2021 define bien las herramientas necesarias, define bien lo que hay que hacer, a través de diez líneas estratégicas (derechos humanos, promoción de la salud, prevención y detección precoz, atención e integración social, infancia y adolescencia, intervención familiar, coordinación sanitaria y social, participación, formación, e investigación). Ahora bien, la Estrategia no trae mochila, no tiene previsiones de recursos para llevar adelante esas líneas estratégicas y poder así cumplir los objetivos fijados. Se podrá argumentar que las Estrategias del SNS no suelen ir acompañadas de dotación presupuestaria, y que la dotación deberá ser aportada por cada Comunidad Autónoma. Pero eso es media verdad. La Estrategia sí podría y debería cuantificar los recursos que serían precisos para cumplir los objetivos que plantea, definiendo estándares (por ejemplo: para una atención basada en el modelo de recuperación, en el ámbito comunitario, que permita una detección precoz y una respuesta ágil, con apoyo domiciliario, equipos de tratamiento asertivo comunitario, etc., son necesarios N profesionales, de tal y tal tipo, por cada 100.000 habitantes); debería proponer un calendario para lograr dichas dotaciones; y debería establecer indicadores para medir si se avanza o retrocede en la dotación que se considera necesaria. Sin los recursos precisos, la Estrategia puede quedar en papel mojado.
Las CCAA podrían resistirse a estas concreciones, porque no disponen de los recursos adicionales para alcanzar los estándares deseables. Pero es su responsabilidad exigir al gobierno y al Parlamento de España que doten esos recursos, mejorando la eficiencia del sistema fiscal y actualizando el acuerdo de financiación autonómica para poder contar con los medios precisos. La atención a la salud mental necesita respuestas en forma de dotaciones y no solo de buenas intenciones.
En efecto, fijémonos que, cuando la Estrategia describe las debilidades actuales (análisis DAFO) dice que hay un “desarrollo heterogéneo e irregular de la red de atención a la salud mental y de los servicios asistenciales de salud mental en las diferentes CCAA, con riesgo potencial a la accesibilidad y la equidad”; señala que hay un “modelo hospitalocentrista con excesivo peso de los recursos hospitalarios frente al desarrollo comunitario” y constata “recursos humanos insuficientes para atender desde el modelo de atención” que propone la Estrategia, así como “saturación de los servicios, retrasos en la asistencia, perjuicio de la calidad y prácticas menos garantistas de los derechos humanos”. También habla de la amenaza de “privatización de la atención de salud mental” y del “peso e influencia de la industria farmacéutica, en particular en el campo de la formación de profesionales”. Pero no dice en qué datos se basa ni cuáles son los recursos suficientes (estándares) para ofrecer un modelo de atención adecuado.
Es decir, las diez líneas estratégicas que plantea la nueva Estrategia en Salud Mental del SNS están bien orientadas, son buenas herramientas. Pero no hay ninguna señal en el documento que permita prever la dotación de los recursos necesarios, con los indicadores precisos para evaluar, y el calendario de cumplimentación.
Así, en el análisis de los recursos destinados a Salud Mental, la Estrategia solamente cuantifica el gasto en “atención especializada”, sin diferenciar cuánto corresponde a hospitales y cuánto a centros de salud mental. No cuantifica el importante gasto en medicación ambulatoria, ni tampoco el gasto en los dispositivos intermedios y en apoyos sociales, programas de integración, etc. En cuanto a profesionales, solamente cuantifica el número de psiquiatras y de trabajadores sociales trabajando en el SNS. Para los psicólogos clínicos y la enfermería especializada aporta únicamente el número de profesionales titulados. Esta falta de información no permite establecer la cuantía de la “reconocida falta de recursos suficientes”, y proponer un calendario para superar esta carencia.
