DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CASTILLA LA MANCHA

(conferencia en la Jornada de la Fundación CERES, 18 septiembre 2026)

 

Buenos días. Agradezco a José Manuel Ramírez su invitación a este Seminario, a la Fundación CERES por su organización y su patrocinio, y al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por acogernos en este emblemático municipio, corazón de Castilla La Mancha y territorio de El Quijote, nuestro incansable luchador por la justicia.

 

LA LUCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES

 

Empezaré hablando hoy, aquí, de una lucha por la justicia: la lucha por los derechos sociales. En el marco de esa lucha hace 20 años se aprobó en España la llamada Ley de Dependencia. Como dice el tango, 20 años no es nada y, sin embargo, es un mundo. Aquel fue un paso muy significativo. Pero quiero subrayar que ese paso no se dio en el vacío. 

En efecto, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se habían ido impulsando diferentes luchas obreras que trataban de conquistar derechos sociales: una jornada más reducida, derecho al descanso semanal, seguridad en el trabajo, mejores salarios, prohibición del trabajo infantil y, después, la Seguridad Social, la Sanidad y la Educación Públicas, construyendo así, paso a paso, tres pilares importantes del llamado Estado del Bienestar. Son conquistas sociales de enorme calado, impulsadas a lo largo de los años por el movimiento obrero y las reivindicaciones ciudadanas. ¿Por qué lo hacían? Por una cuestión de justicia. Se trataba de que, a través del sistema fiscal, el conjunto de la sociedad recuperara parte de la riqueza que, habiendo sido generada entre todos, se apropiaban y se apropian los grandes capitalistas, provocando una enorme desigualdad entre los grandes propietarios y los trabajadores asalariados. Trabajadores que, en España y en todo el mundo, subsistían hace apenas cien años en la mayor de las miserias. 

Baste recordar a Miguel Hernández, cuando a principios de 1937 escribió su poema el niño yuntero; algunos de sus versos decían así:

Carne de Yugo ha nacido, 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello,

Nace como la herramienta 

a los golpes destinado 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado

Contar sus años no sabe 

y ya sabe que el sudor 

es una corona grave 

de sal para el labrador, 

Trabaja y mientras trabaja 

masculinamente serio 

se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio

Me duele este niño hambriento

 como una grandiosa espina

 y su vivir ceniciento 

revuelve mi alma de encina

Lo veo arar los rastrojos 

y devorar un mendrugo 

y preguntar con los ojos 

que por qué es carne de yugo

Me da su arado en el pecho 

y su yugo en la garganta 

y sufro viendo el barbecho 

tan grande bajo su planta

Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena 

de dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena, 

que salga del corazón 

de los hombres jornaleros 

que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros.

 

Miguel murió en la prisión, por defender la justicia, y no pudo llegar a verlo, pero, sí, en España y en otros países las mujeres y los hombres jornaleros, los trabajadores, se unieron, se agruparon y lucharon, con huelgas, con manifestaciones, sufriendo despidos, palizas, cárceles, exilio… y de sus corazones salieron las palancas de cambio para quebrar, poco a poco, las cadenas de la insoportable desigualdad y la injusticia.

Y, de esta forma, lograron que los gobiernos aprobaran sistemas fiscales que recuperaran parte de la riqueza que, en justicia, era de los trabajadores y de la que se apropiaban los capitalistas.

Y, gracias a esa renta recuperada fue posible reconocer derechos sociales, que serían cubiertos progresivamente a través de políticas públicas. 

Ahora bien, conviene no olvidar que ninguna conquista social es irreversible. Y que, en muchos lugares del planeta, la guerra, la injusticia y la desigualdad siguen matando de hambre a millones de niñas y niños yunteros: en Gaza, en Sudán, Etiopía, en Mali, y en muchos otros países. Y, desde luego, sin perder de vista que también aquí, en España, muchas personas, muchos niños, viven en situación de pobreza y sufren una enorme desigualdad.

Amigas y amigos, el derecho a la pensión, a la baja laboral retribuida, al seguro de paro, a una sanidad pública, a la atención a personas en situación de dependencia, que hoy nos pueden parecer normales, no han existido siempre, ni existen hoy en más de la mitad del planeta. Por eso, la reivindicación y las luchas sociales deben estar presentes día a día si queremos preservar estos derechos. Porque no da lo mismo. El apoyo electoral a las formaciones que defienden estos principios es indispensable si queremos consolidarlos y perfeccionarlos. Y es que, además, el tablero de juego no es neutral. Hay adversarios poderosos, grandes corporaciones económicas que no quieren perder privilegios y se oponen frontalmente a las políticas sociales y a la propia democracia. Y para ello promueven gobiernos ultra liberales. Trump, Milei, y otros gobiernos son un ejemplo: para ellos las políticas sociales son granjas de vagos y maleantes. Hay que erradicarlas. El Estado debe ser la mínima expresión para garantizar la seguridad de los capitalistas. Nada más. Lo demás es comunismo bolchevique y traición a la libertad. La sanidad, la pensión, los servicios sociales, se los debe procurar cada uno, y si no tiene ahorros es que fue un irresponsable y no trabajó lo suficiente. Las grandes corporaciones, el nuevo capitalismo virtual y global, evade sistemáticamente los impuestos con sus equipos de abogados y sus paraísos fiscales y logran modificaciones legales a medida para pagar menos o no pagar. Y, desde luego, tienen mucho dinero para invertir en el desmontaje del Estado de Bienestar. Y lo están haciendo. También en España. Pero, tengámoslo claro: sin impuestos justos no hay derechos sociales. Y esto nos lleva al

 

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En 1978 aprobamos la Constitución Española que consolidaba un Estado Social y Democrático de Derecho (justo lo que quieren deshacer los nuevos tecno oligarcas). Y para gestionar los asuntos públicos, el Estado se estructuró en tres niveles: la Administración General, las Comunidades Autónomas (CCAA), y las entidades locales. El presidente Suárez y la UCD trataban de dar respuesta así al viejo problema territorial de España y a las pulsiones nacionalistas. Y lograron un importante consenso constitucional. Aunque siempre inestable. España inició de esta manera un proceso de descentralización cuasi federal. Nacía así el Estado de las Autonomías.

