sábado, 21 de noviembre de 2020

¡VIVA LA LIBERTAD!, en memoria de Ernest Lluch

Con tu maleta 

de vendedor ambulante de sueños 

has recorrido España

abriendo caminos

a la libertad y la justicia.

 

Pero de pronto esta noche

te han partido la cabeza con dos balas.

Y yo no quiero creerlo

aferrándome al eco de tu voz

mientras los puños apretados 

encierran toda mi amargura.

 

Ya lo sabe Cataluña,

ya el País Vasco y toda España han despertado

y salen a la calle llorando tu memoria

buscando su memoria en la tuya.

 

Y entonces tú te yergues y dices

que hay que seguir creyendo en la concordia,

y nosotros no queremos oir

porque la rabia tapona todos los sentidos.

Pero tú avanzas con paso firme

y dices más fuerte todavía:

Hemos de abrir espacios a un futuro 

donde las fronteras que matan y dividen

nada más sean un vestigio triste del pasado.

 

Dicen que te han matado Ernest

pero yo veo

que tu palabra se ensancha 

por todo el horizonte

pidiendo que sigamos trabajando duro

para hacer un mundo más libre,

más humano.

 

 A través de la pena 

resurge tu sonrisa,

tu eterna sonrisa irreverente,

y entonces tu flequillo 

se transforma en bandera

que el viento acaricia y enarbola

gritando contigo,

gritando con todos nosotros


¡Viva la Libertad!



En memoria de Ernest Lluch, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000.

Un gran ministro de Sanidad que impulsó la Ley General de Sanidad, con el objetivo principal de que nadie que necesitara asistencia quedara desprotegido: la universalización sanitaria. Una persona extraordinaria, con enorme capacidad de trabajo y de construir consensos. Su memoria sigue animándonos a tratar de mejorar las condiciones de vida de todas las personas.

 

 

 

jueves, 19 de noviembre de 2020

No vale la vacuna, si no es para todos.

El 20 de noviembre, en Ginebra, se reunirá nuevamente el Consejo del ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El ADPIC es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que entró en vigor en 1995 y que, desde entonces, generalizó el derecho de usar patentes en los medicamentos, permitiendo monopolios durante 20 años, y creando una barrera al acceso a los mismos por el aumento de los precios y la prohibición de la competencia (fabricación de genéricos). 

 

En esa reunión Sudáfrica, India, Kenia y Esuatini volverán a plantear a todos los países la necesidad de suspender la aplicación de las patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual para todas las tecnologías frente a la COVID-19 mientras dure la pandemia. Esta propuesta, fue presentada el pasado 16 de octubre en el Consejo del ADPIC, y permitiría la transferencia de tecnología, la fabricación de vacunas y otros productos frente a la COVID en todo el mundo, y su venta a precios de coste. Entre tanto, los países ricos se han embarcado en una carrera por ver quién compra antes y quién compra más vacunas. Así, para 2021, países que representan el 15% de la población mundial han acaparado, mediante “compras anticipadas” el 85% de la capacidad de producción de las vacunas que están en fase más avanzada de desarrollo. 

 

Los directivos de las empresas están obteniendo importantes ganancias solo con las Notas de Prensa en las que dicen que han conseguido buenos resultados. ¿Por qué? Porque los países les han dado el control y ellos manejan las expectativas de negocio. Todavía no se sabe si funcionará una u otra vacuna, y no se conoce su seguridad, pero los países ricos han aceptado las reglas de las empresas concediéndoles patentes, a pesar de haber invertido grandes sumas de dinero público en la investigación y desarrollo. Así, la capacidad de control de los resultados de investigación la tienen las empresas, lo mismo que el volumen de producción y el precio. 

 

Los gobiernos europeos, a través de la representación de la Unión Europea en la OMC se opusieron el pasado 16 de octubre a que se suspendieran las patentes frente a la COVID. Se podría entender que decidan hacer compras anticipadas y acaparamiento de vacunas y otros tratamientos, por la presión de la opinión pública de cada país, para no quedarse atrás, ya que los otros gobiernos empezaron a comprar primero. Pero oponerse a que todos los países puedan tener acceso a vacunas sin patentes durante la pandemia es otra cosa, no se justifica. La vacuna debería ser un bien público, sin monopolio, para que cualquier país la pueda producir o comprar a precio de coste.

