Es importante lograr la independencia de la formación y la investigación biomédica respecto a la financiación de la industria farmacéutica.

En un Editorial del British Medical Journal, Ray Moyniham y colaboradores explican una iniciativa de la Revista para promover un debate sobre la conveniencia de lograr la independencia de la formación y la investigación respecto a la financiación de la industria farmacéutica (1). Por ejemplo, excluir autores con conflicto de interés (que reciban pagos de la industria) de las Guías Clínicas.

Los autores señalan la influencia de la industria en el peligro de sobre-diagnóstico y sobre-tratamiento, medicalizando la sociedad, con daño para la salud y gastos innecesarios, como muestra el estudio de Pathirana T y otros (2).

Por otro lado, recogen una revisión publicada en 2010 por Wang AT y otros, en la que comprobaban que las recomendaciones de los líderes de opinión se correlacionaban con los intereses de los patrocinadores de los estudios (3).

Otro estudio de DeJong y otros, publicado en 2016, con 279.000 médicos, encontraba asociación entre los que habían sido invitados a una comida por el laboratorio y la prescripción de los medicamentos del patrocinador (4).

Un estudio de Cochrane review, publicado por Lundh A y otros en 2017, confirma que los ensayos clínicos patrocinados por industria tienden a encontrar resultados favorables para los productos de los patrocinadores (5).

En 2018, Rondon PA y colaboradores encuentran evidencias de la influencia de los patrocinadores en el diseño, desarrollo y publicación de la investigación (6).

Otro estudio de L Bero muestra cómo las compañías controlan lo que se publica y lo que se deja de publicar sobre su producto, e incluso cambian los estándares por los que se evalúa la investigación (7).

Es bastante entendible que la industria pague ensayos clínicos que obtengan resultados por los que pueda ganar dinero, y que la “exigencia del mercado” fuerce sesgos en investigaciones y publicaciones (8). De la misma forma, es bastante evidente que el pago de actividades de formación, congresos, cátedras de patrocinio, etc. tiene una finalidad comercial, vender más, y condiciona la prescripción.

La cuestión que plantean muchos profesionales es: “de acuerdo, yo también prefiero ser independiente de la industria para mi formación y para hacer investigación, pero ¿cómo puedo pagarlas? La Consejería de Salud, o el Ministerio no me financian la formación ni la investigación”. Este es un problema importante. Lo paradójico es que la industria paga la formación de los profesionales (cursos, congresos, etc.) y gastos de investigación con una pequeña parte del dinero que le pagan los propios Servicios Públicos de Salud con los sobre-precios de los medicamentos. Si se rebajaran esos precios a un precio justo, serían los Servicios Públicos de salud los que pagarían directamente la formación y la investigación, y se ahorraría una importante cantidad de gasto innecesario. Entre tanto, lo que puede hacer el gobierno es un descuento adicional sobre la factura actual de medicamentos, para financiar un Fondo público de Formación e Investigación. Es viable. Esta es una de las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo” (8).

1.Moyniham R et al. Commercial interests, transparency, and Independence: a call for submissions. BMJ 2019; 365:I1706 doi: 10.1136/bmj.I1706 (Published 16 April 2019)

2.Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879. 10.1136/bmj.j3879 28814436 

3.Wang AT, McCoy CP, Murad MH, Montori VM. Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review. BMJ 2010;340:c1344. 10.1136/bmj.c1344 20299696 

4.DeJong C, Aguilar T, Tseng CW, Lin GA, Boscardin WJ, Dudley RA. Pharmaceutical industry-sponsored meals and physician prescribing patterns for Medicare beneficiaries. JAMA Intern Med 2016;176:1114-22. 10.1001/jamainternmed.2016.2765 27322350 

5.Lundh A, Lexchin J, Mintzes B, Schroll JB, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:MR000033.28207928 

6.Rochon PA, Stall NM, Savage RD, Chan AW. Transparency in clinical trial reporting. BMJ 2018;363:k4224. 10.1136/bmj.k4224 30301724 

7.Bero L. Ten tips for spotting industry involvement in science policy. Tob Control 2018;28:1-2.29941543 

8.Lamata F. ¿Por qué es tan difícil publicar resultados negativos? Journal of Negative and No Positive Results 2018; 3(5): 315-374 https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/view/2363

9. Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo”. https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org

Las asociaciones de pacientes que reciben financiación de la industria farmacéutica tenderán a tener posiciones favorables al patrocinador.

Es importante lograr la independencia financiera de las asociaciones de pacientes garantizando el apoyo público y evitando así el patrocinio de la industria farmacéutica, que, lógicamente, buscará un retorno de su inversión.

