SISTEMAS SANITARIOS, MEDICAMENTOS Y PATENTES. (en SIAP)

Buenas tardes. Agradezco a los organizadores su invitación, y especialmente a todos los participantes que dan vida al SIAP.

En el debate virtual hemos intercambiado ideas, análisis, comentarios, y propuestas que nos ayudan a comprender mejor las relaciones entre la Industria Farmacéutica, los profesionales sanitarios y los pacientes. Como dice Juan Gérvas, “lo esencial se ha cocido en el debate virtual”, donde se muestran muchas posibilidades de acciones individuales o asociativas para mejorar la independencia respecto a la IF, la mejora del ejercicio profesional, etc. Ahora bien, también el debate ha subrayado la importancia de los condicionantes legales. Eva García Camacho afirma en su ponencia: “Médicos y pacientes tenemos la obligación moral de reclamar la regulación ética de todos los agentes y la mejora del marco legislativo para garantizar la salud como derecho humano”. Así lo creo yo también. En esta ponencia plantearé una breve reflexión sobre el sistema sanitario y los medicamentos, con especial atención a los monopolios.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población (actuando sobre los determinantes de salud). 

Este derecho incluye la obligación de los Estados de garantizar que todos tengan acceso a medicamentos esenciales asequibles, particularmente aquellos que salvan vidas o son vitales para el bienestar. (1).

Los SISTEMAS SANITARIOS, por su parte, son las organizaciones sociales y las instituciones que tratan de garantizar el derecho a la atención sanitaria.

Definen la cobertura. A qué personas está obligado a atender el Sistema Sanitario. Definen las prestaciones: En Salud Pública, en Atención Primaria, en Hospitalización, etc. Incluyendo la prestación Farmacéutica, y los medicamentos (cuáles y a qué precios). 

Definen la fuente de financiación. Definen la cuantía del gasto sanitario público. Definen la organización y gestión del sistema. En España, por ejemplo, la organización se adapta al modelo autonómico, con algunas competencias estatales (como la política de medicamentos) y otras descentralizadas en las CCAA. La gestión es mayoritariamente pública. 

Establecen y regulan quién y con qué se llevan a cabo los servicios sanitarios: Tipo de profesionales, Tecnologías (incluyendo medicamentos) e Instituciones, incluyendo Centros de Salud, Hospitales y Oficinas de Farmacia.

Y definen los objetivos en resultados en salud y en satisfacción. 

Entre todos estos elementos debe haber un equilibrio, una cierta armonía.

En España los datos sobre el Sistema Sanitario siguen siendo buenos. Pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008-2010: Así, desde 2010 se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. La valoración de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado notablemente, desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien a un 54%. 

Y entretanto el número de personas con seguros sanitarios privados se ha duplicado, llegando ya al 30%.

A pesar del deterioro, los resultados en salud del SNS mantienen un buen nivel. La Esperanza de Vida al Nacer era de 84 años en 2023, la más alta de UE. Por otro lado, cuando accedes al servicio (3) la valoración de la atención recibida es buena o muy buena en 82,4% en AP, 81,7% en consulta de especialista y 81,4% en ingreso hospitalario. Notables y sobresalientes. 

Es decir, el SNS tiene una inercia grande y aguanta. Pero sigue un lento proceso de deterioro que tenemos que revertir. Y aquí es clave la política del medicamento. Las ganancias abusivas de la IF rompen el equilibrio del sistema sanitario, lo parasitan y lo debilitan, condicionando y controlando la orientación del Sistema y de la práctica profesional, de tal manera que, como señalan Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández en la revista AJM, “Las medicinas gobiernan la medicina”.

Porque, además, no estamos en terreno neutral, hay importantes poderes económicos interesados en la quiebra del Sistema Sanitario Público y su sustitución por un Modelo tipo EEUU, con una cobertura pública de menos del 50% y el resto con seguros privados (más o menos subvencionados), de diferentes niveles de calidad y diferentes catálogos de prestaciones, según las primas, y mucho más caro para el contribuyente y el conjunto de la sociedad. 

En el marco los Sistemas Sanitarios, los MEDICAMENTOS forman parte del derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos si se cumple en España el derecho al acceso al medicamento. La respuesta es que en muchos casos NO, como señalan en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granadilla o Luis Gimeno.

-Hay personas que necesitan y no pueden acceder, fundamentalmente por los copagos (un 4,6% de la población dejó de tomar medicamentos recetados en la sanidad pública, por motivos económicos; equivalente a más de 2 millones de personas).

-Pero, sobre todo, hay personas que consumen medicamentos innecesarios y, por lo tanto, perjudiciales (se estima en un 20% o más los medicamentos consumidos innecesariamente). Alrededor de 16.000 personas fallecen anualmente en España, “así como decenas de miles enferman y se hospitalizan”, por reacciones adversas a medicamentos (14). 

Con la tecnología y el desarrollo económico mundial debería poder garantizarse el derecho al acceso al medicamento necesario, en España y en todo el mundo, y con precios justos. Sin embargo, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema y lo debilita, perjudicando a la salud: bien por falta de acceso (a millones en el mundo pobre) o por exceso de medicación en el mundo rico. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica, a quién vende. Define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las Agencias de Autorización y Evaluación, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales y en su prescripción. Influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes… etc. etc.

¿Por qué pueden influir tanto, por qué tienen tanto poder?

Es importante ver la raíz del problema: ¿cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos? La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación, y se determinan en función del máximo que esté dispuesto a pagar el paciente o el Servicio de Salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual: la causa de los altos precios son LOS MONOPOLIOS que conceden las patentes. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años (20 o más) la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que, durante esos años, las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación, y que pagamos nosotros, ciudadanía y sistemas de salud. 

Dicen las empresas que las patentes son la sangre de la innovación. No es cierto; como apunta José Ramón Loayssa, la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa, en centros y laboratorios públicos. Y la Investigación que paga la industria, como veremos, la financiamos varias veces con los sobre precios. 

Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992. Y en el mundo la generalización de las patentes de medicamentos se produjo en 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. Un acuerdo impuesto por las empresas farmacéuticas y los gobiernos de EEUU, Suiza y otros países del Norte. Ahora bien, las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos. Las patentes en medicamentos no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias.

Como era previsible, en el campo del medicamento se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D. Insisto: los precios altos no son para pagar la investigación, son para obtener unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener el modelo actual. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y remuneraciones extraordinarias a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D. 

Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no era la finalidad del supuesto “incentivo” a la investigación, que se ha pervertido progresivamente.

¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes sienten que necesitan ese producto. Les va la vida en ello. En efecto: una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan, endeudándose o dejando de financiar otros servicios. Es la bolsa o la vida, un robo a mano armada. Con la peculiaridad de que, en este caso, la víctima (nosotros) le damos el arma al atracador (con las patentes y los monopolios).

Por su parte, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. ¿Por qué? Como señala Juanjo Rodríguez Sendín: Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios, no mejorar la salud. El medicamento se convierte así en un producto financiero, especulativo, ya que, además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se induce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. Un círculo vicioso perfecto.

Entonces: ¿Por qué los gobiernos no frenan el abuso de patentes y cambian el modelo de financiar la I+D?: porque no saben, porque no quieren o porque no pueden: porque no saben (cortos periodos de gobierno (una ministra/ministro de sanidad cada año y medio); narrativa dominante brutal: “ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, creamos empleo, invertimos en I+D”, etc.), porque no quieren (sensación de impotencia, “no vamos a poder hacer nada”, que lleva a no entrar en el tema y ocuparse de otras cosas; presión mediática; o directamente puertas giratorias y soborno), o porque no pueden (lo intentan pero les frenan: presión diplomática, comercial, industrial, como el Informe Especial 301 de la Oficina de Comercio del Presidente de los EEUU y la imposición de aranceles, la presión de Suiza con Imatinib en Colombia, etc). 

Aunque también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido: por ejemplo, los genéricos para luchar contra el Sida en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela y una gran movilización social, los genéricos de sofosbuvir para la Hepatitis C en Egipto, Licencias Obligatorias de medicamentos contra el Sida y el cáncer en varios países, o el caso Mediator y la Doctora de Brest, Irène Frachon, el caso rofecoxib y el Profesor Laporte, el desarrollo y producción pública de CAR-T en el Clínic o de la terapia celular NC1 en Puerta de Hierro, y otros muchos.

