jueves, 18 de diciembre de 2014

Nos están robando


Cuando a una persona
que ha ganado cuatro millones de euros en un año
le sale a devolver en su declaración de hacienda
quiere decir que nos están robando.

A los trabajadores que les han bajado el sueldo,
a los que han despedido,
a las clases medias,
a la gente normal,
a quienes levantamos este país con nuestro esfuerzo,
nos están robando.

Al empresario decente que arriesgó sus ahorros,
que creaba empleos
y producía bienes y servicios
hasta que ha tenido que cerrar
por que no pudo devolver el crédito en la crisis,
le están robando.

A los enfermos que no pueden pagar las medicinas
por los copagos y los repagos de una ley injusta,
les están robando.

A las personas dependientes
que han visto como se les quitan las prestaciones
a las que tenían derecho
les están robando.

A los jóvenes que compraron su piso con una hipoteca
por el valor tasado desde el propio Banco
y a los que ahora, al no poder pagar las cuotas
porque perdieron su puesto de trabajo,
les quitan el piso desvalorizado,
les desahucian
y les obligan a seguir pagando el préstamo
por otra ley injusta.
A estos jóvenes que son nuestro futuro,
les roban la esperanza.

Al inmigrante, que cuidaba
personas mayores en sus casas,
y recogía las cosechas en los campos,
al que han quitado el derecho que tenía
a la atención sanitaria,
por una ley que maltrata al más débil,
le están robando la salud.

A la madre cuya hija
se suicidó mientras estaba
en lista de espera para ser atendida
en la unidad de psiquiatría,
porque no había plaza para ingresarla,
le han robado la vida.

No es que no haya,
es que se lo quedan los más ricos,
los que más tienen y más quieren tener,
los que no pagan los impuestos que debieran,
y esconden sus cuentas en Suiza, en Andorra 
o en un paraíso fiscal a buen recaudo,
y además reciben el apoyo
de gobiernos cómplices
que imponen políticas injustas.

Es una lucha de clases,
sorda, brutal,
despiadada,
en la que la mayoría hemos perdido salarios,
empleos, derechos sociales,
becas de estudio,
y fondos para investigación,
mientras los más ricos,
las grandes corporaciones,
los altos ejecutivos,
han duplicado o triplicado
su enorme riqueza.

Es una lucha sin cuartel,
y la estamos perdiendo.

Esta lucha no es de otros.
Esta lucha es nuestra.
O la hacemos nosotros
o no la hará nadie por nosotros.

Es preciso que nos unamos todos.
es preciso que tengamos claro
lo que es nuestro
y lo defendamos,
que defendamos el futuro de nuestros hijos
que luchemos por nuestra dignidad.
Y no vale decir que da lo mismo un gobierno que otro.
Y no vale abstenerse, ni el sálvese quien pueda,
o agachar la cabeza pensando
que no se fijarán en ti.
  
Para volver a recuperar un trabajo digno
y los derechos sociales que eran nuestros
es preciso estar todos unidos
es preciso ser más fuertes
más rápidos, más precisos.

Es preciso crear una marea
con una estructura organizada
capaz de llevarse por delante los abusos,
los desprecios, los insultos y el miedo,
y crear los nuevos fundamentos
de un país libre y solidario
donde impere la justicia
y sea posible día a día
la verdadera igualdad.


 Fernando Lamata

martes, 25 de noviembre de 2014

En defensa del Estado del Bienestar y la Sanidad Pública.


(Ponencia presentada por Fernando Lamata en las Jornadas “Los Servicios Públicos como defensa del Estado del Bienestar” organizadas por la Fundación Juan de los Toyos, Bilbao, 18 de noviembre de 2014).

Es un honor poder discutir y reflexionar con vosotros y con vosotras sobre esta importante cuestión en Bilbao, cuna del movimiento obrero y ejemplo de luchadores por la justicia y por la libertad.

El Estado de Bienestar y la sanidad pública están en peligro.

Para intentar entender por qué, en esta ponencia dedicaré unos minutos a recordar cómo se construyó el Estado de Bienestar, cómo fue posible, para analizar después cómo, porqué y quién lo está desmontando.

Simplificando un poco diré que, en mi opinión, estamos perdiendo la batalla porque atacan el Estado del Bienestar con Drones armados con misiles y nosotros nos defendemos con tirachinas. Para recuperar el terreno perdido, y para extender las conquistas sociales a todos los pueblos de la tierra, tenemos que entender lo que está pasando y diseñar las organizaciones y las estrategias adecuadas. Tenemos que entender que un derecho solamente es derecho si tenemos fuerza bastante para defenderlo.

El Estado de Bienestar en España está siendo atacado y desmantelado en los últimos años pieza a pieza. Nuestro país es el segundo país de Europa en que más ha aumentado la desigualdad en los últimos años. Las “listas de bajas” incluyen: destrucción de empleo y paro masivo para miles de jóvenes; y, para los que trabajan, menos salario y más jornada; disminución de ayuda económica en caso de baja laboral; pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y exigencia de más años de cotización; menos servicios sociales, menos sanidad, etc., etc. Y no han parado: un informe del BBVA Research difundido la semana pasada pide que los parados se paguen su indemnización por despido, y lo dice en un momento en que el Estado ha reducido la cobertura de la prestación por desempleo de un 72% en 2009 a un 53% hoy. Y lo dice en un informe titulado “medidas para favorecer la contratación indefinida”,  en esa neolengua donde la desregulación bancaria se llama “modernización del sistema financiero”, o los recortes sanitarios “garantía de sostenibilidad” o las bajadas de salarios “austeridad responsable”, como aquella neolengua que George Orwell describió magistralmente en su novela “1984” ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?


¿Cómo se construyó el Estado del Bienestar?

A lo largo de tres generaciones habíamos alcanzado una sanidad pública de calidad y para todos. No fue un regalo del cielo. La sanidad pública en España y en Europa fue una conquista de los trabajadores y de las clases medias que se fue construyendo a lo largo del siglo XX. Fue un logro extraordinario: por primera vez en la historia todas las personas tenían derecho a la atención sanitaria pública, de acuerdo con sus necesidades, y sin tener en cuenta su clase social o su riqueza. La sanidad española ofrecía una atención de calidad, con un coste razonable proporcionado al nivel de renta del país. Los resultados en salud eran excelentes; entre los años 2000 y 2011, gracias al trabajo y la dedicación de buenos profesionales, el Sistema Nacional de Salud se consideraba uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo (relación entre resultados y coste), según informes de la OMS, OECD, agencia Bloomberg, universidad de Washington, etc. Ahora la sanidad pública y el Estado del Bienestar están amenazados. Se ha quebrado el principio de justicia; hay personas que no pueden pagarse los medicamentos; hay personas que ven agravar su enfermedad o la de un ser querido y, a veces, mueren sin recibir atención, aguardando en las interminables listas de espera, o rechazados por no tener tarjeta sanitaria. Se ha vuelto a instaurar la desigualdad ante la enfermedad, como antiguamente. No hay derecho.

