jueves, 27 de septiembre de 2012

RECORTES Y GASTO SANITARIO




Para justificar los recortes que se están haciendo en la sanidad pública (menos prestaciones, más copagos, reducción de cobertura, disminución de salarios, plantillas, equipamientos, instalaciones, investigación, etc.) hay un discurso machacón que insiste en que gastamos mucho en sanidad en relación con nuestra capacidad como país. También se dice que el gasto sanitario se ha descontrolado  y que es debido al Estado Autonómico. Se muestran para ello cifras de la última década, en los que el gasto sanitario creció más que en otros países de la OCDE (Health Data 2012). Es cierto que aumentó más en la última década, pero porque se quiso recuperar la descapitalización del SNS de la década anterior.

Así, vemos cómo la evolución del gasto sanitario público en España, en relación con el PIB, pasó de 0,88% en 1960, a 2,29 en 1970 (1,41 puntos más); subió a 4,23% en 1980 (1,94 puntos más); y siguió creciendo hasta 5,11% en 1990 (0,88 puntos más). Pero en la década de los 90 el gasto sanitario público se estancó, creciendo solo 0,04 puntos.

Desde luego no importa solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Aumentar el gasto sanitario no es un objetivo en sí mismo. Un mayor gasto sanitario puede tener menos impacto en la salud que otro; un intervencionismo sanitario exagerado puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de las personas. Pero también conocemos que sin unos medios suficientes no es posible ofrecer una sanidad pública adecuada y que el argumento de “exceso de gasto” se utiliza para recortar prestaciones públicas a los que menos pueden. Por eso quiero analizar esta cuestión con cierto detalle.

En la década de los 90 hubo una disminución de gasto sanitario público desde 1993 en que se alcanzó un 5,67% del PIB hasta el 5,12% del año 2001. Se mantuvo una política de baja inversión en la sanidad pública, con lo que ésta perdió peso relativo. Fue un proceso de descapitalización. Al deteriorarse la sanidad pública (menos tiempo de atención, más lista de espera, menos confort), en un contexto de crecimiento económico, aumentó el gasto sanitario privado en la década de los 90, de 1,39% del PIB a 2,05% del PIB. Es decir, mientras la pública creció 0,04 puntos, la privada creció 0,66 puntos del PIB. El peso relativo de la sanidad con financiación privada aumentó del 21% al 30%.

En 2002 se produjo la transferencia sanitaria a 10 CCAA. La economía seguía teniendo un ritmo de crecimiento sostenido. Entonces muchas CCAA hicieron un esfuerzo importante, con incorporación de profesionales, mejoras retributivas (carrera profesional), incorporación de tecnología, reducción de las listas de espera, mejora de la accesibilidad y el confort en los centros sanitarios, etc. En 2011 se dio un paso significativo con la Ley General de Salud Pública completando la universalización sanitaria.

El aumento de gasto sanitario público entre 2000 y 2010 fue de 1,45 puntos, hasta el 6,6% del PIB (1). La sanidad privada mantuvo su gasto en relación con el PIB y perdió peso relativo sobre el total de gasto sanitario (de 30% a 26% del total). Es decir, si se toman en conjunto las dos décadas desde 1990 hasta 2010, el crecimiento del gasto sanitario público fue más suave que las décadas de los 60 y 70 en las que no había CCAA. 

El gasto sanitario público no está descontrolado, ni es un efecto negativo de las CCAA. Precisamente el modelo de “gestión de oferta”, con gestión directa, del SNS hace que se pueda controlar mejor el gasto que en modelos de “gestión de demanda”, con gestión indirecta. Cuando en España se ha querido frenar el gasto, se ha frenado. Cuando se ha podido, y se ha querido, se ha invertido más en sanidad.

Conviene recordar que el gasto sanitario público en España (6,99% del PIB, incluyendo los CLD) es menor que en países de nuestro entorno en relación con su renta. En Francia 9,19% del PIB, en Alemania 8,92%, en Italia 7,4%, en Reino Unido 8,25%, en Suecia 8,15%, en Bélgica 8,18%, en Austria 8,54%. Es un gasto proporcionado a nuestra renta, que si se mide en gasto por habitante es menor que la media de la OCDE. Y los resultados en salud son mejores, como muestra, por ejemplo, la tasa de años potenciales de vida perdidos que es la más baja de la UE (OCDE, 2012).

