Un conocido refrán reconoce que “es de bien nacido ser agradecido”: si uno ha recibido un favor, lo natural es tratar de mostrar agradecimiento. Pues bien, este refrán, de sentido común, es aplicable a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias.
Recientemente se ha publicado en el British Medical Journal un artículo que señala los conflictos de interés encubiertos de los redactores de la famosa guía DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la llamada “biblia” de la psiquiatría. Los autores encontraron que el 60% de los componentes de los paneles que redactaron la guía habían recibido pagos de la industria. El total recibido por estos profesionales entre 2016 y 2019 ascendió a 14,2 millones de dólares (1). No es asunto de poca monta.
Hoy sabemos algunas cosas. Sabemos que esta guía tiene una enorme influencia en los psiquiatras de todo el mundo, orientando el diagnóstico y el tratamiento. Sabemos que el interés de los profesionales debe ser la salud de los pacientes. Sabemos que el interés de la industria es aumentar los beneficios de los accionistas (vender más, y vender más caro). Y sabemos también que la influencia de la industria podría estar sesgando los criterios aplicados por los expertos patrocinados en el DSM, pudiendo conducir a un sobre-diagnóstico y un sobre-tratamiento.
Por otro lado, sabemos que la sociedad científica que elabora el DSM, la American Psychiatric Association, recibe también importante patrocinio de la industria, estimado en más de 20 millones de dólares anuales, a través de su Corporate Alliance (con 17 laboratorios) y de su Fundación. Además, sabemos por Taeho Greg Rhee y Samuel T Wilkinson, que el conjunto de los psiquiatras en EEUU recibieron 110,5 millones de dólares de la industria en dos años (2). Estos pagos, según han evidenciado varias investigaciones, influyen en la prescripción, y la industria lo sabe. En este sentido, para ver la dimensión del problema, conviene leer el documentado artículo de Angel María Martín, publicado en diciembre 2023 en la revista Acceso Justo al Medicamento, donde se detallan los importantes pagos de la industria farmacéutica a las diferentes sociedades científicas españolas (3).
Lo cierto es que los presupuestos sanitarios públicos son siempre limitados: si se gasta más en medicamentos, se gasta menos en profesionales. Así, cerrando un círculo vicioso, la falta de profesionales (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, y otras profesiones), hace que los servicios de salud mental se orienten cada vez más a “la pastilla y la cita”, como decía Steven Sharfstein (presidente de la APA en 2005), cambiando el modelo bio-psico-social por el modelo bio-bio-bio (4). Lamentablemente, en España, las demoras para primera consulta de psiquiatría y de psicología son de varios meses; las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas son muy escasas; y casi nunca hay tiempo para coordinar actuaciones con los servicios sociales, con los municipios, ni con el ámbito educativo. Al mismo tiempo, la mitad del presupuesto público de salud mental se gasta en medicamentos. ¿No resulta inaceptable? Es preciso cambiar esta orientación. Y para eso es necesario evitar y prohibir los conflictos de interés entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica, garantizar patrocinio público de la formación continuada y la elaboración de guías clínicas, duplicar la inversión pública en servicios de salud mental, y volver a impulsar la salud mental comunitaria con el objetivo de la recuperación completa de las personas.
1.
2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260092/
3.
4.
https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.40.16.00400003
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