 

En la reunión del día 20 de noviembre tienen la oportunidad de cambiar su posición. Pensar en el beneficio para todos, que también lo es para la ciudadanía europea. A todos nos conviene un enfoque global y solidario, sin exclusividades, que garantice vacunas y otros productos seguros y eficaces para todas las personas que los necesiten. Mientras no se suspendan los monopolios de medicamentos y vacunas, no erradicaremos el problema, ni el de esta pandemia ni el de las que vendrán.

 

Dicho de otra forma:

 

NO VALE LA VACUNA SI NO ES PARA TODOS

 

La vacuna no sirve

si no es para todos.

 

Aquí ya no vale

el sálvese quien pueda

porque este es un problema

que afecta a todo el mundo.

 

Es pura miopía

querer resolver tu cuita

dejando a los demás

morir en la cuneta,

porque los virus 

no conocen fronteras

y volverán otro día

a saldar cuentas contigo.

 

“Mis vacunas

-dice un alto ejecutivo-

no son para los indios

son para vosotros

que podéis pagarlas

a buen precio.

 

Y el precio, criaturas,

no es lo que cuesta

es lo que yo digo 

y lo que mando

porque soy yo quien tiene

la sartén por el mango,

el monopolio,

la patente que me dan,

una y otra vez,

vuestros gobiernos incautos.

 

Ya sé que la investigación

-mi gran coartada-

la están pagando ustedes 

con los precios abusivos

de mis medicamentos

y con inversiones directas

que ustedes me financian.

¿Pero qué culpa tengo yo

de su ignorancia?”

 

Por eso le digo a mi gobierno que ¡ánimo!

que basta de patentes que crean monopolios, 

basta ya de barreras que matan

y enriquecen a unos pocos llenando sus bolsillos

con el dolor de millones de personas.

¿Qué es eso de la compra anticipada

que acapara vacunas para unos

y deja para otros 

la limosna y la muerte?

¿Dónde quedan, entonces

los derechos humanos?

Dejémoslo claro:

La vacuna de la covid no debe tener patente

la vacuna de la covid ¡es de la gente!

 

No. La vacuna no vale

si no es para todos.

No me cuenten más cuentos.

Cada vez somos más los que pensamos

que no hay derecho,

y que las cosas pueden ser de otra manera,

sin barreras,

sin monopolios ni especuladores,

sin sálvese quien pueda,

y que debe haber vacunas para todos

con investigación abierta y compartida

con un fondo global que garantice

la producción mundial a precios justos, 

precios asequibles,

pagando lo que cuesta y sin abusos.

 

Un mundo en el que pueda

mirarte frente a frente y a los ojos 

y no sentirme indigno de mi mismo,

porque, vamos a ver,

¿en qué soy yo

mejor que tú

para tener yo vacuna

y no tú?

 

No. La vacuna no vale

si no es para todos.

Ya no quiero jugar más

al sálvese quien pueda,

quiero salvarme contigo

y todos juntos.

sábado, 14 de noviembre de 2020

Ojos tristes

La primavera se fundió con el otoño

y el verano nos dejó el vago recuerdo

de una estación que apenas fue.

Las hojas caídas de los árboles

dibujan alfombras de colores

rojizos y ocres en el suelo

mientras las nubes blanquigrises

ocultan y tamizan los rayos del sol.

 

Camino por la calle

en un paisaje de máscaras.

Todos llevamos la cara tapada

como los bandidos.

Solo se ven los ojos y la frente.

No son ojos alegres.

 

Muchas personas tienen miedo.

Este virus es muy traicionero

y sigue matando.

Caminamos separados

a la distancia de seguridad.

 

Algunos tienen nostalgia

de los achuchones de sus nietos,

las cenas con los amigos,

los abrazos, los besos

o ese viaje que no pudo ser.

Otros sufren en silencio

porque les han despedido del trabajo

y hoy no tienen ni para comer.

En otros se adivina el dolor

de haber perdido a un ser querido

sin haber podido siquiera despedirse.

 

Y en muchos hay una pregunta

una duda en los ojos 

que no oculta la máscara.

¿pudo evitarse esta vez?

 

Porque, después de la primera ola

se esperaba que las autoridades sanitarias

hubieran tomado las medidas necesarias

para evitar una nueva pesadilla.

 

Y no ha sido así. No se tomaron las medidas.

No se reforzó la atención primaria

no se reforzó la salud pública

ni contrataron los rastreadores,

no reforzaron los hospitales

que estaban agotados.

 

Y esta mañana, querido doctor, médico amigo, 

por encima de la mascarilla quirúrgica

tus ojos me clavaban su tristeza

cuando me atendías con el cariño 

y con la precisión de siempre.