Años más tarde, el 1 de enero de 1986, España entró formalmente en la Unión Europea, iniciando un proceso de distribución de competencias “hacia arriba”, como la política agraria, o medio ambiental, algunos elementos de política económica y otras.

La idea era situar las diferentes competencias en las estructuras de gestión más apropiadas para cada función, según el principio de subsidiariedad. 

Es decir, mientras se integraba en la Unión Europea, el Estado Autonómico español configuraba un sistema político de orientación federal, pero, y esto es clave, sin estructuras de toma de decisión federales. Así mismo, consolidaba dos regímenes económicos distintos, el general y el foral (para Navarra y las tres provincias vascas), dejando en la propia Constitución Española un factor irritativo no menor.

En el régimen general, cuando el Estado negociaba una competencia con la Comunidad Autónoma, ambos definían las obligaciones que asumía la CCAA (servicios, prestaciones) y calculaban y acordaban los recursos necesarios para hacer efectiva la prestación de dichos servicios. Estos acuerdos económicos debían revisarse periódicamente. Las primeras transferencias de competencias y de recursos tenían carácter finalista. Pero, fundamentalmente a partir de 2002 los Acuerdos de Financiación Autonómica definieron cestas de tributos y otros fondos complementarios, que debían ser suficientes para financiar las competencias transferidas (es decir, las necesidades de financiación). Ahora bien, no se obligaba a las CCAA a destinar esas cantidades a cada una de las diferentes competencias: no eran fondos finalistas. El margen de autonomía permitía a las CCAA elaborar sus presupuestos, aumentando o disminuyendo partidas sectoriales. Y, por supuesto, más allá de lo que dijera el presupuesto, se podía ejecutar de forma incompleta una determinada partida y trasladar remanentes entre diferentes sectores. Como consecuencia, se fueron generando importantes desigualdades en la calidad de servicios públicos entre CCAA.

Y llegamos así a la Ley de Dependencia. En Castilla-La Mancha tuvimos no pocas

DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Cuando se aprobó la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, yo era vicepresidente primero en el gobierno de CLM, que entonces presidía José María Barreda. El Consejero de Bienestar Social era Tomás Mañas. Tomás fue un excelente consejero. Impulsó servicios y programas sociales en toda la región. Y fue el encargado de llevar a cabo la implantación de la Ley de Dependencia en sus comienzos. 

 

Esta Ley se definió como el cuarto pilar del Estado de Bienestar. La retórica era muy potente. Pero no era fácil convencer a todos, ya que en el Estado de las Autonomías las competencias de servicios sociales estaban transferidas a las CCAA, como competencias exclusivas. Y en Servicios Sociales, a diferencia de sanidad, no existía previamente un Sistema Nacional de Servicios Sociales, con carácter universal, sino que eran servicios parciales y desiguales.

 

Hubo, por lo tanto, una primera dificultad para convencer a las CCAA de la necesidad de crear un Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD), que reconociera derechos y prestaciones iguales en todo el territorio. El cambio no era menor. En efecto, la Ley garantizaba el derecho a la protección y asistencia de personas que habían perdido su autonomía personal, y se aprobaba un sistema de financiación para todo el Estado, con participación de la Administración General y las Comunidades Autónomas, además de mantener determinados copagos por parte de los usuarios.

 

Y aquí venía la segunda dificultad. En efecto, la financiación para dotar la Ley, desde un principio, fue insuficiente y condicionó un arranque lento y una enorme desigualdad en su aplicación, dependiendo de las prioridades fijadas por cada Comunidad y de sus disponibilidades económicas. 

 

En cuanto a la gestión del Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ésta correspondería a las CCAA. Tuvimos que formar y entrenar equipos de valoración, desarrollar metodologías y criterios, y resolver una serie de problemas operativos gracias al compromiso y el ingenio de los funcionarios y el personal de la Consejería.

 

En definitiva: Se aprobaba un derecho y unas prestaciones mediante Ley de ámbito nacional y, en coherencia con el Estado de las Autonomías, se delegaba la gestión a las CCAA. Sin embargo, el presupuesto aprobado para implantar la ley no cubrió las necesidades de financiación desde el primer momento. En efecto, por un lado, se había calculado a la baja el número de las personas en situación de dependencia y su gravedad, y, por otro lado, la AGE no previó incrementar los recursos públicos en la cuantía necesaria para financiar el coste completo de estas nuevas prestaciones al 100%, sino que decidió financiar solo parcialmente las nuevas prestaciones, presionando a las CCAA para que aumentaran su dotación. Ahora bien, la capacidad de incrementar recursos por vía fiscal en las CCAA es muy reducida, por lo tanto, el desarrollo de la Ley se tuvo que ralentizar, o bien se tuvo que incurrir en déficits. Y entonces llegó la crisis financiera de 2008, que impactó fuertemente en España en 2009 y 2010, con la reducción de ingresos fiscales y la inmediata reducción de los traspasos de recursos desde el Estado a las CCAA, con lo que el desarrollo de la Ley quedó varado. Recordemos que incluso, en 2011, se promovió un cambio de la Constitución Española por vía de urgencia, que modificaba el artículo 135, para obligar a todas las administraciones públicas a mantener el equilibrio en sus cuentas y dar prioridad absoluta al pago de la deuda (deuda que se debía pagar a los bancos, a los que se había pedido dinero para rescatar a esos mismos bancos de su irresponsable bancarrota). Pero, como los ingresos fiscales habían caído al frenarse la economía, para mantener el equilibrio en las cuentas que exigía el artículo 135 de la Constitución, había que reducir gasto público, es decir, servicios públicos, funcionarios, prestaciones sociales, etc., etc., incluyendo el Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.

 

Es decir, teníamos que cumplir la Ley de Dependencia, pero los traspasos de recursos desde el Estado disminuían, las necesidades aumentaban, y las CCAAA no podían endeudarse. Era un círculo vicioso. Entonces atendíamos ya a más de 35.000 beneficiarios, y el déficit que provocaba la Ley era de 200 millones de euros anuales.

 

A pesar de todo, y después de negociaciones no poco tensas, mantuvimos el desarrollo de la Ley con enormes dificultades, gracias al esfuerzo de miles de profesionales, y gracias al impulso y la habilidad de personas como Javier Pérez y todo el equipo de la Consejería, y al pleno respaldo del gobierno. Y también, gracias al empuje de mucha otra gente, entre las que destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias a todos ellos la Ley de Dependencia siguió viva y con la recuperación económica pudo continuar avanzando.

