El gasto farmacéutico sigue al alza: 1.330,6 millones más en 2025.

Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, en el año 2025 el gasto farmacéutico público en España ascendió a 26.145,5 millones de euros (1). Esto supone 1.330,6 millones de euros más que en 2024, y un incremento del 5,36%. Equivale a más de 13.000 profesionales que podrían haberse destinado, por ejemplo, a los programas de Salud Mental. Conviene recordar que el 50% de las personas que necesitan una consulta de salud mental tienen que recurrir a la sanidad privada por la falta de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales en la sanidad pública, y que la incidencia de problemas de salud mental se ha duplicado en los últimos diez años.

El gasto en hospitales fue de 11.478,9 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al año anterior, mientras que en oficinas de farmacia fue de 14.675,6, con un aumento del 3,81% respecto al año anterior. Ambas cifras por encima de la inflación que se situó en el 2,9%.

Mirando un año más atrás, respecto a 2023 el gasto farmacéutico público en 2025 ha aumentado en 3.019 millones de euros, un 13%. Equivale a más de 30.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios. Si tomamos euros constantes, el incremento real es de un 6,7%. Sigue siendo importante. Y si ajustamos por habitante, todavía se aprecia un incremento del 4,6% entre 2023 y 2025.

Yendo todavía un poco más atrás vemos que en 2021 el incremento de gasto farmacéutico fue del 7% respecto al año anterior; en 2022 del 4,8%, en 2023 de 5,3% y en 2024 del 7,3%. Supone una sangría creciente para el Sistema Nacional de Salud.

Conviene insistir: el exceso actual de gasto farmacéutico público por sobre precios, precios abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, supera los 11.000 millones anuales en la factura farmacéutica. El objetivo del Gobierno central y los Gobiernos autonómicos debería ser una reducción progresiva de ese exceso de gasto, acercando los precios actuales a los precios cercanos al coste real de fabricación e investigación. El hecho de que la factura siga aumentando supone un factor de riesgo e inestabilidad para el Sistema Nacional de Salud. 

Además de ser conscientes de ese exceso de gasto (que serviría, por ejemplo, para contratar a más de 110.000 profesionales sanitarios), conviene saber que la industria farmacéutica, con parte de esos beneficios, financia la formación continuada de los médicos, las sociedades científicas, las revistas médicas, así como las guías clínicas, congresos médicos, cátedras de patrocinio, etc., etc., orientando así la prescripción hacia sus productos. Parte de esos beneficios se destinan a acciones de lobby para influir en los gobiernos y parlamentos, nacional, autonómicos y europeo, con el objetivo de lograr legislaciones, normativas y decisiones sobre precios que les favorezcan. Parte de esos beneficios se destinan a financiar asociaciones de pacientes, condicionando así sus posiciones y manifestaciones. Y parte de esos beneficios excesivos se destinan, a través de empresas intermediarias, a controlar la información sobre consumo de medicamentos, y diversa información clínica e institucional. Podríamos decir que la industria farmacéutica controla “la inteligencia” del Sistema Nacional de Salud.

Por eso es urgente diseñar una política farmacéutica de Estado, que contribuya a cambiar esta tendencia y recupere estos recursos públicos para que sean utilizados en beneficio de la población. Así mismo, esta nueva política farmacéutica debe recuperar la “inteligencia” del sistema, evitando la presión de la industria sobre profesionales, pacientes y administraciones públicas, y permitiendo así la toma de decisiones independiente.

(1)

Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado en 1 abril 2026.

https://www.hacienda.gob.es/eu-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

VIH SIDA, dolor y muertes que podrían evitarse con medicamentos a precio justo.

Con motivo de la 24ª conferencia de la International AIDS Society, AIDS 2022, celebrada en Montreal, Canadá, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, he repasado algunos datos que siguen interpelando nuestras conciencias.

 Según datos de la OMS (para 2021), cada año mueren en el mundo 650.000 personas por VIH/SIDA (510.000-860.000). Así mismo, cada año se contagian 1,5 millones de personas. La misma fuente señala que 38,4 millones de personas viven con VIH / SIDA, y llama la atención sobre que un 25%, unos 7,7 millones de personas, no están recibiendo el tratamiento que necesitan (1). 

 

Es cierto que, a lo largo de los últimos años, el número de personas que fallecen por VIH / SIDA ha disminuido, lo mismo que el número de personas que se contagian cada año. Pero siguen siendo muchas, demasiadas. Sobretodo porque el dolor y la muerte que sigue provocando esta enfermedad se podía disminuir drásticamente si los medicamentos se vendieran a precio de coste y si los gobiernos invirtieran más en su difusión y administración…

 

Veamos un ejemplo reciente: el Cabotegravir inyectable (Apretude) es un medicamento que se utiliza para la profilaxis preexposición (PrEP) del VIH / SIDA, y ha sido autorizado por la FDA en diciembre de 2021. El precio por persona y año (6 inyecciones), fijado por ViiV Healthcare (compañía relacionada con GSK), aprovechando el monopolio de la patente, es de 22.200$ en EEUU (2). En algunos países de bajos ingresos la empresa aceptaría precios más bajos, a través de un acuerdo con Medicines Patent Pool que permitiría la fabricación a empresas de genéricos, bajo determinadas condiciones y restricciones (licencia voluntaria). Sin embargo, se teme que esos precios seguirían estando muy por encima de los costes de fabricación. Por otro lado, las empresas de genéricos tardarán varios años en fabricar el medicamento si no se facilita activamente la transferencia de tecnología (3). 

