ENCRUCIJADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

 Conferencia impartida el 8 de abril 2026 en el ciclo organizado por la Asociación de Vecinos de Barrio Polígono San Antón de Albacete

Mi intervención se referirá a la encrucijada en la que, a mi juicio, se encuentra el SNS.

El derecho a una sanidad pública universal y de calidad.

El derecho a la atención sanitaria pública no cayó del cielo por casualidad. El derecho a la sanidad pública, como otros derechos sociales, fue fruto de la lucha de muchas mujeres y hombres, de la lucha del movimiento obrero a finales del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX. Parte de la plus-valía, que era fruto del trabajo de todos y que acaparaban los capitalistas, se recuperó por los trabajadores en forma de mejores salarios, cuotas patronales de seguridad social e impuestos a la riqueza y el beneficio, con los que se financiaron los servicios públicos. Después de la segunda guerra mundial estos derechos sociales se fueron consolidando en diferentes países. Pero el capital y los grandes empresarios no quedaron conformes y a finales del siglo XX iniciaron una contraofensiva para volver a quedarse con lo que, en justicia, pertenece a toda la sociedad. El pensamiento neoliberal entiende que la atención sanitaria es un problema de cada uno que cada cual debe resolver como pueda.

Un amigo muy querido está recuperándose en el hospital de Talavera. Ha sufrido una enfermedad que se lo hubiera llevado por delante si no interviene a tiempo el servicio de salud. Me dice: 

“Fernando, haz lo que esté en tu mano para seguir defendiendo la sanidad pública. Sin sanidad pública las personas que no tenemos medios no tendríamos atención sanitaria. Yo no estaría vivo”. Mi amigo tiene razón. La salud y la atención sanitaria pública son un derecho humano necesario para llevar una vida digna y creativa. Pero ese derecho no es irreversible. Debemos defenderlo día a día.

Hace unos meses el Consejo Económico y Social, formado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, presentó un informe titulado “El Sistema Sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro”. En sus conclusiones se dice: “El sistema sanitario constituye un vector de cohesión social y crecimiento económico que atraviesa un momento crítico, en un contexto en el que confluyen importantes desafíos existentes hace décadas, a los que se añade la necesidad de incorporar las lecciones aprendidas de la pandemia y hacer frente a nuevos retos…” (pág 257). El momento crítico que denunciaba el CES continua y se agrava.

El SNS cumplirá 40 años dentro de unos días. La LGS se aprobó el 25 de abril de 1986 con un objetivo principal, la universalidad de la atención sanitaria, el reconocimiento del derecho de todas las personas a una sanidad pública de calidad. Ernest Lluch consiguió negociar con unos y con otros, fuera y dentro del gobierno, y al final la Ley se aprobó, con el voto en contra de Alianza Popular (hoy PP). Poco a poco se fue construyendo el SNS que logró un excelente desempeño y unos excelentes resultados.

Fijémonos que hoy España ha logrado alcanzar la EVN más alta de la UE y una de las más altas del mundo. Así, la EVN en España es de 84 años mientras la media de la UE es de 81,5 años y la media mundial es de 73,5.

Después de 40 años desde su creación, y a pesar de la difícil situación actual, el SNS en conjunto sigue siendo un buen sistema de salud. Sus rasgos principales son:

-Cobertura universal: derecho a la atención sanitaria a todos los españoles y a los extranjeros residentes en España. 

-Prestaciones completas: amplio abanico de prestaciones, de salud pública, atención primaria, urgencias, hospitalización, medicamentos, etc. 

-Financiación Pública mayoritaria, a través de impuestos.

-Gestión descentralizada a cargo de las CCAA 

-Gestión mayoritariamente directa, integrada y pública.

-Con una importante actividad de diagnóstico y tratamiento:

1 millón de Consultas diarias en medicina familiar y enfermería de Atención Primaria.

265.500 consultas diarias con especialistas hospitalarios.

11.000 Ingresos en hospitales públicos al día y 10.000 intervenciones quirúrgicas.

17 Trasplantes diarios; siendo el primer país del mundo en trasplantes de órganos.

En resumen, el SNS salva cada día miles de vidas en toda España. No es poca cosa.

Sin embargo, la sanidad pública viene experimentando un deterioro progresivo a raíz de la crisis financiera de 2008 y la gestión de dicha crisis, deterioro que se agravó después de la pandemia de la COVID-19, por la sobrecarga y el desbordamiento de un Sistema que seguía y sigue tocado. Pero ese deterioro tampoco cayó del cielo, tuvo y tiene unos responsables que conviene analizar.

La crisis financiera, los recortes, y el deterioro del SNS.

Es importante recordar que la crisis económica de 2008-2015 fue provocada por las grandes corporaciones financieras que ofrecieron hipotecas basura para lograr enormes beneficios, hasta que estallaron las burbujas especulativas, paralizando la economía y amenazando con la quiebra en cadena de los bancos, comenzando con el Lehman Brothers en 2008. Los gobiernos, presionados por los grandes poderes económicos causantes de la crisis, trataron de frenar esa avalancha destinando enormes fondos públicos, es decir, de todos nosotros, a rescatar a dichas entidades financieras. Para conseguir esos fondos, los gobiernos tuvieron que endeudarse, en nuestro nombre, con las mismas entidades financieras a las que rescataban (endeudamiento que todavía estamos pagando). A continuación, la Comisión Europea exigió a los países recortes en el gasto público (para poder hacer los rescates a los bancos).  Como consecuencia, en el SNS, y en otros servicios públicos, se cancelaron contratos de interinos, no se cubrían las bajas, no se cubrían las jubilaciones, se redujeron las plantillas y hubo recortes importantes en la inversión en equipamiento e infraestructuras. 

Estos recortes produjeron el deterioro de los servicios y de la calidad de los mismos, con un aumento considerable de los tiempos de espera, que todavía continua. En resumen, los más ricos habían conseguido trasvasar recursos que son de todos a beneficios abusivos de unos pocos afectando directamente a la sanidad.

Listas de Espera.

Veamos algunos datos de ese deterioro. Comenzaremos por las Listas de Espera. 

En atención primaria, según el Barómetro Sanitario, la media de días de espera, si no es atendido en el día o al día siguiente de su solicitud, pasó de 3,5 días en 2010 a 9,15 días en 2025, casi tres veces más.

En consultas externas, el tiempo medio de espera pasó de 53 a 105 días, el doble.

En cirugía programada, de 65 a 126 días, el doble.

También aumentó el tiempo de espera para pruebas diagnósticas, con lo cual, el tiempo para resolver un problema de salud, en no pocas ocasiones, puede superar el año. Este retraso en la atención supone incertidumbre para el paciente y su familia, sufrimiento innecesario, alargamiento de las bajas laborales y, en no pocas ocasiones, complicaciones o agravamiento que se podían haber evitado.

El aumento de la espera se debe, fundamentalmente, a un desajuste entre oferta y demanda. 

Es necesario y es posible abordar este tema con un enfoque integral y con los recursos precisos. De esa forma se puede lograr un tiempo reducido de espera acorde con las necesidades.

Personas con seguro sanitario privado.

Al mismo tiempo que se deterioraba la sanidad pública con el aumento de los tiempos de espera se incrementó el número de personas con un seguro privado, desde el 12,4% en 2014 a un 32,6% en 2024. Se ha duplicado. Fundamentalmente para “sortear” la lista de espera de diagnósticos y algunos procedimientos quirúrgicos menos graves. Es el mejor indicador del deterioro de la sanidad pública. Si la sanidad funciona la gente no paga un seguro privado. 

Como consecuencia: La valoración del sistema sanitario público ha empeorado. Antes de aprobar la Ley la mayoría de la población pensaba que la sanidad pública funcionaba mal o muy mal. Ya en 1992 las personas que opinaban que funcionaba bien o muy bien superaron el 50%. En 2010 ya suponían un 74%, frente al 25% que pensaban que funcionaba mal o muy mal. Con los recortes y el aumento de las listas de espera la valoración bajó hasta 2015, luego empezó una recuperación. Pero la pandemia supuso una sobrecarga para el sistema que rompió todas las costuras de unas estructuras ya debilitadas. En 2025 las personas que piensan que funciona mal o muy mal suman el 47,3%. Y en el último barómetro, de noviembre de 2025, ya superaban el 50%, mientras solo un 48,5% pensaba que funciona bien o muy bien. 

Por primera vez desde que comenzó la reforma sanitaria, las personas que opinan que funciona mal o muy mal habían superado el 50%. Los caminos volvían a cruzarse, pero esta vez en la dirección equivocada. 

