viernes, 23 de septiembre de 2016

Entre 2009 y 2014 el Gasto Sanitario Público se recortó en 8.634 millones. Mientras el privado creció 4.695 millones ¿Qué hará el nuevo gobierno?

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece los datos de Gasto Sanitario hasta 2014.

Se pueden examinar dos series. Por un lado la del Sistema de Cuentas de la Salud (SCS), que recoge datos de gasto sanitario público y privado, y también gastos de servicios de larga duración. Por otro lado la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), que recoge los gastos de las Administraciones Públicas.

Según SCS, entre 2009 y 2014 el Gasto Sanitario Público (GSP) en España bajó en 8.634 millones, pasando de 75.460 millones € a 66.826 millones, un 11,44% menos.

Al mismo tiempo, el Gasto Sanitario Privado aumentó en 4.695 millones €, pasando de 24.200 a 28.985 millones €, un 19,4% más.

La disminución de gasto público se debe a los recortes, principalmente en inversiones e infraestructuras y en gastos de personal. También hay menos gasto púbico en medicamentos, que se pasa al bolsillo de los ciudadanos. 

En personal sanitario en las CCAA se ha reducido el gasto en más de 3.000 millones, desde 29.361 a 26.261 millones € (EGSP). Si suponemos un gasto medio por puesto de trabajo de 50.000€, esta cantidad equivale a 60.000 puestos de trabajo menos. Seguramente estaremos más cerca de los 80.000. La sangría para el sistema de salud ha sido importante. Lo mismo que la de infraestructuras.

Hay otra partida que ha disminuido aparentemente: el gasto farmacéutico.
Si miramos el gasto en CCAA (EGSP) vemos una disminución del gasto farmacéutico ambulatorio de 13.446 a 10.376 millones. € Pero, al mismo tiempo, el gasto farmacéutico privado ambulatorio ha subido de 4.273 a 6.547 millones € (SCS). Y, también al mismo tiempo, el gasto farmacéutico en hospitales ha subido en torno a 1.000 millones €. Es decir, el gasto farmacéutico total se mantendría, aunque parte de ese gasto lo soporten ahora directamente las familias (por desfinanciación de medicamentos “para síntomas menores” y por el copago a pensionistas): es el impuesto a los pacientes.

Esta privatización sanitaria afecta a la calidad del sistema (menos personal y menos medios técnicos, más tiempo de espera para ser atendido, etc.). Esta pérdida de calidad provoca que muchas personas que tienen recursos vayan a la sanidad privada y piensen que la pública no les resuelve su problema, etc. Aumenta la desigualdad de acceso, se reduce la equidad. Aumenta la insolidaridad fiscal. Un círculo vicioso.

En 2009 la proporción de gasto sanitario público sobre el total de gasto sanitario era de 75,7%. En 2014 esa proporción ha caído al 69,79%.  Si comparamos el peso de la sanidad pública en otros países de Europa (en torno al 80%) vemos cómo España ha retrocedido de forma preocupante.

Lo mismo ocurre con el peso relativo en el conjunto de la economía del país. En España el GSP en relación con el PIB se situó en el 6,3% en 2014. Mientras que en los países avanzados de Europa están en un 8-9%. Esto se traduce en un gasto sanitario público por habitante mucho menor: 1.419 euros en España, por 3.362 en Alemania.


Comparación gasto sanitario público países UE. Eurostat


GSP/habitante
%GSP/PIB
%GSP/Total
Alemania
3.362
9.3
84,63
Austria
3.002
7,79
75,88
Bélgica
2.887
8
77,58
España
1.419
6,3
69,79
Francia
2.817
8,7
78,65
Holanda
3.002
9,62
87,6
Reino Unido
2.744
7,84
79,58
Suecia
4.140
9,32
83,37


Los recortes hicieron retroceder la sanidad pública a favor de la privada. Es urgente revertir esta tendencia y recuperar el terreno perdido.