 

David Ripin, vicepresidente ejecutivo de la Clinton Health Acces Initiative, ha estimado los costes de fabricación del inyectable de Cabotegravir en 15,64 $ por persona y año (4). Si EEUU y la UE fijaran precios cercanos al coste, podrían ofrecer profilaxis preexposición a todas las personas que la requieran. De esa forma, con mucho menos de la mitad de lo que se gastarían estos países en el medicamento a precio abusivo, se podría financiar el Cabotegravir inyectable a todas las personas que la necesiten en todo el mundo, y además se podrían reforzar los sistemas de salud para garantizar una atención adecuada.

 

Lo mismo ocurre con los medicamentos para tratamiento de la enfermedad. Como ejemplo citamos un trabajo de Joel Sim y Andrew Hill (5) donde se mostraba cómo el precio de dolutegravir en EEUU era de 20.130 $. La mediana de precio en países de altos ingresos era de 9.164 $ por persona y año, mientras que el coste del medicamento era 42 $ por persona y año.

 

Si en la UE y EEUU se gastaran actualmente, con los precios vigentes (9.164 $), 18.328 millones $ para tratar a 2 millones de personas que viven con VIH , en cambio, a precio de coste, esos tratamientos habrían supuesto solamente 84 millones $. Con el resto de lo que nos gastamos cada año en los países de altos ingresos se podría ofrecer tratamiento a 38 millones de personas en todo el mundo, con medicamentos a precio de coste. En efecto, se precisarían 1.596 millones $, y sobrarían 16.500 millones $ que podrían destinarse a fortalecer los sistemas de salud de todos los países.

 

Es decir, con mucho menos del dinero que nos gastamos actualmente en los países de altos ingresos para medicamentos destinados a la prevención y el tratamiento del VIH / SIDA, podríamos ofrecer profilaxis y tratamiento a todas las personas que lo necesitan en todo el mundo. Recordemos que en el mundo un 25% de personas con VIH / SIDA están actualmente sin tratamiento, lo que, además de su sufrimiento y el de sus seres queridos, causa la prolongación de la pandemia.

 

Es una inmoralidad que los altos ejecutivos de las empresas farmacéuticas fijen precios abusivos, por encima del coste, para estos medicamentos. Es una irresponsabilidad que los gobiernos toleren estos precios abusivos, cuando fijando precios de coste (reembolsando además las cantidades gastadas en investigación que acrediten las empresas, y añadiendo un incentivo similar al de la industria no farmacéutica), se podría evitar el dolor y la muerte a miles de personas, terminando con una enfermedad que ha causado ya más de 40 millones de muertes y sigue siendo una amenaza de salud pública.

 

Si los gobiernos entendieran que la salud es un derecho humano y no un negocio para que se lucren unos pocos, cambiarían las reglas de juego, prohibirían las patentes de medicamentos, financiarían la investigación de forma transparente, harían obligatoria la transferencia inmediata de tecnología y conocimiento de cualquier avance científico que pueda mejorar la salud de las personas, y fijarían precios de coste para los medicamentos, impidiendo el abuso de los monopolios y la especulación.

 

¿No es terrible ser consciente de que este año morirán más de 600.000 personas por SIDA, cuya muerte se podía haber evitado con un precio justo de los medicamentos?

 

(1)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

(2)

https://www.statnews.com/pharmalot/2022/07/28/viiv-gsk-hiv-aids-patents-licensing/

(3)

https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-viiv-must-do-more-accelerate-access-new-hiv-prevention-medicine

(4)

https://www.longactinghiv.org/files/inline-files/DavidRipin-LEAP2022.mp4

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6248837/

¿Por qué el Gobierno paga tan caros los nuevos medicamentos? (primera parte)

[Artículo de F.Lamata, JJ Rodríguez Sendín y LA Oteo Ochoa, publicado en Médicos y Pacientes el 19 julio 2022]

Ocho mil millones de euros es la cantidad que paga la sanidad pública en España, cada año, por encima de los costes de fabricación y de investigación (*). Esto es así por culpa de los precios abusivos de los nuevos medicamentos. 8.000.000.000 euros. Con tantos ceros no nos hacemos idea de su importancia. Pero podemos traducirlo. Es el equivalente a poder crear más de 150.000 puestos de trabajo en sanidad, un 25% más de los que tiene ahora el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esos profesionales ayudarían a disminuir los tiempos de espera y a mejorar la calidad de la atención, y además podrían tener formación continuada independiente y mejorar la investigación en función de las necesidades de salud y no de los intereses comerciales. ¿Por qué el gobierno no impide este sobre-gasto en medicamentos, tan nocivo para el SNS? 

Porque no puede hacer otra cosa. Según la legislación vigente el precio máximo industrial lo fija la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, es decir la Administración del Estado. Pero el precio se establece a partir de una solicitud del laboratorio correspondiente y después de un proceso de negociación. El precio inicial que pide el laboratorio por un medicamento nuevo es exageradamente alto. Lo establece a partir de lo que ha fijado en EE.UU., donde el precio es libre. A partir de ahí, viene a Europa e introduce el medicamento en los países que están dispuestos a aceptar precios más altos, como Alemania. Una vez logran un precio alto en un país europeo, fuerzan con ese precio para que los demás países lo acepten.