¿Cómo de grande es el abuso de la IF? Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker (10), para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar, en condiciones de competencia real. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos originales que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 12.364 M€ en 2023, y de esa cantidad las empresas destinaron como mucho a I+D 1.500 M€. El resto, 10.864 M€, se lo embolsaron como beneficios abusivos, que destinaron a otros fines. Para hacernos una idea esa cantidad es más de lo que se destinó a pagar a todo el personal de AP en la sanidad pública en España. 

El profesor Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, ha demostrado que los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, pero en España pagamos un precio medio de 20.000 euros por tratamiento para más de 100.000 personas. Pagamos más de 2.000 millones por lo que costaba 30 ¿Por qué? Así ocurre con otros muchos medicamentos, como el recientemente aprobado Lenacapavir, para tratamiento VIH SIDA, que cuesta 30 euros tratamiento y pagamos a 20.000 euros (11, 12). 

El problema de los altos precios de los medicamentos de marca se agrava porque las empresas de genéricos (a veces conectadas accionarialmente con las originarias) en lugar de competir para acercar los precios al coste de fabricación mantienen precios altos, cercanos a los de marca original, con estrategias de cártel que deberían ser vigiladas por el Ministerio de Sanidad y sancionadas por las autoridades de la competencia.

Como resultado, en 2023 el gasto sanitario público total (EGSP) ascendió a 97.661 M€. De esta cantidad, 23.224 M€ se gastaron en medicamentos. 

Es decir, el gasto público en medicamentos supuso cerca un 24% sobre el gasto sanitario público total, casi el doble que en AP. El gasto farmacéutico debería ser, como máximo, la mitad. Y, sin embargo, sigue creciendo.

 Una mala política de medicamentos influye negativamente en el Sistema Sanitario y en la práctica profesional (como se ha visto en el debate virtual de este SIAP) y como señalan es sus comentarios Ana Mª Furio (que habla de “merma”), Paco Abal (que habla de “estrangulamiento”), Antonio Granadilla (apuntando que impide financiar áreas más necesarias como la AP). Pero no solo restan recursos de otras partidas necesarias, lo cual ya es muy grave, sino que, como apuntan Roberto Colino, Joan Ramon Laporte o Luis Gimeno, corrompen el sistema, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la profesionalidad y la ética, y medicamentalizan la atención sanitaria y la sociedad. 

Además, como recuerda José Ramón Loayssa, al exceso de gasto por sobre precios se debe añadir el gasto por sobre prescripción, utilización inadecuada y excesiva, que podemos estimar en otros 6.140 M€ anuales en 2023 (suponiendo que un 20% de los medicamentos totales prescritos son innecesarios).

¿Existen ALTERNATIVAS a esta política de medicamentos?

Hay alternativas. Se pueden y deben poner en marcha iniciativas puntuales (como se ha visto en el debate virtual del SIAP y se verá a lo largo de las sesiones presenciales), y, si es posible se debe elaborar una estrategia a medio y largo plazo, de ámbito nacional o internacional, en la que participen distintas organizaciones. El esquema que propone Mikel Baza, con 5 medidas para mejorar el uso del medicamento, orientadas a cada uno de los colectivos (profesionales, gestores, sociedades científicas, legisladores y gobernantes, asociaciones de pacientes, pacientes y familiares), me parece una muy buena síntesis.

Entre las distintas propuestas planteadas insistiré que considero clave seguir reclamando la supresión de las patentes y los monopolios en medicamentos, porque son las que permiten perpetuar la corrupción del modelo: si no suprimimos los monopolios, la IF seguirá aumentando la munición para sus políticas de marketing y lobby. Para cambiar el modelo de monopolios en medicamentos se precisan cambios en la UE y en organismos internacionales (OMS; OMC). Son decisiones de ámbito global, de medio o largo plazo. Pero son cambios posibles, que deben promover los gobiernos nacionales. Nosotros podemos recordar a nuestro gobierno la necesidad de plantear estas cuestiones, y podemos colaborar creando conciencia y presionando en la medida de nuestras posibilidades, mientras avanzamos en otra serie de medidas concretas y de corto plazo.

El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU (antes de Trump), o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo público de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección. Es un cambio viable que permitiría ahorrar globalmente un billón de dólares anuales en gasto farmacéutico abusivo, y destinar estos recursos a otras finalidades sanitarias, sociales y medioambientales.

En conclusión: Las experiencias compartidas en el debate virtual permiten afirmar que es posible el cambio, como recuerda Sendín: en lo local, en lo concreto y lo cercano, con las decisiones personales de cada una de nosotras y de nosotros, y presionando a nuestras Asociaciones, Sociedades, Colegios, Organizaciones, para que introduzcan cambios en sus comportamientos. Y, en lo global, tratando de concienciar y generar la movilización de la ciudadanía para que presione en los ámbitos de gobierno regional, nacional y global. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen Sistema Sanitario público, con un equilibrio saludable, que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad para todas y todos.

No es nada fácil. Pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, mucho conocimiento, y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más. Y cada vez que una de nosotras y de nosotros toma conciencia, cambia el mundo. Ese es el punto de partida. 

Y cuando vengan mal dadas recordad las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia: nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones.

Así que mucho ánimo, y muchas gracias por vuestra atención.

REFERENCIAS

(1).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 11 de agosto 2000.

https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991

(2). Eurostat Database, Gasto Sanitario Público. Consultada 28 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf__custom_17219070/default/table?lang=en

(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario CIS, 2025 (primera oleada).

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2025/BS_2025_1a_oleada/es3509mar.pdf

(4). Ministerio de Sanidad. Sistema de información sobre listas de espera en el SNS. Diciembre 2024.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic2024.pdf

(5).Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Septiembre 2025.

https://www.cis.es/documents/d/cis/es3524vpMT_a

(6).Eurostat Database, Esperanza de Vida al Nacer. Consultada 22 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor

(7).OECD. Health at a Glance: Europe 2024. Mortalidad prevenible y tratable.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html

(8).Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.

(9). Prescrire´s ratings of new drugs in 2022. Prescrire international 2023. https://english.prescrire.org/en/81/168/66185/0/NewsDetails.aspx

(10). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/

(11).Hill A. What is the real price of medicines?, 2019.

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf

(12).Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/

(13).Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 agosto 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

(14). Laporte JR. Crónica de una sociedad intoxicada. Editorial Península. 2024.

Dictamen: aprobado Pleno del Congreso 22 de julio 2020, mayoría amplia.

https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

Ley del medicamento

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343

Tratado de Pandemias: Los gobiernos se han sometido a los grandes poderes económicos

 La Asamblea Mundial de la Salud se ha reunido en Ginebra entre el 27 de mayo y el 1 de junio. Uno de los temas estrella que debería haberse aprobado es el Tratado de Pandemias.

En diciembre de 2021 la mayoría de países, sobrecogidos por el impacto de la pandemia de COVID-19, acordaron poner en marcha un Grupo Internacional Negociador, con representantes de todos los países, para discutir y acordar un Tratado de Pandemias (TP) que se aprobaría en la Asamblea Mundial de la Salud de 2024. Nueve rondas de negociaciones, durante estos más de dos años, no han sido suficientes llegar a un acuerdo antes de la Asamblea. 

 

Los representantes de los países del Norte quieren que todos los países (sobre todo los del Sur Global) garanticen un intercambio transparente de información en tiempo real sobre aparición de brotes potencialmente peligrosos, cesión de muestras de patógenos y secuencias genómicas, etc. Estos datos pueden ayudar para prevenir y controlar la posible pandemia en los países del Norte y para investigar diagnósticos, vacunas y otros tratamientos, que podrán lograr importantes ganancias para los ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas.

 

Los países del Sur Global, lo que piden es que los diagnósticos, vacunas y otros tratamientos que se desarrollen para combatir una pandemia sean accesibles para todas las personas, en todo el mundo, de forma equitativa. Esto requiere la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual (patentes y otras exclusividades que generan monopolios de producción y comercialización), la transferencia obligatoria e inmediata de conocimientos y tecnologías, la fabricación en todas las plantas acreditadas en todo el mundo, y la venta a precio de coste de fabricación. 