Aspectos clave que inciden en el deterioro de la sanidad.

Para abordar posibles alternativas hemos de analizar el problema en profundidad. Me centraré en dos aspectos importantes: la financiación de la sanidad y el gobierno del sistema.

La financiación del SNS.

Como consecuencia de la codicia de los más ricos que provocó la crisis económica de 2008, el gasto sanitario público (GSP) se redujo entre 2010 y 2014 de forma importante afectando al personal, y a las infraestructuras. Una herida muy profunda. En 2015 comenzó una lenta recuperación, hasta que en 2022 el GSP superó ligeramente, en euros constantes, el GSP de 2009. Pero para ese entonces las necesidades de atención habían ido aumentando progresivamente. La población había crecido un 4%. Pero, sobre todo, la población mayor de 65 años, que consumimos más recursos sanitarios, creció un 20%. Y las tasas de prevalencia, ajustadas por edad, de patologías como algunos cánceres, o los problemas de salud mental, y otras, habían crecido más del 30%. 

Más tarde, el aumento de la demanda por la pandemia de la COVID, a la que los profesionales sanitarios respondieron con eficiencia y valentía, bloqueó la atención a otros procesos, agudizando los desequilibrios del sistema. 

En definitiva, hoy sería preciso incrementar los recursos destinados a sanidad pública en, al menos un 20-30% para atender a las necesidades actuales. Más de 20.000-25.000 millones de euros anuales. Es preciso situar el GSP en relación con el PIB en las cifras de los países europeos más avanzados, en todo caso en la media de la Euro Área. Al menos un punto y medio más en relación con el PIB.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El sistema fiscal español tiene un margen de crecimiento de 4 puntos de PIB anuales (60.000 millones de euros), aumentando la aportación de las grandes corporaciones y las grandes fortunas, para situarse en la media de los países europeos. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) con un modelo de financiación autonómica justo para costear las competencias transferidas. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente dichas competencias con los estándares de calidad exigibles. 

Por ejemplo, en los últimos años se han transferido más recursos económicos a las CCAA, pero no se han destinado a la sanidad pública a pesar de su deterioro.

Los primeros traspasos de recursos para hacer efectiva la competencia sanitaria, a Cataluña, Andalucía y otras, se realizaron con carácter finalista. Se calcularon los recursos y los presupuestos que se estaban destinando en ese momento a sanidad, y se transfirieron a la Comunidad Autónoma para esa finalidad. 

Sin embargo, en 1996 se aprobó un modelo de financiación autonómica con el traspaso de “cestas de tributos”, comenzando con el 30% del IRPF. Y en 2001 y 2009 se aprobaron nuevos acuerdos, con la cesión de 50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de impuestos especiales, y otros tributos. La cuantía de los tributos cedidos y de los fondos complementarios debía ser suficiente para cubrir las necesidades de financiación de la sanidad y los otros servicios transferidos (educación, dependencia, etc.). Pero ya no eran finalistas. 

Cada CCAA elabora sus presupuestos a partir de los ingresos previstos, y el parlamento autonómico los aprueba. Y cada gobierno autonómico es responsable de su ejecución. Es cada CCAA la que decide cuánto destina a sanidad pública, cuánto a gestión sanitaria privada, qué plantillas aprueba, con qué salarios, qué instalaciones construye y cómo las mantiene, etc., etc. El nuevo modelo de financiación autonómica, que se está discutiendo, debería garantizar que el dinero que es para sanidad pública va realmente a este fin y sea suficiente para garantizar la calidad y la equidad.

No es solo cuestión de recursos: la coordinación, la cohesión y la eficiencia del SNS.

Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen efectivamente la universalidad y la calidad de la atención. Hay problemas estructurales del propio SNS que debemos solucionar. Podríamos decir que nuestro país es una estructura política Federal, sin estructuras de gobierno federales.

Cuando se aprobó la Constitución decidimos que la estructura del Estado se organizaría en un gobierno central y unas CCAA que se irían conformando a partir de las provincias vecinas. Así se crearon 17 Comunidades y dos ciudades autónomas. La propia Constitución determinaba una serie de competencias que podrían ser asumidas por las CCAA, entre otras, la sanidad. Por eso, cuando se discutió la Ley General de Sanidad, hubo un importante debate entre quienes defendían un Servicio Nacional de Salud (como el subsecretario Pedro Sabando), continuación del Instituto Nacional de la Salud, con una gestión integrada, bajo una jerarquía de gestión para todo el territorio nacional, y quienes, como el Ministro Ernest Lluch, defendían que en nuestra Constitución solamente encajaba un Sistema Nacional, con la gestión sanitaria transferida, y con mecanismos de cohesión y coordinación que garantizaran un trato igual para todos.

En los primeros años, los mecanismos de coordinación fueron suficientes. El Ministerio tenía una inercia importante de gestión integrada. El Insalud mantuvo, hasta 2002, la competencia sobre la asistencia sanitaria de 10 CCAA y disponía de unos Servicios Centrales de planificación, evaluación, e inspección, que permitían una homogeneidad en la mitad del territorio. Y sus esquemas de trabajo (en Atención Primaria, reforma de Salud Mental, conciertos, etc.) se tomaban como referencia en las CCAA transferidas. Pero, con el tiempo, la capacidad de coordinación y liderazgo del Ministerio de Sanidad se ha desdibujado. 

Cada CCAA, a lo largo de los años, y en función de sus prioridades, ha ido perfilando su Servicio Regional de Salud. El aspecto positivo es que la autonomía permitió dar un impulso a la sanidad pública en toda España, sobre todo, en las CCAA que disponían de menos recursos, como Castilla-La Mancha. El aspecto no tan positivo es que los distintos Servicios Regionales han ido divergiendo, en parte por la financiación (gasto sanitario público per cápita con diferencias de hasta 40% entre una y otra), en parte por las orientaciones políticas (más gestión integrada o más gestión concertada), o la eficiencia en la gestión (con diferencias en tiempos de espera de más de tres veces entre una y otra CCAA). Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad ha perdido fuerza y capacidad de ser referente. Su función de coordinación y fomento de la cohesión se ve debilitada progresivamente. La Alta Inspección está infra desarrollada, y el Ministerio no tiene capacidad real de verificar si se está garantizando la igualdad de trato y de atención en todo el SNS, y no tiene recursos para tomar medidas correctoras.

Por su parte, el Consejo Interterritorial del SNS es un organismo sin capacidad de tomar decisiones mediante voto vinculante, para que sean ejecutivas en todo el SNS. No hay un gobierno federal de la sanidad, cuando el modelo competencial es federal. El Consejo es más un mini-parlamento, pero no es un órgano ejecutivo. El Consejo Interterritorial debería contar con estructuras que permitieran, por ejemplo, disponer de sistemas de información eficaces, realizar compras conjuntas, evaluar la calidad y seguridad de los servicios, control público de las bases de datos informatizadas, políticas de personal homogéneas, grandes inversiones, etc., etc. Debería ser capaz de vertebrar el SNS.

Dejar que las cosas sigan igual no es bastante.

La inercia no es bastante para sostener el SNS. No aguanta. Porque enfrente hay intereses poderosos, económicos y políticos, que presionan continuamente con un marketing organizado de miles de millones de euros para privatizar la sanidad como en EEUU: Compañías de Seguros, entidades financieras, Farmaindustria, redes de hospitales privados, y potentes Fondos de Inversión multinacionales, quieren obtener otros 100.000 M€ anuales más de nuestros bolsillos. Porque la ciudadanía pagaría más y recibiría menos. Así, en EEUU, que es el modelo que quieren implantar, con sanidad mayoritariamente privada, el gasto sanitario es el doble que en España, pero para grandes enfermedades el paciente no puede pagar, para muchos medicamentos no puede pagar… Entonces se endeuda y se arruina. Es la primera causa de quiebra familiar. Y la EVN es de 5 años menos que en España.

El tablero de juego no es neutral; en este momento hay líderes políticos, como Trump, que están poniendo en riesgo la democracia y los derechos humanos. Unos líderes al servicio de las grandes corporaciones y sus propios intereses económicos. Es la política del nuevo populismo autoritario-liberal convertida en un show repleto de mentiras disfrazadas con medias verdades.

La sanidad pública, como otros derechos sociales, y como la propia democracia está en riesgo por los intereses económicos globales de unos pocos, y por decisiones políticas cómplices.

Cuando en 2004 le preguntaron a una de las personas más ricas del mundo si es verdad que se había terminado la lucha de clases, Warren Buffet contestó: desde luego que no, la lucha de clases existe, pero esta vez la hemos empezado nosotros, los capitalistas, y la vamos ganando. Pocos años después estalló la Crisis financiera de 2008. Como hemos visto, la crisis no penalizó a los más ricos por su brutal enriquecimiento, sino que trasladó los costes del desastre a los trabajadores y las clases medias, con recortes en servicios públicos, congelación de salarios, despidos y cierre de empresas. El capitalismo financiero global, a través de los Gestores de Fondos de Inversión y de las grandes corporaciones, como BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, etc., tiene cada vez más fuerza, y en muchas ocasiones supera las capacidades de respuesta de gobiernos locales, nacionales o regionales. 

No es suficiente con culpar a las CCAA gobernadas por el PP.

Me llamó la atención cuando en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el Presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que  “… se sufre a diario. En las listas de espera … los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Y añadía: “El patrón es claro. Allí donde gobierna la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden, que las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que irse a una clínica privada pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo”. Y, a su vez, en la misma comparecencia, el Presidente afirmaba que en los últimos siete años se habían transferido 300.000 millones de euros más “para financiar los servicios públicos que están en manos de las CCAA”.

La pregunta que yo le haría al Presidente es: ¿el gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del gobierno y del Parlamento de la Nación. 

La salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del gobierno de España, asegurando, por un lado, recursos suficientes en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo un gobierno del Sistema más eficiente con los cambios estructurales precisos.

La encrucijada: ¿seguimos a la deriva o refundamos el SNS?

Estamos en una encrucijada. Hay varios caminos posibles. Seguir como estamos, dejando que avance la privatización en la financiación y la gestión de la sanidad, o reforzar el sistema sanitario público, reforzar y consolidar el SNS refundándolo para corregir sus insuficiencias y afrontar los retos de futuro. Es preciso tomar un rumbo acertado. Y, si nos lo proponemos, es posible. 

A mi juicio ese proyecto debería comprometer actuaciones en 5 áreas:

1.Mejorar el gobierno del sistema, la coordinación y la eficiencia. Reforzar el MS en su función de coordinación y fomento de la cooperación, con dotación de medios suficientes. Reforzar el Consejo Interterritorial del SNS con capacidad técnica y decisiones vinculantes.

2.Financiación pública suficiente para garantizar un sistema Universal, y unas prestaciones completas y de calidad. 

Destinar a sanidad pública 20.000-25.000 M€ anuales más; aumentando el GSPúb al 8,5-9% del PIB. Distribución a CCAA mediante modelo de financiación que puede (deseablemente) ser finalista para la sanidad (al menos en los fondos adicionales) y, en todo caso, establecer objetivos de calidad, estándares de recursos y de resultados, y sistemas de control y corrección, incluyendo si es preciso la aplicación del art 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central adoptar medidas necesarias para forzar a una CCAA a cumplir sus obligaciones legales (como es el derecho efectivo a una atención sanitaria de calidad y equitativa). 

3.Recursos Humanos adecuados a la necesidad, bien formados, y con una organización del trabajo eficaz y eficiente. Que puedan hacer frente al aumento de la demanda, con tiempos de espera reducidos, y tiempos de atención por paciente adecuados al problema de salud. Personal bien retribuido, con formación sin patrocinio de la industria, con incentivos para poder cubrir todas las necesidades en los diferentes horarios. Y un sistema de incompatibilidades y prohibición de puertas giratorias, con los estímulos laborales apropiados. 

4.Política farmacéutica eficiente. Reducir precios abusivos en medicamentos para ahorrar 11.500 M€ anuales (equivalente a más de 100.000 profesionales sanitarios). Reducir sobre-diagnóstico y sobre-prescripción (20-30%). Asumir el control de la formación continuada y las prioridades de investigación. Desarrollar una Plataforma pública de investigación y otra Plataforma pública de fabricación y compra (para terapias avanzadas, medicamentos esenciales, y reserva estratégica). 

Y reducir progresivamente los copagos hasta su eliminación y fomento de la educación sanitaria.

5.Gestión mayoritariamente pública de los recursos sanitarios. Reforzar las inversiones y la contratación de personal en los centros públicos. Eliminar las concesiones y conciertos de varios años de duración con la sanidad privada, ya que se convierten en productos financieros y ponen en riesgo la estabilidad del SNS. Utilizar conciertos de forma excepcional, con centros sin ánimo de lucro preferentemente, y con un fuerte control público. Integrar al personal de Muface, Isfas y Mugeju en el sistema general. Y suprimir las desgravaciones fiscales de las pólizas de seguros sanitarios privados de empresa o particulares.

Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario (incluyendo en este caso al PP), y son perfectamente viables. Así mismo, el Informe del Consejo Económico y Social, citado anteriormente, (al que se sumaron los empresarios), recoge muchas de estas propuestas. Dicho informe, propone el marco de un nuevo pacto social por la sanidad pública que implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad. 

Es fundamental que el Gobierno de España, con una perspectiva progresista, lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. 

Sin duda el momento político es muy complicado, pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en riesgo de desmontaje progresivo.

Hace falta impulsar la refundación del SNS con movilización social en cada lugar, en cada región, en cada país, y en toda Europa.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Es posible que mi diagnóstico sobre el SNS esté equivocado o sea exagerado. Pero si estoy en lo cierto, deberíamos reaccionar antes de que sea demasiado tarde. 

Y sin embargo no es fácil por varias razones: 

Las diferentes orientaciones y prioridades de los partidos políticos.

La inercia del modelo autonómico y las pulsiones independentistas o confederales de algunas autonomías dificultan la construcción de modelos de coordinación más fuertes, así como la asignación finalista de recursos y sistemas de control y corrección eficaces.

Otra razón es que el deterioro de la sanidad es progresivo, pero es lento. No hay una sensación de desmontaje radical, una sensación de urgencia. Y la reacción de muchas personas es la de buscarse la vida. 

El que puede paga una consulta privada o un seguro, el que no, va a urgencias del hospital, y si acaso, intenta buscar algún amigo sanitario para que le eche una mano. Pero muchos no tienen conciencia del peligro de desmontaje de la sanidad pública.

Al mismo tiempo, influye la presión política y mediática de los intereses privados en sanidad, las constantes acciones de lobby y la propaganda a todos los niveles para promocionar los seguros y la sanidad privada, mientras se cuestiona y desprestigia a la sanidad pública.

Y, además, lógicamente, hay otros problemas que los gobiernos deben afrontar, como la vivienda, el empleo, las guerras, o las infraestructuras ferroviarias, y la sanidad no parece tan urgente, y por eso se adoptan medidas parciales, aisladas e insuficientes.

Entonces ¿Cómo llamar la atención de los gobiernos y animarles a que aborden esta cuestión de forma integral y decidida?

Es preciso desarrollar y reforzar una confluencia de fuerzas progresistas con Plataformas locales, autonómicas y nacional, que diseñen una serie de acciones de incidencia política para animar al gobierno de España y los gobiernos autonómicos a poner en marcha la refundación del SNS. Para que sitúen esta refundación como una prioridad.

Probablemente las organizaciones con más posibilidad real de movilizar a la ciudadanía sean las centrales sindicales mayoritarias. Tienen una estructura fuerte y buenos equipos técnicos. Y una base de afiliados importante. Seguramente de ahí debería partir la toma de conciencia colectiva y el esfuerzo de movilización, como ya ocurriera en los comienzos del movimiento obrero y la lucha por los derechos sociales.

Desde esta base se pueden promover Plataformas en defensa de la sanidad pública, como las que impulsa la FADSP, sumando a asociaciones vecinales, como la del Polígono San Antón, asociaciones de consumidores, profesionales sanitarios, organizaciones de jubilados, el CERMI y las asociaciones de personas con discapacidad, las mareas blancas y otras... 

En este sentido, destacar que en los últimos dos años ha habido un aumento de movilizaciones en defensa de la sanidad pública (frente al aumento de listas de espera y deterioro de la calidad de los servicios): en Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia, Aragón o Castilla y León. Falta vertebrar y estructurar esos movimientos.

Cada una y cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, podemos hacer algo. Lo primero es tomar conciencia del problema, y luego, en la medida de nuestras posibilidades, participar en las acciones en defensa de la sanidad pública que se vayan planteando.

A veces parece imposible que se puedan cambiar las cosas. Pero en muchos momentos hemos demostrado que sí es posible cambiar. Hemos visto cómo se podía crear un sistema sanitario público, y cómo se podía mejorar sensiblemente la sanidad de la población en España por delante de otros países con mayor poder económico. Estoy convencido de que juntos podemos.