Los objetivos de un nuevo Gobierno progresista deberían hablar de un GSP de 8% del PIB; una proporción de GSP sobre el total de 80%; eliminar los copagos de pensionistas; recuperar la cobertura universal; recuperar plantillas e impulsar estrategias de personal que devuelvan la ilusión a los profesionales; desarrollar la Ley General de Salud Pública; reducir drásticamente los precios de los medicamentos; reforzar la colaboración intersectorial, especialmente con los Servicios Sociales y Educación; garantizar la participación activa de la ciudadanía en el cuidado y promoción de su salud; diseñar y aplicar una estrategia coordinada de las CCAA para actualizar tecnología e infraestructuras; aumentar la presencia en los programas de la UE e impulsar estrategias europeas de salud.


Ahora que se está debatiendo la formación del Gobierno sería bueno llamar la atención sobre la necesidad de que el nuevo ejecutivo apueste claramente por la sanidad pública.

jueves, 22 de septiembre de 2016

El Informe de Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos desata la polémica


El pasado 14 de septiembre se publicó el Informe del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a los Medicamentos, del Secretario General de Naciones Unidas. Un paso en la buena dirección para intentar resolver el problema de millones de personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan, y ven cómo se viola sistemáticamente su derecho a la salud. http://www.unsgaccessmeds.org/final-report

Este Panel, formado por 15 eminentes expertos en derechos humanos, aspectos legales, económicos, comerciales y de salud pública en relación con los medicamentos y la innovación, se constituyó en Noviembre de 2015 co-presidido por Ruth Dreifuss y Festus Mogae. En estos meses han llevado a cabo consultas públicas y han recibido numerosas contribuciones.

El Informe ha sido recibido con satisfacción por las Organizaciones No Gubernamentales que denuncian la falta de acceso a los medicamentos ( como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Health Action International, Drug for Neglected Diseases initiative, Knowledge Ecology International…), pero ha obtenido el rotundo rechazo de los representantes de la industria farmacéutica y de la representación de los EEUU.

En palabras de James Love, de Knowledge Ecology Internationa, “la recomendación más importante de los expertos de Naciones Unidas es la separación del coste de la I+D de los precios de los medicamentos (“delinkage”). La coherencia política requiere garantizar la innovación y el acceso al mismo tiempo”. Es decir, cambiar el sistema de patentes de medicamentos por el que se financia la I+D vía precios por un Convenio Internacional sobre I+D de medicamentos que fomente la investigación y garantice el acceso.

También para Oxfam el Informe es muy importante. Winnie Byanyima afirma: “El acceso a los medicamentos no es solo un problema de los países pobres. Los altos precios de los medicamentos están afectando a los sistemas sanitarios de todo el mundo. Millones de personas están sufriendo y muriendo porque las medicinas que necesitan son demasiado caras. La ONU debe trabajar con los gobiernos para asegurar que las recomendaciones del Informe se llevan a cabo”.

En cambio, “EEUU muestra su decepción por los fallos fundamentales del Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos”. Para los EEUU no hay incoherencia entre los derechos humanos, las patentes y el comercio. Están convencidos de que las patentes y el comercio son quienes estimulan la investigación y el acceso a los medicamentos. “Llevar adelante las recomendaciones del Panel tendría consecuencias negativas”.

Por su parte la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) opina que el informe del Panel es una oportunidad perdida para abordar de verdad las necesidades de los pacientes.
http://www.ifpma.org/resource-centre/biopharmaceutical-industry-calls-the-recommendations-of-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-a-missed-opportunity-to-genuinely-address-patients-needs/

En el mismo sentido, “la Cámara de Comercio de los Estados Unidos  condena el Informe de Naciones Unidas que ataca a las patentes”.

Desgraciadamente, la evidencia muestra que el actual modelo de patentes, y su abuso sistemático con precios muy por encima de lo que costó la investigación, no está permitiendo que millones de personas accedan a los medicamentos que necesitan, aunque sí está generando importantes ganancias a grandes corporaciones y sus ejecutivos. Cada día mueren miles de personas en el mundo por esta causa. Se podría decir sin exagerar que las patentes matan. Por eso son bienvenidas las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas

A continuación recogemos algunas de las Recomendaciones del Informe.