 

Las grandes empresas farmacéuticas y los gestores de fondos de inversión que son sus principales accionistas institucionales presionaron a sus gobiernos para que se opusieran a las versiones iniciales del TP: “Mejor sin tratado que un mal tratado”, declaró la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) en octubre de 2023. Su argumento, repetido machaconamente, es que si se suspenden los derechos de propiedad intelectual no habrá investigación. Esto es falso, ya que la mayor parte de la investigación de todos los medicamentos ya tiene financiación pública directa. Y en la pandemia de la COVID-19, además de la financiación de centros y proyectos, se llevó a cabo la compra anticipada de vacunas, con lo que toda la financiación de la investigación tuvo cobertura pública, de forma directa o indirecta. La razón de los ejecutivos de las grandes empresas es otra.

 

Veamos: si las vacunas y otros productos hubieran podido fabricarse por empresas de genéricos en los cinco continentes, y comercializarse a precio de coste, se hubieran podido vacunar a todas las personas en todo el mundo, con un coste de 20.000 millones de euros, varias veces menos de lo que nos gastamos solamente los países ricos. En este caso, las empresas habrían obtenido un beneficio, razonable, de 2.000 millones de euros. Pero, con los derechos de propiedad intelectual y los monopolios que les ceden los gobiernos, las empresas pudieron decidir quién fabricaba, cuánto fabricaba, dónde fabricaba, a quién vendía y a qué precio. De esa forma, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a las vacunas, pero (ésta es la clave) las empresas obtuvieron unas ventas superiores a los 200.000 millones de euros, con unos beneficios de más de 170.000 millones en dos años. Comparando entre 2.000 y 170.000 millones de beneficios es lógico que las empresas y los gestores de fondos de inversión quieran evitar la suspensión de las patentes. Los bonos y ganancias para cada uno de ellos son significativamente diferentes. Ahora bien, lo que no es lógico es que los gobiernos no impongan los intereses generales por encima de los intereses de unos cientos de ejecutivos. Es una vergüenza. Porque esas decisiones cuestan vidas, más de 9 millones de vidas que podrían haberse conservado si se hubieran vacunado y tratado en el Sur Global al mismo ritmo que en el Norte. Además, el daño nos afecta a todos, no solo al Sur. El impacto económico negativo y el sufrimiento en pérdida de vidas humanas y enfermedad también afectó a países del Norte, y todavía se arrastra.

 

A pesar de todo, la presión de la gran industria farmacéutica sobre EEUU, la UE, Japón, Reino Unido y otros países ricos ha tenido más fuerza y ha bloqueado el TP. La Asamblea Mundial de la Salud acordó el último día de sesiones, 1 de junio, que se ampliaba el plazo de negociación durante un año más, hasta la próxima Asamblea.

 

Sí se ha aprobado, en cambio, la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que se discutía en paralelo. Este sí que interesaba a los países del Norte. Define la emergencia pandémica, pide a los países que refuercen sus sistemas de vigilancia epidemiológica y la colaboración con países vecinos, y que agilicen las notificaciones a la OMS. Y sobre acceso a vacunas y medicamentos, dice que se creará un mecanismo de coordinación financiera para apoyar a países de bajos ingresos. Buenas palabras. Pero el TP, que debía exigir la suspensión de patentes y la transferencia de tecnologías, queda bloqueado.

 

El Director General de la OMS se ha mostrado satisfecho: “La decisión de concluir el TP dentro del próximo año demuestra con qué fuerza y urgencia lo desean los países, porque la próxima pandemia es una cuestión de “¿cuándo?”, no de “si””. Una declaración muy optimista (¿o debería decir cínica?), ya que la “urgencia” no ha logrado un acuerdo en tres años de debates. Esa visión negativa es la que han expresado los países del bloque africano.

 

El informe de evaluación del desempeño del SNS frente a la pandemia COVID-19 afirma que “una nueva pandemia de virus respiratorio de alta gravedad no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo”. La nueva pandemia podrá ser más dañina que la de COVID-19, podrá tener la misma contagiosidad y más letalidad. Es una posibilidad real y, seguramente, ya se está gestando en algún rincón del planeta. Estos días hemos visto que en EEUU se ha detectado contagio de gripe aviar (H5N1) a ganado vacuno, y hay tres personas contagiadas. Son avisos. Pero la fuerza de los beneficios empresariales tapona los oídos y el corazón de los políticos. Sería lamentable que tuviéramos que sufrir una nueva pandemia, con más de 300 millones de muertos en el mundo, para que los gobiernos reaccionaran.

¿Por qué el Gobierno paga tan caros los nuevos medicamentos? (primera parte)

[Artículo de F.Lamata, JJ Rodríguez Sendín y LA Oteo Ochoa, publicado en Médicos y Pacientes el 19 julio 2022]

Ocho mil millones de euros es la cantidad que paga la sanidad pública en España, cada año, por encima de los costes de fabricación y de investigación (*). Esto es así por culpa de los precios abusivos de los nuevos medicamentos. 8.000.000.000 euros. Con tantos ceros no nos hacemos idea de su importancia. Pero podemos traducirlo. Es el equivalente a poder crear más de 150.000 puestos de trabajo en sanidad, un 25% más de los que tiene ahora el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esos profesionales ayudarían a disminuir los tiempos de espera y a mejorar la calidad de la atención, y además podrían tener formación continuada independiente y mejorar la investigación en función de las necesidades de salud y no de los intereses comerciales. ¿Por qué el gobierno no impide este sobre-gasto en medicamentos, tan nocivo para el SNS? 

Porque no puede hacer otra cosa. Según la legislación vigente el precio máximo industrial lo fija la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, es decir la Administración del Estado. Pero el precio se establece a partir de una solicitud del laboratorio correspondiente y después de un proceso de negociación. El precio inicial que pide el laboratorio por un medicamento nuevo es exageradamente alto. Lo establece a partir de lo que ha fijado en EE.UU., donde el precio es libre. A partir de ahí, viene a Europa e introduce el medicamento en los países que están dispuestos a aceptar precios más altos, como Alemania. Una vez logran un precio alto en un país europeo, fuerzan con ese precio para que los demás países lo acepten.

 

En una negociación el resultado depende de la fuerza relativa de las partes. En los últimos años, la fuerza relativa de la industria farmacéutica es mayor que la fuerza relativa de un país. Su capacidad de presión y de influencia, gracias a los recursos que ha conseguido con los altos precios de los nuevos medicamentos, es cada vez mayor. Y, si hace falta, los grandes fondos de inversión que son accionistas de las empresas farmacéuticas, pueden añadir su músculo para presionar a los gobiernos. Con esa fuerza (traducida en un marketing que gasta más de 200.000 millones de dólares anuales en todo el mundo), influyen sobre los profesionales sanitarios, sobre los pacientes, sobre los medios de comunicación y sobre los decisores políticos. Por si no fuera suficiente esta asimetría de poder, en caso necesario, las empresas y sus federaciones piden a los gobiernos de los países donde están radicadas (EE.UU., Suiza, Alemania) que presionen a los gobiernos que tratan de moderar los precios, advirtiendo con sanciones comerciales o de otro tipo. Y, de esta forma, perpetúan el sistema, forzando precios cada vez más altos. Por eso, un cambio de sistema requiere que varios países se pongan de acuerdo (por ejemplo, la Unión Europea). Un solo país lo tiene muy difícil. Ahora bien, para cambiar una situación injusta el primer paso es tomar conciencia de la injusticia. Esto es lo que pretende, modestamente, este artículo.

 

En los últimos años, en España se han autorizado medicamentos con precios abusivos: Zolgensma (1,94 millones €/paciente), Luxturna (688.896 €/ paciente), Spinraza (1,49 millones €/paciente), Yescarta (327.000 €/tratamiento), Kymriah (320.000 €/tratamiento), Takhzyro (226.293 €/ tratamiento), Tecentriq (17.000-71.000 €/tratamiento), y otros.

 

A la hora de “justificar” ante los profesionales, las asociaciones de pacientes, y la opinión pública, los altos precios de los nuevos medicamentos, la industria tiene un argumentario que basa en tres puntos: los costes de la investigación, las vidas salvadas, y la afirmación de que sin patentes no habría investigación.

 

Primer argumento:

Los medicamentos son caros porque los laboratorios tienen que pagar la investigación.

Si un laboratorio gasta mucho en desarrollar un nuevo medicamento y, una vez en el mercado, vinieran otros laboratorios y lo copiaran (genéricos, biosimilares), el precio bajaría, y el laboratorio que investigó el medicamento no podría recuperar su inversión, perdería dinero, y dejaría de investigar en otros productos.