Lisa Parker y otros han llevado a cabo un estudio cualitativo entre grupos de pacientes en Australia para valorar cómo influye en el comportamiento de las asociaciones el hecho de recibir financiación de la industria farmacéutica (1). Este estudio explora cuál es el valor de las asociaciones de pacientes para la industria. Al invertir su dinero promoviendo o patrocinando asociaciones de pacientes las empresas buscan sus objetivos comerciales (promoción de un medicamento, presión ante las Administraciones Públicas para lograr la aprobación de la financiación de un medicamento sin cuestionar los precios injustificados, centrar los esfuerzos de la asociación en los medicamentos y no en la prevención o en intervenciones no farmacológicas, etc.). Las asociaciones de pacientes deben ser conscientes de esta situación. 

El asunto no es nuevo. En distintos países en los que se ha analizado esta cuestión, como Finlandia, EEUU, o Reino Unido, se comprueba que la mayor parte de las asociaciones de pacientes reciben dinero de la industria. Como señala Parker, la evidencia sugiere una relación entre la recepción de financiación de una compañía farmacéutica y la posición pro-industria de la asociación (2-9). Así lo confirma una revisión sistemática con meta-análisis muy amplia publicada en el British Medical Journal en enero de 2020 (10). 

Por esta razón, algunas asociaciones de pacientes han renunciado al patrocinio de la industria para garantizar la independencia en sus actividades y sus posicionamientos, aunque eso debilite su potencial para llevar adelante actividades.

Sería importante que las Administraciones Públicas apoyaran económicamente a dichas asociaciones. La industria las financia con el sobre-precio excesivo que pagamos por los medicamentos. Bastaría que el Estado recuperara parte de esas ganancias excesivas con un descuento adicional sobre las ventas de los medicamentos de marca. En este sentido, la Iniciativa Legislativa Popular por un Acceso Justo al medicamento propone la creación de un Fondo de Formación e Investigación independiente, gestionado por las Administraciones Públicas y financiado con dicho descuento o aportación, que apoyaría directamente a las asociaciones de pacientes representativas en su importante labor de educación, sensibilización, formación y servicio, garantizando así su independencia (11). 

1.Parker L, et al. “Asset Exchange”-interactions between patient groups and pharmaceutical industry: Australian qualitative study.BMJ 2019; 367: I6694 doi: 10.1136/bmj.I6694 published on 12 December 2019.

2.Lin DH, Lucas E, Murimi IB, Kolodny A, Alexander GC. Financial conflicts of interest and the Centers for Disease Control and Prevention’s 2016 guideline for prescribing opioids for chronic pain. JAMA Intern Med 2017;177:427-8. doi:10.1001/ jamainternmed.2016.8471 

3.Baggott R, Allsop J, Jones K. The pharmaceutical industry. In: The pharmaceutical industry. Speaking for patients and carers: health consumer groups and the policy process. Palgrave, 2005: 185-204. doi:10.1007/978-0-230-80185-1_9 

4.O’Donovan O. Corporate colonization of health activism? Irish health advocacy organizations’ modes of engagement with pharmaceutical corporations. Int J Health Serv 2007;37:711-33. doi:10.2190/ HS.37.4.h 

5.Ozieranski P, Rickard E, Mulinari S. Exposing drug industry funding of UK patient organisations. BMJ 2019;365:l1806. doi:10.1136/bmj. l1806 

6.Moynihan R, Bero L. Toward a healthier patient voice: more independence, less industry funding. JAMA Intern Med 2017;177:350-1. doi:10.1001/jamainternmed.2016.9179 

7.Perehudoff SK, Alves TL. The patient & consumer voice and pharmaceutical industry sponsorship. Health Action International, 2011. 

8.Public Citizen. Patients’ groups and Big Pharma. Washington, DC. Available from: www.citizen.org/wp-content/uploads/patients- groups-and-big-pharma-money-report.pdf 2016. 

9.Taylor J, Denegri S. Industry links with patient organisations. BMJ 2017;356:j1251. doi:10.1136/bmj.j1251 

10.Fabbri A, et al. Industry funding of patient and health consumer organisations: systematic review with meta-analysis. BMJ 2020; 368:I6925 doi:10.1136/bmj.I6925

11.Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un Precio Justo https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

Los regalos de la industria farmacéutica a los médicos se asocian con una prescripción inadecuada

Los regalos de la industria farmacéutica a los médicos se asocian con una prescripción inadecuada, que tiene mayor riesgo para los pacientes, y es más cara para los pacientes y los servicios de salud.

En un estudio elaborado por Bruno Goupil y otros, publicado en el British Medical Journal, los autores evalúan la asociación entre regalos de las compañías farmacéuticas a médicos generales franceses y sus pautas de prescripción (1). Es un estudio retrospectivo de 41.257 médicos utilizando la base de datos creada con la ley sobre Transparencia en Atención Sanitaria, que detalla los regalos recibidos por cada médico. Esta ley se aprobó como consecuencia del escándalo del benfluorex (Mediator), comercializado por Servier fuera de indicación como un reductor del apetito, causando centenares de muertes debido a la medicación. Gracias a la denuncia de la doctora Irène Frachon a la Agencia del Medicamento francesa, se investigó esta tragedia y se reformó dicha Agencia. 