 

En término medio, durante estos 20 años las CCAA han venido financiando un 70% de las prestaciones de la Ley. En justicia debería haber sido un 30% como máximo (que es lo que correspondería a la parte de las prestaciones reconocidas en el SAAD que ya estaban cubiertas y financiadas con recursos públicos de Servicios Sociales financiados con transferencias previas). 

 

Así, en 2025, según datos oficiales, el gasto total para mantener el SAAD fue de 13.734 millones de euros, lo que equivale a un 0,8% del PIB. La Administración General del Estado destinó 3.758 millones de euros, mientras que las CCAA aportaron 9.976 millones de euros.

 

En CLM (en 2025) el gasto total fue de 595,39 millones de euros, de los que la AGE aportó 174,99, un 29,4%, mientras que la CCAA aportó 420,4 millones, un 70,6%.

 

Además, hay que tener en cuenta los copagos, a través de los que el usuario aporta en torno a un 20% del coste total del SAAD.

 

CLM hizo, y continúa haciendo, un enorme esfuerzo:

En los primeros tiempos de aplicación de la Ley la puntación obtenida por CLM en el Informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales fue un 6. Costaba arrancar. Pero, gracias a la crítica y el estímulo de la Asociación, cuyos informes leíamos con mucha atención (¿te acuerdas Javier?) tomamos medidas que mejoraron los resultados, hasta una puntuación de 7,5 en 2010. En la rueda de prensa que dimos juntos Javier y yo en 2011, al final de la legislatura, ya encabezamos la puntuación del país.

 

En los años siguientes, el gobierno PP, dejaría en un segundo plano la aplicación de la LEY y se redujo la valoración de la gestión a 5 puntos. Más adelante, el nuevo gobierno de García Page impulsó la recuperación hasta alcanzar un 8,3.

LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDÓ LA LEY DE DEPENDENCIA PARA CLM: LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

 

La Ley de Dependencia nos dio muchos dolores de cabeza. Pero también nos ofreció oportunidades.

 

Así, en Castilla La Mancha aprovechamos el impulso político que habían supuesto y estaban suponiendo las discusiones para la elaboración y la implantación de la Ley de Dependencia, y con ese impulso diseñamos y aprobamos la nueva Ley de Servicios Sociales y otra serie de proyectos innovadores.

 

La Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM, de 16 de diciembre, dice en su exposición de motivos:

“Una de las características definitorias de las sociedades democráticas modernas consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que las conforman, así como mejorar las condiciones de vida de todas ellas.

Para ello las administraciones públicas diseñan y ponen en práctica políticas sociales con el objetivo de articular los recursos e instrumentos que permitan orientar las metas de los diferentes sistemas de protección a esos fines primordiales…”

“La presente Ley concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadanía y por ello”, reconoce “el derecho universal a la protección social … en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales” (artítulo 1).

“Asimismo, la autonomía personal y la integración social se constituyen en los elementos vertebradores de la finalidad del sistema. La autonomía personal, como la situación que permite a la persona desenvolverse en los ámbitos sanitarios, económicos, laborales, educativos y sociales, y la integración social, como proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal.”

La citada Ley creaba el Sistema Público de Servicios Sociales de CLM, integrando y coordinando servicios y prestaciones para poder garantizar el derecho a la atención. Servicios de Atención Primaria y Atención Especializada. Participación municipal. Colaboración de entidades privadas. Participación de la sociedad civil, etc. 

Así mismo, en su título VII, la Ley integraba en el Sistema Público de Servicios Sociales el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “sumando todo el potencial de recursos con los que el mismo cuenta”, e integrando las prestaciones del SAAD en el Sistema Público de Servicios Sociales, y en sus sistemas de información y de gestión.

Cabe recordar que, en la decisión de promover la Ley de Servicios Sociales de 2010, como en su elaboración, contamos con el consejo y el estímulo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Así mismo, hubo una participación y un debate enriquecedor con numerosos ayuntamientos, profesionales, personas afectadas y familias.

Lamentablemente, cuando en junio de 2011 se constituyó el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, sus decisiones supusieron un freno a la aplicación de la Ley de Servicios Sociales y a la aplicación de la Ley de Dependencia. 

 

Posteriormente, en 2015, el Gobierno socialista de García Page volvería a situar en primer plano los Servicios Sociales.

 

BALANCE DE LA LEY, Y REFORMA IMPULSADA POR EL GOBIERNO PROGRESISTA

Ahora conviene hacer balance y analizar brevemente la reciente reforma del gobierno de Pedro Sánchez.

Durante estos 20 años, la falta de recursos (escasez de personal y falta de plazas y servicios) se ha traducido en enlentecimiento y desigualdades en el proceso para reconocer el derecho y las prestaciones del SAAD. Así, el tiempo entre la solicitud y la recepción de la prestación (datos de agosto de 2026) es de 302 días, y oscila entre los 111 días de Aragón y los 536 de Murcia. En CLM es de 165 días. Unas cifras que mejoran sobre 2025 pero que no dejan de evitar que en España fallezcan miles de personas a la espera de un servicio o prestación a la que tienen derecho. También es desigual la calidad de las prestaciones y servicios.

 

Como decía la ADGSS: “los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low costque es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”.

 

A pesar de todo, podemos considerar que el balance de estos años ha sido positivo: a 31 de agosto de 2026,  1.768.186 personas estaban recibiendo prestaciones en el SAAD. Quedaba mucho por hacer, pero lo más difícil ya se había hecho: la propia aprobación de la ley, la financiación de la primera fase de aplicación, el desarrollo de los instrumentos de evaluación y de los sistemas de información, la creación de los equipos de evaluación y el comienzo del reconocimiento efectivo del derecho y la concesión de prestaciones. Pero debíamos seguir mejorando. 