Sin embargo, podemos hacer algunas aproximaciones. Por ejemplo, en Eurostat Mental Health and related issues statistics, 2020, se recoge el dato de número de psiquiatras por cada 100.000 habitantes en 2018. En España había 10,9, mientras en Suiza 52,3, en Alemania 27,4, en Francia 22,9, en Suecia 23,5, en Reino Unido 18 o en Italia 17,1. La diferencia en dotación de psicólogos es también notable. Según JM Caldas Almeida (Joint Action on mental health and well being, 2011), el número de psicólogos / 100.000 habitantes era de 5,8 en España, frente a 47,9 de Francia o 15,1 de Holanda. Una diferencia mayor todavía se daba en enfermeras especializadas. Es decir, el SNS debería duplicar el número de psiquiatras, triplicar el de psicólogos clínicos y cuadruplicar el de enfermería especializada, además de aumentar la dotación de las otras profesiones relevantes (trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores, etc.) así como prever la incorporación de personas con experiencia propia en los equipos de salud mental.
Asimismo, Según el Mental Health Index Report, 2021, el gasto estimado en Salud Mental en España era de 5% del gasto sanitario total, frente al 11,3% de Alemania, 10% de Suecia, 9,5% de Reino Unido, 8,8% de Holanda, etc. Esta estimación coincide con otras fuentes y también con nuestra propia estimación. Un objetivo razonable sería lograr que el gasto público en salud mental alcanzara el 10% del gasto sanitario público total.
A su vez, según nuestras estimaciones para 2019, del gasto público total en Salud Mental, un 45% correspondía a gasto hospitalario, un 40% a medicación extrahospitalaria y un 15% a salud mental comunitaria. Estos datos confirman el gasto excesivo en medicamentos y el “hospitalocentrismo” que señalaba la Estrategia. Esto es lo que se debe corregir. Y para ello se deben fijar objetivos, indicadores y plazos. Para poder llevar a cabo la Estrategia de Salud Mental del SNS es preciso duplicar el gasto público en salud mental en un horizonte de 4 años. Eso supone alrededor de 4.000 millones de euros anuales más. De ese incremento de recursos, se debería destinar la mayor parte a salud mental comunitaria, permitiendo la dotación de profesionales necesarios, de tal manera que nadie tuviera que pagar a un psiquiatra o un psicólogo como consecuencia de que, en la sanidad pública, los profesionales están saturados y no tienen tiempo para atender correctamente. A su vez, el gasto en medicamentos debería reducirse, en parte por la reducción de precios, y en parte por un uso más ajustado, sobretodo en personas mayores. De igual forma, el gasto en hospitalización de media y larga estancia debería bajar, sustituyéndose por otro tipo de residencias y programas.
En la Estrategia de Salud Mental se insiste en la necesidad de formación adecuada de todos los profesionales (línea estratégica 9), así como de la participación activa de las personas afectadas y sus familias. Para esa formación hacen falta recursos. Hoy día, como se apunta en la Estrategia, hay una dependencia grande de la industria farmacéutica para la formación continuada de los profesionales, para la elaboración de guías clínicas, y para la información y formación de las asociaciones de pacientes y familiares. Esta formación tiene, lógicamente, los sesgos que introducen los intereses de los patrocinadores, y consolida un modelo basado en los tratamientos con fármacos. Es fundamental que los gobiernos autonómicos y el gobierno de España cambien esta dinámica, para lo cual se deben reducir los precios abusivos de los medicamentos y, con el ahorro conseguido, se debe garantizar una financiación pública, independiente, de la formación.
Lo mismo se puede decir de la investigación (línea estratégica 10). Gran parte de la investigación se patrocina por la industria farmacéutica con los beneficios que le concedemos a través de los sobreprecios y los monopolios, y se orienta al desarrollo y uso de medicamentos. Es preciso que las administraciones públicas redirijan esos recursos, mediante una reducción importante de los precios, para financiar directamente la investigación. Solo de esta manera se podrá impulsar investigación en prevención, en promoción de la salud mental, en sistemas de cuidados, en recuperación personal, en aspectos sociales, etc.
Conviene recordar que los problemas de salud mental suponen un 15% de la carga de enfermedad en Europa. Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha impactado en la salud mental de la población y de los profesionales sanitarios. Desde 2009 se han producido recortes en la financiación sanitaria, con un deterioro importante de programas de atención a la salud mental. Si queremos llevar a cabo la Estrategia en Salud Mental del SNS, y lograr una buena atención a las personas que lo necesitan, tenemos que exigir una dotación suficiente y adecuada. Por eso debemos cuantificar, fijar estándares de recursos, y establecer plazos de cumplimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario