El Barómetro del CIS de mayo/2012 señala que
la Sanidad es un problema
principal para el 10,6% de los españoles. Es la proporción más alta de
preocupación por este tema en los últimos veinte años. Hace solo un año era de
un 4,1%, pero doce meses después la preocupación se ha disparado.
No es extraño, teniendo en cuenta la política
de recortes que se está aplicando en varios Servicios Regionales de Salud y las
medidas que ha anunciado el Gobierno de España, con la introducción de copagos
en las recetas de los pensionistas, en las ambulancias y en otros servicios y
productos sanitarios.
El gasto sanitario público en España se
situaba en un 7% del PIB, cifra muy ajustada para nuestro nivel de renta. Se
debía y podía plantear un aumento moderado de la financiación, determinando su
carácter finalista, para consolidar el Sistema Nacional de Salud. En lugar de
ello se plantean y llevan a cabo recortes del gasto sanitario público de más de
10.000 millones de euros anuales, con despidos de personal, cierre de plantas
de hospitales, reducción de actividad y de inversiones. Estos recortes están
repercutiendo ya en los retrasos en la atención (listas de espera para
diagnóstico y tratamiento), en la calidad de la misma (masificación,
disminución del tiempo dedicado a cada paciente, deterioro de medios e
infraestructuras) y en la cobertura (exclusión de algunos colectivos
anteriormente protegidos). También afectarán a la formación, a la investigación
y a la mejora continuada de los servicios que se habían logrado en España.
Hay razones para estar preocupados.
Y hay alternativas. Es preciso insistir en la
necesidad de corregir el fraude fiscal. Si todas las actividades económicas y
sobretodo las grandes empresas pagaran los impuestos que marca la ley, se
recaudarían 70.000 millones de euros más al año, el equivalente a todo el gasto
sanitario público. No hay derecho a que se recorte la sanidad y no se redoblen
los esfuerzos para luchar contra la economía sumergida y perseguir el fraude
fiscal; es preciso, además, aumentar la fiscalidad a las grandes empresas y las
grandes fortunas para que hagan un esfuerzo contributivo proporcionado al del
resto de la sociedad. No es admisible que se financien ayudas millonarias
a los bancos con problemas y no se pueda mejorar la financiación sanitaria.
La calidad de nuestra sanidad ha sido fuente
de cohesión social, de empleo y de innovación. Ayer, cuando se celebraba el día
Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, conocíamos que España sigue siendo
(todavía) referente mundial en este campo. No es casualidad. Es fruto del
trabajo de mucha gente durante muchos años, expresión de la solidaridad de los españoles y de la
confianza de la ciudadanía en su Sistema Sanitario Público. Los recortes terminarán quebrando esa confianza, deteriorando la calidad de los
servicios públicos y fomentando una sanidad de pago para quien pueda
costeársela.
La preocupación social por la sanidad tiene
que expresarse en un rotundo rechazo a estas políticas.
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