SISTEMAS SANITARIOS, MEDICAMENTOS Y PATENTES. (en SIAP)

Buenas tardes. Agradezco a los organizadores su invitación, y especialmente a todos los participantes que dan vida al SIAP.

En el debate virtual hemos intercambiado ideas, análisis, comentarios, y propuestas que nos ayudan a comprender mejor las relaciones entre la Industria Farmacéutica, los profesionales sanitarios y los pacientes. Como dice Juan Gérvas, “lo esencial se ha cocido en el debate virtual”, donde se muestran muchas posibilidades de acciones individuales o asociativas para mejorar la independencia respecto a la IF, la mejora del ejercicio profesional, etc. Ahora bien, también el debate ha subrayado la importancia de los condicionantes legales. Eva García Camacho afirma en su ponencia: “Médicos y pacientes tenemos la obligación moral de reclamar la regulación ética de todos los agentes y la mejora del marco legislativo para garantizar la salud como derecho humano”. Así lo creo yo también. En esta ponencia plantearé una breve reflexión sobre el sistema sanitario y los medicamentos, con especial atención a los monopolios.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población (actuando sobre los determinantes de salud). 

Este derecho incluye la obligación de los Estados de garantizar que todos tengan acceso a medicamentos esenciales asequibles, particularmente aquellos que salvan vidas o son vitales para el bienestar. (1).

Los SISTEMAS SANITARIOS, por su parte, son las organizaciones sociales y las instituciones que tratan de garantizar el derecho a la atención sanitaria.

Definen la cobertura. A qué personas está obligado a atender el Sistema Sanitario. Definen las prestaciones: En Salud Pública, en Atención Primaria, en Hospitalización, etc. Incluyendo la prestación Farmacéutica, y los medicamentos (cuáles y a qué precios). 

Definen la fuente de financiación. Definen la cuantía del gasto sanitario público. Definen la organización y gestión del sistema. En España, por ejemplo, la organización se adapta al modelo autonómico, con algunas competencias estatales (como la política de medicamentos) y otras descentralizadas en las CCAA. La gestión es mayoritariamente pública. 

Establecen y regulan quién y con qué se llevan a cabo los servicios sanitarios: Tipo de profesionales, Tecnologías (incluyendo medicamentos) e Instituciones, incluyendo Centros de Salud, Hospitales y Oficinas de Farmacia.

Y definen los objetivos en resultados en salud y en satisfacción. 

Entre todos estos elementos debe haber un equilibrio, una cierta armonía.

En España los datos sobre el Sistema Sanitario siguen siendo buenos. Pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008-2010: Así, desde 2010 se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. La valoración de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado notablemente, desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien a un 54%. 

Y entretanto el número de personas con seguros sanitarios privados se ha duplicado, llegando ya al 30%.

A pesar del deterioro, los resultados en salud del SNS mantienen un buen nivel. La Esperanza de Vida al Nacer era de 84 años en 2023, la más alta de UE. Por otro lado, cuando accedes al servicio (3) la valoración de la atención recibida es buena o muy buena en 82,4% en AP, 81,7% en consulta de especialista y 81,4% en ingreso hospitalario. Notables y sobresalientes. 

Es decir, el SNS tiene una inercia grande y aguanta. Pero sigue un lento proceso de deterioro que tenemos que revertir. Y aquí es clave la política del medicamento. Las ganancias abusivas de la IF rompen el equilibrio del sistema sanitario, lo parasitan y lo debilitan, condicionando y controlando la orientación del Sistema y de la práctica profesional, de tal manera que, como señalan Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández en la revista AJM, “Las medicinas gobiernan la medicina”.

Porque, además, no estamos en terreno neutral, hay importantes poderes económicos interesados en la quiebra del Sistema Sanitario Público y su sustitución por un Modelo tipo EEUU, con una cobertura pública de menos del 50% y el resto con seguros privados (más o menos subvencionados), de diferentes niveles de calidad y diferentes catálogos de prestaciones, según las primas, y mucho más caro para el contribuyente y el conjunto de la sociedad. 

En el marco los Sistemas Sanitarios, los MEDICAMENTOS forman parte del derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos si se cumple en España el derecho al acceso al medicamento. La respuesta es que en muchos casos NO, como señalan en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granadilla o Luis Gimeno.

-Hay personas que necesitan y no pueden acceder, fundamentalmente por los copagos (un 4,6% de la población dejó de tomar medicamentos recetados en la sanidad pública, por motivos económicos; equivalente a más de 2 millones de personas).

-Pero, sobre todo, hay personas que consumen medicamentos innecesarios y, por lo tanto, perjudiciales (se estima en un 20% o más los medicamentos consumidos innecesariamente). Alrededor de 16.000 personas fallecen anualmente en España, “así como decenas de miles enferman y se hospitalizan”, por reacciones adversas a medicamentos (14). 

Con la tecnología y el desarrollo económico mundial debería poder garantizarse el derecho al acceso al medicamento necesario, en España y en todo el mundo, y con precios justos. Sin embargo, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema y lo debilita, perjudicando a la salud: bien por falta de acceso (a millones en el mundo pobre) o por exceso de medicación en el mundo rico. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica, a quién vende. Define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las Agencias de Autorización y Evaluación, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales y en su prescripción. Influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes… etc. etc.