 

“Lo dimos todo -me decías- sin protección

sin medios, noche y día, ¡todos!

sin excepción,

enfermeras, médicos, administrativos,

celadores, personal de limpieza…

nos jugamos la vida. Dos compañeros

murieron en la primavera. Pero ahora…

Tenían que habernos apoyado,

y en vez de completar las plantillas, 

nos ofrecen contratos basura,

de tres meses. Siguen sin organizar

los circuitos de atención

para evitar los contagios. 

¡Y no nos escuchan! ¿qué está pasando?

En primavera pensé que todos seríamos mejores

que nacería un mundo nuevo de ese dolor

pero ahora siento impotencia,

desesperanza”.

 

Tus ojos tristes se clavan en mi alma

y siento crecer en mi una indignación profunda

una rabia que me pide levantar la voz para decir

que no hay derecho, para exigir 

que las cosas deben ser de otra manera.

 

Pero te pido, por favor, que no te rindas.

Tenemos que seguir luchando.

Esta racha pasará tarde o temprano

y los enfermos te necesitamos,

os necesitamos.

 

¡Qué triste este otoño

si al verse reflejado en tus ojos cansados

no consigue atisbar una lucecita de esperanza!

martes, 3 de noviembre de 2020

Política farmacéutica para un nuevo Sistema Sanitario

(Este texto se publicó en la Revista Temas 311. La sanidad pública tras la pandemia. Nov 2020. pgs 31-32)

La pandemia de la COVID-19 ha mostrado las debilidades de los sistemas de salud, también del nuestro. Es preciso actuar con firmeza abordando cambios estructurales en aspectos clave. Uno de ellos es la política farmacéutica. Para poder lograr un nuevo sistema sanitario equilibrado y sostenible, dotado con personal suficiente, bien formado y motivado, con tecnología actualizada y con infraestructuras adecuadas, el gasto farmacéutico público debería tender a situarse en un máximo del 15% del gasto sanitario público total, reduciéndolo desde el 25% actual.  Además, para garantizar la universalidad y el acceso a los medicamentos, se debería revertir (y por supuesto no ampliar) la transferencia del gasto a los pacientes a través de copagos, implementada con el RD 16/2012. 

 

Las razones del gasto farmacéutico excesivo actual y su crecimiento imparable (4,2% en 2019 y 4,45% hasta mayo 2020) son principalmente dos. Una es la fijación para los nuevos medicamentos de precios muy altos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación. La segunda es una utilización inadecuada, sobre-prescripción, de los medicamentos. Ambas razones están ligadas a un mismo origen, el monopolio que conceden los Estados a las empresas farmacéuticas con las patentes y otras exclusividades. Ese monopolio les da fuerza para imponer precios altos y, con los beneficios obtenidos (varias veces por encima de la media de los demás sectores industriales), pueden presionar para aumentar el consumo de sus productos influyendo de manera determinante en el comportamiento de los médicos prescriptores, de los consumidores, y de otros decisores institucionales. Los sobreprecios y el consumo innecesario de medicamentos suponen más de 8.000 millones € anuales en España. Si se redujera ese sobre-gasto, podría ajustarse el gasto farmacéutico público a un 15% del gasto sanitario público total, mejorando la prestación farmacéutica y disminuyendo muchos efectos adversos evitables.

 

La política farmacéutica, por lo tanto, tiene que tener un primer componente que es trabajar para impulsar, a medio plazo, un nuevo modelo de financiación de la I+D de los medicamentos, desligado de los precios. Supone promover un nuevo Convenio Internacional en el que se prohíban las patentes de medicamentos y se desarrolle un fondo global, con él se financiarán investigaciones con prioridades fijadas según necesidades de salud, en una I+D cooperativa y abierta, cuyo resultado comercializable no tendrá licencia exclusiva para poder vender los productos a precio de fabricación. El Gobierno debería plantear una estrategia en la Unión Europea y en Naciones Unidas para avanzar en ese objetivo. Entre tanto sigan vigentes las patentes y los monopolios para medicamentos, se pueden aplicar una serie de políticas a corto plazo.