- Preocupado por el efecto negativo que algunos acuerdos comerciales hayan podido tener en la capacidad de los gobiernos para mejorar el acceso a los medicamentos (disposiciones ADPIC-plus que refuerzan las patentes) el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas para el acceso a los medicamentos pide a los Gobiernos que velen para que en cualquier tratado comercial no se incluya ninguna cláusula que interfiera con sus obligaciones para garantizar el derecho a la salud. Como un primer paso, los acuerdos comerciales deberían incorporar una evaluación de impacto en salud pública, elaborada de forma transparente y puesta a disposición del público. [¡advertencia para el TTIP]

- Los Gobiernos deben revisar la situación de acceso a las tecnologías sanitarias en sus países a la luz de los principios de los Derechos Humanos y de las obligaciones de los Estados para garantizarlos, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras relevantes entidades de Naciones Unidas. El resultado de estas evaluaciones debería estar disponible para el público. La sociedad civil debería recibir apoyo económico para remitir sus propios informes en relación con la innovación y el acceso a las tecnologías de salud. Estos análisis nacionales deberían repetirse regularmente.

- Los Gobiernos deberían exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías sanitarias que facilitaran a las autoridades reguladoras y a las responsables de las adquisiciones, información relativa a: (1) los costes de I+D, producción, marketing y distribución de las tecnologías sanitarias a las que se ha dado autorización y se vayan a comprar; y (2) fondos públicos recibidos en el desarrollo de la tecnología sanitaria, incluyendo exenciones de impuestos, subsidios u otra forma de financiación.

- Los Gobiernos deben adoptar e implementar legislación que facilite aprobación de Licencias Obligatorias. Esa legislación debe ser diseñada para aplicar las Licencias Obligatorias por necesidades de salud pública de forma rápida, justa y predecible, particularmente en relación con medicamentos esenciales.

- El Secretario General de Naciones Unidas debería iniciar un proceso para que los gobiernos negocien acuerdos globales sobre la coordinación, financiación y desarrollo de tecnologías sanitarias. Esto incluye negociaciones para un Convenio Internacional vinculante sobre I+D que separe los costes de la investigación y desarrollo de los precios finales, y promueva acceso a la salud para todos.

sábado, 30 de julio de 2016

¿Impulso a la calidad o cortina de humo?


La creación en el Reino Unido de una figura llamada “Guardián Nacional” para promover una cultura de confianza, en la que los profesionales sanitarios se sientan apoyados y seguros cuando comuniquen eventos adversos, es muy positiva. Puede mejorar la información sobre problemas reales de seguridad y puede contribuir a resolverlos. Deseamos el mayor de los éxitos a Henrietta Hughes, responsable de esta nueva tarea.

Sin embargo, esta decisión, que busca mejorar la seguridad y la calidad, es contradictoria con otras decisiones que se han tomado en el NHS England, que van precisamente en la dirección contraria. El que fuera hace años un modelo ejemplar de sanidad, se ha visto deteriorado progresivamente por dos factores simultáneos: los recortes presupuestarios y la privatización de la gestión. Menos recursos y buena parte de los menguados recursos restantes derivados a intermediarios, contratistas, especuladores, pillos, que aprovechan la desregulación del sistema sanitario inglés para obtener pingües ganancias que se traducen en la sobrecarga de los profesionales, la falta de medios, las listas de espera, la fragmentación y discontinuidad de la atención, deteriorando la calidad y la seguridad, como han mostrado los informes que, precisamente, han sido pie para la creación de esta nueva figura. ¿Será una nueva cortina de humo? Esperemos que no, porque el tema es importante y grave.

La UE estimó que las reacciones adversas a los medicamentos mataban a 197.000 ciudadanos de la UE cada año (¡540 cada día!), con un coste en atención sanitaria de 79.000 millones de euros (1). 