 

Para que pueda compensarle el gasto en investigación, el laboratorio pide un tiempo de exclusividad, en el que ningún otro laboratorio pueda comercializar su producto. Un tiempo de monopolio. Así, en la última parte del siglo XX, las legislaciones nacionales fueron autorizando las patentes de producto para los medicamentos, así como otras exclusividades, cediendo el monopolio a una empresa durante una serie de años (en general 20). De esta forma la empresa podía pedir un precio más alto que el coste de fabricación, y recuperar su gasto en investigación durante ese tiempo de monopolio. Después de ese periodo se autorizaba la competencia (genéricos, biosimilares) y bajaban los precios. Es una forma de pagar los gastos de investigación, a través de los sobre-precios, de forma descentralizada, por parte de los consumidores privados y, sobretodo en la Unión Europea, de los servicios sanitarios públicos.

 

El problema es que los gobiernos no han controlado cuánto dinero recuperan las empresas a través de los sobre-precios, y si es proporcionado al gasto en investigación. Y las empresas cada vez han puesto precios más altos, muy por encima de lo que sería necesario para financiar la investigación. En ocasiones, como con los antivirales de acción directa para la hepatitis C, la empresa recuperó el gasto en investigación en el primer mes de ventas.

 

En la Unión Europea pagamos 100.000 millones de euros anuales para financiar la investigación de medicamentos a través de sobre-precios (es decir, una vez pagado el coste de fabricación y un beneficio industrial medio), pero la industria solamente gasta 25.000 millones de euros en esa finalidad. El resto es beneficio abusivo. Parte de ese beneficio abusivo se destina, como ya vimos antes, a marketing, con lo que el sistema se perpetúa.

 

Que los elevadísimos precios de los medicamentos no se justificaban por los gastos en investigación ya lo demostró el Informe Wyden-Grassley, del Senado de los EE.UU., con motivo de la hepatitis C, comprobando que la industria calcula los precios de los nuevos medicamentos por "lo máximo que estima que puede pagar el paciente o el servicio de salud en cada país", what the market will bear, y no por los gastos en I+D.

Un nuevo informe del Congreso de los EE.UU., el Drug Pricing Investigation Report llegó a la misma conclusión en diciembre 2021, como subraya la Presidenta del Comité que elaboró el Informe, Carolyn B. Maloney: “Los altísimos precios de los medicamentos no están justificados por la necesidad de innovar. Las empresas más grandes gastan más en pagas extraordinarias a los accionistas y a los ejecutivos que en investigación”. “Muchos descubrimientos de medicamentos innovadores se basan en descubrimientos científicos realizados con investigación pagada con fondos públicos, mientras que el gasto en I+D de las empresas a menudo se dirige a cambios menores para extender la protección de la patente y bloquear la competencia de medicamentos a menor precio”. “Las compañías farmacéuticas han aumentado incesantemente los precios durante décadas mientras manipulaban el sistema de patentes y otras leyes para retrasar la competencia de genéricos a precios más bajos”. “Las compañías aumentan sus precios para lograr sus objetivos de ganancias más y más altos”. 

 

Segundo argumento:

Como está claro que los beneficios obtenidos por las empresas farmacéuticas “innovadoras” son mucho más altos que los gastos en I+D, había que buscar otro argumento. Aquí aparece el llamado “pago por valor”. Se dice: el medicamento aumenta la esperanza de vida en buena salud, disminuye la mortalidad, reduce otros gastos, salva vidas. Y ¿cuánto vale una vida?: todo lo que tengo. Para darle apariencia científica, se hacen cálculos de lo que un grupo de personas estaría dispuesto a pagar por un año de vida añadido ajustado por calidad (AVAC), y se establecen precios por AVAC. De esta forma, si un medicamento logra aumentar tantos años de vida, el precio puede ser de miles o cientos de miles de euros, aunque el coste de fabricación sea de menos de diez o cien euros, y la investigación se haya hecho con dinero público, o se financie con los beneficios del primer mes de ventas del producto.

 

Pero, recordemos que el monopolio se dio a las empresas para financiar la investigación. Si no es para eso, se debe retirar el monopolio y que el “precio por valor” lo determine el mercado. Habrá otras empresas que produzcan el medicamento y que puedan venderlo por 100 euros, en lugar de por 10.000 euros. Así ocurre en otros procedimientos médicos, como la cirugía, los cuidados, las medidas preventivas. Si una apendicectomía salva la vida de un joven de 20 años, el “precio por valor” del tratamiento debería se de más de un millón de euros, y, sin embargo, el coste es de menos de 5.000 euros. Lo mismo cuesta el tratamiento de un infarto agudo de miocardio, y entre 3.000 y 4.000 euros el tratamiento de una bronquiolitis con neumonía, un fallo respiratorio o un traumatismo craneal con coma. Si el SNS pagara “por valor” todos los tratamientos, sería inviable. Entonces, ¿por qué aceptamos pagar “por valor” los nuevos medicamentos? Y eso sin hablar de otros bienes como el agua, sin la cual moriríamos de sed en pocos días, o de otros productos como el cinturón de seguridad. ¿Cuál sería su precio si lo fijáramos según vidas salvadas? Dejar que se fije precio por valor, negociar precio por valor, y, al mismo tiempo, mantener el monopolio de las patentes y los derechos de propiedad intelectual, es una aberración.

 

A veces también se trata de justificar un precio alto diciendo que ya hay otros medicamentos con precios muy altos y este es un poco mejor (es más “coste-efectivo”). El problema es que los anteriores medicamentos a los que se refieren ya tenían precios abusivos, propiciando así una escalada absurda e imparable de precios.

 

La semana que viene, en la segunda parte de este trabajo, comentaremos el tercer argumento de la industria y una propuesta alternativa.

 

 

(*). Nota:

El Gasto Farmacéutico en España a Precio de Venta al Público (PVP), en 2020, ascendió a 25.217,3 millones de euros (M€), incluyendo hospitales y oficinas de farmacia (19.562,95 M€ gasto público, con datos de Ministerio de Hacienda, y 5.654,5 M€ gasto privado, con estimación del Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de Sanidad, asumiendo el mismo incremento para 2020 que el gasto farmacéutico público). El gasto farmacéutico total a Precio de Venta de Laboratorio (PVL) se situaría en 18.470,9 M€. Siguiendo a Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research (1), se estima el precio que pagaríamos si todos los medicamentos fueran genéricos o biosimilares, resultando una cantidad de 9.423,88 M€. Observamos pues que el sobre-precio que estamos pagando para financiar la I+D asciende a 9.047,07 M€. Según la memoria de Farmaindustria 2019, el gasto destinado por la industria I+D supuso 1.026 M€, por lo que concluimos que el exceso de precio que pagamos en España para financiar la I+D es de 8.021 M€. 

(1). Gálvez R, Lamata F. Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Fundación Alternativas, 2019, págs. 56 y siguientes.

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica

El coste de la codicia: ¿9 millones de muertos?

En el trabajo de Watson et al, del Imperial College de Londres, publicado en el Lancet el pasado 23 de junio (1), los autores estiman cuál ha sido el impacto de la vacunación en la disminución de la mortalidad en 185 países y territorios. La pandemia de COVID-19 causó un número muy alto de fallecimientos, tanto por la propia enfermedad como por el impacto en el sistema sanitario y la falta de atención a otros problemas de salud. Teniendo en cuenta las deficiencias de los sistemas de registro, los autores utilizan una estimación del exceso de mortalidad por todas las causas, respecto a la mortalidad observada en los años anteriores a la pandemia. Los autores estiman el exceso de mortalidad global en 17.990.000 personas. Después, calculan cuál hubiera sido el exceso de mortalidad en el primer año de vacunación, si la tendencia hubiera sido igual a la mortalidad excesiva registrada antes de la vacunación. De esta forma puede obtenerse una estimación de las muertes evitadas por la vacunación. Aunque hay una serie de problemas metodológicos en las distintas aproximaciones (diferentes medidas de salud pública, evolución de las variantes en ausencia de vacunación, etc.), vamos a tomar como válidos sus resultados.

 El artículo muestra las diferencias en las tasas de vacunación para los países de altos ingresos (68,8%) y el resto de los países. Por ejemplo, para los países de bajos ingresos muestran una cobertura vacunal del 3,57% en el primer año de vacunación. Esta diferencia se debe a que los países de altos ingresos acumularon varias dosis de vacunas por persona, mientras en países de bajos ingresos no podían comprar. No es que los países pobres no quisieran vacunar. El problema es que no había producción suficiente y que los precios eran 10 y 20 veces por encima de los costes. Y esto, a su vez, se debía a la concesión de monopolios a las empresas fabricantes, que controlaban el volumen de producción y el precio.

