Mostrando entradas con la etiqueta salud pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta salud pública. Mostrar todas las entradas

miércoles, 27 de julio de 2022

Un proyecto de país para la sanidad española del siglo XXI: refundar la centenaria Escuela Nacional de Sanidad.

(Editorial publicado en Gaceta Sanitaria, disponible online el 15 de julio de 2022, firmado por Fernando Lamata Cotanda, José Manuel Freire Campo, José Ramón Repullo Labrador, José María Martín Moreno, Ferrán Martínez Navarro, Luis Guerra Romero). 

La Escuela Nacional de Sanidad (ENS) es la institución pionera de la salud pública española1; en 2024 cumplirá un siglo de servicio a la salud del país, habiendo participado activamente en la lucha contra enfermedades prevalentes que hemos tenido en estos cien años (desde el paludismo, la polio y la rabia, hasta las enfermedades crónicas no transmisibles, la pandemia por el nuevo coronavirus o los retos de nuestro sistema de salud).

Las escuelas de salud pública2 creadas en los años 1920 aportaron un gran avance al conocimiento y a la lucha contra las enfermedades, al mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos técnicos de la Administración sanitaria incorporando los nuevos conceptos y estrategias en epidemiología e higiene urbana, alimentaria y laboral, y en medicina preventiva. En el mundo anglosajón nacieron en sus universidades como centros de posgrado, con un estatus similar al de nuestras facultades: Johns Hopkins (Baltimore), Harvard (Boston), London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londres), etc. En los países de cultura política continental fueron creadas como parte de la Administración, de las grandes escuelas de formación de funcionarios del Estado: Francia, Portugal, Nórdica, España, etc. En ambos contextos se trataba de aunar disciplinas diversas en un ámbito académico comprometido tanto con la excelencia del saber como con la mejora de la salud de la población; por eso fueron de gran utilidad a las autoridades sanitarias, formando a muchas generaciones de salubristas. En los últimos años, tras la reforma de la educación superior en la Unión Europea, las escuelas de salud pública administrativas han ido paulatinamente integrándose en la universidad, aunque sin perder su función de formación de cuadros sanitarios de la Administración pública.

En España, la ENS, tras la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch en 1986, vivió una etapa de crecimiento y desarrollo; se integró con diversas formas organizativas en el marco del Instituto de Salud Carlos III, con un breve periodo de autonomía institucional en forma de organismo autónomo (1990-1994). En los primeros años acometió un valioso proceso de revitalización de su estructura, con enfoques más amplios y actualizados de la salud pública y la epidemiología. Además, la absorción de la antigua Escuela de Gerencia Hospitalaria permitió abrir la ENS al Sistema Nacional de Salud (SNS), incorporando el gran campo de la formación y la investigación sobre sistemas y servicios sanitarios (planificación, gestión, evaluación, economía de la salud, etc.), y ampliando su ámbito docente a la función directiva de centros y servicios sanitarios, así como a la gestión clínica.

Posteriormente, dos cambios del entorno plantearon nuevos retos de adaptación a la ENS: la culminación de la transferencia del INSALUD a todas las comunidades autónomas en enero de 2002 y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan de Bolonia) implantado desde 2005.

La ENS respondió a estos desafíos a través de la innovación académica con el ensayo precoz de modelos de formación a distancia y formando alianzas con la Universidad de Alcalá y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (la relación de la ENS con UNED quedaba facilitada por estar ambas vinculadas a la Administración General del Estado). La vinculación con la UNED, iniciada en 1994, acabó fructificando con la creación en 2010 del Instituto Mixto de Investigación IMI-ENS, que actualmente imparte diversos másteres y expertos, desarrolla un programa de doctorado UNED-ENS y apoya líneas colaborativas de investigación.

A pesar de todo ello, la realidad es que la ENS está entrando en una crisis de viabilidad, ocasionada en lo inmediato por una progresiva y grave reducción de sus recursos humanos, pero cuyo problema de fondo está ligado al cuestionamiento implícito de la razón de ser y de los objetivos de una Escuela Nacional de Salud Pública incrustada en la Administración central cuya gestión sanitaria directa ha devenido muy residual.