En el documento Agenda de la Unión Europea sobre la calidad de la atención sanitaria con especial énfasis en la seguridad de los pacientes (EXPH 2014), se insiste en dos aspectos: la mejora de los sistemas de información, y la formación y participación de los profesionales y los pacientes (2).

Muchas iniciativas han contribuido a mejorar la seguridad de los pacientes en España, como la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, desarrollada desde 2005, o la creación de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente por Francisco Martínez López (3). En todas estas iniciativas, la información y la participación de los profesionales es fundamental. Conviene no olvidar que solamente se notifican y documentan un 5% de los eventos adversos (4).

El “Guardián Nacional” está muy bien. Lo aplaudimos. Pero no es el tratamiento adecuado para la enfermedad del NHS England. Desde luego no es suficiente. Se debe recuperar el espíritu de servicio público, la dotación adecuada, la gestión pública eficiente. Des-mercantilizar el sector (incluyendo muy especialmente el sector farmacéutico, y la enorme presión del marketing sobre los prescriptores) será la mejor medida para aumentar la seguridad y la calidad en la atención a los pacientes. 
Referencias

(1) European Commission (2008) Strengthening pharmacovigilance to reduce adverse effects of medicines. Memo / 08 / 782. Press Release, Brussels, 10 December November 2008.

(2) Expert Panel on effective ways of investing in health (EXPH). Final Report on Future Agenda on quality of health care with a special emphasis on patient safety, 9 Oct 2014. http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/006_safety_quality_of_care_en.pdf

(3) Martínez López F, Ruiz Ortega JM (2001). Manual de Gestión de Riesgos Sanitarios. Díaz de Santos. Madrid.

(4) Bañeres J et al (2006). Sistemas de Registro y Notificación de incidentes y eventos adversos. Ministerio de Sanidad y Consumo.



jueves, 28 de julio de 2016

¿Mandaba la Troika?


Durante la crisis financiera varios países europeos (España, Portugal, Grecia, Irlanda, etc.) fueron sometidos a planes de reformas impuestos por la llamada “Troika”: UE, FMI, BCE (la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo). Se decía: lo manda la Troika.

Las políticas de la mal llamada “austeridad” (término usado en el neo-lenguaje para definir recortes) se tradujeron en la práctica en transferir recursos de los pobres, los trabajadores, las clases medias, los empresarios de la economía real, hacia los ricos, las grandes corporaciones y los bancos. Una crisis causada por la codicia de los altos ejecutivos de las entidades financieras y la desregulación del sector financiero que los gobiernos de EEUU y Europa habían permitido durante los últimos 20 años (y que no han corregido todavía), se ha resuelto dando más dinero a los causantes de la crisis.

Algunos acontecimientos recientes ayudan a explicar por qué se gestionó la crisis de esa manera.

Resulta que Durao Barroso, Presidente de la Comisión Europea durante 10 años (2004-2014), responsable de la gestión de las respuestas a la crisis (y de su no previsión), ha sido fichado por Goldman Sachs con un salario no despreciable.

Ahora nos enteramos que José Viñals, director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del FMI durante la gestión de la crisis (los últimos siete años), ha sido nombrado Presidente del Banco británico Standard Chartered, con un sueldo anual de 1,49 millones de euros por cuatro días de trabajo a la semana. La Presidenta del FMI no se escandaliza sino que le felicita. “Demuestra la alta estima en que es tenido, por su experiencia, capacidades y visión de los asuntos financieros”. ¿Pero estimado por quién? ¿Por los millones de desempleados? ¿Por los trabajadores con salarios que no llegan a fin de mes? ¿Por los pacientes que no pueden pagar las recetas? ¿Por los inmigrantes que son insultados, porque algunos damnificados de la crisis de aquí les echan la culpa de su precariedad, sin darse cuenta que la responsabilidad de su pérdida de derechos recae en esas entidades financieras que causaron la crisis, se llevaron el dinero de las inversiones tóxicas, se llevaron el dinero de los rescates, y se siguen llevando el dinero (uno de cada cuatro euros de los Presupuestos Generales del Estado) para pagar la deuda que asumió el Estado porque tenía que rescatar a los bancos?