Se atribuye a Eduardo Galeano la frase: Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues yo estoy de acuerdo, muchas personas pequeñas, como nosotras y nosotros, haciendo cosas pequeñas, cada una en nuestro ámbito, podemos cambiar el mundo. Así que mucho ánimo y adelante.

Referencias.

OECD. Mortalidad evitable (prevenible y tratable). 2023.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/avoidable-mortality-preventable-and-treatable_e2e21c0b.html

Barómetro Sanitario, tercera oleada 2025. Noviembre. https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2025-tercera-oleada-?cuestionario=18010&muestra=26369&pregunta=657578&variable=1094813&chartType=bar

Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

Dictamen para la reconstrucción social y económica. https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

https://www.infolibre.es/politica/sanchez-denuncia-oposicion-destructiva-corrupcion-inmoral-privatizacion-servicios_1_2096337.html

https://elpais.com/opinion/2023-01-25/el-sistema-nacional-de-salud-necesita-una-refundacion.html

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=De%20hecho%2C%20durante%20los%20siete%20a%C3%B1os%20de,las%20CCAA%20durante%20la%20etapa%20del%20Gobierno

https://elpais.com/economia/2025-11-17/hacienda-presentara-a-principios-de-2026-una-propuesta-de-reforma-del-sistema-de-financiacion.html

Barómetro CIS diciembre 2010. Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

Hacienda propone un nuevo modelo de financiación.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2026/090126-modelo-financiacion-comunidades.aspx

Ministerio de Hacienda. Deuda. Transferencias.

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=aut%C3%B3nomas%20habr%C3%A1n%20recibido%20300.000%20millones%20de%20euros,propuesta%20%E2%80%9Chist%C3%B3rica%E2%80%9D%20que%20dotar%C3%A1%20%E2%80%9Cde%20m%C3%A1s%20autonom%C3%ADa

Blindaje de la sanidad pública.

https://diariofarma.com/2025/09/03/el-gobierno-fija-el-blindaje-de-la-universalidad-del-sns-como-prioridad-de-los-pge-2026

SATSE. Financiación finalista

https://www.satse.es/notas-prensa/-/v/85301/financiacion-finalista-sanidad

Andreu Mas Colell. Financiación autonómica.

https://elpais.com/espana/catalunya/2024-09-08/andreu-mas-colell-no-hay-que-pensar-tanto-en-la-financiacion-de-las-autonomias-sino-de-la-sanidad-y-la-educacion.html

El gasto farmacéutico sigue al alza: 1.330,6 millones más en 2025.

Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, en el año 2025 el gasto farmacéutico público en España ascendió a 26.145,5 millones de euros (1). Esto supone 1.330,6 millones de euros más que en 2024, y un incremento del 5,36%. Equivale a más de 13.000 profesionales que podrían haberse destinado, por ejemplo, a los programas de Salud Mental. Conviene recordar que el 50% de las personas que necesitan una consulta de salud mental tienen que recurrir a la sanidad privada por la falta de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales en la sanidad pública, y que la incidencia de problemas de salud mental se ha duplicado en los últimos diez años.

El gasto en hospitales fue de 11.478,9 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al año anterior, mientras que en oficinas de farmacia fue de 14.675,6, con un aumento del 3,81% respecto al año anterior. Ambas cifras por encima de la inflación que se situó en el 2,9%.

Mirando un año más atrás, respecto a 2023 el gasto farmacéutico público en 2025 ha aumentado en 3.019 millones de euros, un 13%. Equivale a más de 30.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios. Si tomamos euros constantes, el incremento real es de un 6,7%. Sigue siendo importante. Y si ajustamos por habitante, todavía se aprecia un incremento del 4,6% entre 2023 y 2025.

Yendo todavía un poco más atrás vemos que en 2021 el incremento de gasto farmacéutico fue del 7% respecto al año anterior; en 2022 del 4,8%, en 2023 de 5,3% y en 2024 del 7,3%. Supone una sangría creciente para el Sistema Nacional de Salud.

Conviene insistir: el exceso actual de gasto farmacéutico público por sobre precios, precios abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, supera los 11.000 millones anuales en la factura farmacéutica. El objetivo del Gobierno central y los Gobiernos autonómicos debería ser una reducción progresiva de ese exceso de gasto, acercando los precios actuales a los precios cercanos al coste real de fabricación e investigación. El hecho de que la factura siga aumentando supone un factor de riesgo e inestabilidad para el Sistema Nacional de Salud. 

Además de ser conscientes de ese exceso de gasto (que serviría, por ejemplo, para contratar a más de 110.000 profesionales sanitarios), conviene saber que la industria farmacéutica, con parte de esos beneficios, financia la formación continuada de los médicos, las sociedades científicas, las revistas médicas, así como las guías clínicas, congresos médicos, cátedras de patrocinio, etc., etc., orientando así la prescripción hacia sus productos. Parte de esos beneficios se destinan a acciones de lobby para influir en los gobiernos y parlamentos, nacional, autonómicos y europeo, con el objetivo de lograr legislaciones, normativas y decisiones sobre precios que les favorezcan. Parte de esos beneficios se destinan a financiar asociaciones de pacientes, condicionando así sus posiciones y manifestaciones. Y parte de esos beneficios excesivos se destinan, a través de empresas intermediarias, a controlar la información sobre consumo de medicamentos, y diversa información clínica e institucional. Podríamos decir que la industria farmacéutica controla “la inteligencia” del Sistema Nacional de Salud.

Por eso es urgente diseñar una política farmacéutica de Estado, que contribuya a cambiar esta tendencia y recupere estos recursos públicos para que sean utilizados en beneficio de la población. Así mismo, esta nueva política farmacéutica debe recuperar la “inteligencia” del sistema, evitando la presión de la industria sobre profesionales, pacientes y administraciones públicas, y permitiendo así la toma de decisiones independiente.

(1)

Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado en 1 abril 2026.

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SALUD MENTAL Y DIGITALIZACIÓN. RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

(artículo publicado en Cuadernos de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, número 2, marzo 2026.

Resumen

La introducción de la digitalización y las redes sociales en los últimos años del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI impacta en la salud mental, pudiendo contribuir a generar diversos problemas. Por otro lado, la digitalización también influye y condiciona las formas de prestación de la atención a la salud mental. Es importante investigar estas cuestiones y debatir estrategias para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la digitalización.

1.Introducción

No podemos saber si cuando Philip K. Dick publicó su novela Minority Report en 1956 imaginaría que en 2025 su ficción ya era una realidad. En la novela, Dick describe una policía “preCrimen”, que arresta a los sospechosos antes de que puedan cometer el delito, gracias a una máquina conectada a tres “mutantes precoginitivos” que predicen dichos crímenes. Hoy, como veremos más abajo, esa “máquina predictora” son los programas de inteligencia artificial alimentados con las bases de datos de la red, y ya están funcionando.

Desde que en los años 40 del siglo XX aparecieran los primeros computadores hasta hoy la digitalización ha cambiado el mundo. Entendemos por digitalización la transformación de información en datos electrónicos que pueden ser manejados por computadores. Las computadoras (máquinas electrónicas que utilizan conjuntos de instrucciones, llamados programas, para realizar tareas manejando bases de datos digitalizados), internet (la red de millones de ordenadores conectados entre sí electrónicamente), los teléfonos móviles, las apps (programas y conjuntos de programas), las redes sociales (plataformas tecnológicas para compartir nuestro perfil, nuestros datos y nuestras opiniones a través de comentarios o posts, y la Inteligencia Artificial (grupos de programas o algoritmos que simulan varias funciones mentales), están presentes y son mediadores o protagonistas en casi todos los ámbitos de nuestra vida y, por lo tanto, en la salud mental y en las formas de atención a la salud mental. La velocidad de su desarrollo e implantación es impresionante. A día de hoy, según el Informe Global Digital Trends, el número total de usuarios de teléfonos inteligentes supera los 5.240 millones de personas en el mundo (Vaquero 2024; Moreno 2025), lo que supone un 64% de la población mundial. Conectados simultáneamente. 

Vivimos en un entorno digitalizado “que parece ciencia ficción”: la mayoría de las personas llevamos el teléfono móvil permanentemente, estamos “conectados” y “geolocalizados”. Recibimos varios mensajes al día y nos sentimos (casi) obligados a contestar de inmediato, a cualquier hora de la mañana o de la tarde. Lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas. Si no se contesta te pueden preguntar, preocupados: ¿te ha pasado algo? A través de internet realizamos búsquedas de información, visitamos museos, realizamos video-conferencias, consultamos el tiempo, hacemos y enviamos fotos, realizamos transferencias bancarias, etc., etc. Pronto desaparecerá el dinero físico y pagaremos todo con el móvil. A día de hoy sería difícil pensar en un mundo des-digitalizado. Esta realidad ha impactado en nuestra vida, en muchos casos para bien, y en otros para mal. En este texto comentaré dos impactos de la digitalización. Primero, en la salud mental. Después en los programas de atención a la salud mental. El tema es muy complejo, de manera que aquí comentaré algunos datos y tres ejemplos para animar al debate.

