domingo, 9 de agosto de 2015

¿Es razonable sueldo de 1,8 M€, que empresa cobre a trabajadores de sus propinas, o precio de medicamento de 178.000$?

En los calores de agosto, las noticias de los periódicos pasan, a veces, desapercibidas. Las lees pero no les haces mucho caso; te llaman la atención, pero no lo suficiente para reaccionar. A veces quedan en la retina y en la memoria y le piden a la conciencia que haga una reflexión sobre ellas... Ahí van las mías.

Leí ayer en El País que un directivo de banca cobrará 1,8 millones de euros al año hasta que se muera: sueldo vitalicio (equivalente al sueldo anual de 36 médicos, por ejemplo). Me parece inmoral. Será legal, pero es injusto. No es una retribución proporcionada al esfuerzo y al mérito. No es un buen ejemplo para la sociedad. Me dice un amigo: pero es que es una empresa privada, si lo deciden sus accionistas es su problema. Lo que ocurre es que el sector de la banca, una y otra vez, la última en 2007, genera crisis sistémicas que nos cuestan mucho a todos los trabajadores, empresarios y contribuyentes. En la última crisis bancaria, sus excesos nos ha costado un 30% de nuestros salarios, nuestras pensiones, nuestros ahorros... Y, a pesar de eso (o, precisamente porque se basan en los mismos principios) los directivos de la banca siguen no teniendo prudencia al fijarse esos sueldos desmesurados, ofensivos, brutales. Cuando un directivo de una empresa fuerza las reglas del juego de tal manera, sabiendo que no aporta nada a la sociedad, está creando las condiciones para una confrontación social, o un proceso degenerativo que conduzca a la descomposición del sistema. Cuando los legisladores y los gobiernos lo permiten, no están sirviendo a la sociedad.

En otra noticia, esta de hoy en The Guardian, dice que una empresa que reparte pizzas a domicilio va a quedarse con un 8% de las propinas de sus empleados. No solo son salarios de miseria, no solo son contratos basura, por horas o por días, es que además se quedan con las propinas de los trabajadores. ¿No debería provocar la indignación de todos los trabajadores, de los sindicatos? ¿No deberíamos darnos cuenta que es un proceso de abuso que no tiene límite si no se frena con una reacción proporcionada?. Pero la capacidad de reacción de sindicatos y trabajadores está bajo mínimos. La nueva sociedad es la del sálvese quien pueda: el individualismo. La desconfianza de los trabajadores hacia las organizaciones de trabajadores es enorme. La participación en las elecciones sindicales es muy baja y la afiliación a los sindicatos, ridícula. Es preciso reflexionar sobre esta cuestión, porque uno solo no puede conseguir nada. Los trabajadores debemos estar unidos para conseguir defender nuestros derechos. Es preciso generar un nuevo sindicalismo, una nueva organización de los trabajadores con capacidad de hacer frente a los abusos de algunos empresarios sin conciencia. Y esas organizaciones no pueden caer en las rigideces del pasado, en las inercias y las situaciones de connivencia de algunos dirigentes. Tienen que reinventarse.

La última noticia, también de hoy, es del New York Times y cuenta que una medicina para tratar la leucemia, Blincyto, tiene un precio de venta de 178.000 $ por tratamiento. Los precios de los nuevos medicamentos son tan altos que no se pueden pagar por los pacientes o por los sistemas de salud sin poner en riesgo la economía de la familia o del país. Lo tremendo es que el coste de producción es mucho menor. Y el precio debería ser mucho menor, accesible para todos los enfermos. El precio de medicamento protegido por patente tiene que fijarse según lo que cuesta producirlo (incluyendo los costes de investigación), no debe fijarse en función de la capacidad de presión del laboratorio para lograr el máximo valor que pueda pagar un cliente. Este es un debate crucial para que todos los pacientes que necesiten un medicamento puedan acceder a él. Puede pasarte a ti mañana. Y no estaremos en condiciones de ayudarte. Este debate hay que hacerlo ahora. Aunque estemos en agosto.




sábado, 1 de agosto de 2015

Los copagos impiden a ¡dos millones de personas! tomar las medicinas que les prescriben sus médicos. Hablamos de Espña, es 2015, y podrían ser tus padres.


 Los copagos para la atención sanitaria necesaria se deberían reducir progresivamente hasta su total supresión.

