(Texto utilizado en la intervención realizada en el Colegio de Médicos de Orense, el pasado 12 de mayo 2021)
La vacuna es un derecho, no un privilegio. Es una necesidad y no un objeto para especular. Los monopolios concedidos a unas pocas empresas con las patentes y otras exclusividades, forman una barrera al aumentar los precios de las vacunas y limitar la producción. Esta barrera retrasa la administración de vacunas a toda la población mundial.
Mientras en la UE se han vacunado 20% y en EEUU un 41% de las personas, en África todavía no llegan al 1%. El obispo de Ciudad del Cabo califica esta situación de apartheid vacunal.
Las perspectivas no son mejores, porque los países ricos, que somos un 13% de la población mundial, hemos reservado el 76% de las vacunas (Unicef).
La vacuna, como otras medidas terapéuticas, tiene una “ventana de oportunidad”. Por eso queremos vacunarnos en Europa y EEUU antes de que acabe septiembre ¿No sería justo que en esa fecha estuvieran vacunados también el resto de los habitantes del planeta? ¿Por qué nosotros primero? Si no se vacuna a toda la población, el virus sigue mutando, puede producir nuevas variantes. Y, alguna de ellas puede ser más contagiosa, más letal y escapar a la inmunidad de las actuales vacunas, lo cual perpetuaría y agravaría el problema. Además, esta pandemia es un primer aviso. Vendrán más y tenemos que estar preparados.
¿Cuál es la razón para conceder patentes y monopolios?
Las patentes y exclusividades de medicamentos estaban prohibidas, como lo siguen estando para los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Porque, como dice nuestro código ético: los médicos deben compartir sus conocimientos en beneficio de los pacientes. Antes de que se generalizaran las patentes de medicamentos en 1995, las empresas investigaban y ganaban dinero, el doble que la media del sector industrial. Pero querían más.
El supuesto objetivo que defendían las empresas para conceder y mantener los monopolios de medicamentos era “incentivar la investigación”. El monopolio evitaba la competencia durante 20 años, permitía poner precios más altos, un sobre-precio, con el que las empresas originarias recuperarían los gastos de investigación. Pero, lo que ocurrió realmente es que, al tratarse de productos que tienen que ver con la salud, con la vida, y tener el poder del monopolio, las empresas se sintieron tentadas a subir más y más los precios, hasta el máximo que los pacientes o los sistemas de salud pudieran pagar, el llamado “precio por valor”, abusando de la posición dominante en el mercado que les da el monopolio.
Con un agravante, esta forma de “financiar” supuestamente la investigación, no generaba más innovación. El 70% de la innovación en los últimos años viene de investigación financiada directamente por fondos públicos, en universidades, hospitales o centros de investigación con financiación pública.
En la pandemia de la COVID-19 este problema se ha planteado con crudeza.
Los gobiernos de EEUU y la UE pagaron el grueso de la investigación, (en la de BioNTech que desarrolla Pfizer, en la del instituto nacional de la salud americano que desarrolla Moderna, en la de la Universidad de Oxford que desarrolla AZ.). Después, pagaron la puesta en marcha de la producción y el desarrollo de los productos, adelantando dinero mediante compras anticipadas. Esto es muy positivo y ha permitido disponer de vacunas eficaces en menos de un año. Pero, sin embargo, dejaron la propiedad intelectual, las patentes, en manos de las empresas. El monopolio, como vimos, produce dos efectos: aumento de precios y falta de producción suficiente.
En cuanto a los precios, en los países ricos, que podemos, aceptamos precios 10 y 20 veces por encima de los costes. Hemos pagado más de 20.000 millones de euros por vacunas que costarían 2.000 millones de euros. Los pobres no pueden pagar esos precios y quedan atrás.
En cuanto al volumen de producción hasta finales de 2023 no estarán vacunados en muchos países de África, Asia y América Latina, si es que pueden…. Porque no se fabrican dosis suficientes y el precio sigue siendo alto, y va creciendo. Y porque hay que revacunar a los ricos, y la distribución de las vacunas no es equitativa.
Por ejemplo, la UE ha negociado un nuevo contrato de 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023, al parecer a 19,5 euros dosis. Pagaremos 35.100 millones por algo que cuesta 1.800. Un exceso de 33.300 millones, suficiente para pagar nuevas plataformas de investigación y nuevas plataformas de desarrollo y fabricación públicas, y financiar la compra y distribución de vacunas en países pobres.