La conclusión del estudio de Goupil es que los médicos que no reciben regalos de las compañías farmacéuticas tienen mejores indicadores de prescripción eficiente y menos prescripciones de precio elevado que los médicos que reciben regalos. La sobre-prescripción tiene efectos negativos sobre la salud de los pacientes (más riesgo de efectos adversos) y supone un gasto excesivo para los pacientes y los sistemas de salud. Los hallazgos de este estudio, subrayan los autores, son consistentes con los encontrados en otras investigaciones (2-9). En nuestro ámbito, la plataforma No Gracias viene reuniendo y publicando información relevante sobre esta cuestión (10).

Para asegurar la independencia de los profesionales sanitarios y prevenir el sobre-diagnóstico y la sobre-prescripción, es importante que la formación de los mismos no dependa del patrocinio de la industria. Se debe potenciar la creación de Fondos Nacionales para la formación y la investigación, con financiación pública suficiente, como propone la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo” (11). 

1.Goupil B et al. Associatioin between gifts from pharmaceutical companies to French general practitioners and their drug prescribing patterns in 2016: restrospective study using the French Transparency in Healthcare and National Health Data System databases. BMJ 2019; 367:I6015 doi:10.1136/bmj.I6015 published on 21 November 2019 https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6015

2.Health Action International. Fact or Fiction: What Healthcare Professionals Need to Know about Pharmaceutical Marketing in the European Union – Health Action International. 2016. https://haiweb. org/publication/fact-or-fiction-pharmaceutical-marketing-in-the- european-union/
3.World Health Organization, Health Action International. Understanding and responding to pharmaceutical promotion:
a practical guide. 2009. http://haiweb.org/wp-content/ uploads/2015/05/Pharma-Promotion-Guide-English.pdf

4.Hadland SE, Rivera-Aguirre A, Marshall BDL, Cerdá M. Association of Pharmaceutical Industry Marketing of Opioid Products With Mortality From Opioid-Related Overdoses. JAMA Netw Open 2019;2:e186007. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.6007 

5.Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD, et al. Information from pharmaceutical companies and the quality, quantity, and cost of physicians’ prescribing: a systematic review. PLoS Med 2010;7:e1000352. doi:10.1371/journal.pmed.1000352 

6.Brax H, Fadlallah R, Al-Khaled L, et al. Association between physicians’ interaction with pharmaceutical companies and their clinical practices: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0175493. doi:10.1371/journal.pone.0175493 

7.Fickweiler F, Fickweiler W, Urbach E. Interactions between physicians and the pharmaceutical industry generally and sales representatives specifically and their association with physicians’ attitudes and prescribing habits: a systematic review. BMJ Open 2017;7:e016408. doi:10.1136/bmjopen-2017-016408 

8.Mejia J, Mejia A, Pestilli F. Open data on industry payments to healthcare providers reveal potential hidden costs to the public. Nat Commun 2019;10:1-8. doi:10.1038/s41467-019-12317-z 

9.Sharma M, Vadhariya A, Johnson ML, Marcum ZA, Holmes HM. Association between industry payments and prescribing costly medications: an observational study using open payments and medicare part D data. BMC Health Serv Res 2018;18:236. doi:10.1186/s12913-018-3043-8 

10. No Gracias. Organización Civil Internacional. http://www.nogracias.eu/

11. ILP Medicamentos a un precio justo https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org

¿Se justifican los altos precios de los medicamentos por los gastos de las empresas en I+D? La respuesta es no.

Al comentar con muchos profesionales sanitarios y con asociaciones de pacientes los altos precios de los nuevos medicamentos muchos de ellos tienen la idea de que dichos precios se deben a los gastos en investigación. Es cierto que los gastos en investigación son importantes pero, por un lado, la mayor parte de la investigación original se realiza en centros públicos o con financiación pública y, por otra parte, los precios de los medicamentos se fijan muy por encima de lo que se justificaría por los gastos reales en investigación de las empresas. Comentaré tres artículos que ilustran esta afirmación. 

