ES URGENTE PARAR LA MASACRE EN GAZA

 Una madre desnutrida y desesperada con su hijo muriéndose de hambre en los brazos nos mira y nos increpa: "Si veis lo que está pasando en Gaza y no hacéis nada es que habéis perdido toda humanidad". Otro niño palestino, esquelético, sucio y cubierto de harapos se mete un puñado de tierra en la boca, la escupe y nos grita: "Solo tenemos tierra para comer. Haced algo, por Dios". ¿Qué puedo hacer yo? Informarme, pensar, escribir, levantar la voz. Esta es mi opinión y mi petición:

Como respuesta al execrable atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, que condeno rotundamente, el gobierno de Israel desató una masacre en Gaza. En el terrible atentado fueron asesinadas 1.205 personas y fueron secuestradas otras 251, y esto es verdaderamente horrible e inaceptable. Ahora bien, la represalia del gobierno israelí ha sido claramente desproporcionada, causado la muerte desde entonces a más de 60.000 personas, y decenas de miles de heridos, la mayoría mujeres y niños, destrozando las infraestructuras y los edificios, los hospitales, las escuelas, las mezquitas, los mercados, paralizando la frágil economía de la zona y bloqueando la ayuda humanitaria. El efecto de esta brutal agresión es una hambruna que está aniquilando a los niños y a las personas más frágiles, a la que se añade la aparición y agravamiento de enfermedades y la falta de atención sanitaria.

El pueblo judío tiene derecho a vivir en paz. También el pueblo palestino. Por eso es preciso seguir trabajando por un futuro de entendimiento entre palestinos y judíos, con una fórmula de convivencia política y jurídica que garantice los derechos y las libertades de todas las personas. Pero ahora, lo urgente es parar la masacre. Lo urgente es que los gobiernos de todas las potencias, en primer lugar EEUU, fuercen al gobierno israelí a cesar la matanza, a desbloquear la ayuda humanitaria, a permitir la reconstrucción de Gaza, y a seguir negociando una salida política justa.

El gobierno de EEUU insiste en que la responsabilidad es de Hamás, por el atentado, y porque sigue reteniendo rehenes. Hamás tiene una grave responsabilidad, debe asumirla y ha pagado por ello, y desde luego tiene que permitir de inmediato el regreso de los rehenes con sus familiares. Pero la respuesta del gobierno de Israel, respaldada, financiada y armada por EEUU y la UE, es absolutamente inadmisible por su crueldad y ensañamiento durante más de 20 meses. Esa respuesta ha matado y sigue matando hoy injustamente, cada día, a decenas de niñas y niños palestinos que no tienen ninguna responsabilidad. Los gobiernos de EEUU y de Israel ya han demostrado suficientemente que tienen la fuerza y la capacidad letal. Que pueden atacar Líbano, Siria, Yemen o Irán, y alcanzar con sus misiles y sus bombas los domicilios de cualquiera de sus adversarios. Pero arrasar al pueblo palestino y deportar a los supervivientes a campos de concentración en los países vecinos, no resolverá el problema de la seguridad del pueblo judío. Lo agravará. Solo una solución justa, en la que todos los habitantes de aquella querida tierra puedan vivir dignamente y en libertad, podrá traer una paz duradera.

Por eso debemos urgir y urgimos al gobierno de EEUU, al de España, a la Unión Europea y a los gobiernos de todas las potencias, a que paralicen esta masacre, presionando al gobierno de Israel con todos los medios políticos, comerciales y judiciales a su alcance, para que establezcan el alto el fuego definitivo inmediato y permitan la llegada de la ayuda humanitaria necesaria, sin restricciones. 

Firmado: Fernando Lamata

Los gobiernos de los países ricos frenan la propuesta de India y Sudáfrica para suspender las patentes de vacunas y tecnologías frente a la COVID-19.

El viernes 16 de octubre, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Sudáfrica y la India plantearon una propuesta que pedía a los países de la OMC que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), para permitir a todos los países la fabricación de productos genéricos en volumen suficiente, a precios asequibles y a tiempo.

 En su intervención, el representante de Sudáfrica denunció que el lenguaje de solidaridad y bienes públicos, utilizado por varios líderes de diferentes países no se había traducido en decisiones concretas para compartir los derechos de propiedad intelectual y transferir tecnologías frente a la COVID. “Business as usual” ha sido la respuesta común hasta ahora. Es importante, dijo, que se pongan barreras en la lucha contra la pandemia. “Una respuesta efectiva requiere el acceso rápido a productos médicos, incluyendo test diagnósticos, mascarillas, otros equipos de protección, ventiladores, vacunas y medicamentos. La escasez de estos productos en muchos países ha puesto en riesgo la vida o la salud de trabajadores sanitarios y de servicios esenciales y ha provocado muertes evitables. También prolonga la pandemia. Y mientras más dure, mayor será el impacto económico negativo”. 

 

Las patentes suponen una barrera al acceso a estos productos, por los altos precios y por el cuello de botella a la producción a gran escala.

 

El representante de la India insistió: “Queremos recordar a los miembros de la OMC que, en una pandemia, donde todos los países están afectados, necesitamos una solución global. Nuestra propuesta aporta esa solución. Es hora de que todos los países asumamos una responsabilidad colectiva y pongamos la vida de las personas por delante de todo lo demás. La Historia no nos juzgará con benevolencia si no actuamos inmediatamente para salvar la pérdida de vidas humanas y salud, y permitimos que la disfunción global prevalezca sobre la cooperación global. Esperamos que los países miembros de la OMC apoyen nuestra propuesta para asegurar que las vacunas y los tratamientos son realmente bienes públicos globales”.

 

La propuesta de la India y Sudáfrica fue suscrita por Kenia y Esuatini, y recibió el apoyo de Tanzania y el Grupo Africano, Chad y el grupo de países menos desarrollados, y también de Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Argentina, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Egipto, Túnez, Mali, Mauritania, Mozambique e Indonesia. Otros países mostraron su posición favorable a la propuesta, pero necesitaban algunas aclaraciones o bien consultar a sus gobiernos. Así se manifestaron China, Turquía, Nigeria, Senegal, Filipinas, Tailandia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y El Salvador.

 

Sin embargo, los gobiernos de los países de la Unión Europea, EEUU, Suiza, Noruega, Australia, Canadá, Japón, y Reino Unido, a los que se sumó Brasil, se opusieron a la propuesta.

 

Estos países argumentaron que ya era suficiente con las “flexibilidades” de los ADPIC. Pero el representante de Sudáfrica contestó que no era así. Este mismo año, la UE y los EEUU han presionado a países como India, Indonesia, Turquía, Ecuador, Colombia, Egipto, Malasia, o El Salvador, por las legislaciones que pretendían utilizar las licencias obligatorias (flexibilidad de los ADPIC).

 

La UE y los otros países ricos insistieron en que la solución era que las empresas titulares de la patente dieran “licencias voluntarias” para que otras empresas pudieran fabricar genéricos. Pero, después de nueve meses de pandemia, se demuestra claramente que no es así. Un ejemplo, señaló el portavoz de Sudáfrica, es el remdesivir. “A pesar de recibir financiación pública significativa de al menos 70,5 millones de dólares, Gilead ha firmado acuerdos bilaterales secretos con unas pocas compañías de genéricos de su elección, excluyendo a la mitad de la población mundial de los territorios cubiertos. La mayor parte de las reservas de remdesivir se han adjudicado a países ricos. Como resultado, muchos países en desarrollo no han recibido este medicamento. Los precios, además, son prohibitivamente altos”. Estos acuerdos voluntarios no valen para hacer frente a la pandemia, porque las empresas titulares de la patente deciden a qué población, a través de qué empresa, con qué cantidad de producción y a qué precio. “Si somos serios para enfrentar este problema, la producción no puede estar concentrada en las manos de unos pocos fabricantes”.

