El Comité Especial COVID-19 del Parlamento Europeo (PE) ha emitido su Moción sobre la pandemia COVID-19: lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro (21/6/2023) (1). El informe ha sido aprobado por 23 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención. Próximamente, el pleno del PE tendrá que votar su refrendo como Resolución.
El documento, de 95 páginas, contiene 617 puntos distribuidos en una introducción y cinco apartados: salud, democracia y derechos fundamentales, impacto económico y social, la UE y el mundo, y recomendaciones finales. Se han discutido más de 3.000 enmiendas y se ha llegado a un texto de compromiso en más de 300. Esto quiere decir que el texto no es homogéneo, ya que hay visiones diferentes que intentan encontrar un mínimo común denominador.
1.
A mi me gusta (casi) siempre ver el medio vaso lleno… aunque a veces cuesta. Al leer este documento, y analizar lo que dice en relación con el acceso a los medicamentos, he tratado de encontrar los elementos positivos, que son los que quiero resaltar.
El Comité reconoce la insuficiente inversión en sanidad pública (sobretodo en Atención Primaria, Salud Pública, Salud Mental, dotación y condiciones de trabajo del personal sanitario, y formación continuada) (13, 56, 63, 116, 130-143) y se manifiesta en contra de los recortes en sanidad (55). Pide a los Estados Miembros (EEMM) que hagan “tests de stress” de los Sistemas Sanitarios para identificar debilidades (65, 587). Y recomienda a la Comisión y los EEMM que inviertan más en sanidad pública y servicios sociales (568). Esto es positivo.
Reconoce también la desigualdad en el acceso a medicamentos y productos sanitarios en la Unión Europea (UE) y a nivel global, siendo la falta de asequibilidad (precios altos) la primera causa de este problema (14, 302). Y plantea que los precios de los medicamentos deben estar basados en factores transparentes, como los costes reales de la I+D pública y privada, y deben ser justos (168, 277, 306). Ahora bien, ¿por qué la industria puede poner precios exageradamente altos a los nuevos medicamentos? La Moción ya apunta que el modelo de desarrollo y producción de medicamentos, dirigido por el mercado, “puede actuar en contra de la distribución equitativa y asequible” de los productos sanitarios (41). Y advierte de la necesidad de evitar la formación de monopolios y oligopolios (275). Es decir, el Comité del PE, de forma discreta, está señalando que los monopolios y oligopolios son la causa de los altos precios y de la falta de equidad. Sabemos que estos monopolios se otorgan por los Estados y de la UE a través de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), en forma de patentes, secretos comerciales, etc. y de otras exclusividades (de datos, de comercialización), impidiendo la competencia de los genéricos y biosimilares que bajarían los precios. Sabemos también que la razón de conceder los monopolios a las compañías farmacéuticas es otorgar un beneficio extra a las empresas con la (supuesta) finalidad de financiar la investigación de nuevos medicamentos (“incentivos”). El problema es que, a lo largo de los años, los precios fijados han sido cada vez más abusivos (abuso de posición dominante), y las empresas han obtenido globalmente, cada año, cuatro veces lo que dicen que gastan en I+D. Un beneficio excesivo en la UE de más de 80.000 millones anuales (2, 3). Parte de ese exceso de beneficio lo destinan a marketing (más que a I+D), a recompra de acciones, compensaciones de los ejecutivos, etc. El Comité no aborda con claridad este problema, no lo diagnostica con precisión, y no aporta una solución eficaz.
Ahora bien, reconociéndolo de forma indirecta, pide a la Comisión que realice un estudio piloto sobre el aprovechamiento de la inversión pública en I+D “para asegurar mejor acceso a medicamentos asequibles y crear un ecosistema de investigación dinámico y bien financiado” (68, 581). El Comité reclama también a la Comisión que invierta más en I+D (579), y añade que esa inversión pública debe adherirse al principio de ciencia abierta (586). E insiste varias veces en que las Administraciones Públicas deben exigir retornos al sector público por la financiación pública de I+D, y deben incluir en los contratos, subvenciones, etc., condiciones de transparencia, compromiso de transferencia de tecnología, disponibilidad suficiente (volumen de producción), asequibilidad (precios justos) e igualdad en acceso de los productos finales (80, 100, 156, 157, 170). Y añade también que la financiación pública en I+D debería apoyar la creación de centros abiertos de investigación y producción (181). Estos son aspectos positivos.