Es tan brutal que cuesta digerirlo.

El tercer miembro de la Troika, el Banco Central Europeo, que ya inyectó más de un billón de euros a los bancos durante la crisis, anuncia ahora que habrá que ayudar otra vez a los bancos, en este caso italianos. Por pura coincidencia, el Presidente del BCE, Mario Draghi, venía de trabajar como vicepresidente para Europa en Goldman Sachs, cuando el comportamiento codicioso de las entidades financieras gestaba la crisis de las hipotecas basura y la Gran Recesión (2002-2006).

¿Quién creen ustedes que mandaba y manda realmente? ¿La Troika o los bancos?

Al menos, los partidos políticos y las organizaciones sindicales, en los ámbitos nacionales y europeos, deberían hacer oír su voz con fuerza criticando estos comportamientos y deberían tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Es un mal ejemplo desmoralizador para los ciudadanos que sentimos que nos toman el pelo miserablemente. Si esas conductas son legales, debe cambiarse la ley: prohibición radical de puerta giratoria y control minucioso de los ingresos y patrimonio de estas personas desde que dejen sus cargos, sean del partido político que sean.

Estos ejemplos ponen en evidencia que el sistema no funciona (es decir, que funciona para los más poderosos pero no para la mayoría de las personas) y que debe cambiarse si queremos una sociedad sin desigualdad, sin xenofobia, sin terrorismo, con respeto a la dignidad de las personas, con respeto a los derechos humanos, con oportunidades de vida en plenitud para los jóvenes y los mayores, porque todo está relacionado. No es imposible, pero para ello es necesaria otra política. Desde la raíz.

domingo, 10 de julio de 2016

El fichaje de Durao Barroso por Goldman Sachs: increíble y lamentable.


El señor Durao Barroso ha sido Presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014. En esos años se produjo una crisis económica, de origen financiero, que destruyó miles de puestos de trabajo y aumentó de forma notable las desigualdades. Recordemos: la crisis se generó porque las instituciones financieras des-reguladas, “demasiado grandes para dejarlas caer”, dirigidas por personas con enormes incentivos y salarios, desarrollaron productos financieros tóxicos (como las hipotecas basura) generando enormes riesgos y situando al borde de la quiebra a muchas de esas entidades, paralizando la economía real.

La principal respuesta a la crisis de los gobiernos europeos y de la Comisión, fue rescatar a los bancos: socializar las pérdidas, después de haber dejado privatizar los beneficios. Cientos de millones de euros destinados a ayudas directas a las entidades financieras. Otro billón de euros en préstamos a las entidades financieras a menor tipo de interés que a los países que debían rescatarlas. Además, como los países tenían que rescatar a los bancos, debían endeudarse para poder darles el dinero, con lo que ahora están pagando esa deuda cada año. Por ejemplo, este año los contribuyentes españoles nos vemos obligados a pagar un 25% del gasto público total para intereses y amortización de la deuda. Pero se nos dice, al mismo tiempo, que no hay dinero para pagar las prestaciones de dependencia, la sanidad o las pensiones.

El hecho de que se anuncie ahora que el señor Durao Barroso ha sido fichado por la banca Goldman Sachs como Presidente no Ejecutivo para su sede europea ubicada en la City londinense es un ejemplo nefasto. Como ciudadano europeo me siento indignado y desolado. Si la persona que debió liderar la lucha contra la crisis, corrigiendo la desregulación financiera y promoviendo medidas que fortalecieran la capacidad de Europa para equilibrar la fuerza desbordada de la economía globalizada, va a recibir ahora su importante remuneración de una de las más poderosas entidades financieras del mundo, el corolario es demoledor.

La sensación de engaño, de farsa, de falta de ética, es dolorosamente amarga.