 

El portavoz de Sudáfrica subrayó también que, durante estos meses, ninguna compañía farmacéutica había cedido voluntariamente sus derechos de propiedad intelectual a la OMS a través de la iniciativa C-TAP de las tecnologías relacionadas con la COVID.

 

La iniciativa COVAX, que la industria ha promocionado, como la manera adecuada de hacer llegar los medicamentos a países pobres, es muy insuficiente. “Los países ricos que representan un 13% de la población mundial han acaparado ya el 51% de las dosis de futuras vacunas para la COVID”. ¿Dónde queda la promesa de acceso universal? “El modelo COVAX refuerza la profunda desigualdad y no ofrece una solución confiable”. 

 

Un tercer argumento expuesto por los países ricos es que la suspensión de las patentes para las tecnologías COVID impediría la innovación. “Nunca ha habido un caso tan débil para otorgar monopolios” por este motivo, contestó con firmeza el representante de Sudáfrica. Los Gobiernos han financiado la investigación en medicamentos y vacunas, diciendo que serían un bien público, pero sin ligar las subvenciones al compromiso de las empresas para que fuera así. La investigación está siendo un esfuerzo de diferentes universidades, institutos, agencias, en todo el mundo. No es el resultado de una empresa farmacéutica. Las personas participantes en ensayos clínicos en todo el mundo lo hacen por su conciencia y sentido de contribuir a encontrar una cura para todos.  Además, la industria está financiando el desarrollo y producción de vacunas con “compras anticipadas” de la UE, EEUU y otros países, y, por otra parte, ha pedido a los gobiernos que se hagan cargo de posibles indemnizaciones por efectos adversos. “La colaboración entre centros de investigación no es por la Propiedad Intelectual, como han señalado algunos, sino lo contrario. Son los científicos de todo el mundo los que han facilitado la colaboración, no la propiedad intelectual. Es la financiación pública la que ha facilitado esas colaboraciones, no la propiedad intelectual”, insistió el portavoz de Sudáfrica.

 

“La COVID-19 revela la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos en el mundo, y una de las principales causas es que la Propiedad Intelectual sostiene los intereses dominantes de la industria a costa de vidas humanas”, concluyó el portavoz sudafricano.

 

El debate duró más de tres horas, pero, a la vista de la oposición del grupo de países ricos, los proponentes del acuerdo, India y Sudáfrica propusieron a la Presidenta de la reunión que este asunto quedara abierto para discusión y convocando un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC.

Vale la pena señalar que 379 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el planeta habían dirigido una carta a los participantes en esta reunión pidiendo que apoyaran la propuesta.

https://accesojustomedicamento.org/carta-a-la-organizacion-mundial-de-comercio/

 Como ciudadano de la Unión Europea pienso que esta es una oportunidad perdida para la humanidad, para la dignidad de los pueblos, para buscar juntos una solución a la pandemia que nos afecta a todos. Siento vergüenza al estar representado por una Unión Europea que pone los derechos de las personas por detrás de los intereses de las multinacionales, a las que concede patentes y monopolios; que compra anticipadamente un medicamento que no sirve a precios abusivos; que financia a las empresas farmacéuticas sin asegurar condiciones de uso como bien público; y que frena iniciativas como la de India y Sudáfrica que pretendía dar una respuesta eficaz, eficiente y solidaria a la pandemia. Y me pregunto ¿qué papel ha jugado el gobierno de España en este debate y en la posición de la UE?

Salud Mental y Derechos humanos: no solo es cuestión de dinero… aunque también.

En el XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental, mi ponencia sobre los derechos humanos se centraba en los recursos necesarios para hacerlos viables (1). Los movimientos sociales, las transformaciones económicas de entre-guerras en Europa y la respuesta a la crisis de 1929 en EEUU, impulsaron un cambio en la distribución de recursos, implantando sistemas fiscales más justos y progresivos, que recaudaron a los más ricos y permitieron desarrollar políticas públicas (sanidad, educación, pensiones, seguro de paro, servicios sociales, etc.). La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue expresión de este cambio de visión. Años después, en la crisis de 2008 ocurrió lo contrario. La revolución de los ricos, que había empezado a finales del siglo XX, fue dando la vuelta a la situación. Los ricos dejaron de pagar impuestos, forzando cambios en las leyes financieras y aprovechando mecanismos de evasión y fraude fiscal sofisticados. Y en la salida de la crisis de 2008 forzaron los rescates bancarios a cargo de los contribuyentes, con lo que los gobiernos tuvieron que recortar los servicios públicos, incluida la sanidad y los servicios de salud mental. Los derechos humanos “tienen que comer”, necesitan una financiación, y si se recorta, se recortan derechos.. 

 

Sin embargo, otras participantes en el Congreso me llamaron la atención acerca de que no es solo cuestión de dinero. Con el dinero disponible en cada momento hay otros aspectos importantes, como la visión de las familias y la sociedad, las leyes y su aplicación, la formación de los profesionales, la organización y orientación de los servicios, etc., que influyen en la aplicación de los derechos humanos. Esto es cierto.

 

Por una parte, la visión y actitud de la sociedad, los profesionales, las familias y las personas afectadas. ¿Cuál es la visión que tienen acerca de la salud mental? ¿Es una visión basada en los derechos humanos de la persona? ¿Considera a la persona capaz, o incapaz? ¿Es una visión de persona violenta, excluida, alienada, o de persona con un problema y con capacidad de recuperación? Una visión estigmatizante de las personas con problemas de salud mental condiciona el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Las etiquetas son cadenas invisibles que atan a las personas afectadas. Esa visión se traducirá en comportamientos en el ámbito social (medios de comunicación, familia, trabajo) y en el ámbito terapéutico. Por ejemplo, será más difícil encontrar trabajo. Y así, será muy complicado lograr autonomía económica. De rebote, las relaciones de pareja y otras relaciones sociales se verán limitadas. La autoestima y la recuperación serán más difíciles. Y esta dificultad de recuperación reforzará el estigma.

 

En segundo lugar, la visión de los legisladores y los jueces. Esa visión se traducirá en leyes y en una determinada aplicación de las mismas: limitación de libertad, ingreso involuntario, contención involuntaria, tratamiento involuntario, esterilización forzosa, o legislación favorable a la persona como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y otras. La legislación condicionará la actitud terapéutica y los derechos de los pacientes. 

 

En tercer lugar, la formación de los profesionales, que condiciona y orienta su práctica. La formación continuada está, muchas veces, financiada por la industria farmacéutica, imponiendo el enfoque farmacológico-biológico de los trastornos mentales. No es casualidad que el 42% del gasto en salud mental sea en medicamentos. Para que la formación no dependa de la industria farmacéutica se debe cambiar el modelo por el que se fijan los precios (precios abusivos), de manera que el sector público recupere parte del gasto farmacéutico inútil y pueda destinarlos a formación independiente. El dinero es el mismo, pero se podría y se debería usar de otra manera.

 

En cuarto lugar, los programas y dispositivos de atención. La posibilidad de superar el estigma tiene que ver con la posibilidad de prevenir los problemas de salud mental y de lograr que su evolución sea favorable. Para ello es importante disponer de programas de prevención, educación en las escuelas, etc. Es precisa la detección temprana de los problemas y la intervención ágil, con apoyo en domicilio, con apoyo a las familias, con asistentes personales (expertos en primera persona), con actividades que favorezcan la recuperación. Entonces se comprueba que la persona afectada se recupera y se incorpora a sus actividades personales y profesionales con autonomía plena. Y el estigma se va superando en la sociedad. Pero se necesitan recursos, se necesita suficiente número de profesionales bien formados, que dispongan de medios apropiados y tiempo para desempeñar correctamente su labor. Recordemos que en España disponemos de menos de la mitad de profesionales dedicados a la salud mental (enfermería, psicología clínica, psiquiatría, trabajo social, etc.) que en los países europeos avanzados. Y no olvidemos que, en otros países más pobres, la carencia de medios obliga a seguir manteniendo la hospitalización psiquiátrica tradicional y la contención como medio de tratamiento principal. Sin recursos no hay programas.