Durante gran parte de la historia de la humanidad la mayoría de la población ha sufrido una situación de explotación y de miseria. (Todavía hoy, en la mitad del planeta millones de personas sufren esta explotación, en muchos países de África, Asia, Latinoamérica: con jornadas de 12 y 16 horas, 6-7 días en semana, y salarios de 35€ al mes…). Los campesinos, los mineros, los marinos, desde tiempos inmemoriales, y los obreros de la industria en las fábricas, después de la revolución industrial, recibían también aquí salarios de miseria, suficientes solamente para reponer su fuerza de trabajo.  Recordemos el Informe referente a las minas de Vizcaya que en 1904 elaboró la Comisión de Reformas Sociales.

Como cantaba la copla: “los señores de la mina/ han comprado una romana/ para pesar el dinero/ que todita la semana/ le roban al pobre obrero”. O como escribía Miguel Hernández denunciando la situación de los niños campesinos: “Contar sus años no sabe/ y ya sabe que el sudor / es una corona grave/ de sal, para el labrador… Le veo arar los rastrojos / y devorar un mendrugo/ y preguntar con los ojos / que por qué es carne de yugo”. La mayoría de los trabajadores eran analfabetos y sus hijos no tenían bastante para comer,  para abrigarse o tener un alojamiento digno. En España, en 1900, la esperanza de vida al nacer era de 37 años porque los niños y los obreros morían de hambre y de las enfermedades infecciosas, cólera, tuberculosis, gripe, que se cebaban en las personas desnutridas que trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. El relato de Gregorio Marañón cuando viajó a las Hurdes en 1922 es estremecedor. Después de examinar a los hombres y mujeres de la zona, investigando la llamada “enfermedad de las Hurdes” concluye: “El diagnóstico de su enfermedad es evidente: hambre aguda”.

El sistema capitalista establecía que los beneficios de la actividad económica (la plusvalía) se quedaban en las manos de las personas pudientes, de los capitalistas, de los latifundistas. Era la ley.

La atención sanitaria era un problema de cada uno, un problema PRIVADO. El que podía se pagaba su atención (las igualas, la consulta particular). El que no, se moría con su enfermedad sin tratamiento. Para los pobres se utilizaba la beneficencia en los grandes hospitales, que eran lugares para morir, más que para recuperarse, según retrata Philip Hauser en su informe sobre la situación sanitaria y social en Madrid en 1900.

El Movimiento Obrero de la segunda mitad del XIX y principios del XX tenía un objetivo revolucionario. Abolir la propiedad privada de los medios de producción. Cambiar el sistema económico capitalista por un sistema económico socialista. En algunos países, como Rusia en 1917, se llevó a cabo la revolución. En otros países europeos, sin descartar el objetivo final, se planteó una estrategia reformista, de mejores progresivas de las condiciones de vida y de trabajo: reducción de jornada, retiro obrero, aumento de salario, descanso semanal retribuido, vacaciones retribuidas, seguro de enfermedad, seguro de accidentes de trabajo, educación pública obligatoria, etc.

Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT, proponía una estrategia que combinara la acción sindical y la acción política. Así lo explica en el librito Las Organizaciones de Resistencia (1904): “…la tisis, la anemia, el tifus y otros graves padecimientos son compañeros inseparables de los proletarios españoles. El mejor antídoto contra todos estos males de la clase trabajadora es una buena remuneración y una jornada de trabajo lo más corta posible. .. Logrando una alimentación mejor que la que hoy tienen y un descanso mayor del que les conceden los explotadores, los trabajadores de nuestro país adquirirían las condiciones necesarias para luchar por los intereses de su clase: vigor, energía, inteligencia y actividad”.  Pero ¿cómo conseguirlo?

La huelga puede hacer que los obreros de un oficio, de una localidad, o en todo el país, aumenten su salario o disminuyan las horas de trabajo; pero cualquiera de las dos mejoras corre el riesgo de desaparecer en cuanto abunden los brazos obreros.

La acción política puede obtener una ley relativa a los salarios, a la jornada, a la salubridad de los talleres o las fábricas, a los accidentes de trabajo, al retiro o pensión de los obreros viejos, etc. y esta mejora, sobre beneficiar a gran número de obreros, no puede ser aniquilada por tales o cuales oscilaciones de la industria”.

Con las huelgas y manifestaciones organizadas por el Movimiento Obrero y con las leyes sociales aprobadas en los Parlamentos Nacionales, se fue creando un espacio de DERECHOS SOCIALES, un espacio PÚBLICO, es decir, de todos. Se cambió la Ley.

Para poder financiar esos derechos se debía recaudar a los propietarios y empresarios parte de los beneficios de la producción, fruto del trabajo de todos, a través de impuestos y cotizaciones sociales, para, de esta forma, devolver parte de la plusvalía a los trabajadores y dedicarla a sanidad, educación y pensiones de jubilación para el conjunto de los trabajadores y la sociedad.

Hasta 1910 los impuestos y cotizaciones sociales en Europa solamente ascendían a un 10% de la riqueza nacional. Con ese dinero se podía pagar el ejército, la policía, los jueces y unas mínimas inversiones públicas. Poco a poco, con la presión social, la lucha del movimiento obrero, la negociación colectiva y las leyes fiscales y sociales, se fue aumentando el volumen de ingresos públicos hasta alcanzar un 41% del PIB. En algunos países alcanzó el 45-48% (Francia, Dinamarca). Este dinero sirvió para poder financiar los sistemas públicos de pensiones, sanidad y educación, además de otras políticas públicas e infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos, otros servicios sociales, etc…).

Es muy importante tener en cuenta que los impuestos y cotizaciones, para que fueran justos, debían ser progresivos, es decir, aportando más proporción el que más tenía y el que más ganaba. Así, el tipo marginal de los impuestos sobre las rentas más altas, que en 1910 era del 5% en los países de la UE, pasó al 75% en 1950.