 

En una negociación el resultado depende de la fuerza relativa de las partes. En los últimos años, la fuerza relativa de la industria farmacéutica es mayor que la fuerza relativa de un país. Su capacidad de presión y de influencia, gracias a los recursos que ha conseguido con los altos precios de los nuevos medicamentos, es cada vez mayor. Y, si hace falta, los grandes fondos de inversión que son accionistas de las empresas farmacéuticas, pueden añadir su músculo para presionar a los gobiernos. Con esa fuerza (traducida en un marketing que gasta más de 200.000 millones de dólares anuales en todo el mundo), influyen sobre los profesionales sanitarios, sobre los pacientes, sobre los medios de comunicación y sobre los decisores políticos. Por si no fuera suficiente esta asimetría de poder, en caso necesario, las empresas y sus federaciones piden a los gobiernos de los países donde están radicadas (EE.UU., Suiza, Alemania) que presionen a los gobiernos que tratan de moderar los precios, advirtiendo con sanciones comerciales o de otro tipo. Y, de esta forma, perpetúan el sistema, forzando precios cada vez más altos. Por eso, un cambio de sistema requiere que varios países se pongan de acuerdo (por ejemplo, la Unión Europea). Un solo país lo tiene muy difícil. Ahora bien, para cambiar una situación injusta el primer paso es tomar conciencia de la injusticia. Esto es lo que pretende, modestamente, este artículo.

 

En los últimos años, en España se han autorizado medicamentos con precios abusivos: Zolgensma (1,94 millones €/paciente), Luxturna (688.896 €/ paciente), Spinraza (1,49 millones €/paciente), Yescarta (327.000 €/tratamiento), Kymriah (320.000 €/tratamiento), Takhzyro (226.293 €/ tratamiento), Tecentriq (17.000-71.000 €/tratamiento), y otros.

 

A la hora de “justificar” ante los profesionales, las asociaciones de pacientes, y la opinión pública, los altos precios de los nuevos medicamentos, la industria tiene un argumentario que basa en tres puntos: los costes de la investigación, las vidas salvadas, y la afirmación de que sin patentes no habría investigación.

 

Primer argumento:

Los medicamentos son caros porque los laboratorios tienen que pagar la investigación.

Si un laboratorio gasta mucho en desarrollar un nuevo medicamento y, una vez en el mercado, vinieran otros laboratorios y lo copiaran (genéricos, biosimilares), el precio bajaría, y el laboratorio que investigó el medicamento no podría recuperar su inversión, perdería dinero, y dejaría de investigar en otros productos.

 

Para que pueda compensarle el gasto en investigación, el laboratorio pide un tiempo de exclusividad, en el que ningún otro laboratorio pueda comercializar su producto. Un tiempo de monopolio. Así, en la última parte del siglo XX, las legislaciones nacionales fueron autorizando las patentes de producto para los medicamentos, así como otras exclusividades, cediendo el monopolio a una empresa durante una serie de años (en general 20). De esta forma la empresa podía pedir un precio más alto que el coste de fabricación, y recuperar su gasto en investigación durante ese tiempo de monopolio. Después de ese periodo se autorizaba la competencia (genéricos, biosimilares) y bajaban los precios. Es una forma de pagar los gastos de investigación, a través de los sobre-precios, de forma descentralizada, por parte de los consumidores privados y, sobretodo en la Unión Europea, de los servicios sanitarios públicos.

 

El problema es que los gobiernos no han controlado cuánto dinero recuperan las empresas a través de los sobre-precios, y si es proporcionado al gasto en investigación. Y las empresas cada vez han puesto precios más altos, muy por encima de lo que sería necesario para financiar la investigación. En ocasiones, como con los antivirales de acción directa para la hepatitis C, la empresa recuperó el gasto en investigación en el primer mes de ventas.

 

En la Unión Europea pagamos 100.000 millones de euros anuales para financiar la investigación de medicamentos a través de sobre-precios (es decir, una vez pagado el coste de fabricación y un beneficio industrial medio), pero la industria solamente gasta 25.000 millones de euros en esa finalidad. El resto es beneficio abusivo. Parte de ese beneficio abusivo se destina, como ya vimos antes, a marketing, con lo que el sistema se perpetúa.

 

Que los elevadísimos precios de los medicamentos no se justificaban por los gastos en investigación ya lo demostró el Informe Wyden-Grassley, del Senado de los EE.UU., con motivo de la hepatitis C, comprobando que la industria calcula los precios de los nuevos medicamentos por "lo máximo que estima que puede pagar el paciente o el servicio de salud en cada país", what the market will bear, y no por los gastos en I+D.

Un nuevo informe del Congreso de los EE.UU., el Drug Pricing Investigation Report llegó a la misma conclusión en diciembre 2021, como subraya la Presidenta del Comité que elaboró el Informe, Carolyn B. Maloney: “Los altísimos precios de los medicamentos no están justificados por la necesidad de innovar. Las empresas más grandes gastan más en pagas extraordinarias a los accionistas y a los ejecutivos que en investigación”. “Muchos descubrimientos de medicamentos innovadores se basan en descubrimientos científicos realizados con investigación pagada con fondos públicos, mientras que el gasto en I+D de las empresas a menudo se dirige a cambios menores para extender la protección de la patente y bloquear la competencia de medicamentos a menor precio”. “Las compañías farmacéuticas han aumentado incesantemente los precios durante décadas mientras manipulaban el sistema de patentes y otras leyes para retrasar la competencia de genéricos a precios más bajos”. “Las compañías aumentan sus precios para lograr sus objetivos de ganancias más y más altos”. 

 

Segundo argumento:

Como está claro que los beneficios obtenidos por las empresas farmacéuticas “innovadoras” son mucho más altos que los gastos en I+D, había que buscar otro argumento. Aquí aparece el llamado “pago por valor”. Se dice: el medicamento aumenta la esperanza de vida en buena salud, disminuye la mortalidad, reduce otros gastos, salva vidas. Y ¿cuánto vale una vida?: todo lo que tengo. Para darle apariencia científica, se hacen cálculos de lo que un grupo de personas estaría dispuesto a pagar por un año de vida añadido ajustado por calidad (AVAC), y se establecen precios por AVAC. De esta forma, si un medicamento logra aumentar tantos años de vida, el precio puede ser de miles o cientos de miles de euros, aunque el coste de fabricación sea de menos de diez o cien euros, y la investigación se haya hecho con dinero público, o se financie con los beneficios del primer mes de ventas del producto.

