viernes, 14 de noviembre de 2014

En el último año 840.000 personas tuvieron problemas para comprar los medicamentos que necesitaban.


 En el libro Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud) [1] llamábamos la atención sobre la disminución de las medicinas dispensadas por las farmacias a cargo de la sanidad pública como consecuencia del aumento del pago exigido al paciente en el momento de comprar la medicina (repagos) y por la des-financiación de algunos medicamentos eficaces: un 11,68% menos entre 2011 y 2013 (113, 6 millones de recetas menos). Es posible que antes parte de las medicinas no estuvieran bien indicadas, pero seguramente otras eran necesarias. Nosotros nos preguntábamos: “¿Cuántos de esos miles de medicamentos que dejaron de prescribirse o retirarse de las farmacias eran necesarios pero el paciente no podía pagarlos?”.

La Cruz Roja nos da la respuesta en su Boletín nº 9 sobre la Vulnerabilidad Social dado a conocer el jueves 13 de noviembre [2]. Durante el último año, de las personas atendidas por ellos, 840.000 personas confesaron tener dificultades económicas para cubrir gastos relacionados con su salud, principalmente para pagar las medicinas.

A estos hay que añadir aquellos cientos de miles de personas a los que se les ha quitado la tarjeta sanitaria por ser extranjeros.

Es una lacra para nuestra conciencia saber que hay a nuestro lado personas que no pueden pagar las medicinas, cuando la renta de este país, de más de 1 billón de euros, más de 20.000 euros por persona, permitiría financiar una sanidad completa y de calidad para todos, y sin repagos. Ese dinero que se quita a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, etc., se lo llevan las personas de rentas más altas y las grandes corporaciones que no pagan impuestos, favorecidos por un sistema fiscal regresivo, donde pagan más los que menos tienen, creando un boquete en los ingresos de más de 80.000 millones de euros cada año. El dinero para pagar esas medicinas (y mucho más) está, pero se lo quedan otros. Los más poderosos. Es una injusticia flagrante que no debemos permitir.

Conviene recordar que la Constitución Española dice lo siguiente:

Art.128, 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está al servicio del interés general.
Art.31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Art.43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Viendo el informe de la Cruz Roja ¿cree el Gobierno que estos tres artículos se están cumpliendo? ¿Acaso debería también aquí el Gobierno ordenar actuar a la fiscalía? Entre tanto, debemos alzar nuestra voz los ciudadanos, los colegios profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos y los partidos políticos progresistas, porque esta injusticia es intolerable.




martes, 4 de noviembre de 2014

Eficiencia Sanitaria y Eficiencia Fiscal

(artículo publicado en Médicos y Pacientes)

¿Además de preocuparnos de la eficiencia del sistema sanitario, deberíamos preocuparnos también por la eficiencia fiscal?

El Ranking de la Agencia Bloomberg 2014 de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. trae para España dos noticias, una buena y una mala.

-La buena noticia es que este año (con datos referidos a 2012). España figura en el puesto número 14 del mundo, y en el puesto cuarto de los países de la UE.

-La mala noticia es que en el ranking del año pasado (con datos referidos a 2011). España figuraba en el quinto puesto mundial y el primero de la UE.

Dicho de otra forma, España tenía, y todavía tiene, un sistema sanitario eficiente en comparación con los otros países, pero la crisis y la forma en que se ha gestionado nos está afectando más negativamente. El gasto sanitario público se ha recortado en más de un 10% desde 2009, y esto ha supuesto 50.000 profesionales menos, más lista de espera y una disminución de la valoración del servicio por la población. El Profesor Barea, que desempeñó importantes responsabilidades en la gestión de la Hacienda Pública, insistía en la necesidad de cuadrar ingresos y gastos, evitando el Déficit y el crecimiento de la Deuda. Esto exigía sistemas eficaces de control del gasto y una gestión sanitaria eficiente. Pero también requería conseguir unos ingresos públicos suficientes a través de un sistema fiscal eficiente y justo.