Parecía haberse logrado un equilibrio entre el espacio privado y el público, garantizando por un lado la libertad de empresa, la propiedad privada, la herencia y el beneficio individual espoleado por el ánimo de lucro, pero estableciendo por otro lado derechos sociales para todos y asegurando su financiación con parte de los beneficios de la economía, que eran producidos por los trabajadores. Era el llamado Estado del Bienestar. En ese marco, en ese proceso, la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por Ernest Lluch, reconoció el derecho a la atención sanitaria igual para todos, la universalización de la sanidad. En Europa la mayoría de los países avanzaron en la misma dirección.



La desregulación financiera y el nuevo capitalismo. Ruptura de equilibrio entre rentas (y beneficios sociales) del trabajo y rentas del capital.

El nuevo capitalismo de casino.

Pero desde los años 80 se comenzó una etapa de cambio que se hizo evidente en la crisis financiera de 2007 y sus consecuencias. En aquellos años se produjo la desregulación financiera, que tiene tres elementos (según analiza con acierto el profesor William Black): productos financieros tóxicos (como las hipotecas basura), entidades “too big to fail” (demasiado grandes para dejarlas quebrar) y desproporcionada remuneración de los altos ejecutivos de las grandes corporaciones en función de ventas. Esta desregulación se impulsa con  la difusión de un discurso neo-liberal que defendía la iniciativa privada por encima de todo y pedía la eliminación de todo tipo de regulaciones que le perjudicaran. Se inició un proceso de desmantelamiento de lo público. Las grandes fortunas querían más parte del pastel. Más parte de la riqueza nacional. Y comenzó  una presión para rebajar los impuestos, crear beneficios fiscales, créditos fiscales, bonificaciones, exenciones, supresión de los impuestos sobre la propiedad, la riqueza y la herencia, y una serie de artificios que permitían aplicar ingeniería financiera, de tal manera que los más ricos pagaban menos que los trabajadores y las clases medias. El fraude y la evasión fiscal completaban el panorama. Así, a lo largo de los últimos 20 años se ha llegado a un sistema fiscal regresivo, en el que el peso del esfuerzo fiscal recae en las clases medias y los trabajadores. Si nosotros pagamos 20, 30 o 40% de la renta, las grandes fortunas y las multinacionales pagan 1% o no pagan, gracias a la ingeniería fiscal.

Estos cambios han sido posibles porque el nuevo capitalismo ha roto el equilibrio, ganando la batalla a los gobiernos democráticos y a la ciudadanía. Como decía Warren Buffet en 2005: “claro que hay lucha de clases, pero esta la hemos empezado nosotros y la estamos ganando”.

Oxfam Intermón califica esta situación como un secuestro de la democracia en su informe “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”.

El nuevo capitalismo financiero global, el capitalismo de casino, no tiene fábricas ni crea bienes tangibles, genera productos financieros, economía de papel; no está localizado en un pueblo, no está cerca de la gente; es muy difícil de regular y maneja enormes sumas de dinero. Tiene más poder que las organizaciones sindicales y los gobiernos de ámbito nacional. La presión sindical clásica (huelgas y manifestaciones) no le da miedo, no le hace apenas daño, y las leyes nacionales no son suficientes  para controlar su actividad, porque su ámbito de juego es internacional. La clase social de los más ricos se había hecho más fuerte desde los años 80, consiguiendo la desregulación financiera y unos métodos que le permitían evadir la presión fiscal nacional.

Al mismo tiempo, la clase trabajadora se había hecho más débil. En vez de agruparse y unirse, se había atomizado. La ciudadanía había cambiado también. Las mejoras de las condiciones de vida, de salarios, de vivienda, el acceso al crédito para el consumo, la participación con la compra de acciones en el “capital”, el individualismo y el consumismo, cambiaron la sociología de las clases sociales. La mayoría de los asalariados están en el sector servicios, con estructuras sindicales menos fuertes que el sector industrial. Junto a 17 millones de asalariados hay 9 millones de pensionistas, más de 5 millones de parados, 4 millones de amas de casa no asalariadas, millones de inmigrantes… es otra sociedad, y no está organizada como clase, no está unida para defender sus derechos. Si los luchadores de finales del XIX y principios del XX no tenían nada que perder, esta clase media había logrado un bienestar, fruto de esas luchas, y teme perderlo.

Entonces la izquierda política desdibujó su discurso con las “terceras vías”. Así como la derecha europea había asumido los programas redistributivos socialistas o social-demócratas en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 80 y 90, la izquierda, aunque manteniendo sus objetivos en políticas sociales y de derechos civiles,  “compró” el discurso económico de la derecha: más “flexibilidad” laboral, desregulación de los mercados, libre elección, supuesta mayor eficiencia de la gestión privada, bajada de impuestos y normas fiscales aunque favorezcan más a los más pudientes, etc. La afirmación “bajar los impuestos es de izquierdas” fue un error, como lo fue cambiar el artículo 135 de la Constitución. En un sistema capitalista los impuestos son la única manera de equilibrar las rentas, de que los trabajadores recuperen parte de la plusvalía que les corresponde por derecho, de poder financiar la sanidad, las escuelas, la investigación pública, las pensiones… Lo que hace falta es que sean unos impuestos justos, en los que paguen más los que más tienen, y donde se luche sin descanso contra la evasión y el fraude fiscal. No se trata de que los pobres y las clases medias paguen más, se trata de que paguen los que no están pagando, los más ricos y las grandes corporaciones.

La crisis es consecuencia de la codicia desmedida de los altos ejecutivos de las entidades financieras y de la falta de regulación y control públicos, por la debilidad de los gobiernos y las organizaciones sociales. La crisis no es consecuencia de la deuda pública, que en España era muy razonable hasta 2008 (un 50% del PIB). La crisis es consecuencia de la deuda privada que aumenta hasta un 300% del PIB desde 1998 por la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria. Cuando estallan se destruyen más de 3 millones de puestos de trabajo, caen los impuestos de las grandes sociedades y grandes corporaciones y se toma la decisión, a mi manera de ver equivocada e injusta, de inyectar más de 360.000 millones de ayudas a las entidades financieras (entre 2008 y 2012) y prestarles más de 100.000 millones al 1% de interés, y cambiar la Constitución para garantizar el pago de intereses por los préstamos pedidos a esas mismas instituciones, al 3, 4 o 5%... Es un trasvase de rentas (salarios y recortes de derechos sociales) de los trabajadores a los más adinerados y las grandes corporaciones. Mientras en 2012 el Gobierno de España aprobaba los Reales Decretos para recortar la sanidad, la dependencia y otros servicios públicos, por valor de 10.000 millones de euros, porque no había, ese mismo año transfirió más de 70.000 millones a los bancos y les avaló otros 70.000 millones. ¿Cuánto de esas ayudas vamos a recuperar?