 

Pero, recordemos que el monopolio se dio a las empresas para financiar la investigación. Si no es para eso, se debe retirar el monopolio y que el “precio por valor” lo determine el mercado. Habrá otras empresas que produzcan el medicamento y que puedan venderlo por 100 euros, en lugar de por 10.000 euros. Así ocurre en otros procedimientos médicos, como la cirugía, los cuidados, las medidas preventivas. Si una apendicectomía salva la vida de un joven de 20 años, el “precio por valor” del tratamiento debería se de más de un millón de euros, y, sin embargo, el coste es de menos de 5.000 euros. Lo mismo cuesta el tratamiento de un infarto agudo de miocardio, y entre 3.000 y 4.000 euros el tratamiento de una bronquiolitis con neumonía, un fallo respiratorio o un traumatismo craneal con coma. Si el SNS pagara “por valor” todos los tratamientos, sería inviable. Entonces, ¿por qué aceptamos pagar “por valor” los nuevos medicamentos? Y eso sin hablar de otros bienes como el agua, sin la cual moriríamos de sed en pocos días, o de otros productos como el cinturón de seguridad. ¿Cuál sería su precio si lo fijáramos según vidas salvadas? Dejar que se fije precio por valor, negociar precio por valor, y, al mismo tiempo, mantener el monopolio de las patentes y los derechos de propiedad intelectual, es una aberración.

 

A veces también se trata de justificar un precio alto diciendo que ya hay otros medicamentos con precios muy altos y este es un poco mejor (es más “coste-efectivo”). El problema es que los anteriores medicamentos a los que se refieren ya tenían precios abusivos, propiciando así una escalada absurda e imparable de precios.

 

La semana que viene, en la segunda parte de este trabajo, comentaremos el tercer argumento de la industria y una propuesta alternativa.

 

 

(*). Nota:

El Gasto Farmacéutico en España a Precio de Venta al Público (PVP), en 2020, ascendió a 25.217,3 millones de euros (M€), incluyendo hospitales y oficinas de farmacia (19.562,95 M€ gasto público, con datos de Ministerio de Hacienda, y 5.654,5 M€ gasto privado, con estimación del Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de Sanidad, asumiendo el mismo incremento para 2020 que el gasto farmacéutico público). El gasto farmacéutico total a Precio de Venta de Laboratorio (PVL) se situaría en 18.470,9 M€. Siguiendo a Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research (1), se estima el precio que pagaríamos si todos los medicamentos fueran genéricos o biosimilares, resultando una cantidad de 9.423,88 M€. Observamos pues que el sobre-precio que estamos pagando para financiar la I+D asciende a 9.047,07 M€. Según la memoria de Farmaindustria 2019, el gasto destinado por la industria I+D supuso 1.026 M€, por lo que concluimos que el exceso de precio que pagamos en España para financiar la I+D es de 8.021 M€. 

(1). Gálvez R, Lamata F. Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Fundación Alternativas, 2019, págs. 56 y siguientes.

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica

Vacuna Pfizer/BioNTech: ¿Con un simple cambio en la ficha técnica, 3.120 millones € anuales más de beneficio?

Es posible que tenga la información equivocada, porque si no, no se puede entender.

 

La vacuna de Pfizer/BioNTech, Comirnaty, se distribuye en viales de 2,25 ml, de los que se extraen las dosis. Cuando la agencia norteamericana del medicamento, la FDA, aprobó la comercialización de este producto, en las características técnicas que presentaba la empresa se especificaba que de cada vial se podían extraer 5 dosis de vacuna. La misma cantidad de dosis por vial se especificó en la autorización de la agencia europea, la EMA.

 

Pfizer/BioNTEch firmaron contratos con distintos países y con la Unión Europea, con un precio por dosis. Al parecer, 12€ por dosis en el contrato con la UE. Como cada vial tenía 5 dosis, el precio por vial era de 60 €.

 

Al comenzarse a administrar la vacuna, las enfermeras y los farmacéuticos vieron que, si utilizaban unas jeringuillas de 1ml podían extraer hasta 6 dosis, ya que el espacio muerto de cada jeringuilla desperdiciaba menos producto. Este hallazgo era muy positivo, ya que, con el mismo número de viales, se podían lograr más vacunaciones. (Hay que tener en cuenta que no siempre es así, depende de la disponibilidad de las jeringuillas de 1ml, y de la habilidad de los profesionales. En muchos casos solamente se pueden obtener 5 dosis).

 

La empresa Pfizer, según informaciones de la prensa, movilizó a sus directivos para hacer gestiones en la FDA y en la EMA, con un objetivo: que en la ficha técnica se dijera que el vial contiene 6 dosis, en vez de 5 (1). Algunos funcionarios de estas agencias se mostrarían reticentes, pero finalmente, la persuasión de la empresa logró que el 6 de enero en la FDA y el 8 de enero en la EMA se cambiara la ficha técnica (2).

 

La intención de la empresa podía ser benéfica: con el mismo esfuerzo de producción lograba que se vacunaran más personas. Eso implicaría que se mantuviera el precio por vial de 2,25 ml, en 60 €, ya que el coste de producción era el mismo, reduciendo así indirectamente el precio por dosis. Sin embargo, parece ser que la empresa quiere mantener el precio por dosis, con lo que, con el simple cambio de ficha técnica, el precio por vial pasa a ser de 72 €, un 20% más.

