martes, 18 de septiembre de 2012

SANIDAD PÚBLICA, SANIDAD PRIVADA: ¿DERECHO O NEGOCIO?



Publicaba The Guardian ayer un artículo (http://gu.com/p/3aenc/em ) sobre el Informe de Catalyst, asesores financieros especializados en el sector sanitario. Según dichos asesores las compañías sanitarias privadas pueden generar nuevos negocios por valor de 20.000 millones de libras gracias a la privatización del Servicio Nacional de Salud.

¿Tienen los asesores financieros las mismas expectativas en España? Algo así anticipaba yo en un artículo publicado en Público que titulé “Dame hueco” (http://blogs.publico.es/otrasmiradas/259/dame-hueco )


El impacto de la crisis económica en la sanidad.

La crisis que se inicia con el estallido de la burbuja financiera en los EEUU está afectando a Europa de manera muy dura. Esta crisis está directamente relacionada con la des-regulación de los sistemas financieros y con el desarrollo de un nuevo capitalismo financiero global, que ha sustituido al capitalismo industrial. Los altos ejecutivos de las entidades financieras obtienen enormes beneficios no por la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades (valor de uso), sino por la compra venta de “títulos”, de “futuros” (valor de intercambio) que no tienen que ver con la economía real, sino con la especulación. Este nuevo capitalismo no tiene contrapeso de los movimientos obreros nacionales, y no está controlado por los Parlamentos nacionales. Hay un desequilibrio que está provocando la destrucción de muchos avances sociales en países de la Unión Europea.

Esta crisis afecta lógicamente a la sanidad. Si en el periodo 2000-2009 el gasto sanitario público de los países de la OCDE aumentó un 5% anual en términos reales, en 2010 se observó una disminución de un 0,5%. Lo mismo ha sucedido en 2011 según cifras preliminares. Mientras el gasto sanitario privado ha crecido ligeramente. (http://www.oecd.org/health/healthgrowthinhealthspendinggrindstoahalt.htm) 

Debido a la recesión económica, muchos países han llevado a cabo políticas de contención o recortes del gasto sanitario público: salarios de los profesionales, disminución de plantillas, precios de los medicamentos, inversiones, disminución de camas hospitalarias, aumento de copagos, etc. (ver el Informe del Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios de la OMS “Health Policy responses to the finanical crisis in Europe).               

En España los Gobiernos Nacional y Regionales también adoptaron medidas de contención del gasto sanitario público en 2009, 2010 y 2011. La orientación de estas medidas tiene que ver con opciones de política sanitaria que eligen una u otra alternativa.

Se puede reducir el gasto con una contención de los precios (costes de producción), y con una moderación del uso (educación sanitaria, promoción de la atención primaria, desarrollo de la atención socio-sanitaria); o se puede reducir el gasto con reducción de cobertura, de prestaciones, de calidad de los servicios, aprovechando la crisis para privatizar la sanidad y generando “hueco” para un negocio de más de 10.000 Mill€.

En los primeros meses de 2012 se están introduciendo medidas que afectan de forma más importante a la sanidad española y que modifican el modelo sanitario público.


Los cambios impulsados por el Gobierno Rajoy. La des-universalización.

En España se están planteando cambios importantes.  Por un lado se están llevando a cabo recortes presupuestarios que disminuyen la financiación sanitaria pública. Al mismo tiempo se adoptan iniciativas para privatizar la gestión de servicios con financiación pública. Finalmente se han aprobado cambios normativos importantes que cambian la cobertura, las prestaciones y la financiación. Da la impresión de que estas medidas no sean una respuesta a la crisis, sino que aprovechan la crisis para cambiar el modelo sanitario.

Privatizar la financiación.

El cambio de concepto que implica el RD Ley 16/2012 y otras medidas complementarias (des-financiación de medicamentos, aumento de co-pagos) es el de la universalización. Se vuelve al concepto de que la medicina es un asunto privado. Es decir, se la tiene que pagar cada  uno. Se la tiene que pagar el paciente. Es una vuelta atrás muy importante en la evolución social que había experimentado España. De un sistema de seguros, en el que se fueron incorporando colectivos en función de su empresa, habíamos pasado a un sistema de cobertura universal del 100% de la población, por ser ciudadanos, con financiación de todos, a través de los impuestos. Ahora damos marcha atrás, y para empezar se deja fuera de cobertura a los extranjeros empadronados, sin permiso de residencia, (aunque hubieran trabajado y vivido en España varios años) y a otros colectivos en función de edad o renta.

