Hace unos días la Asociación de la
Industria Farmacéutica Británica anunció que había fichado a Carole Longson
como su Jefe Científico.
La profesora Longson era hasta ese momento Directora Ejecutiva y miembro
del Consejo del National Institute for Health and Care Excelence, conocido como
NICE. Este Instituto es la Agencia nacional de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y ha desarrollado un gran trabajo a la hora de analizar la eficacia
y seguridad de diferentes intervenciones y tecnologías.
En relación con la evaluación de medicamentos, el NICE también valoraba
si el precio al que las empresas querían vender sus productos era aceptable
para el Servicio Nacional de Salud. En este sentido, adoptó una metodología que
intentaba medir el valor que aportaba un medicamento en relación con los
anteriores, los “años de vida en buena salud” que añadía. Luego intentaba dar
un “valor económico” a cada año, estableciendo así unos márgenes aceptables de “precio
por valor”. Esta es la filosofía de la industria farmacéutica. Precio por
valor. De esta manera puede poner precios muy elevados para productos que
cuestan muchísimo menos. Así, el NICE consideraba aceptables precios de
tratamientos, por ejemplo, para el cáncer o la hepatitis C, por encima de
10.000 euros anuales, para productos cuyo coste de producción (incluyendo la
fabricación y el I+D) era menor de 100 euros.
El fichaje de la profesora Longson es un ejemplo de puerta giratoria. Estuvo
en GlaxoSmithKline, pasó al NICE y vuelve a la asociación nacional de la Industria.
Mala guía para los profesionales que están ahora en diferentes Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Por eso los países deberían extremar la
vigilancia y la transparencia sobre las formas de financiar estas Agencias,
separándolas claramente de la industria a la que se supone que evalúan y sobre
la que recomiendan decisiones económicas importantes. En estos casos, “colaboración
público-privada” debe traducirse por parasitación de los intereses privados
sobre los públicos. Debería haber prohibición estricta de financiación de
conferencias, pagos por asesorías, o cualquier relación económica con los
miembros de los comités de evaluación, los consejos directivos y, por supuesto,
los puestos ejecutivos. Y debería haber prohibición de puerta giratoria. Esto
vale también para la Agencia Europea del Medicamento, y las Agencias
Nacionales, y vale también para el IMI (innovative medicines initiative) y los
Centros Nacionales de Investigación.
El año pasado la profesora Longson, siendo responsable del NICE, declaró
en una entrevista a The Pharma Letter:
"El sistema de salud debe esforzarse por aceptar la innovación,
debería adoptar la innovación y debería estar preparado para pagar esos
beneficios adicionales".
Si las personas que van a valorar esos “beneficios adicionales” tienen la
posibilidad de acabar a sueldo de la Industria, que Dios nos coja confesados.
El sistema de salud tiene que estar preparado para aceptar e incorporar la
innovación, sí, pero pagando lo que cuesta. Si cuesta 50 euros no es razonable
que pague 10.000, aunque lo dijera el NICE. Es un robo.
Cuando el expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, fichó por Goldman Sachs unos meses después de dejar su cargo, desde el que apoyó los recates bancarios, un alto cargo de la Comisión dijo: "será legal, pero es inmoral". Muy bien, pero a ver si hacemos que también sea ilegal.
Cuando el expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, fichó por Goldman Sachs unos meses después de dejar su cargo, desde el que apoyó los recates bancarios, un alto cargo de la Comisión dijo: "será legal, pero es inmoral". Muy bien, pero a ver si hacemos que también sea ilegal.
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