Dicen que la ley lo permite, porque han pasado ya los 18 meses requeridos por la incompatibilidad. Si es legal, esa ley me parece mal. Pero aunque sea legal hasta que se cambie, es inmoral. El mal ejemplo que se da a los miles de personas que han perdido su trabajo por culpa de la crisis, a los miles de jubilados que temen por su pensión, a los miles de empresarios de la economía real que no recibieron ayudas públicas durante la crisis porque todas las ayudas iban destinadas a las entidades financieras, ese mal ejemplo dejará huella y ahondará en el alejamiento de los ciudadanos respecto a los políticos, que se ven como personas que se aprovechan de la situación. También es mal ejemplo para los funcionarios de la UE que intentan hacer bien su trabajo. La imagen que queda es: "gestiona  a favor del poderoso, porque el poderoso ya te premiará". Y ese impacto negativo afecta a toda la Comisión Europea, a la imagen de Europa.

Este mal ejemplo es otro torpedo a la construcción de una Europa más unida, más solidaria, más justa, más eficiente. Invita al sálvese quien pueda. Anima a que vengan más Brexits. Increíble y lamentable.

jueves, 7 de julio de 2016

¿Es posible todavía un gobierno para otra política?


He escuchado a muchos analistas decir que el PP ha ganado las elecciones y que los demás partidos políticos deben dejarle que gobierne. “Eso –dicen- es lo que han querido los españoles”. Yo repaso los números y no me salen las cuentas.

Ciertamente, el PP ha sido el partido con más votos, un 33,03% y 137 diputados. Pero un 66,97%, es decir, el doble, ha votado otra cosa. Una mayoría del país ha votado que preferiría un gobierno distinto, que quiere otro proyecto para España.  Es verdad que esos votos han ido a diferentes partidos. Pero, por ejemplo, solamente con los votos que han recibido el PSOE y Unidos Podemos suman un 43,76%, y 156 diputados, bastante más que el PP. ¿Sería entonces posible y deseable un Gobierno para hacer otra política?

El líder de Ciudadanos ha reclamado durante la campaña cambios importantes, una nueva política: cambio de ley electoral, regeneración democrática, lucha contra la corrupción, transparencia, etc. En esos planteamientos coinciden Unidos Podemos y el PSOE. En cuanto a políticas sociales hay suficientes puntos de confluencia para consolidar la sanidad pública, la garantía de las pensiones y recuperar una educación de calidad. Hay más distancia en políticas económicas. Pero no es imposible buscar un común denominador en aspectos clave que potencien la creación de empleo y la estabilidad de las cuentas públicas, como la lucha contra el fraude, el refuerzo de la política industrial, la apuesta por la I+D, la internacionalización, la estrategia integral contra el cambio climático, y una mayor presencia en Europa y en la cooperación internacional. Yo creo que hay elementos importantes para un programa de gobierno de cambio.

Desde luego, no se trata de proponer un gobierno alternativo al del PP porque sí. Se trata de analizar si se podrían llevar a cabo políticas distintas, otra política, en beneficio de la mayoría de ciudadanas y ciudadanos.

Unidos Podemos tiene su propia estrategia y su proyecto. Y ha obtenido más de 5 millones de votos de personas que quieren que les representen, que son muchas. Pero también es verdad que en estas elecciones no han conseguido la mayoría que les permita llevar a cabo todas sus propuestas. Y, sin embargo, sí pueden sumarse a un gobierno de cambio. Después del 26J, la alternativa a un gobierno transversal no es un gobierno de Podemos, es un gobierno del PP. Un gobierno de cambio podría impulsar muchas de las propuestas que llevaban en sus programas Unidos Podemos, Ciudadanos y el PSOE, en beneficio de la mayoría de la sociedad.

El PSOE puede intentar otra vez lo que ya intentó el 20D, porque así han querido votar los ciudadanos. Y la mayoría no ha votado a Rajoy; la mayoría ha pedido otra política, otorgando su voto a tres alternativas de ámbito nacional. Si Rajoy no consiguiera apoyos suficientes para ser investido Presidente, Pedro Sánchez podría plantear nuevamente la formación de un gobierno sumando las fuerzas progresistas.