¿Por qué pueden influir tanto, por qué tienen tanto poder?

Es importante ver la raíz del problema: ¿cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos? La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación, y se determinan en función del máximo que esté dispuesto a pagar el paciente o el Servicio de Salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual: la causa de los altos precios son LOS MONOPOLIOS que conceden las patentes. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años (20 o más) la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que, durante esos años, las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación, y que pagamos nosotros, ciudadanía y sistemas de salud. 

Dicen las empresas que las patentes son la sangre de la innovación. No es cierto; como apunta José Ramón Loayssa, la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa, en centros y laboratorios públicos. Y la Investigación que paga la industria, como veremos, la financiamos varias veces con los sobre precios. 

Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992. Y en el mundo la generalización de las patentes de medicamentos se produjo en 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. Un acuerdo impuesto por las empresas farmacéuticas y los gobiernos de EEUU, Suiza y otros países del Norte. Ahora bien, las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos. Las patentes en medicamentos no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias.

Como era previsible, en el campo del medicamento se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D. Insisto: los precios altos no son para pagar la investigación, son para obtener unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener el modelo actual. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y remuneraciones extraordinarias a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D. 

Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no era la finalidad del supuesto “incentivo” a la investigación, que se ha pervertido progresivamente.

¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes sienten que necesitan ese producto. Les va la vida en ello. En efecto: una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan, endeudándose o dejando de financiar otros servicios. Es la bolsa o la vida, un robo a mano armada. Con la peculiaridad de que, en este caso, la víctima (nosotros) le damos el arma al atracador (con las patentes y los monopolios).

Por su parte, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. ¿Por qué? Como señala Juanjo Rodríguez Sendín: Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios, no mejorar la salud. El medicamento se convierte así en un producto financiero, especulativo, ya que, además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se induce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. Un círculo vicioso perfecto.

Entonces: ¿Por qué los gobiernos no frenan el abuso de patentes y cambian el modelo de financiar la I+D?: porque no saben, porque no quieren o porque no pueden: porque no saben (cortos periodos de gobierno (una ministra/ministro de sanidad cada año y medio); narrativa dominante brutal: “ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, creamos empleo, invertimos en I+D”, etc.), porque no quieren (sensación de impotencia, “no vamos a poder hacer nada”, que lleva a no entrar en el tema y ocuparse de otras cosas; presión mediática; o directamente puertas giratorias y soborno), o porque no pueden (lo intentan pero les frenan: presión diplomática, comercial, industrial, como el Informe Especial 301 de la Oficina de Comercio del Presidente de los EEUU y la imposición de aranceles, la presión de Suiza con Imatinib en Colombia, etc). 

Aunque también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido: por ejemplo, los genéricos para luchar contra el Sida en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela y una gran movilización social, los genéricos de sofosbuvir para la Hepatitis C en Egipto, Licencias Obligatorias de medicamentos contra el Sida y el cáncer en varios países, o el caso Mediator y la Doctora de Brest, Irène Frachon, el caso rofecoxib y el Profesor Laporte, el desarrollo y producción pública de CAR-T en el Clínic o de la terapia celular NC1 en Puerta de Hierro, y otros muchos.

¿Cómo de grande es el abuso de la IF? Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker (10), para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar, en condiciones de competencia real. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos originales que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 12.364 M€ en 2023, y de esa cantidad las empresas destinaron como mucho a I+D 1.500 M€. El resto, 10.864 M€, se lo embolsaron como beneficios abusivos, que destinaron a otros fines. Para hacernos una idea esa cantidad es más de lo que se destinó a pagar a todo el personal de AP en la sanidad pública en España. 

El profesor Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, ha demostrado que los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, pero en España pagamos un precio medio de 20.000 euros por tratamiento para más de 100.000 personas. Pagamos más de 2.000 millones por lo que costaba 30 ¿Por qué? Así ocurre con otros muchos medicamentos, como el recientemente aprobado Lenacapavir, para tratamiento VIH SIDA, que cuesta 30 euros tratamiento y pagamos a 20.000 euros (11, 12). 

El problema de los altos precios de los medicamentos de marca se agrava porque las empresas de genéricos (a veces conectadas accionarialmente con las originarias) en lugar de competir para acercar los precios al coste de fabricación mantienen precios altos, cercanos a los de marca original, con estrategias de cártel que deberían ser vigiladas por el Ministerio de Sanidad y sancionadas por las autoridades de la competencia.

Como resultado, en 2023 el gasto sanitario público total (EGSP) ascendió a 97.661 M€. De esta cantidad, 23.224 M€ se gastaron en medicamentos. 

Es decir, el gasto público en medicamentos supuso cerca un 24% sobre el gasto sanitario público total, casi el doble que en AP. El gasto farmacéutico debería ser, como máximo, la mitad. Y, sin embargo, sigue creciendo.

 Una mala política de medicamentos influye negativamente en el Sistema Sanitario y en la práctica profesional (como se ha visto en el debate virtual de este SIAP) y como señalan es sus comentarios Ana Mª Furio (que habla de “merma”), Paco Abal (que habla de “estrangulamiento”), Antonio Granadilla (apuntando que impide financiar áreas más necesarias como la AP). Pero no solo restan recursos de otras partidas necesarias, lo cual ya es muy grave, sino que, como apuntan Roberto Colino, Joan Ramon Laporte o Luis Gimeno, corrompen el sistema, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la profesionalidad y la ética, y medicamentalizan la atención sanitaria y la sociedad. 

