Una buena salud mental: ¿Cómo? y ¿con qué?

(artículo publicado en elDiario.es 5/1/2022)

Cualquiera de nosotros ha vivido, en sí mismo, en un familiar o en un amigo querido, un problema severo de salud mental. Al decir severo quiero decir que nos ha producido sufrimiento indecible y nos ha dificultado el desarrollo de nuestra vida, en el ámbito familiar, escolar, laboral o social. A veces nos ha dejado tirados, sin fuerza para seguir adelante, sintiendo incomprensión y desesperanza: una depresión que vino sin saber cómo; una obsesión que no nos deja vivir; percepciones alteradas que nos hacen oír voces en nuestra mente y nos confunden haciéndonos dudar de la realidad; trastornos de la alimentación que ponen en riesgo nuestra vida… 

Los problemas de salud mental suponen el 15% de la “carga de enfermedad” total de la población (años de vida vividos con discapacidad). Las causas y los procesos que generan estos trastornos son muy complejos. A veces, uno mismo puede tratar de salir adelante por sí mismo. Pero muchas otras es necesaria ayuda profesional. Hasta mediados del siglo XX se pensaba que estos problemas eran incomprensibles e irresolubles. Hoy sabemos que, con los apoyos apropiados, la inmensa mayoría de las personas con problemas severos de salud mental pueden lograr una recuperación completa. Por eso es inaceptable que, en un país con el desarrollo económico de España, miles de personas no puedan contar con esos apoyos. Por ejemplo, no es admisible que, cuando se pide cita con un especialista en salud mental, la espera supere el mes o los dos meses. En ese tiempo el problema se agrava, aumenta el estigma y se hace más difícil de superar. 

¿Qué condiciones y apoyos considero adecuados para disfrutar de una buena salud mental? Poder vivir en un entorno saludable, en una familia acogedora; poder estudiar y, más tarde, lograr un empleo y llevar una vida independiente, con mi familia, amigos y vecinos, aceptándome como soy, disfrutando de las pequeñas cosas, compartiendo y contribuyendo al desarrollo de la comunidad, queriendo y sintiéndome querido. 

Que, si aparecen problemas de salud mental (depresión, voces, ansiedad, etc.), poder expresar mi dificultad y pedir ayuda a la familia y amigos; que en los servicios de Atención Primaria puedan escucharme, valorar mi problema, orientarme; que, si necesito servicios de salud mental, haya un acceso rápido (menos de una semana) a un equipo de salud mental multidisciplinar, asertivo, con enfoque comunitario, que disponga de tiempo para valorar mi situación y, si procede, diseñar conmigo un plan individualizado de atención. Que estos apoyos incluyan psicoterapia, acompañamiento con asistente personal o persona con experiencia propia, apoyo a la familia y atención domiciliaria, acceso telefónico ágil, etc. En caso necesario, medicación. 

Si fuera preciso, tener acceso a otros programas o unidades sociales (centro de día, hospital de día, vivienda de respiro, apoyo para vivienda habitual, orientación y apoyo laboral y educativo, hospitalización, etc.). Que, en todo momento, se respetasen mis derechos humanos, mi participación en las decisiones, mis preferencias y consentimiento previo, buscando una recuperación activa en la comunidad, aprendiendo a gestionar mis molestias, con autonomía, sintiéndome parte de la sociedad y de la vida, con esperanza y con sentido. 

Es decir, una atención centrada en la persona, respetando los derechos humanos y con un enfoque de recuperación, como propone la OMS en su Guía en Servicios de Salud Mental comunitarios y como se planteaba ya en España en el documento para la Reforma Psiquiátrica de 1985, en la Ley General de Sanidad de 1986, y en los planes de salud mental de aquellas comunidades autónomas que impulsaron este enfoque de atención hasta la crisis financiera de 2009. Entonces, los recortes en servicios públicos y en sanidad afectaron gravemente a los recursos para la salud mental. Y, paralelamente, la falta de medios facilitó una regresión en el enfoque de la atención: del enfoque integrado en la comunidad se pasó al enfoque centrado en el hospital; de los apoyos psicológicos y sociales, al enfoque farmacológico y a la contención mecánica. 

En efecto, en España se destina a salud mental solamente un 5% del gasto sanitario total, unos 4.000 millones de euros anuales, (cuando, como veíamos, la carga de enfermedad es el 15% del total). Y, de ese gasto, el 44% se destina a hospitales, el 42% a medicación y solo un 14% a servicios comunitarios. La disponibilidad de profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.) es menos de la mitad de la media europea. Los recursos sociales (apoyos para empleo, vivienda, integración social), que se recortaron en la crisis financiera, no se han recuperado y son muy insuficientes. 

Como consecuencia de esta falta de recursos y esta regresión en el enfoque, la calidad de los servicios de salud mental en España se ha deteriorado, siendo muy inferior a la de otros países europeos, como muestra el Mental Health Index. La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo Interterritorial del SNS, trata de volver al enfoque comunitario, centrado en la persona y basado en los derechos humanos. La Estrategia va en la buena dirección respecto al “cómo”, sin embargo, se echan en falta dos cuestiones importantes: la definición de objetivos mensurables y, sobre todo, la cuantificación y previsión de los recursos adicionales para los próximos cuatro años para poder recuperar y consolidar unos buenos servicios de salud mental: se prevén 30 millones de euros anuales frente a los más de 4.000 millones precisos. 

Aquí está el principal escollo. Sabemos “cómo” se deberían hacer las cosas, pero nos falta el “con qué”. Los recursos. Como vimos, del gasto sanitario público total, destinamos solo un 5% a salud mental, mientras Alemania destina el 11%, Suecia el 10%, Reino Unido el 9,5% y Holanda el 8,8%. Si destináramos el 10% del gasto sanitario público a salud mental dispondríamos de otros 4.000 millones anuales. Por otro lado, ese aumento de recursos se debería orientar no a hospitales o a medicamentos, sino a la salud mental comunitaria, que pasaría a suponer un 70% del total de gasto en salud mental. Se preguntarán: pero ¿de qué otras partidas de sanidad se reduce el gasto? Pues, por ejemplo, reduciendo los precios abusivos de los medicamentos se ahorrarían 8.000 millones anuales, como mostramos en nuestro documento para la Fundación Alternativas.

Además, en España disponemos de menos gasto sanitario público en relación con nuestra renta que en la Euroárea-15, un 6,5% del PIB frente a un 8,3%. Esa diferencia supone casi 20.000 millones de euros menos, de los cuales el 10% debería ir a salud mental. ¿Podemos permitirnos ese gasto? Si los ingresos fiscales fueran similares a los de otros países europeos, en proporción a nuestra renta, desde luego que sí. En efecto, la diferencia de ingresos fiscales con la Euroárea era de 7 puntos en 2019, equivalente a 87.500 millones de euros, más que suficiente para financiar las necesidades de dotación en salud mental y sanidad en general. No se trata de cobrar más impuestos a las rentas medias y bajas, sino de cobrar impuestos justos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones y evitar el fraude fiscal.

En los últimos dos años, la pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente sobre la salud mental y ha tensionado más todavía a los profesionales de unos servicios sanitarios infradotados. Así, vimos que en 2020 aumentó el número de suicidios un 7,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar 3.941 fallecidos. Cada estadística son personas y familias que sufren. Dolor innecesario y muertes que, en muchos casos, podían haberse evitado. Con los recursos adecuados orientados a la salud mental comunitaria, la atención podría ser excelente, en tiempo y en calidad, apoyando la recuperación completa de las personas. Pero, por falta de atención adecuada, muchas personas con problemas de salud mental ven limitada su autonomía, su posibilidad de trabajar y de formar una familia independiente, o se convierten en “sin techo” que viven en la indigencia. Hoy sabemos “cómo” recuperar una buena salud mental. Pero necesitamos cuadrar el “con qué”. Los gobiernos y la ciudadanía saben que es posible. Solo falta voluntad política y un fuerte respaldo social.