 

Si Pfizer/BioNtech esperaban facturar 260 millones de viales x 60 € en 2021, es decir, 15.600 millones €, con este simple cambio de ficha técnica, pasarán a facturar 260 millones de viales x 72 €, es decir, 18.720 millones €: 3.120 millones € anuales más, sin hacer nada. Parecería lógico que los gobiernos de los países de la UE se alegren de que los viales puedan proporcionar 6 dosis, porque acelerarán la vacunación. Pero también parecería lógico que exigieran a la empresa mantener el precio por vial, ya que nada ha cambiado en cuanto al esfuerzo de producción de dichos viales.

 

Las noticias que conocemos no van en esta dirección. Al parecer, la empresa quiere subir el 20% de precio por vial, aunque no modifiquen nada. Y, además, van a reducir el número de viales enviados a cada país cada semana, para ajustarse al número de dosis que, supuestamente, se pueden extraer. Es decir, tampoco se aceleraría la vacunación.

 

¿Cómo calificar esta operación, en tiempo de pandemia y sufrimiento de tantos?

 

En otro post ya explicaba que el precio de 12 € por dosis era 1.765 veces mayor que el coste de producción, incluyendo la fabricación y la investigación (0,68 €). La lógica de la empresa a la vista de una nueva oportunidad de negocio es impecable: aprovecharla. Lo inexplicable es que los gobiernos lo permitan.

Es tiempo de exigir que las vacunas y tratamientos frente a la COVID tengan precio de coste. La inversión pública en investigación y ayuda al desarrollo y fabricación de estos productos ha sido masiva. En situación de pandemia son inadmisibles los monopolios que suben los precios a capricho y limitan el volumen de producción, retrasando el acceso para millones de personas. Los gobiernos de los países miembros de la UE deberían apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio para suspender la aplicación de patentes en tecnologías COVID, e impulsar la iniciativa C-TAP de la OMS.

 

(1)

https://www.nytimes.com/2021/01/22/health/pfizer-vaccine.html

(2)

https://www.ema.europa.eu/en/news/extra-dose-vials-comirnaty-covid-19-vaccine

 

 

¿Es el precio que pagamos por la vacuna frente a la COVID un 1.765% por encima del coste? ¿Es un precio justo?

A finales de diciembre de 2020 se ha comenzado a vacunar frente a la COVID-19 en la Unión Europea, al igual que en Reino Unido, en EEUU y en otros países. Es una buena noticia, y todos esperamos que las vacunas sean efectivas y seguras. También es muy positivo que, al menos en todos los países de la UE, se haya comenzado la vacunación simultáneamente. Pero hay otros aspectos no tan positivos, como son el precio y la capacidad de escalar la producción, que harán que millones de personas no puedan vacunarse en 2021.

 

En la situación de pandemia del SARS-CoV-2 los gobiernos tenían una gran oportunidad para cambiar el modelo de patentes como vía para financiar la investigación y fijar los precios de los medicamentos, promoviendo un modelo con investigación abierta y cooperativa, licencias no exclusivas, con transferencia de tecnología entre centros de investigación y fabricación, sin monopolios, considerando las vacunas y los medicamentos un bien público, y garantizando el acceso a todas las personas en todo el mundo. Sin embargo, han vuelto a ceder el poder a la gran industria farmacéutica. Así, las vacunas que se están desarrollando y que se empiezan a utilizar, tienen el precio que fijan las compañías, aunque sea mucho más caro que su coste de fabricación, y aunque la investigación y el desarrollo se haya financiado en buena parte con fondos y ayudas públicas. 

 

Basándonos en los trabajos de Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres (1, 2) podemos estimar el coste de producción de la vacuna Pfizer-BioNTech (materias primas, consumibles, mano de obra, etc.) en 0,61 $ por dosis. Para calcular el precio por dosis habría que añadir la imputación de los costes de investigación financiados directamente por las empresas (que podemos estimar en 700 millones $ recuperables en 20 años), de los que deberíamos descontar las importantes ayudas públicas (3). Además, para una producción de 1.200 millones de dosis anuales, podemos estimar los costes anuales en equipamiento, preparación de viales y empaquetado (50 millones $); los costes de distribución y administración (130 millones $); y un 5% de beneficio industrial, que deberíamos añadir para calcular el precio. El coste total para 1.200 millones de dosis sería de alrededor de 1.000 millones $. El precio por dosis sería de 0,83 $, equivalente a 0,68 €. Al parecer, el precio de venta para la UE es de 12 € / dosis (4), un 1.765% por encima del precio justo. Con su precio actual, Pfizer-BioNTech obtendrían 14.400 millones € el primer año, cuando los costes totales reales ascenderían solamente a 815 millones €, obteniendo un beneficio “excepcional” de 13.585 millones €. Es posible que estas estimaciones no sean correctas, por eso sería muy importante que la Comisión Europea, que debe conocer en detalle los datos exactos de todos estos costes, los hiciera públicos. 