Desde marzo de 2020 la COVID-19 puso a prueba a toda la sanidad española, y también a la ENS. La experiencia en formación no presencial ha servido para mantener abiertas las aulas virtuales, y se ha prestado todo el apoyo posible a investigaciones y docencia vinculadas a algunos programas del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia.

El problema de fondo, agudizado tras las transferencias finales de 2002, es la falta de comprensión del papel y de las capacidades que aportaría una potente ENS al fortalecimiento de la salud pública española y para el buen desempeño del SNS; tanto en la mirada interior (aprovechamiento de las experiencias de las comunidades autónomas para aprender unas de otras) como en la mirada exterior (tendiendo puentes con la comunidad latinoamericana y algunos países africanos para los que España y su sistema de salud son un claro referente).

La COVID-19ha mostrado la urgente necesidad que tiene España de contar con capital humano altamente capacitado en salud pública, epidemiología, promoción de la salud, política y gestión sanitaria3. Es importante señalar que este objetivo estratégico está explícitamente recogido en las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas por el Congreso4de los Diputados en julio de 2020.

La ENS, con sus 100 años de historia, constituye una oportunidad política e institucional de primer orden para que el Gobierno de España, sus autoridades sanitarias, científicas y universitarias pueden lanzar un proyecto ambicioso de refundación de la Escuela de Salud Pública que precisa nuestro país. Para este proyecto, estratégico para la sanidad española, se precisa la colaboración del Ministerio de Universidades a través de la UNED, del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto de Salud Carlos III, y del Ministerio de Sanidad, que ejercería la rectoría sanitaria y canalizaría recursos para formar expertos sanitarios y para dar respuesta a los problemas y retos de formación en salud pública, política y gestión sanitarias existentes en el SNS en colaboración con las comunidades autónomas. La colaboración de los tres ministerios garantizaría el necesario apoyo y el enfoque amplio de todas las dimensiones. Un nuevo marco organizativo con autonomía de gestión ayudaría a gestionar proyectos con mayor solvencia y adaptabilidad.

Para todo ello, una buena noticia es que los fondos europeos van a permitir renovar el edificio y las instalaciones de la ENS con unas obras que ya están en marcha y que podrían culminar antes del centenario de la ENS.

Otro dato positivo es que esta refundación universitaria de la ENS es relativamente modesta en los recursos financieros que precisa; se trata de una inversión selectiva en capital humano, así como en generar una arquitectura organizativa moderna y funcional. Con pocas semillas se obtendría una gran cosecha en un plazo relativamente breve.

Estamos en una de esas encrucijadas de las sendas históricas. Los responsables políticos e institucionales tienen ante sí la posibilidad de gobernar virtuosamente un componente importante de la crisis sanitaria de la COVID-19 dotando a España de la gran Escuela de Salud Pública que precisa, de modo que emerja una Escuela renovada, que siga fiel a sus compromisos seculares de excelencia científica y de servicios a la salud de nuestros ciudadanos.


sábado, 19 de diciembre de 2020

¿Pudimos hacerlo mejor? Y, sobretodo, ¿podemos hacerlo mejor? (*)

1.A 6 de diciembre de 2020 la pandemia por SARS-Cov-2, conocida como COVID-19, había contagiado a 66.561.559 personas y provocado la muerte de 1.529.134 de ellas (1). Además del daño a la salud y el sufrimiento de millones de familias, la pandemia ha causado un importante daño económico, debilitando la economía. La OCDE prevé un decrecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial de -4,18% en 2020 (2), con importante destrucción de empleo en muchos países. Un modesto virus ha puesto en jaque a la humanidad entera, recordándonos la vulnerabilidad de nuestra especie. El problema todavía no está superado y los países tratan de hacer frente con distintas medidas y con la respuesta de sus sistemas sanitarios. Los resultados de la gestión de la pandemia han variado, según las medidas adoptadas por los gobiernos. En este artículo planteo dos cuestiones: ¿pudimos hacerlo mejor en España y en la Unión Europea? Y, sobretodo, ¿podemos hacerlo mejor a partir de ahora?