Con los recursos disponibles en cada momento se debe intentar hacer mejor las cosas, lograr los mejores resultados en salud y satisfacción posibles. Pero si los recursos son mucho menores, probablemente la calidad del servicio se verá afectada. No se puede ofrecer el mismo servicio sanitario público con un 7,2% de PIB (el gasto sanitario público en 2009) que con un 5,3% de PIB (el gasto previsto para 2017 según la Actualización de Programa de Estabilidad 2014-2017, p.42), es decir, no podemos garantizar los mismos servicios con 1.600 euros que con 1.200 euros por persona y año.

¿Pero porqué reducir tan drásticamente los recursos? La razón esgrimida es el exceso de déficit y deuda pública. “No podemos gastar más porque no hay”. En ese caso deberíamos de preguntarnos también ¿por qué han caído los ingresos?, o ¿en qué otras partidas han aumentado los gastos? Revisemos algunos datos: desde 1998 hasta 2008, cuando comenzó la crisis, la Deuda Pública se situaba en torno al 50% del PIB, una cifra moderada. En cambio, la Deuda Privada, que se había mantenido hasta 1998 en torno al 100% del PIB, se disparó desde ese año hasta alcanzar en 2008 el 318% del PIB. En sólo diez años se triplicó. Simplificando, aproximadamente un tercio de la Deuda Privada es deuda de familias, un tercio de empresas no financieras y un tercio de empresas financieras. Las dos primeras las han afrontado como pueden empresas y familias, asumiendo pérdidas, quiebras y desahucios. La deuda de entidades financieras, en cambio, ha sido asumida en buena parte por el presupuesto público, a través de diversos mecanismos, generando Deuda Pública, que ha alcanzado ya el 100% del PIB.

Conviene insistir: el aumento del Déficit y de la Deuda Pública fue consecuencia de la crisis y su gestión, y no su causa. El Déficit y la Deuda Pública en España se han originado, principalmente, por dos causas:

La primera, como se ha dicho, el aumento de los gastos presupuestarios para reflotar entidades financieras, a los que se destinaron ayudas globales superiores a los 200.000 millones de euros. A esas ayudas hay que sumar el pago de intereses y amortización de deuda a dichas entidades, a tipos varias veces superiores a aquellos con los que habían recibido el dinero del BCE (más de 1 billón €); etc. Y también el aumento de los gastos por desempleo.

La segunda, y este dato es clave, una fuerte caída de los ingresos fiscales, fundamentalmente en el impuesto de sociedades. Esta caída tiene que ver con la disminución de la riqueza del país (producción, actividad, empleo), pero, sobretodo, pone de manifiesto la ineficiencia relativa del sistema fiscal español respecto a los países de nuestro entorno: el modelo fiscal español recauda 80.000 millones menos anuales de lo que recaudaría si tuviera la misma eficiencia fiscal que la media de los países de la UE-15. Este modelo fiscal, además de ineficiente, es regresivo e injusto, ya que presiona más a las clases medias y los trabajadores que a las grandes fortunas y grandes corporaciones. Para mantener una buena sanidad, adecuada a nuestro nivel de renta, debemos recuperar los ingresos fiscales apropiados. Esto no quiere decir que paguen más impuestos los que ya los pagan. Esto quiere decir que paguen más, proporcionalmente, los que más tienen y los que más ganan.

Pero, si queremos que no vuelva a ocurrir este problema, también deberíamos reflexionar sobre las causas de la crisis financiera, que condujeron a esa burbuja de Déficit Privado, y lograr que dichas causas se corrijan para que no se sigan produciendo trasvases millonarios desde el presupuesto público a las entidades financieras. William Black, identificó estas causas: a) la elaboración de productos tóxicos (hipotecas basura, preferentes, etc.), b) la creación de entidades financieras que se endeudan masivamente hasta ser “demasiado grandes para quebrar” (por lo que acaban siendo rescatadas), y c) las retribuciones multi-millonarias de los ejecutivos ligadas a prácticas de riesgo. Como reconoció recientemente la directora del FMI señora Lagarde, estas causas siguen sin corregirse. Y, aunque en estos años se han tomado medidas para prevenir que futuras quiebras bancarias no deban ser pagadas por los contribuyentes, mientras tanto el negocio bancario se está trasladando a nuevas formas de banca en la sombra, fondos de inversión, etc., con mucha menor regulación.