 

Aumentar la financiación pública en I+D en salud. No solamente de medicamentos, sino también de intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y tratamientos no farmacológicos. Esta financiación tendrá criterios de interés público (investigación abierta; posibles resultados comercializables con licencias no exclusivas, fijando precios de coste). Para financiar estas investigaciones se fijarán o aumentarán descuentos y/o aportaciones de la industria en función de las ventas, hasta un mínimo anual adicional de 2.000 millones €. Este fondo también servirá para financiar la formación de profesionales sanitarios y el patrocinio de sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

 

Garantizar la independencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como de las personas que trabajen en los órganos ejecutivos o asesores de los Ministerios que tengan que ver con la autorización de medicamentos, o las decisiones de financiación y fijación de precios, mediante una financiación pública suficiente y un régimen severo de incompatibilidades y auditorías de control. La Agencia deberá aumentar la exigencia en los criterios de seguridad y eficacia de los medicamentos, no reducirla, así como promover estas exigencias en la Agencia Europea. 

 

La negociación y fijación de precios se deberá hacer según los costes de fabricación y de investigación (como se estableció en el RD 271/1990). El precio será lo más cercano posible a dichos costes. Si la empresa afectada insistiera en fijar precios abusivos, el Gobierno aprobará Licencias Obligatorias, permitiendo fabricar o importar el genérico o biosimilar; para ello, se actualizará la legislación de tal manera que no haya duda jurídica para utilizar esta herramienta, considerando que un abuso de precios pone en cuestión la estabilidad del Sistema Sanitario.

 

Instar al Parlamento Europeo y al Consejo la eliminación de todas las exclusividades, y solicitar el refuerzo de las autoridades de la competencia para evitar la violación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por abuso de posición dominante. Por otra parte, se deberán mejorar y fomentar los procedimientos de compras conjuntas de medicamentos en ámbito nacional y europeo.


Se promoverá una prescripción y consumo adecuado (segura, eficaz y eficiente) de medicamentos, evitando la sobre-medicación, y se sistematizarán programas de de-prescripción en todo el SNS. Para ello es clave garantizar a los profesionales formación continuada independiente de la industria, tiempo suficiente y medios adecuados en la consulta.


Es importante afianzar la producción nacional de medicamentos, tecnologías (CAR-T, etc.) y vacunas en plataformas públicas, así como desarrollar reservas estratégicas de medicamentos esenciales para situaciones de pandemia.


Debe garantizarse la transparencia de los datos de investigación, así como de los datos relativos costes, precios y contratos, facilitando información completa y objetiva tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía, en relación con los medicamentos y las alternativas de intervención frente a diferentes problemas de salud.

 

La política farmacéutica debe ser completa y coherente y tendrá que tener en cuenta las políticas europeas y el marco internacional. En este sentido, son buenas referencias la resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio de 2020 y el Informe del Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas de Septiembre de 2016.

lunes, 19 de octubre de 2020

Una buena noticia: La Esperanza de Vida al Nacer en el Mundo siguió creciendo.

En un extenso artículo publicado por la revista Lancet el pasado 17 de octubre (1) se analiza la Esperanza de Vida al Nacer (EVN) y la Esperanza de Vida en Buena Salud (EVBS) de 204 países y territorios del mundo, tomando los datos del Estudio Carga Global de Enfermedad, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington. El estudio se refiere al año 2019 y anteriores, por lo tanto, no tiene a la vista el impacto negativo que a lo largo de 2020 habrá producido la pandemia de la COVID-19. Pero sí permite analizar la evolución durante lo últimos años.

 

Según los autores, la Esperanza de Vida al Nacer ha aumentado en el mundo de 67,2 años en el año 2000 a 73,5 años en 2019, 6,3 años más. Así mismo, la Esperanza de Vida en Buena Salud ha aumentado de 58,6 años en 2000 a 63,5 años en 2019, 4,9 años más. La EVBS ha aumentado en 202 de los 204 países del mundo. Es una magnífica noticia. Millones de personas en el mundo han podido prevenir o superar enfermedades y disfrutar unos años más de la vida, con menos sufrimiento.

 

Si ampliamos el periodo estudiado, vemos que la EVN en 1950 era de 51,1 años, frente a los 73,5 de 2019, 22,4 años más. El avance logrado por la humanidad ha sido impresionante. Sobretodo debido a la disminución de la mortalidad infantil. Así, en 1950 murieron 19,9 millones de niños menores de 5 años. En 2000 eran 9,6 millones. Y en 2019 fallecieron 5 millones. Siguen siendo muchísimos. Pero la reducción, debida a la mejora de las condiciones económicas de salud, es muy notable. 

 

En efecto, el estudio señala que, aunque los servicios sanitarios tienen un importante papel en el cuidado y mejora de la salud, se observa una clara relación entre las condiciones socio-económicas y la salud. Es preciso seguir mejorando la atención sanitaria, pero es fundamental mejorar las condiciones de vida, alimentación, vivienda, trabajo, y educación de las personas y las poblaciones.