 

Para evidenciar que las cosas se pueden hacer de formas distintas, mostraré los datos de dos países, España y Corea del Sur. Dos países con similar desarrollo económico y un volumen de población parecido. El número de personas afectadas y fallecidas por COVID-19 es significativamente menor en Corea del Sur que en España.

 

 

España

Corea del Sur

Población

46,9 millones

51,6 millones

PIB (2019, Banco Mundial)

29.671 $

31.761 $

Casos COVID-19 (a 6 Dic)

1.684.647

35.546

Fallecidos (a 6 Dic)

46.252

545

Previsión Variación anual PIB 2020 (OECD, Dic)

-11,63 %

-1,09 %

Datos de casos y de personas fallecidas tomados del Coronavirus Resource Center (1)

 

2.La pandemia en España, como en muchos otros países, ha presentado dos “olas”. El primer caso se confirmó el 31 de enero en La Gomera. A partir de ese momento fueron diagnosticándose más casos, hasta que el 14 de marzo el gobierno decretó el estado de alarma (RD 463/2020), que permitió establecer la unidad de mando y aplicar en toda España una medida clásica de salud pública frente a las epidemias, el confinamiento, tratando de reducir los contactos y los contagios. En la gestión de la respuesta a la primera ola podemos entender la dificultad para responder con eficacia a la nueva situación. Se puede criticar tardanza en la respuesta, pero no era fácil acertar exigiendo mayores restricciones cuando todavía no se conocía la gravedad de la pandemia. Debía ponderarse, por una parte, el riesgo para la salud y, por otra, la limitación de derechos fundamentales y el impacto inmediato del cierre de actividades sobre la economía. Hubo dificultades para comprar equipos de protección para los profesionales de los servicios sanitarios y de otros servicios esenciales. Se tuvieron que diseñar o actualizar y poner en marcha los planes de contingencia y protocolos en las diferentes instituciones. Hubo escasez de equipos de ventilación cuando se tuvieron que improvisar Unidades de Cuidados Intensivos adicionales. No se disponía de suficientes test para diagnóstico, PCR, test de antígenos, etc. Y tampoco había suficientes mascarillas para la población. Todos estos equipos y materiales tenían que importarse con no poca dificultad por el aumento de la demanda mundial. El esfuerzo de los profesionales sanitarios, trabajando en estas circunstancias, fue extraordinario.

 

La primera ola (considerando los datos desde el 10 de marzo hasta el 21 de mayo) provocó un balance desolador: 250.287 personas contagiadas por SARS-CoV-2, 90.087 ingresos hospitalarios y 7.691 ingresos en UCI (3). La sobremortalidad, respecto a la mortalidad esperada en ese periodo, fue de 44.599 personas (se incluyen aquí muertes por COVID y muertes por otras causas, como infartos, cáncer u otros procesos que no pudieron ser atendidos adecuadamente) (4). Los servicios de atención primaria y los hospitales se volcaron en la atención a los pacientes COVID, debiendo demorar la atención a los otros pacientes, salvo las urgencias. Poco a poco se fueron organizando los circuitos COVID y se fueron incorporando EPIs y test de diagnóstico. Los profesionales sanitarios fueron ensayando medicaciones, reduciendo síntomas y mortalidad. En los meses de mayo y junio, después del esfuerzo que supuso el confinamiento domiciliario, se consiguió que los nuevos contagios diarios estuvieran por debajo de 500.

 

3.Las mayores dudas en la gestión de la pandemia se refieren a la desescalada después de la primera ola. El 21 de junio terminó el estado de alarma, y no habíamos preparado adecuadamente la desescalada. El 9 de junio se aprobaron unas medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, mediante RDL 21/2020, y el 16 de julio el Consejo Interterritorial del SNS aprobó un Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, en la que se detallan muchas recomendaciones oportunas (5). Pero no se establecieron mecanismos para asegurar y controlar su cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas (CCAA). Las medidas de contención y supresión no se aplicaron de manera suficiente y homogénea, permitiendo una segunda ola de contagios, que llegaron hasta más de 20.000 nuevos casos diarios en octubre. El Gobierno de España aprobó un Fondo COVID, con 9.000 millones de euros para sanidad; esa cantidad es más que suficiente para contratar profesionales de atención primaria, salud pública, rastreadores, etc., y desarrollar todas las medidas necesarias; pero no se fijó el destino de esos fondos, con lo que cada CCAA los ha invertido en lo ha considerado conveniente.