Se establece, además, un plan de recortes muy radical que supone una disminución del 20% de los gastos de personal, el 30% de los gastos de investigación y el 90% del gasto de inversiones. Estos recortes tan drásticos deterioran la calidad y la eficacia de la sanidad pública.

Al mismo tiempo algunas entidades sanitarias privadas promueven una campaña para que el gasto sanitario privado desgrave. Con esta medida se agrandaría la brecha entre una sanidad para ricos y una sanidad para pobres. El que pudiera pagar contrataría un seguro o pagaría un hospital privado, que le beneficia a él, y este seguro desgravaría, con lo que  perderíamos ese ingreso para la sanidad pública. La disminución de ingresos públicos deteriora las posibilidades de mantener una buena sanidad para todos.

Sin duda la crisis afecta a la economía española y se deben tomar medidas para recuperar el crecimiento. Pero en todo caso la dificultad mayor de la financiación de los servicios públicos viene precisamente de un modelo fiscal poco eficiente e injusto. España tiene unos ingresos fiscales 9 puntos más bajos que la UE. Esa enorme diferencia, equivalente a 90.000 millones de euros, se debe sobretodo al fraude fiscal, y también a la menor tributación de las rentas del capital (sociedades). Es urgente una armonización de nuestros ingresos fiscales con la UE y un plan de lucha contra el fraude fiscal. Si no se recaudan los impuestos de unos pocos que evaden más de 70.000 millones, ¿qué pasaría si todos dejáramos de pagar?. El déficit público en España no es porque haya más gasto público del que puede permitirse este país, sino porque hay menos ingresos fiscales de las rentas muy altas por el fraude fiscal.

Privatizar la gestión.

Por otro lado, aunque tenga menor importancia “cualitativa”, se está planteando también aumentar la provisión privada de la sanidad de financiación pública, aumentando los esquemas de PFI, PPP, conciertos, etc. Es verdad que la provisión privada de sanidad pública es común en otros países; pero como sabemos este esquema es menos eficiente, más caro para la misma prestación (Alemania, Francia, EEUU). Y entonces sí que afecta a los derechos de las personas, porque si se mantiene la restricción de gasto sanitario público total, esto implica menos servicios para las personas, o menos calidad por servicio. La provisión  privada no tendría impacto negativo si no hubiera restricción de gasto y pudiéramos gastar lo mismo que Francia o Alemania por persona (un 32% más). Pero si el gasto es menor que el actual, la gestión privada conducirá a una pérdida de calidad de los servicios sanitarios públicos.

Además de intentar ganar dinero con la gestión de servicios públicos, el inversor privado actual busca otra fuente de beneficios. En este nuevo capitalismo financiero la generación de los beneficios más importantes no es por la producción de bienes y servicios (el valor de uso), sino por la compra-venta (el valor de intercambio). De tal manera que el gestor puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Este fenómeno que ocurre en cualquier sector de la economía, en el sector sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear (formación, procedimientos, cultura organizativa, calidad, …), pero que es fácil destruir.

El efecto inmediato de estas medidas es el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios públicos. Un indicador de este deterioro es el menor tiempo de atención a los pacientes (por la disminución de plantillas); otro es que el tiempo de espera para recibir atención no urgente se ha duplicado en el SNS y en algunas CCAA se ha multiplicado por 10. Estos retrasos inducen a las personas con más posibilidades económicas a buscar atención en la medicina privada.

El sector sanitario privado puede beneficiarse de una ampliación de 10 a 15.000 M€ Pero, además, ¿y sobretodo?, el nuevo capitalismo financiero quiere especular en un sector de 70.000 millones de euros para obtener beneficios a corto plazo impulsado por las políticas del Gobierno actual. Es preciso generar un contrapeso suficiente en la sociedad (sindical y político) para frenar esta deriva y buscar un equilibrio sensato que garantice una buena sanidad para todos, ahora y en el futuro.


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