 

Los recursos suficientes permitirán abordar los programas de promoción de la salud mental, prevención de los problemas más importantes, detección precoz, intervención temprana, abordaje comunitario, con la consiguiente reducción de los ingresos involuntarios, de la contención involuntaria, y la reducción de la medicación inadecuada. Como decía una persona que había sido ingresada: lo mejor para que se respeten los derechos humanos de la persona en un ingreso en salud mental es hacer que no sea necesario el ingreso, prevenirlo.

 

Y ahora sí, aquí llegamos a la necesidad de una financiación justa. La financiación suficiente requiere aumentar lo ingresos públicos, mediante una fiscalidad justa y progresiva. 

 

Recapitulando, con una financiación dada, con la financiación de la que se dispone en cada momento, se pueden hacer las cosas de distinta manera, de la misma forma que un capitán puede dirigir el mismo barco mejor o peor que otro, o lo mismo que un director de orquesta puede hace sonar la orquesta con armonía o puede destrozar la música. Aquí también, un profesional sanitario, o un juez, con los mismos medios, pueden actuar de distinta manera. Pueden adoptar un enfoque comunitario o un enfoque hospitalocentrista; un enfoque que respeta los derechos humanos o un enfoque de persona incapaz y peligrosa. Etc. No es solo cuestión de dinero. 

 

Pero, al mismo tiempo, no cabe duda que para asumir enfoques en favor de los derechos humanos es preciso poder formar a los profesionales, familias y pacientes, de forma independiente, y es preciso disponer de recursos para la atención en el ámbito comunitario, así como para impulsar programas de sensibilización social. Las leyes, incluida la ley de presupuestos, las hacen los parlamentos, y los parlamentarios son elegidos mediante votos en los que influyen los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación se ven orientados por los anunciantes y los accionistas, que en general son grandes poderes económicos que buscan defender sus intereses, reducir el gasto público, favorecer sanidad privada, aumentar el gasto farmacéutico, etc.

 

En definitiva, la realización de los derechos humanos no es solo cuestión de dinero, pero también lo es. La vida es un equilibrio inestable entre distintas fuerzas en tensión. A veces hay fuerzas dominantes que tiran hacia su lado y que imponen su ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva. Otras veces, millones de personas anónimas, trabajadores, profesionales, familias, son capaces de unir su voz y sumar voluntades para defender un mundo más justo, donde todos podamos vivir una vida digna. Es un tira y afloja permanente, a lo largo de los años y de los siglos, con avances y retrocesos, en el que cada uno tenemos que aportar lo que podamos en cada momento.

 

El presente y el futuro lo hacemos nosotros. La defensa de los derechos humanos en salud mental depende de nosotras. Las personas afectadas, sus familias, las profesionales y los políticos que compartan una visión respetuosa con los derechos y superadora de etiquetas y estigmas. Tenemos que hacer un esfuerzo, en cada Congreso, en cada reunión, en el ámbito de trabajo, en las asociaciones, en los parlamentos, en los medios de comunicación, para sumar apoyos y lograr todos juntos una buena atención de las personas con problemas de salud mental, de calidad, y para todas, en todo el mundo. Hemos de hacerlo con los medios que tengamos en cada momento, aquí y ahora, y recabando los medios necesarios para seguir mejorando.

 

(1)- https://fernandolamata.blogspot.com/2020/10/a-mi-que-me-importa-tu-salud-mental.html

 

 

 

 

 

 

¿A mi qué me importa tu salud mental?

Antes de contestar a esta pregunta, quiero agradecer a los organizadores de esta trigésimo séptima edición del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, y de la 3ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, su amable invitación a participar en el mismo.

 

El Congreso se desarrolla a través de Internet, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia está causando mucho sufrimiento, millones de afectados, un millón de personas fallecidas, y una crisis económica que se traduce en paro y precariedad. Pero también nos ha mostrado que estamos juntos en este pequeño barco que es el planeta. Que lo que ocurre en un mercado de alimentos de China nos afecta, literalmente, a todo el mundo, tres meses después. Y que para resolver este y otros problemas de salud, tenemos que remar todos juntos. 

 

Ya lo señalaba el Informe de la Confederación Salud Mental España, sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2019, decía: “todo los que les ocurre a las personas de nuestro entorno nos concierne y nos hace responsables”. (1)

 

Podemos pensar que no es así. Que los problemas de los demás no son mis problemas. Y menos aún, los de aquellas personas que tienen problemas de salud mental. 

 

¿O sí lo son? Pienso que sí. Repasemos algunos hechos.

 

La historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad, con sus avances y retrocesos.

 

Después de las 2 guerras mundiales, las naciones fueron capaces de acordar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La humanidad fue construyendo, en la segunda mitad del siglo XX, un modelo de sociedad que lograba un razonable equilibrio entre libertades y obligaciones, entre beneficio individual y derechos sociales. Había grandes desigualdades, pero se iban corrigiendo a través de mejoras salariales y políticas públicas, como la sanidad y la educación, financiadas con una fiscalidad progresiva y razonablemente justa. La tendencia era hacia una mayor equidad. También en España.

 

Pero los derechos humanos no son irreversibles.

 

En su magnífico librito “Castellio contra Calvino”, Stefan Zweig nos recuerda que “nunca un derecho se ha ganado para siempre”. 

 

A partir de los años 80 del siglo pasado, los intereses económicos de unos pocos fueron ganando fuerza, imponiendo el cambio de leyes fiscales, deslocalizando la producción, creando una economía virtual multinacional que escapaba a los controles de cada país. La crisis financiera y económica de 2008 fue la manifestación de la enorme codicia de los grandes especuladores. Después de aquella crisis, en lugar de corregir este desequilibrio, los gobiernos nacionales se vieron incapaces, no se pusieron de acuerdo para crear una gobernanza mundial y siguieron permitiendo que la desigualdad creciera, con el deterioro consiguiente de los servicios públicos. 

 

En el citado Informe de la Confederación, se denuncian graves vulneraciones de los derechos humanos. Situaciones de acoso, de maltrato, de esterilizaciones forzosas, de niños y niñas sin cuidados adecuados, de suicidios que podían haberse prevenido y evitado, de aumento de adicciones, de excesiva utilización de mecanismos de contención involuntaria, coerción, aislamiento y violencia. Estas vulneraciones se deben, en buena medida, a la falta de recursos para hacer efectivos los derechos de estas personas.

 

Así lo constatan también Rocío Juliá-Sanchis, Carlos Aguilera-Serrano, Francisco Megías-Lizancos y José Ramón Martínez-Riera, en su trabajo Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. Informe SESPAS 2020. (2)

 

Los autores señalan que las políticas puestas en marcha en la crisis financiera se han caracterizado “por la descapitalización de los servicios públicos, la transferencia a centros privados y el incremento de los servicios concertados, la desinversión comunitaria, y un presupuesto hospitalocentrista”.

 

También plantean que, a pesar de muchos progresos logrados en diferentes servicios de salud mental, se deberían reducir prácticas como la institucionalización, la medicalización excesiva, o la realización de medidas coercitivas.

 

Y añaden “la vulneración de los derechos humanos anteriormente expuesta es una realidad por falta de recursos comunitarios como los equipos asertivos comunitarios o los equipos de asistencia aguda domiciliaria”.

