Amnistía Internacional presentó el pasado día
20 de abril un informe titulado:
“Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en
derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha y en la
Comunidad Valenciana.
En este informe se denuncia la vulneración de
los derechos humanos de personas inmigrantes residentes en España como
consecuencia del RDL 16/2012.
Personas que hasta ese momento tenían derecho a la atención sanitaria,
como Aisha, mujer de 57 años, diabética, o como Ismael, con varios problemas
crónicos de salud, y muchos otros.
A veces se les presentan facturas, o se les
pide que firmen un compromiso de pago. Hay poca y mala información. Si les acompaña
un Trabajador Social o un mediador, entonces se les atiende. No tienen derecho
a la medicación. Algunos médicos, continúa el Informe, han recibido cartas de la Consejería
amenazándoles con sanciones si atienden a estas personas.
Amnistía Internacional estima que se ha vulnerado
el derecho a la atención sanitaria de
749.835 personas en España, pero CLM es la región donde se ha aplicado la
exclusión sanitaria con mayor dureza.
Otras CCAA, como Andalucía, País Vasco,
Asturias o Navarra han continuado prestando atención sanitaria a todas las personas en función de su necesidad. También el Tribunal
Constitucional ha dictado Autos donde defiende el derecho a la atención
sanitaria para estas personas.
Es preciso que en toda España, y en CLM
especialmente, se revierta esta situación y se recupere el ejercicio del derecho
a la protección de la salud de todas las personas que vivan en nuestro país. La protección de la salud es un derecho humano fundamental, porque sin esa atención, sin la salud, se pierde la capacidad de trabajar, de comunicarse, de vivir, de aportar de forma creativa a la sociedad. Por eso son tan importantes las próximas elecciones autonómicas. Es la oportunidad para cambiar este rumbo deshumanizado e indigno de la exclusión sanitaria.
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