Mi posición es a favor de la financiación sanitaria a través de un sistema de impuestos progresivos y contraria a la financiación de la sanidad mediante copagos (es decir, hacer pagar al paciente cuando necesita un servicio sanitario, además de lo que paga a través de los impuestos para financiar la sanidad; es un "repago").

Se suelen utilizar tres razones para defender la utilización de copagos.

1.La primera es lograr financiación.

Los copagos son la forma más regresiva de financiar la sanidad. Paga el paciente, si puede, en el momento de usar los servicios. Si no puede pagar, se queda sin atención, como 2 millones de personas en España el año pasado. Esta es la forma de financiación que se intentó superar con la sanidad pública desde principios del siglo XX y que poco a poco se fue cambiando. La financiación pública fue progresiva. En España, el porcentaje de financiación a cargo del bolsillo del paciente, fue bajando progresivamente. Hasta el RD 16/2012 que da un paso atrás importante.

No estoy de acuerdo en discutir ¿cómo mejoramos el copago? Este planteamiento ya parece que acepta el copago como inevitable o desable. Es decir, que pague el paciente. ¿Por qué? ¿No defendemos que la sanidad debe pagarse a través de impuestos y que el paciente debe acceder en función de necesidad? ¿Solo en parte? ¿Por qué? Cuando se dice: es que antes pagaban copago personas con un salario muy bajo y no pagan pensionistas con pensiones altas. Lo que habría que haber hecho es quitar el copago a los trabajadores de rentas bajas y no ponérselo a nadie, porque es una financiación injusta.

Los copagos significan que se traslada la responsabilidad de financiar la sanidad, en una parte, al paciente. Es decir, se reduce, se limita el principio de solidaridad que es la base ética del modelo de sanidad pública que defendemos; como mecanismo de financiación el copago es contrario al modelo sanitario universal, equitativo y solidario. Varios estudios demuestran que el gasto individual en medicamentos vía copagos afecta más negativamente a las personas de bajos ingresos. Además, si es un copago pequeño, el coste de gestión hace que cueste más recaudarlo que lo que aporta. Como medio de lograr ingresos el copago es a la vez inequitativo e ineficiente. El propio director del Banco Mundial, JK Kim, señaló que los copagos eran injustos e innecesarios. Conviene recordar que el Banco Mundial había venido defendiendo la introducción y aumento de copagos hasta hace dos o tres años. Ahora, tanto la OMS como el Banco Mundial insisten en que es una forma de financiación que penaliza a las personas enfermas y pobres.

España es, todavía, uno de los países de la UE-15 con más proporción de gasto sanitario a costa del paciente. Se debe reducir esa proporción, no aumentar. En 2009 era del 25%; en 2012 llegó al 28,3% (MSSSI); la estimación para 2014 es que supone el 30%. Esta evolución regresiva es consecuencia de políticas injustas, en especial el RD 16/2012.


2.La segunda razón por la que se introducen copagos es por el efecto disuasorio.

El efecto de barrera hace que las personas se frenen a la hora de pedir atención. Efecto disuasorio, para evitar demanda innecesaria, abuso. El problema aquí es que el efecto disuasorio es para las personas que tienen necesidad, lo mismo que para las que podrían estar abusando, o utilizando mal el servicio. No tiene efecto selectivo entre tratamiento necesario e innecesario. El otro problema es el efecto barrera se produce en las  personas de menos renta. Por lo tanto, las personas perjudicadas con los copagos son las personas realmente enfermas y de menor renta. Este efecto barrera, según varios estudios, puede tener un impacto negativo en la salud.

En España, el año pasado, 2 millones de personas no pudieron tomar los medicamentos que les recetó su médico, por motivos económicos. (Barómetro Sanitario 2014: Pregunta 33: “¿En los últimos 12 meses ha dejado de tomar algún medicamento recetado por  un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?”: 4,5%). Que esto suceda en España, y en 2015, es una tremenda injusticia. Piensa que podrían ser tus padres, tus hijos, o tú mismo.