Emily Jung, Alfred Engelberg y Aaron Kesselheim publicaron en diciembre de 2019 un estudio en STAT en el que han analizado el gasto en I+D de dos de las grandes compañías farmacéuticas, Pfizer y Johnson & Johnson. Revisaron 62 medicamentos, 44 de Pfizer y 18 de J&J y comprobaron que solamente en un 23% de los productos de Pfizer y un 11% de los de J&J, el descubrimiento y el desarrollo de los medicamentos había sido realizado por las compañías. La mayor parte de la innovación se habría desarrollado con financiación pública en universidades e institutos académicos. En algunos casos estos medicamentos se probaron por otras compañías que luego son adquiridas por las grandes corporaciones. De tal forma que estas grandes empresas farmacéuticas disminuyen su gasto en investigación y aumentan su gasto en compra de otras empresas a precios especulativos.

https://www.statnews.com/2019/12/10/large-pharma-companies-provide-little-new-drug-development-innovation/

Los precios no tienen que ver con los gastos en I+D. Los precios de los medicamentos se fijan por las empresas en el máximo que pueden lograr que les paguen los pacientes o los servicios y seguros de salud. Es el “pago por valor”, que fija cualquier empresario cuando quiere vender su producto, pero con una situación de monopolio que, en este caso, permite fijar sobre-precios sin competencia real y sin facilitar la disminución de precios por esa competencia. Los aumentos de precios que estamos sufriendo en los sistemas de salud son injustificados. Pero las empresas insisten (y hacen presión) diciendo: no discutan ustedes los precios, vamos a discutir las formas en las que nos van a pagar.

Otro ejemplo lo vemos en el estudio del ICER que comentamos a continuación. El Institute for Clinical and Economic Review (ICER), una organización de investigación independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es crear un sistema sanitario más efectivo, eficiente y justo, difundió en 2019 su informe sobre aumentos injustificados de precios de medicamentos.

El estudio observa los incrementos de precios, tanto de medicamentos de marca como genéricos, y se pregunta si esos incrementos están justificados. Los autores seleccionaron los medicamentos cuyos incrementos de precios en un periodo de 2 años habrían causado los mayores aumentos de gasto farmacéutico en EEUU. 

De los nueve “superventas” seleccionados que habían aumentado significativamente sus precios (por encima de dos veces el incremento del índice de precios de consumos médicos), siete no demostraron mejoras clínicas. El aumento de gasto farmacéutico “no justificado” debido al aumento de precios de estos siete medicamentos en EEUU sumaba 4.800 millones de dólares.

https://icer-review.org/wp-content/uploads/2019/01/ICER_UPI_Final_Report_and_Assessment_110619.pdf

También Pauline Londeix, en un artículo titulado “Against austeriy in health policies and for transparency” publicado en Mediapart el 15 diciembre 2019, reclama que se terminen en Francia todas las políticas de recortes en pensiones, seguridad social, acceso a la sanidad, hospitales públicos, etc., hasta que se implemente la transparencia en todos los aspectos relacionados con la investigación y fabricación de medicamentos y productos sanitarios. Y pone varios ejemplos de abusos en los precios de los medicamentos que no están justificados de ninguna manera por los gastos de investigación, como los antivirales para la Hepatitis C, que llevaron por primera vez a las autoridades sanitarias francesas a racionar el acceso a esos medicamentos por razones económicas y no sanitarias, o como la bedaquilina, medicamento para la Tuberculosis, cuyo desarrollo fue financiado al menos en el 60% por fondos públicos y filantrópicos.

https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/151219/against-austerity-health-policies-and-transparency

Por eso la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo” insiste en la necesidad de fijar los precios en relación con los costes reales (debidamente auditados) en fabricación e investigación. Y también insiste en la transparencia (acceso al público de la información sobre costes y precios). Si no logramos fijar precios justos para los nuevos medicamentos el sistema sanitario soportará gastos excesivos que se detraen de otras necesidades de prevención y atención sanitaria, y que ponen en riesgo la viabilidad de la sanidad pública.

https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

¿Quién paga la investigación biomédica? Los servicios de salud y los pacientes.

¿Quién paga la investigación biomédica?: la ciudadanía, a través de los impuestos con los que financiamos los servicios públicos de salud y a través de los precios de los medicamentos. El problema es que pagamos cuatro veces más de lo que cuesta.

Por una parte, el sector público paga directamente el 50% del gasto total en investigación biomédica. Así, en la UE-28, el gasto público directo en I+D ascendió a 21.500 millones de euros (centros de investigación públicos, becas, proyectos, universidades, etc.) (1, pág. 37). A esta cantidad se debe añadir la que se aporta a las empresas a través de desgravaciones e incentivos fiscales. De esta forma, el gasto público directo en investigación es igual que lo que se gastan las compañías privadas, una vez descontados los beneficios fiscales. 

Lo que no se suele decir es que, por otra parte, el dinero que gastan las empresas privadas en investigación lo pagamos también los servicios sanitarios y los pacientes con los sobre-precios de los medicamentos. Es gasto público indirecto. Y, además, lo pagamos a cuatro veces más de lo que ellas dicen que les cuesta la I+D.