Así, ante las carencias en la Ley de Dependencia de 2006 y en su aplicación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la reforma de la ley que, finalmente, se aprobó el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. La reforma introduce nuevos derechos y nuevas prestaciones: accesibilidad universal; cuidados y apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en la ayuda a domicilio; provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Al mismo tiempo suprime incompatibilidades entre prestaciones, que introdujo el gobierno del PP en 2012 (por ejemplo, centro de día y ayuda a domicilio). Por otra parte, facilita la reducción de la burocracia; pone el acento en la voluntad, deseos y preferencias de los beneficiarios; e introduce otras mejoras. A partir de ahora las CCAA deberán adaptar sus normativas, y habrá que desarrollar diferentes aspectos de la Ley a través de diversos acuerdos en el Consejo Territorial. Aquí será fundamental el sentido de Estado y poner por delante los intereses de las personas afectadas.

Y, al mismo tiempo, en junio pasado se aprobó un aumento significativo de la financiación, con lo que la Administración General del Estado destinará en 2027 el doble de lo que presupuestó en 2025. Ahora bien, lo que no se garantiza es que las Comunidades Autónomas destinen la misma cantidad que destinan ahora, con lo que el gasto total podría no aumentar o hacerlo con menos intensidad.

LOS RETOS PENDIENTES

¿Resuelve la reforma los problemas pendientes? Sin duda es un paso importante y en la buena dirección. Pero yo señalaría dos cuestiones que, a mi juicio, están sin resolver y que la reforma recién aprobada no resuelve tampoco: financiación y gobierno del Sistema.

 

Primera cuestión. Problema de financiación.

 

En la UE la atención a la dependencia recibe una financiación pública de 1,8% del PIB, mientras que en España destinamos el 0.8%. El país tiene riqueza bastante para poder destinar un punto más de PIB a la dependencia. Lo que pasa es que se la quedan unos pocos, los más ricos.

 

Sabemos que las grandes reformas fiscales requerirían un enfoque y una aplicación global, mundial. Pero mientras tanto, el Gobierno de España y el Parlamento de la nación deberían impulsar un modelo fiscal que cumpla con el artículo 31 de la Constitución y que sea progresivo, pagando más quien más tiene. Esto permitiría recaudar 80.000 millones de euros anuales más, para situarnos en la media de los países de la UE más avanzados socialmente. ¿O debemos seguir permitiendo que los que más tienen no paguen impuestos, y se apropien de la riqueza que es de todos? 

 

Una reforma fiscal justa y completa debería permitir destinar 14.000 millones de euros más a la Ley de Dependencia, duplicando la dotación de 2025. De esta forma se podrían financiar adecuadamente los servicios para garantizar el derecho a la atención a la dependencia para todas las personas que lo necesiten, y sin esperas.

 

(Como hemos dicho, el actual gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un aumento de los recursos de la AGE para el SAAD: 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 millones más en 2027 y sucesivos. 

** Este aumento de recursos ya se está notando desde el mes de julio en las liquidaciones mensuales de “nivel mínimo”. Y esto es enormemente positivo. Ayuda a cubrir las prestaciones actuales. Pero la reforma de la Ley crea nuevos derechos y servicios, y la demanda seguirá aumentando por el envejecimiento poblacional.

 

Es decir, en 2027 la AGE aportaría 7.239 millones de euros, el doble que en 2025 y un 50% del gasto total del SAAD. Estos incrementos están muy bien, pero seguirán siendo insuficientes. Si se quiere mejorar el sistema y que deje de ser un sistema low cost, además del incremento aprobado se necesitarían otros 10.000 millones anuales más.)

 

Segunda Cuestión. Problema de Gobierno del Sistema: Desigualdades y garantías.

 

Las desigualdades en la aplicación de la Ley entre CCAA muestran que no se garantiza a todos los españoles el mismo derecho. ¿Es esto justo?

No solo es necesaria una dotación presupuestaria suficiente. Después de 38 años de aprobada la Constitución que creó el Estado de las Autonomías, es preciso reflexionar sobre el modelo de gestión descentralizada en las CCAA y los mecanismos de coordinación, inspección y corrección. No basta aumentar recursos si no se utilizan con eficiencia o no se destinan al fin que justificó el traspaso de esos recursos. Y no basta decir que lo están haciendo mal las CCAA y punto. El artículo 149.1. de la CE exige garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones.

 

Es cierto que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD aprueba los marcos de cooperación interadministrativa y coordina la implantación de la Ley. Pero, a lo largo de los años hemos venido observando diferencias importantes entre las CCAA. Aquí hay problemas de prioridades y de gestión. En un Estado de las Autonomías las competencias están transferidas, pero el Estado debe ser garante del cumplimiento de las obligaciones, y, si no se cumplen, debería hacer uso de sus competencias de inspección, debería indicar las correcciones precisas y advertir sobre posibles incumplimientos, e incluso, en casos límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución. Si la Ley garantiza un derecho a la ciudadanía, el Estado debe asegurar su cumplimiento. Sin embargo, no se hace, porque se teme “invadir competencias”, o porque se tiene la tentación de “echar la culpa al otro”.

 

Por eso es preciso avanzar en el desarrollo del Estado Federal, con mecanismos de toma de decisiones vinculantes y ejecutivas conjuntas, mecanismos de supervisión, evaluación, sanción, llegando, en situaciones graves, a la retirada de las competencias, con el respaldo de los órganos Federales. Es evidente que para este desarrollo institucional se precisaría un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, lo cual, hoy en día, parece muy improbable, pero no imposible. Es necesario reforzar la responsabilidad y la solidaridad. Todos somos Estado, la Administración general, las CCAA, los Ayuntamientos, y debemos cooperar mejor. Quizá en algún momento sea precisa una actualización de la Constitución.

 

Amigas y amigos: haciendo balance de las dificultades y las oportunidades 20 años después de la aplicación de la Ley de dependencia podemos decir que ha merecido la pena. Se han logrado avances muy importantes. Enhorabuena a todos por el esfuerzo y por lo mucho que se ha conseguido. Sin embargo, el SAAD sigue siendo un sistema en construcción, infra-financiado y con un modelo de gestión que no garantiza un desarrollo homogéneo y eficiente en todo el territorio nacional. Así que, a pesar de lo logrado y de la aprobación de la reforma del miércoles pasado, todavía queda mucho por hacer. Y, más aún teniendo presente que hay fuerzas muy poderosas que quieren desmontar cualquier atisbo de políticas sociales.

 

Por eso, aunque en algunos momentos parezca muy difícil avanzar, tenemos que seguir soñando en un futuro mejor y trabajando por ello.

 

¿Por qué no puedo yo soñar?