2.¿Cómo afecta la digitalización a la salud mental?

El promedio de tiempo que la población está conectada a las redes es de 2 horas y 21 minutos al día (Moreno 2025). En los jóvenes entre 13 y 17 años el tiempo de conexión diario promedio aumenta a las siete horas (Vaquero 2024). Se ha duplicado desde antes de la pandemia de la COVID-19. Muchos estudios señalan los riesgos de la sobre exposición a las pantallas y las apps para la salud mental: exposición a contenido sexual o violento, ciber acoso, presión para participar en actividades violentas o ilegales, lenguaje de odio, efecto burbuja, información falsa, etc., pudiendo afectar a la salud mental (adicción, baja autoestima (comparación / competitividad), soledad y privación social, depresión, ansiedad, insomnio, fragmentación de la atención y alteraciones en el aprendizaje, autolesiones, afectación de la maduración emocional y cognitiva, ideas suicidas e intento de suicidio, etc.) (Allcott 2020, APS 2018, Chang A 2015, Heidt J 2024, McCrae 2017, Przybylski 2017, Ra 2018, Riehm 2019, Sumner 2021, Swedo 2020). Ciertamente, algunos de estos estudios tienen limitaciones: son estudios de asociación, no de causalidad; valoran el tiempo de conexión (auto declarado), pero no las actividades desarrolladas. Por otro lado, algunos de estos autores señalan que ciertas actividades en redes sociales pueden tener efectos positivos: estimular creatividad, aprendizaje, soporte social, promoción de salud, etc. La clave, según ellos, estaría en estimular un uso positivo, crítico, ya que la limitación o restricción del uso es prácticamente imposible. 

El uso de tecnologías digitales, pantallas de ordenadores y teléfonos móviles comienza en edades tempranas. Así, Brushe y colaboradores mostraron cómo en niños de 12 a 36 meses de edad, el aumento de tiempo de pantalla suponía disminución del tiempo de conversación con sus padres, pudiendo afectar al desarrollo del lenguaje y el aprendizaje (Brushe 2024). Por su parte, Bhutani y colaboradores revisaron 16 estudios que analizaban el impacto del uso de pantallas en el desarrollo del lenguaje de niños menores de 12 años (Bhutani 2024); de esos estudios 9 encontraron un impacto negativo, cinco no encontraron impacto significativo y dos encontraron un efecto positivo. En el conjunto de estudios “parece que los efectos negativos del tiempo de pantalla superan a los positivos”.

En 2022 Mental Health Europe publicó un Informe sobre Digitalización en Salud Mental (MHE 2022). “La tecnología digital -decía- ha pasado a formar parte de nuestra vida profesional y personal, así como de nuestros sistemas sanitarios. Aparecen riesgos y oportunidades. Se necesitan regulaciones para minimizar los impactos negativos y estimular los resultados positivos”. 

Una revisión de la literatura llevada a cabo por Eddy Ives y colaboradores (Eddy 2025), evaluó el impacto de las pantallas y las redes sociales en la salud mental. “Se sugiere una asociación entre el uso excesivo de tecnologías digitales, especialmente las redes sociales, y la presencia de síntomas ansioso-depresivos y conductas autolesivas en la población infantojuvenil”.

¿Aumenta la prevalencia de problemas de salud mental con la digitalización?

Lo cierto es que, en los últimos años, la prevalencia de los problemas de salud mental ha aumentado en la población general y, sobre todo, ha aumentado en la población infanto-juvenil. Por ejemplo, en EEUU la población afectada por problemas depresivos ha aumentado un 40% desde 2009 hasta 2019; y entre 2007 y 2018 las tasas de suicidio en jóvenes de 10-24 años aumentaron en EEUU un 57% (The US SG 2021).

En España, en cuanto a la población general, la prevalencia ajustada por edad de problemas de salud mental era de 33% en 2022, frente a un 24,5% en 2016, con un aumento del 35% (aunque en 2022 hubo un ligero descenso respecto a 2021) (Ministerio de Sanidad 2025). En menores de 25 años la prevalencia registrada de problemas de salud mental ha aumentado sensiblemente: por ejemplo, los trastornos de la ansiedad pasaron de un 16,3% en 2016 a un 32,8% en 2022, lo que supone un amento del 101%.

El Barómetro Juvenil 2023 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD 2023) mostraba un aumento de la incidencia de problemas de salud mental en el último año del 109%: en 2017 era un 28,4% y en 2023 fue de 59,3%. Por otra parte, casi la mitad de los jóvenes (48,9%) declara haber tenido ideaciones suicidas en algún momento de 2023. Según FAD “hay una emergencia de la salud mental en España” y las desigualdades y la precariedad disparan los problemas de salud mental en la juventud.

Una de las consecuencias graves de los problemas de salud mental es el suicidio, especialmente en jóvenes y en personas mayores. Varios estudios relacionan el aumento de la tasa de suicidios con el uso de redes sociales (The US SG 2021) (sin olvidar que también influyen otros factores) (Reeves 2010). 

¿En qué medida impacta el uso de redes sociales tiene que ver con el aumento de problemas de salud mental?

La Presidenta de la Comisión Europea anunció una investigación sobre los impactos de las redes sociales en el bienestar, así como medidas sobre el diseño adictivo de los servicios online y un plan contra el ciber acoso (Centola F). El Cirujano General de EEUU, en su informe anual, advertía de “alarmante aumento en la prevalencia de ciertos problemas de salud mental”. Y añadía “muy a menudo los jóvenes son bombardeados con mensajes a través de las redes sociales que erosionan su sentido de valía, diciéndoles que no son suficientemente guapos, suficientemente populares, suficientemente listos, o bastante ricos” (The US SG 2021). “Mientras las plataformas tecnológicas han mejorado nuestras vidas en muchos aspectos … para muchas personas pueden tener efectos adversos”. El informe también constata que la pandemia de la COVID-19 aumentó el estrés en los jóvenes y los efectos negativos del uso de redes.

-Primer ejemplo: utilización de páginas web de contenido negativo y salud mental.

En octubre de 2022, Andrew Walker, el Forense de North London, emitió un Informe en el que analiza el suicidio de Molly Rose Russell, que sufría depresión, y su relación con los efectos negativos de contenidos en internet (Walker 2022). Molly tenía 14 años y parecía una chica normal y saludable. Comenzó con síntomas depresión y se suscribió a una serie de páginas web online. Algunas de estas páginas no deberían haber sido accesibles a una niña de 14 años. A través de estas páginas accedió a imágenes, textos y contenidos que hablaban de auto-agresión, suicidio, y pensamiento negativo. En algunos casos se daba un contenido romántico a estos contenidos, normalizándolos. En otros, se desanimaba a consultar con personas que podrían haber ayudado. “Es muy probable que estos contenidos afectaran negativamente la salud mental de Molly, contribuyendo a su muerte”. El forense subraya que: no había separación en las plataformas para niños o adultos; no había verificación de edad; los algoritmos facilitaban contenidos similares y anuncios; los padres no tenían acceso a este material previamente. En consecuencia, recomienda que el Gobierno revise estas cuestiones y establezca un panel independiente para supervisar estos temas en la red. Así mismo, reclama más auto-regulación a las plataformas tecnológicas.

3.¿Cómo afecta la digitalización a la atención a la salud mental?

Ya desde los años 70 del siglo pasado comenzaron a digitalizarse las historias clínicas. En principio se recogían unos pocos datos; poco a poco se fueron haciendo programas más complejos que permiten recoger toda la información relevante, además de las pruebas complementarias (análisis, imágenes, etc.), generando grandes Bases de Datos sanitarias. En España, por nuestra forma de organización política, las Bases de Datos son autonómicas, aunque el Ministerio y las CCAA han creado un sistema de conexión que permite compartir la información más significativa. En la Unión Europea se ha definido un Espacio Europeo de Datos Sanitarios que permitirá utilizar la información para “uso primario” (prestar atención sanitaria a los pacientes en cualquier lugar de Europa, pudiendo acceder a los datos clínicos), y para “uso secundario” (para realización de estudios, investigación, y otros usos comerciales). Estos sistemas presentan importantes riesgos de vulneración de la confidencialidad y de utilización para fines que no son los autorizados por el paciente. En salud mental puede generar importantes problemas de estigmatización y discriminación. Otras aplicaciones de la digitalización son las recetas electrónicas o la teleconsulta, así como numerosas apps de entidades públicas y privadas. 