Por supuesto, en todo momento, y más en época de crisis, debemos redoblar los esfuerzos para aumentar la eficiencia en todos los ámbitos del SNS: fomentando la educación para la salud, el autocuidado y la utilización adecuada de los servicios; evitando la medicina defensiva y las intervenciones sanitarias innecesarias; mejorando la coordinación desde la atención primaria y potenciando el papel de la enfermería; creando alianzas entre los sistemas sanitario y social; reforzando la cooperación entre las CCAA, etc. Pero es preciso insistir una y otra vez en que el problema de financiación de la sanidad pública española no es un exceso de gasto, sino la disminución de los ingresos. El problema principal es que los más ricos no pagan los impuestos que deben pagar según la ley, generando un fraude fiscal de 70.000 millones de euros, que es el equivalente a todo el gasto sanitario público. Además el sistema fiscal español disminuyó su capacidad recaudatoria con una serie de reformas que mermaron los ingresos públicos de forma sensible. Los ingresos públicos en España son 9 puntos más bajos que la media de la UE, equivalentes a 90.000 millones de euros (Eurostat news release euroindicators; 62/2012; april 2012).

La crisis obligó a frenar el crecimiento del gasto sanitario. En 2010 y 2011 se mantuvo un gasto similar a 2009. Pero con las medidas que están tomando el Gobierno de España (reducción de cobertura, reducción de prestaciones, aumento de copagos, reducción de salarios) y algunas CCAA (freno a las inversiones, reducción de plantillas, etc.) el gasto sanitario se va a reducir en 2012 en más de 5.000 millones de euros. Y en 2013, según los objetivos del Gobierno, se harán nuevos recortes. De esa forma, en 2013, el gasto sanitario en relación con el PIB será de 5,7%, el mismo que hace 20 años, o menor. Estos recortes serán a costa de que muchas personas pierdan su derecho a la sanidad, de retrasos en la atención, deterioro de las instalaciones, masificación, desmotivación de los profesionales sanitarios… aspectos que se iban corrigiendo en la década anterior. Con este modelo, si la renta del país se estabiliza o aumenta, el gasto sanitario privado aumentará de forma paralela y también seguirá aumentando la gestión privada de servicios públicos generando un “mercado” de varios miles de millones de euros.

La crisis no la ha causado el gasto sanitario ni el déficit sanitario. El déficit sanitario lo está causando la crisis. Una crisis generada por la des-regulación de los sectores financiero e inmobiliario, que han provocado una catástrofe económica. Ahora, la crisis se está aprovechando para recortar derechos sociales y sanidad, con medidas políticas injustas.

¿Hay alternativas? Desde luego, las hay en la sanidad pública. Y habrá que trabajar con los profesionales sanitarios y sociales y con el conjunto de la sociedad para impulsar nuevas estrategias que permitan mejorar la salud y la autonomía de las personas, con más responsabilidad social y personal, con nuevos sistemas de atención y nuevas formas de gobierno, y con un gasto sanitario y social suficiente, el que sea razonable en función de la renta del país.


(1)         La evolución del gasto sanitario en España se puede seguir en los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En el documento
 www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/Diferentes_series_de_gasto_sanitario.pdf se explica cómo hasta el año 2002 hay una Estadística de Gasto Sanitario Público, y cómo a partir de 2003 se modifica la metodología para incorporar los gastos por Cuidados de Larga Duración (CLD). La serie hasta 2002 no incluye los CLD, por lo que para hacer comparaciones homogéneas de la serie española  utilizamos para las Gráficas el dato de gasto sin CLD. Para el año 2010 la estimación de gasto es de la OCDE, para los años 2011 a 2013 es estimación propia, con las medidas adoptadas o anunciadas por el Gobierno. En 2009 el PIB español cayó un 3,7%, modificando el indicador de gasto sanitario/pib en 0,25 puntos.


martes, 18 de septiembre de 2012

SANIDAD PÚBLICA, SANIDAD PRIVADA: ¿DERECHO O NEGOCIO?