Contestando a la pregunta inicial, creo que sí es importante que incorporemos a nuestra reflexión el análisis y evaluación de los ingresos públicos necesarios para una financiación de la sanidad proporcionada al nivel de renta del país, al mismo tiempo que continuamos trabajando en la mejora de la eficiencia y en la evaluación de costes sanitarios. Es decir, por un lado debemos seguir mejorando la eficiencia en el sector sanitario, como insistía el Profesor Barea. Siempre hay margen para hacerlo mejor. Pero, además, hemos de preguntarnos qué dimensión queremos dar a la sanidad, diseñando un sistema fiscal progresivo y equilibrado para financiar un sector clave para la sociedad, un sector generador de riqueza, empleo y conocimiento, y garante de un derecho humano fundamental, el derecho a la atención sanitaria.

Este texto está basado en la intervención en homenaje al Profesor Barea, Jornadas Fundación Signo, Huesca, 22.10.2014.

domingo, 12 de octubre de 2014

Manifiesto contra la exclusión sanitaria



Un grupo de organizaciones ciudadanas, sanitarias y sociales han elaborado un Manifiesto contra la exclusión sanitaria para el que están solicitando apoyo. En él se describen los efectos de discriminación y exclusión respecto a la atención sanitaria que supone la aplicación del RDL 16/2012. Cientos de miles de personas, las más desfavorecidas, las más débiles, se ven privadas del derecho a una atención sanitaria digna y libre de pago en el momento del uso.

El manifiesto pide la derogación del RDL 16/2012 y la aprobación de una nueva Ley de Sanidad que establezca las condiciones para una atención sanitaria de calidad y para todas las personas que residan en España. Como antes de la aprobación de dicho decreto, y antes de los recortes de gasto sanitario que han mermado la capacidad de prevención y respuesta de los servicios de salud.

Se ha abierto un blog, como herramienta para dar seguimiento a las adhesiones y abrir un espacio de diálogo http://contralaexclusionsanitaria.blogspot.com.es/

Puedes adherirte  "clicando" en  https://es.surveymonkey.com/r/EXCLUSION-SANITARIA

¿Qué para qué vale una firma? Ya dice el refrán que “un grano no hace granero pero ayuda al compañero”. Y desde luego yo no he visto nunca un mar, por muy grande que sea, que no esté formado con pequeñas gotas de agua. Una buena sanidad pública solo se puede defender con el firme apoyo de una gran mayoría de la sociedad. La universalidad de la atención, el freno a los recortes en el gasto sanitario público, la recuperación de la gestión pública de la sanidad y el apoyo a los profesionales sanitarios para el desempeño de su tarea solamente se conseguirán con miles de voces dispuestas a exigir hoy, y cada día, una sanidad pública de calidad y para todos.