 

 Texto del editorial sobre vacunas COVID en la revista de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento

https://accesojustomedicamento.org/vacunas-covid-19-exito-o-fracaso-exito-y-fracaso-al-mismo-tiempo/

Vacunas COVID-19. ¿Éxito o fracaso? Éxito y fracaso al mismo tiempo

27 octubre, 2021

AUTORES:

Fernando Lamata Cotanda, presidente del Comité editorial de la revista AJM.

Serapio Severiano Peña, editor del número monográfico.

EDITORIAL. Revista Nº 6 de Octubre 2021

En la edición de los Premios Princesa de Asturias de 2021 se ha galardonado con el Premio de Investigación Científica y Técnica a siete científicos, de diversos países, que lograron desarrollar con rapidez varias vacunas contra el SARS-CoV-2. Estas personas representan el esfuerzo de miles de investigadores que, a lo largo de los años, han ido creando conocimiento, tanto en la secuenciación del genoma, como en el diseño de plataformas para crear diferentes tipos de vacunas. El hecho admirable de haber podido disponer de vacunas en menos de un año desde que se declaró la pandemia, tiene que ver con esa infraestructura previa para la investigación, con las instalaciones y personal cualificado de los laboratorios y empresas y, sobre todo en este caso, con las inversiones públicas mil millonarias realizadas por los gobiernos. Según estimaciones de Global Health Center, hasta julio de 2021 la inversión pública directa en investigación para la COVID-19 ascendió a cerca de 6.000 millones de dólares y, a través de compras anticipadas de los productos para acelerar su desarrollo y fabricación, a más de 50.000 millones de dólares. Disponer de las vacunas en tan poco tiempo es, sin duda, un enorme éxito de la humanidad.

Ahora bien, una vez disponibles las diferentes vacunas, el reto para detener la pandemia era hacerlas accesibles a todo el mundo. Según los datos de vacunación frente a la COVID-19 proporcionados por “Our World in Data” , a 12 de octubre de 2021, “el 47,5% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se habían administrado en todo el mundo un total 6.540 millones de dosis, y diariamente se administran 22,45 millones. Sin embargo, solamente el 2,5% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis”. Mientras tanto, en la Unión Europea hemos podido vacunar con dos dosis al 65% de la población. Esta desigualdad en el acceso es injustificable. Según el Dr. Tedros, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una catástrofe moral para la humanidad, un gran fracaso.

Durante la pandemia toda la humanidad ha vivido simultáneamente el mismo problema. Todos hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de una respuesta global. La solidaridad mostrada por profesionales sanitarios, trabajadoras de servicios esenciales, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas, personas de toda condición, en todo el mundo, ha sido r e c o n f o r t a n t e ; l o m i s m o q u e e l comportamiento de la ciudadanía. Así mismo, las políticas públicas, que permiten financiar con el esfuerzo de todos unos sistemas públicos de salud, han posibilitado poder administrar las vacunas en tiempo récord, allí donde estaban disponibles. Dentro de nuestros países, todas y todos hemos apoyado una vacunación con dinero público para todas las personas, y hemos acatado el turno que nos correspondía, independientemente de nuestro nivel de renta. Hemos visto también que la Unión Europea (UE) ha mostrado la solidaridad de su ciudadanía con personas de otros países de la UE, al comprar conjuntamente las vacunas y distribuirlas en función de población de cada país de la Unión, estableciendo prioridades para vacunar primero a las personas con mayor riesgo. Todo esto es muy positivo. Sin embargo, los gobiernos europeos no han sido capaces, junto con los de otros países del mundo, de hacer lo mismo a escala global.

En efecto, para que a finales de septiembre se hubiera podido vacunar en todo el mundo al mismo porcentaje de población que en la UE (65%), se deberían haber fabricado y administrado más de 50 millones de dosis diarias, y se deberían haber vendido a precio de coste, con un beneficio industrial moderado. Para ello, los gobiernos de EEUU y de la UE, que han financiado con dinero público el 90% de los costes de investigación y desarrollo de las nuevas vacunas, deberían haber exigido a las empresas a las que subvencionaban que las vacunas estuvieran libres de monopolio, con licencias no exclusivas, y con el compromiso de, 1º, transferir la tecnología y el conocimiento al repositorio “COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)” de la OMSy, a través suyo, a las empresas acreditadas para la fabricación de vacunas en todo el mundo, y, 2º, comercializar a precio de coste. Pero estos gobiernos no se han atrevido y han dejado en las manos de las grandes empresas farmacéuticas titulares de patentes la decisión de cuánto se produce, a quién se subcontrata para fabricar, a quién se vende y a qué precio.

En todo caso, independientemente de las cantidades fabricadas, el principio ético de considerar la salud y el acceso a la vacuna un derecho humano debería haber llevado a los gobiernos a distribuir las vacunas producidas y disponibles en cada momento a todos los países del mundo por igual, de la misma manera que hemos hecho entre los países de la UE, o entre los estados de EEUU. En lugar de hacerlo, se creó la iniciativa públicoprivada COVAX, condicionada por los intereses de las empresas titulares de las patentes. Así, las empresas cerraron contratos con los países ricos a precios abusivos, dejando a los demás, y a COVAX, a la cola. A día 12 de octubre de 2021 COVAX había distribuido solamente 349 millones de dosis, un 5,3% del total de dosis de vacunas administradas en el mundo. Eso sí, al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas y sus ejecutivos han logrado ganancias millonarias (más de 40.000 millones de euros de beneficios abusivos), vendiendo las vacunas a un promedio de 10 veces más de lo que cuestan. Es decir, las empresas titulares de patentes, buscando la máxima ganancia, han dejado sin acceso a los más pobres y los gobiernos que podrían evitarlo no lo han hecho, haciéndose cómplices de miles de muertes evitables.

Resumiendo, en esta pandemia, con el esfuerzo de todos a través de los impuestos que pagamos, y con el trabajo de los investigadores y los profesionales de la salud pública, hemos podido conocer el virus causante de la enfermedad en pocos días, sus principales características epidemiológicas en unas semanas, y disponer de varias vacunas eficaces contra el virus en pocos meses. Sin embargo, este logro impresionante se ha acompañado de una falta de voluntad de los gobiernos de los países más poderosos (EEUU, UE, China, Rusia) para lograr que la vacuna se produjera y comercializara sin la barrera de los monopolios, lo que ha provocado una falta de acceso en muchos países, en medio de una situación peligrosa de pandemia. No es un problema de solidaridad entre los pueblos, sino de incapacidad de los gobiernos nacionales para imponer sus critrios a grandes corporaciones multinacionales. Por eso es necesario reforzar con urgencia la gobernanza mundial y situarla por encima de los intereses de unos pocos.

En este mismo sentido, resulta evidente que la OMS, el organismo multilateral creado en 1948 para proteger la salud de la humanidad, necesita acometer un cambio importante en sus capacidades, herramientas y métodos para enfrentarse a una situación de pandemia. No es razonable estar ante un riesgo pandémico sin tener o utilizar las herramientas adecuadas. La OMS debe recuperar una financiación pública, de los gobiernos, y acabar con la dependencia de financiadores privados. Debe también recuperar las funciones que se la han ido secuestrando y trasladando a organismos público-privados paralelos, para fortalecer su capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo, las normas mundiales de comercio y de propiedad intelectual deben cambiar, para no obstaculizar el acceso equitativo a los instrumentos esenciales de salud. En situación de pandemia, se deben prohibir los monopolios de vacunas y medicamentos, suspendiendo de forma inmediata cualquier tipo de exclusividad, garantizando a los titulares de patentes la remuneración de los costes en que hubieran incurrido, pero evitando los abusos de posición dominante. Entre tanto, a corto plazo, la UE debería apoyar la suspensión de patentes de tecnologías COVID y la transferencia de tecnología en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No olvidemos que, cada día, siguen diagnosticándose en el mundo más de 400.000 personas con la COVID-19.

La Revista AJM ha querido colaborar en la reflexión sobre las vacunas en tiempo de pandemia, aportando una revisión de diferentes aspectos relacionados con las vacunas frente a la COVID-19. Así, Vicente Larraga describe los diferentes tipos de vacunas, las diferentes técnicas y plataformas utilizadas en su investigación y desarrollo, los condicionantes a lo largo del proceso, y el problema de llegar a toda la población. Esteban Rodríguez Sánchez muestra la complejidad y viabilidad de llevar adelante la fabricación de las vacunas, con la necesidad de materias primas, infraestructura y personal altamente cualificado, además de la exigencia de un comportamiento ético. Amós García Rojas reflexiona sobre la importancia de las políticas sanitarias “que hacen posible que esa vacuna, que es absolutamente necesaria, llegue al brazo de quien la necesita” y reclama respuestas globales frente a un problema global. Por su parte, Irene Bernal defiende la consideración de las vacunas como bien público para garantizar la equidad, y denuncia que los monopolios se apropien la innovación, especulando en tiempo de pandemia, y generando barreras que impiden el acceso a millones de personas. A su vez, Raquel González subraya la necesidad de aumentar la capacidad de producción de vacunas y de garantizar una distribución equitativa en todo el mundo, a precios asequibles. Finalmente, Soledad Cabezón señala el tremendo impacto económico y para la salud de la pandemia, y reclama un papel reforzado de la OMS y la aplicación de flexibilidades en la OMC. Todos los autores coinciden en que, junto a la importancia de seguir apoyando la investigación, es un imperativo ético garantizar el acceso a todas las personas.

Este número cuenta también con información complementaria preparada por Pablo Martínez, Ángel María Martín, Ramón Gálvez y José Manuel Estrada. Esperamos que estos puntos de vista tan cualificados, sus reflexiones y la información que aportan sean estimulantes y nos animen a impulsar los cambios necesarios para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo, y a los importantes retos de salud que debe afrontar la humanidad en el presente y en el futuro.

El sistema de patentes y monopolios para vacunas y medicamentos supone beneficios millonarios para unos pocos a costa de la salud y los ahorros de millones

(notas sobre las que basé mi intervención en la mesa redonda organizada por FUINSA el 1 julio 2021).

 

Esta mesa redonda se propone abordar, desde diferentes puntos de vista, la potencial suspensión de las patentes en las vacunas COVID-19. El punto de vista que yo presentaré es el de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, y lo hago planteando las siguientes cuestiones: ¿Está siendo justo el acceso a las vacunas COVID-19? ¿Es justo que en muchos países de África esté vacunada menos del 1% de la población, o menos del 10% en muchos países de África y América Latina, y que en los países ricos nos hayamos vacunado ya más del 40% o del 50%? ¿Es justo que hayamos acaparado el 62% de las vacunas disponibles para el 14% de la población? ¿Es justo que estén enfermando y muriendo cada día en todo el mundo varios miles de personas, cuya muerte se podía haber evitado, si se hubiera completado a tiempo la vacunación? Pensamos que no es justo, que es una violación del derecho humano a la salud. Y, por otro lado, nos preguntamos, ¿no hay un riesgo para la salud de la humanidad en que se esté retrasando la vacunación, permitiendo la aparición de nuevas variantes, que podrían ser más agresivas?

 

EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE LO QUE BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y LOS PACIENTES Y LO QUE BENEFICIA A LOS ALTOS EJECUTIVOS Y LOS ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS.

 

Parecería razonable, que el derecho a la salud estuviera por encima del derecho a la Propiedad Intelectual y de los beneficios de las empresas, pero, en la práctica, como veremos, está pesando más la ley de patentes, está pesando más el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el acuerdo ADPIC, están pesando más los beneficios de unos pocos que el derecho humano a la salud.

 

Nosotros creemos que esto es profundamente injusto y se debe cambiar. Defendemos que las vacunas son patrimonio de la humanidad, y deben ser un bien público, global, no un bien privado. 

 

No lo pensamos solo nosotros. También han pedido que se suspendan las patentes de tecnologías frente a la COVID, mientras dure la pandemia, entre otros muchos, el Secretario General de Naciones Unidas, el Director General de la OMS, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Papa Francisco y el Vaticano, el Presidente Biden y el gobierno de EEUU, y también el Parlamento Europeo.

Han pedido la suspensión más de 100 premios nobel, y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Y han pedido la suspensión de las Secciones 1, 4, 5 y 7 de la parte Segunda del acuerdo ADPIC, más de 110 gobiernos, de los 164 que forman parte de la Organización Mundial del Comercio.

 

¿Por qué piden la suspensión? Porque la pandemia está mostrando de manera trágica los efectos de los monopolios en los medicamentos.

 

Las patentes y monopolios de las vacunas tienen dos consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad y los pacientes

-Limitan la producción de vacunas a lo que le interesa al titular de la patente (en el caso de las vacunas COVID se ha podido utilizar solamente el 50% de la capacidad mundial, retrasando injustificadamente la producción).

-Y aumentan los precios al máximo que pueda conseguir el titular en cada momento (en el caso de las vacunas COVID, en promedio, precios 15 veces por encima de los costes).

Estos dos efectos negativos de las patentes en medicamentos crean una barrera al acceso y una distribución no equitativa.

 

Pero, por otro lado, y esto es muy importante, las patentes tienen también una consecuencia muy positiva para las empresas titulares generando enormes ganancias para sus altos ejecutivos y sus accionistas. Para estas personas la pandemia es un gran negocio y, si la pandemia dura más, ganarán más. Hay aquí un evidente conflicto de intereses.

 

Los representantes de la industria dicen que la arquitectura actual de funcionamiento para la producción y distribución de vacunas es la correcta, que a final de año o primeros de 2022 se habrán fabricado suficientes vacunas para todo el planeta. Por supuesto no se comprometen a bajar los precios, que en situación de pandemia deberían ser simplemente los de coste. Tampoco se da importancia al hecho de que, al vacunar más tarde a la mitad del planeta, por falta de suficiente producción, pueden surgir nuevas variantes más agresivas. Su posición es “business as usual”.

 

Salim Abdool Karim, epidemiólogo sudafricano, dice que no solo por justicia, sino por interés, los países ricos debían promover que África tuviera más vacunas… El problema es ¿interés de quién? Interés de la población general sí, porque si no se termina la pandemia en todas partes, habrá nuevas variantes, nuevas necesidades de vacunación, … más gasto, más deterioro de la economía…

 

Pero interés de los altos ejecutivos de las empresas no. A ellos les interesa que la producción esté controlada por sus monopolios, con precios altos. Las vacunas a países ricos a precios altos son mucho más rentables que vacunas a precio de coste para todos. Y, si no se vacuna a todos en 6 meses, y aparecen nuevas variantes, podrán seguir vendiendo: por ejemplo, el contrato de Pfizer con la UE, para 2022 y 2023, por 1.800 millones dosis, al parecer a 19,5 euros / dosis, 35.000 millones de euros con beneficio de 33.000…

 

STRIVE MASIYIWA, UNIÓN AFRICANA: LO HAN ACAPARADO TODO

 

En noviembre 2020 la Unión Africana estableció un Grupo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas para África. Uno de sus responsables, Strive Masiyiwa, explicaba hace unos días el fracaso de esta misión. En diciembre se entrevistó con todos los fabricantes de vacunas. Les dijo que querían comprar vacunas y pagar al contado. Le dijeron que todo el stock estaba vendido hasta final de 2021. Los países ricos lo habían acaparado. Tendrían que esperar.