Publicaba The Guardian ayer un artículo (http://gu.com/p/3aenc/em ) sobre el Informe de Catalyst, asesores financieros especializados en el sector sanitario. Según dichos asesores las compañías sanitarias privadas pueden generar nuevos negocios por valor de 20.000 millones de libras gracias a la privatización del Servicio Nacional de Salud.

¿Tienen los asesores financieros las mismas expectativas en España? Algo así anticipaba yo en un artículo publicado en Público que titulé “Dame hueco” (http://blogs.publico.es/otrasmiradas/259/dame-hueco )


El impacto de la crisis económica en la sanidad.

La crisis que se inicia con el estallido de la burbuja financiera en los EEUU está afectando a Europa de manera muy dura. Esta crisis está directamente relacionada con la des-regulación de los sistemas financieros y con el desarrollo de un nuevo capitalismo financiero global, que ha sustituido al capitalismo industrial. Los altos ejecutivos de las entidades financieras obtienen enormes beneficios no por la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades (valor de uso), sino por la compra venta de “títulos”, de “futuros” (valor de intercambio) que no tienen que ver con la economía real, sino con la especulación. Este nuevo capitalismo no tiene contrapeso de los movimientos obreros nacionales, y no está controlado por los Parlamentos nacionales. Hay un desequilibrio que está provocando la destrucción de muchos avances sociales en países de la Unión Europea.

Esta crisis afecta lógicamente a la sanidad. Si en el periodo 2000-2009 el gasto sanitario público de los países de la OCDE aumentó un 5% anual en términos reales, en 2010 se observó una disminución de un 0,5%. Lo mismo ha sucedido en 2011 según cifras preliminares. Mientras el gasto sanitario privado ha crecido ligeramente. (http://www.oecd.org/health/healthgrowthinhealthspendinggrindstoahalt.htm) 

Debido a la recesión económica, muchos países han llevado a cabo políticas de contención o recortes del gasto sanitario público: salarios de los profesionales, disminución de plantillas, precios de los medicamentos, inversiones, disminución de camas hospitalarias, aumento de copagos, etc. (ver el Informe del Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios de la OMS “Health Policy responses to the finanical crisis in Europe).               

En España los Gobiernos Nacional y Regionales también adoptaron medidas de contención del gasto sanitario público en 2009, 2010 y 2011. La orientación de estas medidas tiene que ver con opciones de política sanitaria que eligen una u otra alternativa.

Se puede reducir el gasto con una contención de los precios (costes de producción), y con una moderación del uso (educación sanitaria, promoción de la atención primaria, desarrollo de la atención socio-sanitaria); o se puede reducir el gasto con reducción de cobertura, de prestaciones, de calidad de los servicios, aprovechando la crisis para privatizar la sanidad y generando “hueco” para un negocio de más de 10.000 Mill€.

En los primeros meses de 2012 se están introduciendo medidas que afectan de forma más importante a la sanidad española y que modifican el modelo sanitario público.


Los cambios impulsados por el Gobierno Rajoy. La des-universalización.

En España se están planteando cambios importantes.  Por un lado se están llevando a cabo recortes presupuestarios que disminuyen la financiación sanitaria pública. Al mismo tiempo se adoptan iniciativas para privatizar la gestión de servicios con financiación pública. Finalmente se han aprobado cambios normativos importantes que cambian la cobertura, las prestaciones y la financiación. Da la impresión de que estas medidas no sean una respuesta a la crisis, sino que aprovechan la crisis para cambiar el modelo sanitario.

Privatizar la financiación.