 

La revista The Lancet publicó en septiembre un artículo donde se comparan las estrategias de diferentes países en la desescalada (6). La diferencia clave es un sistema eficaz de diagnóstico y aislamiento de casos, y búsqueda, rastreo y aislamiento de contactos, con sistemas de apoyo (alojamiento alternativo, ayuda económica, etc.) y de control (sistemas informáticos, apps, pulseras de localización, etc.), para asegurar el cumplimiento. Todo ello con la coordinación de salud pública y un potente sistema de información y monitorización. Además, es clave la implicación y compromiso de la ciudadanía, facilitadas por una información clara, rigurosa y coherente, que genera confianza. En España, como en la mayoría de países europeos y en EEUU, se optó por una estrategia de contención y “mitigación”, para evitar el colapso hospitalario, frente a la estrategia de “supresión” (COVID cero), que adoptaron países como Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Nueva Zelanda, o Vietnam, que obtuvieron mejores resultados (7). En nuestro país se añadió, en esta segunda etapa, la falta de coherencia en las mediadas adoptadas por algunas CCAA, llevando a contradicciones y falta de eficacia en sus decisiones (8). Como consecuencia, en la segunda ola, hasta el 6 de diciembre, se registraron 1.434.360 casos, 5,7 veces más que en la primera ola. El número de personas ingresadas en hospitales fue algo mayor, 103.875. Lo mismo ocurre con el número de personas ingresadas en UCI, que fueron 8.882. En cuanto a la sobremortalidad, en este periodo fallecieron 23.883 personas más que las esperadas para esas mismas semanas en otros años. 

 

¿Podían haberse evitado esas muertes y el sufrimiento de las personas afectadas?  

Seguramente la segunda ola de la pandemia se podría haber evitado, y la tercera ola se debería evitar. El sistema sanitario se va desgastando progresivamente y no se le está reforzando de la forma debida, y los profesionales sanitarios no aguantan mucho más. La ciudadanía también va sufriendo el desgaste y el impacto económico negativo.

Por eso, a mi juicio, el Gobierno de España y los de las CCAA deberían adoptar una estrategia de “supresión”, reduciendo los contagios drásticamente mediante un confinamiento riguroso, durante el tiempo suficiente y, entretanto, asegurar la capacidad para identificar, trazar y cortar las cadenas de transmisión, así como disponer de medidas de apoyo social y económico. Al mismo tiempo se debe completar un sistema de información sólido, así como un mecanismo más eficaz de coordinación para adoptar medidas ejecutivas homogéneas, garantizando también que los mensajes hacia la población sean coherentes y confiables. Hacen falta, además, mecanismos de control y sanción más eficaces, que se deben combinar con la asignación de fondos finalistas para dotar los recursos precisos y lograr dotaciones adecuadas de plantilla de atención primaria, salud pública, rastreadores, UCIs, etc.

 

4.Otro aspecto importante en la respuesta a la pandemia es el de las vacunas y los medicamentos frente a la COVID-19. La Unión Europea (UE), no apoyó la propuesta que planteaban muchas organizaciones de la sociedad civil, ex jefes de estado y premios nobel, pidiendo que las tecnologías frente a la COVID estuvieran libres de patente. La Organización Mundial de la Salud sí impulsó un mecanismo, el C-TAP, para reunir todas las tecnologías, vacunas, medicamentos, equipos, etc., frente a la COVID, pero no tuvo respuesta positiva. En cambio, la UE y los países miembros, apostaron por actuar en el marco de las patentes y realizar compra anticipada de vacunas y compra de medicamentos a precios abusivos (9). Así, la UE compró medio millón de tratamientos de remdesivir, a 2.000 euros por tratamiento, siendo su coste real de fabricación menor de 10 euros. Un producto que, además, según el ensayo clínico multi-céntrico Solidarity de la OMS, no es eficaz frente a la COVID y puede tener efectos secundarios importantes. Por otro lado, la UE ha hecho compra anticipada de 1.500 millones de dosis de vacunas, mientras, debido a los monopolios de las patentes, millones de personas en el mundo no podrán acceder a ellas. El precio lo fijarán las empresas, aunque gran parte de la investigación se haya realizado con fondos públicos. La asignación del orden de distribución entre países también lo harán las empresas, y la cantidad total y ritmo de fabricación estará, asimismo, en sus manos, creando cuellos de botella. En una situación de pandemia esta política farmacéutica es inmoral e ineficaz. Pero también es insegura. El proceso acelerado de aprobación de estas vacunas deja no pocas dudas sobre su efectividad y seguridad. Y no ayuda a calmar la desconfianza el hecho de que las empresas hayan exigido a los gobiernos que, si hay reclamaciones por efectos secundarios, las pagarán los países. Quizá por esta desconfianza más del 40% de la población española dice que no se vacunará inmediatamente frente a la COVID (10). Todavía es momento de rectificar esta política en relación con las vacunas y los medicamentos. En este sentido, una Iniciativa Ciudadana Europea, lanzada el 30 de noviembre, pretende lograr que la UE modifique su política farmacéutica para favorecer el acceso a vacunas y medicamentos seguros, eficaces y a precios justos, para todos, en todo el mundo (11).

