Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, en el año 2025 el gasto farmacéutico público en España ascendió a 26.145,5 millones de euros (1). Esto supone 1.330,6 millones de euros más que en 2024, y un incremento del 5,36%. Equivale a más de 13.000 profesionales que podrían haberse destinado, por ejemplo, a los programas de Salud Mental. Conviene recordar que el 50% de las personas que necesitan una consulta de salud mental tienen que recurrir a la sanidad privada por la falta de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales en la sanidad pública, y que la incidencia de problemas de salud mental se ha duplicado en los últimos diez años.
El gasto en hospitales fue de 11.478,9 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al año anterior, mientras que en oficinas de farmacia fue de 14.675,6, con un aumento del 3,81% respecto al año anterior. Ambas cifras por encima de la inflación que se situó en el 2,9%.
Mirando un año más atrás, respecto a 2023 el gasto farmacéutico público en 2025 ha aumentado en 3.019 millones de euros, un 13%. Equivale a más de 30.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios. Si tomamos euros constantes, el incremento real es de un 6,7%. Sigue siendo importante. Y si ajustamos por habitante, todavía se aprecia un incremento del 4,6% entre 2023 y 2025.
Yendo todavía un poco más atrás vemos que en 2021 el incremento de gasto farmacéutico fue del 7% respecto al año anterior; en 2022 del 4,8%, en 2023 de 5,3% y en 2024 del 7,3%. Supone una sangría creciente para el Sistema Nacional de Salud.
Conviene insistir: el exceso actual de gasto farmacéutico público por sobre precios, precios abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, supera los 11.000 millones anuales en la factura farmacéutica. El objetivo del Gobierno central y los Gobiernos autonómicos debería ser una reducción progresiva de ese exceso de gasto, acercando los precios actuales a los precios cercanos al coste real de fabricación e investigación. El hecho de que la factura siga aumentando supone un factor de riesgo e inestabilidad para el Sistema Nacional de Salud.
Además de ser conscientes de ese exceso de gasto (que serviría, por ejemplo, para contratar a más de 110.000 profesionales sanitarios), conviene saber que la industria farmacéutica, con parte de esos beneficios, financia la formación continuada de los médicos, las sociedades científicas, las revistas médicas, así como las guías clínicas, congresos médicos, cátedras de patrocinio, etc., etc., orientando así la prescripción hacia sus productos. Parte de esos beneficios se destinan a acciones de lobby para influir en los gobiernos y parlamentos, nacional, autonómicos y europeo, con el objetivo de lograr legislaciones, normativas y decisiones sobre precios que les favorezcan. Parte de esos beneficios se destinan a financiar asociaciones de pacientes, condicionando así sus posiciones y manifestaciones. Y parte de esos beneficios excesivos se destinan, a través de empresas intermediarias, a controlar la información sobre consumo de medicamentos, y diversa información clínica e institucional. Podríamos decir que la industria farmacéutica controla “la inteligencia” del Sistema Nacional de Salud.
Por eso es urgente diseñar una política farmacéutica de Estado, que contribuya a cambiar esta tendencia y recupere estos recursos públicos para que sean utilizados en beneficio de la población. Así mismo, esta nueva política farmacéutica debe recuperar la “inteligencia” del sistema, evitando la presión de la industria sobre profesionales, pacientes y administraciones públicas, y permitiendo así la toma de decisiones independiente.
(1)
Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado en 1 abril 2026.
https://www.hacienda.gob.es/eu-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