Además, como recuerda José Ramón Loayssa, al exceso de gasto por sobre precios se debe añadir el gasto por sobre prescripción, utilización inadecuada y excesiva, que podemos estimar en otros 6.140 M€ anuales en 2023 (suponiendo que un 20% de los medicamentos totales prescritos son innecesarios).

¿Existen ALTERNATIVAS a esta política de medicamentos?

Hay alternativas. Se pueden y deben poner en marcha iniciativas puntuales (como se ha visto en el debate virtual del SIAP y se verá a lo largo de las sesiones presenciales), y, si es posible se debe elaborar una estrategia a medio y largo plazo, de ámbito nacional o internacional, en la que participen distintas organizaciones. El esquema que propone Mikel Baza, con 5 medidas para mejorar el uso del medicamento, orientadas a cada uno de los colectivos (profesionales, gestores, sociedades científicas, legisladores y gobernantes, asociaciones de pacientes, pacientes y familiares), me parece una muy buena síntesis.

Entre las distintas propuestas planteadas insistiré que considero clave seguir reclamando la supresión de las patentes y los monopolios en medicamentos, porque son las que permiten perpetuar la corrupción del modelo: si no suprimimos los monopolios, la IF seguirá aumentando la munición para sus políticas de marketing y lobby. Para cambiar el modelo de monopolios en medicamentos se precisan cambios en la UE y en organismos internacionales (OMS; OMC). Son decisiones de ámbito global, de medio o largo plazo. Pero son cambios posibles, que deben promover los gobiernos nacionales. Nosotros podemos recordar a nuestro gobierno la necesidad de plantear estas cuestiones, y podemos colaborar creando conciencia y presionando en la medida de nuestras posibilidades, mientras avanzamos en otra serie de medidas concretas y de corto plazo.

El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU (antes de Trump), o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo público de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección. Es un cambio viable que permitiría ahorrar globalmente un billón de dólares anuales en gasto farmacéutico abusivo, y destinar estos recursos a otras finalidades sanitarias, sociales y medioambientales.

En conclusión: Las experiencias compartidas en el debate virtual permiten afirmar que es posible el cambio, como recuerda Sendín: en lo local, en lo concreto y lo cercano, con las decisiones personales de cada una de nosotras y de nosotros, y presionando a nuestras Asociaciones, Sociedades, Colegios, Organizaciones, para que introduzcan cambios en sus comportamientos. Y, en lo global, tratando de concienciar y generar la movilización de la ciudadanía para que presione en los ámbitos de gobierno regional, nacional y global. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen Sistema Sanitario público, con un equilibrio saludable, que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad para todas y todos.

No es nada fácil. Pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, mucho conocimiento, y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más. Y cada vez que una de nosotras y de nosotros toma conciencia, cambia el mundo. Ese es el punto de partida. 

Y cuando vengan mal dadas recordad las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia: nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones.

Así que mucho ánimo, y muchas gracias por vuestra atención.

REFERENCIAS

(1).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 11 de agosto 2000.

https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991

(2). Eurostat Database, Gasto Sanitario Público. Consultada 28 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf__custom_17219070/default/table?lang=en

(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario CIS, 2025 (primera oleada).

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2025/BS_2025_1a_oleada/es3509mar.pdf

(4). Ministerio de Sanidad. Sistema de información sobre listas de espera en el SNS. Diciembre 2024.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic2024.pdf

(5).Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Septiembre 2025.

https://www.cis.es/documents/d/cis/es3524vpMT_a

(6).Eurostat Database, Esperanza de Vida al Nacer. Consultada 22 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor

(7).OECD. Health at a Glance: Europe 2024. Mortalidad prevenible y tratable.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html

(8).Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.

(9). Prescrire´s ratings of new drugs in 2022. Prescrire international 2023. https://english.prescrire.org/en/81/168/66185/0/NewsDetails.aspx

(10). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/

(11).Hill A. What is the real price of medicines?, 2019.

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf

(12).Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/

(13).Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 agosto 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

(14). Laporte JR. Crónica de una sociedad intoxicada. Editorial Península. 2024.

Dictamen: aprobado Pleno del Congreso 22 de julio 2020, mayoría amplia.

https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

Ley del medicamento

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343

Influencia de la industria en el diagnóstico y prescripción en trastornos mentales.

Un conocido refrán reconoce que “es de bien nacido ser agradecido”: si uno ha recibido un favor, lo natural es tratar de mostrar agradecimiento. Pues bien, este refrán, de sentido común, es aplicable a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias. 

Recientemente se ha publicado en el British Medical Journal un artículo que señala los conflictos de interés encubiertos de los redactores de la famosa guía DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la llamada “biblia” de la psiquiatría. Los autores encontraron que el 60% de los componentes de los paneles que redactaron la guía habían recibido pagos de la industria. El total recibido por estos profesionales entre 2016 y 2019 ascendió a 14,2 millones de dólares (1). No es asunto de poca monta.