Cuando Sudáfrica y la India plantearon en octubre pasado en la OMC la suspensión temporal de patentes frente a la COVID, la UE y EEUU se opusieron. Argumentaban que es suficiente con acuerdos entre empresas, subcontrataciones y licencias voluntarias… y en cuanto a los países pobres, aumentar las donaciones con las vacunas que nos sobren. Limosna, en vez de justicia.
Pero ese esquema no ha funcionado, como muestran los datos. En mayo de 2020 la OMS puso en marcha un mecanismo, COVID Technology Access Pool para que las empresas compartieran voluntariamente su know how y tecnología. ¿Cuántas han colaborado voluntariamente? Ninguna. Y el mecanismo COVAX para distribuir vacunas a los países de bajos ingresos apenas ha repartido un 5% de las vacunas administradas en todo el planeta.
Ante la evidencia de la insuficiente producción mundial con el modelo de patentes y licencias voluntarias, el pasado día 5 de mayo, la responsable de la Oficina de Comercio de EEUU declaró el apoyo de su gobierno a la suspensión temporal de patentes de las vacunas COVID. Biden ha entendido que, en situación de pandemia, las patentes son una barrera que limita la producción y el acceso a los medicamentos. Al día siguiente, la fundación Bill Gates apoyó también la suspensión temporal de patentes: “ninguna barrera, incluida la Propiedad Intelectual, puede bloquear el camino para un acceso equitativo a las vacunas”. Por su parte, el Presidente español, Pedro Sánchez, y otros gobiernos de la UE, han variado su posición, y han apoyado también la propuesta de India y Sudáfrica de suspender las patentes. Pero la Comisión Europea todavía se resiste.
Este es un problema mundial y requiere una solución global, liderada por los gobiernos y los organismos multi-laterales, OMS, UN.
Para esta y para futuras pandemias, la capacidad de producción debe ser la necesaria de manera que se pueda vacunar a toda la humanidad en la "ventana de oportunidad" (pasar de 7.000 millones de dosis anuales a 21.000 millones de dosis). Para lograrlo, los países deben acordar una estrategia que incluya: 1) suspender las patentes y otras exclusividades en caso de pandemia, 2) identificar toda la capacidad productiva en el planeta y ampliarla, si es preciso, monitorizando producción y necesidad, 3) negociar la transferencia voluntaria / forzar la transferencia obligatoria de la tecnología y el conocimiento a las empresas acreditadas (COVID-Techanology Access Pool de la OMS, Technolgy Transfer Hub, de la OMS, Medicines Patent Pool), 4) aumentar la producción de las empresas acreditadas, mediante compras anticipadas (como se ha hecho ya en esta pandemia), a ser posible diversificando en distintos países de altos, medios y bajos ingresos y 5) fijar precio de coste, para garantizar una distribución equitativa. Así podríamos vacunar a todo el planeta en 6 meses, y, además, estar preparados para posibles variantes que escapen a la inmunidad, y estar preparados para futuras pandemias…
La pandemia nos ha puesto sobre la mesa la barrera que suponen las patentes para el acceso a los medicamentos y las vacunas.
La financiación y la incentivación de la investigación tiene que tener otros mecanismos diferentes de las patentes, separado de los precios. Para los medicamentos las patentes no sirven, porque conducen al abuso inevitablemente. Hay alternativas como subvenciones, ayudas, premios, contratos de compras anticipadas, etc. Con transparencia, y con criterios de interés público. La UE debe consolidar un fondo potente para Investigación en Salud, para compartir el conocimiento científico. Además, debe desarrollar y consolidar una plataforma pública en red de ensayos clínicos y de desarrollo de medicamentos, en colaboración entre países y empresas, pero con el control y dirección pública, y cuyos resultados tengan licencias no exclusivas y se comercialicen a precio de coste plus.
Cada uno de nosotros, y nuestras organizaciones, como los Colegios Profesionales, podemos insistir a nuestros gobiernos que sigan avanzando en esta dirección. Debemos seguir presionando a la UE para que apoye la suspensión de patentes frente a tecnologías COVID, acelere la autorización de nuevas vacunas seguras y eficaces, y negocie precios de coste, evitando el despilfarro y permitiendo que las vacunas lleguen a todos, sin discriminación, en todo el mundo.
