El Gobierno dice que no está privatizando la
sanidad. Sin embargo, en los datos publicados hace unos días por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad constatamos que sí: en 2012 disminuyó el dinero destinado a sanidad
pública en un 5,38% respecto al año anterior (un recorte de 3.903 millones
€) (1).
Al mismo tiempo los pagos directos de los hogares
en gastos sanitarios aumentaron fuertemente, un 4,27%. Dicho de otra forma, los pacientes tuvieron que pagar de su
bolsillo 855 millones € más en 2012 respecto al año anterior. Y esto
gastaron los que pudieron pagarlo; muchas personas que no pudieron pagar los
aumentos de re.pagos, las pruebas o las consultas (como consecuencia del
aumento de las listas de espera) no tuvieron la atención necesaria.
Cuando se dice “hemos ahorrado” o “el Estado
ha ahorrado tanto y cuanto” lo que se está diciendo es que el Gobierno no ha
sido capaz o no ha querido cobrar impuestos justos (progresivos) a las personas
de rentas altas y a los defraudadores, y ha reducido los servicios públicos
(que son los que utiliza la mayoría de la gente), obligando a pagar a los
pacientes de su bolsillo una cantidad cada vez mayor: privatizando la
financiación. Se está privatizando (haciendo menos solidaria) la financiación.
Sabemos que la disminución de gasto en algunas
partidas puede ser positiva (menores precios de medicamentos a igual principio
activo, menores precios de otros productos a igual calidad, indicaciones más
apropiadas, etc.), pero esas cantidades deben revertir en otros servicios
sanitarios muy necesarios. Y, desde luego, no se debe recortar cobertura
poblacional, plantillas, inversión, medios para atender a los pacientes, etc.
Se produce así un trasvase de rentas de los
que más lo necesitan (los pacientes) a los que no pagan impuestos de forma
proporcional a su renta, los más acomodados, beneficiados por una política
fiscal regresiva e injusta. El dato que refleja esta distribución injusta de
los recursos es que el porcentaje de
gasto sanitario público sobre el gasto sanitario total baja de 73,37% en 2011 a
71,7% en 2012. Es un retroceso importante que afecta a los valores clave
del sistema sanitario público: universalidad, equidad, acceso a servicios de
calidad y solidaridad, como analizamos en el documento Crisis (esta crisis) y
Salud (nuestra salud) (2).
Privatización de la provisión: 446 millones de euros más para la sanidad
privada.
Pero no solo se privatiza la financiación. Al
mismo tiempo que se reduce el presupuesto sanitario público también se apuesta
por un aumento de la provisión privada de la sanidad. Así, en 2012 los centros
sanitarios privados prestaron servicios por valor de 29.689 millones €, con un
aumento de 446 millones respecto a 2011. Mientras tanto, el gasto para la provisión de servicios en centros de titularidad
pública se redujo en 2.026 millones (se incluyen aquí hospitales,
establecimientos de atención medicalizada residencial, atención ambulatoria,
programas de salud pública y administración general; no se incluyen minoristas
y otros proveedores, donde se contabilizan las farmacias).
Este
proceso paralelo de privatización de la provisión sanitaria debilita más la
sanidad pública, haciéndole perder calidad y eficiencia.
Como muestran los datos, este proceso de privatización sanitaria afecta tanto a la financiación (quién paga) como a la provisión (quién presta los servicios). Por desgracia, después del RD 16/1012 la sanidad española es menos universal, menos solidaria, menos equitativa y de menos calidad.
Como muestran los datos, este proceso de privatización sanitaria afecta tanto a la financiación (quién paga) como a la provisión (quién presta los servicios). Por desgracia, después del RD 16/1012 la sanidad española es menos universal, menos solidaria, menos equitativa y de menos calidad.
El problema se agrava cuando conocemos que la previsión del Gobierno del Sr Rajoy es
reducir todavía más el gasto sanitario público, y con ello la calidad de este
importante servicio. En la actualización del Programa de Estabilidad, Reino de
España, 2014-2017, pág 42, se lee un objetivo de reducción de otros 0,9
puntos de PIB, un 13,3% sobre 2012, es decir otros 9.000 millones de euros de
recortes, hasta reducirlo a un 5,3% del
PIB, un retroceso de más de 20 años (3). Para garantizar un buen servicio sanitario público en España, con una renta per capita por encima de los 20.000 euros, deberíamos tener un gasto sanitario público de 7,5% del PIB.
La
sanidad pública de calidad es un derecho de todos, pero la garantía de ese derecho
exige financiación suficiente. Además, conviene insistir una vez más en que el gasto en sanidad
pública no es una “pérdida” sino una verdadera inversión que genera salud,
cohesión social, estabilidad y riqueza. Por eso es importante que, entre todos, paremos este proceso de privatización sanitaria.
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(1) Sistema de Cuentas de Salud. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tablas 3 y 4.
(2) Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra
salud)
(3) Ministerio de Economía y Competitividad
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