Se dice una y otra vez que como no hay dinero, tenemos que recortar la sanidad. Y se añade a continuación que, como hay menos dinero, se tiene que privatizar la gestión de lo que quede para ser más eficientes. A fuerza de repetirlo llega a parecer que es verdad, que es inevitable.
Sin embargo no es cierto que no haya dinero (se va para otro lado), y no es cierto que la gestión privada sea más eficiente (ver post anteriores).
Analicemos primero la cuestión de la falta
de financiación.
Es cierto que la crisis económica, iniciada en 2007 por las hipotecas basura, provocó
una caída de los ingresos fiscales, agravada por un sistema fiscal frágil y por el aumento del fraude fiscal.
Para evitar los recortes es preciso que el Gobierno de España adopte medidas contundentes para aumentar los ingresos públicos, teniendo en cuenta que la diferencia con la UE es de 9 puntos de PIB, es decir 90.000 millones de euros, más que suficiente para eliminar el déficit público y financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Y es preciso también que la UE regule el sistema financiero con más fuerza para evitar los ataques especulativos que provocan el aumento el coste de los intereses (más de 30.000 millones de euros en 2013) y acepte un periodo más prolongado para la reducción del déficit público. Esto no es imposible.
En cambio, lo que ya es un hecho es que los drásticos recortes impuestos por el Gobierno de España y varios gobiernos autonómicos están provocando un daño severo, quizá irreversible, a las políticas sociales (sanidad, educación, dependencia, pensiones), así como al empleo y los salarios. Veamos algunos datos.
El Gasto Sanitario Público en 2010 fue de
74.732 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad.
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/SCSdatosEstadisticos.xls
En 2011 y 2012, con las medidas adoptadas por
los diferentes Gobiernos, se ha recortado ya el gasto sanitario público en torno a 11.000 millones. En 2013, con las medidas anunciadas, se
recortarían otros 4.000 millones. En tres años se habrán recortado 15.000
millones de la sanidad pública, con una reducción respecto al gasto sanitario de
2010 de un 21%. Un verdadero hachazo. Con una reducción de personal sanitario entre 2010 y 2013 de
60.000 personas en el SNS (disminución de más de 10.000 médicos, más
de 14.000 enfermeras, etc.). Con una reducción de salarios del 15%. Con una
reducción de inversiones y del mantenimiento de los centros sanitarios muy importante. Con una reducción de cobertura de
población atendida (mayores de 26 años sin empleo, inmigrantes sin empleo, 2
millones de personas). Con una reducción de financiación pública de
medicamentos y con la introducción de copagos a los pensionistas y el aumento
de copagos a toda la población. Y ahora se quiere continuar privatizando la gestión y debilitando más el SNS.
¿Era necesario? ¿De verdad no había dinero?
¿O se ha ido hacia otro sitio?
En este Post quiero llamar la atención sobre tres agujeros por los que
se ha ido y se sigue yendo el dinero que podía ir a sanidad. Si se cerraran esos agujeros, esos trasvases, habría dinero más que suficiente para mantener y recuperar la calidad y la cobertura de la atención sanitaria pública. Cerrarlos está en la mano del Gobierno.
Fraude Fiscal.
Es prioritaria la lucha contra el fraude fiscal.
El
Fraude Fiscal es un enorme agujero por donde se va el dinero. Si todos pagaran los impuestos como cualquier trabajador, lo cual parece de justicia, no habría que recortar. Carlos
Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) nos recuerda que la
economía sumergida se estima en 250.000 millones de euros, y el fraude fiscal
en 88.000 millones de euros.
http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2011/reducir-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.pdf
Con datos correspondientes a 2009 el informe del Tax
Research UK estimaba el fraude fiscal español en 72.700
millones de euros.
Según GESTHA es difícil lograr el 0% del
fraude a corto plazo, pero se puede aspirar a reducir a la mitad, en proporción similar a
países de nuestro entorno. Es decir, se podrían recaudar 38.000 millones de
euros más al año. Si se hubiera hecho este esfuerzo, según las recomendaciones
de estos profesionales, no habría hecho falta recortar la sanidad con el
argumento de que no hay dinero, porque el volumen de los impuestos que no se pagan supera con al gasto sanitario público.
Impuesto de Sociedades.
Es fundamental que las grandes empresas, las multinacionales y las grandes fortunas paguen en la misma proporción que los trabajadores y las clases medias. Pero mientras entre 2006 y 2011 los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones sociales han mantenido el volumen de ingresos, los
ingresos por los impuestos de sociedades han caído en 28.300 millones de
euros.
Si se recuperara parte de esa caída, con
reformas fiscales que obligaran a pagar a todas las empresas en proporción
similar a como lo hacen los trabajadores, podríamos ingresar entre 15.000 y
20.000 millones de euros anuales más, con el actual nivel de actividad
económica.
Recordemos que esa cantidad que no se está
pagando, por trato fiscal favorable, es superior a los recortes que se han
hecho y se van a hacer en sanidad (15.000 millones de euros), argumentando que no hay dinero.