 

5.En definitiva, tanto en España como en la Unión Europea, podemos y debemos hacerlo mejor en los próximos meses, adoptando una estrategia de “supresión” de la transmisión del SARS-CoV-2, e impulsando una política de vacunas y medicamentos como bienes públicos y sin monopolios. Merece la pena el cambio de enfoque, no solo para esta pandemia sino para otros problemas sanitarios globales que vendrán.


(*) Artículo publicado en Fundación Quaes, 18/12/2020

 

(1)   Johns Hopkins University. Coronavirus Resource Center.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

(2)   OECD, STAT. Economic Outlook nº108, December 2020

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO

(3)   Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Informe sobre la situación de COVID-19 en España. Nº32, 21 mayo 2020.

(4)   Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Exceso de  mortalidad por todas las causas. Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria MoMo

https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

(5)   Ministerio de Sanidad. Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, 13 julio 2020

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/13.07130720131534059.pdf

(6)   Han E et al. Lessons learnt form easing COVID-19 restrictions: an analysis of  countries and regions in Asia Pacific and Europe. The Lancet, 7 Nov 2020

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32007-9/fulltext

(7)   Llupià A et al. ¿Qué es una estrategia de COVID Cero y cómo puede ayudar a minimizar el impacto de la pandemia? ISGlobal 27 Nov 2020

https://www.isglobal.org/-/-que-es-una-estrategia-de-covid-cero-y-como-puede-ayudarnos-a-minimizar-el-impacto-de-la-pandemia-

(8)   Observatorio Actuar Covid. Quinto Informe, 24-30 Nov 2020

https://actuarcovid.com/2020/11/10/observar-para-actuar-observatorio-covid-2/

(9)   Lamata F. Vacunas para todos o ¿sálvese quien pueda?. Blogspot.com 8 Ago 2020

https://fernandolamata.blogspot.com/2020/08/vacuna-para-todos-o-salvese-quien-pueda.html

(10)                 Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Octubre 2020. Estudio 3296. http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf

(11)                 Iniciativa Ciudadana Europea Rigth2Cure

            https://noprofitonpandemic.eu/es/

viernes, 1 de diciembre de 2017

La OMS insiste en desvincular los precios de los medicamentos y la financiación de la Investigación.

El Panel de Expertos de la OMS encargado de la revisión del Programa de la “Estrategia Global y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual”, ha propuesto una serie de Acciones Prioritarias que son recogidas en un Informe del Director General de la OMS al 142 Comité Ejecutivo de los días 22-27 de Noviembre.

El Panel recomienda a los países miembros y al Secretariado de la OMS, entre otras, las siguientes acciones prioritarias para 2018-2022:

Desarollar modelos que separen parcial o totalmente los precios de los medicamentos de los costes de la investigación y el desarrollo. (Indicador: Estos nuevos esquemas deberían estar aprobados e implementados para 2022).

Promover transparencia en los costes de investigación.

Promover la transparencia en los precios de los medicamentos, y en las formas de aplicación de políticas de precios y financiación pública.