En efecto, a través de los sobre-precios que fijan las empresas pagamos el coste de fabricación y un beneficio industrial, como si fueran medicamentos genéricos; y, además, pagamos los costes de la investigación, con el sobre-precio que ponen las empresas, gracias al monopolio que les de la sociedad con las patentes. Este sobre-precio es una especie de impuesto indirecto que recaudan directamente las compañías cuando pagamos los medicamentos. Pero, el problema del sistema de patentes para medicamentos es que los precios que ponen las empresas son mucho más altos de lo que sería suficiente para recuperar los gastos en investigación, que es para lo que les cedimos este "impuesto". 

Veamos. En el caso de la Unión Europea-28, el pago total por los medicamentos a precio de venta de laboratorio fue de 170.535 millones de euros (en 2016). Con precios de genéricos hubiéramos pagado 70.772 millones de euros. Quiere decir que estamos pagando 99.763 millones “extra” para financiar la investigación. Pero de ese dinero las empresas solamente gastaron 26.913 millones en investigación. El resto, 72.850 millones de euros, fueron beneficios extraordinarios (1, pág. 57). Cuando las empresas argumentan que los precios de los nuevos medicamentos son muy altos porque la investigación es muy costosa, es importante que los gobiernos y la ciudadanía tengamos claro que los sistemas públicos de salud y los pacientes estamos pagando para investigación a las empresas farmacéuticas no una, sino 4 veces lo que se gastan realmente para esta finalidad. 

Habría que añadir aquí que buena parte de los gastos de las empresas en investigación se destinan a investigación incremental, no innovadora, aumentando sensiblemente los precios de los medicamentos por pequeñas modificaciones que no aportan valor terapéutico añadido.

Evidentemente, el dinero excesivo que pagamos por la investigación y que se desvía a beneficios, marketing, recompra de acciones, compra de empresas, etc., no puede destinarse a otras necesidades de investigación en prevención, cuidados o intervenciones no farmacológicas, así como en desarrollo de medicamentos para problemas de salud no atendidos. Y tampoco puede destinarse a otras finalidades sanitarias y sociales (personal, equipamientos). Por eso, como el dinero no nos sobra, debemos cambiar el sistema de patentes y monopolios para medicamentos, que se justificó con la idea de que financiaría la I+D, y debemos recuperar ese dinero para seguir destinando la misma cantidad a investigación en necesidades de salud, y poder destinar las otras tres cuartas partes a otras intervenciones de prevención, tratamiento y cuidado eficientes y seguras.

1.Gálvez R, Lamata F (2019). Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Laboratorio Fundación Alternativas. Documentos. Nº 202/2019

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica

¿Quién paga, quién controla y quién se lucra de la I+D farmacéutica?

El artículo de Slavek Roller en Globalization and Health (1) muestra cómo de los 265.000 millones $ que se gastan anualmente en I+D farmacéutica en el mundo, 103.000 millones tienen financiación pública directa. 

Pero, además, Roller se fija en otro aspecto interesante. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Del total del valor en acciones de las empresas cotizadas, que asciende a 45,9 billones $, 14,3 billones $ son “propiedad” de fondos de pensiones. Lo que supone un 31%. Es decir, cerca de un tercio del gasto que hacen las empresas de medicamentos en I+D correspondería a los fondos de pensiones, unos 50.000 millones de euros. Por otro lado, los gobiernos conceden beneficios fiscales y otras ayudas, o compran acciones por Bancos Centrales, fondos soberanos, etc. Con lo que el equivalente a otros 28.000 millones $ de gasto en I+D de las empresas corresponde a inversión pública indirecta. 

Así, según muestra Roller, del total de 265.000 millones $ invertidos en I+D de medicamentos, 103.000 + 50.000 + 28.000, un total de 181.000 millones $ corresponden a sector público y fondos de pensiones, un 68,3%. 

Sin embargo, los fondos de pensiones delegan su gestión en otras entidades “gestoras” de fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard, State Street, y otras. Son los ejecutivos de estas empresas los que ejercen su control en las compañías farmacéuticas. La remuneración de estos ejecutivos y la de los ejecutivos de las empresas farmacéuticas suele estar relacionada con las ganancias y la revalorización de las acciones y no suelen tener en cuenta si los precios de los medicamentos son abusivos, o si hay miles de personas que no pueden comprar los medicamentos.

El autor nos muestra la situación paradójica de que en los países de la OCDE los sistemas públicos de salud financian solamente parte de los nuevos medicamentos, o imponen su racionamiento, debido a los altos precios. Pone dos ejemplos: en Canadá, el bevacizumab (Roche), medicamento para el cáncer, solo está financiado en cuatro provincias. También hay restricciones en Reino Unido y Nueva Zelanda. Lo mismo ocurre con Eculizumab (Alexion Pharmaceuticals), para una enfermedad rara, cuya inclusión en la financiación pública no ha sido aceptada en Canadá y Nueva Zelanda, y solo parcialmente en Holanda, por su precio elevado (medio millón de dólares). También en EEUU la cobertura de estos medicamentos depende de la compañía de seguros y la póliza. Analizando quiénes son los accionistas de Roche y Alexion Pharmaceuticals observa que estas empresas son propiedad, en parte, de Canada’s Pension Plan Investment Board, Canada’s British Columbia Investment Management Corporation, The New Zealand Superannuation Fund, Dutch ABP (fondo de pensiones para empleados del gobierno y de la educación), UK’s Strathclyde Pension Fund, o UK’s West Yorkshire Pension Fund. Hay muchos otros fondos de pensiones que son accionistas de empresas farmacéuticas.