 

Si miramos a España sigue presentando buenos resultados en 2019, siendo el 5º país del mundo, y el primero de la Unión Europea con mayor esperanza de vida en buena salud. El mismo quinto puesto ocupa, junto a Italia, respecto a la esperanza de vida al nacer más alta.

 

 Países con mejor EVN

del mundo

Esperanza de Vida al Nacer

Esperanza Vida en Buena Salud

Singapur

84,9

73,9

Japón

84,8

73,3

Islandia

84,1

71,9

Suiza

84,0

71,7

España

83,1

71,3

Italia

83,1

71,0

 

En comparación, EEUU presenta una EVN de 78,9 años (4,2 años menos que España) y una EVBS de 65,2 años (6,1 años menos que España). A pesar de tener una economía más potente y una renta per cápita mucho más alta, las desigualdades sociales y la falta de un sistema sanitario universal se traducen un impacto negativo para la salud. Buen recordatorio para seguir defendiendo nuestra sanidad pública frente a quienes quieren importar el modelo de seguros privados norteamericano.

 

En conclusión, aunque en el mundo y en nuestro país, siguen habiendo tasas de pobreza y desigualdad insoportables, aunque muchos pueblos siguen sufriendo el azote de la guerra, durante los últimos 20 años la humanidad ha seguido avanzando, poco a poco, paso a paso. Esta evolución de la esperanza de vida nos debe animar a seguir trabajando. A seguir luchando por la igualdad de todas las personas, por la mejora las condiciones laborales y retributivas, por un sistema fiscal justo y progresivo que permita desarrollar políticas sociales eficaces, y por un acceso universal a una sanidad pública de calidad. En tiempos de pandemia, animémonos a seguir construyendo esperanza.

 

(1)

Wang H et al. Global age-sex-specific, mortality, health life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Diseases Study 2019. The Lancet 2020, 396; 10248: 1160-1203.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30977-6/fulltext

domingo, 18 de octubre de 2020

Los gobiernos de los países ricos frenan la propuesta de India y Sudáfrica para suspender las patentes de vacunas y tecnologías frente a la COVID-19.

El viernes 16 de octubre, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Sudáfrica y la India plantearon una propuesta que pedía a los países de la OMC que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), para permitir a todos los países la fabricación de productos genéricos en volumen suficiente, a precios asequibles y a tiempo.

 En su intervención, el representante de Sudáfrica denunció que el lenguaje de solidaridad y bienes públicos, utilizado por varios líderes de diferentes países no se había traducido en decisiones concretas para compartir los derechos de propiedad intelectual y transferir tecnologías frente a la COVID. “Business as usual” ha sido la respuesta común hasta ahora. Es importante, dijo, que se pongan barreras en la lucha contra la pandemia. “Una respuesta efectiva requiere el acceso rápido a productos médicos, incluyendo test diagnósticos, mascarillas, otros equipos de protección, ventiladores, vacunas y medicamentos. La escasez de estos productos en muchos países ha puesto en riesgo la vida o la salud de trabajadores sanitarios y de servicios esenciales y ha provocado muertes evitables. También prolonga la pandemia. Y mientras más dure, mayor será el impacto económico negativo”. 

 

Las patentes suponen una barrera al acceso a estos productos, por los altos precios y por el cuello de botella a la producción a gran escala.

 

El representante de la India insistió: “Queremos recordar a los miembros de la OMC que, en una pandemia, donde todos los países están afectados, necesitamos una solución global. Nuestra propuesta aporta esa solución. Es hora de que todos los países asumamos una responsabilidad colectiva y pongamos la vida de las personas por delante de todo lo demás. La Historia no nos juzgará con benevolencia si no actuamos inmediatamente para salvar la pérdida de vidas humanas y salud, y permitimos que la disfunción global prevalezca sobre la cooperación global. Esperamos que los países miembros de la OMC apoyen nuestra propuesta para asegurar que las vacunas y los tratamientos son realmente bienes públicos globales”.

 

La propuesta de la India y Sudáfrica fue suscrita por Kenia y Esuatini, y recibió el apoyo de Tanzania y el Grupo Africano, Chad y el grupo de países menos desarrollados, y también de Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Argentina, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Egipto, Túnez, Mali, Mauritania, Mozambique e Indonesia. Otros países mostraron su posición favorable a la propuesta, pero necesitaban algunas aclaraciones o bien consultar a sus gobiernos. Así se manifestaron China, Turquía, Nigeria, Senegal, Filipinas, Tailandia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y El Salvador.