Ya sé que es muy complicado, pero ¿acaso en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Cantabria, o en muchos municipios se dio por hecho que tenía que gobernar el PP por tener la minoría mayoritaria?

Lo que pretendo resaltar es que no hay un solo escenario posible. Al menos hay dos. Y los dos son, al menos, igual de legítimos. George Lakoff mostró cómo los conservadores usan el lenguaje para dominar la política, creando “marcos conceptuales” que definen la realidad tal como conviene a sus intereses. En este caso han bordado el manual. El marco que lanzaron a las 21 horas del día 26 es: “Rajoy ha ganado las elecciones; el PP es el único legitimado a formar gobierno; lo natural y lo que conviene al país es que Ciudadanos y PSOE le apoyen; si no le apoyan serán culpables de unas terceras elecciones”. Muchos medios de comunicación difundieron este marco. Muchos tertulianos reforzaron el mensaje analizando el “fracaso” de los otros partidos y elogiando la habilidad de Rajoy. En la mayoría de los medios parece que este es el único escenario posible. Pero no es así. Al menos hay otro escenario. Un gobierno de cambio, transversal, progresista.

Pienso que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera pueden explorar y construir las bases de un acuerdo para la regeneración moral de este país, para recuperar la ilusión en el futuro. Ellos son los líderes de esta pluralidad política para el cambio que han dibujado las urnas. No estoy de acuerdo con quienes, al ver los resultados, dicen que España es conservadora y que no castiga la corrupción. No es matemáticamente cierto. El PP ha sacado más votos que cada uno de los otros partidos, pero ha seguido perdiendo la mayoría absoluta que tuvo en la anterior legislatura. Han ganado las alternativas a Rajoy, con un 66,97% de los votos. Muchos trabajadores, muchas jóvenes, muchos pensionistas, investigadores, artistas, maestros, emigrantes, parados, jóvenes empresarias, muchas personas que están intentando salir adelante, una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos ha votado por un nuevo proyecto.  En cada uno de esos votos había esperanza. Queríamos y queremos una España mejor. Merece la pena intentarlo.


miércoles, 29 de junio de 2016

Cuatro escenarios para hacer accesibles los medicamentos


Durante los últimos años los precios de los nuevos medicamentos se han incrementado de forma significativa. Las compañías farmacéuticas no fijan los precios basados en los costes de manufactura e investigación y desarrollo, sino que los fijan en el máximo que pueden demandar a los países o a los pacientes. Este modelo provoca que muchos pacientes no puedan comprar o recibir las medicinas que necesitan y pone en riesgo la viabilidad de los sistemas sanitarios, desviando recursos necesarios hacia beneficios excesivos de las grandes corporaciones. Se ha roto un equilibrio y es preciso repensar el modelo.

Con estas reflexiones comienza el análisis de un trabajo sobre los precios de los medicamentos que han desarrollado el Centro Belga de Conocimiento en Atención Sanitaria, y el Instituto Nacional de Atención Sanitaria holandés. Ellos han coordinado los debates de un grupo de expertos internacionales para imaginar cuatro escenarios posibles para lograr que todas las personas tengan acceso a los medicamentos que necesitan. Es un documento interesantísimo (1).

En la presentación del documento, las Ministras de Salud de Bélgica y de Holanda señalan que los instrumentos que tenemos para poder controlar el aumento de precios de los nuevos medicamentos y el gasto sanitario son insuficientes. Entienden que es preciso trabajar conjuntamente, varios países, o el conjunto de la Unión Europea. Pero aún así, indican, no sería eficaz el esfuerzo, si no se cambia el marco de análisis. Si continuamos buscando las soluciones en el actual marco de la política farmacéutica, marcada por el modelo de negocio de la industria farmacéutica, no conseguiremos soluciones adecuadas. Hemos de mirar “fuera de la caja”, hemos de buscar nuevos marcos de análisis y nuevos escenarios. Un nuevo discurso. Esta reflexión es clave.