Monitorizar el gasto de bolsillo de los pacientes (como serían en el caso de copagos, medicamentos no financiados, etc.).

Promover investigación abierta; colaboración y coordinación en investigación y desarrollo; intercambio de información; reforzar la capacidad nacional para el desarrollo de ensayos clínicos; difundir los resultados.

Impulsar el desarrollo de legislación nacional que reconozca y refleje plenamente las flexibilidades previstas en el acuerdo sobre los ADPIC (como son la cláusula Bolar o las licencias obligatorias).

Desarrollar y compartir buenas prácticas en evaluación y selección de productos sanitarios. Apoyar la colaboración entre países.

Promover buenas prácticas para mejorar los procedimientos de compra y suministro, incluyendo la compra conjunta.

Etc.

...

Ver texto completo de las Recomendaciones en:


jueves, 2 de marzo de 2017

Prevenir el suicidio sigue siendo una prioridad de la salud pública.

Cada vida perdida por un suicidio “son demasiadas” (Margaret Chan). Por eso el que 3.602 personas (10 cada día) se quitaran la vida en 2015 es una tragedia. Las instituciones, los profesionales sanitarios y el conjunto de la sociedad debemos seguir trabajando para prevenir el suicidio y reducir así estas muertes evitables.



Sin embargo, los datos de la estadística sobre Defunciones según causa de muerte del INE (1), publicada el pasado 27/2/2017, muestran un aspecto esperanzador. Después de 3 años consecutivos de aumento del número de suicidios en España en 2015 disminuyó un 7,9%. Es una buena noticia, aunque queda mucho por hacer.

Recordemos que, en la presentación del documento “Prevención del Suicidio, un imperativo global” (WHO 2014), se decía: “El impacto en las familias, amigos y comunidades, es devastador y perdura mucho después de que la persona querida decidiera acabar con su propia vida”. En este documento, así como en el Plan de Acción sobre salud mental 2013-2015, la Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a situar la prevención del suicidio como una prioridad.

En el documento de la OMS citado, se presentan las siguientes conclusiones:

-Los suicidios se cobran un precio demasiado alto.
-Los suicidios se pueden prevenir.
-Se debe limitar en lo posible el acceso a medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas, etc.)
-Los servicios sanitarios tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente principal de sus actuaciones. Son indispensables la identificación temprana del riesgo y la atención necesaria adecuada.
-El refuerzo del papel de la comunidad en la lucha con el estigma y en el apoyo y acompañamiento a las personas en situación de riesgo son claves.

Es importante que en España el Ministerio de Sanidad y todos las Consejerías de Salud consideren la prevención del suicidio como una prioridad de la salud pública. Aunque la tasa haya descendido en 2015 cada suicidio que se podía haber evitado debe ser un acicate para que las personas que lideran estos programas sigan impulsando acciones que reduzcan cada vez más este fatal riesgo.



jueves, 22 de septiembre de 2016

El Informe de Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos desata la polémica


El pasado 14 de septiembre se publicó el Informe del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a los Medicamentos, del Secretario General de Naciones Unidas. Un paso en la buena dirección para intentar resolver el problema de millones de personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan, y ven cómo se viola sistemáticamente su derecho a la salud. http://www.unsgaccessmeds.org/final-report

Este Panel, formado por 15 eminentes expertos en derechos humanos, aspectos legales, económicos, comerciales y de salud pública en relación con los medicamentos y la innovación, se constituyó en Noviembre de 2015 co-presidido por Ruth Dreifuss y Festus Mogae. En estos meses han llevado a cabo consultas públicas y han recibido numerosas contribuciones.

El Informe ha sido recibido con satisfacción por las Organizaciones No Gubernamentales que denuncian la falta de acceso a los medicamentos ( como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Health Action International, Drug for Neglected Diseases initiative, Knowledge Ecology International…), pero ha obtenido el rotundo rechazo de los representantes de la industria farmacéutica y de la representación de los EEUU.

En palabras de James Love, de Knowledge Ecology Internationa, “la recomendación más importante de los expertos de Naciones Unidas es la separación del coste de la I+D de los precios de los medicamentos (“delinkage”). La coherencia política requiere garantizar la innovación y el acceso al mismo tiempo”. Es decir, cambiar el sistema de patentes de medicamentos por el que se financia la I+D vía precios por un Convenio Internacional sobre I+D de medicamentos que fomente la investigación y garantice el acceso.

