miércoles, 9 de mayo de 2018

Tenemos que acabar con esta injusticia.

Hay gente que no puede pagar las medicinas que les recetan en la sanidad pública. Hoy, en España. Hay más de 2 millones de personas que dicen que no pueden. Una amiga mía me comentaba el otro día que esto no es posible. Pero es lo que reconoce el propio Ministerio de Sanidad.

En el último Barómetro Sanitario, publicado por el Ministerio el día 8 de mayo, y correspondiente a 2017, constatamos un año más que un 4,7% de los encuestados dicen que en los últimos 12 meses han dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por razones económicas. Ese 4,7% significa que 2.194.832 personas no pueden. Algo más que en 2016, cuando eran un 4,4% de los encuestados.


Son datos tremendos. Pero son “fríos”. La campaña “La Receta Equivocada”, que Amnistía Internacional presentó el pasado 24 de abril, les puso rostro. En esa campaña hay testimonios como el de una mujer, pensionista, que dice: “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”.

Otro ciudadano dice: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas o me suicido… así que tengo que matarme de hambre, lo hago porque tengo que comprar las medicinas”.


¿Es justo que estas personas no puedan tomar sus medicinas, o tengan que elegir entre pagar los medicamentos o comer, en un país donde, al mismo tiempo, el Ministerio aprueba precios excesivos a los medicamentos y que se traducen en beneficios para los grandes laboratorios? El Gobierno ha dejado de pagar más de 400 medicamentos y ha aumentado los copagos a pensionistas, haciendo que recaigan en el bolsillo de los pacientes más de 1.000 millones de euros anuales, pero, al mismo tiempo, el Gobierno acepta pagar 8.000 millones de euros por encima del coste de producción de las medicinas. ¿No sería más justo bajar los precios de los medicamentos, y que las medicinas recetadas en la sanidad pública estuvieran libres de pago en el momento de utilizarlas para todos los que las necesiten?

Que un sistema sanitario sea público, como lo es en España y en los países europeos, quiere decir que lo pagamos entre todos a través de impuestos justos, en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para que podamos utilizarlo cuando lo necesitemos sin tener que pagar la asistencia en el momento de usarla.

Sin embargo, en España, además de pagar unos precios excesivos por los nuevos medicamentos, resulta que los más ricos y las grandes corporaciones no pagan los impuestos en la misma proporción que los trabajadores. Pagan menos, cuando deberían pagar más. Y ahí está un grave problema para nuestra sanidad de hoy y del futuro. Sin impuestos justos, donde pague más quien más gana y más tiene, como exige la Constitución en su artículo 31, no se podrá mantener la sanidad y se pondrán más copagos. El fraude y la ingeniería fiscal suponen más de 70.000 millones de euros anuales, es decir más que todo el gasto sanitario público anual.

Ningún copago es justo, porque es un “repago”, porque ya hemos pagado con nuestros impuestos. Se intenta convencer de que el copago es necesario porque no hay dinero, pero ya vemos que sí hay dinero, lo que pasa es que se lo llevan otros, los que más tienen. Se intenta convencer de que este copago es mejor, porque es proporcional a la renta. Lo que debe ser proporcional a la renta son los impuestos, y con ese dinero se debe pagar la sanidad y las medicinas, para que sean gratuitas en el momento en que las necesitemos. Debemos pagar impuestos justos, en función de la renta, y debemos tener acceso a la atención sanitaria y las medicinas en función de nuestra necesidad, sin tener que pagar otra vez.

Quizá pensemos que esto no va con nosotros, que no es nuestro problema. Pero otro testimonio de la campaña de Amnistía Internacional nos advierte: “No es que nos pueda pasar a todos, es que nos va a pasar a todos, porque va a haber algún momento, alguna situación en la vida en la que nos va a hacer falta algo. No hay nadie a quien no le vaya a hacer falta nada en la sanidad en alguna situación. Entonces lo vamos a necesitar y, si esto no está, ¿qué?”.

Es preciso que acabemos con esta injusticia. Tenemos que exigir al Gobierno y al Parlamento que impidan el fraude fiscal, que reduzcan los precios de los medicamentos, y que reviertan el Real Decreto 16/2012 y los recortes sanitarios. El hecho de que dos millones de personas en España no puedan comprar las medicinas que les han recetado en la sanidad pública es una herida abierta que, si no la cerramos, va a gangrenar al sistema sanitario, porque quiebra el principio de solidaridad en que se basa. No dejemos que sea ya tarde.


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