Ayudas a los bancos
Si hemos visto dos agujeros enormes en los
ingresos, también hay un agujero enorme en los gastos.
Si contamos las ayudas concedidas hasta hoy, el Estado, es decir los contribuyentes, han dado a las Instituciones Financieras más de 200.000 millones de euros.
Estas ayudas suponen tres veces el gasto
sanitario público anual. De esas ayudas más de la mitad se estima que serán incobrables y las
deberemos pagar los contribuyentes.
Pero se sigue diciendo que no hay dinero.
Y cuando se plantea que, mientras se recuperan los ingresos con la reforma fiscal necesaria y la lucha efectiva
contra el fraude, deberíamos mantener un endeudamiento prudente para mantener los gastos de la sanidad, y para invertir en educación, en investigación y en la economía productiva, se nos dice que no se puede.
La respuesta, una y otra vez, es que es imposible pedir más
dinero prestado. España no se puede endeudar más.
Sin embargo, dicho eso, el Gobierno de España ha firmado la petición de créditos a la Unión Europea, por valor de 39.468 millones
de euros, para dar más ayudas a los bancos que han tenido que nacionalizarse y para el llamado "banco malo" que se quedará con los activos "tóxicos" de los demás bancos. Más de la mitad de ese préstamo lo tendremos que devolver los contribuyentes.
Esas ayudas son muy superiores a los nuevos
recortes que se aplicarán a la sanidad en 2013. ¿Para los bancos sí se puede,
para la sanidad no se puede? ¿No parece razonable hacer una distribución del esfuerzo que tenga en cuenta las políticas sociales y la economía real, además de la recuperación del sistema financiero? ¿Se quiere "salvar" a bancos quebrados a costa de quebrar la sanidad?
... Sí que hay dinero. Con el nivel
de renta de España podemos financiar una sanidad pública con un 7-8% del PIB.
Lo que pasa es que en los últimos años el dinero se está derivando a las
rentas del capital, a los
grandes patrimonios, en detrimento de las clases medias y los trabajadores. El
recorte de 15.000 millones de euros a la sanidad ya está deteriorando y va a deteriorar más la calidad de
la asistencia y a empeorar la atención sanitaria a miles de personas, sobretodo de las más enfermas y las que tienen menos recursos.
La privatización de la gestión con
financiación pública.
En otros post de este Blog ya he comentado que la gestión privada de la sanidad pública, en general, es menos eficiente, más cara, porque tiene que obtener un beneficio para los inversores. Esta es la segunda cuestión que está sobre la mesa. Además de los recortes en financiación y
el aumento de los copagos, se plantean otras reformas que agravan más el problema.
Del dinero público destinado a la sanidad, se
quiere pasar a la gestión privada un mayor porcentaje. Al derivar esos recursos
a empresas movidas por el ánimo de lucro, se genera un nuevo factor de pérdida
de calidad. Para obtener sus beneficios deberán reducir las prestaciones
(profesionales, tiempo de atención, etc.), o aumentar los costes para el
Estado, deteriorando el resto de los servicios y las instalaciones, debilitando lo que ha sido hasta ahora un gran Sistema Nacional de Salud.
Si la razón de querer privatizar la gestión
sanitaria es que no hay dinero (cosa que ya hemos visto que no es verdad), se va
justo en la dirección contraria de la solución, se agrava el problema. Esta
fórmula solo genera un beneficio claro, el de los gestores y los inversores privados.
La mejora continuada de la gestión. Eficiencia
y responsabilidad.
El hecho de que exijamos una financiación suficiente para la sanidad no significa que no haya que corregir defectos y aumentar la eficacia, la seguridad y la eficiencia a todos los niveles.
Desde luego, en cualquier circunstancia y con
cualquier nivel de gasto sanitario, se debe mejorar permanentemente la gestión de los servicios públicos. Para ello se debe trabajar con los profesionales sanitarios y
con las asociaciones de pacientes. La mejora de las indicaciones, la
responsabilidad en la utilización de los servicios, la continuidad de cuidados,
la integración de servicios sociales y sanitarios, la atención primaria, la
prevención y la promoción de la salud, la formación y la investigación, son
caminos que no se agotan y que pueden obtener más valor para el esfuerzo
invertido.
A río revuelto ganancia de pescadores
A veces da la impresión de que hay quien quiere aprovechar la crisis económica para introducir modificaciones irreversibles en la Sanidad Pública, reduciendo cobertura, prestaciones, plantillas y programas de formación e investigación, que afectan a la calidad de la atención, como si se quisiera dejar una medicina de beneficencia para los más pobres y fomentar la cobertura privada para los demás.
Es preciso, y es posible, un cambio de enfoque en la acción de los Gobiernos para defender la sanidad pública y las políticas sociales (sanidad,
educación, servicios sociales, pensiones), cerrando los agujeros por los que se van los ingresos públicos (que son de todos), invirtiendo en la
economía productiva, exigiendo a todos el mismo esfuerzo, y recuperando el
equilibrio entre las clases medias y los trabajadores por un lado, y los grandes patrimonios y las entidades financieras por el otro lado, que se ha roto de forma dramática a
favor de los segundos.