Si volar por el aire

En un pájaro de hierro

Sobre los verdes valles 

Y sobre aquellos cerros

No es solo un sueño

¿por qué no puedo yo soñar?

 

Si hablar contigo desde Sofía

y oír tu voz como si estuvieras a mi lado

No es imposible, como tampoco lo es 

tomar el corazón desde el costado

De un hombre fallecido 

y plantarlo a que de vida a esta mujer

Que casi ya se moría, 

¿por qué no puedo yo soñar?

 

Si el Moisés de Miguel Ángel, 

y el Cristo de Goya, y la Novena sinfonía

No son solo fantasía, sino que de verdad son, 

y han nacido de las manos de mujeres y hombres 

paridos de madre como tú y como yo

¿por qué no puedo yo soñar, vida mía, 

que una mañana, al alumbrar el sol al firmamento 

se quedará boquiabierto

Porque ningún niño, ningún viejo ni nadie 

ha muerto de hambre en ese día

Por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado

Ningún hombre, ningún muchacho ni ningún soldado

Ha sido clavado de un disparo

 

Soñar también que ninguna mujer 

fue violada en el atardecer

de ese día misterioso.

Soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie

por conseguir un trabajo que le dé de comer.

 

Por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria

donde todos los pueblos dibujen 

de una puñetera vez y para siempre

una paz entera y planetaria

 

Por qué no puedo yo soñar hoy 

si tú me has querido tanto

Siendo yo como soy

Soñaré este sueño porque me da la gana

Y soñaré que un día, gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano

El sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido

Como han sido ya verdad y lo están siendo

Tantas y tantas cosas, vida mía.

 

 

Muchas gracias y a seguir luchando como don Quijote por hacer realidad nuestros sueños de justicia e igualdad.

Hasta siempre.

¿Quién es Donald Tusk?

Comentaba con unos compañeros la carta que había publicado Donald Tusk sobre el nuevo gobierno norteamericano y me preguntaron: ¿Quién es Donald Tusk?

Este es un problema: la mayoría de los europeos no saben quién es Donald Tusk. Europa no tiene claro el liderazgo, la dirección política. La Unión Europea, después de casi 70 años de existencia, no acaba de nacer como unión política y económica de verdad. Y una muestra es que tiene, al menos, tres cabezas de gobierno. Por una parte el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Este organismo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, normalmente cada tres meses, para establecer las “agenda política” y orientar la política exterior y de seguridad común. Pero este órgano no legisla, no “manda”. Por otra parte el Consejo de la Unión Europea es el órgano que reúne a los ministros nacionales de cada ramo, y ahí se toman las decisiones importantes. Este Consejo de la Unión Europea lo preside por turno rotatorio de seis meses el Jefe de Gobierno de un país; ahora es el Primer Ministro de Malta, aunque aquí el peso lo tienen los países grandes y singularmente Alemania, la Sra Merkel. Finalmente está el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. La Comisión ejecuta las políticas aprobadas por el Consejo de la UE y hace propuestas. Una tricefalia en la que los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión los eligen “de facto” los Jefes de Gobierno, lo que reduce su representatividad democrática.

Esta estructura fue necesaria, seguramente, en el origen de la UE. Cuando salíamos de dos guerras mundiales en las que alemanes, franceses, belgas, italianos, y soldados de uno y otro país, nos habíamos destripado en las trincheras. Pero han pasado muchos años y son ya tres generaciones de europeos que no hemos peleado entre nosotros en guerras fratricidas. Y la situación del mundo ha cambiado también. Debemos decidir: o queremos una Europa que funcione, y entonces hemos de refundarla, dotándola de una estructura operativa y democrática (elecciones parlamentarias europeas, con un Parlamento que legisla y que elige al Presidente del Gobierno Federal Europeo, y un Gobierno que tome decisiones eficaces, y que cuente con un presupuesto suficiente, como cuenta el Gobierno de los EEUU), o nos disolvemos educadamente, siguiendo el camino del Brexit.

El otro problema es el programa político, las prioridades, el discurso. La orientación política de estos últimos diez años ha sido la neo-liberal, de acuerdo con la ideología de la mayoría de los gobiernos de los países de la UE. Esas políticas no impidieron la crisis financiera y no han sido capaces de corregir sus efectos. Las clases medias se han empobrecido. La desigualdad ha aumentado. El fraude fiscal suma un billón de euros anuales. Los organismos de la UE han seguido avalando los recortes de los servicios públicos (sanidad, pensiones, educación pública). Hay una transferencia de rentas de los más débiles, de los trabajadores y profesionales, de las pequeñas empresas, a las grandes corporaciones, a las grandes entidades financieras y las grandes fortunas. Se rescató a los banqueros y se desahució a los ciudadanos. Es un escándalo que el presidente de la Comisión durante diez años, Durao Barroso, haya sido contratado por uno de los mayores Bancos relacionados con la crisis financiera, el Goldman Sachs. Y no pasa nada. No ha habido una modificación urgente de las leyes para que esto no vuelva a ocurrir.

El señor Tusk señala los riesgos para Europa, riesgos externos y riesgo internos. Pero no hace un buen diagnóstico. No analiza las consecuencias negativas de las políticas que se han llevado a cabo. El euroescepticismo de tantos es precisamente la respuesta a esas políticas que han salvado a los bancos y condenado a la gente normal. Esas políticas son las que necesitan un cambio radical. Después viene la xenofobia, después vienen los Brexit y los populismos. Esos no son la causa. La causa es una desigualdad que se basa en el enriquecimiento obsceno de unos pocos. Trump quiere construir su muro, pero nosotros ya hemos construido muchas vallas.

Si en Europa hay miles de personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan, y sabemos que las empresas farmacéuticas cobran precios muy por encima (1.000 veces, 10.000 veces más) de lo que cuestan esos medicamentos, y vemos que los Gobiernos nacionales y las instituciones de la UE no toman medidas drásticas inmediatas, sino que ponen en marcha grupos de trabajos, entonces la gente dice, con razón, que la UE no sirve.

Si hay grandes empresas que cambian su domicilio fiscal a otro país de la UE (Irlanda, Luxemburgo, Malta) para pagar menos impuestos, o no pagar, y no pasa nada, entonces los ciudadanos piensan que la UE no sirve.

