Numerosos estudios demuestran que las personas con
enfermedad mental provocan menos actos de violencia que la media de la
población general.
Está demostrado también que las personas con enfermedad
mental son víctimas de la violencia en mayor proporción que la población
general.
Sin embargo, cuando una persona comete un acto violento, y
se conoce que padece un trastorno mental, se suele publicitar subrayando este
hecho: “una persona con enfermedad mental cometió este asesinato”. De esta
forma se refuerza la idea de que las personas con enfermedad mental son
“potencialmente violentas”.
Las asociaciones de pacientes y familiares de personas con
enfermedad mental y las asociaciones de profesionales de la salud mental, así
como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, la Estrategia
española de Salud Mental y diversos estudios e informes de expertos, vienen
desarrollando un esfuerzo sostenido para superar el estigma y la discriminación
de las personas con enfermedad mental. No es un asunto menor. El estigma hace
daño a estas personas y sus familias; retrasa la detección y el inicio del
tratamiento; dificulta la comprensión de la sociedad y la integración de la
persona que padece un Trastorno Mental en el ámbito educativo y laboral.
Poco a poco se ha ido logrando que las enfermedades mentales
se consideren como cualquier otra enfermedad y se traten en los centros de
salud y en servicios de Hospitales Generales. Sabemos que son más complicadas
porque afectan al cerebro y a la mente, es decir, al órgano y a las funciones
más complejas de la persona, que a su vez integran y movilizan a las demás
funciones del ser humano. Pero son enfermedades que se pueden estudiar,
diagnosticar y tratar. Las personas que padecen trastornos mentales graves, que
hace años estaban condenadas a una vida aislada, incomunicada, improductiva e
infeliz, pueden hoy llevar una vida perfectamente normal, trabajar, estudiar,
tener relaciones afectivas satisfactorias, y disfrutar de una vida plena, con
las alegrías y las penas de cualquier persona.
Sin embargo, una y otra vez se producen retrocesos.
Con motivo de la trágica matanza de New Town, en EEUU,
varios Estados han iniciado debates sobre las leyes de salud mental. El
Presidente Obama ordenó a su Ministra de Sanidad que inicie un “diálogo
nacional” sobre salud mental poniendo el foco en esta cuestión. Fue un error.
Las Asociaciones Nacionales de armas insisten en que el
problema no es la facilidad de acceso a las armas de fuego por toda la
población, sino el uso indebido por la personas con enfermedad mental. Se
trata, según estas asociaciones, de controlar mejor a las personas que tienen
enfermedad metal y retirarles las armas.
Parece evidente que la Asociación Nacional del Rifle es más
poderosa que las asociaciones de personas con enfermedad mental. Y tanto los
políticos Demócratas como los Republicanos pueden estar tentados de atender más a las razones de unos
que de otros.
Así vemos como el 15 de enero de este año el Gobernador de Nueva
York, Andrew Como, firmó la nueva Ley para el control de las armas de fuego. En
ella se incluyen restricciones al uso de determinadas armas, y se perfeccionan los
sistemas de registro. Pero también se incluye en esa ley la obligación de los
médicos para que denuncien a las autoridades locales a los pacientes
“potencialmente peligrosos”.
http://www.nytimes.com/2013/02/01/us/focus-on-mental-health-laws-to-curb-violence-is-unfair-some-say.html?smid=tw-share&_r=0
Esta disposición y otras similares que se están estudiando en
otros 12 Estados, y el hecho de
que el propio Presidente ligara en su discurso las enfermedades mentales al debate
sobre el control de las armas de fuego y las matanzas, supone un paso atrás en
la lucha contra el estigma. Por un lado se refuerza la idea de que las personas
con enfermedad mental son potencialmente más violentas que el resto, cuanto no
es así, sino al contrario. Por
otro lado se regula la violación del secreto profesional, disminuyendo la
confianza de los pacientes en sus médicos, y haciendo que muchas personas dejen
de solicitar tratamiento pensando que sus datos van a parar a los registros de
la policía "preventivamente". Es un grave error, una discriminación y una injusticia inaceptable que se
comete contra las personas que padecen enfermedad mental.
La lucha contra la violencia y contra la facilidad de uso de
las armas de fuego que provocan brutales matanzas debe abordarse con medidas
eficaces que afectan al conjunto de la sociedad, por supuesto. Pero poner en el
foco de esas medidas a las personas que padecen enfermedad mental es muy
negativo para la atención a estas personas.
Paradójicamente estas reformas plantean la necesidad de
mejorar los sistemas de atención sanitaria y la cobertura asistencial a las
enfermedades mentales, etc. Sin embargo el enfoque es inapropiado, porque produce
justamente el efecto contrario. Es preciso mejorar la calidad de la atención
sanitaria en general y en particular en la salud mental. Ahora bien, incluir este
asunto como parte del debate sobre las matanzas de niños inocentes es la peor
manera de hacerlo.
La lucha contra el estigma en salud mental es muy difícil y
muy compleja. Pero es clave para la mejora de la salud de las personas con
trastornos mentales y sus familias. Es vital. Por otra parte los EEUU siguen
siendo referentes para todo el mundo desarrollado. De ahí que no debamos dejar
pasar desapercibido este debate para insistir en que es incorrecto y muy dañino
afirmar que las personas que padecen enfermedades mentales son más violentas y
“potencialmente peligrosas”, y para reforzar toda la estrategia de lucha contra
el estigma y la discriminación.
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Nota. Cabría añadir que estas disposiciones que obligan a los médicos a informar sobre "los enfermos potencialmente peligrosos" podrían derivar también el un Estado Policial, que recree la fantasía de Orwell en 1984. Toda discriminación negativa contra un grupo de personas acaba convirtiéndose en una restricción de la libertad para el conjunto de la ciudadanía. En este sentido la lucha por los derechos de las personas con enfermedad mental es la lucha por los derechos de todos los seres humanos.