 

Nosotros nos hemos querido fijar en cuántas muertes se han producido por esa enorme desigualdad en la cobertura vacunal. El llamado “apartheid vacunal”.

 

En la Tabla 2 se presenta el número total de muertes excesivas. Para el grupo de países de altos ingresos, los autores estiman 2.503.000 de muertes excesivas. Para el resto de países (ingresos medios-altos; ingresos medios-bajos; ingresos bajos), el número total de muertes excesivas ascendió a 15.487.000.

 

En cuanto a la estimación de las muertes que se han evitado gracias a la vacunación, vemos en la misma Tabla 2 que, en todo el mundo se evitaron 19.810.000. De estos fallecimientos evitados, en países de altos ingresos se habrían evitado 8.004.000; y en el resto del mundo se habrían evitado 11.806.000 de fallecimientos.

 

Vemos que, en países de altos ingresos, la proporción de exceso de muertes, sobre muertes totales sin vacunación (total de exceso de muertes, más muertes evitadas por vacunación), fue de 23,8%; mientras que en resto del mundo fue de 56,7%. Si la proporción de muertes hubiera sido igual en el resto del mundo que en los países de altos ingresos, el número de muertes excesivas en esos países habría sido de 6.495.734, en vez de 15.487.000. Son 8.991.266 muertes menos de las que se han producido.

 

Es decir: si la vacunación hubiera sido accesible para todas las personas, en todo el mundo, al mismo ritmo y en la misma proporción que para los países de altos ingresos, se habrían salvado 9 millones de personas en el primer año de vacunación.

 

¿Es este es el coste de los monopolios de las vacunas? ¿Es este el coste de la codicia de unos pocos ejecutivos de grandes empresas farmacéuticas y gestores de fondos de inversión? ¿Es este es el coste de la inacción o la complicidad de los gobiernos de los países de altos ingresos, que no han impulsado las vacunas como bien global, a pesar de haber pagado su investigación y desarrollo? 

Demasiadas muertes.

 

1.

Watson O J, et al. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. The Lancet Infetious Diseases, june 2022

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext

El acceso al medicamento. Implicaciones éticas de las vacunas en el contexto de la pandemia de la COVID-19

[Texto utilizado para la conferencia impartida en el Máster de Derecho Sanitario y Bioética, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 11-5-2022]

 

Antes de comenzar con la charla quiero aclarar que no estoy en contra de las empresas farmacéuticas, ni de sus trabajadores, ni de sus investigadores, ni de sus representantes comerciales, ni tampoco de los profesionales que trabajan en las oficinas de farmacia. Todas ellas y todos ellos hacen un trabajo necesario, un trabajo importante. Lo que sí estoy en contra es de las decisiones de algunos directivos de empresas farmacéuticas que, abusando de la posición dominante que les da el monopolio, fijan precios abusivos y limitan el acceso de millones de personas a medicamentos necesarios. Mi opinión es que el monopolio en medicamentos es un cáncer que mata y que tenemos que extirpar. 

 

En esta conferencia hablaré de ética en el acceso a medicamentos, al hilo de la desigualdad en el acceso a las vacunas en la pandemia COVID. Primero haré algunos comentarios sobre la ética y el derecho; después abordaré la desigualdad en el acceso a los medicamentos; señalaré la causa de la falta de acceso, los monopolios y las patentes; mostraré la desigualdad en el acceso a las vacunas COVID; discutiré algunas enseñanzas positivas y negativas en la gestión de las vacunas y la pandemia; y, finalmente me preguntaré si ¿es posible otro modelo de financiar la investigación en medicamentos?

 

 

1.Acerca de la ética y el derecho.

 

El pasado 11 de marzo, en una carta encabezada por el Presidente de Tanzania, y suscrita también por Ban Ki-moon, Ex SG de Naciones Unidas, y por más de 100 premios Nobel, artistas, líderes religiosos, economistas, expresidentes de gobierno y personalidades de todo el mundo, se denuncia que, dos años después de iniciada la pandemia de la COVID-19: “el enfoque actual es inmoral, autodestructivo y supone un fracaso ético, económico y epidemiológico”. Los firmantes piden a los gobiernos de EEUU, la UE, Reino Unido, Suiza y otros que se “maximice la producción de vacunas y otros productos seguros y eficaces para la COVID, suspendiendo los derechos de propiedad intelectual relevantes y asegurando que se compartan, obligatoriamente, las tecnologías y conocimientos relacionados con la COVID, para que cada país pueda producir o comprar dosis de vacunas y otros productos suficientes y a precio asequible”.  

 

Ban Ki-moon, al presentar esta carta, declaró: “los líderes de los países ricos están protegiendo los monopolios de las empresas farmacéuticas por encima de la salud y las vidas de millones de personas”. 

 

Por su parte, el DG de la OMS, Dr Tedros, en su comparecencia del pasado 5 de mayo, denunciaba una vez más: estamos jugando con fuego que continúa quemándonos, mientras tanto las compañías farmacéuticas registran records de ganancias. La OMS apoya un beneficio justo, pero no podemos aceptar precios que hacen que tratamientos que pueden salvar vidas sean accesibles solo a los ricos y estén fuera del alcance de los pobres. Es una quiebra moral.

 

Como vemos, la pandemia ha puesto otra vez sobre la mesa los desafíos éticos en relación con el acceso a medicamentos.

 

A lo largo del tiempo, los pueblos fueron elaborando y aplicando sus leyes, construyendo el derecho moderno. En el Tratado de Derecho Sanitario y Bioética coordinado por Marina Gascón, Mª del Carmen González Carrasco y Josefa Cantero, Luiggi Ferrajoli señala que: “los principios éticos toman forma jurídica, prescribiendo qué acciones están prohibidas por la ley, con la finalidad de prevenir y evitar las ofensas que pueden hacer unas personas a otras, garantizando su vida, su dignidad, su libertad, la igualdad y la convivencia pacífica. Es decir, prohibiendo y sancionando los comportamientos que puedan hacer daño a terceros”.

 

Cuando hablamos de “principios éticos que toman forma jurídica” es pertinente mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoció la salud como un derecho humano fundamental, indispensable además para el ejercicio de los demás derechos humanos. En su artículo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que le permita vivir dignamente. Es verdad, como recuerda Juan Mª Pemán Gavín en el Tratado antes mencionado, que estos derechos se aplicarán según los recursos disponibles en cada país, y su efectividad se alcanzará gradualmente. Pero también es verdad que “algunas obligaciones son inmediatas, como la garantía de que este derecho, el acceso a lo servicios de salud, será ejercido sin discriminación alguna”. Es decir, con lo que tengamos en cada momento, se debe atender a todos por igual. Así lo entendió el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto y de orientar su aplicación, en su Observación General nº 14, de 11 de agosto de 2000.

 

En dicha Observación General también se refiere a las obligaciones internacionales. “Los Estados Partes deben velar porque en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales- y añade-. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud”. 

 

Pues bien, siguiendo estas indicaciones, para dar cumplimiento al Pacto, los Estados Parte deberían revisar y modificar el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que comentaremos después, y que está afectando adversamente al derecho a la salud de millones de personas. Y deberían, además, promover un nuevo instrumento legal, un Convenio Internacional, para garantizar el acceso a los medicamentos sin discriminación. 

 

En efecto, durante la pandemia de COVID-19, con los recursos disponibles, podíamos haber vacunado a finales del mes de agosto de 2021 al 70% de los habitantes de todos los países del planeta. Pero las patentes y otras exclusividades incluidas en el ADPIC bloquearon el acceso a millones de personas. La discriminación entre países de bajos ingresos y países ricos, entre Norte y Sur, ha sido mortal, profundamente inmoral y además contraviene el Pacto antes mencionado. Se habrían evitado más de un millón y medio de muertes.

 

 

2.Desigualdad en el acceso a medicamentos.

 

El problema de la falta de acceso a los medicamentos no es nuevo, ni afecta solo a las vacunas COVID.

 

En efecto, según la OMS cada año mueren 10 millones de personas en el mundo por falta de acceso a los medicamentos que necesitan. Yo me pregunto: ¿es ético que esto ocurra, pudiendo evitarse?