 

En la misma línea, para prevenir y corregir esta vulneración de los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, la Confederación reivindica la necesidad de dotar de medios suficientes y de recuperar y desarrollar un modelo de atención comunitaria. Se necesitan, dice, planes individuales de atención; equipos de intervención familiar; apoyo domiciliario; equipos multidisciplinares; asistentes personales; empleo y vivienda con apoyo…

 

Pero todos estos dispositivos, equipos y planes no se pueden llevar a cabo sin recursos. Se estima que la necesidad de recursos adicionales en la sanidad pública en general es de un 30% sobre el presupuesto anual actual; pues bien, en salud mental se precisa un 100% más sobre el presupuesto actual para poder disponer de suficientes profesionales, con tiempo suficiente, con una formación continuada independiente de la industria farmacéutica, y con medios e instalaciones adecuadas para hacer bien su trabajo. Y para conseguir esos recursos se necesita una fiscalidad progresiva, justa y eficaz.  

 

Los recursos están, pero se los llevan unos pocos. El 1% más pudiente de la población española tienen unos ingresos que superan todo lo que gana el 50% más pobre de la población.

 

En España, en Europa y en el Mundo, desde finales de los años 80 del siglo pasado, se ha fraguado lo que yo llamo la “revolución de los ricos”. Esta ofensiva neoliberal financió y financia grupos de opinión, “think tanks”, “institutos”, de los que salían y salen informes atacando al sector público, a la sanidad pública, a la educación pública, defendiendo que se debían reducir los impuestos a los más pudientes para que pudieran generar más riqueza. Así, desde finales de los años 80, el tipo marginal de los impuestos directos para las rentas más altas bajó de más del 70% a menos del 30%. Pero, además, con la “globalización”, con los paraísos fiscales, forzando una legislación favorable a sus intereses, a base de desgravaciones, bonificaciones, y exenciones fiscales, y con la incapacidad de los gobiernos nacionales para gravar los movimientos de capitales, los más ricos han logrado que su aportación real a las arcas públicas sea el 0%. Los ricos hoy no pagan impuestos. Y esta distribución injusta de la riqueza afecta directamente a los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental.

 

Esta Conferencia también es Mundial. Y es muy importante que seamos conscientes de que, si aspiramos a lograr una sociedad equilibrada, en la que los más ricos y las grandes corporaciones aporten lo que deben de la misma forma que lo hacen los trabajadores y las clases medias, es precisa una gobernanza mundial que acuerde las grandes políticas: 

 

el reconocimiento de los derechos, las políticas públicas para garantizarlos, y la fiscalidad justa para financiar esas políticas.

 

Las políticas públicas se pueden cambiar. España, y los diferentes países, tienen recursos para poder atender los derechos humanos de todas las personas. Pero para ello tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. La desigualdad inmoderada se traduce en menos recursos públicos y peor atención a las personas más débiles. Si tenemos conciencia de esa injusticia, y tenemos voluntad, tarde o temprano cambiaremos las cosas.

 

La pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación, al mismo tiempo que ponía al descubierto la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos y la vulneración de los derechos humanos. La infección por este coronavirus afecta a todo tipo de personas, jóvenes y mayores, pobres y ricos. Pero afecta más a los más pobres y a los más mayores. Los barrios de menos renta, con viviendas más pequeñas, cuyos residentes suelen trabajar en lugares más insalubres o con peores condiciones y con peores contratos, han sido los más afectados. Las personas mayores que viven en residencias han sufrido una mortalidad excesiva, porque las condiciones de protección de los trabajadores y las posibilidades de aislamiento de los residentes no eran las adecuadas, y porque el sistema sanitario, debilitado y saturado, se vio obligado a racionar la atención, rechazando el ingreso de muchos mayores enfermos en los hospitales. También el impacto ha sido mayor en personas con problemas de salud mental. 

 

El aislamiento, la falta de recursos sanitarios, la suspensión de psicoterapias o la supresión de programas sociales han afectado duramente a las personas con algún trastorno mental, provocando retrocesos en su recuperación.

 

No debemos permitir que la pandemia sea otra excusa para recortar los derechos humanos, y menos todavía los de las personas con problemas de salud mental. 

 

Nos debemos rebelar sabiendo que hoy uno de cada cuatro euros de dinero público, dinero de todos, que equivale a todo el gasto sanitario y social anual, se destina a pagar una deuda bancaria injusta, mientras los ejecutivos financieros siguen engordando sus cuentas millonarias. No debemos consentir el fraude fiscal de los más ricos que cada año nos roba más de 70.000 millones de euros, más que todo el gasto sanitario público. La pandemia ha sido aprovechada por unos pocos, las grandes corporaciones financieras, las grandes compañías farmacéuticas, las de telecomunicaciones y logística y otras, para aumentar sus beneficios a costa de los demás. Esos abusos vulneran nuestros derechos. 

 

Pero el cambio es posible y es necesario. Depende de nosotros. Depende de ti. Y te importa mucho. Como señalaba Stefan Zweig, “Con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia”.

 

Para que se respeten los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y los de todas las personas, es preciso un cambio de políticas. Y ese cambio debe salir de una convicción personal. 

 

Amigas y amigos, si no estamos convencidos de la radical igualdad de todos los seres humanos y de la necesidad de garantizar los derechos de todos, especialmente de los que tengan más dificultades, no impulsaremos políticas públicas que garanticen esos derechos. Y si no hay gobiernos que impulsen esas políticas, los intereses económicos de unos pocos nos seguirán arrollando, seguirán erosionando nuestros derechos, nuestra sanidad, tu sanidad, nuestras pensiones, tu pensión, nuestras residencias sociales, nuestra educación, como una apisonadora brutal, insensible.

 

¿Y a mi qué me importa?... Te importa mucho, me importa mucho, nos importa mucho.

 

Es tu vida, es mi vida. Es nuestra posibilidad de realización, de ser libres, de ser felices. Por eso, cada uno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacer todo lo posible para que se garanticen de forma efectiva los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra participación en asociaciones y en organizaciones profesionales, con nuestra opinión y nuestra participación política. Dando cada día un pequeño paso.

 

Como decía el Dalai Lama:

Tú eres más feliz cuando te centras en los demás. Llevando alegría a otros es como puedes encontrar tu alegría interior.

 

Y Desmond Tutu, dialogando con el Dalai Lama, concluía:

No puedes sobrevivir por ti mismo. No puedes florecer, realizarte plenamente como persona sin las demás personas. Necesitas a otras personas para ser humano.

 

Por eso me importa tu salud mental.

 

A veces pensamos que el cambio necesario no será posible. Recuerdo entonces el poemita de Nicomedes Santa Cruz, cuando decía:

 

Yo tengo fe en el futuro,

porque el hombre de mañana

disfrutará vida sana 

forjada en presente oscuro,

marchará con pie seguro

por la fraternidad,

su arma será la verdad

su compromiso el deber

su regocijo el saber

su triunfo, la libertad.

 

Muchas gracias por su atención. ¡Y mucha suerte!

 

 

(1)   https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/

(2)   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457906/

 

¿Vacuna para todos o sálvese quien pueda? Dilemas éticos de los Estados, de sus gobernantes y de la ciudadanía ante la vacuna para la COVID-19.

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis mundial sin precedentes. Por primera vez hemos comprobado cómo un simple virus puede paralizar países enteros. Más de la mitad de la humanidad ha sido confinada simultáneamente durante varias semanas. Millones de personas se han contagiado y cientos de miles han fallecido. Y, en los momentos más agudos, los sistemas sanitarios de algunos países, como España, se vieron desbordados, convirtiendo hospitales generales enteros en “hospitales COVID”, con las UCIs saturadas, el personal sanitario agotado, con muchos profesionales contagiados y muchos fallecidos. El impacto en la economía española y mundial es mayor que el de la crisis financiera de 2009. La retransmisión diaria, en directo, por medios de comunicación y redes sociales, de imágenes y noticias de todo el mundo afectado por la COVID, nos ha hecho sentir unidos frente a la misma adversidad. Vulnerables frente al mismo adversario. 

