Antes de contestar a esta pregunta, quiero agradecer a los organizadores de esta trigésimo séptima edición del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, y de la 3ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, su amable invitación a participar en el mismo.
El Congreso se desarrolla a través de Internet, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia está causando mucho sufrimiento, millones de afectados, un millón de personas fallecidas, y una crisis económica que se traduce en paro y precariedad. Pero también nos ha mostrado que estamos juntos en este pequeño barco que es el planeta. Que lo que ocurre en un mercado de alimentos de China nos afecta, literalmente, a todo el mundo, tres meses después. Y que para resolver este y otros problemas de salud, tenemos que remar todos juntos.
Ya lo señalaba el Informe de la Confederación Salud Mental España, sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2019, decía: “todo los que les ocurre a las personas de nuestro entorno nos concierne y nos hace responsables”. (1)
Podemos pensar que no es así. Que los problemas de los demás no son mis problemas. Y menos aún, los de aquellas personas que tienen problemas de salud mental.
¿O sí lo son? Pienso que sí. Repasemos algunos hechos.
La historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad, con sus avances y retrocesos.
Después de las 2 guerras mundiales, las naciones fueron capaces de acordar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La humanidad fue construyendo, en la segunda mitad del siglo XX, un modelo de sociedad que lograba un razonable equilibrio entre libertades y obligaciones, entre beneficio individual y derechos sociales. Había grandes desigualdades, pero se iban corrigiendo a través de mejoras salariales y políticas públicas, como la sanidad y la educación, financiadas con una fiscalidad progresiva y razonablemente justa. La tendencia era hacia una mayor equidad. También en España.
Pero los derechos humanos no son irreversibles.
En su magnífico librito “Castellio contra Calvino”, Stefan Zweig nos recuerda que “nunca un derecho se ha ganado para siempre”.
A partir de los años 80 del siglo pasado, los intereses económicos de unos pocos fueron ganando fuerza, imponiendo el cambio de leyes fiscales, deslocalizando la producción, creando una economía virtual multinacional que escapaba a los controles de cada país. La crisis financiera y económica de 2008 fue la manifestación de la enorme codicia de los grandes especuladores. Después de aquella crisis, en lugar de corregir este desequilibrio, los gobiernos nacionales se vieron incapaces, no se pusieron de acuerdo para crear una gobernanza mundial y siguieron permitiendo que la desigualdad creciera, con el deterioro consiguiente de los servicios públicos.
En el citado Informe de la Confederación, se denuncian graves vulneraciones de los derechos humanos. Situaciones de acoso, de maltrato, de esterilizaciones forzosas, de niños y niñas sin cuidados adecuados, de suicidios que podían haberse prevenido y evitado, de aumento de adicciones, de excesiva utilización de mecanismos de contención involuntaria, coerción, aislamiento y violencia. Estas vulneraciones se deben, en buena medida, a la falta de recursos para hacer efectivos los derechos de estas personas.
Así lo constatan también Rocío Juliá-Sanchis, Carlos Aguilera-Serrano, Francisco Megías-Lizancos y José Ramón Martínez-Riera, en su trabajo Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. Informe SESPAS 2020. (2)
Los autores señalan que las políticas puestas en marcha en la crisis financiera se han caracterizado “por la descapitalización de los servicios públicos, la transferencia a centros privados y el incremento de los servicios concertados, la desinversión comunitaria, y un presupuesto hospitalocentrista”.
También plantean que, a pesar de muchos progresos logrados en diferentes servicios de salud mental, se deberían reducir prácticas como la institucionalización, la medicalización excesiva, o la realización de medidas coercitivas.
Y añaden “la vulneración de los derechos humanos anteriormente expuesta es una realidad por falta de recursos comunitarios como los equipos asertivos comunitarios o los equipos de asistencia aguda domiciliaria”.
En la misma línea, para prevenir y corregir esta vulneración de los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, la Confederación reivindica la necesidad de dotar de medios suficientes y de recuperar y desarrollar un modelo de atención comunitaria. Se necesitan, dice, planes individuales de atención; equipos de intervención familiar; apoyo domiciliario; equipos multidisciplinares; asistentes personales; empleo y vivienda con apoyo…
Pero todos estos dispositivos, equipos y planes no se pueden llevar a cabo sin recursos. Se estima que la necesidad de recursos adicionales en la sanidad pública en general es de un 30% sobre el presupuesto anual actual; pues bien, en salud mental se precisa un 100% más sobre el presupuesto actual para poder disponer de suficientes profesionales, con tiempo suficiente, con una formación continuada independiente de la industria farmacéutica, y con medios e instalaciones adecuadas para hacer bien su trabajo. Y para conseguir esos recursos se necesita una fiscalidad progresiva, justa y eficaz.
Los recursos están, pero se los llevan unos pocos. El 1% más pudiente de la población española tienen unos ingresos que superan todo lo que gana el 50% más pobre de la población.