Por otra parte, la Moción propone que la Autoridad Europea de preparación y respuesta a las emergencias de salud (HERA) se convierta en Agencia, con financiación suficiente y capacidad legal para incentivar y co-desarrollar acceso equitativo y sostenible a productos médicos, y asegurar la transferencia de tecnología, incluso a productores en países de medianos y bajos ingresos (72, 73). Reclama asegurar el suministro de Principios Activos (570, 595). Apoya la creación de la Red europea de laboratorios de referencia (61). Apoya la propuesta de la Comisión para el proyecto EU FAB, una red de instalaciones de producción de vacunas y medicamentos que se pueda activar en caso de crisis (78). Recuerda, al mismo tiempo, que el Parlamento pidió a la Comisión y a los EEMM que estudiaran la posibilidad de crear una o más empresas farmacéuticas europeas sin ánimo de lucro (79) y reitera esta petición (162). Y pide a la Comisión y a los EEMM financiación a largo plazo para lograr una capacidad de producción y distribución adaptable de vacunas y otras herramientas (578, 596).
En un paso más allá, la Moción pide a la Comisión y los EEMM que creen una Infraestructura Europea pública para la I+D en salud, que pueda fabricar medicamentos de importancia estratégica, garantizando la seguridad de suministro y previendo desabastecimientos (169, 601), en línea con la propuesta del Panel STOA del Parlamento Europeo (4). Este sería, sin duda, un paso significativo.
La Moción apoya también la compra conjunta y la compra anticipada de vacunas y tecnologías sanitarias (185), garantizando la transparencia en esos procesos, asegurando que la responsabilidad por daños queda en los fabricantes y exigiendo precios justos (196, 275, 564). Finalmente, la Moción subraya el problema de los desabastecimientos (158) y pide crear una reserva de medicamentos esenciales (160, 602). Recomienda que la Comisión realice un estudio de las causas de los desabastecimientos (161, 282).
En el ámbito internacional, de Salud Global, la Moción reconoce que el “ACT Accelerator – COVAX” fue un mecanismo insuficiente para garantizar la equidad en el acceso a las vacunas y tecnologías sanitarias, sobretodo para los países de bajos y medianos ingresos (50, 51, 500). Considera también que para garantizar el suministro global se deben ampliar las capacidades de producción en todo el mundo, aumentando la producción local y regional en países de bajos y medianos ingresos, para lo que se debe fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento (49, 515).
En ese sentido, insiste en que la UE debe participar activamente en la negociación de una suspensión temporal de determinados Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC) (525, 526, 552), para facilitar el acceso global a medicamentos y vacunas. Así mismo, en el Tratado de Pandemias de la OMS se debe asegurar suficiente financiación para I+D biomédica global (615), y un mecanismo vinculante de acceso a los beneficios, así como crear condiciones para otorgar licencias de I+D cuando haya sido financiada por los gobiernos, fomentar la transferencia de tecnología, y compartir los datos y conocimientos (derechos de propiedad intelectual).
Vemos aquí buenas intenciones, pero, sin embargo, no hay una exigencia rotunda para que, en la OMC, la Comisión defienda y acuerde la suspensión de los DPI en caso de pandemia.
2.
Y es que, aunque la Moción tiene aspectos positivos para mejorar el acceso a los medicamentos, también mantiene una serie de elementos negativos, demasiado importantes, que dificultan seriamente la resolución de algunos problemas que generan falta de acceso en los países de la UE y en el mundo.
Así, la Moción insiste en el relato habitual de la industria: “el sistema de protección de patentes incentiva a las empresas a invertir en innovación”. Aunque no evita reconocer que, “al mismo tiempo, la exclusividad puede conducir a una limitación de la oferta y del acceso a los medicamentos y productos farmacéuticos” (493). Y añade que “en tiempos de crisis las autoridades deben estar dispuestas a intervenir en este sistema para garantizar el acceso a diagnósticos, prevención y tratamiento para todos”.
Es decir, al parecer, el Comité reconoce que la causa de la falta de acceso, altos precios, desabastecimientos, etc., son los monopolios que permiten a las empresas imponer los precios y decidir cuánto producen, dónde producen y a quién venden. Y por eso entiende que, en tiempos de crisis, de pandemia, los gobiernos deben intervenir, suspendiendo estos monopolios (DPI, patentes y otras exclusividades). Pero sigue afirmando, sin ningún fundamento, que el sistema de patentes es clave para incentivar la investigación. Y ese pre-juicio (determinado por la influencia de la presión de los altos ejecutivos de la industria), condiciona sus propuestas. De tal manera que el Comité, en su Moción, afirma que la revisión de la legislación farmacéutica europea debe continuar protegiendo adecuadamente los DPI, “para crear un ambiente favorable a la innovación”… y “para mejorar el acceso equitativo a medicamentos seguros, efectivos y asequibles” (585). Pero no se da cuenta de que estos dos objetivos son incompatibles: precisamente son los monopolios de las patentes los que bloquean el acceso a la innovación. Además, la primera afirmación no está demostrada. No está comprobado que dar enormes cantidades de dinero a las empresas a través de las exclusividades incentive la investigación. Antes de los monopolios en medicamentos había más investigación. Ahora, con monopolios, más del 70% de la I+D innovadora tiene financiación pública directa. Es falso que las patentes incentivan la I+D. Y desde luego es una financiación ineficiente, ya que, como vimos antes, con dinero público (a través de los servicios de salud) o de los pacientes, se paga cuatro veces lo que dice la industria que gasta en I+D.