 

COVAX tampoco respondió como se esperaba. Dijo que podían mandar vacunas para un 20% de la población a lo largo de 2021. Plantearon que era injusto: “nosotros somos tan seres humanos como en Europa o EEUU y ellos van a vacunar a más del 70% de la población en septiembre. ¿Por qué hemos de esperar uno o dos años más?" Llegaron a acordar un 27%. Serían unos 750 millones de dosis en 2021. 

"A final de junio debían haber enviado más de 300 millones y apenas han enviado 50. Es una arquitectura global de la injusticia". Según la OMS, en estas últimas 4 semanas la incidencia y la mortalidad por la COVID ha aumentado en África entre el 30 y el 40%.

 

EL SUPUESTO “INCENTIVO” DE LAS PATENTES PARA INVESTIGAR HA DEGENERADO Y SE HA CONVERTIDO EN UNA MÁQUINA DE HACER DINERO, A COSTA DE LA SALUD DE MILES.

 

Cabe decir que esto no es un problema nuevo de las vacunas frente a la COVID.

 

La patente, el monopolio en medicamentos lleva a precios abusivos inevitablemente, lleva al abuso de posición dominante en el mercado, por que se trata de la salud y la vida. Se puede pedir todo lo que uno tiene: la bolsa o la vida. 

 

Por ejemplo, en la UE 27, con los sobre-precios de las patentes, aparte y por encima de los costes de fabricación y distribución, pagamos a la industria farmacéutica, supuestamente para investigación, 100.000 millones de euros anuales. Sin embargo, todo el gasto en Investigación que declaran (incluyendo resultados fallidos, ensayos comerciales, intermediarios, etc.) no llega a 25.000 millones de euros anuales. De manera que tres cuartas partes de lo que debería ir a investigación se desvía a beneficios abusivos, recompra de acciones y marketing. Las consecuencias de los monopolios en medicamentos, por los elevadísimos precios y la limitación de la producción, son el retraso al acceso a los medicamentos necesarios, y una presión insoportable sobre los bolsillos de los pacientes y los servicios de salud. 

 

LOS GOBIERNOS NACIONALES AISLADOS SON MÁS DÉBILES QUE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS, Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES, HASTA EL MOMENTO, HAN SIDO INEFICACES. ES PRECISA UNA NUEVA GOBERNANZA MUNDIAL QUE REINSTAURE EL EQUILIBRIO.

 

Entonces ¿por qué no se corrige este desequilibrio, esta injusticia?

Porque las empresas farmacéuticas, con los beneficios abusivos acumulados año tras año, han adquirido un enorme poder. En la UE 27 destinan a marketing más de 35.000 millones de euros anuales. Y esto da para mucha presión, promoviendo think tanks, influyendo sobre los legisladores, patrocinando la formación de profesionales, revistas científicas, agencias del medicamento, gabinetes jurídicos, medios de comunicación, puertas giratorias, etc…

 

Sus beneficios sobre ventas, que antes del acuerdo ADPIC, entre 1950 y 1994, ya eran elevados, el doble que la media de las industrias no farmacéuticas, empezaron a crecer desde entonces incontroladamente y son ya 6 veces más altos que los de las grandes empresas no industriales. Lógicamente, quieren mantener ese privilegio, aun a costa de impedir el acceso a los medicamentos a millones de personas. Porque el ánimo de lucro no se sacia nunca y debe ser la sociedad, a través de sus representantes, la que corrija esos desequilibrios en la distribución de esfuerzos y beneficios.

 

Está claro que el supuesto “incentivo” a la investigación es desproporcionado, a costa de precios abusivos, que limitan el acceso a millones de personas. Además, cada vez hay menos aportación real, significativa, a investigación innovadora, sino que se enfoca a intereses comerciales, y se convierte en freno a la innovación. Es un sistema que ha degenerado. Es urgente volver al sistema anterior, sin monopolios en medicamentos. Pero los gobiernos aislados no son capaces de avanzar en una solución. Es preciso un acuerdo global para un nuevo modelo, como viene demandando la OMS desde 2012 y como pidió el Panel de Expertos en acceso a medicamentos de la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016.

 

La I+D que hacen ahora las empresas se podría financiar con un 25% del ahorro respecto al actual modelo de patentes/monopolios: con premios, o con líneas de financiación contra justificación de gastos. Se podría pagar como máximo el 100% de los gastos acreditados de I+D. Pero NO a través de monopolios y sobreprecios. Las prioridades de investigación se fijarían según necesidades de salud pública, y la investigación sería abierta y cooperativa, evitando los sesgos del patrocinio comercial. En la UE-27, el resto del ahorro, más de 70.000 millones de euros anuales, se podría destinar otros programas de salud pública.

 

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA PUESTO SOBRE LA MESA EL PROBLEMA DE LOS MONOPOLIOS EN MEDICAMENTOS Y VACUNAS

 

La pandemia de la COVID-19 es otro ejemplo claro de la barrera de acceso generada por el abuso de los derechos de propiedad intelectual, que están limitando la producción y que suben los precios. Como hemos dicho, la producción es la mitad de la que se podría desplegar, y los precios son 15 veces más caros de lo que cuestan.

 

Pero, al mismo tiempo, y este es el nudo gordiano, en 2021 las empresas vendedoras de estas vacunas ganarán más de 50.000 millones de euros. Más de 40.000 millones serán beneficios abusivos por exceso de precio. Así mismo, sus altos ejecutivos han visto aumentar su fortuna personal en decenas o centenas de millones de dólares. 

 

No olvidemos las palabras del director de una gran empresa farmacéutica hace unos años, cuando defendía los precios abusivos de su medicamento contra el cáncer y se oponía a la fabricación del genérico: “nosotros no desarrollamos esta medicina para los Indios, la desarrollamos para pacientes occidentales que puedan pagar por ella”. 

Mucho me temo que, en los próximos meses, en lugar de bajar, los precios de las vacunas seguirán creciendo, "para los que puedan pagar por ellas".

No debemos dejar que este desequilibrio entre las necesidades sociales y los intereses de las grandes empresas farmacéuticas siga gobernando el sistema a través de los monopolios. La pandemia de la COVID-19 ya ha causado mucho daño, que hubiera sido evitable: más de 4 millones de personas fallecidas. Pero, si viene otra pandemia, que vendrá, con más letalidad y con una contagiosidad similar, y seguimos con el sistema de monopolios, la pandemia barrerá literalmente la humanidad mientras discutimos si se suspenden las patentes no no.

 

¿ES POSIBLE UNA ALTERNATIVA MEJOR PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN?

 

En situación de pandemia, por ética, por justicia, por el interés colectivo, la suspensión de monopolios debe ser automática. Se trata de compartir el conocimiento médico y farmacológico, de manera inmediata, para beneficio de toda la humanidad. Deben ser los gobiernos del mundo, las Naciones Unidas a través del organismo pertinente, y no las empresas, los que decidan cuánto y dónde se fabrica, a qué precio se vende, cómo y con qué criterios se distribuye.

 

Recordemos que el grueso de la inversión para investigar y desarrollar las vacunas COVID ha sido financiado con dinero público, subvenciones, proyectos y becas, a lo largo de los años, y en 2020 ayudas específicas y compras anticipadas a las empresas. En total, EEUU y la UE han dotado fondos para estas investigaciones con 30.000 millones de euros públicos.