 

La dimensión del problema sanitario exigió respuestas inmediatas a los profesionales de primera línea. Entre tanto, los investigadores comenzaron a trabajar para encontrar tratamientos eficaces y seguros, y nuevas vacunas, en centros públicos y privados, financiados, en buena parte, con fondos públicos.

 

Y aquí se plantea un dilema ético a los gobiernos. Si se descubren tratamientos eficaces y seguros, o si se descubre una vacuna efectiva, ¿debe ser para todo el mundo, o debe ser para los más ricos? ¿deben tener precio de coste, o pueden tener sobre-precios, protegidos por patentes y monopolios? ¿debe ser una vacuna de la gente, sin patente, o podemos aceptar que sea de una corporación privada que busque su ganancia habitual?

 

Hemos leído declaraciones de líderes, como las del Presidente francés, Sr. Macron, defendiendo que la vacuna debe ser un bien público, fuera del mercado.

https://www.abc.es/sociedad/abci-macron-advierte-sanofi-vacuna-contra-coronavirus-sera-bien-publico-fuera-mercado-202005141648_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com

 

O las de Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, compartiendo esa misma opinión.

https://www.moncloa.com/sanidad-vacuna-bien-publico-toda-poblacion/

 

Conocemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. En su artículo primero, la Declaración señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

 

La carta fundacional de la OMS, suscrita también por la mayoría de Estados del planeta, establece que todos los países deben ofrecer el más alto nivel de salud como un derecho fundamental de todo ser humano.

 

 

Sabemos que, para muchos europeos, su fundamento moral es el humanismo cristiano, que enseña que todos somos hermanos, y que la guía de conducta es amar al prójimo como a uno mismo, mostrándonos magistralmente esta forma ética de actuar en la parábola del buen samaritano.

 

El 14 de mayo, un grupo de más de 140 líderes de diferentes países, encabezados por los presidentes de Sudáfrica, Pakistán, Ghana y Senegal, reclamaron en una carta abierta, dirigida a todos los gobiernos del mundo que se iban a reunir en la Asamblea Mundial de la OMS, una “vacuna de la gente” para la COVID-19. Una vacuna disponible para todos, en todos los países y libre de pago en el momento del uso. Reclaman que la vacuna esté libre de patente, permitiendo así una producción masiva a precio de coste, para lograr que esté disponible para todos. “No podemos aceptar que los monopolios, la competencia bruta y un nacionalismo miope se interpongan en el camino”. 

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/may/20200514_covid19-vaccine-open-letter

 

Se pide en la carta que se comparta la información científica sobre las tecnologías COVID (pool obligatorio de patentes) para poder fabricar el producto en todas partes a precio de coste. Y es que “nadie debe ser relegado al último puesto de la cola para la vacuna por el lugar donde vive o por lo que gana”, como afirma el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa.

 

Para enfrentar a esta crisis sin precedentes, insiste Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, “no podemos seguir actuando como siempre” (business as usual). “La salud de cada uno de nosotros depende de la salud de todos nosotros”. La vacuna debe pertenecer a todos. No bastan discursos diplomáticos, necesitamos garantías legales, y las necesitamos ya”.

 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la crisis, a pesar de que nos afecta a todos y de que solo se resolverá si la afrontamos juntos, a pesar de los derechos humanos y del humanismo cristiano, las cosas se están haciendo de otra manera. Los gobiernos están tomando decisiones que no siguen el criterio ético de que todos tenemos derecho a la salud, sino el de “sálvese quien pueda”. 

 

Así, el 15 de marzo de 2020 se conoció que Trump trataba de comprar, en exclusividad, una vacuna para la COVID 19 de la compañía alemana CureVac. Según el periódico Velt am Sonntag, la oferta era de 912 millones de euros. Poco después, el Ministro alemán de salud, Jens Spahn, afirmó que esta propuesta se había retirado y que CureVac desarrollaría vacunas para todo el mundo.

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1100

 

La carrera para asegurarse la compra de vacunas había comenzado. Y sigue. 

 

El 20 de mayo, el Departamento de Salud de EEUU anunciaba que habían llegado a un acuerdo con AstraZeneca para recibir 300 millones de dosis de su vacuna AZD1222, y que recibiría las primeras dosis en octubre de 2020. A través de la Autoridad para investigación y desarrollo biomédico avanzado (BARDA), AstraZeneca recibiría 1,200 millones de dólares. El ministro de salud de EEUU decía “Dar la vacuna al público americano tan pronto como sea posible es parte del programa del Presidente Trump”.

https://www.hhs.gov/about/news/2020/05/21/trump-administration-accelerates-astrazeneca-covid-19-vaccine-to-be-available-beginning-in-october.html

 

La vacuna de AstraZeneca ha sido desarrollada en la Universidad de Oxford, con importantes fondos públicos. También las otras vacunas o medicamentos en estudio han recibido para su investigación cuantiosas ayudas de dinero público de diferentes países.

 

El 22 de julio, el gobierno de EEUU anunció un contrato de casi 2.000 millones de dólares con Pfizer y BioNTech, una empresa alemana, para acelerar el desarrollo de la vacuna y asegurarse los primeros 100 millones de dosis, que llegarían en diciembre, a 20$ la dosis. Además, adquieren el derecho a comprar otros 500 millones de dosis.

https://www.nytimes.com/2020/07/22/us/politics/pfizer-coronavirus-vaccine.html

 

Por otro lado, Moderna, otra empresa farmacéutica, recibió 483 millones de dólares del gobierno de EEUU para el desarrollo de su vacuna.

 

Los países de la Europa rica no se podían quedar atrás en esta carrera.

 

El 13 de junio, la Alianza para la compra de Vacunas formada por Francia, Alemania, Italia y Holanda, había llegado a otro acuerdo con AstraZeneca para el suministro de 400 millones de dosis de su vacuna. Esta Alianza, se decía en el comunicado, trabajaría con la UE y otros países europeos para asegurar que todos en Europa tengan acceso a la vacuna.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines/astrazeneca-agrees-to-supply-europe-with-400-million-doses-of-covid-19-vaccine-idUSKBN23K0HW

 

El ministro de sanidad italiano, Roberto Speranza, justificaba su actitud diciendo que “muchos países en el mundo han asegurado ya el suministro de vacunas. Europa todavía no”. Aquí ya no se hablaba de la vacuna como Bien Público, de la vacuna de la gente y para todos. En las declaraciones tampoco se recogía que la posible vacuna debería ser con licencia no exclusiva y a precio de coste.

 

Pocos días después, el 19 de junio los gobiernos de España y otros países de la UE reaccionan y acuerdan con la Comisión Europea que sea ésta la que negocie la compra anticipada de vacunas frente a la COVID-19 en nombre de todos (los ciudadanos de la UE27; los otros hermanos, ciudadanos del mundo, no figuran en los compromisos).

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/190620-covid-vacunas.aspx

 

No se conoce que ningún gobierno haya dado instrucciones a la Comisión Europea para garantizar la “no exclusividad” de las licencias, para producir sin limitación genéricos a los precios de coste, pagando aparte los costes de I+D que correspondieran a través del fondo de Respuesta Global de la UE u otros fondos globales creados para la COVID.