La Moción no analiza esta cuestión, aunque pide a la Comisión que haga un estudio sobre el tema. Ahora bien, la Moción sí considera que compartir la Propiedad Intelectual y el know how, aunque sea en el marco legal actual, es clave para asegurar la producción en gran escala y la disponibilidad global (505). Sin embargo, su solución es la que propone la industria: respetar la propiedad intelectual, e incluir acuerdos de licencia voluntaria para aumentar la producción (521). Y pedir a los fabricantes que utilicen el COVID Technology Access Pool de la OMS (C-TAP) para compartir conocimientos y tecnologías en tiempo de pandemias (549). Los países de bajos y medianos ingresos, el Sur Global, ya comprobaron que esto no funcionó durante la pandemia. Y no funcionará. Por eso reclaman la inclusión en el Tratado de Pandemias de la suspensión de los DPI y la obligación de transferencia de tecnología y conocimiento mientras esté ocurriendo una crisis de salud internacional.
En el mismo sentido, cuando la Moción se refiere a la negociación del Tratado de Pandemias de la OMS, centra el foco en el refuerzo de los sistemas de información y control para predecir y monitorizar las epidemias (562). Se habla de refuerzo de la OMS y de su financiación, pero, al mismo tiempo, se apoya la creación de un nuevo fondo de pandemias, no en la OMS, sino en el Banco Mundial, y no como entidad multilateral, sino con participación de entidades privadas en su Consejo de Dirección (547), lo cual debilita a la OMS en su papel de coordinador de la prevención, la preparación y las respuestas a las emergencias en salud.
Resalta el papel de la UE durante la pandemia para donar vacunas, pero evita reconocer que el mantenimiento de los monopolios y oligopolios (DPI) provocó el aumento de precios (veinte a cuarenta veces por encima de coste de fabricación, totalmente injustificados ya que la I+D se financió con dinero público), la limitación de la producción y la selección de a quién se vendía, y que, como consecuencia, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a vacunas y otras tecnologías médicas, mientras en el Norte acumulábamos diez dosis por persona. Con mucho menos del dinero que la UE gastó en vacunas se podría haber vacunado a todo el planeta si el precio hubiera sido el de coste real. A cambio, es verdad, los directivos y accionistas de las empresas farmacéuticas obtuvieron enormes beneficios (obtenidos del dinero público y de los pacientes): más de 200.000 millones de dólares, globalmente. Esto tampoco lo analiza el Comité. Por eso no puede dar respuesta al presidente de Sudáfrica cuando afirma que los países ricos (la UE) pusieron, por delante de la vida de las personas, los beneficios de las empresas. “Estuvimos rogándoles, y ustedes se negaron, votando en contra de que pudiéramos fabricar vacunas en nuestros países” (5).
3
En resumen, ¿está el vaso medio vacío o medio lleno?
Prefiero quedarme con la sensación de algo se avanza. Paso a paso. Es cierto que se mantiene el “dogma” de las patentes y los DPI, pero se defiende que la inversión pública tenga condiciones de transparencia, que la tecnología y conocimiento resultantes se transfieran a la C-TAP de la OMS, que los precios sean asequibles y la producción suficiente. Y se pide aumento de la financiación pública en I+D, y el desarrollo de una Infraestructura pública europea para la I+D y la fabricación de medicamentos.
Decía Ernesto Sábato que “lo que importa no es la “realidad estricta” que algo contenga, sino aquella altura a la que apunta. Es gracias a ese imposible que nos elevamos por encima de todo lo posible. Es el entusiasmo el que nos mantiene vivos” (6, pág. 22).
Sigamos pues apuntando a la altura de lo imposible.
REFERENCIAS
(1).
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0217_EN.html#_section1
(2).Lamata F, Gálvez R, Sánchez-Caro J, Pita P, Puigventós F. Medicamentos, derecho humano o negocio. Díaz de Santos. 2017.
(3).
(4).
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697197
(5).
https://twitter.com/peoplesvaccine/status/1673689477624266752?t=97vMtS5Q92Wi2E8VPnINZg&s=03
(6). Ernesto Sábato. España en los diarios de mi vejez. Seix Barral. 2004.
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