 

En su resolución de 11 de julio de 2019, meses antes de la COVID, el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentaba la gran cantidad de personas que todavía carecen de acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de calidad, recalcando que un mejor acceso podría salvar millones de vidas cada año. Observaba con profunda preocupación que en todo el mundo 2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Una de cada cuatro personas en el mundo. Casi todos en países pobres. Pero también muchas personas en los países ricos. En España, el año pasado, más de un millón de personas confesaron haber dejado de tomar las medicinas que les habían prescrito en la sanidad pública, por motivos económicos, a causa de los copagos y la desfinanciación pública de medicamentos.

 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud, en un documento de 2017 titulado: “Acceso a los medicamentos: hacer que las fuerzas del mercado sirvan a los pobres”, afirmaba que “la falta de acceso a medicamentos causa una cascada de miseria y sufrimiento, y de muertes por enfermedades que podrían ser prevenidas y curadas fácilmente”.

 

Y añade: “Mejorar el acceso a los medicamentos -continúa- es un imperativo ético. … Los millones de muertes infantiles por enfermedades que podían prevenirse o curarse con medicamentos que existen serían impensables en un mundo justo”.

 

El mismo documento preguntaba: “¿A qué lado debería darse la prioridad, a los intereses económicos o al interés de la salud pública? Dejar que los intereses comerciales se impongan sobre los intereses de la salud llevará a mayores inequidades en el acceso a medicamentos, con consecuencias desastrosas de vida o muerte”.

 

Y es que, en no pocos casos, la lógica empresarial hace que la balanza se incline, una y otra vez, hacia los intereses comerciales. Así, hace unos años, en una reunión de accionistas, refiriéndose a un medicamento frente al cáncer, el Consejero Delegado de Bayer reconoció: “Nosotros no desarrollamos este medicamento para los indios, lo hemos desarrollado para los países occidentales que pueden permitírselo”. 

 

Es decir, el acceso a los medicamentos es posible para las personas y países de rentas altas y prohibitivo para las personas y países de rentas bajas. Esto es así en muchos bienes y servicios, pero en medicamentos y vacunas, el Derecho Humano a la Salud, como veíamos en la Observación nº14 del Comité de los DESC debería obligar a los gobiernos a buscar mecanismos para una distribución equitativa y adaptar las legislaciones nacionales e internacionales en esa dirección. Es imperativo hacerlo.

 

 

3.La causa de la falta de acceso. El sistema de patentes. Los monopolios.

 

Las patentes y otras exclusividades crean un monopolio, impidiendo así la competencia y la comercialización de genéricos durante 20 años. Durante ese tiempo, el titular del monopolio puede poner un precio por encima de los costes. Es como un impuesto indirecto sobre el consumo de fármacos, cuyo importe lo determina la empresa, y que recauda directamente la misma empresa. El dinero “extra”, recaudado de los pacientes y los servicios de salud con los sobre-precios, funcionaría como un “incentivo” para que las empresas lo invirtieran en investigación. Parecería razonable. Lamentablemente, y como era previsible, no ha funcionado así.

 

Conviene saber que las patentes de medicamentos y vacunas no estuvieron permitidas en los países europeos hasta el último tercio del siglo XX (en España hasta 1992) y no se generalizaron a todo el mundo hasta 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. ¿Por qué se prohibían?: Porque se temía que en el sector de la salud la barrera de las patentes podía crear un efecto perverso, un efecto mortal.

 

En efecto, en otros productos que no sean necesarios para la vida (un coche, una televisión, un viaje de turismo), si el sobre precio que se fija con el monopolio es abusivo, los potenciales clientes pueden decidir no comprarlo. Pero en temas de salud, se trata de la vida o la muerte de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. El empresario sabe que se trata de la bolsa o la vida y que, si podemos pagar, pagaremos lo que sea, y nos endeudaremos, como pacientes, o como servicios de salud. Por eso, el ánimo de lucro empresarial llevará de forma inevitable a fijar el precio más alto que podamos pagar. Ahora bien, muchas personas y países no pueden pagar esos sobre-precios, y, como ya hemos dicho, más de 10 millones de personas mueren cada año en el mundo, 27.000 cada día, por no poder acceder a los medicamentos que necesitan. 

 

Es preciso recordar, para los que afirman que sin patentes no hay investigación, que, cuando no había patentes de medicamentos, sí había investigación. En efecto, antes de generalizar las patentes de medicamentos y vacunas había más innovación que ahora. Y las empresas ganaban dinero. Así, entre 1950 y 1994, las ganancias de las empresas farmacéuticas, en relación con sus ventas, fueron, de forma estable, el doble de la media de las otras industrias. Y cubrían sus gastos de I+D.

 

Pero los lobbies de las grandes empresas farmacéuticas sabían que con los monopolios podrían ganar mucho más y, en diciembre de 1994, lograron que se generalizara el uso de patentes de medicamentos en todo el mundo, con el acuerdo ADPIC en la Organización Mundial del Comercio.

 

Como consecuencia, desde entonces, los precios de los medicamentos se dispararon progresivamente, de lo que serían hoy 50 o 100 euros por tratamiento anual, a 1.000, 10.000, 100.000 o 2 millones de euros por tratamiento, por unos productos cuyo coste, incluidos los gastos de investigación, es cien o mil veces menor. La escalada de precios no tiene nada que ver con los costes de fabricación ni con los costes de I+D. La principal razón de los altos precios de los nuevos medicamentos es el abuso de posición dominante de los monopolios: ganar lo máximo posible. Este sistema está produciendo un sobregasto a los servicios de salud y a los pacientes, que, en algunos casos, los lleva a la ruina y que, en todo caso, se detrae de otras necesidades importantes, como personal o equipamiento, deteriorando los servicios y alargando las listas de espera para ser atendido. Paralelamente, las ganancias de las empresas farmacéuticas desde 1995 se dispararon también: seis veces más de beneficio sobre ventas que las otras empresas industriales. Se ha roto un equilibrio en la proporcionalidad entre esfuerzo y ganancia. 

 

Veamos. Según los datos de la patronal farmacéutica, EFPIA, en la Unión Europea-27, las ventas de sus empresas en 2019 ascendieron a 170.000 millones de euros. El coste de fabricación (a precio de genérico) más beneficio industrial se estima en 70.000 M€. Por lo tanto, con sobreprecios, para pagar investigación, dimos a las empresas 100.000 M€. Pero, según las propias empresas, destinaron solamente 25.000 M€ a I+D. El resto, unos 75.000 M€ anuales, fueron beneficios abusivos.

 

Eso explica que, desde 2009 a 2018, con el exceso de beneficios, las 18 empresas farmacéuticas más grandes destinaran a recompra de acciones más dinero que a I+D, multiplicando las ganancias de accionistas y ejecutivos.

 

Por otra parte, la industria farmacéutica, como mostró un detallado informe de la Comisión Europea en 2009, utiliza una serie de estrategias para alargar el tiempo de protección de las patentes, con la exclusividad de datos y de comercialización, el reverdecimiento de patentes, las “marañas” de patentes, el pago a empresas de genéricos para retrasar el lanzamiento de sus productos, etc., todo ello con la finalidad de mantener su monopolio y sus ganancias abusivas durante más tiempo. Un editorial del New York Times del pasado 16 de abril, citando el Informe Maloney del Congreso de los EEUU, denunciaba este abuso de las patentes y pedía una reforma del sistema.

 

 

4.Desigualdad en el acceso a vacunas COVID

 

En el ámbito mundial, global, no se ha aplicado el principio de no discriminación en la distribución de vacunas COVID. Mientras que en la Unión Europea hemos puesto 200 dosis / 100 personas, una media de 2 por persona, en países de bajos ingresos se han puesto 23 dosis por cada 100 personas.  Es decir, en países ricos, el 100% de la población hemos recibido el equivalente a una pauta completa, y en países de bajos ingresos, menos de un 12% de la población. La vacuna no ha llegado a los brazos de quienes la necesitan de forma equitativa. Y, mientras en los países ricos ya estamos poniendo las terceras y cuartas dosis, en otros países el 90% de la población sigue sin ser vacunada.

 

La causa principal de esta desigualdad global ha sido la barrera que producen el monopolio de las patentes y otras exclusividades (secretos comerciales, exclusividad de datos, exclusividad de comercialización, etc.), permitiendo precios abusivos y limitaciones a la fabricación y distribución. 