viernes, 10 de octubre de 2014

La salud mental es una carrera de fondo

La salud mental es una carrera de fondo Hoy celebramos el día mundial de la salud mental: abriendo mentes, cerrando estigmas. Con ese motivo, FEAFES, la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha organizado para el próximo día 18 de octubre, a las 10 de la mañana en las pistas del Canal, una carrera por la salud mental abierta a todas las personas y todas las edades, para hacer visible la salud mental y las dificultades que conllevan los trastornos mentales, así como para reclamar una atención adecuada a las personas afectadas por estos problemas. http://www.carrerafeafes.org/ Una buena salud física ayuda a mantener una buena salud mental. Y viceversa. Para mantener y mejorar una buena salud física y mental hacen falta condiciones adecuadas, por ejemplo una familia, amigos, un trabajo digno, educación, atención sanitaria cuando es precisa, una pensión suficiente para vivir, etc. La crisis se ha llevado por delante algunas de estas cosas. Y ha tenido efectos negativos sobre la salud. Durante la crisis económica que ha afectado a España desde 2008 muchas personas han visto agravados trastornos del estado de ánimo (19% más entre 2010 y 2006) y de ansiedad (8% más). Como consecuencia del aumento de patología ha aumentado el consumo de antidepresivos (10% más en 2012 que en 2009), etc. Y lo más grave, en 2012 se suicidaron en España 3.553 personas, un 11,3% más que el año anterior. López Bernal (2013) ya había señalado un aumento de suicidios respecto a la tendencia esperada entre 2005 y 2010. La falta de empleo (3 millones de empleos destruidos, 50% de desempleo juvenil) o la precariedad laboral están en la base de muchos de los problemas detectados. Precisamente por la crisis hace falta reforzar los programas de prevención y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Sin embargo, en estos años se han recortado los recursos destinados a sanidad de una forma importante, disminuyendo el tiempo de atención, y alargando las listas de espera, no solo para la primera consulta, sino también para las revisiones. Por eso es importante sumar fuerzas para defender e impulsar la salud mental y reclamar la atención de los gobiernos sobre la necesidad de recuperar y ampliar la dotación de profesionales y medios para una buena atención sanitaria. No nos resignamos.

viernes, 19 de septiembre de 2014

#NoalTTIP



El 11 de Octubre se llevarán a cabo movilizaciones en toda Europa para pedir la paralización del TTIP. ¿Por qué? ¿Qué es el TTIP?

La “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) es un tratado que se está negociando en estos momentos entre la Unión Europea y EEUU que podría poner en riesgo, entre otros derechos, la atención sanitaria pública. Los días 29 de septiembre a 3 de octubre se llevará a cabo la séptima ronda de negociaciones en Washington y se espera concluir en los próximos meses.

Portavoces de la Comisión Europea y del Gobierno de los EEUU han destacado los objetivos declarados del acuerdo: disminuir las barreras al comercio de bienes y servicios, aumentar la actividad económica, crear empleo, disminuir costes, etc.

Llama la atención que teniendo objetivos aparentemente tan positivos las negociaciones sean secretas. Esta opacidad, y los antecedentes de otros tratados similares, explican que para muchos analistas el tratado pueda suponer justo lo contrario, pérdida de empleo, destrucción de empresas y un importante retroceso en derechos sociales.

John Hilary, director de la organización War on Want, defiende este punto de vista de forma detallada y rotunda en el documento: “El TTIP, una Carta para la Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia”

También Jeffrey Sachs ha señalado los riesgos del TTIP para la igualdad económica y el medio ambiente, al no incluir medidas políticas para garantizar que este acuerdo se oriente en beneficio de las poblaciones y no de los lobbies y del capitalismo financiero.

¿Cómo podría afectar a la sanidad? ¿En qué aspectos podría impactar negativamente a la salud? Señalo algunos:

-Menor control de riesgos para la salud pública
-Privatización irreversible de servicios sanitarios, con fragmentación del sistema y aumento de costes (y/o pérdida de calidad)  para la ciudadanía que, al no poder pagar, recibiría peor o ninguna atención
-Penalización a los Estados (es decir, a la ciudadanía y los contribuyentes) si se “perjudica” a los inversores, con normativas o decisiones que “disminuyan sus beneficios”. Resolución del litigio sin someterse a los tribunales (Investor-State Dispute Settlement). Este mecanismo supondría “de facto” un blindaje de las privatizaciones.
-Posible reducción de garantías en seguridad alimentaria y protección ambiental (al homologar normativas a los estándares más “flexibles” de EEUU). Eliminación del principio de precaución.

En un reciente artículo publicado en Lancet, Neil Bennet explicaba la preocupación por las implicaciones para la salud del citado acuerdo (The Lancet, September 6 2014; Vol 384: 843-844).