 

Hoy sabemos algunas cosas. Sabemos que esta guía tiene una enorme influencia en los psiquiatras de todo el mundo, orientando el diagnóstico y el tratamiento. Sabemos que el interés de los profesionales debe ser la salud de los pacientes. Sabemos que el interés de la industria es aumentar los beneficios de los accionistas (vender más, y vender más caro). Y sabemos también que la influencia de la industria podría estar sesgando los criterios aplicados por los expertos patrocinados en el DSM, pudiendo conducir a un sobre-diagnóstico y un sobre-tratamiento.

 

Por otro lado, sabemos que la sociedad científica que elabora el DSM, la American Psychiatric Association, recibe también importante patrocinio de la industria, estimado en más de 20 millones de dólares anuales, a través de su Corporate Alliance (con 17 laboratorios) y de su Fundación. Además, sabemos por Taeho Greg Rhee y Samuel T Wilkinson, que el conjunto de los psiquiatras en EEUU recibieron 110,5 millones de dólares de la industria en dos años (2). Estos pagos, según han evidenciado varias investigaciones, influyen en la prescripción, y la industria lo sabe. En este sentido, para ver la dimensión del problema, conviene leer el documentado artículo de Angel María Martín, publicado en diciembre 2023 en la revista Acceso Justo al Medicamento, donde se detallan los importantes pagos de la industria farmacéutica a las diferentes sociedades científicas españolas (3).

 

Lo cierto es que los presupuestos sanitarios públicos son siempre limitados: si se gasta más en medicamentos, se gasta menos en profesionales. Así, cerrando un círculo vicioso, la falta de profesionales (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, y otras profesiones), hace que los servicios de salud mental se orienten cada vez más a “la pastilla y la cita”, como decía Steven Sharfstein (presidente de la APA en 2005), cambiando el modelo bio-psico-social por el modelo bio-bio-bio (4). Lamentablemente, en España, las demoras para primera consulta de psiquiatría y de psicología son de varios meses; las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas son muy escasas; y casi nunca hay tiempo para coordinar actuaciones con los servicios sociales, con los municipios, ni con el ámbito educativo. Al mismo tiempo, la mitad del presupuesto público de salud mental se gasta en medicamentos. ¿No resulta inaceptable? Es preciso cambiar esta orientación. Y para eso es necesario evitar y prohibir los conflictos de interés entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica, garantizar patrocinio público de la formación continuada y la elaboración de guías clínicas, duplicar la inversión pública en servicios de salud mental, y volver a impulsar la salud mental comunitaria con el objetivo de la recuperación completa de las personas.

 

1.

https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-076902?utm_campaign=usage&utm_content=tbmj_sprout&utm_id=BMJ005&utm_medium=social&utm_source=twitter&s=03

2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260092/

3.

https://accesojustomedicamento.org/los-pagos-a-profesionales-y-organizaciones-sanitarias-el-mercado-de-pulgas-de-las-multinacionales-farmaceuticas/

4.

https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.40.16.00400003

 

El gasto farmacéutico sigue aumentando. Es urgente revertir esta tendencia.

El gasto farmacéutico público siguió aumentando en 2020. Hasta octubre (último dato publicado por el Ministerio de Hacienda), sumó 577,4 millones € más, un 3,72% sobre el año anterior (1). Proyectando esa proporción sobre el gasto farmacéutico público total de 2019 vemos que el gasto alcanzará los 19.438,7 millones € en 2020, 697,2 millones € más. Si tenemos en cuenta que la variación del IPC entre octubre 2019 y octubre 2020, según el INE, fue de -0,8%, el gasto farmacéutico debería haberse reducido en 150 millones € para mantener el mismo volumen de gasto que en 2019 (2). Es decir, el crecimiento del gasto farmacéutico público en 2020, ajustado según el IPC, sería de 847 millones € más. Es mucho dinero. 

 

En un artículo anterior, publicado en la Revista Temas el pasado mes de noviembre (3), señalaba que el gasto farmacéutico público debería reducirse desde el 25% del gasto sanitario público total actual hasta un 15. Pero en vez de reducirse sigue aumentando; es urgente revertir esta tendencia, porque el exceso de gasto en medicamentos no sale gratis. Este mayor gasto de alrededor de 8.000 millones €, es equivalente a más de 100.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios. O es equivalente a 10 veces el gasto en salud pública y podría financiar programas de prevención y promoción de la salud para evitar y enfrentar mejor una pandemia, como la de la COVID-19. O es casi el doble de todo el gasto en atención a la salud mental, cuyos presupuestos son claramente insuficientes y requieren recursos adicionales. 

 

En el artículo citado analizaba las causas del exceso de gasto farmacéutico y proponía medidas concretas para cambiar esta situación. El exceso de gasto se produce por dos causas principales: los altos precios de los nuevos medicamentos, y la prescripción inadecuada. Ambas causas están relacionadas con el actual modelo de monopolios y patentes, en el que los gobiernos dan un enorme poder a las compañías farmacéuticas, permitiendo enormes beneficios que se destinan, en parte, a perpetuar el sistema, influyendo sobre las decisiones de políticos y prescriptores.

 

(1)   Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre Gasto Farmacéutico y Sanitario

https://www.hacienda.gob.es/es-es/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

 

(2)   INE

https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=10&anyoini=2019&idmesfin=10&anyofin=2020&ntipo=1&enviar=Calcular

 

(3)   Lamata F. Política Farmacéutica para un nuevo SNS

https://fernandolamata.blogspot.com/2020/11/politica-farmaceutica-para-un-nuevo.html

 

 

¿Conflictos de intereses en la pandemia de la COVID-19? ¿Causalidades o casualidades?