Según el MSSSI entre 2011 y 2014 el número de recetas facturadas bajó de 973,2 a 868,6 millones: 104,6 millones menos. El efecto barrera creado por la desfinanciación de 400 medicamentos y el copago a pensionistas funcionó. La pregunta es: ¿Eran necesarias esas medicinas? ¿Cuántas de estas medicinas las habían prescrito los médicos sin necesidad y por qué? Una persona con cáncer necesita medicamentos que tratan síntomas realmente molestos, dolorosos, que generan disfunción real, no imaginaria. Esas personas, jubiladas, o de rentas bajas, no pueden comprar esa medicación necesaria.

Por otro lado, para las personas de más renta los copagos no frenan la utilización. En Alemania, con copago hospitalario, hay el doble de ingresos por 1000 habitantes que en España, sin copago hospitalario. En Francia, los copagos se cubren por seguros de empresa, para las empresas más fuertes.

También se ha estudiado el efecto de desviación hacia otros servicios más costosos (emergencias, hospitalización).


3.Una tercera razón es penalizar el uso de servicios que no son costo-efectivos.

La intención de “orientar” con el copago hacia servicios más costo-efectivos no se ha demostrado que funcione, como en el caso anterior. En este caso es más adecuado retirar de la financiación pública las prestaciones que no sean costo-efectivas. Si se trata de modificar comportamientos (uso inadecuado de urgencias, etc.) se deben realizar otras estrategias (formación, rediseño de circuitos, atención telefónica, etc.).


4. La ideología detrás del copago.

El copago no es solamente un debate “técnico”, como si fuera algo inevitable (“¿cómo aplicamos bien el copago?”). El copago tiene carga ideológica importante. Supone retroceder en el proceso de construir un sistema de financiación pública, basado en impuestos. No es un tema menor. Cuestiona el fundamento ético de considerar la atención sanitaria un derecho de todas las personas y volver a considerarlo problema personal, como en España hasta mediados del siglo XX y todavía en países del mundo. Y desde el punto de vista político es un planteamiento liberal-conservador. Es el planteamiento que ha aplicado el PP. Un planteamiento que quiso aplicar Thatcher y no pudo, pero que una y otra vez regresa: “la atención sanitaria es un problema privado y cada uno debe pagársela; si no puede porque es pobre, lo atenderá un sistema de beneficencia con prestaciones básicas (cartilla de beneficencia)”.

La aplicación de copagos a otro tipo de prestaciones (no farmacéutico) tiene las mismas implicaciones éticas y políticas: financiación regresiva, exclusión de los más necesitados, etc. Diferenciar prestaciones en la cartera de servicios según sean más o menos costo-efectivas, y poner copagos, es un planteamiento contrario al derecho a la atención sanitaria. Si no son adecuadas las prestaciones se deben retirar del sistema, no poner copagos, ya que esta lógica abre la puerta a la conveniencia (justicia) de financiar la sanidad con aportaciones de los pacientes, etc. Al final, sálvese quien pueda.



5.Conclusión

El objetivo, desde un punto de vista humanista, es que el coste de la atención no sea una barrera para su uso para ninguna persona que necesite esa atención. Para lograrlo, la financiación de la sanidad debe ser pública, a través de impuestos progresivos, y adecuada a nuestro nivel de renta. Los copagos son una barrera para la atención sanitaria con importantes efectos negativos, como demostró K Swartz. Por eso se deben reducir progresivamente y suprimir los copagos y generar mecanismos alternativos para mejorar la eficiencia y evitar la demanda innecesaria.

La formación y evaluación de los profesionales, así como el diseño de incentivos apropiados, es más eficaz que la introducción de copagos para evitar uso inadecuado de medicamentos u otros servicios.

Por otra parte, la formación y apoyo a los pacientes, el refuerzo de la autogestión de los procesos crónicos, etc., la educación sanitaria y la promoción de la salud, contribuirán a mejorar la utilización racional y justificada de los servicios.

domingo, 21 de junio de 2015

Acceso a los nuevos medicamentos: cuestión de precio.

Ramón Gálvez, Pedro Pita, Javier Sánchez Caro y yo mismo hemos escrito este análisis sobre el sistema de fijación de precios de los nuevos medicamentos, que está impidiendo el acceso a medicinas necesarias a miles de pacientes y puede poner en riesgo la viabilidad de los sistemas de salud. Proponemos algunas alternativas, como ajustar el precio a los costes (si hay protección de patente), no utilizar el criterio de "valor" (el precio más alto que pueda pagar el paciente o el sistema de salud) para la fijación de precio, utilizar el criterio de coste-efectividad para autorizar/financiar o no financiar un medicamento, pero no para fijar el precio, y estudiar formas de separar la financiación de al investigación y el desarrollo de los precios de los medicamentos (propuesta del Grupo de Expertos sobre Propiedad Intelectual de la OMS).