Es oportuno preguntarnos si los gobiernos, que representan los intereses del conjunto de la sociedad y de los pacientes, y si los fondos de pensiones y sus órganos de gobierno, que entre todos son responsables del 68,3% de la inversión total en I+D de los medicamentos, deberían buscar la forma de controlar dicha inversión y buscar el beneficio para la mayoría de la sociedad y de los pacientes-ahorradores. En efecto, como señala Slavek Roller, se debería reforzar la exigencia de fijar un precio justo (que retribuya los costes de investigación y de fabricación, evitando la especulación), así como de retorno al sector público del dinero público invertido en I+D y se debería ejercer el poder que da el porcentaje de acciones que son propiedad de fondos de pensiones o entidades públicas, para defender los intereses de los pacientes-ahorradores y su salud en las decisiones que toman las empresas farmacéuticas sobre prioridades de investigación.

Por otro lado, conviene no olvidar que el dinero que invierte la industria farmacéutica en I+D sale de los beneficios obtenidos con el sobre-precio que pagan los pacientes y los servicios de salud por los medicamentos. Los sobre-precios se obtienen gracias al monopolio que conceden las patentes y otros instrumentos de exclusividad que conceden los gobiernos. Pero lo que hay que saber es que el sobre-precio obtenido es mucho mayor que lo que se gastan en I+D. Volveré sobre este aspecto en otro comentario.

1

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0490-x

El "problema catalán" y el programa de la coalición progresista

El punto 9.2. del acuerdo de la coalición progresista PSOE-Unidas Podemos dice:

“Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

La derecha española, los partidos conservadores, desarrollaron una estrategia clara en el debate de investidura de los días 4 y 5 de enero, que tiene dos componentes. El primero, olvidar los problemas que afectan o preocupan a muchas personas en nuestro país: el paro, los salarios, las pensiones, la desigualdad, el cambio climático, la educación... En estos temas, el silencio en cuanto a propuestas fue notable.

El segundo componente de la estrategia conservadora, centrar el debate en Cataluña (si se puede llamar debate a la sucesión de insultos e improperios a voz en grito) y acusar a Pedro Sánchez de traidor a España por pactar con Esquerra Republicana un acuerdo para la investidura. Eso sí, tratando de ocultar, al mismo tiempo, que los partidos de la derecha no están dispuestos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, líder del partido más votado. Su alternativa es que no forme gobierno la coalición progresista de PSOE-Unidas Podemos, y que haya nuevas elecciones, hasta que ganen Vox y el PP. 

Si triunfara la estrategia de la derecha tendría dos efectos. Por un lado, no se abordarían los problemas reales de las personas (generados en buena parte por las políticas conservadoras y neoliberales en España, en Europa y en EEUU) que sí aborda el acuerdo de la coalición progresista. No se llevaría a cabo la necesaria reforma fiscal que haga pagar a los más ricos para que puedan mantenerse y mejorarse los servicios públicos y los derechos sociales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones). No se reforzarían los derechos laborales, para que la distribución de la renta primaria sea más justa. No se abordaría la lucha contra el cambio climático, etc., etc. Y, al mismo tiempo, el llamado “problema catalán” se agravaría, ahondando la herida que se ha creado y que sigue sangrando.

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978 las personas que residimos en los distintos territorios de España habíamos convivido razonablemente bien. Habíamos disfrutado de democracia y libertad, con un sistema político de corte Federal, que distribuía las competencias entre el Parlamento y el Gobierno Central y los Parlamentos y Gobiernos autonómicos. Había tensiones, pero se iban resolviendo con gobiernos de uno y otro signo. Había desigualdades entre territorios, provincias y ciudades, pero no mayor que la que había en 1.900, ó 1.940, ó 1.970. El sistema autonómico había nacido sin autonomías, que se fueron conformando poco a poco, aprobando sus respectivos Estatutos que pasaron a formar parte del bloque constitucional. Las autonomías nacieron sin competencias y sin recursos, que se les fueron transfiriendo progresivamente. Fue un proceso activo, dinámico, en el que la realidad cambiante fue perfilando el modelo. Así, a lo largo de los años, las diferentes autonomías fueron proponiendo modificaciones de sus Estatutos, que se fueron aprobando en las Cortes Españolas, actualizando el bloque constitucional. Hasta 2006.