 

Sin embargo, los gobiernos de los países de la Unión Europea, EEUU, Suiza, Noruega, Australia, Canadá, Japón, y Reino Unido, a los que se sumó Brasil, se opusieron a la propuesta.

 

Estos países argumentaron que ya era suficiente con las “flexibilidades” de los ADPIC. Pero el representante de Sudáfrica contestó que no era así. Este mismo año, la UE y los EEUU han presionado a países como India, Indonesia, Turquía, Ecuador, Colombia, Egipto, Malasia, o El Salvador, por las legislaciones que pretendían utilizar las licencias obligatorias (flexibilidad de los ADPIC).

 

La UE y los otros países ricos insistieron en que la solución era que las empresas titulares de la patente dieran “licencias voluntarias” para que otras empresas pudieran fabricar genéricos. Pero, después de nueve meses de pandemia, se demuestra claramente que no es así. Un ejemplo, señaló el portavoz de Sudáfrica, es el remdesivir. “A pesar de recibir financiación pública significativa de al menos 70,5 millones de dólares, Gilead ha firmado acuerdos bilaterales secretos con unas pocas compañías de genéricos de su elección, excluyendo a la mitad de la población mundial de los territorios cubiertos. La mayor parte de las reservas de remdesivir se han adjudicado a países ricos. Como resultado, muchos países en desarrollo no han recibido este medicamento. Los precios, además, son prohibitivamente altos”. Estos acuerdos voluntarios no valen para hacer frente a la pandemia, porque las empresas titulares de la patente deciden a qué población, a través de qué empresa, con qué cantidad de producción y a qué precio. “Si somos serios para enfrentar este problema, la producción no puede estar concentrada en las manos de unos pocos fabricantes”.

 

El portavoz de Sudáfrica subrayó también que, durante estos meses, ninguna compañía farmacéutica había cedido voluntariamente sus derechos de propiedad intelectual a la OMS a través de la iniciativa C-TAP de las tecnologías relacionadas con la COVID.

 

La iniciativa COVAX, que la industria ha promocionado, como la manera adecuada de hacer llegar los medicamentos a países pobres, es muy insuficiente. “Los países ricos que representan un 13% de la población mundial han acaparado ya el 51% de las dosis de futuras vacunas para la COVID”. ¿Dónde queda la promesa de acceso universal? “El modelo COVAX refuerza la profunda desigualdad y no ofrece una solución confiable”. 

 

Un tercer argumento expuesto por los países ricos es que la suspensión de las patentes para las tecnologías COVID impediría la innovación. “Nunca ha habido un caso tan débil para otorgar monopolios” por este motivo, contestó con firmeza el representante de Sudáfrica. Los Gobiernos han financiado la investigación en medicamentos y vacunas, diciendo que serían un bien público, pero sin ligar las subvenciones al compromiso de las empresas para que fuera así. La investigación está siendo un esfuerzo de diferentes universidades, institutos, agencias, en todo el mundo. No es el resultado de una empresa farmacéutica. Las personas participantes en ensayos clínicos en todo el mundo lo hacen por su conciencia y sentido de contribuir a encontrar una cura para todos.  Además, la industria está financiando el desarrollo y producción de vacunas con “compras anticipadas” de la UE, EEUU y otros países, y, por otra parte, ha pedido a los gobiernos que se hagan cargo de posibles indemnizaciones por efectos adversos. “La colaboración entre centros de investigación no es por la Propiedad Intelectual, como han señalado algunos, sino lo contrario. Son los científicos de todo el mundo los que han facilitado la colaboración, no la propiedad intelectual. Es la financiación pública la que ha facilitado esas colaboraciones, no la propiedad intelectual”, insistió el portavoz de Sudáfrica.

 

“La COVID-19 revela la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos en el mundo, y una de las principales causas es que la Propiedad Intelectual sostiene los intereses dominantes de la industria a costa de vidas humanas”, concluyó el portavoz sudafricano.

 

El debate duró más de tres horas, pero, a la vista de la oposición del grupo de países ricos, los proponentes del acuerdo, India y Sudáfrica propusieron a la Presidenta de la reunión que este asunto quedara abierto para discusión y convocando un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC.