El mundo había cambiado y la izquierda, el movimiento obrero y las clases medias no se habían fortalecido en el proceso. Estaban y están divididas.

Es preciso repensar las organizaciones sindicales y políticas, sus métodos y sus ámbitos de actuación, para lograr un nuevo equilibrio de distribución de la renta entre público/privado, ese equilibrio 45/55 que se había logrado en la UE (donde, desde luego, ese 45% correspondiente a los recursos públicos se recauden de forma progresiva y se gasten de manera eficiente y honesta, controlando la corrupción).


La derecha neo-liberal aprovecha la crisis para recortar. Privatización sanitaria.

En ese contexto prende con facilidad el discurso populista neoliberal. Aprovechando la situación de crisis, el cierre de empresas, los desahucios, el paro, el malestar general, el descrédito de “los políticos”, el Partido Popular hace un discurso contra lo PÚBLICO, contra los maestros de la escuela pública, contra el personal sanitario de los centros públicos, diciendo que son ineficientes, que no se pueden financiar, que hay que “ajustar” (recortar), que se deben tomar medidas de “austeridad” (quitar a los pobres para dar a los ricos) para “garantizar la sostenibilidad” (desmantelar lo público y potenciar lo privado), pervirtiendo el lenguaje y dando gato por liebre.

Los conservadores, en España y en otros países no querían la sanidad pública. Pero no se atrevían a decirlo. En España Alianza Popular votó en contra de la Ley General de Sanidad que promulgaba la universalización de la atención sanitaria pública. Ernest LLuch, ministro de sanidad que fue asesinado vilmente por ETA, recordaba la campaña organizada contra la aprobación de la Ley por el presidente de la CEOE y por el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos Ramiro Rivera, con el asesoramiento de Pedro Arriola. No querían que la atención sanitaria fuera un derecho. Pensaban como Thatcher, que era un problema de cada uno:

En los papeles desclasificados del Gabinete de Thatcher (1983) podemos leer: “Se deberá poner fin a la provisión de atención sanitaria por el Estado para la mayoría de la población. Los servicios sanitarios serán de titularidad y gestión privada, y las personas que necesiten atención sanitaria deberán pagar por ello. Aquellos que no tengan medios para pagar podrán recibir una ayuda del Estado para pagar por su atención, a través de algún sistema de reembolso”.

Pero entonces no se atrevieron a desmontarlo. Ahora sí.

El discurso neoliberal del Partido Popular se ha construido con tres mentiras:

1. Primera mentira: “Lo público, la sanidad pública, no es sostenible. La crisis la provocó el gasto público excesivo, el déficit y la deuda pública. No podemos gastar lo que no tenemos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tenemos que recortar”. Falso, como he señalado antes, lo que aumentó en España de forma brutal fue el gasto privado y la deuda privada, fundamentalmente de las entidades financieras (del 100 al 300% del PIB desde 1998 a 2008, mientras el déficit público se mantenía en la misma cifra, en el 50% del PIB). El gasto público (incluido el gasto sanitario) era menor que la media de la UE-15 en relación con el PIB, 5 puntos menos, y eso es mucho dinero.

Lo que pasó es que se hundieron los ingresos públicos, fundamentalmente por la caída del impuesto de sociedades (que pasó de recaudar 45.000 millones € a 20.000), en gran parte por un modelo fiscal regresivo y por el fraude fiscal. Para esconder las rebajas de impuestos a los más ricos la derecha dice “hay que bajar los impuestos a las clases medias”. En realidad se hacen rebajas simbólicas a los trabajadores y rebajas mucho mayores (o mantenimiento de los privilegios) a los más pudientes, con lo que bajan los ingresos y se recortan más prestaciones de los servicios públicos y su calidad. Es decir, hay un trasvase de rentas de los menos pudientes a los más pudientes.

El boquete fiscal y las ayudas a los bancos “justificaron” la necesidad de recortar los servicios públicos. Entre ellos la sanidad.

Según datos del Gobierno de España, entre 2009 y 2012 se han recortado 6.400 millones € de gasto sanitario público (un -9,1%). En 2014 el recorte se estima en 10.000 millones. Para 2017 el Gobierno ha fijado un objetivo del 5,3% del PIB, lo que supondría otros 10.000 millones menos.

Esto ha supuesto 50.000 profesionales sanitarios menos, menos inversiones, menos plazas de formación de residentes, … menos calidad de servicio, más listas de espera, más descontento con la sanidad pública.

Mientras tanto hay un desplazamiento a la financiación privada: más copagos, y más personas que utilizan la sanidad privada por las listas de espera (los que pueden pagar). Entre 2011 y 2012 850 millones más de gasto privado. El % de gasto sanitario público sobre el total de gasto sanitario ha bajado de 74% al 70%, cuando en la media de la UE-15 estaba en 80%. Según el informe de Vulnerabilidad Social publicado por la Cruz Roja el jueves 13 de noviembre, más de 800.000 personas con tarjeta sanitaria no pueden pagar los medicamentos que les ha prescrito el médico.

2. Segunda mentira: “No podemos regalar la sanidad a los inmigrantes ni a los que no trabajan. La culpa la tienen los inmigrantes que vienen a que se les reconozcan derecho sin aportar. Hay que quitar la universalidad”. Falso, los inmigrantes vinieron desde el año 2000 precisamente por la desregulación financiera e inmobiliaria y el crecimiento sobrecalentado de la economía. 5 millones de personas vinieron porque las necesitaban los empresarios de la construcción, de la hostelería, del campo, y miles de familias para cuidar a las personas mayores y los hogares. Ellos aportaron y aportan trabajo y también impuestos directos e indirectos. Han generado mucha más riqueza en España de lo que han consumido.

Entre 2011 y 2014 se han reducido más de 1.000.000 de tarjetas sanitarias. La mayoría se les han quitado a los inmigrantes residentes en España sin permiso de trabajo oficial. Muchos de ellos están trabajando como pueden y consumiendo lo que pueden, pagando los impuestos indirectos como todo el  mundo y prestando un servicio (cuidado de personas mayores, agricultura, limpieza, etc.) que sin ellos quedaría desatendido. Se cambia otra vez el concepto de derecho, de ciudadano, a asegurado. Ahora les ha pasado a ellos, después nos puede pasar a otros colectivos, desasegurándonos porque no es sostenible, etc.

Se nos ha retirado, a todos, la financiación de 500 medicamentos para síntomas “menores”, muchos de ellos necesarios.

Se está desprestigiando la sanidad pública. Se ha reducido, para todos, la calidad y dificultado el acceso (listas de espera). El 73,88% de la población consideraba la sanidad buena y muy buena en 2010. En 2013 ha bajado al 65,87%, 8 puntos menos.