 

La estrategia de vacunas europea, y por tanto la española, fijó su objetivo en la vacunación de las poblaciones de sus Estados Miembros, olvidando que en una pandemia el problema es global. Ese enfoque localista, denominado “nacionalismo vacunal” se tradujo en el acaparamiento de dosis: según la Presidenta de la Comisión se han garantizado 4.600 millones de dosis, diez para cada europeo. No pasaría nada, si se fabricaran suficientes dosis para todos en todo el mundo. Pero no es así. Como veremos, los acuerdos de compra anticipada ceden a las empresas farmacéuticas los derechos de propiedad intelectual, lo que implica que pueden fijar precios altos y limitar la producción según sus objetivos comerciales, y, así, nuestros contratos son causa indirecta de que en los países de rentas bajas las personas no tengan acceso a las vacunas.

 

Pero, en una pandemia nadie está a salvo mientras todos no estemos a salvo. Mientras no vacunemos a la misma proporción de la población en todo el mundo, equitativamente, el virus seguirá circulando, creando nuevas variantes, y, como consecuencia, seguirá aumentando la muerte y el sufrimiento de miles de personas. También aquí.

 

 

5.Enseñanzas positivas y negativas en la gestión de la pandemia.

 

Inversión pública en investigación.

 

En la gestión de la pandemia COVID hemos visto aspectos positivos en relación con las vacunas y medicamentos, que nos muestran que las cosas podrían hacerse de otra manera. Uno de ellos es el apoyo a la investigación con Fondos Públicos. El primer paso de la estrategia de vacunas frente a la COVID era descubrir y desarrollar esas vacunas. Para ello, la Comisión Europea, ha invertido en apoyo de la investigación. Lo ha hecho, tanto en centros públicos, como en empresas privadas, mediante tres mecanismos. Primero, más de 2.700 millones de euros a través de proyectos y plataformas de investigación como “Horizonte 2020”, el fondo de Respuesta Global, y otros fondos. Segundo, una cantidad estimada en más de 3.000 millones de euros a través de los pagos adelantados previstos en los Acuerdos de Adquisición Anticipada, que comentaré más adelante. Y tercero, a través de los sobreprecios pactados en dichos acuerdos por encima de los costes de producción. Podemos estimar que la UE, y por tanto también España, ha financiado la Investigación de vacunas COVID con unos 17.700 millones de euros. Además, la inversión en I+D hecha por los gobiernos europeos individualmente, así como por los de EEUU y otros países ricos, más que duplica esa cantidad. Por ello, podemos afirmar que toda la investigación y desarrollo de las vacunas COVID se ha pagado, de forma directa o indirecta, con dinero público.

 

Esta enorme inversión, y el trabajo de centenares de investigadores, ha permitido que la humanidad disponga de vacunas eficaces y seguras en menos de un año. El problema es que, como vimos, no han podido llegar y no están llegando a los brazos de quienes las necesitan en todo el mundo, porque en las subvenciones y contratos no se establecieron cláusulas que garantizaran licencias no exclusivas y precios justos.

 

Acuerdos de Compra conjunta y compra anticipada.

 

Otra decisión positiva en el ámbito de la UE ha sido desarrollar los Acuerdos de Compra Conjunta y la distribución equitativa.

 

En junio de 2020 la Comisión Europea propuso a los Estados Miembros la posibilidad de negociar la compra conjunta y anticipada de vacunas COVID. Se trataba de lograr mejores precios para todos los países de la UE, y no solo para los que tuvieran más capacidad de pago. Las vacunas se financiaban públicamente, la UE haría un anticipo a las empresas y luego cada país tendría un número equitativo de vacunas, en proporción a su población. Además, como en los primeros meses de 2021 no había vacunas para toda la población europea, se establecieron prioridades en función del riesgo: personal sanitario, personas más mayores, personal de servicios esenciales, etc., hasta llegar a todas las edades. Esto supuso, por una parte, equidad dentro de cada país, ya que la vacuna se financiaba con dinero público y todas las personas podían acceder a ella, en función de criterios de necesidad. Y supuso, por otra parte, equidad dentro de la Unión Europea, ya que países de rentas altas, como Alemania, Francia u Holanda, tenían derecho a la misma proporción de vacunas que países como Bulgaria o Rumanía, con rentas mucho más bajas. Este sí era un comportamiento ético.

 

El problema fue y es que esta visión ética hacia dentro de la Unión Europea no se tuvo hacia afuera, para el conjunto de la humanidad. Ahí siguió estableciéndose la línea Norte / Sur, ricos y pobres, en un problema que, como la pandemia, nos afecta a todos por igual.

 

Fijémonos en que estos acuerdos de compra, anticipaban el dinero a las empresas, antes de que se dispusiera de la vacuna. Se trataba de financiación pública para apoyar la investigación y el desarrollo de posibles vacunas (candidatas), garantizando, además, un volumen de compra en caso de lograr resultados favorables. De esta forma, los Estados Miembros quitaban el riesgo que las empresas debían haber asumido con inversiones para la investigación, los ensayos clínicos, la ampliación de instalaciones, la compra de materias primas, envases, etc., y ese riesgo lo asumían los países, es decir, los contribuyentes, haciéndose cargo de esos gastos. Era un paso importante para acelerar el descubrimiento y fabricación de las vacunas. Pero este acuerdo, tan positivo, falló en aspectos fundamentales.

 

El aspecto más importante, a mi juicio es la cesión de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Como hemos visto, la financiación pública de la I+D, por proyectos, compra anticipada, y precios, es de más del 100 por 100. En justicia, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID debían ser de titularidad pública, es decir, de la gente, como lo fueron los de la vacuna de la polio y otras vacunas. De esa forma, la Comisión y sus EEMM podrían haber cedido licencias no exclusivas a la OMS, transfiriendo la tecnología y el know how a través de la Covid-Technology Access Pool, la C-TAP. De esa forma se hubieran podido fabricar las vacunas en todo el mundo, favoreciendo la producción local, y vendiéndolas a precio de coste, de manera que fueran asequibles a todos los países simultáneamente y de forma equitativa. Pero los negociadores de la Comisión Europea permitieron que las empresas se quedaran con los derechos de propiedad intelectual, y con ellos, la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a quién se vende y a qué precio. Es una gran injusticia, teniendo en cuenta la cantidad de dinero público invertido y la situación de pandemia que requería una solución a nivel mundial. 

 

Si se hubiera cedido la tecnología y el know how a todas las empresas con capacidad de producción en países de bajos y medianos ingresos, se habría duplicado la fabricación, pudiendo cubrir las necesidades mundiales. En efecto, más de 120 empresas en los cinco continentes, según un informe de Médicos Sin Fronteras publicado en British Medical Journal en diciembre pasado, están capacitadas para producir vacunas mRNA.

 

La otra cuestión importante es el precio. Con monopolio, los precios fijados han sido entre 10 y 20 veces por encima del precio justo (coste de fabricación y de investigación). Con los precios estimados, los países de la UE hemos pagado 20.000 millones de euros más de lo que deberíamos haber pagado. Con ese dinero se podrían haber comprado vacunas, a precio de coste, para todo el planeta. 

No solo se ha abusado con los precios de las vacunas, también se está abusando con los de los tratamientos. En algunos casos son medicamentos antiguos que se han reutilizado para la COVID. En otros casos había ya, incluso, medicamentos genéricos del producto. Pero ahora, para la COVID, se piden precios abusivos. Por ejemplo, como denuncia Médicos Sin Fronteras, el genérico de baricitinib cuesta 4,8 €, pero la empresa titular de la patente pide 2.040 €, 400 veces más, para el uso en pacientes COVID.

 

Como es lógico, al permitir precios altos, las empresas tienden a vender a aquellos que pagan más, dejando a los países de rentas bajas a la cola. Es lo que ha ocurrido.

 

Por supuesto, alguien sale ganando con este trato. Es importante notar que unas pocas empresas farmacéuticas y sus directivos obtendrán globalmente en 2021, con la venta de vacunas COVID, más de 60.000 millones de euros de beneficio abusivo, por encima de los costes. Y esto, aparte de las importantes ganancias en bolsa, por revalorización de sus acciones.

 

Ya advierte el Dr Tedros, que “la equidad no puede dejarse a las fuerzas del mercado”.