 

Además, el modelo de patentes crea un embudo y no permite que las vacunas que se demuestren eficaces y seguras, puedan elaborarse en todas las fábricas que sean adecuadas, en España, en Europa y en el mundo, aumentando la producción a gran escala. Si los gobiernos acordaran la transferencia de tecnología obligatoria, se podrían estar fabricando vacunas para que toda la población mundial estuviera vacunada en 2021, y a precio de coste. Con el modelo actual algunos países empezarán a vacunar a mitad de 2021 y tardarán varios años en completar la vacunación. El mecanismo COVAX muy insuficiente, espera poder entregar vacunas para un 20% de la población de los países de bajos ingresos a finales de 2021. El mecanismo C-TAP de la OMS, que proponía compartir la tecnología voluntariamente, fue desatendido por las grandes empresas y la mayoría de los países de altos ingresos. Como consecuencia, cada país está luchando por conseguir vacunas suficientes para su población. Pero, mientras en los países de altos ingresos tenemos ya reservadas tres vacunas para cada persona, en los países de bajos y medios ingresos no saben cuándo podrán empezar a vacunar y a cuántas personas. Una desigualdad de acceso inaceptable e inmoral, si consideramos la salud un derecho humano.

 

Es importante que los gobiernos europeos cambien su política farmacéutica para lograr atender las necesidades de todas las personas, al menor coste posible. El modelo actual de patentes de medicamentos y vacunas mata; y no es una exageración.

 

Por eso, un grupo de ciudadanas y ciudadanos europeos ha promovido una Iniciativa Ciudadana Europea, “Rigth2Cure”, para pedir al gobierno de la Unión Europea que las vacunas para la COVID sean universales, y para que los medicamentos sean accesibles a todas las personas que los necesiten, en todo el mundo. Súmate y apoya esta iniciativa y promueve su difusión. https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

 

(1) Zoltan Kis et al.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/3

 

(2)   Zoltan Kis et al.

https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/amp2.10060

 

(3)   Fortune. Germany support R&D Pfizer vaccine

https://fortune.com/2020/11/09/pfizer-vaccine-funding-warp-speed-germany/

 

(4)   The Guardian. Precios pagados por la UE por las vacunas COVID

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/18/belgian-minister-accidentally-tweets-eus-covid-vaccine-price-list

 

 

El Parlamento Europeo muestra el camino a los Gobiernos y a la Comisión para desarrollar una política farmacéutica más eficaz y más justa en tiempos de COVID.

El pasado 10 de julio, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución importante sobre la Estrategia de Salud Pública de la UE después de la COVID-19. La Resolución fue aprobada por una amplia mayoría (526 votos a favor, 105 en contra y 50 abstenciones) y contiene peticiones a la Comisión y a los Estados Miembros para llevar adelante acciones muy relevantes en política farmacéutica.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_ES.html

Por ejemplo, hacer que las vacunas y tratamientos para la COVID 19 sean asequibles para todas las personas en todo el mundo (5); apoyar la puesta en común de los conocimientos para el acceso a las tecnologías (es decir, renunciar a las patentes exclusivas o compartirlas), a través del C-TAP de la OMS (6); incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas en I+D y otras inversiones públicas (como transparencia, asequibilidad y licencias no exclusivas para los productos finales) (7); usar licencias obligatorias en caso de que no se compartan las vacunas, las terapias o los conocimientos pertinentes (8); adquisición pública conjunta de vacunas y tratamientos (17); transparencia en los costes de I+D (20); transparencia en los resultados de los Ensayos Clínicos (21); aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa (22); seguimiento por la EMA de carestía de medicamentos (28); investigación coordinada, colaborativa y abierta en la UE (43); estudiar alternativas a las patentes para la financiación de la I+D en salud, propuestas de “desvinculación” de los precios (44); financiación independiente para los Grupos de Pacientes (52).

Muchas de estas recomendaciones están en sintonía con la Iniciativa Legislativa Popular "Medicamentos a un Precio Justo" que promueven varias organizaciones de la sociedad civil en nuestro país.

Si la Comisión Europea y los Estados Miembros adoptaran estas propuestas supondría un cambio importante en la estrategia actual en política farmacéutica. Supondría apostar por los pacientes y por el conjunto de la sociedad. Permitiría garantizar vacunas y tratamientos para todos en la actual pandemia, y abriría el camino para lograr un nuevo equilibrio en el sector, que frene la escalada de precios de los nuevos medicamentos y asegure unos sistemas sanitarios públicos fuertes y accesibles a toda la población. Supone, además, una mirada más realista y solidaria sobre el conjunto del planeta, buscando la corrección de las enormes desigualdades existentes entre países y dentro de los países, y tratando de lograr un modo de desarrollo compatible con el cuidado de la naturaleza y del planeta que prevenga futuras y más terribles pandemias.

La resolución comienza con una serie de Consideraciones en las que se basan las propuestas de acción. Subrayo algunas de estas Consideraciones: A. Relación entre salud humana y salud del planeta; F. Derecho a la salud, derecho humano fundamental; J. Evitar que medidas de reducción de déficit público se traduzcan en infrafinanciación de los sistemas sanitarios; M. Las desigualdades en salud son fruto de desigualdades sociales y condiciones de vida, etc.; V. La crisis de la COVID ha afectado más a los más vulnerables; AI. La Comisión afirma que “cualquier vacuna futura debe estar producida por el mundo y para todo el mundo”; AJ. La estrategia de la Unión, en cambio, está yendo en otra dirección: “compromisos anticipados de mercado” sin referencia a la “disponibilidad al coste”; AK. Los ADPIC permiten usar Licencias Obligatorias.