3. Tercera mentira: “Tenemos que privatizar la gestión porque la gestión privada es más eficiente y la pública es muy rígida e ineficiente”. Falso, la gestión sanitaria privada es, en término medio, un 30% más cara que la gestión pública. Por los gastos burocráticos de contratación, facturación y control, por el beneficio industrial, por el coste de los rescates, por el incremento de actividad innecesaria y las derivaciones de los casos más complejos, etc. Se privatiza porque es un negocio para aquellos que realizan la actividad, sobretodo en el modelo de concesiones a 10, 20 o 30 años. Las concesiones son un nuevo “producto financiero” que obtiene beneficios con la compraventa a fondos de inversión de riesgo.

El paradigma de la gestión sanitaria privada es el modelo sanitario norteamericano, que cuesta el doble que el modelo europeo, con peores resultados en salud. Es el más ineficiente de los países desarrollados.

Se fragmenta la atención sanitaria, se pierde la continuidad asistencial, la motivación para la prestación de servicios (a quién, cuándo, qué) no es la salud de las personas y los pacientes, sino del ánimo de lucro del inversor.


Tenemos que combatir estas tres mentiras y sus efectos:

El debate de la financiación y la sostenibilidad.

Una financiación pública de la sanidad suficiente (en la media de los países de la UE-15), en torno a 7,5%-8% del PIB (en lugar del 5,3% que propone Rajoy). Es urgente y prioritario construir un nuevo sistema fiscal y acabar con el fraude. Con el nivel de renta de España, logrando un sistema fiscal que recaude la misma proporción que la media de la Unión Europea de los 15 (recuperando 8 puntos más de PIB, equivalente a 80.000 millones de euros, bastante más que todo el gasto sanitario público), podemos mantener y mejorar una sanidad excelente, sin trocearla, sin malvenderla, sin privatizarla, sin poner en riesgo su futuro. Para ello hay que construir un sistema fiscal progresivo en el que los ricos y las grandes corporaciones paguen mayor proporción que los demás, de manera real.

El debate de la universalidad.

Una sanidad para todos, como un derecho de ciudadanía, financiada con impuestos y sin repago en el momento de utilizarla. El copago, como hemos defendido y se ha demostrado ahora, penaliza a los más pobres y más enfermos.

La sanidad es una inversión social. Garantiza a todas las personas la seguridad de que serán atendidas cuando lo necesiten, ellas y sus familiares. Esta seguridad crea estabilidad y cohesión social. Y esta cohesión se traduce en paz social y en aumento de la productividad y la generación de riqueza.

El debate de la gestión.

Una sanidad que se lleve a cabo principalmente en centros públicos, de propiedad pública, con gestión directa, con un compromiso firme en la atención a los pacientes, y no sometida a los intereses de los accionistas y el ánimo de lucro. La sanidad con financiación pública y gestión privada puede ser complementaria, pero no una alternativa. Donde así ocurre el gasto sanitario público es mucho mayor, y España no puede  permitírselo. Todas las concesiones plurianuales deberán ser revertidas.

La sanidad pública, con una financiación suficiente, será una sanidad moderna, eficaz, con buenos profesionales, que dispongan de buenas condiciones de trabajo, buenos medios técnicos y buena organización, para ofrecer una excelente calidad de atención, como la que teníamos.

Es decir, la defensa de lo público exige:

-Parar y revertir la des-financiación y los recortes.
-Parar y revertir la des-universalización.
-Parar y revertir la privatización de la gestión.

Conviene insistir: no es tolerable que con el nivel de renta de este país (22.000€ de renta per capita) más de 800.000 personas no puedan comprar las medicinas que les recetan los médicos. No hay derecho a que ese dinero se lo estén llevando los más ricos.

La defensa de lo público es la única garantía de que todas las personas, independientemente de nuestra condición social, podamos vivir con dignidad.


El debate de los valores.

Para construir mayorías sociales y organizaciones sociales que vertebren esas mayorías es preciso compartir unos valores que nos movilicen. Esos valores son la convicción de que todas las personas somos iguales de raíz. Somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, a la vida, a la libertad, la dignidad. Y por lo tanto a la salud, que es condición para la vida, para la autonomía, para el trabajo y el estudio, y para disfrutar del descanso, la familia y los amigos.

No puede haber libertad sin igualdad real. No puede haber vida human digna sin unas condiciones de trabajo y de vivienda aceptables, sin unos ingresos económicos cuando no se esté en condiciones de trabajar (jubilación, enfermedad, etc.), sin una educación que fomente nuestro desarrollo, sin un descanso diario y semanal, y sin atención sanitaria pública cuando sea precisa.

Este planteamiento se basa en la convicción de que las personas queremos vivir y queremos que todos puedan vivir en estas condiciones. En España y en todas las partes del mundo. Consideramos que es lo justo, porque la mayoría de las personas queremos aportar nuestro esfuerzo al desarrollo personal y social, queremos generar bienestar para nuestra familia y para la sociedad en la que vivimos, pero nacemos en situaciones desiguales. Una familia tiene más o menos medios que otra. Y, cuando accede al mundo del trabajo, su situación también será desigual. El sistema económico remunera el esfuerzo de cada uno de manera muy diferente, y se establecen grandes diferencias de renta y de posibilidades. Los poderes públicos, que en una democracia nos representan a todos, deben equilibrar esa desigual distribución de renta primaria, no como limosna, sino como un ejercicio de justicia, como un derecho: distribuir el fruto del trabajo, del esfuerzo de todos, de una mejor manera, más equilibrada.

Nosotros pensamos que esta forma de distribuir la riqueza ha demostrado en Europa, en la segunda mitad del siglo XX, que es posible el crecimiento económico y la garantía de igualdad frente a las necesidades de prestaciones sociales claves: sanidad, educación, seguridad social (pensiones), etc.

Por el contrario, quienes piensan que cada uno debe velar solo por sus propios intereses y que el beneficio común se derivará de la suma de los comportamientos egoístas y explotadores de cada una de las personas, dejando actuar libremente la codicia como motor humano, promueven una sociedad más desigual, des-equilibrada, sostenida por las fuerzas de orden público y el miedo, sin correcciones a través de ingresos fiscales ni políticas sociales. Esa sociedad limita la libertad real de las personas porque les cierra todas las puertas. Y sálvese quien pueda.

Hoy la balanza se inclina de este segundo lado. Y cada vez quieren más. Solo desde la honestidad intelectual y la voluntad firme de las personas y los movimientos sociales organizados en defensa de la igualdad y la justicia, será posible mantener y recuperar una sanidad pública de calidad y para todos.