Las patentes son un instrumento jurídico para "remunerar" el esfuerzo de investigación y desarrollo de un invento, dando el monopolio de la explotación al inventor durante una serie de años (en Europa 20 ampliables a 5 más). La patente para medicamentos es relativamente reciente. En España se empezó a aplicar después de la integración en la UE. El sentido de la patente es remunerar el coste de la investigación y el desarrollo del medicamento, no es obtener la máxima ganancia posible. 

Desde hace unos años algunas industrias farmacéuticas han puesto precios por "valor" (lo máximo que está dispuesto a pagar el sistema de salud) muy por encima del coste (por ejemplo, un 6.000% más caro). Es un uso abusivo de la patente. Se debería retirar esa protección mediante la concesión de licencias obligatorias, que permiten fabricación de genéricos.

En este momento está en trámite la nueva Ley de Patentes en España. Todavía hay tiempo para que en el Senado se introduzca una enmienda que refuerce la capacidad del Estado para proteger el derecho de los pacientes al acceso a los medicamentos que necesiten, introduciendo una causa explícita que justificaría la concesión de licencias obligatorias, permitiendo la fabricación inmediata de genéricos. Sería bueno animar a los Senadores de nuestras circunscripciones electorales a que pensaran en ello. 

  Un texto posible de enmienda es el siguiente:

Al artículo 95, apartado 2, letra d)

De adición.

Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 95:

«d) El invento haya demostrado tener efectos determinantes para el
tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y
los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción o de
comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva
para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo.»

MOTIVACIÓN

El Derecho de patentes es la manifestación de un frágil equilibrio
entre dos intereses contrapuestos: el interés general y el interés
individual del titular de la patente. La defensa del interés general
requiere fomentar la verdadera innovación, pero también que no haya
precios excesivos y máxime en productos de primera necesidad. En el
caso específico de los medicamentos están, además, en juego la salud y
la vida de las personas, valores que, a todas luces, son superiores al
derecho del titular a obtener el máximo beneficio económico.

Cualquier Estado Miembro de la OMC puede someter una patente al
régimen de licencias obligatorias si está en juego la salud de su
población, tal y como quedó claro tras la Declaración de Doha,
aprobada unánimemente en 2001, en la que todos los miembros se
reconocieron la libertad de cada Estado para tomar decisiones sobre
esta cuestión, habida cuenta de que la salud de las personas es un
bien superior.

El Proyecto de Ley de Patentes, explicita diferentes opciones donde
aparecen los supuestos en que procedería someter la patente a un
régimen de licencias obligatorias pero, junto a los supuestos más
generales, se considera conveniente definir uno concreto por el que
quepan si en la balanza está, de un lado, la salud de las personas, y
del otro, la protección de un beneficio económico abusivo con la
consiguiente excesiva carga económica.


Por su fuera de tu interés, en este enlace se puede acceder al documento, que fue presentado en el Consejo General de Colegios de Médicos el pasado día 18/6/2015.

jueves, 23 de abril de 2015

A veces los "lapsus" dicen la verdad.


 Hay quien ha escuchado decir que el gobierno del PP ha trabajado mucho para “saquear” a España y a Castilla La Mancha… Han dicho que se trata de “lapsus”, errores verbales que, en ocasiones, traicionan el discurso “oficial” expresando lo que de verdad piensa el inconsciente. ¿Quién puede saberlo sin ver la mente de una persona? Pero lo que, lamentablemente, sí ha visto y sufrido mucha gente en estos últimos cuatro años es que se han “saqueado” los derechos de miles de españoles y de castellanomanchegos mientras algunas personas, muy pocas, tenían dinero bastante para comprarse un cigarral.

-Lo ha visto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Gobierno de España) que en su Estadística sobre Afiliados en Alta a la Seguridad Social (media mensual) señala que hay 77.501 trabajadores menos en Castilla-La Mancha entre junio 2011 (689.117) y marzo 2015 (611.616). No uno ni diez. 77.501 menos.