Vale la pena señalar que 379 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el planeta habían dirigido una carta a los participantes en esta reunión pidiendo que apoyaran la propuesta.

https://accesojustomedicamento.org/carta-a-la-organizacion-mundial-de-comercio/


 Como ciudadano de la Unión Europea pienso que esta es una oportunidad perdida para la humanidad, para la dignidad de los pueblos, para buscar juntos una solución a la pandemia que nos afecta a todos. Siento vergüenza al estar representado por una Unión Europea que pone los derechos de las personas por detrás de los intereses de las multinacionales, a las que concede patentes y monopolios; que compra anticipadamente un medicamento que no sirve a precios abusivos; que financia a las empresas farmacéuticas sin asegurar condiciones de uso como bien público; y que frena iniciativas como la de India y Sudáfrica que pretendía dar una respuesta eficaz, eficiente y solidaria a la pandemia. Y me pregunto ¿qué papel ha jugado el gobierno de España en este debate y en la posición de la UE?

lunes, 12 de octubre de 2020

Salud Mental y Derechos humanos: no solo es cuestión de dinero… aunque también.

En el XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental, mi ponencia sobre los derechos humanos se centraba en los recursos necesarios para hacerlos viables (1). Los movimientos sociales, las transformaciones económicas de entre-guerras en Europa y la respuesta a la crisis de 1929 en EEUU, impulsaron un cambio en la distribución de recursos, implantando sistemas fiscales más justos y progresivos, que recaudaron a los más ricos y permitieron desarrollar políticas públicas (sanidad, educación, pensiones, seguro de paro, servicios sociales, etc.). La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue expresión de este cambio de visión. Años después, en la crisis de 2008 ocurrió lo contrario. La revolución de los ricos, que había empezado a finales del siglo XX, fue dando la vuelta a la situación. Los ricos dejaron de pagar impuestos, forzando cambios en las leyes financieras y aprovechando mecanismos de evasión y fraude fiscal sofisticados. Y en la salida de la crisis de 2008 forzaron los rescates bancarios a cargo de los contribuyentes, con lo que los gobiernos tuvieron que recortar los servicios públicos, incluida la sanidad y los servicios de salud mental. Los derechos humanos “tienen que comer”, necesitan una financiación, y si se recorta, se recortan derechos.. 

 

Sin embargo, otras participantes en el Congreso me llamaron la atención acerca de que no es solo cuestión de dinero. Con el dinero disponible en cada momento hay otros aspectos importantes, como la visión de las familias y la sociedad, las leyes y su aplicación, la formación de los profesionales, la organización y orientación de los servicios, etc., que influyen en la aplicación de los derechos humanos. Esto es cierto.

 

Por una parte, la visión y actitud de la sociedad, los profesionales, las familias y las personas afectadas. ¿Cuál es la visión que tienen acerca de la salud mental? ¿Es una visión basada en los derechos humanos de la persona? ¿Considera a la persona capaz, o incapaz? ¿Es una visión de persona violenta, excluida, alienada, o de persona con un problema y con capacidad de recuperación? Una visión estigmatizante de las personas con problemas de salud mental condiciona el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Las etiquetas son cadenas invisibles que atan a las personas afectadas. Esa visión se traducirá en comportamientos en el ámbito social (medios de comunicación, familia, trabajo) y en el ámbito terapéutico. Por ejemplo, será más difícil encontrar trabajo. Y así, será muy complicado lograr autonomía económica. De rebote, las relaciones de pareja y otras relaciones sociales se verán limitadas. La autoestima y la recuperación serán más difíciles. Y esta dificultad de recuperación reforzará el estigma.

 

En segundo lugar, la visión de los legisladores y los jueces. Esa visión se traducirá en leyes y en una determinada aplicación de las mismas: limitación de libertad, ingreso involuntario, contención involuntaria, tratamiento involuntario, esterilización forzosa, o legislación favorable a la persona como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y otras. La legislación condicionará la actitud terapéutica y los derechos de los pacientes. 

 

En tercer lugar, la formación de los profesionales, que condiciona y orienta su práctica. La formación continuada está, muchas veces, financiada por la industria farmacéutica, imponiendo el enfoque farmacológico-biológico de los trastornos mentales. No es casualidad que el 42% del gasto en salud mental sea en medicamentos. Para que la formación no dependa de la industria farmacéutica se debe cambiar el modelo por el que se fijan los precios (precios abusivos), de manera que el sector público recupere parte del gasto farmacéutico inútil y pueda destinarlos a formación independiente. El dinero es el mismo, pero se podría y se debería usar de otra manera.