El cambio de concepto que implica el RD Ley 16/2012 y otras medidas complementarias (des-financiación de medicamentos, aumento de co-pagos) es el de la universalización. Se vuelve al concepto de que la medicina es un asunto privado. Es decir, se la tiene que pagar cada  uno. Se la tiene que pagar el paciente. Es una vuelta atrás muy importante en la evolución social que había experimentado España. De un sistema de seguros, en el que se fueron incorporando colectivos en función de su empresa, habíamos pasado a un sistema de cobertura universal del 100% de la población, por ser ciudadanos, con financiación de todos, a través de los impuestos. Ahora damos marcha atrás, y para empezar se deja fuera de cobertura a los extranjeros empadronados, sin permiso de residencia, (aunque hubieran trabajado y vivido en España varios años) y a otros colectivos en función de edad o renta.

Se establece, además, un plan de recortes muy radical que supone una disminución del 20% de los gastos de personal, el 30% de los gastos de investigación y el 90% del gasto de inversiones. Estos recortes tan drásticos deterioran la calidad y la eficacia de la sanidad pública.

Al mismo tiempo algunas entidades sanitarias privadas promueven una campaña para que el gasto sanitario privado desgrave. Con esta medida se agrandaría la brecha entre una sanidad para ricos y una sanidad para pobres. El que pudiera pagar contrataría un seguro o pagaría un hospital privado, que le beneficia a él, y este seguro desgravaría, con lo que  perderíamos ese ingreso para la sanidad pública. La disminución de ingresos públicos deteriora las posibilidades de mantener una buena sanidad para todos.

Sin duda la crisis afecta a la economía española y se deben tomar medidas para recuperar el crecimiento. Pero en todo caso la dificultad mayor de la financiación de los servicios públicos viene precisamente de un modelo fiscal poco eficiente e injusto. España tiene unos ingresos fiscales 9 puntos más bajos que la UE. Esa enorme diferencia, equivalente a 90.000 millones de euros, se debe sobretodo al fraude fiscal, y también a la menor tributación de las rentas del capital (sociedades). Es urgente una armonización de nuestros ingresos fiscales con la UE y un plan de lucha contra el fraude fiscal. Si no se recaudan los impuestos de unos pocos que evaden más de 70.000 millones, ¿qué pasaría si todos dejáramos de pagar?. El déficit público en España no es porque haya más gasto público del que puede permitirse este país, sino porque hay menos ingresos fiscales de las rentas muy altas por el fraude fiscal.

Privatizar la gestión.

Por otro lado, aunque tenga menor importancia “cualitativa”, se está planteando también aumentar la provisión privada de la sanidad de financiación pública, aumentando los esquemas de PFI, PPP, conciertos, etc. Es verdad que la provisión privada de sanidad pública es común en otros países; pero como sabemos este esquema es menos eficiente, más caro para la misma prestación (Alemania, Francia, EEUU). Y entonces sí que afecta a los derechos de las personas, porque si se mantiene la restricción de gasto sanitario público total, esto implica menos servicios para las personas, o menos calidad por servicio. La provisión  privada no tendría impacto negativo si no hubiera restricción de gasto y pudiéramos gastar lo mismo que Francia o Alemania por persona (un 32% más). Pero si el gasto es menor que el actual, la gestión privada conducirá a una pérdida de calidad de los servicios sanitarios públicos.

Además de intentar ganar dinero con la gestión de servicios públicos, el inversor privado actual busca otra fuente de beneficios. En este nuevo capitalismo financiero la generación de los beneficios más importantes no es por la producción de bienes y servicios (el valor de uso), sino por la compra-venta (el valor de intercambio). De tal manera que el gestor puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Este fenómeno que ocurre en cualquier sector de la economía, en el sector sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear (formación, procedimientos, cultura organizativa, calidad, …), pero que es fácil destruir.

El efecto inmediato de estas medidas es el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios públicos. Un indicador de este deterioro es el menor tiempo de atención a los pacientes (por la disminución de plantillas); otro es que el tiempo de espera para recibir atención no urgente se ha duplicado en el SNS y en algunas CCAA se ha multiplicado por 10. Estos retrasos inducen a las personas con más posibilidades económicas a buscar atención en la medicina privada.