Los pacientes, profesionales, hospitales, revistas científicas, ejecutivos de grandes corporaciones, agencias estatales, y gobiernos tienen distintos intereses. Sus puntos de vista y sus prioridades son distintas. Conviene no olvidarlo a la hora de plantear los aspectos éticos de la medicina.

La pandemia del SARS-CoV-2 nos muestra cómo los profesionales sanitarios y los investigadores intentan encontrar una forma eficaz y segura de tratamiento para los pacientes. Ellas y ellos los ven sufrir a pie de cama, intentan aliviar su dolor, frenar el avance de la enfermedad y evitar la muerte del paciente. Los investigadores buscan una vacuna o un tratamiento eficaz, pensando en los pacientes. Así ha sido desde siglos. Así fue en otras epidemias, como en el caso de la Polio. Sin embargo, hoy en día, mientras exista una legislación que permite las patentes para medicamentos y los monopolios para la comercialización de los fármacos, vemos que actúan otros intereses. Por ejemplo, el interés de lograr el monopolio de un tratamiento o una vacuna para obtener importantes beneficios empresariales y lograr enriquecimiento personal. Estos intereses pueden tratar de influir en el comportamiento de los médicos.

Cuando vamos a prescribir un medicamento, a igual Eficacia y Seguridad, se debe tener en cuenta la mayor o menor Eficiencia (precio), porque los recursos serán siempre limitados y hemos de hacer más con menos para beneficiar a más pacientes y al conjunto de la sociedad. Parece razonable desde el punto de vista de los pacientes. Pero este puede no ser siempre el interés de algunas empresas o de algunos gobiernos. El médico debe ser consciente de este posible “conflicto de interés”.

En la COVID-19 los clínicos y los investigadores están probando diferentes tratamientos. Entre los tratamientos que se han utilizado en algunas de las estrategias terapéuticas puesta en marcha, se encuentran Remdesivir y la Cloroquina/Hidroxicloroquina. Los precios de estos medicamentos pueden ser muy diferentes: por ejemplo, la hidroxicloroquina, alrededor de 10-20 € / tratamiento, mientras que para el remdesivir Gilead ha propuesto un precio de 2.000 € / tratamiento, aunque su coste de fabricación es de 5 € / tratamiento (Andrew Hill en el Journal of Virus Erradication).

La eficacia y la seguridad de los medicamentos se observa en la práctica clínica. Pero, para sacar conclusiones generalizables, se realizan estudios de investigación. Estos trabajos, revisados y publicados en revistas científicas solventes, influyen en la elección de los medicamentos por parte de los profesionales, y también, por parte de las Agencias nacionales e internacionales. De ahí la importancia de la actitud ética y rigurosa a la hora de realizar estudios (diseño, interpretación de datos), como a la hora de su publicación, evitando conflictos de interés.

En plena pandemia hemos vivido unas situaciones interesantes con los medicamentos citados. Veamos:

El Dr Mandeep R. Mehra es profesor de medicine en la Harvard Medical School, y líder en el área del corazón del Brigham and Women’s Hospital de Boston. En ese mismo hospital, el Dr Daniel Kuritzkes es jefe de Enfermedades Infecciosas y coordinador de un ensayo de remdesivir patrocinado por Gilead en su centro. En relación con el remdesivir, el Dr Kuritzkes afirmó: “Pienso que los datos son muy prometedores. Está claro que, en personas con enfermedad moderada, ha podido reducir la duración de la hospitalización”.

En la revista Redacción Médica de 3 Abril 2020 leemos que Gilead, titular de la patente de remdesivir, y la SEIMC, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, organizaron una sesión científica Actualización sobre el SARS-CoV2, por teleconferencia, seguida por más de 8.000 profesionales sanitarios. Entre los profesores invitados: Mandeep R. Mehra. 

Así mismo, el Dr Mehra es el primer firmante de un artículo en The Lancet, el 22 de mayo de 2020, sobre cloroquina o hidroxicloroquina en COVID-19. Analiza datos de un registro internacional de 96.000 historias clínicas digitalizadas. Concluye que estos medicamentos disminuyen la supervivencia de los pacientes. Ese mismo día, como veremos, se publica un artículo en NEJM diciendo que remdesivir reduce los días de hospitalización en pacientes severos.

El Dr Mehra hizo declaraciones (tctMD/the heart beat, 26 mayo 2020) afirmando: “Hay evidencia clara de … 30% a 45% de aumento del riesgo de mortalidad después de ajustes” [en pacienetes de COVID-19 tratados con cloroquina/hidroxicloroquina]. 

También, en una entrevista a France Soir el 23 de mayo, el Dr Mehra dice:

“Por una parte, Remdesivir ha mostrado que no hay riesgo de mortalidad y que logra una reducción del tiempo de recuperación. De otra parte, para la hidroxicloroquina es lo contrario...”.