 

Posteriormente, el 28 de julio la Comisión Europea informa de la firma de un contrato con Gilead para asegurar dosis de Veklury (remdesivir). Veklury es el primer medicamento autorizado en el ámbito europeo por la EMA, para el tratamiento de algunos pacientes afectados de síntomas severos de la COVID-19. La Comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, dice en un comunicado que, en las últimas semanas, la Comisión ha estado trabajando sin descanso con Gilead para alcanzar un acuerdo que asegure que stocks de remdesivir se envían a la UE, para miles de pacientes. La Comisión pagará 63 millones de euros para 30.000 tratamientos, a 2.100 euros / tratamiento. Está previsto que se firmen nuevos pedidos.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1416

 

El precio está muy por encima de los costes (2.100 euros frente a 6 euros, 350 veces más. Es como si nos pidieran 350 euros por un kilo de arroz). Es un precio abusivo. “Business as usual”. Pero, a pesar de eso, teniendo en cuenta el pánico y la presión social, los inversores piensan que todavía podían ponerse precios más altos y, según The Intercept, los banqueros de inversión presionaron a las empresas farmacéuticas para considerar las formas de obtener más ganancias con la crisis de la COVID-19.

https://theintercept.com/2020/03/19/coronavirus-vaccine-medical-supplies-price-gouging/

 

En una comparecencia ante el Congreso, el ministro de salud norteamericano, Sr Azar, antiguo directivo de una empresa farmacéutica, rechazó la idea de que cualquier vacuna o tratamiento para la COVID-19 debiera tener un precio asequible. “Nosotros querríamos asegurar que trabajamos para hacer los precios asequibles, pero no podemos controlar los precios, porque necesitamos que el sector privado invierta”. Es decir, el precio lo fijan las empresas, independientemente de los costes de los productos y de la investigación. “Business as usual”.

 

La Comisión anunció en un comunicado el 31 de julio que había concluido conversaciones con Sanofi-GSK para un Acuerdo de compra anticipada de la vacuna que están desarrollando. Se trata de una reserva para que los Estados Miembros puedan comprar hasta 300.000 dosis. La Presidenta de la Comisión, von der Leyen, dice que están en conversaciones avanzadas con otras compañías. No hay mención a que las vacunas sean un Bien Público, a que sean a precio de coste, o a que, en caso contrario, se usarían licencias obligatorias. “Business as usual”.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1439

 

Para el resto, para los “países más vulnerables”, hay también unas palabras en el Comunicado de la UE. La Presidenta dice que “estamos comprometidos a asegurar el acceso a estos países”. Pero, de momento, la reserva de vacunas es para los países de la UE.

 

Hay quien pensó que, en esta crisis, al enfrentar esta pandemia, las empresas farmacéuticas actuarían de otra forma, que aceptarían renunciar a la licencia exclusiva y al monopolio de su producto, permitiendo la fabricación de genéricos de forma inmediata. Pero, como se ve, no ha sido así. Era esperable, porque son empresas movidas por el ánimo de lucro y buscan maximizar los beneficios en cualquier circunstancia.

 

Pero, lo que llama más la atención es que los Gobiernos europeos actúen de la misma manera. A pesar de las declaraciones y de las llamadas de distintos líderes y organismos planteando actuar de otra forma, siguen actuando como siempre: business as usual.  Buscan solucionar el problema de cada país o de los 27 países UE, reservando sus vacunas, olvidando exigir un trato igual para todos los países del mundo. No se atreven a no conceder patentes para la COVID-19 o a retirarlas. No plantean el uso de licencias obligatorias. Aceptan pagar precios muy por encima de los costes de fabricación. No exigen condiciones de interés público por las enormes inversiones y ayudas para la investigación realizadas en universidades, institutos de investigación y empresas. Y no hacen transparentes sus acuerdos con las empresas. ¿Por qué?

 

Se me ocurren tres posibles razones: Porque no saben, no pueden, o no quieren. La primera, no saben, es poco probable. En los equipos de los Gobiernos hay personas que conocen alternativas, porque se han planteado públicamente, como hemos visto y luego comentaré. No pueden. Esta razón es plausible. El equilibrio entre gobiernos y grandes corporaciones se rompió hace tiempo por culpa de los monopolios que crean las patentes. Esos monopolios han permitido que las grandes corporaciones tengan enormes ganancias (muy por encima de la media de otros sectores industriales) lo que facilita cuantiosas inversiones en marketing y acciones de presión en la opinión pública. Los gobiernos pueden pensar que, en momento de crisis, no tienen capacidad de afrontar una tensión con instituciones económicas tan fuertes. La opinión pública, piensan, podría orientarse rápidamente en la dirección de exigir a su gobierno que resuelva los problemas locales a corto plazo, sin importar lo que ocurra en otros países y con otras personas, sin tener en cuenta que así se elevan los gastos injustificadamentes y se pone en riesgo el futuro de la sanidad pública. La oposición política puede presionar en la misma dirección. La actitud de algunos gobiernos, como EEUU, claramente contrario a considerar que cualquier tecnología para la COVID-19 sea un bien público, y decidido a asegurar las vacunas para el pueblo americano, “fuerzan” a la UE a buscar contratos de reserva anticipada de vacunas para los países de la UE. La tercera razón también puede ser: no quiero. Sé como hacerlo. Tendría fuerza y capacidad para hacerlo, ya que existen las herramientas jurídicas y podría lograr el apoyo social para adoptar esas medidas en esta situación excepcional. Pero no quiero. No me interesa abordar este conflicto. Prefiero abordar otros problemas menos complicados. Que lo haga otro primero. Nadie me asegura que salga bien.

 

Entiendo que sea muy difícil. Pero el dilema ético que afrontamos: vacuna para todos o sálvese quien pueda, debería animarnos a intentarlo.

 

Una estrategia distinta, que facilitaría el acceso global a todos los países, ricos y pobres, sería que se exigiera que la vacuna tenga licencia no exclusiva, permitiendo la fabricación de genéricos de forma inmediata y a precio de coste. O, en caso contrario, que se aplicara licencia obligatoria por parte la UE y sus países miembros.

 

Al mismo tiempo, se debería exigir la transparencia en los costes de investigación soportados directamente por las empresas (descontando las inversiones públicas directas e indirectas), para poder establecer un mecanismo de pago justo de esa investigación. Se podría usar un fondo global, como el fondo de Respuesta Global para la COVID de la UE, o el fondo ACT accelerator, en el que participan varios países de la UE, etc.

 

Esta estrategia estaría en la línea de lo demandado por el documento “Hacer la vacuna frente a la COVID-19 un bien común global”, una petición organizada por Muhammad Yunus y otros 24 Premios Nobel, 38 expresidentes y primeros ministros de países, y más de 100 artistas, activistas sociales, líderes religiosos, académicos y otros.

https://vaccinecommongood.org

 

Se pide el derecho de todas las personas a acceder a la vacuna de forma gratuita, para garantizar el derecho a la salud. Se plantea una remuneración justa, razonable, de los costes reales de la investigación que hubieran realizado las empresas, para lo que debe haber una información transparente. De esta forma, los resultados de la investigación estarían en el domino público, acelerando la propia investigación, y la fabricación de los productos. Y, en tercer lugar, se pide un mecanismo de gestión, a través de la OMS, con un Plan de Acción.

 

En la misma dirección, de considerar bien público el tratamiento de la COVID-19, va lo que señala Public Citizen respecto al remdesivir, teniendo en cuenta la inversión pública en la investigación y desarrollo de este medicamento de cara a su utilización en la Covid-19.

https://www.citizen.org/news/remdesivir-should-be-in-the-public-domain-gileads-licensing-deal-picks-winners-and-losers/

 

Esta puesta en común de las patentes y tecnologías frente a la COVID-19, por parte de países y empresas, encaja en la iniciativa lanzada desde la OMS: COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP). “El conocimiento compartido reforzará nuestros esfuerzos colectivos para acelerar los avances científicos y compartir los beneficios de su desarrollo, basándonos en el derecho a la salud”.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool

 

Otras voces han planteado líneas de acción en el mismo sentido. Así, un grupo de Miembros del Parlamento Europeo, en carta a la Presidenta de la Comisión Europea del pasado 27 de marzo, encabezada por Margrete Auken, muestran su exigencia para que tecnologías cuya investigación y desarrollo han sido financiados con fondos públicos, sean accesibles y asequibles para los ciudadanos de Europa y de más allá, libres de pago en el momento del uso. “Los esfuerzos de la Unión Europea tienen que estar guiados por nuestros valores fundacionales de dignidad humana y solidaridad, dentro de la Unión y con el resto del mundo”. 