El actual modelo de fijación de precios se basa en el enorme poder de negociación de las corporaciones farmacéuticas basado en las patentes que conceden los gobiernos. Este modelo estaba pensado para financiar y estimular la I+D. Pero, con el tiempo, se ha comprobado que este modelo no funciona. Se ha desequilibrado y no es posible gobernarlo. Además de los altos precios impuestos con el monopolio, se producen varios efectos adversos. Por un lado se privatiza la I+D con financiación pública (realizada a través de institutos, universidades, becas, etc.). La industria aprovecha esas inversiones y luego desarrolla las fases finales, patenta y obtiene los beneficios. Por otro lado, las patentes incentivan la investigación incremental en los campos que dan más ganancias, en vez de en innovación. También produce el efecto de que algunos laboratorios retiren medicamentos eficaces menos caros y los sustituyan por nuevos, más caros, sin valor terapéutico añadido. Además, la investigación promovida por patentes no fija sus prioridades en las necesidades de salud, y se producen duplicaciones y retrasos, con desperdicio de recursos.

El documento propone cuatro escenarios como posibles alternativas.

Escenario 1: Iniciativas Público Privadas orientadas a las necesidades.

El gobierno de esta iniciativa es público. Las prioridades de investigación las fijan las autoridades sanitarias, con expertos independientes. Las autoridades definen los criterios de calidad. Se negocia precio y volumen. Los procesos son transparentes. En cuanto a la patente y exclusividad de datos se decide caso a caso: sin patente / patente compartida / patente privada.

Escenario 2: Desarrollo de medicamentos en una vía paralela.

La UE constituye una vía de desarrollo paralela para desarrollar medicamentos asequibles. Las autoridades sanitarias definen las prioridades. La investigación se desarrolla en institutos públicos y el desarrollo hasta la comercialización se lleva a cabo por esos institutos o se contrata con otras entidades como iniciativas sin ánimo de lucro (plataformas públicas). La investigación es abierta. El medicamento se considera bien público, por lo tanto no hay protección de patente privada. Se puede empezar por campos prioritarios: medicamentos antibióticos, para enfermedades poco frecuentes, etc.

Escenario 3: Compra de patentes.

La UE constituye un consorcio para gestionar un Fondo Público para medicamentos asequibles. El fondo busca medicamentos en desarrollo y compra las patentes. El fondo financia la finalización de las fases de desarrollo hasta la comercialización. Los medicamentos son bienes públicos.

Escenario 4: Bienes públicos desde la A a la Z.

El desarrollo de los medicamentos es una actividad pública. Las prioridades de investigación se fijan en función de las necesidades de salud. Los gobiernos financian y organizan la investigación y el desarrollo. No hay patentes ni precios de monopolio. Los precios se basan en los costes de fabricación.

Para llegar a esta fase se puede avanzar con varios pasos. Aumentar la fuerza de negociación sumando varios países o toda la UE. Modificar la legislación de patentes para que no afecte a los medicamentos. Favorecer la entrada de medicamentos genéricos. Utilizar licencias obligatorias. Crear un Instituto Europeo de Medicofarmacología, con financiación pública, prioridades de investigación en función de necesidades, investigación abierta, precios a coste de fabricación.

Los tres primeros escenarios pueden ser complementarios y su desarrollo podría conducir progresivamente al cuarto escenario, que es, desde mi punto de vista, el más sólido a medio y largo plazo.

El valor de este documento es que muestra la necesidad de un nuevo marco de análisis para la discusión de los precios de los medicamentos, cuestionando el modelo actual basado en las patentes y el beneficio de las grandes corporaciones.  El marco conceptual de estos cuatro escenarios, en cambio, es que la salud es un derecho humano, que los medicamentos necesarios para el paciente son un derecho humano, y por lo tanto, el medicamento es un bien público, que debe ser accesible a las personas que lo necesiten. Es tarea de los gobiernos regionales y nacionales, responsables de la fijación de precios de los medicamentos y de la gestión sanitaria, profundizar en estos escenarios, y poner en marcha los mecanismos jurídicos, técnicos y logísticos, que permitan construir la alternativa que resulte más válida.