También para Oxfam el Informe es muy importante. Winnie Byanyima afirma: “El acceso a los medicamentos no es solo un problema de los países pobres. Los altos precios de los medicamentos están afectando a los sistemas sanitarios de todo el mundo. Millones de personas están sufriendo y muriendo porque las medicinas que necesitan son demasiado caras. La ONU debe trabajar con los gobiernos para asegurar que las recomendaciones del Informe se llevan a cabo”.

En cambio, “EEUU muestra su decepción por los fallos fundamentales del Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos”. Para los EEUU no hay incoherencia entre los derechos humanos, las patentes y el comercio. Están convencidos de que las patentes y el comercio son quienes estimulan la investigación y el acceso a los medicamentos. “Llevar adelante las recomendaciones del Panel tendría consecuencias negativas”.

Por su parte la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) opina que el informe del Panel es una oportunidad perdida para abordar de verdad las necesidades de los pacientes.
http://www.ifpma.org/resource-centre/biopharmaceutical-industry-calls-the-recommendations-of-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-a-missed-opportunity-to-genuinely-address-patients-needs/

En el mismo sentido, “la Cámara de Comercio de los Estados Unidos  condena el Informe de Naciones Unidas que ataca a las patentes”.

Desgraciadamente, la evidencia muestra que el actual modelo de patentes, y su abuso sistemático con precios muy por encima de lo que costó la investigación, no está permitiendo que millones de personas accedan a los medicamentos que necesitan, aunque sí está generando importantes ganancias a grandes corporaciones y sus ejecutivos. Cada día mueren miles de personas en el mundo por esta causa. Se podría decir sin exagerar que las patentes matan. Por eso son bienvenidas las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas

A continuación recogemos algunas de las Recomendaciones del Informe.

- Preocupado por el efecto negativo que algunos acuerdos comerciales hayan podido tener en la capacidad de los gobiernos para mejorar el acceso a los medicamentos (disposiciones ADPIC-plus que refuerzan las patentes) el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas para el acceso a los medicamentos pide a los Gobiernos que velen para que en cualquier tratado comercial no se incluya ninguna cláusula que interfiera con sus obligaciones para garantizar el derecho a la salud. Como un primer paso, los acuerdos comerciales deberían incorporar una evaluación de impacto en salud pública, elaborada de forma transparente y puesta a disposición del público. [¡advertencia para el TTIP]

- Los Gobiernos deben revisar la situación de acceso a las tecnologías sanitarias en sus países a la luz de los principios de los Derechos Humanos y de las obligaciones de los Estados para garantizarlos, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras relevantes entidades de Naciones Unidas. El resultado de estas evaluaciones debería estar disponible para el público. La sociedad civil debería recibir apoyo económico para remitir sus propios informes en relación con la innovación y el acceso a las tecnologías de salud. Estos análisis nacionales deberían repetirse regularmente.

- Los Gobiernos deberían exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías sanitarias que facilitaran a las autoridades reguladoras y a las responsables de las adquisiciones, información relativa a: (1) los costes de I+D, producción, marketing y distribución de las tecnologías sanitarias a las que se ha dado autorización y se vayan a comprar; y (2) fondos públicos recibidos en el desarrollo de la tecnología sanitaria, incluyendo exenciones de impuestos, subsidios u otra forma de financiación.

- Los Gobiernos deben adoptar e implementar legislación que facilite aprobación de Licencias Obligatorias. Esa legislación debe ser diseñada para aplicar las Licencias Obligatorias por necesidades de salud pública de forma rápida, justa y predecible, particularmente en relación con medicamentos esenciales.

- El Secretario General de Naciones Unidas debería iniciar un proceso para que los gobiernos negocien acuerdos globales sobre la coordinación, financiación y desarrollo de tecnologías sanitarias. Esto incluye negociaciones para un Convenio Internacional vinculante sobre I+D que separe los costes de la investigación y desarrollo de los precios finales, y promueva acceso a la salud para todos.