Chatbots generales.

Según la revisión realizada por Zao-Sanders, donde se analiza cómo utiliza la gente y para qué la Inteligencia Artificial generativa y los chatbots (programas que simulan una conversación con un ser humano), se encontró que el uso más común ya es la terapia, superando al trabajo y la creatividad (Zao 2025). En un estudio sobre el uso de ChatGPT como herramienta psicoeducacional en salud mental, Maurya y colaboradores encontraron que ChatGPT ofrecía respuestas empáticas, acciones razonables y sugerencias útiles (Maurya 2025). Y subrayaban que la herramienta insiste en que se consulte a un profesional cuando sea necesario. Para otros autores, en cambio, los riesgos del uso de chatbots son importantes: refuerza el egocentrismo, las ideas paranoides, la dependencia emocional, con tendencia al sobre diagnóstico, un enfoque individualista sin tener en cuenta determinantes sociales de la salud y exceso de medicamentalización, además de presentar problemas de privacidad y protección de datos (Perez Soler 2025).

-Segundo ejemplo: Chatbot, ¿facilitador del suicidio?

Recientemente, The Guardian reportó un caso de adolescente que cometió suicidio relacionado con el uso de ChatGPT en internet (Booth 2025). Según la reclamación judicial, al parecer Adam Raine se suicidó después de meses de conversación con ChatGPT, con quien discutió métodos de suicidio en varias ocasiones. OpenAI admitió que la seguridad del chatbot puede degradarse en conversaciones largas.

  

Chatbots específicos. Los “terapeutas” de la IA. 

Se estima que existen entre 10.000 y 20.000 apps de salud mental en el mercado. Se comercializan para diagnosticar y tratar depresión, ansiedad, trastorno bipolar, insomnio y otros problemas de salud mental. Pueden complementar los recursos personales, con supervisión. Ahora bien, estudios recientes revelan que las IAs pueden ser empáticas y útiles, pero también pueden generar ansiedad y contribuir a la soledad y a la dependencia emocional (Fang 2025). En concreto, un estudio de la Universidad de Brown señala que los chatbots de IA para salud mental violan sistemáticamente los estándares éticos (Brown 2025), por ejemplo, al reforzar las creencias negativas de los usuarios respecto a sí mismos y a otros. Por otro lado, varios estudios muestran que las apps de salud mental no crean valor para personas con problemas de salud mental, y pueden empeorar su situación. Señalan que el fundamento científico de esas apps es débil. Y, en su mayoría, no están sometidas a regulación y no asumen responsabilidades por los resultados potencialmente negativos (Gross 2024).

Sin duda el uso del Big Data, estas grandes bases de datos, y de programas informáticos puede tener aspectos positivos: mejorar el uso de recursos, diseñar programas de apoyo, teleconsulta, acceso a información y soporte, monitorización, etc. Pero los aspectos negativos son muy grandes: hackeo de historiales clínicos; discriminación de personas con problemas de salud mental; intervenciones no deseadas sobre personas afectadas; biologización del trastorno mental; categorización y venta de los perfiles de los usuarios a diferentes empresas, etc. Debería haber un debate público sobre estas cuestiones

Rastreadores de la red con predicciones de patología.

Algunas plataformas detectan perfiles de riesgo suicida y avisan a la policía o a los servicios de emergencia, poniendo en marcha intervenciones que, en ocasiones, son inapropiadas, pudiendo generar abusos o violación de los derechos humanos. Se plantea así un problema importante, con relevantes aspectos éticos (Bossewitch 2022). Las personas deberían autorizar expresamente la participación en estos macro-seguimientos, y deberían poder optar por rechazar esta participación y las autoridades sanitarias deberían supervisar el rigor científico y la garantía del respeto a los derechos humanos.

-Tercer ejemplo: rastreando la Red para predecir riesgos en salud mental.

En febrero de 2021 un internauta alertó a la Ciber policía de Mumbay (India) sobre un joven de 21 años que había colocado un post sobre suicidio en su perfil. La policía rastreó la dirección del ordenador (IP) y localizó al joven en pocas horas. Al parecer estaba deprimido por haber perdido a su madre, porque su madrastra le maltrataba, y por el fallecimiento reciente de su padre durante la pandemia. La policía, de acuerdo con la legislación del país, aconsejó al joven y lo condujo al hospital Nair para recibir tratamiento psiquiátrico. Era la novena actuación de la Ciber policía en casos similares en los últimos seis meses.

En algunos casos estos programas de predicción pueden hacer más daño que beneficio (Bossewitch 2022). En todo caso, deberían regularse y supervisarse por las autoridades sanitarias. En efecto, el uso de grandes bases de datos digitalizados y programas informáticos con interés comercial puede llevar a problemas de discriminación (acceso a empleos, entrada en el país, alquiler de vivienda, obtención de un crédito, contratos de seguros médicos, etc.).

Otros programas de vigilancia automatizada a través de la red pretenden detectar y predecir cuando una persona puede pasar a ser violenta (Bellio 2025; Metcalf 2025). En concreto, se han utilizado específicamente en personas con problemas de salud mental (Cheng 2023; Dobbins 2024). Se puede combinar con geolocalización. Recuerda demasiado a la novela de Philip K. Dick,The Minority Report, que citaba al principio, y tiene enormes implicaciones éticas, por la posible introducción de sesgos, violación de la intimidad, intervención sin consentimiento informado, etc. 

Un último apunte sobre los riesgos de la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial es la evidencia de que la IA puede “enfermar” introduciendo comportamientos no previstos por el programador. Según Ben-Zion y colaboradores, un diálogo con contenido estresante puede generar ansiedad en la IA afectando a su comportamiento y amplificando sus sesgos (Ben Zion). En un futuro próximo, con el desarrollo de la Inteligencia Artificial General, donde el ordenador se programe a sí mismo, este riesgo aumentará.

4.¿Cómo podemos minimizar los riesgos y aumentar los efectos positivos de la digitalización en salud mental? 

Son temas importantes que debería abordar el debate público para animar a las autoridades a desarrollar una adecuada regulación que garantice: privacidad; responsabilidad empresarial (por el impacto negativo de los sistemas digitalizados); seguridad; no discriminación y equidad; control humano de la tecnología; responsabilidad profesional de los diseñadores de programas y algoritmos; transparencia; promoción del interés público, el bien público y los derechos humanos (derecho a la intimidad, a la dignidad, a la autonomía y la toma de decisiones, etc.).

“El valor social y público de los datos debería orientarse a los determinantes de una buena salud mental: desarrollo económico equitativo, apoyo directo cuando sea necesario; evitar prácticas discriminatorias, exclusión y marginalización; mejorar la calidad de los cuidados y los servicios; y otras medidas para mejorar el bienestar social” (Bossewitch 2022). En el ámbito europeo deberíamos ser muy cuidadosos con la creación y utilización del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, para que realmente esté al servicio de la ciudadanía y no al servicio de grandes multinacionales.

Salud Mental Europa propone aplicar un enfoque de derechos humanos al proceso de digitalización de nuestras sociedades. Es preciso desarrollar programas de psicoeducación sobre la utilización equilibrada y responsable de las tecnologías digitales en toda la sociedad. Es importante fomentar las actividades físicas y sociales fuera del entorno digital, e implantar estrategias de control de tiempo de pantalla.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que, con demasiada frecuencia, la introducción de tecnologías digitales puede querer enmascarar la falta de dotación de los servicios persona-persona, las redes de atención sanitaria y social, la dotación de personal y de tiempo para ofrecer una atención oportuna y suficiente, los programas sociales de apoyo, las intervenciones en los determinantes de la salud, etc. Es decir, el enfoque interpersonal y social.