No es mi intención aquí definir cuáles han de ser las estructuras y métodos de los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda. Tengo más preguntas que respuestas. Deben combinar, como hicieron nuestros mayores en los albores del siglo XX, la presión social y la acción política. Pero, además de la dimensión local y sectorial, deben tener una dimensión europea y global para que las legislaciones sociales, laborales, fiscales, etc. sean eficaces. Deben crear alianzas y construir plataformas sociales globales (donde además de los asalariados estén los pensionistas, las amas de casa, los jóvenes, los parados, …). Deben utilizar las herramientas y métodos del siglo XXI, además de las huelgas y las manifestaciones.

Y, desde luego, como entonces, el primer paso es crear conciencia social, conciencia de esta “nueva clase” de ciudadanas y ciudadanos, de trabajadores y clases medias, frente a los altos ejecutivos de las grandes corporaciones y la derecha que defiende sus intereses.

No podremos defender nuestro Estado del Bienestar sino consideramos que los problemas de las trabajadoras del textil de BanglaDesh son nuestros problemas, como lo son los problemas de los mineros de América Latina o de los agricultores de Africa.

Antes, cuando hablábamos de Huelga General, nos referíamos a una huelga de ámbito nacional. Ahora, cuando hagamos convoquemos una huelga general no será una huelga nacional, será una huelga europea o mundial. Qué pasaría si dejáramos de comprar en todo el mundo, durante una semana, todos los productos de una marca que explota a los trabajadores en India, o en Bangla Desh o en Malasia.

Una huelga general de transporte deberá ser mundial. Y, sobretodo, los trabajadores volverán a tener fuerza negociadora cuando puedan organizar huelgas al sistema financiero: bloqueando todas las transacciones financieras durante un día, durante una semana, paralizando los sistemas informáticos. Organizando compras o ventas masivas de determinados valores durante un día, una semana, organizando lobbies como hacen los especuladores. Boicoteando sin fisuras todas las compañías y entidades que utilicen paraísos fiscales…  Nuevos métodos de presión para nuevos tiempos. Solamente desde una capacidad de presión eficaz a nivel global podremos volver a impulsar e imponer leyes justas.

Las leyes sociales y laborales volverán a ser reales cuando sean mundiales, con acuerdos sobre fiscalidad con impuestos globales a la fortuna y a las transacciones financieras. Con prohibición de la banca en la sombra y de productos financieros tóxicos, igual que se prohíbe exportar pescado o carne podridas.

Parece una utopía. Pero también lo parecía la lucha contra la esclavitud, o la lucha por la jornada de 8 horas, o por una sanidad pública y de calidad. Y nuestros compañeros y compañeras, con lucha a través de los años, lo hicieron posible. Ahora nos toca a nosotros enfrentar los desafíos de este nuevo siglo y de este capitalismo depredador. Solo si no lo intentamos no lo conseguiremos.

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NOTA. En el libro Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud) desarrollamos con más extensión estas reflexiones.


viernes, 14 de noviembre de 2014

En el último año 840.000 personas tuvieron problemas para comprar los medicamentos que necesitaban.


 En el libro Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud) [1] llamábamos la atención sobre la disminución de las medicinas dispensadas por las farmacias a cargo de la sanidad pública como consecuencia del aumento del pago exigido al paciente en el momento de comprar la medicina (repagos) y por la des-financiación de algunos medicamentos eficaces: un 11,68% menos entre 2011 y 2013 (113, 6 millones de recetas menos). Es posible que antes parte de las medicinas no estuvieran bien indicadas, pero seguramente otras eran necesarias. Nosotros nos preguntábamos: “¿Cuántos de esos miles de medicamentos que dejaron de prescribirse o retirarse de las farmacias eran necesarios pero el paciente no podía pagarlos?”.

La Cruz Roja nos da la respuesta en su Boletín nº 9 sobre la Vulnerabilidad Social dado a conocer el jueves 13 de noviembre [2]. Durante el último año, de las personas atendidas por ellos, 840.000 personas confesaron tener dificultades económicas para cubrir gastos relacionados con su salud, principalmente para pagar las medicinas.

A estos hay que añadir aquellos cientos de miles de personas a los que se les ha quitado la tarjeta sanitaria por ser extranjeros.

Es una lacra para nuestra conciencia saber que hay a nuestro lado personas que no pueden pagar las medicinas, cuando la renta de este país, de más de 1 billón de euros, más de 20.000 euros por persona, permitiría financiar una sanidad completa y de calidad para todos, y sin repagos. Ese dinero que se quita a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, etc., se lo llevan las personas de rentas más altas y las grandes corporaciones que no pagan impuestos, favorecidos por un sistema fiscal regresivo, donde pagan más los que menos tienen, creando un boquete en los ingresos de más de 80.000 millones de euros cada año. El dinero para pagar esas medicinas (y mucho más) está, pero se lo quedan otros. Los más poderosos. Es una injusticia flagrante que no debemos permitir.

Conviene recordar que la Constitución Española dice lo siguiente:

Art.128, 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está al servicio del interés general.
Art.31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Art.43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Viendo el informe de la Cruz Roja ¿cree el Gobierno que estos tres artículos se están cumpliendo? ¿Acaso debería también aquí el Gobierno ordenar actuar a la fiscalía? Entre tanto, debemos alzar nuestra voz los ciudadanos, los colegios profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos y los partidos políticos progresistas, porque esta injusticia es intolerable.




martes, 4 de noviembre de 2014

Eficiencia Sanitaria y Eficiencia Fiscal

(artículo publicado en Médicos y Pacientes)

¿Además de preocuparnos de la eficiencia del sistema sanitario, deberíamos preocuparnos también por la eficiencia fiscal?

El Ranking de la Agencia Bloomberg 2014 de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. trae para España dos noticias, una buena y una mala.

-La buena noticia es que este año (con datos referidos a 2012). España figura en el puesto número 14 del mundo, y en el puesto cuarto de los países de la UE.

-La mala noticia es que en el ranking del año pasado (con datos referidos a 2011). España figuraba en el quinto puesto mundial y el primero de la UE.

Dicho de otra forma, España tenía, y todavía tiene, un sistema sanitario eficiente en comparación con los otros países, pero la crisis y la forma en que se ha gestionado nos está afectando más negativamente. El gasto sanitario público se ha recortado en más de un 10% desde 2009, y esto ha supuesto 50.000 profesionales menos, más lista de espera y una disminución de la valoración del servicio por la población. El Profesor Barea, que desempeñó importantes responsabilidades en la gestión de la Hacienda Pública, insistía en la necesidad de cuadrar ingresos y gastos, evitando el Déficit y el crecimiento de la Deuda. Esto exigía sistemas eficaces de control del gasto y una gestión sanitaria eficiente. Pero también requería conseguir unos ingresos públicos suficientes a través de un sistema fiscal eficiente y justo.