-Lo ha visto la Defensora del Pueblo de España que, en el Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo, detalla que en Castilla-La Mancha hay pacientes que esperan más de 12, más de 24 y más de 30 meses para ser atendidos desde que se les indicó la intervención. El 36% de las quejas publicadas sobre listas de espera en el Informe son de CLM, que tiene menos del 5% de la población española.

-Lo ha visto el CSIF de CLM, que en abril de 2015 denuncia la falta de transparencia de las listas de espera y demanda información sobre los niños operados en clínicas privadas de Madrid. Este sindicato pide que se paralicen todas las derivaciones de pacientes a clínicas privadas, y que se optimicen los recursos propios del Sescam para mejorar la calidad asistencial y de esta manera los pacientes no tengan que desplazarse fuera de sus lugares de residencia salvo casos excepcionales. Desgraciadamente, el deterioro de todo tipo que ha sufrido la sanidad castellano manchega en estos últimos años ha condicionado unos niveles de desencanto y de pérdida de calidad en nuestra sanidad jamás vistos antes.

-Lo ha visto Amnistía Internacional, que en su informe de 20 de abril denuncia que Castilla-La Mancha es la que más ejerce la exclusión sanitaria, exigiendo pagos o compromiso de pagos a pacientes que no tienen medios y dejando sin atención a personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas graves de salud. El informe dice que se ha vulnerado el derecho a la atención sanitaria de 749.835 personas en toda España.

-Lo han visto la Intervención General de la Administración del Estado y las Cortes de Castilla La Mancha al mostrar los datos de los presupuestos ejecutados donde se observa que en España se ha recortado el gasto sanitario público en más de un 10% y en Castilla-La Mancha un 20% entre 2010 y 2014.

-Lo ha visto CCOO, que denuncia cómo en CLM hay 85.600 hogares donde todos sus miembros están en paro. Es la región donde más ha crecido la pobreza y donde hay más hogares en riesgo de exclusión social. El 95% de la contratación ha sido temporal y con contratos de poca calidad. Una región más pobre, con trabajadores más empobrecidos y con menos protección social.

-Lo ha visto el Ministerio de Sanidad en el Barómetro Sanitario, donde se señala que las personas que valoraban la sanidad Bien o Muy Bien han disminuido del 74,5% en 2010 al 59,5% en 2013: 15 puntos menos. El doble del deterioro en relación con la media nacional.

-Lo ha visto el Informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que denuncia cómo CLM está en los peores puestos en pobreza, en atención social, o en atención a la infancia, con una reducción de un 28,2% en gasto social. Denuncian también que en 2014 se desalojaron de sus viviendas en España a 40.000 familias por impago de hipoteca. Este informe muestra cómo la renta de las familias ha bajado un 10% en los últimos 3 años. Mientras los más ricos y las grandes empresas han duplicado ganancias y no pagan impuestos, o pagan mucho menos de lo que les corresponde.

-Lo ha visto la Cruz Roja que en su Boletín de Vulnerabilidad Social n.9 denuncia cómo en España más de 800.000 personas han tenido problemas para comprar los medicamentos que les recetan los médicos. Y lo ven también los médicos que no pueden atenderles como es necesario, como muestra el Informe de Médicos del Mundo de 2015 sobre los efectos del Real Decreto Ley 16/2012.

-Lo ha visto, en fin, el Banco de España, que en su Información sobre la Deuda Pública de las Comunidades Autónomas muestra que Castilla-La Mancha ha duplicado la Deuda Pública entre finales de 2010 y finales de 2014: de 6.110 millones de euros a 12.858 millones de euros. Con un matiz importante. Entre 2000 y 2010 se hicieron más de 100 centros sanitarios, más de 100 centros sociales, más de 100 centros educativos, plantas de saneamiento, instalaciones deportivas, carreteras, adquisición de tecnología para diagnóstico y tratamiento, informatización de los centros educativos, programas de ayuda a familias numerosas, desarrollo de la ley de dependencia, etc. etc. etc. En estos cuatro años, en cambio, se ha duplicado la Deuda Pública, se ha duplicado el valor de la factura que tendrán que pagar los castallanomanchegos, y mientras tanto se han desmontado y deteriorado servicios y prestaciones para las personas mayores, para las familias, para las personas con enfermedad mental, para las personas en situación de dependencia, para los escolares, para los trabajadores… y se ha frenado drásticamente la inversión en infraestructuras públicas: un erial.