Conviene recordar que el 18 de junio de 2006 una mayoría de catalanes refrendó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido aprobado por el Congreso de los Diputados. No había sido fácil la negociación entre los representantes catalanes y el Congreso. Pero el acuerdo fue aprobado en un Referéndum legal en Cataluña y permitía mantener la convivencia en España y seguir construyendo. Pero vino el PP y presentó un recurso. Y el Tribunal Constitucional, el 28 de junio de 2010, declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatut. Desde ese momento “el problema catalán” se agravó de manera extrema.

Porque, al mismo tiempo, la crisis económica había estallado, afectando a España y provocando un deterioro en las condiciones de vida, precariado social y recortes en servicios públicos. El descontento social en Cataluña, como en el resto de España, fue creciendo. El 15 de junio de 2011, el presidente del Govern de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder al Parlamento en helicóptero para evitar las protestas de los indignados. Una forma de salir del atolladero era culpar al Gobierno de España y levantar la bandera de la independencia en el corto plazo. La cuerda se fue tensando y el 27 de septiembre de 2014 Artur Mas convocó una consulta soberanista que se llevó a cabo el 9 de noviembre de ese año. En esa ocasión el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no tomó medidas. El bloqueo en las relaciones institucionales continuó. Pero en 2017 el Gobierno Catalán, presidido por Puigdemont, volvió a convocar un referéndum para el 1 de octubre. Aquí sí que el Gobierno de España activó los mecanismos policiales necesarios para evitar la consulta. No se pudo evitar y se produjeron altercados y heridos. La brecha con miles de catalanes se agrandó dramáticamente. La proporción de catalanes que se expresaban a favor de la independencia creció hasta la mitad de la población. Las tensiones llegaron a las familias, a los lugares de trabajo, a los bares. Pero desde el Gobierno de España seguía sin ofrecerse una vía de entendimiento, una estrategia para reconstruir puentes rotos. Solamente el cumplimiento de la Ley (actual) sin ánimo de discutir posibles modificaciones de la misma. Después vino el exilio de Puigdemont, el encarcelamiento de Junqueras y otros políticos catalanes, la sucesión de sentencias en una judicialización de un problema político que nunca se podrá resolver en los tribunales. El “problema catalán” ha seguido empeorando. La tensión ha seguido aumentando. 

Está claro que los planteamientos de distintos grupos de personas en Cataluña no son iguales. Por simplificar, unos plantean la independencia como objetivo. Otros plantean mejora de la vía estatutaria. Cada posición agrupa, aproximadamente, al 50% de los catalanes. A su vez, entre los que plantean como objetivo la independencia, unos lo hacen dentro de la Constitución (es decir, se debería modificar la Constitución para permitir un referéndum de autodeterminación), y otros lo hacen fuera (vía unilateral, desengancharse de España y esperar que el Parlamento y el Gobierno de España no reaccionen, mientras se logra el apoyo de otros países). Por otro lado, en el resto de España, la mayoría prefiere que Cataluña siga formando parte de España en el marco del modelo autonómico. Las posiciones son distintas.

Si hay dos partes con posiciones distintas, en una enorme tensión, y yo (Gobierno de España) represento a una mayoría (incluidos la mitad de los catalanes) que quiere que Cataluña siga en España, ¿no deberé hacer esfuerzos de diálogo para intentar buscar un acuerdo? ¿Es mejor dejar que se siga deteriorando la situación sin hacer nada, o provocar que se deteriore más, con nuevas denuncias a la Junta Electoral Central? ¿Cuál será el efecto de no tratar de resolver el conflicto? ¿Imponer el artículo 155 de la Constitución? ¿Encarcelar al President de la Generalitat? ¿Mandar los tanques? ¿Forzar una guerra civil? La irresponsabilidad de algunos políticos agudizando este problema ya ha sido muy grave. No debemos permitir que se agrave más.

La propuesta de la coalición progresista es muy razonable. La repito aquí: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

El acuerdo al que se llegue deberá respetar la legalidad actual (la Constitución, los Estatutos de autonomía), aunque en dicho acuerdo una posibilidad es, precisamente, proponer cambios en la legislación actual, como se hizo al aprobar la Constitución y los Estatutos y en sus sucesivas modificaciones hasta el día de hoy. Lógicamente, para modificar las leyes se necesitan mayorías suficientes. Y eso requerirá, en su momento, el acuerdo de los partidos conservadores. Esperemos que de aquí a entonces haya más sentido de Estado en parte de la derecha española, como lo hubo en 1975, para trabajar juntos en los marcos legales que den respuesta a los problemas actuales, de igual manera que entonces, una amplia mayoría de fuerzas políticas (comunistas, socialistas, nacionalistas, centristas y conservadores) fueron capaces de alumbrar la Constitución de 1978 con inteligencia y generosidad.