El sector sanitario privado puede beneficiarse de una ampliación de 10 a 15.000 M€ Pero, además, ¿y sobretodo?, el nuevo capitalismo financiero quiere especular en un sector de 70.000 millones de euros para obtener beneficios a corto plazo impulsado por las políticas del Gobierno actual. Es preciso generar un contrapeso suficiente en la sociedad (sindical y político) para frenar esta deriva y buscar un equilibrio sensato que garantice una buena sanidad para todos, ahora y en el futuro.


domingo, 16 de septiembre de 2012

#15S: UN PASO ADELANTE



UN PASO ADELANTE

La manifestación del 15S ha sido un paso adelante en la lucha por los derechos de todos contra los abusos de los especuladores. La convocatoria partía de la Cumbre Social que agrupa a los sindicatos y a más de 200 organizaciones civiles. Esta plataforma puede ser una herramienta de movilización y también de reflexión para crear una conciencia colectiva capaz de promover los cambios.

Comentaba con personas de diferentes ámbitos que participaron en las marchas que era un día alegre. Éramos muchas personas, de toda España, de todas las edades y de distintos sectores. Probablemente no coincidíamos en los diagnósticos de la crisis, ni en las medidas más convenientes. Unos piensan que es precisa mayor tensión. Otros quieren un proceso más meditado.  Pero todos coincidíamos en que las políticas de recortes en los derechos sociales no resuelven los problemas de la mayoría. Al contrario, los agravan. En una entrevista publicada en El País  J Stiglitz insiste en este punto (http://bit.ly/SPU4sH).
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Seguramente vamos a ver más retrocesos, más recortes, en los próximos meses. El Gobierno cree que esa es la dirección correcta y tiene la mayoría parlamentaria. Será preciso cambiar esa mayoría para poder cambiar de rumbo. Es cierto que Zapatero aplicó políticas económicas equivocadas. Pero también es cierto que defendió las políticas sociales hasta el final. A la vista de estas experiencias y aprendiendo de la experiencia de otros países debemos impulsar mayorías de izquierda y de centro, de trabajadores y de clases medias, de empresarios que generen empleo, para relanzar una actividad económica fuerte capaz de ofrecer una oportunidad de trabajo a los jóvenes y los parados.

En esa estrategia es fundamental el sector público. Tanto en la prestación de servicios que crean empleo, como en la cualificación de las personas. La sanidad es fundamental como factor de cohesión social y para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de atención. Los servicios sociales, además de crear empleo en el sector de los cuidados, permiten a muchas personas desarrollar otros trabajos productivos. La educación es vital, junto con la investigación, para disponer de personas bien preparadas y para adaptarnos a los nuevos retos de la producción.

Es urgente una reforma fiscal que exija un esfuerzo proporcional a todos. Es vital la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Si todos pagaran los impuestos que deben España tendría superávit, y la “excusa” de reducir el déficit con más y más recortes no existiría.  En mi Panfleto contra la Codicia  (http://bit.ly/PGPedo) apunto algunas medidas que considero útiles.

No será fácil reconstruir los derechos que se están lesionando. Pero entre todos podremos lograrlo. Paso a paso. Manifestación a manifestación. Creando alianzas progresistas. Y participando en las elecciones cuando nos convoquen.


DRONES Y DERECHOS HUMANOS



Hace dos días un artículo de David Bollero en Publico.es titulado "“Drones”: asesinatos de consola" http://bit.ly/RaLQdo  atrajo la atención de mi conciencia.

La conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto, intentando orientar nuestra conducta. A lo largo de los siglos y las generaciones la suma de la conciencia de muchos ha ido transformándose en leyes y en Derechos Humanos, en civilización. Al aceptar algo que consideramos injusto sin cuestionarlo, al quedar impasibles cuando se vulnera un derecho dondequiera que sea, estamos dando un paso atrás en la historia de la civilización humana.