Lo ha visto y sufrido mucha gente. Es un balance desolador que se puede calificar sin exagerar de “saqueo” de los derechos de las personas. A veces los “lapsus” dicen la verdad.

Sin tarjeta no hay derecho


Amnistía Internacional presentó el pasado día 20 de abril un informe titulado:
“Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana.


En este informe se denuncia la vulneración de los derechos humanos de personas inmigrantes residentes en España como consecuencia del RDL 16/2012.  Personas que hasta ese momento tenían derecho a la atención sanitaria, como Aisha, mujer de 57 años, diabética, o como Ismael, con varios problemas crónicos de salud, y muchos otros.

A veces se les presentan facturas, o se les pide que firmen un compromiso de pago. Hay poca y mala información. Si les acompaña un Trabajador Social o un mediador, entonces se les atiende. No tienen derecho a la medicación. Algunos médicos, continúa el Informe, han recibido cartas de la Consejería amenazándoles con sanciones si atienden a estas personas.

Amnistía Internacional estima que se ha vulnerado el derecho a la atención sanitaria de  749.835 personas en España, pero CLM es la región donde se ha aplicado la exclusión sanitaria con mayor dureza.

Otras CCAA, como Andalucía, País Vasco, Asturias o Navarra han continuado prestando atención sanitaria a todas las personas en función de su necesidad. También el Tribunal Constitucional ha dictado Autos donde defiende el derecho a la atención sanitaria para estas personas.

Es preciso que en toda España, y en CLM especialmente, se revierta esta situación y se recupere el ejercicio del derecho a la protección de la salud de todas las personas que vivan en nuestro país. La protección de la salud es un derecho humano fundamental, porque sin esa atención, sin la salud, se pierde la capacidad de trabajar, de comunicarse, de vivir, de aportar de forma creativa a la sociedad. Por eso son tan importantes las próximas elecciones autonómicas. Es la oportunidad para cambiar este rumbo deshumanizado e indigno de la exclusión sanitaria.



domingo, 15 de marzo de 2015

Gasto Sanitario Público: 10.000 millones menos en cuatro años ¿había (hay) alternativas?


El Gasto Sanitario Público en España se ha recortado en 9.933 millones de euros entre 2009 y 2013, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE-1). En 2013 se gastaron 63.006 millones. Un recorte del 13,62% en el gasto anual. Resta y sigue…



Si en 2009 el gasto sanitario público suponía un 6,76% sobre la economía nacional (el Producto Interior Bruto), con el último dato publicado supone un 6% del PIB. Un descenso muy importante, que afecta a la disponibilidad de medios profesionales y materiales para la prestación de los servicios sanitarios a las personas que lo necesitan, y deteriora la calidad de los mismos. Unos recortes que penalizan a los más enfermos y a los más mayores (con más esperas, más camas en los pasillos, menos tiempo para las consultas, más co-pagos…). Una señora, de unos setenta años, se acercó a mi después de una charla y me dijo que el médico le había recetado un medicamento para paliar las molestias del linfedema, y al ir a la farmacia le dijeron que no estaba financiado; no lo puede pagar; tampoco puede comprar la manga de brazo; la pensión no le llega. “Es una vergüenza” me dijo un compañero médico. Detrás de estos números fríos hay personas, hay sufrimiento. Por eso no basta reflejarlos, sino que es pertinente preguntar si no había otra salida, otras alternativas. Y si las hay, empujar en esa dirección, frenando el desmontaje de la sanidad pública y aprovechando la crisis para desarrollar una sanidad pública reforzada, moderna, más eficaz y más eficiente, capaz de responder a las nuevas necesidades sociales. Dicen que no había otro remedio, pero no es verdad. Como  decía León Felipe: que no nos cuenten más cuentos. Decía el poeta: “Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto”. Pues esto es lo que yo he visto con los datos de la IGAE.


Análisis.

Se ha argumentado por el Gobierno que los recortes eran inevitables para superar el déficit. Sin embargo, analizando las cifras que ofrece la  misma IGAE en su Avance de la Actuación Económico Financiera de las Administraciones Públicas 2013 (IGAE 2), vemos que las cosas podrían haber sido de otra manera.