Las propuestas para sanidad de la Coalición Progresista. Un buen acuerdo para recuperar y reforzar una sanidad pública de calidad y para todos.

El programa de gobierno contenido en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es un valioso instrumento para orientar las políticas hacia los intereses reales de las personas, de la ciudadanía.

En mi opinión se trata de unas propuestas sensatas y justas. No es un programa revolucionario. Es un programa moderado, pero en el contexto en el que se plantea, con el escenario creado en los últimos tiempos por la revolución de los ricos y por el dominio absoluto del discurso que han logrado los paradigmas neoliberales y ultraconservadores, suena realmente ambicioso. Ojalá se pueda cumplir o avanzar significativamente en su cumplimiento en los próximos cuatro años.

En sanidad plantea propuestas clave, necesarias para corregir el deterioro sufrido desde la crisis económica y para consolidar el Sistema Nacional de Salud. Medidas urgentes que deben adoptarse para recuperar una sanidad pública de calidad y para todos. Por un lado, mejorar la financiación, hasta el 7% del PIB en 2023, aproximándose a los países de la zona euro (2.2.4.). Para hacerlo posible, propone medidas de justicia fiscal que permitan recaudar los fondos necesarios, incluyendo la lucha contra el fraude fiscal, el aumento de la progresividad fiscal (que paguen algo más las rentas más altas de 130.000 euros), fiscalidad verde, impuesto sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras (10.1-10.4). Con la financiación suficiente, se plantea también un reparto más justo, a través de un nuevo pacto de financiación autonómica que garantice igualdad de recursos para todas las personas en los diferentes territorios (9.6.-9.7.) y el aumento de los fondos de Cohesión Sanitaria (2.2.4.).

Disponiendo de una fiscalidad justa, que recaude recursos suficientes, distribuidos de forma equitativa, es posible afrontar una serie de objetivos.

Por un lado, reforzar la universalización sanitaria, mediante Ley (2.2.8.). Suprimir progresivamente los copagos, que están dificultando el acceso a los servicios sanitarios de los pensionistas y personas de rentas bajas (2.2.1.). Completar la cartera de prestaciones con la atención a la Salud Bucodental (2.2.2.). Impulsar el Marco Estratégico para la Atención Primaria (2.2.9.), aprobar y desarrollar la nueva Estrategia de Salud Mental (2.2.12.), mejorar la atención a las personas con Enfermedades Raras (2.2.11.) y desarrollar un sistema de atención temprana (2.2.10.).

Al mismo tiempo que se compromete un aumento de recursos y servicios, es importante mejorar la eficiencia en la utilización de los mismos. Aquí se aborda el problema del crecimiento del gasto farmacéutico, debido al elevadísimo precio de los nuevos medicamentos que está detrayendo recursos de otras partidas, planteando priorizar la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos (2.2.7.). Así mismo, se apuesta por la gestión pública directa, que se ha demostrado más eficiente para el conjunto de la ciudadanía, evitando la privatización del sistema sanitario (2.2.3.).

Para mejorar la eficiencia del conjunto del SNS también es preciso mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario (2.2.13.), apostar por la digitalización sanitaria (2.2.6.), e impulsar la renovación de la tecnología sanitaria (2.2.5.).

En el Acuerdo de Gobierno se incluyen otros temas importantes para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Entre otros, potenciar la educación en hábitos de vida saludables (6.8.), la educación afectivo sexual (2.1.6.), la prevención del acoso escolar (2.1.4.), la prevención de riesgos laborales (1.9.), y la prevención de las adicciones (2.10.). Y también, modificar la Ley de seguridad alimentaria y reducir el impacto de la comida basura (2.7.1.-2.7.2.), impulsar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente (3.1.3.), avanzar en el Pacto Social por el SIDA (5.12.), luchar contra la violencia de género (7.2.) y garantizar los derechos sexuales y reproductivos (7.5.).

El Programa recoge también el derecho de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la regulación de la Eutanasia (5.1.).

Desde el punto de vista del gobierno del SNS, el Programa incluye propuestas para la mejora de la colaboración y coordinación, y la clarificación de la distribución competencial (9.1.; 9.3.).

Finalmente, el Programa apuesta por una Europa fuerte, ágil, democrática y social (11.1.), reforzando el Pilar Social de la UE, e impulsando un Alto Comisionado Europeo para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato.

Además de estas políticas, el Programa define medidas que tienen impacto en la salud, o en los recursos necesarios para la sanidad, como son aquellas para impulsar el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo, la garantía de rentas, pensiones y salarios dignos, vivienda asequible, educación e investigación de calidad, transporte público, etc.

En resumen, es un Programa coherente, que apuesta por la recuperación y potenciación de la sanidad pública como garantía de una atención adecuada para toda la ciudadanía, en cualquier lugar de España.