Si un Gobierno, amparándose en leyes antiterroristas de su propio país, decide que puede matar a una persona en otro país sin juicio previo porque considera que es un terrorista, entonces la defensa de los derechos de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, se puede ver cuestionada por cualquier Gobierno. Imaginemos que el Gobierno de España está seguro de que una persona es un peligroso terrorista de ETA, que ha cometido asesinatos y puede volver a atentar; lo tiene localizado en Francia y decide mandar allí un grupo de operaciones especiales que acaba con él lanzando un misil y matando sin querer a una familia francesa que estaba en ese lugar. ¿Cómo valoraríamos la decisión del Gobierno de España en este caso? ¿Cómo la valorarían otras naciones?.

Las “ejecuciones selectivas”, con comandos especiales o con “drones” no tripulados, no son justas; tampoco contribuyen a la paz y la seguridad de los pueblos, al contrario, estimulan el odio y el deseo de venganza y dan falsa coartada al agredido que quiera tomarse la justicia por su mano. Si no se respeta la soberanía de otra Nación, si no hay una detención y un juicio con todas las garantías, ¿qué autoridad moral tendrá un Gobierno cuando diga que defiende los derechos humanos en otros lugares del planeta? La democracia, para estar viva, necesita que el Poder político esté sometido a la Justicia. Y las leyes nacionales, sobretodo las de los países más poderosos, deben respetar el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, que son el fruto de la conciencia de la humanidad. Solo de esta manera podremos vencer al terrorismo y a la barbarie inconsciente que desatan todas las guerras.

jueves, 13 de septiembre de 2012

300 TRABAJADORES MUEREN EN EL INCENDIO DE LA FÁBRICA



En Karachi, Pakistán, 300 trabajadores de una fábrica textil han muerto en un incendio y otros muchos están heridos. Se hacinaban más de 1.500 trabajadores para fabricar las telas que luego, quizá, usaremos aquí. Cobraban salarios muy bajos, de supervivencia. Sin condiciones de seguridad. Pavoroso.

Hace días, en Marinaka, Sudáfrica, 34 mineros que hacían huelga en la mina de platino donde trabajaban fueron abatidos por la policía. Luego hubo detenciones de centenares de mineros acusados por provocar el conflicto y nuevas revueltas, y policías y otros diez trabajadores muertos. La huelga se extendió a otras minas de platino y de oro. Piden salarios dignos. Piden que las ganancias sean también para los trabajadores. “Las minas siguen siendo de los blancos ricos”, dicen. ¿Hasta cuándo?

El capitalismo sigue mostrando su rostro más duro.

Aquí nos dicen que para que las empresas españolas, portuguesas, italianas, … sean competitivas, tienen que bajar los salarios, las pensiones, aumentar la jornada, dar marcha atrás en la cobertura sanitaria, poner copagos, reducir plantillas, quitar el derecho al sueldo durante la baja laboral… Y lo están haciendo.

Nos dicen que lo hacen porque si no los capitalistas seguirán llevándose la producción a otros países con salarios de miseria, sin sanidad, sin derechos. Porque los ricos quieren ser más ricos, y no reconocen que lo que genera la riqueza, aquí y en todo el mundo, es el trabajo y que los trabajadores tienen derecho a una parte proporcionada de los beneficios.

Yo no quiero ese capitalismo. Un capitalismo financiero que se lleva por delante a las empresas que pagan salarios justos y respetan los derechos de los trabajadores. Un capitalismo desalmado que esclaviza. No quiero la ley de la selva y el sálvese quien pueda.

Tenemos que unir las fuerzas para que en España, en Pakistán, en Italia o en Sudáfrica, se logren los derechos que habíamos alcanzado en Europa, y para frenar aquí y ahora el desmantelamiento de esos derechos.

El nuevo capitalismo ha logrado la desregulación de los mercados, la globalización de la producción y de las finanzas, y tiene un enorme poder. Ahora nadie tiene fuerza para controlarle. 

¿Seremos capaces de construir nuevas alianzas de los trabajadores, los consumidores, los empresarios honestos, los estudiantes, la gente normal de todo el planeta, para tener fuerza suficiente que nos permita defender los derechos de todos; para que no mueran 300 trabajadores atrapados?

Es preciso pensar y edificar, entre todos, un nuevo sistema económico, una nueva civilización.
(http://bit.ly/PGPedo)