El gasto sanitario de un país tiene que tener en cuenta la riqueza nacional, la capacidad de ingresos y gastos totales. La capacidad económica del país, medida por el PIB en España se ha reducido un 2,27% (ver Tabla). Y el gasto sanitario se ha reducido un 13,62%. ¿Por qué esa enorme diferencia? ¿Acaso no hay más necesidades sociales y sanitarias en época de crisis? ¿Acaso la inversión en sanidad no genera riqueza, cohesión, estabilidad social y empleo? ¿No debería haber disminuido menos el gasto social que el PIB precisamente para paliar el impacto de la crisis?

Para intentar comprender si no había más remedio que recortar tanto el gasto sanitario, nos preguntamos: ¿Cuánto han ingresado las Administraciones Públicas y en qué otras cosas se han gastado estos recursos?


Ingresos.

El primer dato interesante es que los Ingresos (recursos no financieros), ascendieron a 393.468 en 2013, con un crecimiento de 17.840 millones, un 4,74% más, sobre 2009. Los ingresos públicos no bajaron, sino que aumentaron.

La fuente principal de ingresos, los Recursos Tributarios, crecieron entre 2009 y 2013 pasando de 321.012 millones de euros a 340.450. Un aumento de 19.437 millones. En relación con el PIB pasamos de unos ingresos del 29,75% a un 32,45%. Es decir, se ingresó más.

Pero lo más importante es que se pudo haber ingresado más todavía. En efecto, si vemos la distribución de esos ingresos notamos que por IRPF y por “impuestos sobre la producción y las importaciones” (IVA y otros), se aumentaron los ingresos más de un 10%. Sin embargo, los ingresos por impuesto de sociedades bajaron ¿Dónde ha ido ese dinero? Desgravaciones, bonificaciones, amortizaciones, “ayudas fiscales”…

¿Cuánto más se podría recaudar si pagaran los que no están pagando? La estimación de ingresos que no están entrando en caja (por diversas causas, modelo fiscal, ingeniería fiscal, elusión, evasión y fraude fiscal) asciende a 79.738 millones de euros. Es la cantidad de más que debíamos ingresar en relación con los países de la “Eurozona-18” (40% de PIB frente a 32,4% en España, “7,6 puntos porcentuales por debajo de la media de la Eurozona-18”, equivalentes a 79.738 millones) (página 26, IGAE-2).


Gastos.

Los gastos totales han bajado un 5,89%. ¿Si ha bajado el gasto en sanidad, en educación, en personal, en inversiones, etc., más del 10%, cómo se explica la diferencia? Porque al mismo tiempo el Estado ha gastado más en otros epígrafes. Básicamente en dos:

-En ayudas a las Entidades de Crédito. En 2013 se contabilizaron ayudas por un importe de 4.897 millones de euros. En 2012 por valor de 39.068. Si hacemos una media de las ayudas anuales entre 2010 y 2012 nos sale una cantidad de 12.373 millones cada año en promedio.

-En pago de intereses. En 2009 se pagaron 18.348 millones, que en 2013 subieron hasta 34.198, es decir, 15.850 millones más.

Cuando se argumentó que había que recortar el gasto sanitario público porque “no había dinero” era, simplemente, mentira; con los datos de la IGAE se puede hacer el cálculo siguiente. Las cantidades que se han ido recortando a sanidad entre 2009 y 2013 suman 23.951 millones (1.859; 3.699; 8.460 y 9.933 respectivamente en 2010, 2011, 2012 y 2013). Entre esos mismos años sí hubo dinero del Estado (de los contribuyentes) para pagar ayudas a las Entidades de Crédito por valor de 49.497 millones (y se han concedido otra serie de ayudas que en total superan los 300.000 millones, según la Comisión Nacional de la competencia). Es decir, se podría afirmar que el dinero que se ha quitado a la sanidad (y a otras políticas sociales) sí estaba, pero se ha dado a los bancos. Se prefirió pagar a las entidades financieras nacionales y extranjeras, y recortar políticas sociales, sueldos, empleos. A eso se le llama en la neolengua “reformas estructurales” y “políticas de austeridad”. Es decir, trasvase de derechos y rentas de las clases medias y los trabajadores a las rentas altas.


¿Había y hay alternativa?

