lunes, 28 de mayo de 2018

La Asamblea Mundial de la OMS 2018 y el acceso a medicamentos

En la Asamblea Mundial de este año vuelve a haber esfuerzos moderados para mejorar el acceso a medicamentos. Se han aprobado dos Decisiones sobre este importante asunto. Saben a poco, si tenemos en cuenta que, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 2.000 millones de personas sin acceso a los medicamentos que necesitan, y que más de 10 millones de personas mueren cada año por falta de acceso a esos medicamentos. Cuesta avanzar y las presiones en contra son enormes. Pero duele saber que con lo que se gasta actualmente en medicinas habría de sobra para que todas las personas accedieran a los medicamentos, si los precios no fueran abusivos, si fueran precios justos.

Los cambios llevan tiempo, y para que los gobiernos tomen medidas más fuertes debe haber una conciencia social de que esta injusticia es intolerable. Y para eso falta.

Las dos Decisiones adoptadas por la Asamblea, aunque moderadas, suponen un paso en esa dirección: tomar conciencia del problema y sugerir soluciones en la buena dirección.

La Decisión de la Asamblea de 25/5/2018 sobre la Estrategia Global y Plan de Acción en Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (1), respalda el Informe del Director General (A71/13; 15/3/2018) en el que se urge a los Estados Miembros a implementar las Recomendaciones del Panel de Expertos en relación con el Plan (2).

Entre estas recomendaciones subrayo las siguientes:

4.Reforzar la transparencia en la información sobre los costes de la Investigación y el desarrollo de medicamentos.
5-12.Fomentar la colaboración y coordinación entre países miembros para el fomento de la investigación.
16.Promover legislación nacional para poder aplicar las flexibilidades de los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que generalizó el uso de patentes para los medicamentos, pero estableció mecanismos para evitar abusos en su aplicación y riesgos para la salud pública, las llamadas flexibilidades). Entre otras, poder aplicar Licencias Obligatorias, permitiendo fabricar genéricos o importar genéricos para ofrecer los medicamentos a precios asequibles, cuando los precios son tan altos que impiden a los países poder comprarlos.
30.Implementar esquemas que separen parcial o totalmente la financiación de la I+D del precio de los medicamentos.

Por otra parte, el Informe del Director General sobre Acceso a Medicamentos (A71/12, 19/3/2018), incluye un análisis y una serie de Acciones que pueden mejorar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad (3).

En el análisis se afirma que el acceso a los medicamentos es una preocupación global a la vista del aumento de los precios de los nuevos medicamentos que crean una dificultad cada vez mayor sobre los sistemas de salud para que puedan ofrecer un acceso completo y asequible a la atención sanitaria.

La primera de las recomendaciones se refiere a desarrollar la voluntad política a nivel nacional y regional para asegurar la asequibilidad y disponibilidad de medicamentos, particularmente
-la implementación de políticas de precios y financiación que logren precios justos y
-la cobertura universal que reduzca los copagos

La segunda se refiere a la cooperación entre países en este campo.
La tercera propone consolidar y reforzar el trabajo de la OMS para el desarrollo de medicamentos (priorizar necesidades de investigación en función de necesidades de salud, a través del Observatorio Global; y avanzar en modelos de I+D como la Colaboración para la I+D de Antibióticos).
La cuarta se refiere a potenciar el Pool de Patentes de Medicamentos.
Y la quinta insiste en la necesidad de desarrollar la capacidad en los países para hacer un uso adecuado de las flexibilidades de los ADPIC.
Otras recomendaciones se refieren a la exigencia de transparencia en precios y costes, y a la lucha contra la corrupción.

Es interesante el Anexo 3 del Informe donde se incluyen las medidas que la OMS ha venido adoptando, comparándolas con las recomendaciones del Informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas en relación con el Acceso a Medicamentos.

La Decisión de la Asamblea en relación con este Informe del Director General es elaborar una hoja de ruta subrayando el programa de la OMS en acceso a medicamentos, que incluya actividades para el periodo 2019-2023. Y enviar esta hoja de ruta a la Asamblea Mundial del año que viene para su consideración (4).




miércoles, 9 de mayo de 2018

Tenemos que acabar con esta injusticia.