En cuanto a las propuestas de acción para la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, transcribo las referidas más directamente relacionadas con la política farmacéutica:

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los socios mundiales que garanticen un acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo a las futuras vacunas y tratamientos contra la COVID-19 tan pronto como estén disponibles; 

6.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen formalmente la puesta en común de acceso a la tecnología en relación con la COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP), a fin de hacer posible la máxima puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos relativos a las tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19 en beneficio de todos los países y todos los ciudadanos; 

7.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren en todas las convocatorias actuales y futuras de financiación e inversión salvaguardas colectivas en favor de la ciudadanía, como cláusulas de transparencia, accesibilidad y asequibilidad y licencias no exclusivas para la explotación de los productos finales; 

8.Aboga por el diálogo y la cooperación con terceros países; insta a todos los Estados miembros a que emitan licencias obligatorias en caso de que terceros países no compartan vacunas o terapias o los conocimientos pertinentes; 

17.Solicita que se recurra a la adquisición pública conjunta de la Unión para comprar vacunas y tratamientos contra la COVID-19, y que ello se haga de forma más sistemática para evitar que los Estados miembros compitan entre sí y para garantizar un acceso equitativo y asequible a medicamentos y productos sanitarios importantes, especialmente en el caso de nuevos antibióticos innovadores, nuevas vacunas y tratamientos curativos, así como medicamentos para enfermedades raras; 

20.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten una nueva propuesta de revisión de la Directiva 89/105/CEE sobre la transparencia de los costes de la I+D y que garanticen que los Estados miembros estén en igualdad de condiciones al negociar con los fabricantes los tratamientos que no se adquieren de manera conjunta; 

21.Insiste en que se aplique rápidamente el Reglamento sobre ensayos clínicos, que acumula un gran retraso, a fin de garantizar la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos, independientemente de los propios resultados, y facilitar la realización de ensayos clínicos transfronterizos más amplios; subraya que los resultados negativos o no concluyentes de los ensayos clínicos constituyen conocimientos importantes que pueden contribuir a mejorar la investigación futura; 

22.Aboga por una estrategia farmacéutica de la UE a fin de abordar los problemas de la Unión y de las cadenas mundiales de suministro de productos farmacéuticos, que debe incluir medidas legislativas, políticas e incentivos para aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa con objeto de diversificar la cadena de suministro y garantizar el suministro y un acceso asequible en todo momento; considera que la estrategia farmacéutica de la UE debe llevarse a cabo sin perjuicio de las acciones que se emprendan en el marco del enfoque estratégico para los productos farmacéuticos en el medio ambiente; 

28.Pide un papel más destacado de la EMA en el seguimiento y la prevención de la carestía de medicamentos, así como en la coordinación del diseño y la aprobación de los ensayos clínicos de la Unión durante las crisis; 

43.Pide que en el ámbito de la investigación y la innovación se adopte un enfoque coordinado, colaborativo y abierto, asignándose un papel más importante a la Comisión y los Estados miembros en la coordinación de la investigación médica y epidemiológica, a fin de evitar la duplicación y de orientar la investigación hacia los resultados, incluidos los medicamentos, las vacunas, los dispositivos médicos y los equipos necesarios; 

44.Pide a la Comisión que evalúe el impacto de los incentivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial en la innovación biomédica y que estudie alternativas creíbles y eficaces a la protección exclusiva para la financiación de la I+D médica, como los numerosos instrumentos basados en mecanismos de desvinculación; 

52.Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la mejora de la financiación independiente de los grupos europeos de pacientes;

 …

La Comisión Europea y la mayoría de los Gobiernos europeos están yendo actualmente en la dirección contraria a estas recomendaciones. Cada país, grupos de países y la propia Comisión, están negociando con las empresas farmacéuticas para hacer “compras anticipadas” de “futuras vacunas”, sin exigir condiciones de no-exclusividad, ni precios de coste. Y sin establecer un mecanismo alternativo para garantizar que la vacuna sea un bien público, un bien común para todos en todo el mundo, que podría hacerse pagando aparte, con un fondo global coordinado por la OMS, la investigación que hubieran podido financiar las empresas privadas (descontando los costes de la investigación que se está haciendo con fondos públicos y en centros públicos), estudiando dichos costes con total transparencia, como exige la iniciativa de Muhammad Yunus y más de 100 premios Nobel y líderes mundiales, difundida el 28 de junio pasado. No podemos aceptar el sálvese quien pueda, aunque parezca que, en una visión estrecha, nos puede venir mejor a los países ricos. Debemos cambiar estas políticas cortoplacistas que nos conducen al desastre, y tomar el rumbo que señalan las propuestas de la Resolución del Parlamento Europeo.

Los movimientos sociales, los profesionales y la ciudadanía en general, deberían animar a los gobiernos nacionales y regionales a que adopten estas medidas cuanto antes. La lucha contra la pandemia de la COVID19, la consolidación de sistemas públicos de salud eficaces, y los equilibrios que condicionan el futuro del planeta están en juego.

Caso Aspen. La Comisión concluye que los Precios fijados por Aspen para determinados medicamentos son excesivos. Ahora debería analizar con urgencia el exceso de precios de medicamentos con patente.

Hace unos días, el pasado 14 julio 2020, la Comisión Europea comunicó que la empresa farmacéutica ASPEN había decidido proponer una reducción, en promedio, del 73% de los precios de varios medicamentos para el cáncer (Alkeran, Leukeran, Purinethol, y otros). Esta reducción, a un tercio de los precios actuales, evitaría la sanción de la Comisión, por violación del artículo 102 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es un paso muy importante, en sí mismo, y porque muestra un camino.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1347

El artículo 102 prohíbe el abuso de una “posición dominante en el mercado”, incluyendo la imposición de un “precio excesivo, injusto”. Es la primera vez que la Comisión Europea ha analizado si los precios de un medicamento son excesivos, por una posición dominante en el mercado. “Posición dominante” se refiere a que la empresa tiene el monopolio, es el único proveedor, sin competencia. Esta posición dominante puede derivar de una patente, que evita la competencia (la comercialización de genéricos) durante un determinado número de años, o puede darse también en caso de medicamentos genéricos, fuera de patente (como es este caso de ASPEN), porque la empresa haya comprado sus líneas de este producto a otros fabricantes, o por otras circunstancias.