En España, en Europa y en el Mundo, desde finales de los años 80 del siglo pasado, se ha fraguado lo que yo llamo la “revolución de los ricos”. Esta ofensiva neoliberal financió y financia grupos de opinión, “think tanks”, “institutos”, de los que salían y salen informes atacando al sector público, a la sanidad pública, a la educación pública, defendiendo que se debían reducir los impuestos a los más pudientes para que pudieran generar más riqueza. Así, desde finales de los años 80, el tipo marginal de los impuestos directos para las rentas más altas bajó de más del 70% a menos del 30%. Pero, además, con la “globalización”, con los paraísos fiscales, forzando una legislación favorable a sus intereses, a base de desgravaciones, bonificaciones, y exenciones fiscales, y con la incapacidad de los gobiernos nacionales para gravar los movimientos de capitales, los más ricos han logrado que su aportación real a las arcas públicas sea el 0%. Los ricos hoy no pagan impuestos. Y esta distribución injusta de la riqueza afecta directamente a los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental.
Esta Conferencia también es Mundial. Y es muy importante que seamos conscientes de que, si aspiramos a lograr una sociedad equilibrada, en la que los más ricos y las grandes corporaciones aporten lo que deben de la misma forma que lo hacen los trabajadores y las clases medias, es precisa una gobernanza mundial que acuerde las grandes políticas:
el reconocimiento de los derechos, las políticas públicas para garantizarlos, y la fiscalidad justa para financiar esas políticas.
Las políticas públicas se pueden cambiar. España, y los diferentes países, tienen recursos para poder atender los derechos humanos de todas las personas. Pero para ello tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. La desigualdad inmoderada se traduce en menos recursos públicos y peor atención a las personas más débiles. Si tenemos conciencia de esa injusticia, y tenemos voluntad, tarde o temprano cambiaremos las cosas.
La pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación, al mismo tiempo que ponía al descubierto la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos y la vulneración de los derechos humanos. La infección por este coronavirus afecta a todo tipo de personas, jóvenes y mayores, pobres y ricos. Pero afecta más a los más pobres y a los más mayores. Los barrios de menos renta, con viviendas más pequeñas, cuyos residentes suelen trabajar en lugares más insalubres o con peores condiciones y con peores contratos, han sido los más afectados. Las personas mayores que viven en residencias han sufrido una mortalidad excesiva, porque las condiciones de protección de los trabajadores y las posibilidades de aislamiento de los residentes no eran las adecuadas, y porque el sistema sanitario, debilitado y saturado, se vio obligado a racionar la atención, rechazando el ingreso de muchos mayores enfermos en los hospitales. También el impacto ha sido mayor en personas con problemas de salud mental.
El aislamiento, la falta de recursos sanitarios, la suspensión de psicoterapias o la supresión de programas sociales han afectado duramente a las personas con algún trastorno mental, provocando retrocesos en su recuperación.
No debemos permitir que la pandemia sea otra excusa para recortar los derechos humanos, y menos todavía los de las personas con problemas de salud mental.
Nos debemos rebelar sabiendo que hoy uno de cada cuatro euros de dinero público, dinero de todos, que equivale a todo el gasto sanitario y social anual, se destina a pagar una deuda bancaria injusta, mientras los ejecutivos financieros siguen engordando sus cuentas millonarias. No debemos consentir el fraude fiscal de los más ricos que cada año nos roba más de 70.000 millones de euros, más que todo el gasto sanitario público. La pandemia ha sido aprovechada por unos pocos, las grandes corporaciones financieras, las grandes compañías farmacéuticas, las de telecomunicaciones y logística y otras, para aumentar sus beneficios a costa de los demás. Esos abusos vulneran nuestros derechos.
Pero el cambio es posible y es necesario. Depende de nosotros. Depende de ti. Y te importa mucho. Como señalaba Stefan Zweig, “Con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia”.
Para que se respeten los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y los de todas las personas, es preciso un cambio de políticas. Y ese cambio debe salir de una convicción personal.
Amigas y amigos, si no estamos convencidos de la radical igualdad de todos los seres humanos y de la necesidad de garantizar los derechos de todos, especialmente de los que tengan más dificultades, no impulsaremos políticas públicas que garanticen esos derechos. Y si no hay gobiernos que impulsen esas políticas, los intereses económicos de unos pocos nos seguirán arrollando, seguirán erosionando nuestros derechos, nuestra sanidad, tu sanidad, nuestras pensiones, tu pensión, nuestras residencias sociales, nuestra educación, como una apisonadora brutal, insensible.
¿Y a mi qué me importa?... Te importa mucho, me importa mucho, nos importa mucho.
Es tu vida, es mi vida. Es nuestra posibilidad de realización, de ser libres, de ser felices. Por eso, cada uno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacer todo lo posible para que se garanticen de forma efectiva los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra participación en asociaciones y en organizaciones profesionales, con nuestra opinión y nuestra participación política. Dando cada día un pequeño paso.
Como decía el Dalai Lama:
Tú eres más feliz cuando te centras en los demás. Llevando alegría a otros es como puedes encontrar tu alegría interior.
Y Desmond Tutu, dialogando con el Dalai Lama, concluía:
No puedes sobrevivir por ti mismo. No puedes florecer, realizarte plenamente como persona sin las demás personas. Necesitas a otras personas para ser humano.
Por eso me importa tu salud mental.
A veces pensamos que el cambio necesario no será posible. Recuerdo entonces el poemita de Nicomedes Santa Cruz, cuando decía:
Yo tengo fe en el futuro,
porque el hombre de mañana
disfrutará vida sana
forjada en presente oscuro,
marchará con pie seguro
por la fraternidad,
su arma será la verdad
su compromiso el deber
su regocijo el saber
su triunfo, la libertad.
Muchas gracias por su atención. ¡Y mucha suerte!
(1) https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457906/
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