 

A partir de ahí, en vez de dar la exclusividad, los gobiernos debían haber exigido licencias abiertas, no exclusivas. En lugar de que las empresas titulares de la exclusividad subcontrataran la fabricación con unas pocas empresas, se debía haber cedido la tecnología todas las empresas con capacidad de fabricar. No se hizo. Pero esta pandemia sigue matando, y vendrán nuevas pandemias. ¿Qué proponemos para mejorar la situación?:

 

Pedimos a Naciones Unidas y a todos los gobiernos del mundo que hablen en serio y no se levanten de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo para:

1-Suspender de inmediato las patentes y otros mecanismos de exclusividad. La próxima reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio es el 27 y 28 de julio. La Comisión Europea debería respaldar esta decisión y los gobiernos deberían abordar la modificación de sus legislaciones en esta materia.

2-Seguir apoyando la I+D con fondos públicos, pero exigiendo licencias no exclusivas. Si una empresa acredita haber hecho una inversión en I+D sin ayuda pública, se le remunerará dicho gasto con el fondo global.

3-Coordinar la Investigación, abierta y cooperativa, siguiendo el modelo del ensayo Solidarity de la OMS, para evitar duplicaciones y sesgos

4-Transferir la tecnología y el conocimiento a la C-TAP de la OMS, y desde ahí a todas las empresas acreditadas para fabricar vacunas.

5-Apoyar a las empresas con procedimientos de compras anticipadas para iniciar la fabricación y, por otro lado, desarrollar plataformas públicas capaces de producir vacunas y otros productos.

6-Fabricar en todas las empresas acreditadas, (lo que permitiría duplicar capacidad de fabricación, en los 5 continentes): 90 millones dosis / día, 32.000 millones dosis / año, con el objetivo de poder vacunar a toda la población mundial en 6 meses (no solo a países ricos), para esta y para futuras pandemias.

7-Exigir venta a precio de coste (entre diez y veinte veces menos del precio actual). El gasto para vacunar a toda la población mundial sería de 15.000 millones de euros, en lugar de los 50.000 millones que vamos a gastar para vacunar a menos de la mitad.

Y 8-Distribuir equitativamente todas las vacunas, como ha hecho la UE para sus países miembros. (Podría usarse el mecanismo COVAX, con un modelo de gobierno público similar al de la UE, y para el 100% de vacunas. Recordemos que, a día de hoy, COVAX ha distribuido menos del 3% del total de dosis administradas).

 

Todos los elementos de esta propuesta ya se han ensayado parcialmente, demostrando que otro enfoque es posible.

 

Amigas y amigos. Pablo Neruda, en su poema El Barco, denunciaba la injusticia que sufrían muchos pasajeros en nuestro barco planetario. “Todos llegábamos del mismo sitio. Todos veníamos de mujer y de hombre” pero resulta que parte del pasaje tenía todos los asientos ocupados, la comida, la ropa, y ahora serían las vacunas…  mientras que muchos otros no tienen comida ni abrigo, ni vacunas,…  y, por eso, nos dicen:

“Si es una broma triste, decídanse, señores, 

a terminarla pronto, 

a hablar en serio ahora. 

Después el mar es duro.

Y llueve sangre”. 

 

Muchas gracias

Los Gobiernos de España y de la UE deberían apoyar la suspensión de monopolios frente a la COVID en la Organización Mundial del Comercio: por ética y por eficacia.

La estrategia de la Unión Europea en relación con las vacunas frente a la COVID ha tenido algunos aspectos positivos, como la apuesta por la investigación, la compra conjunta, el apoyo al desarrollo de vacunas anticipando fondos con las compras anticipadas, y la distribución equitativa entre los 27 Estados Miembros, según población. Pero, en cambio, la estrategia ha fallado en su visión global, y en su enfoque ético.

 Al tratarse de una pandemia, que afecta a toda la humanidad, la Unión Europea debía haber apostado por una respuesta global, que protegiera a todos, y no solo a los ciudadanos de la UE. Como dice el Director General de la OMS: no superaremos la pandemia en ningún sitio, hasta que no la superemos en todos los sitios. Pero, además, desde un punto de vista ético, ¿cómo defender que el 13% de la población (UE, EEUU y otros cinco países ricos) hayamos reservado el 85% de las vacunas? (1) ¿Acaso hay seres humanos de primera y de segunda? ¿Somos de distintas especies? ¿No decimos que la salud es un derecho humano? Sin embargo, la UE ha cedido a las presiones de las grandes multinacionales, concediéndoles monopolios de explotación, y poniendo los intereses de sus ejecutivos y sus accionistas por delante de la salud de las personas y del interés general.

 

La vacuna, como otros medicamentos, tiene una “ventana de oportunidad” para ser eficaz. Según los epidemiólogos, en menos de un año el SARS-CoV-2 presentará variantes, con combinaciones de distintas mutaciones, que podrían escapar a la inmunidad generada por las actuales vacunas (2). Al ritmo actual de vacunación, y si las empresas cumplen sus contratos, la UE, EEUU y los países ricos habrán vacunado a toda su población antes de que acabe 2021. Pero la mayoría de países de América Latina y de Asia tardarán varios meses más, y la mayor parte de los países de África no completarían su vacunación, si lo consiguen, hasta mediados o finales de 2023. La ventana de oportunidad se habrá superado. El virus presentará nuevas variantes y tendremos que empezar otra vez: nuevas vacunas, nuevos confinamientos, la economía mundial a medio gas, pobreza, inseguridad... De hecho, la UE quiere reservar ya 1.800 millones de dosis de vacunas para 2022 y 2023 (3).

 

Esta situación excepcional, que nos ha tenido confinados, con mascarillas, sin poder llevar una vida normal en el último año, que ha causado casi 3 millones de muertes, y un reguero de dolor y de pobreza, requería una respuesta extraordinaria. Pero los gobiernos han respondido con el “business as usual”. Imaginemos que, hace un año, en abril de 2020, los gobiernos de la UE, de EEUU y de todo el mundo, se hubieran reunido para pensar: ¿cómo vamos a vacunar a toda la humanidad en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?, en vez de ¿cómo voy a vacunar a mi país en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?

 

Entonces, los gobiernos no hubieran dejado en manos de las empresas y de sus intereses comerciales dónde y cuánto producir (subcontratando o concediendo licencias voluntarias a las empresas que ellas decidían), y a qué precio (diez veces por encima de los costes, en promedio). Por el contrario, habrían acordado: identificar todas las fábricas capaces de producir vacunas en el mundo; suspender los monopolios de todas las tecnologías frente a la COVID (cuya investigación, además, se ha hecho mayoritariamente con fondos públicos) (4); acordar, o exigir, a las empresas titulares de las patentes que transfirieran la tecnología y conocimiento para la fabricación de las vacunas a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS; realizar contratos de compra anticipada con las empresas para impulsar la fabricación de 60 millones de dosis diarias (suficientes para vacunar al 70% de la población mundial, con dos dosis, en seis meses); y fijar precio de coste, en torno a un euro por dosis, para que sea accesible a todos en todo el mundo. De esta forma, a finales de 2021 estaríamos terminando de vacunar a toda la humanidad.

 

Se ha demostrado en este año que las empresas no han cedido voluntariamente sus licencias para que se pueda vacunar a todo el mundo en seis meses. Se ha demostrado que fijan precios abusivos (y es muy probable que los suban todavía más). Se ha comprobado que, a día de hoy (11 de abril de 2021) mientras en EEUU se ha vacunado un 29% de la población, en Egipto, Namibia, Mauritania, Mali y muchos otros países, han vacunado al 0,1% de la población, o menos (5). Y hemos tenido que pagar diez veces más de lo que cuestan las vacunas, aún habiendo pagado previamente la I+D. Esta es la realidad. 

 

Se ha demostrado también que la cooperación, aquí, no es la respuesta. Ni de la UE, ni de España. El mecanismo COVAX, que recibe nuestras donaciones y compra vacunas para distribuir a los pobres, no es suficiente. Ni éticamente (ya que la vacuna es un derecho de la persona que la recibe y no un favor graciable de quien la ofrece), ni desde el punto de vista de la eficacia (de los 781 millones de dosis de vacunas administradas en el mundo, a día de hoy, COVAX solamente ha distribuido 38 millones de dosis, menos del 5%). 