 

La pandemia ha causado ya más de 6.250.000 muertes directas y otros 9 millones de muertes por falta de atención de otras enfermedades a causa de la saturación de los servicios. Por otro lado, la pandemia ha causado enormes pérdidas económicas y un lamentable aumento de la desigualdad. Y sigue contagiando cada día a cientos de miles de personas. Sin embargo, no hemos sido capaces de garantizar el acceso a toda la humanidad en condiciones de igualdad (como sí hemos hecho dentro de la UE). Además, hemos de estar seguros que vendrán nuevas variantes de este virus, y vendrán nuevas pandemias que podrían tener una agresividad mayor. El tipo de respuesta que hemos dado hasta ahora no sirve y no servirá para la mayoría de la población. Es insuficiente. Sí sirve, a corto plazo, para los directivos de algunas grandes empresas farmacéuticas y sus accionistas. Pero también para ellos, aunque no sean conscientes, es una carrera hacia el precipicio. 

 

Como señalan Swaminathan y cols. en la revista Nature (10 2 22), el acceso no equitativo a los frutos de la investigación durante la pandemia COVID-19 subraya la urgencia -y viabilidad- de rehacer el sistema de I+D para defender el interés general. Tenemos que cambiar el modelo.

 

 

6.Ahora bien, ¿Es posible otro modelo de financiar la investigación? La respuesta es: Sí. En buena medida ya se está haciendo. 

 

La buena noticia es que disponemos de todos los elementos, los recursos económicos y jurídicos necesarios para mejorar la investigación y facilitar el acceso equitativo a medicamentos y vacunas, si somos capaces de utilizarlos de forma integrada y sinérgica en una estrategia mundial. De momento, lo que falta es la voluntad política.

 

La estrategia más adecuada para impulsar la investigación biomédica y garantizar el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesitan tiene dos componentes: aprobar un Convenio Internacional para el Acceso a los Medicamentos; y modificar el acuerdo ADPIC excluyendo del mismo las patentes de medicamentos.

 

A)-En primer lugar, los gobiernos de la UE y del mundo deberían promover una estrategia de cambio en el modelo de financiación de la I+D biomédica desligándolo de los precios y los monopolios, mediante una Convención Internacional vinculante para el acceso a los medicamentos y vacunas, que vuelva a prohibir las patentes en estos productos. 

 

Esta propuesta ya fue presentada por un Grupo de Trabajo de Expertos de la OMS en 2012, planteando que la financiación de la I+D de medicamentos se separara de los precios (delinkage). Es decir que no se financiara con los sobre-precios que obtienen los monopolios con las patentes y otras exclusividades. Los países más fuertes presionaron para que no se iniciara la negociación de esta Convención. En 2016, el Panel de Alto Nivel sobre acceso a medicamentos de la Secretaría General de Naciones Unidas, volvió a poner sobre la mesa esta propuesta.

 

¿En qué consiste? La Convención crearía un modelo con las siguientes características:

1º-Fondo público mundial de I+D: que financiaría premios de investigación, centros públicos de investigación, subvenciones y becas, contratos de investigación (compra-anticipada), etc. Como se ha hecho con la COVID.

2º-Fijación de prioridades de investigación por interés público, según necesidades de salud, y no por intereses comerciales. Los acuerdos de compra anticipada para investigar en vacunas son un ejemplo. El Observatorio Global en I+D de Salud de la OMS recoge información útil para poder analizar necesidades y fijar prioridades.

3º-Investigación ética, cooperativa y abierta. Como el Ensayo Solidarity de la OMS, la Red Europea y de países en desarrollo para Ensayos Clínicos, o la puesta en común de los datos de la secuencia genómica del SARS-CoV-2. 

4º-Licencia no exclusiva. 

5º-Transferencia de tecnología y know how, a la COVID-Technology Access Pool y a Medicines Patent Pool, como en el caso de la cesión del test-COVID del CSIC. O la cesión de la vacuna Corbevax del Baylor College of Medicine, Texas. Centros de transferencia de tecnología (Transfer Hubs), como el que ha puesto en marcha la OMS en Sudáfrica.

6º-Compensación justa a investigadores y sus entidades.

7º-Aumentar capacidad de producción en todo el planeta. Pública. Privada sin ánimo de lucro. Privada con ánimo de lucro, con beneficio industrial moderado, no especulativo.

8º-Precio de coste. Como en la vacuna AstraZeneca o la vacuna de la Universidad deTexas.

9º-Compra conjunta. Como ha hecho la UE en la COVID.

10º-Distribución equitativa. Mecanismo COVAX modificado, con control público.

 

Como hemos visto, muchos de los elementos del nuevo modelo ya se han ensayado en diferentes países y regiones del planeta, singularmente en la UE.

 

[En cuanto al Fondo Público para financiar I+D conviene señalar que, en la UE-27, la financiación pública directa (subvención a proyectos, pago de centros de investigación como los del IS CIII, universidades, premios, etc.), asciende a 20.000 M€ anuales. Supone el 45% de la inversión total en I+D en la UE. Esta inversión pública directa genera el 70% de investigación innovadora.

 

A su vez, en la UE 27, las empresas gastan 25.000 M€ en I+D. Pero ya vimos que los contribuyentes y los pacientes, con el sobre-precio de las patentes, pagamos 100.000 millones de euros anuales para investigación, cuatro veces esa cantidad. Sería mucho más rentable para la sociedad suspender las patentes y los monopolios, y que los gobiernos destinaran 25.000 millones del sobregasto actual en medicamentos, a gasto público directo en I+D, y el resto a otras políticas sanitarias y sociales.]

 

 

 

B-.En segundo lugar, al mismo tiempo de aprobar la Convención sobre acceso a medicamentos, se debería modificar el acuerdo ADPIC para excluir de dicho acuerdo los medicamentos y vacunas: es decir, suprimir definitivamente las patentes y otras exclusividades aplicables a los medicamentos, eliminando cualquier tipo de monopolio de las empresas farmacéuticas en este campo. 

 

¿Por qué no se hace? Porque este modelo sí es muy rentable para alguna de estas empresas, que, con sus enormes ganancias, destinan una parte importante del beneficio abusivo a marketing para que el modelo no cambie. Destinan mucho más a marketing que a I+D. En la UE27 más de 35.000 M€ anualespara patrocinios, control del discurso, presión sobre parlamentarios y gobiernos, sobre profesionales sanitarios y sociedades científicas, sobre medios de comunicación, cátedras de patrocinio, asociaciones de pacientes, etc., etc., para bloquear cualquier cambio de modelo, y para impulsar nuevas medidas que aumenten sus ganancias, como el pago por valor. Por eso es muy difícil cambiar de modelo. Pero debemos intentarlo. 

 

La COVID ha puesto de manifiesto, una vez más, que es necesario este cambio de modelo hacia un enfoque global, eficaz y justo, porque, querámoslo o no, navegamos todas y todos en el mismo barco. O nos salvamos todos, o nos hundiremos juntos.

 

Y para ese cambio de rumbo es precisa la toma de conciencia y la movilización de miles de personas en todo el mundo, reclamando a sus gobiernos que cambien las leyes y adopten las medidas necesarias, como las que hemos comentado en esta charla. En definitiva, sí es posible lograr el acceso justo a los medicamentos para todas las personas, como reconoce la Convención de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero hace falta conciencia y movilización social y hace falta voluntad política. 

 

Solo de esta forma se podría lograr que, en esta y en futuras pandemias, las vacunas lleguen a los brazos de las personas que las necesitan, a tiempo, en todo el mundo, y a precios asequibles. 

 

 

 

 

Enlaces

 

https://peoplesvaccine.org/resources/media-releases/world-leader-2-year-letter/

 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-who-press-conference-4-May-2022

 

https://digitallibrary.un.org/record/3834569?ln=es

 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00324-y?proof=t

 

https://www.nytimes.com/2022/04/16/opinion/patents-reform-drug-prices.html

 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/fair-price/chapter-medicines.pdf?sfvrsn=adcffc8f_4&download=true

 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

 

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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_es

 

https://www.theguardian.com/business/2021/nov/12/astrazeneca-sells-22bn-of-covid-vaccine-in-first-nine-months

 

https://www.google.com/search?q=minimum+costs+production+vaccines+mrna&oq=minimum+costs+production+vaccines+mrna&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.11258j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Spain-Non-paper-Vaccines-For-All-Initiative.pdf

 

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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9132

 

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https://medicinespatentpool.org/news-publications-post/who-and-mpp-announce-names-of-15-manufactures-to-receive-training-from-mrna-technology-transfer-hub

 

https://msfaccess.org/msf-urges-governments-reject-draft-covid-19-text-wto-would-set-negative-precedent