Portavoces de la Comisión aseguran que los servicios sanitarios no se verán afectados, pero, como señala Martin McKee, profesor en la London School of Higiene & Tropical Medicine, las incertidumbres sobre el proceso y el resultado final de la negociación son muy grandes. Por su parte Kenneth Haar, del Corporate Europe Observatory, afirma que la UE sí incluyó en un documento de la negociación los Servicios Sanitarios. A aclarar esta confusión no contribuye en absoluto el hecho de que, como se ha señalado, las negociaciones sean secretas y la documentación estrictamente confidencial.

De ahí que el Presidente de la British Medical Association, Mark Porter, reclame a su gobierno garantías para que el TTIP no afecte negativamente al Servicio Nacional de Salud.

Ante estas incertidumbres, y teniendo en cuenta la dinámica de las negociaciones, McKee concluye que “todo el proceso conduce a un común denominador de mínimos en términos de protección de la salud pública”.

De momento sería bueno mantenernos informados de esta importante cuestión y debatir también sobre la misma en los foros profesionales y sanitarios. 

sábado, 13 de septiembre de 2014

¿Que no se está privatizando la sanidad?


  
El Gobierno dice que no está privatizando la sanidad. Sin embargo, en los datos publicados hace unos días por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad constatamos que sí: en 2012 disminuyó el dinero destinado a sanidad pública en un 5,38% respecto al año anterior (un recorte de 3.903 millones €) (1).

Al mismo tiempo los pagos directos de los hogares en gastos sanitarios aumentaron fuertemente, un 4,27%. Dicho de otra forma, los pacientes tuvieron que pagar de su bolsillo 855 millones € más en 2012 respecto al año anterior. Y esto gastaron los que pudieron pagarlo; muchas personas que no pudieron pagar los aumentos de re.pagos, las pruebas o las consultas (como consecuencia del aumento de las listas de espera) no tuvieron la atención necesaria.

Cuando se dice “hemos ahorrado” o “el Estado ha ahorrado tanto y cuanto” lo que se está diciendo es que el Gobierno no ha sido capaz o no ha querido cobrar impuestos justos (progresivos) a las personas de rentas altas y a los defraudadores, y ha reducido los servicios públicos (que son los que utiliza la mayoría de la gente), obligando a pagar a los pacientes de su bolsillo una cantidad cada vez mayor: privatizando la financiación. Se está privatizando (haciendo menos solidaria) la financiación.

Sabemos que la disminución de gasto en algunas partidas puede ser positiva (menores precios de medicamentos a igual principio activo, menores precios de otros productos a igual calidad, indicaciones más apropiadas, etc.), pero esas cantidades deben revertir en otros servicios sanitarios muy necesarios. Y, desde luego, no se debe recortar cobertura poblacional, plantillas, inversión, medios para atender a los pacientes, etc.

Se produce así un trasvase de rentas de los que más lo necesitan (los pacientes) a los que no pagan impuestos de forma proporcional a su renta, los más acomodados, beneficiados por una política fiscal regresiva e injusta. El dato que refleja esta distribución injusta de los recursos es que el porcentaje de gasto sanitario público sobre el gasto sanitario total baja de 73,37% en 2011 a 71,7% en 2012. Es un retroceso importante que afecta a los valores clave del sistema sanitario público: universalidad, equidad, acceso a servicios de calidad y solidaridad, como analizamos en el documento Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud) (2).


Privatización de la provisión: 446 millones de euros más para la sanidad privada.

Pero no solo se privatiza la financiación. Al mismo tiempo que se reduce el presupuesto sanitario público también se apuesta por un aumento de la provisión privada de la sanidad. Así, en 2012 los centros sanitarios privados prestaron servicios por valor de 29.689 millones €, con un aumento de 446 millones respecto a 2011. Mientras tanto, el gasto para la provisión de servicios en centros de titularidad pública se redujo en 2.026 millones (se incluyen aquí hospitales, establecimientos de atención medicalizada residencial, atención ambulatoria, programas de salud pública y administración general; no se incluyen minoristas y otros proveedores, donde se contabilizan las farmacias).
Este proceso paralelo de privatización de la provisión sanitaria debilita más la sanidad pública, haciéndole perder calidad y eficiencia.  

