En el Informe con
la Actualización del Plan de Estabilidad del Reino de España 2017-2020 que el
Gobierno ha remitido a Bruselas no pinta bien para la sanidad ni para los
derechos sociales. Se prevé una reducción relativa del gasto sanitario público
que pasaría de 6,07% del PIB en 2016 a 5,57% del PIB en 2020 (página 101,
cuadro A8b) (1). Esto es, una reducción del 0,5% del PIB. Como el PIB de 2016
ascendió a 1.113.766 millones de euros, la reducción de gasto prevista es de 5.568,83
millones de euros respecto al pasado año. Si se cumple esa previsión se
habría perdido más de un punto de gasto sanitario en relación con el PIB desde
que comenzó la crisis, un recorte de más del 16%.
El Sistema
Sanitario español sigue siendo un buen sistema, pero está siendo agredido y
erosionado por los recortes impuestos durante estos años, afectando a la
cobertura, la universalidad y la calidad. Esta nueva propuesta del Gobierno
Rajoy en el Plan de Estabilidad agrava la herida de nuestra sanidad. Según Eurostat,
en el año 2.014, frente a un gasto sanitario público de 9,31% sobre PIB en
Alemania; 8,81% en Holanda; 8,71% en Francia; 8,08% en Bélgica, etc., en España
el gasto sanitario público fue de 6,34% del PIB. Y todavía el Gobierno quiere
recortar más.
Las razones que
se dan desde el gobierno tienen que ver con la necesidad de reducir el Déficit
Público. Pero mientras se propone reducir gasto sanitario público lo que no se
subraya es que los ingresos fiscales se han reducido en relación el PIB entre
2015 y 2016, como muestra el mismo Informe en su página 27 (cuadro 4.1.2.). En
efecto, en 2015 los ingresos fiscales (ingresos impositivos y cotizaciones
sociales) llegaban a un modesto 34,89% del PIB, pero en 2016 se redujeron
todavía más hasta un 34,43% del PIB. Hemos de insistir: el déficit público español es consecuencia
de menos ingresos fiscales y no de más gasto social.
En la Euro Área 19, los ingresos fiscales alcanzan un 41,4% del PIB.
Pero en Francia llegan al 47,9% (12 puntos más en relación con el PIB que
España, es decir, con ese nivel de ingresos España recaudaría 120.000 millones
de euros más, casi dos veces el gasto sanitario público, que fue de 65.565
millones de euros en 2015); en Dinamarca al 47,6%; en Bélgica al 47,5%; en Finlandia,
Suecia y Austria a más del 44% del PIB (datos de Eurostat para 2015).
En el citado Informe, el Gobierno prevé un moderadísimo incremento de la recaudación fiscal en 2020, hasta un 35,7% del PIB (página 41, cuadro 4.3.1.1.). Pero esta cifra seguiría estando muy por debajo de la media de los países europeos más avanzados.
El objetivo de
ingresos fiscales para España en el Plan de Estabilidad debería situarse en un 44%
del PIB y no en el 35,7% del PIB que propone el actual Gobierno. Con ese dinero
(8 puntos más sobre el PIB, unos 89.000 millones de euros más) sería posible
financiar una buena sanidad, una buena educación y unos buenos servicios
sociales, y apoyar decididamente políticas activas de empleo.
Se podrá
argumentar que no es posible lograr ese incremento de recaudación en un corto
espacio de tiempo. Sin embargo, en España, la reforma fiscal de 1978 permitió
que entre 1978 y 1989, en 10 años, se aumentara la presión fiscal en 15 puntos
de PIB, un esfuerzo casi el doble del que ahora sería necesario. Así se reseña
en un Informe del Banco de España titulado “Estructura impositiva y capacidad
recaudatoria en España: un análisis comparado con la UE” (Pablo Hernández de
Cos y David López Rodríguez, 2014).
La reforma fiscal
que necesita España no debe aumentar la presión fiscal sobre los menos
pudientes y las clases medias. El problema principal de nuestro sistema fiscal
es que los más ricos y las grandes corporaciones no pagan lo que deben (además de que hemos acumulado una deuda pública injusta al asumir la deuda privada con los rescates bancarios). No hay
progresividad fiscal como manda la Constitución Española en su artículo 31. No
se cumple el pacto constitucional. Sin impuestos justos no hay derechos. O,
como apunta Richard Murphy, sin impuestos justos no hay democracia (2). Solo un
sistema justo de impuestos puede crear una sociedad mejor.
Cuando en 1773 las
colonias que más tarde formarían los Estados Unidos de América se rebelaron
contra la corona británica por un nuevo impuesto sobre el té, se hizo famosa la
frase: “no taxation without representation”. Rechazaban los impuestos si no
tenían representación en el Parlamento Británico que decidía las leyes. Pues
bien, ahora podemos invertir el argumento: “no representation without
taxation”. No hay democracia efectiva sin impuestos justos. La situación actual
en la que los ricos no pagan impuestos es la quiebra de la democracia y del contrato constitucional.
No me resisto a
recordar, aunque sea tedioso, unas cifras que muestran este robo sistemático a
los trabajadores y la clase media. En 2007, cuando empezó la crisis, se
recaudaron 79.731 millones por IRPF, 136.752 millones por cotizaciones sociales,
61.261 millones por IVA y 50.179 millones por el impuesto de sociedades. La
crisis paralizó la economía y la recaudación por todos los conceptos bajo de
forma dramática. Sin embargo, con la recuperación de la actividad económica
vemos que en 2010 se recaudaron 78.039 millones por IRPF, 140.144 millones por
cotizaciones sociales, y 60.593 millones por IVA, cantidades similares a las
recaudadas en 2007. Sin embargo, el impuesto de sociedades solamente recaudó
21.312 millones de euros, menos de la mitad que en 2007 (informe del Banco de
España citado más arriba, página 43). ¿Cómo puede ser que los trabajadores
paguen más impuestos y los empresarios menos? La razón es que el sistema fiscal
es injusto, regresivo e ineficiente. Es un “queso gruyer” lleno de agujeros por
los que se escapa el dinero de los más ricos.
Es necesaria una
profunda reforma fiscal, con carácter progresivo, donde paguen más proporción
los que más ganan y los que más tienen y donde la lucha contra el fraude y la
evasión fiscal sea una prioridad absoluta del Gobierno. Solo así se podrán
financiar los servicios públicos y garantizar los derechos humanos de las
personas que viven en España.
Viene aquí a
cuento el Informe Oxfam sobre indicadores de desigualdad publicado este mes de
julio que muestra como España está a la cola en el índice de desigualdad entre
los países Europeos avanzados en buena parte por su regresivo sistema fiscal (3).
Ocupa el puesto 27. El informe analiza las políticas de gasto social, los
salarios, y las políticas fiscales. En cuanto a progresividad fiscal España se
hunde hasta el puesto 48.
La desigualdad solo
se puede reducir con políticas públicas (sanidad, servicios sociales,
educación), financiadas con impuestos justos (fiscalidad progresiva) y logrando
además salarios decentes.
(1)
(2)
Richard Murphy. The
Joy of Tax. Bantam Press. Great Britain, 2015.
(3)
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-commitment-reduce-inequality-index-170717-en.pdf
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