El artículo de Mehra llamó la atención del Dr James Watson y otros investigadores que vienen usando cloroquina / hidroxicloroquina en el tratamiento de otras enfermedades y trataron de revisar los datos. Encontraron inconsistencias graves, publicando su crítica en The Lancet, el 28 de mayo 2020: Ajustes inadecuados por severidad de la enfermedad. No hay revisión ética. Las dosis usadas son mayores de las recomendadas. El tratamiento estadístico es poco fiable. No consentimiento explícito de pacientes. No mención de países o de hospitales participantes. Los datos de Australia muestran más fallecidos que los que comunica el gobierno. Otros datos, como los de África, son inconsistentes. La revista no pudo confirmar que la base de datos utilizada fuera fiable, o ni siquiera real. Ante el escándalo, el día 4 de junio la revista The Lancet se ve obligada a retirar el artículo del Dr Mehra.

Pero, mientras tanto, varios países y la propia OMS dejan de utilizar cloroquina / hidroxicloroquina para la COVID-19, y en EEUU el 1 de mayo, y en Australia, el 4 de junio los gobiernos deciden que remdesivir es el primer tratamiento recomendado oficialmente.

Investigación sobre remdesivir

El 29 de Abril se publica en The Lancet un artículo de Yeming Wang y cols., titulado “Remdesivir in adults with sever COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial”, financiado por la Academia de Ciencias Médicas de China. Los autores concluyen que “remdesivir no se asocia con beneficios clínicos estadísticamente significativos”. Es decir, no reduce la mortalidad por este virus.

Casualmente, el mismo día, 29 de Abril, Gilead anunció los resultados positivos en un estudio en fase III de remdesivir en pacientes con COVID-19, dirigido por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID) y patrocinado por el Gobierno de EEUU. Es curioso que fuera esta empresa y no el director del estudio quien avanzara esta información.

También llama la atención que el mismo día, antes de publicarse el artículo científico, el Dr Anhony Fauci, asesor del Presidente Trump y director del NIAID dice, desde la Casa Blanca, que remdesivir ha probado ser prometedora en pacientes con COVID-19. Según él, los resultados del ensayo coordinados por el NIAID y con participación de varios hospitales, muestran que se acortan las hospitalizaciones de 15 a 11 días y la tasa de letalidad de 11 a 8%. Pero va más allá al afirmar: “Lo que se ha probado es que un medicamento que puede bloquear este virus. Este puede ser el estándar de tratamiento”.

En la información de Nasdaq vemos que las acciones de Gilead subieron su valor 6% del 28 al 29 de abril (los principales accionistas son fondos de inversión).

El 1 de mayo 2020 la FDA emitió una autorización para utilización de remdesivir para tratar adultos y niños con COVID-19 severa. Esta autorización se comunica en una comparecencia del Presidente Trump, en el despacho oval, junto con Daniel O’Day, Director Ejecutivo de Gilead (con una remuneración anual de 30 millones $), y el responsable de la FDA.

Conviene señalar, incidentalmente, que ocho de los Expertos del Panel del NIH (Institutos Nacionales de Salud de EEUU) para recomendar los tratamientos para la COVID-19 tienen ingresos económicos de Gilead, con evidente conflicto de interés.

El artículo científico sobre los resultados positivos del remdesivir, de John H Beigel et al., se publica en NEJM el 22 de mayo de 2020. Es un “informe preliminar” del ensayo, que todavía no está terminado y en el que, además, se ha cambiado su objetivo principal (de disminución de mortalidad a disminución de días de hospitalización). Sin embargo, el NEJM publica, además, un Editorial titulado: Remdesivir, un importante primer paso, por R Dolin y MS Hirsh.

La introducción de modificaciones posteriores al protocolo inicial es éticamente discutible. En todo caso, la actitud ética debería obligar a los autores a resaltar este cambio en la publicación, no solo un párrafo poco convincente en el análisis estadístico, sino en el Resumen y en la Discusión.

Además, la valoración para publicar estos resultados se realizó el 27 de abril, antes de concluir el examen de todos los pacientes incluidos en el estudio (faltaba completar el periodo de observación en un 30%). La decisión, según explican los autores, se tomó cuando el comité de seguridad de datos comprobó que había un acortamiento de la estancia hospitalaria. La justificación de la paralización del estudio, ofreciendo remdesivir a los pacientes con placebo, es discutible, porque no permite conocer el resultado del estudio completo, tal y como se había diseñado, lo que podrá afectar positiva o negativamente a muchos más pacientes. Recordemos que el mismo día que se hizo el anuncio anticipado de los “beneficios” de remdesivir, 29 de abril, se publicaba el artículo de Yeming Wang en The Lancet que demostraba que no reduce la mortalidad por el SARS-CoV-2. ¿Influyó este hecho en la publicación “preliminar” del estudio del Dr Beigel?

El 29 de junio, Daniel O’Day anuncia el precio al que Gilead va a vender remdesivir: 2.000 € por un tratamiento de 6 viales: 400 veces sobre el precio de coste. El mismo día, el Gobierno de EEUU anuncia un acuerdo con Gilead para comprar casi toda su producción de remdesivir de julio, agosto y septiembre, con lo que refuerza su mensaje (es un tratamiento eficaz) y la posición de Gilead para negociar (¿imponer?) su precio con otros países. Recuerda mucho el “caso Tamiflú”: en 2005 y luego en 2009 se “creó” un “pánico mediático”, con una gestión mejorable por parte de la OMS. Los gobiernos de países desarrollados (incluido el de España y los de las CCAA) reservaron y compraron millones de tratamientos para la Gripe Aviar primero y después para la gripe A (H1N1), por si acaso se acababa. Tratamientos que luego se demostraron poco eficaces y que, en su mayor parte, no llegaron a utilizarse y tuvieron que destruirse cuando caducaron años después.