Como muestran los datos, este proceso de privatización sanitaria afecta tanto a la financiación (quién paga) como a la provisión (quién presta los servicios). Por desgracia, después del RD 16/1012 la sanidad española es menos universal, menos solidaria, menos equitativa y de menos calidad.

El problema se agrava cuando conocemos que la previsión del Gobierno del Sr Rajoy es reducir todavía más el gasto sanitario público, y con ello la calidad de este importante servicio. En la actualización del Programa de Estabilidad, Reino de España, 2014-2017, pág 42, se lee un objetivo de reducción de otros 0,9 puntos de PIB, un 13,3% sobre 2012, es decir otros 9.000 millones de euros de recortes, hasta reducirlo a un 5,3% del PIB, un retroceso de más de 20 años (3). Para garantizar un buen servicio sanitario público en España, con una renta per capita por encima de los 20.000 euros, deberíamos tener un gasto sanitario público de 7,5% del PIB

La sanidad pública de calidad es un derecho de todos, pero la garantía de ese derecho exige financiación suficiente. Además, conviene insistir una vez más en que el gasto en sanidad pública no es una “pérdida” sino una verdadera inversión que genera salud, cohesión social, estabilidad y riqueza. Por eso es importante que, entre todos, paremos este proceso de privatización sanitaria.


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(1) Sistema de Cuentas de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tablas 3 y 4.

(2) Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)

(3) Ministerio de Economía y Competitividad

sábado, 6 de septiembre de 2014

La sanidad y la salud en España están en peligro



Manuel Oñorbe y yo, con la colaboración de varios amigos, hemos escrito un documento sobre la crisis económica, sus causas, su gestión y sus consecuencias en la sanidad y los servicios sanitarios.



Los datos muestran que la sanidad pública sí es sostenible, que no es cara, que sí es (era) eficiente, que sí hay recursos en España para financiar una buena sanidad, y que esos recursos, el dinero de todos, se lo están llevando otros, los que más tienen.

(Se puede descargar en la dirección
en donde también se puede adquirir en papel, si se desea).

El texto, los dibujos y los comentarios que componen el documento contienen tres análisis (sanitario, económico y político) y algunas propuestas.

La idea surgió inicialmente de la preocupación sobre los efectos de la crisis en la salud y la atención sanitaria que un grupo de profesionales amigos discutíamos en reuniones y tertulias. A partir del conocimiento de casos de personas concretas y de la información estadística publicada constatamos el deterioro de los servicios sanitarios públicos y de la salud debido a los recortes y las privatizaciones. Si, además, se cumplen las previsiones del gobierno de España de seguir recortando las políticas sociales y reduciendo el gasto sanitario público al 5,3% del PIB las consecuencias serán muy graves. Podemos afirmar que la sanidad y la salud de los españoles están en peligro.


Al cuestionar los recortes escuchamos que la razón esgrimida por el gobierno de España para defender sus medidas es el déficit público. A partir de ahí estudiamos este argumento, el origen del déficit, la caída de ingresos fiscales, las ayudas a las entidades financieras, etc. Este análisis nos llevó a buscar las causas de la crisis y nos encontramos con la desregulación financiera...



El análisis político intenta ir un poco más allá, explorando los cambios que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX y los inicios del siglo XXI: la nueva lucha de clases, en la que, como señaló un multimillonario norteamericano, están ganando los ricos; la fragmentación de la conciencia social de las “nuevas clases”; la insuficiencia de los medios de presión sindicales y de la acción política de ámbito nacional, frente al nuevo capitalismo financiero global.

En definitiva, recogemos datos, argumentos y propuestas, con la intención de entender lo que está pasando, y de contribuir a recuperar la iniciativa y la fuerza de cambio de la mayoría social; esa mayoría social que ahora está sufriendo los hachazos de una crisis cuyas causas siguen sin corregirse.