Hay gente que no puede pagar las medicinas que les recetan en la sanidad pública. Hoy, en España. Hay más de 2 millones de personas que dicen que no pueden. Una amiga mía me comentaba el otro día que esto no es posible. Pero es lo que reconoce el propio Ministerio de Sanidad.

En el último Barómetro Sanitario, publicado por el Ministerio el día 8 de mayo, y correspondiente a 2017, constatamos un año más que un 4,7% de los encuestados dicen que en los últimos 12 meses han dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por razones económicas. Ese 4,7% significa que 2.194.832 personas no pueden. Algo más que en 2016, cuando eran un 4,4% de los encuestados.


Son datos tremendos. Pero son “fríos”. La campaña “La Receta Equivocada”, que Amnistía Internacional presentó el pasado 24 de abril, les puso rostro. En esa campaña hay testimonios como el de una mujer, pensionista, que dice: “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”.

Otro ciudadano dice: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas o me suicido… así que tengo que matarme de hambre, lo hago porque tengo que comprar las medicinas”.


¿Es justo que estas personas no puedan tomar sus medicinas, o tengan que elegir entre pagar los medicamentos o comer, en un país donde, al mismo tiempo, el Ministerio aprueba precios excesivos a los medicamentos y que se traducen en beneficios para los grandes laboratorios? El Gobierno ha dejado de pagar más de 400 medicamentos y ha aumentado los copagos a pensionistas, haciendo que recaigan en el bolsillo de los pacientes más de 1.000 millones de euros anuales, pero, al mismo tiempo, el Gobierno acepta pagar 8.000 millones de euros por encima del coste de producción de las medicinas. ¿No sería más justo bajar los precios de los medicamentos, y que las medicinas recetadas en la sanidad pública estuvieran libres de pago en el momento de utilizarlas para todos los que las necesiten?

Que un sistema sanitario sea público, como lo es en España y en los países europeos, quiere decir que lo pagamos entre todos a través de impuestos justos, en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para que podamos utilizarlo cuando lo necesitemos sin tener que pagar la asistencia en el momento de usarla.

Sin embargo, en España, además de pagar unos precios excesivos por los nuevos medicamentos, resulta que los más ricos y las grandes corporaciones no pagan los impuestos en la misma proporción que los trabajadores. Pagan menos, cuando deberían pagar más. Y ahí está un grave problema para nuestra sanidad de hoy y del futuro. Sin impuestos justos, donde pague más quien más gana y más tiene, como exige la Constitución en su artículo 31, no se podrá mantener la sanidad y se pondrán más copagos. El fraude y la ingeniería fiscal suponen más de 70.000 millones de euros anuales, es decir más que todo el gasto sanitario público anual.

Ningún copago es justo, porque es un “repago”, porque ya hemos pagado con nuestros impuestos. Se intenta convencer de que el copago es necesario porque no hay dinero, pero ya vemos que sí hay dinero, lo que pasa es que se lo llevan otros, los que más tienen. Se intenta convencer de que este copago es mejor, porque es proporcional a la renta. Lo que debe ser proporcional a la renta son los impuestos, y con ese dinero se debe pagar la sanidad y las medicinas, para que sean gratuitas en el momento en que las necesitemos. Debemos pagar impuestos justos, en función de la renta, y debemos tener acceso a la atención sanitaria y las medicinas en función de nuestra necesidad, sin tener que pagar otra vez.

Quizá pensemos que esto no va con nosotros, que no es nuestro problema. Pero otro testimonio de la campaña de Amnistía Internacional nos advierte: “No es que nos pueda pasar a todos, es que nos va a pasar a todos, porque va a haber algún momento, alguna situación en la vida en la que nos va a hacer falta algo. No hay nadie a quien no le vaya a hacer falta nada en la sanidad en alguna situación. Entonces lo vamos a necesitar y, si esto no está, ¿qué?”.

Es preciso que acabemos con esta injusticia. Tenemos que exigir al Gobierno y al Parlamento que impidan el fraude fiscal, que reduzcan los precios de los medicamentos, y que reviertan el Real Decreto 16/2012 y los recortes sanitarios. El hecho de que dos millones de personas en España no puedan comprar las medicinas que les han recetado en la sanidad pública es una herida abierta que, si no la cerramos, va a gangrenar al sistema sanitario, porque quiebra el principio de solidaridad en que se basa. No dejemos que sea ya tarde.