Con los recursos disponibles en cada momento se debe intentar hacer mejor las cosas, lograr los mejores resultados en salud y satisfacción posibles. Pero si los recursos son mucho menores, probablemente la calidad del servicio se verá afectada. No se puede ofrecer el mismo servicio sanitario público con un 7,2% de PIB (el gasto sanitario público en 2009) que con un 5,3% de PIB (el gasto previsto para 2017 según la Actualización de Programa de Estabilidad 2014-2017, p.42), es decir, no podemos garantizar los mismos servicios con 1.600 euros que con 1.200 euros por persona y año.

¿Pero porqué reducir tan drásticamente los recursos? La razón esgrimida es el exceso de déficit y deuda pública. “No podemos gastar más porque no hay”. En ese caso deberíamos de preguntarnos también ¿por qué han caído los ingresos?, o ¿en qué otras partidas han aumentado los gastos? Revisemos algunos datos: desde 1998 hasta 2008, cuando comenzó la crisis, la Deuda Pública se situaba en torno al 50% del PIB, una cifra moderada. En cambio, la Deuda Privada, que se había mantenido hasta 1998 en torno al 100% del PIB, se disparó desde ese año hasta alcanzar en 2008 el 318% del PIB. En sólo diez años se triplicó. Simplificando, aproximadamente un tercio de la Deuda Privada es deuda de familias, un tercio de empresas no financieras y un tercio de empresas financieras. Las dos primeras las han afrontado como pueden empresas y familias, asumiendo pérdidas, quiebras y desahucios. La deuda de entidades financieras, en cambio, ha sido asumida en buena parte por el presupuesto público, a través de diversos mecanismos, generando Deuda Pública, que ha alcanzado ya el 100% del PIB.

Conviene insistir: el aumento del Déficit y de la Deuda Pública fue consecuencia de la crisis y su gestión, y no su causa. El Déficit y la Deuda Pública en España se han originado, principalmente, por dos causas:

La primera, como se ha dicho, el aumento de los gastos presupuestarios para reflotar entidades financieras, a los que se destinaron ayudas globales superiores a los 200.000 millones de euros. A esas ayudas hay que sumar el pago de intereses y amortización de deuda a dichas entidades, a tipos varias veces superiores a aquellos con los que habían recibido el dinero del BCE (más de 1 billón €); etc. Y también el aumento de los gastos por desempleo.

La segunda, y este dato es clave, una fuerte caída de los ingresos fiscales, fundamentalmente en el impuesto de sociedades. Esta caída tiene que ver con la disminución de la riqueza del país (producción, actividad, empleo), pero, sobretodo, pone de manifiesto la ineficiencia relativa del sistema fiscal español respecto a los países de nuestro entorno: el modelo fiscal español recauda 80.000 millones menos anuales de lo que recaudaría si tuviera la misma eficiencia fiscal que la media de los países de la UE-15. Este modelo fiscal, además de ineficiente, es regresivo e injusto, ya que presiona más a las clases medias y los trabajadores que a las grandes fortunas y grandes corporaciones. Para mantener una buena sanidad, adecuada a nuestro nivel de renta, debemos recuperar los ingresos fiscales apropiados. Esto no quiere decir que paguen más impuestos los que ya los pagan. Esto quiere decir que paguen más, proporcionalmente, los que más tienen y los que más ganan.

Pero, si queremos que no vuelva a ocurrir este problema, también deberíamos reflexionar sobre las causas de la crisis financiera, que condujeron a esa burbuja de Déficit Privado, y lograr que dichas causas se corrijan para que no se sigan produciendo trasvases millonarios desde el presupuesto público a las entidades financieras. William Black, identificó estas causas: a) la elaboración de productos tóxicos (hipotecas basura, preferentes, etc.), b) la creación de entidades financieras que se endeudan masivamente hasta ser “demasiado grandes para quebrar” (por lo que acaban siendo rescatadas), y c) las retribuciones multi-millonarias de los ejecutivos ligadas a prácticas de riesgo. Como reconoció recientemente la directora del FMI señora Lagarde, estas causas siguen sin corregirse. Y, aunque en estos años se han tomado medidas para prevenir que futuras quiebras bancarias no deban ser pagadas por los contribuyentes, mientras tanto el negocio bancario se está trasladando a nuevas formas de banca en la sombra, fondos de inversión, etc., con mucha menor regulación.

Contestando a la pregunta inicial, creo que sí es importante que incorporemos a nuestra reflexión el análisis y evaluación de los ingresos públicos necesarios para una financiación de la sanidad proporcionada al nivel de renta del país, al mismo tiempo que continuamos trabajando en la mejora de la eficiencia y en la evaluación de costes sanitarios. Es decir, por un lado debemos seguir mejorando la eficiencia en el sector sanitario, como insistía el Profesor Barea. Siempre hay margen para hacerlo mejor. Pero, además, hemos de preguntarnos qué dimensión queremos dar a la sanidad, diseñando un sistema fiscal progresivo y equilibrado para financiar un sector clave para la sociedad, un sector generador de riqueza, empleo y conocimiento, y garante de un derecho humano fundamental, el derecho a la atención sanitaria.

Este texto está basado en la intervención en homenaje al Profesor Barea, Jornadas Fundación Signo, Huesca, 22.10.2014.

domingo, 12 de octubre de 2014

Manifiesto contra la exclusión sanitaria



Un grupo de organizaciones ciudadanas, sanitarias y sociales han elaborado un Manifiesto contra la exclusión sanitaria para el que están solicitando apoyo. En él se describen los efectos de discriminación y exclusión respecto a la atención sanitaria que supone la aplicación del RDL 16/2012. Cientos de miles de personas, las más desfavorecidas, las más débiles, se ven privadas del derecho a una atención sanitaria digna y libre de pago en el momento del uso.

El manifiesto pide la derogación del RDL 16/2012 y la aprobación de una nueva Ley de Sanidad que establezca las condiciones para una atención sanitaria de calidad y para todas las personas que residan en España. Como antes de la aprobación de dicho decreto, y antes de los recortes de gasto sanitario que han mermado la capacidad de prevención y respuesta de los servicios de salud.