La necesidad de pedir más préstamos y de tener que pagar más intereses se debe, en buena medida, al aumento del gasto por las ayudas a las Entidades de Crédito, y sobretodo por la falta de ingresos, fundamentalmente de sociedades, grandes corporaciones, grandes patrimonios. El problema principal de la sostenibilidad es que no paga más (impuestos progresivos) el que más tiene y más gana, sino menos, o nada. Esto es lo que se debe corregir con urgencia.

Si ingresáramos la misma proporción en relación con la renta que los países de la Eurozona-18, es decir 79.739 millones millones de euros más, y no hubiéramos pagado a las Entidades Financieras esas millonarias ayudas,  no tendríamos que soportar la carga de intereses del Estado. Sin esos dos gastos, “el gasto público a finales de 2013 sería de 425.664 millones” (pág 11, IGAE-2).  Es decir, hubiéramos dispuesto de recursos suficientes con el mismo esfuerzo fiscal de los trabajadores, de las empresas productivas y de las clases medias de este país.

Además, se debe aprovechar la crisis para mejorar aspectos de gestión y evitar gastos innecesarios en todos los ámbitos, logrando un uso más eficiente de cada euro invertido en sanidad.

Con un gasto de 425.664 millones y unos ingresos de 473.205 millones, habría un superávit de 47.541millones, suficiente para recuperar y consolidar el gasto social (educación, sanidad, servicios sociales, pensiones) y fomentar la economía productiva a través de inversiones en investigación e infraestructuras. Y, desde luego, sin que los contribuyentes que están pagando religiosamente sus impuestos pagaran un euro más.

No digo que sea fácil. Pero sí digo que los datos  de la IGAE muestran que es posible otra política fiscal, otra distribución de los recursos, es decir otra política económica y social.

Tabla. Evolución del Gasto Sanitario Público y otros parámetros económicos.

2009 (M€)
2013 (M€)
Variación
% Var
%PIB2009
%PIB2013
Gasto Sanit.
72.939
63.006
-9.933
-13,62
6,76
6,00
PIB
1.079.034
1.049.181
-29.859
-2,77


Ingresos
375.628
393.468
+17.840
+4,74


Gastos
493.865
464.759
-29.106
-5,89


Intereses
18.348
34.198
+15.850
+86,39


Ayudas EC

4.897




Ay EC prom

12.373




Rec. Tribu.
321.012
340.450
+19.437
+6,05
29,75
32,45
IRPF




6,73
7,46
Socied.




2,21
2,01
IVA y otros




8,67
11,12







Ingresos (con
Media EZ-18)

473.205




Gastos (sin ayud EC e Int)

425.664




Fuente: Intervención General de la Administración del Estado


IGAE 1. Intervención General de la Administración del Estado. Contabilidad Nacional. Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas. Información Anual, actualizada a 23 de diciembre de 2014

IGAE 2. Intervención General de la Administración del Estado. Avance de la actuación económica y financiera de las Administraciones Públicas 2013.


jueves, 12 de marzo de 2015

La sanidad: un problema (ya) para el 12% de la población


Los recortes en sanidad van haciendo mella. Y la población lo siente; y cuando le preguntan lo manifiesta. Así, en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS 2015), al preguntar por los tres problemas más importantes que existen en España, un 12,1% de los encuestados contesta: “la sanidad”.





Conviene recordar que en 2011 solamente un 2,9% de la población veía la sanidad como un problema.

A mi juicio tres factores están detrás de este deterioro progresivo:

-La pérdida de derechos (reducción de la protección a los inmigrantes y a españoles que residen fuera del país; la imposición de re-pagos a los pensionistas; la retirada de 500 medicamentos de la financiación pública, etc.).

-La disminución de recursos económicos (los recortes en las plantillas, la falta de inversión en equipamiento y en el mantenimiento de los edificios, la peor calidad del material, etc.).

-La privatización de la provisión de los servicios (concesiones a largo plazo, derivaciones a conciertos privados, etc.), con la fragmentación y debilitamiento del sistema público que ello implica.

En mi opinión, para recuperar la calidad de los servicios sanitarios públicos en España, el gobierno español y los gobiernos de las Comunidades Autónomas deberán enmendar cuanto antes estos tres factores. Son tres heridas por las que se desangra la sanidad pública y es preciso parar la hemorragia.

Ahora las urnas tienen la palabra.


REFERENCIA

CIS (2015). Barómetro. Centro de Investigaciones Sociológicas, Febrero 2015.