De ahí que resulte fundamental y prioritario mejorar los servicios sanitarios y sociales, así como los diferentes programas de salud para atender problemas de salud mental (OECD 2025). “Cerca de dos tercios de personas con problemas de salud mental no tienen acceso a la atención que necesitan”. En España, un 50% de las personas que van al psicólogo tienen que hacerlo por la sanidad privada (o a través de chatbots). La dotación de profesionales de salud mental en España es la mitad de la que correspondería por población en un país avanzado. Aplicando la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud con medios suficientes se podría mejorar sensiblemente la calidad de la atención, disminuyendo el sufrimiento por enfermedad mental y posibilitando una vida autónoma y satisfactoria: Mejorar la dotación, la formación de personal y sus condiciones de trabajo, la accesibilidad (física y temporal), la continuidad de la atención, la coordinación entre servicios y programas, el apoyo a las familias, y la formación de las familias, educadores y empleadores. Así mismo, reducir la desigualdad y discriminación por raza, lugar de nacimiento, renta, identidad sexual, etc. (Kourgiantakis et al 2025); reducir el uso de sustancias, incluyendo medicación inadecuada; y reducir la utilización de tecnologías digitales (tiempo de pantalla), mejorando al mismo tiempo la utilización de estos dispositivos.

En el reto de mejorar la salud mental y el uso de las tecnologías informáticas todos podemos aportar algo (The US GS 2021): Las personas (a lo largo de la vida), las familias, el ámbito educativo, el ámbito laboral, los servicios y los profesionales sanitarios, los servicios y profesionales de los servicios sociales, la prensa, las plataformas tecnológicas, las asociaciones de pacientes, las Administraciones Públicas (Local, Regional, Nacional e Internacional).

En este sentido, teniendo en cuenta el desarrollo acelerado de la digitalización, la Inteligencia Artificial, las grandes bases de datos, etc., y el control de las mismas por grandes multinacionales de las plataformas tecnológicas (mundo occidental), o por el poder político totalitario (China), sería importante que los países promovieran pactos internacionales e instrumentos de control multilaterales para tratar de reorientar los usos de la digitalización en todos los ámbitos de la vida y, en concreto, en la salud mental y la atención a la salud mental. Estos pactos deberían tener como objetivo la defensa de los derechos humanos de las personas, el interés social y el bien público.

REFERENCIAS

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Frente a una nueva pandemia (que vendrá) seguiríamos igual.

Según la Nota informativa de Third World Network, en relación con la 5ª reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG5), llevada a cabo en la sede de la OMS en Ginebra entre el 9 y el 14 de febrero, los países del Norte, con la Unión Europea de forma destacada, se oponen a un sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS) equitativo y justo (“OMS: la UE retrocede en los compromisos del acuerdo sobre la pandemia e ignora evidencias y precedentes". Third World Network, 20 febrero 2026).

Recordemos que en mayo de 2025 la OMS alcanzó un acuerdo para hacer frente a futuras pandemias (Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional). Como ya analizamos en AAJM, ese acuerdo era muy insuficiente y, además, su entrada en vigor se demoraba un año hasta que se aprobara el anexo sobre el sistema PABS.

Pues bien, durante estos meses, los países ricos, incluyendo la UE, están tratando de imponer un sistema PABS injusto. Así, la cesión (por los países en desarrollo) de patógenos con potencial pandémico, y de los datos de secuencias genéticas, sería obligatoria; pero la firma de contratos de las empresas (y países desarrollados) receptores de la información para garantizar una distribución equitativa de las posibles vacunas, tratamientos o medios diagnósticos, sería voluntaria. Es decir que no se les podría obligar a ceder licencias, ni a transferir tecnología, ni a facilitar reservas estratégicas en todas las regiones. Es una propuesta desequilibrada que no facilita la gobernanza global para hacer frente a futuras pandemias (que vendrán antes que después), y consolida las desigualdades estructurales actuales.

Conviene insistir en la necesidad de un cambio de modelo para la investigación, desarrollo y distribución de vacunas, tratamientos y medios diagnósticos. El modelo actual basado en patentes y derechos de propiedad intelectual, que conceden monopolios de producción y distribución a las empresas, genera enormes beneficios para unos pocos y deja sin acceso a medicamentos a millones de personas. Lo mismo ocurrirá en futuras pandemias.

La I+D de medicamentos y vacunas, como ya propuso la OMS hace años, como recordó el Panel de Alto Nivel de acceso a medicamentos de la Secretaría General de la ONU en 2016, y como vienen insistiendo diferentes organizaciones y analistas, como Dean Baker, debería financiarse mediante un fondo global, fijando las prioridades de investigación según las necesidades de salud, facilitando licencias abiertas y transferencia de tecnología, propiciando la fabricación en diferentes regiones y garantizando la distribución a precio de coste-plus. Con el sistema actual de monopolios la sociedad paga más de 4 veces todo lo que las empresas dicen que gastan en I+D. Son precios abusivos que los gobiernos no son capaces de controlar, que sangran a los sistemas públicos de salud y a los pacientes, y que provocan por un lado falta de acceso a medicamentos necesarios y por otro lado sobre medicación y efectos adversos evitables.

La pandemia de la COVID-19 y el acuerdo sobre pandemias de 2025 eran una ocasión para revisar el modelo de forma radical. No se hizo. Los países ricos (presionados por la Big Pharma) impusieron su veto. Tampoco se logró incluir en el acuerdo lo que muchos líderes nacionales defendían en plena pandemia: “En situación de pandemia se deben suspender automáticamente los derechos de propiedad intelectual; toda vacuna, tratamiento o medio diagnóstico será accesible a todos, en condiciones de igualdad, a precios de coste, etc.”. Pero cuando se discutió el acuerdo de pandemias habían pasado varios años y la presión social no era tan fuerte. Finalmente, al acuerdo solo incorporó la obligación de que los países (pobres) facilitaran los patógenos con potencial pandémico a la OMS para que pudieran acceder a esta información todas las partes interesadas (países y empresas), y, a cambio, los países y empresas (ricos) se obligaban a garantizar el acceso real a los resultados de posibles investigaciones, vacunas, tratamientos y diagnósticos, a los los países que hubieran facilitado los patógenos. El acuerdo logrado por la OMS en 2025 era un acuerdo cicatero, muy insuficiente. Pero, aún así, los países ricos han estado resistiéndose a asumir estas obligaciones en el anexo PABS, por la presión de las grandes empresas farmacéuticas que no quieren renunciar a sus enormes beneficios, ni siquiera en una pequeña parte. Quieren tener todo el control. 

Entristece ver a los líderes de los países europeos dejar de lado los valores que decimos defender, equidad, justicia, solidaridad, y ceder una y otra vez a los intereses de los grandes poderes económicos (Hay que decir que hay algunos gobiernos dentro de la UE que están defendiendo un cambio de la posición oficial). Lo paradójico de esta postura es que, en caso de una nueva pandemia de alta contagiosidad y alta letalidad, nadie estará a salvo, y la única manera de superar el reto será compartiendo entre todos y de verdad el acceso a la información, a los tratamientos y las vacunas. Por eso, desde aquí, insistimos una vez más en que el cambio de modelo en la I+D de medicamentos es cada vez más necesario.

Crisis sanitaria y Nuevo Modelo de Financiación ¿una oportunidad?

(texto publicado en InfoLibre)

Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido y todavía es un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta “¿cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu Comunidad Autónoma?” y solo el 42,4% contesta que Bien o Muy Bien (1). Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 (2), donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba Bien o Muy Bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 (3) alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9% de la población). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población (4).

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5% prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y llevan razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA (5). Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda ascendería a 300.000 millones de euros (6). Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad “blindando la universalidad de la sanidad pública” (7). 

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional, y nacional, que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad sería muy conveniente una Refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y Agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa) no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

(1) Encuesta 40dB enero 2026.

https://elpais.com/sociedad/2026-01-12/la-mayoria-de-la-poblacion-cree-que-hay-que-reforzar-la-sanidad-publica-aunque-suponga-subir-impuestos.html

(2) Barómetro Sanitario. Ministerio de Sanidad. 3ª Oleada 2025. Noviembre.

https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2025-tercera-oleada-?chartType=bar&cuestionario=18010&muestra=26369&pregunta=657578&variable=1094813

(3) Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

(4) Barómetro CIS diciembre 2010. Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

(5) Hacienda propone un nuevo modelo de financiación.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2026/090126-modelo-financiacion-comunidades.aspx

(6) Ministerio de Hacienda. Deuda. Transferencias.

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=aut%C3%B3nomas%20habr%C3%A1n%20recibido%20300.000%20millones%20de%20euros,propuesta%20%E2%80%9Chist%C3%B3rica%E2%80%9D%20que%20dotar%C3%A1%20%E2%80%9Cde%20m%C3%A1s%20autonom%C3%ADa

(7) Blindaje de la sanidad pública.

https://diariofarma.com/2025/09/03/el-gobierno-fija-el-blindaje-de-la-universalidad-del-sns-como-prioridad-de-los-pge-2026

El Barómetro Sanitario de Noviembre enciende la luz roja.