 

Hay quien dirá que ahora ya no es útil suspender las patentes y los monopolios de las tecnologías frente a la COVID. Pero sí lo es. Cuanto antes mejor. Porque la pandemia sigue su curso. Cada día se siguen contagiando más de medio millón de personas. Cada día siguen muriendo 10.000 personas. Y, además, es previsible que vengan nuevas variantes, y nuevas pandemias. Por eso es preciso que nuestros gobiernos adopten una estrategia diferente. No deben dejar al arbitrio de los intereses comerciales de las empresas el volumen de fabricación, la distribución, y el precio de las vacunas. Los gobiernos deben asegurar que todos, en todo el mundo, tengan acceso a las vacunas y tratamientos que precisen, ahora y en el futuro. Es su responsabilidad. Y se puede lograr, con menos dinero del que vamos a gastar. La próxima oportunidad para apostar, de verdad, por la universalidad del acceso a las vacunas, la tienen en la reunión del Consejo ADPIC el 30 de abril, y los días 5 y 6 de mayo en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, apoyando la propuesta de India y Sudáfrica. Es preciso un cambio de rumbo. Esta es la razón por la que miles de ciudadanas y ciudadanos europeos estamos promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea para que se garantice el derecho de todas las personas al acceso justo a las vacunas y los tratamientos. https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

(1) https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

(2) https://www.oxfam.org/es/node/16104

(3) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-pfizer-idUSKBN2BW1VV

(4) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1

(5) https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

¡Sí se puede!

(Artículo publicado en la Revista de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, número Cero, febrero 2021).

Cuando decíamos que diez millones de personas mueren cada año por falta de acceso a los medicamentos, muy pocas personas prestaban atención. Cuando decíamos que las patentes y los monopolios en medicamentos “matan” porque, casi inevitablemente, se produce un abuso de posición dominante que sube los precios, suponiendo un sobre-gasto para los pacientes y sistemas de salud, y dificultando el acceso a medidas preventivas y curativas, muchos pensaban que exagerábamos. Cuando decíamos que había una alternativa viable, con un Convenio Internacional, que creara un Fondo Global para financiar la investigación, y garantizara la comercialización a precio de coste de medicamentos, separando así los precios de los costes de investigación y quitando la coartada para fijar precios abusivos, casi todos pensaban que era una utopía.

 

Entonces llegó el SARS-CoV-2. Vimos como en apenas unas semanas, el virus que había contagiado a los primeros humanos en Wuhan, llamaba a la puerta de nuestras casas en todo el mundo y el 11 de marzo de 2020, la OMS declaraba pandemia. La evolución de la COVID-19 podía ser grave en muchos casos y provocar la muerte. Muchos sistemas sanitarios se vieron colapsados. Muchos países tuvieron que ordenar confinamientos domiciliarios y restricciones importantes a la actividad económica y los contactos sociales. El impacto en disminución de empleo y de rentas a lo largo de 2020 ha sido tremendo.

 

Además de en las necesarias medidas de salud pública, de protección social y de reactivación económica, muchas esperanzas para superar la pandemia se depositaron en las vacunas. Aunque fragmentada, la respuesta de la comunidad científica ha sido extraordinaria. Con financiación mayoritariamente pública, se han desarrollado decenas de líneas de investigación y las primeras vacunas se comenzaron a administrar a finales de 2020. En los últimos días de enero, a raíz de retrasos en el programa de vacunación en diferentes países, hemos leído criticas a la Comisión Europea. Se dice que no se ha negociado bien, y que, como consecuencia, los programas de vacunación en la Unión van más retrasados que en EEUU o en Reino Unido. Sin embargo, yo pienso que este proceso ha mostrado muchas cosas positivas. Señalaré algunas.

 

-La Agencia Europea del Medicamento parece haber sido más rigurosa en sus análisis de la efectividad y la seguridad de las vacunas que la FDA o la agencia británica. Esto no es malo. Garantizar la seguridad de un medicamento es fundamental.

-En apenas tres meses la UE recaudó 16.000 millones de euros en un fondo COVID, para apoyar la investigación y desarrollo de distintas medidas. La UE y sus estados miembros (EEMM) han invertido más de 8.000 millones de euros en investigaciones de tecnologías y medicamentos frente a la COVID. Un “fondo global europeo”, que parecía imposible, está aquí.

-Los EEMM aceptaron que la Comisión negociara en nombre de los 27 para una compra conjunta. Esto es muy positivo. Imaginemos que hubiera negociado cada uno por su lado. Se han obtenido precios mejores que en EEUU o en RU, aunque, a pesar de ello, hayan sido por encima del coste de fabricación e investigación.

-La distribución de las vacunas entre los países ha sido por volumen de población. De manera que estamos recibiendo cada país un número de dosis proporcional, permitiendo aplicar unas prioridades de vacunación comunes: profesionales sanitarios, personas mayores en residencias, cuidadores, etc. Si no hubiera habido compra conjunta, la desigualdad de acceso hubiera sido inevitable, como lo es con el resto del mundo con menos ingresos.

-La Unión Europea y los EEMM han apoyado a las empresas adelantando dinero para el desarrollo de las vacunas, la instalación de capacidad de producción, la compra de materiales, etc. Más de 3.000 millones €. De esta forma ha habido una financiación pública de la investigación y fabricación de las vacunas que ha acelerado su disponibilidad, logrando que, en menos de un año desde el comienzo de la pandemia, estemos vacunando. Esto es muy positivo. El problema principal es que no se ha acompañado de la exigencia de la titularidad pública de los derechos de propiedad intelectual y de la garantía de licencias no exclusivas.

-En uno de los contratos, con Astra Zeneca, se establece un precio por coste. Es lo razonable y exigible, aunque parecía utópico. Sin embargo, faltaría la comprobación de los costes, el descuento de las ayudas públicas, y la garantía de que no se van a subir cuando quiera la empresa.

-Finalmente, transparencia. No la ha habido en las negociaciones, ni en los contratos, que son confidenciales por la exigencia de la industria. Pero, gracias a la presión social, hay tres que se han publicado, el de Curevac, el de Astra Zeneca y el de Sanofi-GSK, aunque con tachones y partes ocultas.

 

Como vemos, hay aspectos en la respuesta de la UE a la COVID muy positivos. También cabe señalar la resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio 2020

 que animaba a la Comisión a exigir, en todas sus convocatorias para financiación e inversión, que los productos finales tuvieran licencias no exclusivas, y a apoyar la iniciativa de la OMS “COVID-Technology Accesss Pool” (C-TAP) para que las empresas y países compartieran las licencias y patentes de tecnologías y medicamentos frente a la COVID. Pero, precisamente este tema, la exigencia de licencias no exclusivas, no se ha llevado a la práctica en las negociaciones de la Comisión con las empresas, dejándoles el monopolio. La pandemia nos ha mostrado también, muy claramente cosas que se deben y se pueden cambiar.