Se ha abierto un blog, como herramienta para dar seguimiento a las adhesiones y abrir un espacio de diálogo http://contralaexclusionsanitaria.blogspot.com.es/

Puedes adherirte  "clicando" en  https://es.surveymonkey.com/r/EXCLUSION-SANITARIA

¿Qué para qué vale una firma? Ya dice el refrán que “un grano no hace granero pero ayuda al compañero”. Y desde luego yo no he visto nunca un mar, por muy grande que sea, que no esté formado con pequeñas gotas de agua. Una buena sanidad pública solo se puede defender con el firme apoyo de una gran mayoría de la sociedad. La universalidad de la atención, el freno a los recortes en el gasto sanitario público, la recuperación de la gestión pública de la sanidad y el apoyo a los profesionales sanitarios para el desempeño de su tarea solamente se conseguirán con miles de voces dispuestas a exigir hoy, y cada día, una sanidad pública de calidad y para todos.


viernes, 10 de octubre de 2014

La salud mental es una carrera de fondo

La salud mental es una carrera de fondo Hoy celebramos el día mundial de la salud mental: abriendo mentes, cerrando estigmas. Con ese motivo, FEAFES, la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha organizado para el próximo día 18 de octubre, a las 10 de la mañana en las pistas del Canal, una carrera por la salud mental abierta a todas las personas y todas las edades, para hacer visible la salud mental y las dificultades que conllevan los trastornos mentales, así como para reclamar una atención adecuada a las personas afectadas por estos problemas. http://www.carrerafeafes.org/ Una buena salud física ayuda a mantener una buena salud mental. Y viceversa. Para mantener y mejorar una buena salud física y mental hacen falta condiciones adecuadas, por ejemplo una familia, amigos, un trabajo digno, educación, atención sanitaria cuando es precisa, una pensión suficiente para vivir, etc. La crisis se ha llevado por delante algunas de estas cosas. Y ha tenido efectos negativos sobre la salud. Durante la crisis económica que ha afectado a España desde 2008 muchas personas han visto agravados trastornos del estado de ánimo (19% más entre 2010 y 2006) y de ansiedad (8% más). Como consecuencia del aumento de patología ha aumentado el consumo de antidepresivos (10% más en 2012 que en 2009), etc. Y lo más grave, en 2012 se suicidaron en España 3.553 personas, un 11,3% más que el año anterior. López Bernal (2013) ya había señalado un aumento de suicidios respecto a la tendencia esperada entre 2005 y 2010. La falta de empleo (3 millones de empleos destruidos, 50% de desempleo juvenil) o la precariedad laboral están en la base de muchos de los problemas detectados. Precisamente por la crisis hace falta reforzar los programas de prevención y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Sin embargo, en estos años se han recortado los recursos destinados a sanidad de una forma importante, disminuyendo el tiempo de atención, y alargando las listas de espera, no solo para la primera consulta, sino también para las revisiones. Por eso es importante sumar fuerzas para defender e impulsar la salud mental y reclamar la atención de los gobiernos sobre la necesidad de recuperar y ampliar la dotación de profesionales y medios para una buena atención sanitaria. No nos resignamos.

viernes, 19 de septiembre de 2014

#NoalTTIP



El 11 de Octubre se llevarán a cabo movilizaciones en toda Europa para pedir la paralización del TTIP. ¿Por qué? ¿Qué es el TTIP?

La “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) es un tratado que se está negociando en estos momentos entre la Unión Europea y EEUU que podría poner en riesgo, entre otros derechos, la atención sanitaria pública. Los días 29 de septiembre a 3 de octubre se llevará a cabo la séptima ronda de negociaciones en Washington y se espera concluir en los próximos meses.

Portavoces de la Comisión Europea y del Gobierno de los EEUU han destacado los objetivos declarados del acuerdo: disminuir las barreras al comercio de bienes y servicios, aumentar la actividad económica, crear empleo, disminuir costes, etc.

Llama la atención que teniendo objetivos aparentemente tan positivos las negociaciones sean secretas. Esta opacidad, y los antecedentes de otros tratados similares, explican que para muchos analistas el tratado pueda suponer justo lo contrario, pérdida de empleo, destrucción de empresas y un importante retroceso en derechos sociales.

John Hilary, director de la organización War on Want, defiende este punto de vista de forma detallada y rotunda en el documento: “El TTIP, una Carta para la Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia”

También Jeffrey Sachs ha señalado los riesgos del TTIP para la igualdad económica y el medio ambiente, al no incluir medidas políticas para garantizar que este acuerdo se oriente en beneficio de las poblaciones y no de los lobbies y del capitalismo financiero.

¿Cómo podría afectar a la sanidad? ¿En qué aspectos podría impactar negativamente a la salud? Señalo algunos:

-Menor control de riesgos para la salud pública
-Privatización irreversible de servicios sanitarios, con fragmentación del sistema y aumento de costes (y/o pérdida de calidad)  para la ciudadanía que, al no poder pagar, recibiría peor o ninguna atención
-Penalización a los Estados (es decir, a la ciudadanía y los contribuyentes) si se “perjudica” a los inversores, con normativas o decisiones que “disminuyan sus beneficios”. Resolución del litigio sin someterse a los tribunales (Investor-State Dispute Settlement). Este mecanismo supondría “de facto” un blindaje de las privatizaciones.
-Posible reducción de garantías en seguridad alimentaria y protección ambiental (al homologar normativas a los estándares más “flexibles” de EEUU). Eliminación del principio de precaución.

En un reciente artículo publicado en Lancet, Neil Bennet explicaba la preocupación por las implicaciones para la salud del citado acuerdo (The Lancet, September 6 2014; Vol 384: 843-844).

Portavoces de la Comisión aseguran que los servicios sanitarios no se verán afectados, pero, como señala Martin McKee, profesor en la London School of Higiene & Tropical Medicine, las incertidumbres sobre el proceso y el resultado final de la negociación son muy grandes. Por su parte Kenneth Haar, del Corporate Europe Observatory, afirma que la UE sí incluyó en un documento de la negociación los Servicios Sanitarios. A aclarar esta confusión no contribuye en absoluto el hecho de que, como se ha señalado, las negociaciones sean secretas y la documentación estrictamente confidencial.

De ahí que el Presidente de la British Medical Association, Mark Porter, reclame a su gobierno garantías para que el TTIP no afecte negativamente al Servicio Nacional de Salud.

Ante estas incertidumbres, y teniendo en cuenta la dinámica de las negociaciones, McKee concluye que “todo el proceso conduce a un común denominador de mínimos en términos de protección de la salud pública”.

De momento sería bueno mantenernos informados de esta importante cuestión y debatir también sobre la misma en los foros profesionales y sanitarios.