A la vista de estas situaciones podemos preguntarnos:

-Si la fabricación de un medicamento cuesta 5 euros / tratamiento, y la mayor parte de la investigación para usarlo en esta pandemia se ha hecho con dinero público, en centros públicos, ¿por qué debería un Servicio de Salud pagar 2.000 euros tratamiento, para miles de pacientes? Ese exceso de gasto, ¿no debería dedicarse a mejorar las plantillas, remuneraciones y condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios?

-Si un médico recibe honorarios de una empresa farmacéutica ¿puede ser imparcial al hablar sobre un producto de esa empresa, al diseñar investigaciones cuyo resultado pueda afectar al beneficio de esa empresa, al revisar o editar un artículo, o al recomendar la inclusión en la guía terapéutica de un producto de la empresa en cuestión?

Los servicios de farmacia hospitalarios en Holanda reaccionan frente al abuso de precios en medicamentos. Su gobierno les apoya. Un ejemplo a seguir.

El CDCA (Chenodeoxycholic acid) es un medicamento útil para los pacientes con xantomatosis cerebrotendinosa, una enfermedad rara producida por una anomalía en la síntesis de ácidos biliares. Los pacientes presentan colestasis neonatal, cataratas en la infancia, xantomas del tendón en jóvenes y disfunción neurológica en adultos.

El ácido quenodeoxicólico se venía utilizando desde hace más de 40 años para problemas de la vesícula biliar. La compañía Estedi lo comercializaba en España como Quenobilan 250MG 48 cápsulas, con un precio de laboratorio que permitía el tratamiento anual con cuatro cápsulas diarias de 250 mg a menos de 300 euros (año 2012) (1). Más tarde, este medicamento se utilizó fuera de ficha técnica para la xantomatosis cerebrotendinosa (XCT), con buenos resultados.  

Pero desde que la Agencia Europea del Medicamento autorizó CDCA como medicamento huérfano para la XCT a la empresa Leadiant Biosciences en 2017, concediéndole un monopolio de 10 años (exclusividad de mercado), los precios subieron a más de 150.000 euros por tratamiento anual. Esto es, más de 500 veces su coste. La Organización de Consumidores y Usuarios de España denunció en su momento esta subida (2).

El tema ha vuelto ahora a la actualidad, porque en Holanda los seguros se negaron a pagar estos precios abusivos, y los 60 pacientes que estaban allí en tratamiento se quedaron sin medicación. El servicio de farmacia del Hospital donde se estaban tratando, el Universitary Medical Center en Amsterdam, decidió seguir tratando a los pacientes preparando el medicamento en la farmacia hospitalaria (preparación magistral, comprando el principio activo). Leadiant recurrió y la inspección sanitaria ordenó al hospital que frenara la preparación del producto, por posibles impurezas en el principio activo utilizado, aunque reconoció que la preparación magistral de medicamentos era legal (3 y 4).

El hospital analizó el problema de las impurezas y buscó una nueva empresa que suministrara el principio activo con las condiciones exigidas. A partir de ahí, a mediados de enero, ha vuelto a producir el medicamento para sus pacientes (5).

El Ministro de sanidad Bruno Bruins apoya la preparación hospitalaria de algunos  medicamentos para pacientes concretos, mientras sigue negociando con Leadiant precios más razonables, y sigue exigiendo transparencia en los costes de investigación y de fabricación. El Ministro también ha pedido a Bruselas que reduzca los años de exclusividad de mercado (monopolio). Entretanto han modificado la ley para reforzar la fabricación hospitalaria.

Estas gestiones no son del agrado de las empresas farmacéuticas, que piden el apoyo del gobierno de EEUU. El 30 de enero de este año, la Embajada de EEUU en Holanda ha manifestado que está preocupada con las políticas que está planeando llevar a cabo el gobierno de ese país en relación con las patentes y monopolios de medicamentos (6). En concreto, preocupa la expansión de licencias obligatorias (equivalente a la suspensión de la patente en caso de abuso) y la preparación de medicamentos en hospitales. El argumento de la Embajada estadounidense es que los planes del Ministro holandés pueden afectar negativamente a la innovación. 

Es preciso repetir una y otra vez que las patentes de medicamentos, los monopolios, no han ayudado a la investigación desde que se generalizaron en 1994, lo que sí han hecho es disparar los beneficios de las empresas a costa de los pacientes y los sistemas de salud. Las propuestas holandesas están bien orientadas. Pero la capacidad de presión de la industria es muy fuerte.

Lo que está cada vez más claro es que si sigue esta tendencia en los precios vamos a una catástrofe. Como nos decía un paciente: es como si viajáramos en el Titanic, sin darnos cuenta de que nos han hecho un boquete en el casco, mientras sigue sonando la música de la orquesta. Es urgente tapar el boquete y cambiar de rumbo.

1.

https://nomenclator.org/medicamento/quenobilan-250mg-48-capsulas.html

2.

https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/denuncia-leadiant-cnmc

3.