 

Al mantener las patentes y monopolios de la industria, son las empresas las que pueden fijar los precios, y exigir precios varias veces por encima de lo que han gastado en investigación y de lo que han gastado en fabricación. Por otro lado, las empresas deciden cuánto producen (capacidad de sus plantas y de las plantas con quienes decida subcontratar) y a quién distribuyen primero (en función, seguramente, de quien pague más). Así, hemos visto cómo Astra Zeneca, que debía entregar a la UE 100 millones de dosis en el primer trimestre, redujo su envío a 40 millones de dosis, al parecer porque había derivado parte del producto a otros países (que quizá pagaban más por dosis). De la misma forma, el 15 de febrero, Moderna anuncia que reducirá sus envíos esta semana. Al ritmo actual de vacunación tardaríamos más de dos años en vacunar al 70% de la población en la UE. El enfado de la Comisión y los Gobiernos ha sido sonoro. El ministro belga de salud, Frank Vandenbroucke, dijo: “Ellos tienen el monopolio, y nosotros somos totalmente dependientes”. Exacto. Pero el monopolio, señor ministro, se lo dan y se lo pueden quitar los gobiernos. Esta es la razón del excesivo poder de la industria para imponer sus condiciones, el monopolio. Por eso, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el calor del debate, escribió a los presidentes de Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia el pasado 28 de enero: “…si no se encuentran soluciones satisfactorias…debemos explorar todas las opciones… incluyendo un posible recurso al artículo 122 del TFUE”. Según asesores jurídicos del Consejo este artículo permitiría “forzar a los fabricantes de vacunas a compartir sus patentes u otras licencias, permitiendo aumentar rápidamente la producción”.  Lamentablemente no avanzó en esta dirección, pero, al menos, pensó en ello. A la vista de estas acciones llevadas a cabo por la Unión Europea y los países miembros, con aspectos muy positivos, pero con una carencia fundamental en el tema de las patentes, podemos insistir en nuestras propuestas, que hace apenas un año parecían utópicas:

 

-Crear y consolidar un Fondo Global para la financiación de investigación de medicamentos, mediante un Convenio Internacional. Este fondo permitiría fijar prioridades de investigación en función de necesidades de salud, desarrollar investigación abierta y cooperativa, y asegurar la transferencia de tecnología en todo el proceso y en los resultados finales. 

-Eliminar los medicamentos y productos sanitarios del acuerdo sobre los ADPIC, prohibiendo el uso de patentes en medicamentos y vacunas. 

-Crear y consolidar plataformas de ensayos clínicos no comerciales, que permitan desarrollar investigaciones independientes (como el ensayo Solidarity de la OMS sobre medicamentos COVID), menos expuestas a los sesgos de diseño, interpretación y publicación que los patrocinados por empresas con ánimo de lucro.

-Crear y consolidar plataformas públicas para el desarrollo y, en su caso, fabricación de medicamentos y otras tecnologías, de ámbito nacional, europeo y mundial. La propuesta del Health Emergency Response Authority de la Comsión Europea puede ser un primer paso, pero debería ser una plataforma gobernada por los países, no por las empresas.

-Realizar contratos con empresas para desarrollo de medicamentos, vacunas y otros productos (“compra anticipada”), pero reservando para la institución pública la patente y los derechos de propiedad intelectual de todo el proceso (mientras no se prohíban), de tal manera que todos los productos tengan licencia no exclusiva y se vendan a precio de coste.

 

En tanto se avanza en un cambio de modelo global, en el momento presente de la pandemia, la Unión Europea y sus países miembros pueden hacer algo más. Pueden forzar a las empresas a liberar las patentes (expropiándolas / comprándolas), concediendo licencias no exclusivas para que las vacunas se puedan fabricar en todas las plantas acreditadas y vender a precio de coste. Por ejemplo, en todas las plantas de la red fabricantes de vacunas de países en desarrollo (DCVMN) y en otros muchos. Si la capacidad utilizada hoy es de 10.000 millones de dosis anuales, se podría duplicar, o incluso triplicar, en pocos meses. De esta forma se permitiría vacunar a todas las personas en todos los países en un plazo más breve. Si no lo hacemos, podremos vacunarnos en los países ricos antes de que acabe 2021, pero en los países pobres solo se habrá vacunado un 10-20%. Además de la inmoralidad de esta decisión (mantener los monopolios de las patentes retrasando el acceso a las vacunas), la pandemia seguiría bloqueando la economía mundial, y las mutaciones del virus podrían resultar en variantes más agresivas, para las que las actuales vacunas no protejan. Nadie estará a salvo mientras no estemos todos a salvo. Lo repite el Secretario General de Naciones Unidas y lo repite el Director General de la OMS: suprimamos las patentes durante la pandemia. Esta es la propuesta que llevan India, Sudáfrica y otros países a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En febrero y marzo hay nuevas reuniones en la OMC. La UE y sus EEMM deberían aceptar esta propuesta. Y deberían forzar a las empresas a compartir toda la tecnología frente a la COVID en la C-TAP. Al mismo tiempo, las vacunas disponibles globalmente deberían asignarse en proporción a la población de cada país, en todo el mundo, con las mismas prioridades de vacunación.

 

En la pandemia el tiempo son vidas. El retraso en el acceso a las vacunas son muertes que se podían haber evitado. Si suspendiéramos las patentes COVID y transferimos la tecnología a todas las empresas capaces de fabricar vacunas, podríamos vacunar a todo el planeta en un año. Si no lo hacemos, ¿quién será responsable de las muertes y la destrucción económica que cause esta enfermedad a partir de entonces? ¿No deberíamos calificar esas muertes de crimen contra la humanidad? De momento, a 3 de febrero, los países ricos tenemos contratadas 4 dosis de vacuna por persona para 2021. En los países pobres han contratado 1 vacuna para cada 10 personas. ¿Qué pasará si hace falta otra dosis de refuerzo, o si algunas vacunas no funcionan? ¿Cuándo terminarían de vacunarse? Y, ¿qué pasará si viene otra pandemia con más letalidad? ¿Seguiremos con el modelo de monopolios y en manos de lo que quieran fabricar las empresas? Es preciso liberar toda la capacidad de producción mundial, y comercializar todas las vacunas de todas las empresas a precio de coste. No hacerlo así es un robo y un asesinato.

 

¿Y qué podemos hacer nosotros? Como hemos visto, la pandemia ha abierto algunos caminos que parecían imposibles, tanto en las Instituciones, como en el debate social y en medios de comunicación, pero hemos de consolidar esos cambios. Por eso un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsa la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, derecho a curar, no permitamos el lucro con la pandemia https://noprofitonpandemic.eu/es/ . La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) apoya la iniciativa. Necesitamos firmar un millón de europeos para que se apruebe. Esto sí podemos hacerlo. Por eso animamos a todos a que se sumen a esta iniciativa, para impulsar el cambio y lograr vacunas para todos, en todo el mundo. Hace un año decían que las propuestas de la AAJM eran imposibles, pero hoy estamos viendo que ¡sí se puede!

 

¿VACUNAS SÓLO PARA RICOS?, se preguntaba el Dr Manuel Oñorbe hace siete años.

[Texto escrito por el Dr. Manuel Oñorbe en 2014, publicado en el libro “Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)”, que analizaba los efectos de la crisis financiera mundial en los sistemas de salud. Una advertencia profética para esta nueva crisis mundial]

Desde que comenzaron a dar sus primeros pasos a finales del siglo XVIII, las vacunas fueron consideradas patrimonio de toda la humanidad. Con sus luces y sus sombras, estas últimas, fundamentalmente, en el acceso de las poblaciones de las naciones más pobres a programas universales de inmunización y en el desarrollo de la investigación sobre vacunas, que ha primado siempre las enfermedades que afectaban a los países desarrollados, las vacunas han conseguido extraordinarios avances en el control e incluso erradicación de algunas enfermedades que desde siempre diezmaron las poblaciones; la erradicación de la viruela del planeta es el más brillante ejemplo de esto. 

En España, como en casi todos los países con un cierto nivel de desarrollo socioeconómico, las vacunas que se consideraban necesarias por los técnicos sanitarios, eran financiadas por el Estado, fuese central o posteriormente autonómico. 