Es evidente que la UE ha logrado enormes logros a lo largo de su historia. El primero la paz. Desde hace 70 años no nos matamos en guerras mundiales europeas. Solo por esto ya mereció la pena. Durante muchos años también sirvió de motor económico e impulsó los derechos humanos. Pero ahora ve insensible cómo se vulneran esos derechos, como en el caso del acceso a los medicamentos, o la atención a los refugiados, y no pasa nada. Ahora ve cómo otras regiones del mundo se organizan y diseñan estrategias económicas a medio y largo plazo, y la UE no tiene estructuras sólidas de política económica, fiscal o laboral. No es válido ya este esquema. Los derechos sociales y las libertades conquistadas a lo largo del Siglo XX están en riesgo. Ya no vale el “business as usual”.

Necesitamos otro proyecto de Europa que nos conmueva, que nos emocione y nos convoque a un futuro mejor, solidario, seguro, sólido. Una cabeza y un discurso de progreso y de igualdad que defienda los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

Sabemos quien es Donald Trump y lo que quiere. Los europeos necesitamos un Presidente de un Gobierno Federal Europeo reconocible, con capacidad ejecutiva para responder a los grandes desafíos del Siglo XXI, y necesitamos también que ese gobierno quiera llevar adelante un proyecto progresista que nos una y nos ilusione, un proyecto a favor de la ciudadanía y no de unos pocos. La solución no vendrá del cielo. Deberemos construirla con mayorías sociales que tengan fuerza suficiente. Depende, pues, de cada uno de nosotros.

#DiaMundialSaludMental Andalucía: soñar el futuro

El escenario, una hermosa tarde de Sevilla en el Teatro Central de la Isla de la Cartuja. El motivo, la Gala de entrega de premios FEAFES-ANDALUCÍA, enmarcada dentro del programa de actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Pablo Carbonell, genial, hizo las veces de mantenedor, con simpatía, sencillez y cariño, y fue invitando a recoger su premio a personas afectadas, familias, profesionales, instituciones, programas destacados de atención en el campo laboral, educativo, de lucha contra el estigma... Yo tuve el honor de recibir la Insignia de Oro que agradezco en el alma y me motivará a seguir trabajando. A lo largo del acto, el grupo de flamenco Azabache llenó de música y alegría los corazones. Los amigos de Pablo, que compartieron grupo de teatro hace años, nos hicieron reír con dos escenas de su antiguo repertorio. El Defensor del Pueblo andaluz leyó la proclama con voz solemne y firme, representando a las personas afectadas, las familias, los profesionales y comprometiéndose con todas las personas que vienen luchando por la defensa de la Salud Mental y por una atención sanitaria y social de calidad y para todos. La Presidenta de Feafes-Andalucía, Conchi Cuevas, y la Presidenta del Comité de personas con enfermedad mental de Andalucía se dirigieron a todos los presentes dando la bienvenida, recordando lo mucho que se ha logrado en la mejora de la atención a las personas que tienen problemas de salud mental, y señalando también las carencias que deben resolverse. Finalmente al cerrar el acto, la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Maria José Sánchez Rubio, apeló al compromiso institucional y de la sociedad para facilitar la plena inclusión de las personas con problemas de salud mental. Fue un acto emotivo, sentido, del que salimos con las pilas cargadas y el ánimo dispuesto para seguir luchando. Antes de comenzar la Gala, mientras recibía a los invitados, Conchi me planteó que hace falta una nueva reforma psiquiátrica, una nueva reforma en el campo de la Salud Mental, que hemos de pensar en el futuro. Me llamó la atención su manera de formularlo y le dije que sería bueno debatir sobre esta cuestión en profundidad. En todo caso, me suscitó esta reflexión. Es verdad que las situaciones son muy diferentes, dentro y fuera de España. Si miramos al panorama internacional vemos que en muchos países todavía están en la fase previa a nuestras reformas del pasado siglo. Todavía el peso de la atención en esos países está en los hospitales psiquiátricos cerrados y en el internamiento obligatorio de larga duración o de por vida. En muchos países europeos la esperanza de vida al nacer de las personas con enfermedad mental es 20 años menos que la media de la población de ese país.También hay diferencias en los modelos de atención y los recursos dentro de los países. En España hay Comunidades Autónomas que han desplegado un modelo de atención comunitaria, con diversos programas y redes de servicios en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales: equipos/centros de salud mental, unidades de hospitalización breve, hospitales de día, centros de rehabilitación, pisos tutelados, centros ocupacionales, programas de empleo con apoyo, … En cambio en otras Comunidades Autónomas no se ha logrado una red de atención completa, y este será el primer paso a dar. A su vez, y por desgracia, en otros lugares se ha dado marcha atrás con la imposición de los recortes y con el impulso privatizador de los últimos años, y habrá que empezar por recuperar lo destruido. Pero hay que mirar más allá. Mientras se trabaja en cada uno de esos objetivos concretos dependiendo de las circunstancias (completar un hospital de día, reforzar la plantilla de un centro de salud mental, implantar el tratamiento asertivo comunitario, conseguir programas de empleo, etc.) hemos de pensar en una nueva fase. La primera reforma, la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos, los antiguos manicomios, la impulsaron los profesionales de salud mental más concienciados. La segunda reforma, la de crear redes de dispositivos intermedios, la impulsaron sobretodo las familias. Esta tercera reforma la deben impulsar sobretodo las personas afectadas. Muchas de estas personas han podido recuperar su vida laboral y social con normalidad. Pero no están implicadas en los movimientos asociativos. En parte porque el estigma sigue cohibiéndoles para compartir su experiencia. Sin embargo, su papel es clave. Porque la nueva reforma debería suponer, de alguna manera, la “desinsitucionalización” de los dispositivos intermedios, por la recuperación de autonomía de sus usuarios. y, progresivamente, la “no institucionalización” en dichos dispositivos. Es decir, cuando la persona afectada, con el apoyo de la familia y de los servicios sanitarios/ sociales/ educativos/ laborales, pueda responder al problema de salud mental que le está creando malestar, discapacidad, dificultades para mantener su actividad laboral y sus relaciones sociales, y pueda manejar herramientas para superarlo, antes de necesitar esos dispositivos intermedios. La clave, en esta fase, será la capacitación de esa persona, su consideración como protagonista del proceso y la disponibilidad de esas herramientas, de esos apoyos, que permitan a la persona afectada mantener y recuperar la autonomía. En este modelo la persona se entrena a manejar esas herramientas y esos recursos, con el apoyo de los servicios especializados. Pero él/ella son los protagonistas en la gestión de los procesos. En este modelo los servicios de salud mental deberán centrarse en la prevención, la promoción de la salud mental, la lucha contra el estigma, y la flexibilidad en la oferta de herramientas de apoyo, acompañamiento y entrenamiento para la persona afectada y para su familia, en el domicilio, en el trabajo, en el lugar de estudio, a través de contactos por teléfono, por internet, etc., con intevenciones ágiles, precisas y coordinadas. Por supuesto que los otros programas y las redes de atención actuales deben seguir prestando servicio, y deben mejorar su calidad. Y lo deberán seguir haciendo durante años. Pero quizá sea momento de ir soñando el futuro, discutiendo y dando forma a la “tercera” reforma psiquiátrica, que implica un cambio de conceptos, un cambio en los enfoques formativos, un cambio de protagonistas y nuevas estrategias.