 

Los firmantes señalan que la inversión de la UE en proyectos de investigación no está incluyendo requisitos de interés público, para asegurar que los resultados van a quedar en el dominio público y que los productos serán accesibles y asequibles para los pacientes que los requieran. “No debemos permitir que, en esta situación crítica, corporaciones privadas que desarrollan tecnologías médicas con la financiación de la UE pongan la maximización de las ganancias por encima de las consideraciones de salud pública”. “Conceder monopolios u otros derechos de exclusividad a corporaciones privadas puede resultar en precios injustificadamente altos”, y crear dificultades para que las empresas respondan a la demanda de cualquier medicamento desarrollado en la cantidad y con la rapidez necesaria, al formarse embudos en el proceso de fabricación debidos a la exclusividad. “Aplicar un enfoque “business as usual” supone una pérdida de recursos públicos y una negligencia de parte de las instituciones europeas que tienen la responsabilidad de proteger la salud pública y ejercer la solidaridad con sus Estados Miembros y con el resto del mundo”.

 

Estos parlamentarios europeos piden a la Comisión que tome las medidas oportunas para que se evite la exclusividad y los monopolios en cualquier tecnología frente a la COVID-19. Le exigen transparencia en los procesos de I+D financiados con fondos públicos, garantizando que los productos finales son accesibles y asequibles. Y le urgen a tomar medidas para crear mecanismos de gobernanza global que permitan acceder a las vacunas y los medicamentos necesarios, en cualquier lugar del mundo, en función de la necesidad.

https://haiweb.org/wp-content/uploads/2020/03/MEP-Covid-Letter-March-2020.pdf

 

En la misma dirección va la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio

Sobre la estrategia de salud pública de la UE después de la COVID-19. La resolución se aprobó por 526 votos a favor, 105 en contra y 50 abstenciones. Entre otras recomendaciones, se pide a la Comisión y a los Estados Miembros que se garantice el acceso asequible en todo el mundo a futuras vacunas y tratamientos. Para lograr ese objetivo se propone apoyar la puesta en común de los conocimientos para el acceso a las tecnologías (es decir, renunciar a las patentes exclusivas o compartirlas), a través del C-TAP de la OMS; fomentar la investigación coordinada, colaborativa y abierta en la UE; incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas en I+D y otras inversiones públicas (como transparencia, asequibilidad y licencias no exclusivas para los productos finales). 

 

 En caso de que no se compartan las vacunas, las terapias o los conocimientos pertinentes, dice la resolución del PE, se debería utilizar la licencia obligatoria. Y, entre tanto, se deberían estudiar alternativas para la financiación de la I+D en salud, distintas de las patentes y desvinculadas de los precios de los medicamentos.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_ES.html

 

Es decir, otras estrategias distintas al “sálvese quien pueda” que están aplicando los gobiernos, son posibles. La Comisión Europea y los 27 Países Miembros, tienen fuerza bastante para cambiar de dirección y fijar una estrategia que nos garantice el acceso a las vacunas y los medicamentos, ahora y en el futuro, a nosotros y a todas las personas en todo el mundo. Muchas personas e instituciones en EEUU y en otros países apuestan también por este nuevo rumbo.

 

Pero, para que los gobiernos se muevan en esa dirección y no sigan en la inercia marcada por la industria farmacéutica y para que la presión de los inversores y su interés de ganancia máxima en el corto plazo no sea la que decida quién se vacuna o no y cuánto hemos de sacrificar injustamente en precios abusivos, tenemos que movernos.

 

¿Y, por qué tengo yo que moverme, por qué tengo que opinar, que decir algo sobre esta cuestión?

 

Si creemos realmente que todos los seres humanos somos iguales, hermanos, titulares del mismo derecho a la salud y a la vida.

 

Si queremos poder mirar a los ojos a los niños y las niñas de África, de América Latina, de Asia, de Europa, de Oceanía, a sus madres, y a nuestros hermanos, sin avergonzarnos.

 

Si nos repugna tener que decir, lo siento mucho, mi gobierno ha protegido mis derechos, yo estoy dentro del barco, tú te quedas fuera esta vez, si puedo te echaré un salvavidas, pero si te ahogas no quiero verlo… lo siento…

 

Si no es suficiente con que exPresidentes y Premios Nobel firmen manifiestos.

 

Si nos sentimos corresponsables de una situación que no es justa, que no es ética, que no es humana: yo tengo mi vacuna reservada, lo que a ti te pase no es mi problema.

 

Podemos decir a nuestro gobierno y al de la UE: O todos o ninguno; queremos una vacuna frente a la COVID sin patente, con licencia no-exclusiva, asequible a todos en todo el mundo. No queremos tickets de primera y de segunda en la cola de la vacuna de la COVID-19. Somos iguales en dignidad y en derechos, y todos debemos poder vacunarnos o recibir tratamiento cuando lo necesitemos. La pandemia afecta a todo el mundo. El derecho a la salud es un derecho humano. ¿Qué criterio ético hay para que yo me salve y mi hermano pueda morir por falta de acceso a la vacuna o el tratamiento? 

 

No debemos quedar indiferentes. Debemos reaccionar ante una injusticia que sí tiene solución. Porque todos cabemos en el barco. Y lo sabemos.

 

En un reciente artículo publicado en The Lancet, Wendy Rogers, profesora de Ética Clínica, se preguntaba por los límites de la responsabilidad de la profesión médica en cuestiones éticas globales. Pone el ejemplo del tráfico de órganos y del cambio climático. También podemos aplicar esta reflexión al tema de la política farmacéutica en el caso de la COVID-19. Más allá de nuestra responsabilidad en el acto de prescripción, ¿tenemos alguna responsabilidad en el sistema de fijación de precios, o en el sistema de patentes para financiar la investigación, o en que, por efecto de estos sistemas, millones de personas no tengan acceso a reservar vacunas (como sí estamos haciendo en la UE y en EEUU)? ¿Debemos opinar sobre si las vacunas para la COVID tienen que ser un bien público, libre de patente, para que puedan distribuirse a coste de fabricación, a todas las personas, en todo el mundo, remunerando aparte el coste de la investigación desde los fondos globales creados para la COVID? La autora entiende que sí, que los médicos están en una buena posición para poder influir en la opinión pública, en las autoridades, en las corporaciones, presionando para cambiar la legislación y llamando la atención sobre la vulneración de los derechos humanos. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31643-3/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

 

Como mínimo tenemos una obligación de señalar, de denunciar, como sugiere la filósofa Holly Lawford-Smith, citada por Rogers: “En una situación donde la acción del individuo puede parecer fútil o quijotesca, los individuos tienen, al menos, una obligación de señalar”.

 

Y ¿qué podemos señalar los ciudadanos sobre la vacuna para la COVID-19? Quizá sea útil recordar aquí la respuesta de Jonas Salk cuando le preguntaron de quién era la vacuna frente a la polio: “De la gente, digo yo. ¿Se puede patentar el sol?”.

 

 

El Parlamento Europeo muestra el camino a los Gobiernos y a la Comisión para desarrollar una política farmacéutica más eficaz y más justa en tiempos de COVID.