La situación empieza a cambiar cuando aparecen nuevas vacunas más allá de las tradicionales (viruela, polio, difteria, tétanos, tosferina), la triple vírica la primera, que según informan desde la industria farmacéutica requieren ingentes inversiones de investigación que hay que rentabilizar. Pasamos de una situación en que en 1980 la vacuna de la poliomielitis que compraba el Ministerio de Sanidad para toda España salía a menos de 1 peseta, a otra situación, la de hoy en que por ejemplo la vacuna contra el neumococo que no está incluida en los calendarios de vacunaciones cuesta más de 300 euros en la farmacia (las 4 dosis) que es el único sitio para abastecerse de ella, ahora que con 13 cepas parece más necesaria (situación paradójica que requeriría algún estudio y explicación, la del porqué la Comunidad de Madrid incluyó en su calendario a principios del actual siglo la vacuna del neumococo contra 7 cepas no predominantes en España en base a sus “estudios epidemiológicos” y contra el criterio de todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, y unos años después, cuando la vacuna ya cubre 13 cepas y entre ellas las predominantes la saca del calendario). 

Otra de las nuevas vacunas objeto de polémica es la del papiloma, que sí se introdujo en calendario para determinados grupos después de grandes presiones y debates. 

Varias son las vacunas que los fabricantes, y grupos de profesionales en ciertos casos, están intentando que sean incluidas en calendarios, pero la crisis ha cortado muchos de esos intentos. Para las mismas, los laboratorios procuran a toda costa reproducir el escenario de la vacuna del neumococo, y que se puedan vender libremente en farmacia, que ya se encargarán sus campañas de venderlas a profesionales y población. 

Un tema también importante de los últimos tiempos en lo referente a vacunas es el aumento de la desconfianza de los ciudadanos y de los profesionales debido a los manejos que a nivel mundial se han visto en las ultimas crisis, vacuna contra la gripe aviar, tamiflú, vacunas contra la gripe A y contra la gripe estacional, etc. La varicela es el último ejemplo de estas estrategias. La campaña que actualmente se está llevando a cabo para introducirla en la primera infancia ha alcanzado límites claramente intolerables. 

Así pues las vacunas, que como decíamos al principio eran un logro de toda la humanidad, se han convertido en un negocio y como tal las reglas han cambiado. Las nuevas vacunas (y poco a poco también las viejas) son para países ricos, y dentro de ellos, como consecuencia de la crisis y la falta de dinero, para los que puedan permitírselo. Y este camino se va ensanchando. Si las vacunas fuesen patrimonio de la humanidad como en sus primeros pasos y no un negocio se acabaría el problema; las costosísimas investigaciones que arguye la industria podrían ser asumidas por organismos internacionales o tener un justiprecio y no depender del marketing y las inversiones en promocionarlas. La evidencia científica se impondría y no haría falta acudir a Carl Sagan (Si quieres salvar a tu hijo de la polio puedes rezar o puedes vacunarle). 

 

Manuel Oñorbe

¿Es el precio que pagamos por la vacuna frente a la COVID un 1.765% por encima del coste? ¿Es un precio justo?

A finales de diciembre de 2020 se ha comenzado a vacunar frente a la COVID-19 en la Unión Europea, al igual que en Reino Unido, en EEUU y en otros países. Es una buena noticia, y todos esperamos que las vacunas sean efectivas y seguras. También es muy positivo que, al menos en todos los países de la UE, se haya comenzado la vacunación simultáneamente. Pero hay otros aspectos no tan positivos, como son el precio y la capacidad de escalar la producción, que harán que millones de personas no puedan vacunarse en 2021.

 

En la situación de pandemia del SARS-CoV-2 los gobiernos tenían una gran oportunidad para cambiar el modelo de patentes como vía para financiar la investigación y fijar los precios de los medicamentos, promoviendo un modelo con investigación abierta y cooperativa, licencias no exclusivas, con transferencia de tecnología entre centros de investigación y fabricación, sin monopolios, considerando las vacunas y los medicamentos un bien público, y garantizando el acceso a todas las personas en todo el mundo. Sin embargo, han vuelto a ceder el poder a la gran industria farmacéutica. Así, las vacunas que se están desarrollando y que se empiezan a utilizar, tienen el precio que fijan las compañías, aunque sea mucho más caro que su coste de fabricación, y aunque la investigación y el desarrollo se haya financiado en buena parte con fondos y ayudas públicas. 

 

Basándonos en los trabajos de Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres (1, 2) podemos estimar el coste de producción de la vacuna Pfizer-BioNTech (materias primas, consumibles, mano de obra, etc.) en 0,61 $ por dosis. Para calcular el precio por dosis habría que añadir la imputación de los costes de investigación financiados directamente por las empresas (que podemos estimar en 700 millones $ recuperables en 20 años), de los que deberíamos descontar las importantes ayudas públicas (3). Además, para una producción de 1.200 millones de dosis anuales, podemos estimar los costes anuales en equipamiento, preparación de viales y empaquetado (50 millones $); los costes de distribución y administración (130 millones $); y un 5% de beneficio industrial, que deberíamos añadir para calcular el precio. El coste total para 1.200 millones de dosis sería de alrededor de 1.000 millones $. El precio por dosis sería de 0,83 $, equivalente a 0,68 €. Al parecer, el precio de venta para la UE es de 12 € / dosis (4), un 1.765% por encima del precio justo. Con su precio actual, Pfizer-BioNTech obtendrían 14.400 millones € el primer año, cuando los costes totales reales ascenderían solamente a 815 millones €, obteniendo un beneficio “excepcional” de 13.585 millones €. Es posible que estas estimaciones no sean correctas, por eso sería muy importante que la Comisión Europea, que debe conocer en detalle los datos exactos de todos estos costes, los hiciera públicos. 

 

Además, el modelo de patentes crea un embudo y no permite que las vacunas que se demuestren eficaces y seguras, puedan elaborarse en todas las fábricas que sean adecuadas, en España, en Europa y en el mundo, aumentando la producción a gran escala. Si los gobiernos acordaran la transferencia de tecnología obligatoria, se podrían estar fabricando vacunas para que toda la población mundial estuviera vacunada en 2021, y a precio de coste. Con el modelo actual algunos países empezarán a vacunar a mitad de 2021 y tardarán varios años en completar la vacunación. El mecanismo COVAX muy insuficiente, espera poder entregar vacunas para un 20% de la población de los países de bajos ingresos a finales de 2021. El mecanismo C-TAP de la OMS, que proponía compartir la tecnología voluntariamente, fue desatendido por las grandes empresas y la mayoría de los países de altos ingresos. Como consecuencia, cada país está luchando por conseguir vacunas suficientes para su población. Pero, mientras en los países de altos ingresos tenemos ya reservadas tres vacunas para cada persona, en los países de bajos y medios ingresos no saben cuándo podrán empezar a vacunar y a cuántas personas. Una desigualdad de acceso inaceptable e inmoral, si consideramos la salud un derecho humano.

 

Es importante que los gobiernos europeos cambien su política farmacéutica para lograr atender las necesidades de todas las personas, al menor coste posible. El modelo actual de patentes de medicamentos y vacunas mata; y no es una exageración.

 

Por eso, un grupo de ciudadanas y ciudadanos europeos ha promovido una Iniciativa Ciudadana Europea, “Rigth2Cure”, para pedir al gobierno de la Unión Europea que las vacunas para la COVID sean universales, y para que los medicamentos sean accesibles a todas las personas que los necesiten, en todo el mundo. Súmate y apoya esta iniciativa y promueve su difusión. https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

 

(1) Zoltan Kis et al.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/3

 

(2)   Zoltan Kis et al.

https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/amp2.10060

 

(3)   Fortune. Germany support R&D Pfizer vaccine

https://fortune.com/2020/11/09/pfizer-vaccine-funding-warp-speed-germany/

 

(4)   The Guardian. Precios pagados por la UE por las vacunas COVID

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/18/belgian-minister-accidentally-tweets-eus-covid-vaccine-price-list