#ConectaConmigo: Día Mundial de la Salud Mental, 10 Octubre

 El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.  Ayer tuve la fortuna de participar en la Jornada Conmemorativa organizada por la Confederación Salud Mental España en el Ateneo de Madrid. Emocionante.

Comentaba con varios de los asistentes más veteranos que las intervenciones de los ponentes en las mesas redondas mostraban la evolución de la atención a la salud mental en los últimos años. Evolución en postivo.

Empezando por el Manifiesto, cargado de buen sentido: “Ponte en mi lugar. Conecta conmigo”. Es decir, conóceme, puedo aportarte algo. No te pido, te ofrezco, no me quejo, te animo. Caminemos juntos.

También es importante el lema de la OMS para este día: dignidad en salud mental. Miles de personas con problemas de salud mental en todo el mundo privados de sus derechos humanos, marginados, discriminados, estigmatizados, sin atención sanitaria y social suficiente.

Dos realidades. Medio vaso lleno, medio vaso vacío. Las dos realidades son ciertas y complementarias. Hay una visión crítica que subraya las carencias, la falta de respeto, la falta de un trato adecuado a las personas que padecen o padecemos problemas de salud mental y a nuestras familias, tanto por parte de la sociedad como de las Administraciones Públicas o de los profesionales sanitarios… Esto es verdad en muchas ocasiones y en muchos lugares. Pero también hay otra realidad de avance en la consideración de estos problemas, en su abordaje; una realidad de profesionales comprometidos y de programas de atención adecuados y flexibles; una realidad de personas que antes se consideraban "enfermos incurables" que recibían tratamiento pasivamente, y hoy son personas que intentan superarse, asumen el control de su vida, toman la palabra y defienden sus derechos.

La pimrera mesa, “conocer para entender; salud mental en primera persona” nos permitió aprender de las experiencias de tres personas que viven las dificultades de afrontar estos problemas. La segunda mesa “reflexión y estímulo; atención a la salud mental desde la participación y la recuperación” debatió puntos de vista de dos psiquiatras y un profesional que trabaja en salud mental y que es experto en primera persona. Y finalmente una tertulia entre Damián Alcolea, autor de “Tocados” y José Manuel Cámar, periodista. Extraordianrios.

Hace diez años esta Jornada hubiera sido imposible: escuchar las voces de personas diagnosticadas de trastorno mental,  de familaires, de personas que llevan su vida razonablemente adelante, con dignidad y con esfuerzo.  El debate fue intenso, emotivo. A veces cuesta afinar en los matices. A veces hablamos de lo mismo con diferentes términos. A veces no. Y el debate ayuda a encontra los puntos en común para seguir avanzando. En todo caso, yo pienso que los debates deben darnos nuevas rutas, no paralizarnos.

Es más fácil cuando comparamos situaciones más claras. Por ejemplo, comparar el tratamiento con encierro de por vida en un hospital psiquiátrico, con una estrategia de salud mental comunitaria. Yo he conocido las dos, y prefiero la segunda. Y sabemos que en muchos lugares del mundo sigue predominando la primera. Y sabemos que en España ha habido intentos recientes de dar macha atrás: proyecto de reforma del Código Penal para tratamiento involuntario obligatorio, con posibilidad de encierro continuado; o resolución de las Autoridades Sanitarias donde se consideraba a las personas con trastorno mental como riesgo para la salud pública, reforzando el estigma de la peligrosidad.

La Confederación peleó para que estas disposiciones no salieran adelante y se pudieron cambiar. Pero si no hubiera peleado, se habrían aprobado. Y es que la vida misma es compleja, con muchos planos que expresan diferentes tensiones, distinos intereses, afectos, conflictos, miedos… La vida, por definición, no es estática. Y los avances sociales no son irreversibles. Los debemos defender, consolidar y mejorar día a día. Y hemos de seguir avanzando, porque si no iremos hacia atrás. Por eso las Asociaciones son tan importantes. La suma de esfuerzos. Solos no podemos. Las cosas no son porque deban ser, son porque hacemos que sean. No hay derechos si no hay personas que defiendan esos derechos.

Pero no se trata de asociarse por asociarse. Tenemos que tener claro para qué nos unimos, qué defendemos. Se trata de asociarse para defender unos valores humanos, unos derechos humanos, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud. El derecho a la salud, como base de otros derechos, porque sin salud no puede haber vida ni libertad. Y por eso, también, derecho a la atención sanitaria y social pública de calidad. Porque pocas personas tendrían los medios particulares para pagarse la atención sanitaria privada, las medicinas, las consultas, el apoyo para una vivienda, … Es preciso que defendamos el derecho a la atención sanitaria pública, como un derecho humano fundamental.

En los años 60 y 70 del pasado siglo, el liderazgo de las reformas lo llevaron los profesionales sanitarios. En los años 90 fueron las familias quienes propiciaron nuevos cambios. Ahora son los expertos en primera persona, las personas que tienen o han tenido enfermedad mental, quienes toman la voz y dicen:

“Cambia la mirada porque me necsitas… Ya no hablaremos de limitaciones ni de sufrimiento: comencemos a hablar de espíritu de superación. Ya no hablaremos de soledad: atrevámonos a tender puentes de amistad…  La vida, la verdadera vida, crece al otro lado de las arenas: no te quedes con las apariencias….  Atrévete, explora, contacta conmigo”.