El pasado 10 de julio, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución importante sobre la Estrategia de Salud Pública de la UE después de la COVID-19. La Resolución fue aprobada por una amplia mayoría (526 votos a favor, 105 en contra y 50 abstenciones) y contiene peticiones a la Comisión y a los Estados Miembros para llevar adelante acciones muy relevantes en política farmacéutica.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_ES.html

Por ejemplo, hacer que las vacunas y tratamientos para la COVID 19 sean asequibles para todas las personas en todo el mundo (5); apoyar la puesta en común de los conocimientos para el acceso a las tecnologías (es decir, renunciar a las patentes exclusivas o compartirlas), a través del C-TAP de la OMS (6); incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas en I+D y otras inversiones públicas (como transparencia, asequibilidad y licencias no exclusivas para los productos finales) (7); usar licencias obligatorias en caso de que no se compartan las vacunas, las terapias o los conocimientos pertinentes (8); adquisición pública conjunta de vacunas y tratamientos (17); transparencia en los costes de I+D (20); transparencia en los resultados de los Ensayos Clínicos (21); aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa (22); seguimiento por la EMA de carestía de medicamentos (28); investigación coordinada, colaborativa y abierta en la UE (43); estudiar alternativas a las patentes para la financiación de la I+D en salud, propuestas de “desvinculación” de los precios (44); financiación independiente para los Grupos de Pacientes (52).

Muchas de estas recomendaciones están en sintonía con la Iniciativa Legislativa Popular "Medicamentos a un Precio Justo" que promueven varias organizaciones de la sociedad civil en nuestro país.

Si la Comisión Europea y los Estados Miembros adoptaran estas propuestas supondría un cambio importante en la estrategia actual en política farmacéutica. Supondría apostar por los pacientes y por el conjunto de la sociedad. Permitiría garantizar vacunas y tratamientos para todos en la actual pandemia, y abriría el camino para lograr un nuevo equilibrio en el sector, que frene la escalada de precios de los nuevos medicamentos y asegure unos sistemas sanitarios públicos fuertes y accesibles a toda la población. Supone, además, una mirada más realista y solidaria sobre el conjunto del planeta, buscando la corrección de las enormes desigualdades existentes entre países y dentro de los países, y tratando de lograr un modo de desarrollo compatible con el cuidado de la naturaleza y del planeta que prevenga futuras y más terribles pandemias.

La resolución comienza con una serie de Consideraciones en las que se basan las propuestas de acción. Subrayo algunas de estas Consideraciones: A. Relación entre salud humana y salud del planeta; F. Derecho a la salud, derecho humano fundamental; J. Evitar que medidas de reducción de déficit público se traduzcan en infrafinanciación de los sistemas sanitarios; M. Las desigualdades en salud son fruto de desigualdades sociales y condiciones de vida, etc.; V. La crisis de la COVID ha afectado más a los más vulnerables; AI. La Comisión afirma que “cualquier vacuna futura debe estar producida por el mundo y para todo el mundo”; AJ. La estrategia de la Unión, en cambio, está yendo en otra dirección: “compromisos anticipados de mercado” sin referencia a la “disponibilidad al coste”; AK. Los ADPIC permiten usar Licencias Obligatorias.

En cuanto a las propuestas de acción para la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, transcribo las referidas más directamente relacionadas con la política farmacéutica:

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los socios mundiales que garanticen un acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo a las futuras vacunas y tratamientos contra la COVID-19 tan pronto como estén disponibles; 

6.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen formalmente la puesta en común de acceso a la tecnología en relación con la COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP), a fin de hacer posible la máxima puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos relativos a las tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19 en beneficio de todos los países y todos los ciudadanos; 

7.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren en todas las convocatorias actuales y futuras de financiación e inversión salvaguardas colectivas en favor de la ciudadanía, como cláusulas de transparencia, accesibilidad y asequibilidad y licencias no exclusivas para la explotación de los productos finales; 

8.Aboga por el diálogo y la cooperación con terceros países; insta a todos los Estados miembros a que emitan licencias obligatorias en caso de que terceros países no compartan vacunas o terapias o los conocimientos pertinentes; 

17.Solicita que se recurra a la adquisición pública conjunta de la Unión para comprar vacunas y tratamientos contra la COVID-19, y que ello se haga de forma más sistemática para evitar que los Estados miembros compitan entre sí y para garantizar un acceso equitativo y asequible a medicamentos y productos sanitarios importantes, especialmente en el caso de nuevos antibióticos innovadores, nuevas vacunas y tratamientos curativos, así como medicamentos para enfermedades raras; 

20.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten una nueva propuesta de revisión de la Directiva 89/105/CEE sobre la transparencia de los costes de la I+D y que garanticen que los Estados miembros estén en igualdad de condiciones al negociar con los fabricantes los tratamientos que no se adquieren de manera conjunta; 

21.Insiste en que se aplique rápidamente el Reglamento sobre ensayos clínicos, que acumula un gran retraso, a fin de garantizar la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos, independientemente de los propios resultados, y facilitar la realización de ensayos clínicos transfronterizos más amplios; subraya que los resultados negativos o no concluyentes de los ensayos clínicos constituyen conocimientos importantes que pueden contribuir a mejorar la investigación futura; 

22.Aboga por una estrategia farmacéutica de la UE a fin de abordar los problemas de la Unión y de las cadenas mundiales de suministro de productos farmacéuticos, que debe incluir medidas legislativas, políticas e incentivos para aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa con objeto de diversificar la cadena de suministro y garantizar el suministro y un acceso asequible en todo momento; considera que la estrategia farmacéutica de la UE debe llevarse a cabo sin perjuicio de las acciones que se emprendan en el marco del enfoque estratégico para los productos farmacéuticos en el medio ambiente; 

28.Pide un papel más destacado de la EMA en el seguimiento y la prevención de la carestía de medicamentos, así como en la coordinación del diseño y la aprobación de los ensayos clínicos de la Unión durante las crisis; 

43.Pide que en el ámbito de la investigación y la innovación se adopte un enfoque coordinado, colaborativo y abierto, asignándose un papel más importante a la Comisión y los Estados miembros en la coordinación de la investigación médica y epidemiológica, a fin de evitar la duplicación y de orientar la investigación hacia los resultados, incluidos los medicamentos, las vacunas, los dispositivos médicos y los equipos necesarios; 

44.Pide a la Comisión que evalúe el impacto de los incentivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial en la innovación biomédica y que estudie alternativas creíbles y eficaces a la protección exclusiva para la financiación de la I+D médica, como los numerosos instrumentos basados en mecanismos de desvinculación; 

52.Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la mejora de la financiación independiente de los grupos europeos de pacientes;

 …

La Comisión Europea y la mayoría de los Gobiernos europeos están yendo actualmente en la dirección contraria a estas recomendaciones. Cada país, grupos de países y la propia Comisión, están negociando con las empresas farmacéuticas para hacer “compras anticipadas” de “futuras vacunas”, sin exigir condiciones de no-exclusividad, ni precios de coste. Y sin establecer un mecanismo alternativo para garantizar que la vacuna sea un bien público, un bien común para todos en todo el mundo, que podría hacerse pagando aparte, con un fondo global coordinado por la OMS, la investigación que hubieran podido financiar las empresas privadas (descontando los costes de la investigación que se está haciendo con fondos públicos y en centros públicos), estudiando dichos costes con total transparencia, como exige la iniciativa de Muhammad Yunus y más de 100 premios Nobel y líderes mundiales, difundida el 28 de junio pasado. No podemos aceptar el sálvese quien pueda, aunque parezca que, en una visión estrecha, nos puede venir mejor a los países ricos. Debemos cambiar estas políticas cortoplacistas que nos conducen al desastre, y tomar el rumbo que señalan las propuestas de la Resolución del Parlamento Europeo.

Los movimientos sociales, los profesionales y la ciudadanía en general, deberían animar a los gobiernos nacionales y regionales a que adopten estas medidas cuanto antes. La lucha contra la pandemia de la COVID19, la consolidación de sistemas públicos de salud eficaces, y los equilibrios que condicionan el futuro del planeta están en juego.