 

En cuarto lugar, los programas y dispositivos de atención. La posibilidad de superar el estigma tiene que ver con la posibilidad de prevenir los problemas de salud mental y de lograr que su evolución sea favorable. Para ello es importante disponer de programas de prevención, educación en las escuelas, etc. Es precisa la detección temprana de los problemas y la intervención ágil, con apoyo en domicilio, con apoyo a las familias, con asistentes personales (expertos en primera persona), con actividades que favorezcan la recuperación. Entonces se comprueba que la persona afectada se recupera y se incorpora a sus actividades personales y profesionales con autonomía plena. Y el estigma se va superando en la sociedad. Pero se necesitan recursos, se necesita suficiente número de profesionales bien formados, que dispongan de medios apropiados y tiempo para desempeñar correctamente su labor. Recordemos que en España disponemos de menos de la mitad de profesionales dedicados a la salud mental (enfermería, psicología clínica, psiquiatría, trabajo social, etc.) que en los países europeos avanzados. Y no olvidemos que, en otros países más pobres, la carencia de medios obliga a seguir manteniendo la hospitalización psiquiátrica tradicional y la contención como medio de tratamiento principal. Sin recursos no hay programas.

 

Los recursos suficientes permitirán abordar los programas de promoción de la salud mental, prevención de los problemas más importantes, detección precoz, intervención temprana, abordaje comunitario, con la consiguiente reducción de los ingresos involuntarios, de la contención involuntaria, y la reducción de la medicación inadecuada. Como decía una persona que había sido ingresada: lo mejor para que se respeten los derechos humanos de la persona en un ingreso en salud mental es hacer que no sea necesario el ingreso, prevenirlo.

 

Y ahora sí, aquí llegamos a la necesidad de una financiación justa. La financiación suficiente requiere aumentar lo ingresos públicos, mediante una fiscalidad justa y progresiva. 

 

Recapitulando, con una financiación dada, con la financiación de la que se dispone en cada momento, se pueden hacer las cosas de distinta manera, de la misma forma que un capitán puede dirigir el mismo barco mejor o peor que otro, o lo mismo que un director de orquesta puede hace sonar la orquesta con armonía o puede destrozar la música. Aquí también, un profesional sanitario, o un juez, con los mismos medios, pueden actuar de distinta manera. Pueden adoptar un enfoque comunitario o un enfoque hospitalocentrista; un enfoque que respeta los derechos humanos o un enfoque de persona incapaz y peligrosa. Etc. No es solo cuestión de dinero. 

 

Pero, al mismo tiempo, no cabe duda que para asumir enfoques en favor de los derechos humanos es preciso poder formar a los profesionales, familias y pacientes, de forma independiente, y es preciso disponer de recursos para la atención en el ámbito comunitario, así como para impulsar programas de sensibilización social. Las leyes, incluida la ley de presupuestos, las hacen los parlamentos, y los parlamentarios son elegidos mediante votos en los que influyen los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación se ven orientados por los anunciantes y los accionistas, que en general son grandes poderes económicos que buscan defender sus intereses, reducir el gasto público, favorecer sanidad privada, aumentar el gasto farmacéutico, etc.

 

En definitiva, la realización de los derechos humanos no es solo cuestión de dinero, pero también lo es. La vida es un equilibrio inestable entre distintas fuerzas en tensión. A veces hay fuerzas dominantes que tiran hacia su lado y que imponen su ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva. Otras veces, millones de personas anónimas, trabajadores, profesionales, familias, son capaces de unir su voz y sumar voluntades para defender un mundo más justo, donde todos podamos vivir una vida digna. Es un tira y afloja permanente, a lo largo de los años y de los siglos, con avances y retrocesos, en el que cada uno tenemos que aportar lo que podamos en cada momento.

 

El presente y el futuro lo hacemos nosotros. La defensa de los derechos humanos en salud mental depende de nosotras. Las personas afectadas, sus familias, las profesionales y los políticos que compartan una visión respetuosa con los derechos y superadora de etiquetas y estigmas. Tenemos que hacer un esfuerzo, en cada Congreso, en cada reunión, en el ámbito de trabajo, en las asociaciones, en los parlamentos, en los medios de comunicación, para sumar apoyos y lograr todos juntos una buena atención de las personas con problemas de salud mental, de calidad, y para todas, en todo el mundo. Hemos de hacerlo con los medios que tengamos en cada momento, aquí y ahora, y recabando los medios necesarios para seguir mejorando.

 

(1)- https://fernandolamata.blogspot.com/2020/10/a-mi-que-me-importa-tu-salud-mental.html