Los gobiernos de los países ricos frenan la propuesta de India y Sudáfrica para suspender las patentes de vacunas y tecnologías frente a la COVID-19.

El viernes 16 de octubre, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Sudáfrica y la India plantearon una propuesta que pedía a los países de la OMC que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), para permitir a todos los países la fabricación de productos genéricos en volumen suficiente, a precios asequibles y a tiempo.

 En su intervención, el representante de Sudáfrica denunció que el lenguaje de solidaridad y bienes públicos, utilizado por varios líderes de diferentes países no se había traducido en decisiones concretas para compartir los derechos de propiedad intelectual y transferir tecnologías frente a la COVID. “Business as usual” ha sido la respuesta común hasta ahora. Es importante, dijo, que se pongan barreras en la lucha contra la pandemia. “Una respuesta efectiva requiere el acceso rápido a productos médicos, incluyendo test diagnósticos, mascarillas, otros equipos de protección, ventiladores, vacunas y medicamentos. La escasez de estos productos en muchos países ha puesto en riesgo la vida o la salud de trabajadores sanitarios y de servicios esenciales y ha provocado muertes evitables. También prolonga la pandemia. Y mientras más dure, mayor será el impacto económico negativo”. 

 

Las patentes suponen una barrera al acceso a estos productos, por los altos precios y por el cuello de botella a la producción a gran escala.

 

El representante de la India insistió: “Queremos recordar a los miembros de la OMC que, en una pandemia, donde todos los países están afectados, necesitamos una solución global. Nuestra propuesta aporta esa solución. Es hora de que todos los países asumamos una responsabilidad colectiva y pongamos la vida de las personas por delante de todo lo demás. La Historia no nos juzgará con benevolencia si no actuamos inmediatamente para salvar la pérdida de vidas humanas y salud, y permitimos que la disfunción global prevalezca sobre la cooperación global. Esperamos que los países miembros de la OMC apoyen nuestra propuesta para asegurar que las vacunas y los tratamientos son realmente bienes públicos globales”.

 

La propuesta de la India y Sudáfrica fue suscrita por Kenia y Esuatini, y recibió el apoyo de Tanzania y el Grupo Africano, Chad y el grupo de países menos desarrollados, y también de Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Argentina, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Egipto, Túnez, Mali, Mauritania, Mozambique e Indonesia. Otros países mostraron su posición favorable a la propuesta, pero necesitaban algunas aclaraciones o bien consultar a sus gobiernos. Así se manifestaron China, Turquía, Nigeria, Senegal, Filipinas, Tailandia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y El Salvador.

 

Sin embargo, los gobiernos de los países de la Unión Europea, EEUU, Suiza, Noruega, Australia, Canadá, Japón, y Reino Unido, a los que se sumó Brasil, se opusieron a la propuesta.

 

Estos países argumentaron que ya era suficiente con las “flexibilidades” de los ADPIC. Pero el representante de Sudáfrica contestó que no era así. Este mismo año, la UE y los EEUU han presionado a países como India, Indonesia, Turquía, Ecuador, Colombia, Egipto, Malasia, o El Salvador, por las legislaciones que pretendían utilizar las licencias obligatorias (flexibilidad de los ADPIC).

 

La UE y los otros países ricos insistieron en que la solución era que las empresas titulares de la patente dieran “licencias voluntarias” para que otras empresas pudieran fabricar genéricos. Pero, después de nueve meses de pandemia, se demuestra claramente que no es así. Un ejemplo, señaló el portavoz de Sudáfrica, es el remdesivir. “A pesar de recibir financiación pública significativa de al menos 70,5 millones de dólares, Gilead ha firmado acuerdos bilaterales secretos con unas pocas compañías de genéricos de su elección, excluyendo a la mitad de la población mundial de los territorios cubiertos. La mayor parte de las reservas de remdesivir se han adjudicado a países ricos. Como resultado, muchos países en desarrollo no han recibido este medicamento. Los precios, además, son prohibitivamente altos”. Estos acuerdos voluntarios no valen para hacer frente a la pandemia, porque las empresas titulares de la patente deciden a qué población, a través de qué empresa, con qué cantidad de producción y a qué precio. “Si somos serios para enfrentar este problema, la producción no puede estar concentrada en las manos de unos pocos fabricantes”.

 

El portavoz de Sudáfrica subrayó también que, durante estos meses, ninguna compañía farmacéutica había cedido voluntariamente sus derechos de propiedad intelectual a la OMS a través de la iniciativa C-TAP de las tecnologías relacionadas con la COVID.

 

La iniciativa COVAX, que la industria ha promocionado, como la manera adecuada de hacer llegar los medicamentos a países pobres, es muy insuficiente. “Los países ricos que representan un 13% de la población mundial han acaparado ya el 51% de las dosis de futuras vacunas para la COVID”. ¿Dónde queda la promesa de acceso universal? “El modelo COVAX refuerza la profunda desigualdad y no ofrece una solución confiable”. 

 

Un tercer argumento expuesto por los países ricos es que la suspensión de las patentes para las tecnologías COVID impediría la innovación. “Nunca ha habido un caso tan débil para otorgar monopolios” por este motivo, contestó con firmeza el representante de Sudáfrica. Los Gobiernos han financiado la investigación en medicamentos y vacunas, diciendo que serían un bien público, pero sin ligar las subvenciones al compromiso de las empresas para que fuera así. La investigación está siendo un esfuerzo de diferentes universidades, institutos, agencias, en todo el mundo. No es el resultado de una empresa farmacéutica. Las personas participantes en ensayos clínicos en todo el mundo lo hacen por su conciencia y sentido de contribuir a encontrar una cura para todos.  Además, la industria está financiando el desarrollo y producción de vacunas con “compras anticipadas” de la UE, EEUU y otros países, y, por otra parte, ha pedido a los gobiernos que se hagan cargo de posibles indemnizaciones por efectos adversos. “La colaboración entre centros de investigación no es por la Propiedad Intelectual, como han señalado algunos, sino lo contrario. Son los científicos de todo el mundo los que han facilitado la colaboración, no la propiedad intelectual. Es la financiación pública la que ha facilitado esas colaboraciones, no la propiedad intelectual”, insistió el portavoz de Sudáfrica.

 

“La COVID-19 revela la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos en el mundo, y una de las principales causas es que la Propiedad Intelectual sostiene los intereses dominantes de la industria a costa de vidas humanas”, concluyó el portavoz sudafricano.

 

El debate duró más de tres horas, pero, a la vista de la oposición del grupo de países ricos, los proponentes del acuerdo, India y Sudáfrica propusieron a la Presidenta de la reunión que este asunto quedara abierto para discusión y convocando un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC.

Vale la pena señalar que 379 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el planeta habían dirigido una carta a los participantes en esta reunión pidiendo que apoyaran la propuesta.

https://accesojustomedicamento.org/carta-a-la-organizacion-mundial-de-comercio/

 Como ciudadano de la Unión Europea pienso que esta es una oportunidad perdida para la humanidad, para la dignidad de los pueblos, para buscar juntos una solución a la pandemia que nos afecta a todos. Siento vergüenza al estar representado por una Unión Europea que pone los derechos de las personas por detrás de los intereses de las multinacionales, a las que concede patentes y monopolios; que compra anticipadamente un medicamento que no sirve a precios abusivos; que financia a las empresas farmacéuticas sin asegurar condiciones de uso como bien público; y que frena iniciativas como la de India y Sudáfrica que pretendía dar una respuesta eficaz, eficiente y solidaria a la pandemia. Y me pregunto ¿qué papel ha jugado el gobierno de España en este debate y en la posición de la UE?