 No deberíamos seguir mirando hacia otro lado. La sanidad pública está en peligro y no hay una respuesta contundente ni desde el Gobierno de España ni desde la mayoría de las CCAA.

El Barómetro Sanitario de noviembre, elaborado por el CIS para el Ministerio de Sanidad, muestra algunos datos muy preocupantes y enciende una luz roja: por primera vez, son más los que piensan que el sistema sanitario funciona mal que los que opinan que funciona bien (1). Así, cuando se pregunta a la ciudadanía su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país, más de la mitad, un 50,2%, opina que funciona mal o necesita cambios fundamentales, mientras que solo un 48,5% piensan que funciona bien o bastante bien. En cambio, en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el sistema sanitario. En estos años la valoración positiva ha ido bajando más de 25 puntos. El deterioro es evidente, de tal forma que la sanidad es el tercer asunto que más preocupa personalmente a los españoles (2). Este descrédito tiene mucho que ver con los tiempos de espera para recibir atención sanitaria (diez días en Atención Primaria; cuatro meses en Atención Especializada). Y estos retrasos se traducen en que cada vez son más personas las que acuden a la sanidad privada. En efecto, al haber retrasos en la atención dentro de la sanidad pública, más personas se hacen un seguro privado. En este Barómetro Sanitario un 31% dicen tener este tipo de seguro, cuando en 2010 eran la mitad. Se está privatizando de facto la financiación sanitaria, que descansa cada vez más en el bolsillo de los pacientes.

En este sentido, otro síntoma preocupante recogido en el Barómetro Sanitario, y que muestra las carencias del sistema, es la dificultad que tienen muchas personas para pagar los medicamentos (copagos, medicamentos no financiados): en los últimos doce meses, un 5,6% de la población dejó de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por motivos económicos. Supone unos 2,5 millones de personas. No son pocos. Y esta barrera al acceso a su tratamiento se genera al mismo tiempo que estamos pagando precios exorbitados por los nuevos medicamentos. En efecto, la sanidad pública gasta más de 10.000 millones de euros anuales en precios excesivos de medicamentos: más que de sobra para hacer que nadie quede sin el medicamento que necesita y para mejorar sensiblemente la dotación de profesionales. Además, ese exceso de beneficio de la industria farmacéutica se utiliza en parte para influir en los propios sanitarios presionándoles para que receten más, y medicamentos más caros, lo que, unido a la falta de tiempo para otras intervenciones no farmacológicas, conduce a un consumo innecesario de medicamentos que se estima en un 30%.

Desde los recortes producidos a partir de la crisis financiera de 2008-2010, la sanidad perdió un 20% de sus recursos y mientras tanto la demanda sanitaria ha crecido. Estas carencias producen un deterioro que debe corregirse cuanto antes. Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen la universalidad y la calidad de la atención. Se deben potenciar las capacidades del Ministerio de Sanidad para que pueda ejercer sus funciones, como la Alta Inspección. Se debe mejorar el desempeño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con capacidad de decisión efectiva y estructuras de apoyo para compartir recursos (compras conjuntas, evaluación de servicios, sistemas de información, recursos humanos, etc.). Es preciso fortalecer la Salud Pública, la Atención Primaria y la atención a la Salud Mental. Es necesaria una reformulación completa de la política farmacéutica. Se deben completar las plantillas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a los derechos de los trabajadores, dotar de estabilidad a los profesionales, y ofrecerles condiciones atractivas para su desempeño, incluyendo una formación continuada no ligada al patrocinio de la industria. Y también es necesario evitar la privatización y la fragmentación de la gestión y la provisión de la Atención Sanitaria. Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario, y son perfectamente viables (3).

Es fundamental que el Gobierno de España lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. Sin duda el momento político es muy complicado y puede resultar tentador echarse las culpas unos a otros y centrarse en otros temas. Pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro.

(1) Barómetro Sanitario, tercera oleada 2025. Noviembre. https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2025-tercera-oleada-?cuestionario=18010&muestra=26369&pregunta=657578&variable=1094813&chartType=bar

(2) Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

(3) Dictamen para la reconstrucción social y económica. https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

La sanidad pública se deteriora. ¿Puede hacer algo el gobierno de España?

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el Presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que 

“… se sufre a diario. En las listas de espera … y los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Ponía un ejemplo: “Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas…”. Y añadía: “El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo” (1). La pregunta es: ¿el gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del gobierno y del Parlamento de la Nación.

El SNS, después de casi cuarenta años desde su creación, ha rendido un excelente servicio a la sociedad. Ha contribuido a lograr un buen nivel de salud de la población y un alto grado de cohesión social, ofreciendo una cartera de servicios completa, que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medicamentos y otros servicios complementarios. Pero desde 2010 se detecta un deterioro progresivo, con peor valoración de la población, y con aumento del número de personas que debe recurrir a la sanidad privada (un 25,9% de la población ya tiene seguro privado).

Sin duda parte de ese deterioro tiene que ver con las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PP que apuestan por la gestión privada de los servicios sanitarios. Pero la mayor parte de ese deterioro se debe a los recortes que se realizaron en 2010-2014, que no se han recuperado; a un aumento de la demanda por envejecimiento de la población; a un gasto ineficiente en medicamentos por sobre precios abusivos; y a dificultades de coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA, incluyendo la capacidad de control y garantía de calidad para asegurar una atención sanitaria equitativa en todo el SNS. Es decir, la sanidad pública española, además de la orientación privatizadora de gobiernos del PP, tiene problemas de financiación y problemas estructurales (de coordinación y de gobierno), que requieren un replanteamiento a fondo (2). Por tanto, la salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del gobierno de España, asegurando, por un lado, la financiación suficiente en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo una gestión más eficiente con los cambios estructurales precisos.

En cuanto a los recursos necesarios, según el Ministerio de Hacienda, los ha habido: “durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores” (3). Además, el Estado asume una deuda de 83.252 millones que pesaba sobre las CCAA. Esto habría supuesto 54.714 millones de euros anuales más para las mismas. Por otro lado, los recortes de la sanidad pública realizados en 2010 y años siguientes se estiman en 20.000 millones de euros anuales. Quiere decir que, en los últimos años, se han transferido a las CCAA recursos suficientes para haber podido recuperar el gasto sanitario público y responder a las necesidades de atención actuales. Pero, sin embargo, mientras la sanidad pública continuaba su lento proceso de deterioro, esos recursos se han destinado a otros fines. Esta cuestión debería resolverse en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (anunciada por la ministra de Hacienda el pasado 17 de noviembre) (4): el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación deben asegurar que en el nuevo modelo la sanidad recibe los recursos necesarios y equitativos en todas las CCAA (instaurando los mecanismos de reparto, los controles de ejecución y los sistemas de corrección que se precisen).

En lo referido a los cambios estructurales nos referimos a la necesidad de refundar el SNS, dotándole de mayor capacidad de gobierno, reforzando el ministerio de sanidad y convirtiendo el Consejo Interterritorial del SNS en un órgano de carácter federal que pueda adoptar decisiones vinculantes, y se dote de unidades cualificadas (agencias o similares) que le permitan establecer estándares de calidad (incluyendo dotación suficiente de personal y tiempos máximos de espera), así como optimizar los sistemas de compras y fijación de precios (especialmente de medicamentos), los sistemas de información, la coordinación en la prestación de servicios, los sistemas de evaluación, la formación continuada de personal y la exigencia de unos mecanismos de remuneración adecuados. El SNS (gobierno de España y de las CCAA), debe garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad en cualquier lugar del territorio nacional, contemplando la posibilidad de recuperar, de forma excepcional, la gestión de los servicios transferidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de la CCAA, para evitar el deterioro de la sanidad pública y el sufrimiento de los pacientes. Muchas de estas medidas requieren el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos y de los gobiernos nacional y autonómicos. Parece imposible, pero es absolutamente necesario, y cada vez más urgente, si queremos consolidar y mejorar el SNS.

Referencias

(1)

https://www.infolibre.es/politica/sanchez-denuncia-oposicion-destructiva-corrupcion-inmoral-privatizacion-servicios_1_2096337.html

(2)

https://elpais.com/opinion/2023-01-25/el-sistema-nacional-de-salud-necesita-una-refundacion.html

(3)

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=De%20hecho%2C%20durante%20los%20siete%20a%C3%B1os%20de,las%20CCAA%20durante%20la%20etapa%20del%20Gobierno

(4)

https://elpais.com/economia/2025-11-17/hacienda-presentara-a-principios-de-2026-una-propuesta-de-reforma-del-sistema-de-financiacion.html