Leyendo este precioso Manifiesto elaborado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental de la Confederación Salud Mental España, recordé este poemita que escribí hace años:

Aunque no me veas

lo que a ti te ocurra

me pasa también a mi.

Aunque estés muy lejos,

incluso sin saber uno del otro,

un hilo de plata invisible

nos une

de corazón a corazón.

Si tú te apenas,

lloro.

Si tú sonries,

vivo.

Celebrando este 10 de Octubre deseo que nuestra sonrisa, nuestro espíritu de superación y el esfuerzo de todos unidos nos permita vivir a todas y a todos con respeto y dignidad.

A veces los "lapsus" dicen la verdad.

 Hay quien ha escuchado decir que el gobierno del PP ha trabajado mucho para “saquear” a España y a Castilla La Mancha… Han dicho que se trata de “lapsus”, errores verbales que, en ocasiones, traicionan el discurso “oficial” expresando lo que de verdad piensa el inconsciente. ¿Quién puede saberlo sin ver la mente de una persona? Pero lo que, lamentablemente, sí ha visto y sufrido mucha gente en estos últimos cuatro años es que se han “saqueado” los derechos de miles de españoles y de castellanomanchegos mientras algunas personas, muy pocas, tenían dinero bastante para comprarse un cigarral.

-Lo ha visto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Gobierno de España) que en su Estadística sobre Afiliados en Alta a la Seguridad Social (media mensual) señala que hay 77.501 trabajadores menos en Castilla-La Mancha entre junio 2011 (689.117) y marzo 2015 (611.616). No uno ni diez. 77.501 menos.

-Lo ha visto la Defensora del Pueblo de España que, en el Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo, detalla que en Castilla-La Mancha hay pacientes que esperan más de 12, más de 24 y más de 30 meses para ser atendidos desde que se les indicó la intervención. El 36% de las quejas publicadas sobre listas de espera en el Informe son de CLM, que tiene menos del 5% de la población española.

-Lo ha visto el CSIF de CLM, que en abril de 2015 denuncia la falta de transparencia de las listas de espera y demanda información sobre los niños operados en clínicas privadas de Madrid. Este sindicato pide que se paralicen todas las derivaciones de pacientes a clínicas privadas, y que se optimicen los recursos propios del Sescam para mejorar la calidad asistencial y de esta manera los pacientes no tengan que desplazarse fuera de sus lugares de residencia salvo casos excepcionales. Desgraciadamente, el deterioro de todo tipo que ha sufrido la sanidad castellano manchega en estos últimos años ha condicionado unos niveles de desencanto y de pérdida de calidad en nuestra sanidad jamás vistos antes.

-Lo ha visto Amnistía Internacional, que en su informe de 20 de abril denuncia que Castilla-La Mancha es la que más ejerce la exclusión sanitaria, exigiendo pagos o compromiso de pagos a pacientes que no tienen medios y dejando sin atención a personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas graves de salud. El informe dice que se ha vulnerado el derecho a la atención sanitaria de 749.835 personas en toda España.

-Lo han visto la Intervención General de la Administración del Estado y las Cortes de Castilla La Mancha al mostrar los datos de los presupuestos ejecutados donde se observa que en España se ha recortado el gasto sanitario público en más de un 10% y en Castilla-La Mancha un 20% entre 2010 y 2014.

-Lo ha visto CCOO, que denuncia cómo en CLM hay 85.600 hogares donde todos sus miembros están en paro. Es la región donde más ha crecido la pobreza y donde hay más hogares en riesgo de exclusión social. El 95% de la contratación ha sido temporal y con contratos de poca calidad. Una región más pobre, con trabajadores más empobrecidos y con menos protección social.

-Lo ha visto el Ministerio de Sanidad en el Barómetro Sanitario, donde se señala que las personas que valoraban la sanidad Bien o Muy Bien han disminuido del 74,5% en 2010 al 59,5% en 2013: 15 puntos menos. El doble del deterioro en relación con la media nacional.

-Lo ha visto el Informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que denuncia cómo CLM está en los peores puestos en pobreza, en atención social, o en atención a la infancia, con una reducción de un 28,2% en gasto social. Denuncian también que en 2014 se desalojaron de sus viviendas en España a 40.000 familias por impago de hipoteca. Este informe muestra cómo la renta de las familias ha bajado un 10% en los últimos 3 años. Mientras los más ricos y las grandes empresas han duplicado ganancias y no pagan impuestos, o pagan mucho menos de lo que les corresponde.

-Lo ha visto la Cruz Roja que en su Boletín de Vulnerabilidad Social n.9 denuncia cómo en España más de 800.000 personas han tenido problemas para comprar los medicamentos que les recetan los médicos. Y lo ven también los médicos que no pueden atenderles como es necesario, como muestra el Informe de Médicos del Mundo de 2015 sobre los efectos del Real Decreto Ley 16/2012.

-Lo ha visto, en fin, el Banco de España, que en su Información sobre la Deuda Pública de las Comunidades Autónomas muestra que Castilla-La Mancha ha duplicado la Deuda Pública entre finales de 2010 y finales de 2014: de 6.110 millones de euros a 12.858 millones de euros. Con un matiz importante. Entre 2000 y 2010 se hicieron más de 100 centros sanitarios, más de 100 centros sociales, más de 100 centros educativos, plantas de saneamiento, instalaciones deportivas, carreteras, adquisición de tecnología para diagnóstico y tratamiento, informatización de los centros educativos, programas de ayuda a familias numerosas, desarrollo de la ley de dependencia, etc. etc. etc. En estos cuatro años, en cambio, se ha duplicado la Deuda Pública, se ha duplicado el valor de la factura que tendrán que pagar los castallanomanchegos, y mientras tanto se han desmontado y deteriorado servicios y prestaciones para las personas mayores, para las familias, para las personas con enfermedad mental, para las personas en situación de dependencia, para los escolares, para los trabajadores… y se ha frenado drásticamente la inversión en infraestructuras públicas: un erial.

Lo ha visto y sufrido mucha gente. Es un balance desolador que se puede calificar sin exagerar de “saqueo” de los derechos de las personas. A veces los “lapsus” dicen la verdad.