Hay gente que no puede
pagar las medicinas que les recetan en la sanidad pública. Hoy, en España. Hay
más de 2 millones de personas que dicen que no pueden. Una amiga mía
me comentaba el otro día que esto no es posible. Pero es lo que reconoce el propio
Ministerio de Sanidad.
En el último Barómetro
Sanitario, publicado por el Ministerio el día 8 de mayo, y correspondiente a
2017, constatamos un año más que un 4,7%
de los encuestados dicen que en los últimos 12 meses han dejado de tomar algún
medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo
pudieron permitir por razones económicas. Ese 4,7% significa que 2.194.832
personas no pueden. Algo más que en 2016, cuando eran un 4,4% de los encuestados.
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2017/BS2017_ma.pdf (pregunta 20).
Son datos tremendos. Pero
son “fríos”. La campaña “La Receta Equivocada”, que Amnistía Internacional
presentó el pasado 24 de abril, les puso rostro. En esa campaña hay testimonios
como el de una mujer, pensionista, que dice: “Este mes no voy a la farmacia
porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”.
Otro ciudadano dice: “No
puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas
o me suicido… así que tengo que matarme de hambre, lo hago porque tengo que
comprar las medicinas”.
¿Es justo que estas
personas no puedan tomar sus medicinas, o tengan que elegir entre pagar los
medicamentos o comer, en un país donde, al mismo tiempo, el Ministerio aprueba
precios excesivos a los medicamentos y que se traducen en beneficios para los grandes
laboratorios? El Gobierno ha dejado de pagar más de 400 medicamentos y ha aumentado
los copagos a pensionistas, haciendo que recaigan en el bolsillo de los
pacientes más de 1.000 millones de euros anuales, pero, al mismo tiempo, el
Gobierno acepta pagar 8.000 millones de euros por encima del coste de producción
de las medicinas. ¿No sería más justo bajar los precios de los medicamentos, y
que las medicinas recetadas en la sanidad pública estuvieran libres de pago en
el momento de utilizarlas para todos los que las necesiten?
Que un sistema sanitario
sea público, como lo es en España y en los países europeos, quiere decir que lo
pagamos entre todos a través de impuestos justos, en función de nuestra renta o
nuestra riqueza, para que podamos utilizarlo cuando lo necesitemos sin tener
que pagar la asistencia en el momento de usarla.
Sin embargo, en España,
además de pagar unos precios excesivos por los nuevos medicamentos, resulta que
los más ricos y las grandes corporaciones no pagan los impuestos en la misma
proporción que los trabajadores. Pagan menos, cuando deberían pagar más. Y ahí
está un grave problema para nuestra sanidad de hoy y del futuro. Sin impuestos justos, donde pague
más quien más gana y más tiene, como exige la Constitución en su artículo 31, no
se podrá mantener la sanidad y se pondrán más copagos. El fraude y la ingeniería fiscal suponen más de 70.000 millones de
euros anuales, es decir más que todo el gasto sanitario público anual.
Ningún copago es justo,
porque es un “repago”, porque ya hemos pagado con nuestros impuestos. Se
intenta convencer de que el copago es necesario porque no hay dinero, pero ya
vemos que sí hay dinero, lo que pasa es que se lo llevan otros, los que más
tienen. Se intenta convencer de que este copago es mejor, porque es
proporcional a la renta. Lo que debe ser proporcional a la renta son los
impuestos, y con ese dinero se debe pagar la sanidad y las medicinas, para que
sean gratuitas en el momento en que las necesitemos. Debemos pagar impuestos
justos, en función de la renta, y debemos tener acceso a la atención sanitaria
y las medicinas en función de nuestra necesidad, sin tener que pagar otra vez.
Quizá pensemos que esto
no va con nosotros, que no es nuestro problema. Pero otro testimonio de la
campaña de Amnistía Internacional nos advierte: “No es que nos pueda pasar a
todos, es que nos va a pasar a todos, porque va a haber algún momento, alguna
situación en la vida en la que nos va a hacer falta algo. No hay nadie a quien
no le vaya a hacer falta nada en la sanidad en alguna situación. Entonces lo
vamos a necesitar y, si esto no está, ¿qué?”.
Es preciso que acabemos
con esta injusticia. Tenemos que exigir al Gobierno y al Parlamento que impidan el fraude fiscal, que reduzcan los precios de los medicamentos, y que reviertan
el Real Decreto 16/2012 y los recortes sanitarios. El hecho de que dos millones de personas en España no puedan comprar las medicinas que les han recetado en la sanidad pública es una herida abierta
que, si no la cerramos, va a gangrenar al sistema sanitario, porque quiebra el
principio de solidaridad en que se basa. No dejemos que sea ya tarde.
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