Sheldon T. Dutch hospital’s manufacture of drug for rare condition was legal, says inspectorate. BMJ 2018;363:k5127

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5127

4.

https://www.bbc.co.uk/programmes/p07zmr17

5.

https://www.farmaterverantwoording.nl/amsterdam-umc-resumes-supply-of-compounded-cdca/

6.

https://nl.usembassy.gov/embassy-statement-on-intellectual-property-rights/

Las propuestas para sanidad de la Coalición Progresista. Un buen acuerdo para recuperar y reforzar una sanidad pública de calidad y para todos.

El programa de gobierno contenido en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es un valioso instrumento para orientar las políticas hacia los intereses reales de las personas, de la ciudadanía.

En mi opinión se trata de unas propuestas sensatas y justas. No es un programa revolucionario. Es un programa moderado, pero en el contexto en el que se plantea, con el escenario creado en los últimos tiempos por la revolución de los ricos y por el dominio absoluto del discurso que han logrado los paradigmas neoliberales y ultraconservadores, suena realmente ambicioso. Ojalá se pueda cumplir o avanzar significativamente en su cumplimiento en los próximos cuatro años.

En sanidad plantea propuestas clave, necesarias para corregir el deterioro sufrido desde la crisis económica y para consolidar el Sistema Nacional de Salud. Medidas urgentes que deben adoptarse para recuperar una sanidad pública de calidad y para todos. Por un lado, mejorar la financiación, hasta el 7% del PIB en 2023, aproximándose a los países de la zona euro (2.2.4.). Para hacerlo posible, propone medidas de justicia fiscal que permitan recaudar los fondos necesarios, incluyendo la lucha contra el fraude fiscal, el aumento de la progresividad fiscal (que paguen algo más las rentas más altas de 130.000 euros), fiscalidad verde, impuesto sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras (10.1-10.4). Con la financiación suficiente, se plantea también un reparto más justo, a través de un nuevo pacto de financiación autonómica que garantice igualdad de recursos para todas las personas en los diferentes territorios (9.6.-9.7.) y el aumento de los fondos de Cohesión Sanitaria (2.2.4.).

Disponiendo de una fiscalidad justa, que recaude recursos suficientes, distribuidos de forma equitativa, es posible afrontar una serie de objetivos.

Por un lado, reforzar la universalización sanitaria, mediante Ley (2.2.8.). Suprimir progresivamente los copagos, que están dificultando el acceso a los servicios sanitarios de los pensionistas y personas de rentas bajas (2.2.1.). Completar la cartera de prestaciones con la atención a la Salud Bucodental (2.2.2.). Impulsar el Marco Estratégico para la Atención Primaria (2.2.9.), aprobar y desarrollar la nueva Estrategia de Salud Mental (2.2.12.), mejorar la atención a las personas con Enfermedades Raras (2.2.11.) y desarrollar un sistema de atención temprana (2.2.10.).

Al mismo tiempo que se compromete un aumento de recursos y servicios, es importante mejorar la eficiencia en la utilización de los mismos. Aquí se aborda el problema del crecimiento del gasto farmacéutico, debido al elevadísimo precio de los nuevos medicamentos que está detrayendo recursos de otras partidas, planteando priorizar la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos (2.2.7.). Así mismo, se apuesta por la gestión pública directa, que se ha demostrado más eficiente para el conjunto de la ciudadanía, evitando la privatización del sistema sanitario (2.2.3.).

Para mejorar la eficiencia del conjunto del SNS también es preciso mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario (2.2.13.), apostar por la digitalización sanitaria (2.2.6.), e impulsar la renovación de la tecnología sanitaria (2.2.5.).

En el Acuerdo de Gobierno se incluyen otros temas importantes para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Entre otros, potenciar la educación en hábitos de vida saludables (6.8.), la educación afectivo sexual (2.1.6.), la prevención del acoso escolar (2.1.4.), la prevención de riesgos laborales (1.9.), y la prevención de las adicciones (2.10.). Y también, modificar la Ley de seguridad alimentaria y reducir el impacto de la comida basura (2.7.1.-2.7.2.), impulsar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente (3.1.3.), avanzar en el Pacto Social por el SIDA (5.12.), luchar contra la violencia de género (7.2.) y garantizar los derechos sexuales y reproductivos (7.5.).

El Programa recoge también el derecho de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la regulación de la Eutanasia (5.1.).

Desde el punto de vista del gobierno del SNS, el Programa incluye propuestas para la mejora de la colaboración y coordinación, y la clarificación de la distribución competencial (9.1.; 9.3.).

Finalmente, el Programa apuesta por una Europa fuerte, ágil, democrática y social (11.1.), reforzando el Pilar Social de la UE, e impulsando un Alto Comisionado Europeo para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato.

Además de estas políticas, el Programa define medidas que tienen impacto en la salud, o en los recursos necesarios para la sanidad, como son aquellas para impulsar el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo, la garantía de rentas, pensiones y salarios dignos, vivienda asequible, educación e investigación de calidad, transporte público, etc.

En resumen, es un Programa coherente, que apuesta por la recuperación y potenciación de la sanidad pública como garantía de una atención adecuada para toda la ciudadanía, en cualquier lugar de España.