Es un impuesto del que no se habla. Un
impuesto que causa dolor y que es injusto.
Entre 2009 y 2013 el gasto en recetas en
oficinas de farmacia (no incluye el gasto farmacéutico en los hospitales)
disminuyó desde 13.415 millones de euros a 10.480 millones. Supone 3.142
millones menos. Esto se debió, en parte, a medidas de mejora de eficiencia,
como la mayor utilización de genéricos o los precios de referencia. Pero
sobretodo se ha debido a otras medidas que transfieren el gasto desde la
Administración a los pacientes: aumento de copagos, desfinanciación de
medicamentos para “síntomas menores” y pérdida de la cobertura sanitaria de miles de personas.
Si vemos la evolución del gasto que realizan
las personas de forma directa, de su bosillo, al comprar los medicamentos, vemos que el gasto
farmacéutico privado aumentó desde 4.273 millones de euros en 2009 a 6.798
millones en 2013, es decir 2.525 millones más (1).
Del supuesto “ahorro” en gasto de medicamentos
en farmacias, 617 millones de euros serían menos gasto real, pero otros 2.525
millones se han transformado en un “impuesto a los pacientes”, un gasto que se
ha hecho, pero que en vez de hacerlo la sanidad pública a través de los
impuestos generales, se hace a través de un “impuesto” a los pacientes. Esta
forma de financiación de la atención sanitaria es regresiva e injusta, porque
penaliza al enfermo, que además suele ser una persona mayor y con menos
ingresos.
Por otro lado, según el Barómetro Sanitario
del Ministerio correspondiente a 2015, un 4% de la población no pudo comprar
las medicinas que les recetaron los médicos, lo que indica que la mayor del
supuesto “ahorro” de los 617 millones, es porque los pacientes no pudieron
pagar las recetas, aunque necesitaran los medicamentos (2).
Si vemos las recetas que se han facturado en
estos años, vemos que entre 2009 y 2015, el número de recetas anuales ha
disminuido en un 5,5% (3). Podemos deducir de estas cifras que la mayor parte
de esas recetas que no se han facturado es porque los pacienets no las podido
comprar (4% de la población que no pudo). Son medicamentos que sus médicos
consideraban que necesitaban. El resto (1,5%) puede ser consecuencia de un
efecto disuasorio, es decir, medicamentos que los médicos no consideraban que
se debieran recetar, pero que lo hacían por presión de los pacientes.
Está comprobado que los copagos “disuaden”,
tanto al paciente que lo necesita como al que no. Más al primero, como aquí
vemos. Por eso no es un buen método para correrir la demanda innecesaria. La
educación y la participación activa son las maneras adecuadas de prevenir el consumo
innecesario de medicamentos, así como disminuir la presión de los laboratorios
sobre los médicos.
El copago es una forma de “recaudar” injusta,
que penaliza al paciente. Un impuesto sobre la enfermedad que “recauda” (es
decir, hace pagar al enfermo directamente de su bolsillo) 2.525 millones de
euros al año y que tiene como consecuencia que 1.850.000 personas no hayan podido comprar las medicinas que les recetaron sus médicos en 2015.
Mientras tanto se dejan evadir impuestos por
valor de entre 60.000 y 80.000 millones al año, con un sistema fiscal ineficaz
y regresivo. Y mientras tanto, el presupuesto público paga cada año más de
30.000 millones por la carga del rescate de las entidades financieras españolas
y europeas. Esta es la injusticia que se debe corregir y no hacer pagar a los
enfermos, quebrando el principio de universalidad del sistema de salud.
Ministerio de Sanidad Servicios Sociale e
Igualdad. Sistema de Cuentas de la Salud.
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad. Barómetro Sanitario 2015.
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad. Facturación de recetas médicas
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