La Comisión Europea abrió una investigación el 15 de mayo de 2017, a raíz de unas reclamaciones formuladas por asociaciones de consumidores. Fue la asociación italiana de consumidores, Altroconsumo, la que en 2014 denunció el aumento abusivo de precios que Aspen había forzado en algunos de sus productos. A partir de ahí, primero las autoridades italianas de la competencia, y luego la Comisión, han respondido. 

Lo relevante de este caso es que por primera vez la Comisión se preguntaba si el precio de un medicamento era excesivo. Y, por primera vez, llegaba a la conclusión de que sí lo era. 

Para ver si un precio es excesivo analizó lo “costes de fabricación” del producto, y los “ingresos por ventas” y los “beneficios” de la empresa. Comprobó que los precios eran un 300% más altos que los costes, incluyendo una “razonable tasa de retorno, una tasa de beneficio razonable”, y que los beneficios de la empresa excedían en mucho los beneficios de otras empresas similares en la industria. Así de sencillo.

A la vista de las conclusiones, y de la amenaza de sanción, ASPEN acepta bajar a un tercio sus precios actuales, cercano al coste, con un beneficio razonable. 

Este ejercicio que la Comisión Europea ha hecho en el caso de ASPEN lo debería hacer también en otros medicamentos genéricos que tienen situación de monopolio, y lo debería hacer, sobretodo, en todos los medicamentos con patente, que, por definición tienen monopolio, es decir, tienen “posición dominante en el mercado”. La Comisión, y los países, deberían comprobar si las empresas, aprovechando esa posición dominante, están cobrando “precios excesivos”.

En el caso de los medicamentos bajo patente, para ver si los precios son excesivos, se deberá estudiar el coste de fabricación y también el coste de la investigación y el desarrollo del medicamento. Calcular esos costes, directos e indirectos, es perfectamente posible, viendo el gasto en personal investigador, en equipamiento, en consumibles, instalaciones, etc., y haciendo una estimación del número de productos vendidos anualmente para estimar qué imputación de esos gastos se debe hacer al precio unitario, a lo largo de los años de protección de la patente. 

Los datos que tenemos, de algunos medicamentos en los que conocemos los costes de fabricación y de investigación, nos muestran que hay precios un 10.000 % por encima de los costes de fabricación y de investigación. Son precios claramente “excesivos”.

Esa misma evidencia nos la muestran los datos globales de las empresas farmacéuticas de la Unión Europea: costes de fabricación, un 21% del total de ventas; costes de I+D, un 15% del total de ventas (incluyendo investigaciones fallidas y no fallidas, incluyendo investigación innovadora e investigación incremental, etc.). Suman un 36% del total de ventas. Si añadiéramos un beneficio de un 10%, 3,6 puntos, llegaríamos a un 39,6% del total de ventas. Añadiendo gastos administrativos y de comercialización similares a otras empresas industriales, llegamos a un 55-60%. El resto son beneficios excesivos. Hablamos de “precios excesivos” por valor de más de 75.000 millones de euros en la Unión Europea, que merecerían una investigación similar a la que se ha hecho con ASPEN. Nada más y nada menos: analizar los costes, las ventas, los beneficios, y comparar con las empresas de otros sectores industriales.  

Para hacer esta investigación, la Comisión necesitaría un equipo de personal competente, y eso cuesta dinero. Pongamos que se gastara 10 millones de euros anuales en ese equipo, ¿no merece la pena si nos puede ahorrar 75.000 millones cada año?

No olvidemos que algunas empresas de genéricos y biosimilares están subiendo los precios de forma excesiva, o desabasteciendo los mercados, porque, al comparar los precios de medicamentos eficaces fuera de patente con precios abusivos de los nuevos medicamentos, quieren hacer lo mismo.

Este tipo de investigaciones nos llevarían a la conclusión de que es preciso cambiar el modelo de financiación de la I+D de medicamentos, prohibiendo los monopolios, la posición dominante en el mercado, porque se comprueba que no es posible mantener un equilibrio en los precios, cuando de ese producto depende tu salud y tu vida, porque el ánimo de mayor ganancia presiona para obtener el precio máximo posible. Por eso se debe cambiar el modelo.

Con el modelo actual, los sobre-precios de los nuevos medicamentos fuerzan el aumento del gasto farmacéutico público. En 2019 el gasto en medicamentos en el SNS pasó de 17.943 Millones € a 18.709 Millones €, según los datos del Ministerio de Hacienda. Es un aumento de 761,9 Millones €. Ese dinero no nos sobra. Con esos recursos se podrían financiar entre 10.000 y 15.000 plazas de diferentes profesionales.

Ese aumento de 2019 ya queda consolidado, y sigue aumentando en 2020. Con los datos disponibles hasta el mes de abril, en los primeros cuatro meses se ha producido un aumento del 8,35%, 507,5 Millones de € más. Es necesario reducir los precios de los nuevos medicamentos y recuperar estos recursos para destinarlos a mejorar las plantillas y las condiciones de trabajo que permitan realizar una buena labor profesional, que incluye una buena prescripción, en un tiempo suficiente y sin demoras innecesarias.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmacéutico-y-Sanitario.aspx

A veces pensamos que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Que los intereses son demasiado fuertes y es imposible lograr un equilibrio más razonable. En el caso que comentamos, es de destacar que una iniciativa ciudadana puede conseguir que las Autoridades de la Competencia de la UE obliguen a reducir los precios excesivos de unos medicamentos, mostrando un camino a organizaciones sociales y profesionales: las cosas se pueden cambiar.