domingo, 15 de agosto de 2021

Alesha podía no haber muerto…

Alesha Kimi, una niña de 22 meses, falleció por COVID en un pueblo de Indonesia este mes de agosto. Podía haberse evitado. Como ella, morirán por COVID en el mundo en este mes de agosto, más de 250.000 personas. Podía haberse evitado si los países del mundo, reunidos en Naciones Unidas, hubieran decidido un abordaje global, justo y eficiente de la pandemia, en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, la respuesta a la pandemia ha sido nacionalista, cortoplacista, en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas y los grandes gestores de fondos de inversión. El resultado de este enfoque es que, en parte del mundo, el mundo rico, se ha vacunado ya a más del 50% de la población, y en otra parte del mundo, el mundo pobre, no se ha vacunado más que al 1-2% de la población. Esta situación facilita que el virus siga mutando, apareciendo nuevas variantes, que se siguen cobrando vidas de niñas inocentes como Alesha.

¿Por qué no hemos afrontado esta pandemia como lo que es, un problema global, y hemos respondido con perspectiva localista, “a diferentes velocidades”, según los niveles de renta del país? ¿Nos falta conciencia de especie, de que todos somos hermanos? ¿No nos damos cuenta que todos somos iguales de raíz, que todos los seres humanos tenemos derecho a la máxima salud posible y que todos merecemos el acceso a los servicios sanitarios y los medicamentos?

 

Estos días leía a Francisco Fernández Buey, filósofo comprometido, quien destacó la obra de Bartolomé de las Casas como la “más importante aportación del pensamiento hispánico del siglo XVI a la primera configuración de una conciencia de especie en el marco de la cultura europea”. Y cita al fraile: “Todas las naciones del mundo son hombres … todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatro interiores se mueven por los objetos de ellos; todos huelgan con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal”. El mismo sentimiento expresa Shakespeare años después en su precioso monólogo de Shylock. Es verdad que desde entonces hasta ahora la humanidad ha dado pasos muy importantes, entre otros, no menores, la abolición de la esclavitud. Aunque siga habiendo explotación de millones de trabajadores en condiciones infrahumanas, hay un rechazo mayoritario a esas situaciones, nos repugna a la conciencia. Los organismos internacionales, surgidos después de la segunda guerra mundial, como la Organización Mundial de la Salud, nos hacen sentir parte de un todo y nos animan a la cooperación. Pero estas estructuras políticas multilaterales no tienen, todavía, fuerza bastante para contrapesar la fuerza de otras entidades económicas multinacionales, que ya han consolidado un enorme poder. Es preciso avanzar en un sistema de gobernanza mundial que permita un nuevo equilibrio, decidiendo en beneficio de toda la humanidad.

 

“Los líderes políticos y corporativos deben hacer una elección -escribía el Director General de la OMS, Dr Tedros, en Time, el pasado 12 de agosto-. ¿Quieren el pequeño grupo de países y compañías que controla el suministro de vacunas correr el riesgo de la aparición de nuevas variantes, con innecesarias olas de muerte, pérdida de empleos e inseguridad en todas partes? ¿O quieren terminar la pandemia y promover una verdadera recuperación global?” La respuesta nos la vienen dando desde hace más de un año: quieren lo primero. ¿Por qué? En el mismo artículo el Dr Tedros da la respuesta: “Se va a ganar muy poco con un pequeño número de compañías haciendo grandes ganancias si el mundo continúa perdiendo billones de dólares, entrando y saliendo de severas restricciones para sus poblaciones”. Esta es la clave, Dr Tedros: ¿quién va a ganar muy poco? ¿el conjunto de la humanidad? Pero hay otros que van a ganar mucho. Y pueden más los objetivos de ganancia de los directivos de unas pocas empresas que el sufrimiento, o la pérdida de billones para el conjunto de la población. Estas empresas tienen mucha fuerza, y por eso pueden convencer a sus gobiernos de que, en el dilema que usted plantea, opten por decisiones que conducen a no terminar la pandemia. Es decir, les convencen de que la mejor manera “para todos” es privatizar el conocimiento científico, a través de patentes, y conceder monopolios de explotación de las vacunas, como “bienes privados”, porque así, según afirman, se incentivará la investigación, aunque lo que realmente ocurre es lo contrario. Los monopolios permiten fijar precios abusivos y limitan la capacidad de producción de vacunas mundial, por lo que no hay vacunas para todos, pero se maximizan las ganancias de los monopolistas. En este escenario, los países más ricos acaparan las vacunas, compitiendo a ver quién es el que tiene más proporción de población vacunada con dos dosis, y quién va a ser el que antes vacune antes con la tercera dosis. Conviene insistir: mientras estos países han vacunado a más del 50% de sus poblaciones, millones de personas en países de bajos ingresos todavía no han recibido la primera dosis. Miles de profesionales sanitarios, personal de riesgo, personas vulnerables y mayores están sin vacunar en esos países, cuando la UE ya ha reservado la 3ª, 4ª 5ª y 6ª dosis, a precios abusivos. No es inevitable. Es una opción.

 

El Dr Tedros plantea una solución urgente: aumentar las donaciones voluntarias a través de COVAX. Pero esto no ha funcionado. Hasta ahora se han administrado menos del 5% de dosis totales a través de COVAX, porque las empresas venden a los que pagan precios más altos, y los países con altos ingresos acaparan las dosis. También plantea una solución a medio plazo, la suspensión de patentes, la transferencia de tecnología al Fondo para acceder a tecnologías COVID de la OMS (C-TAP), y el aumento de la producción mundial. Pero el mismo Dr Tedros constata que, aunque la mayoría de países apoyan esta propuesta, un pequeño número, que ya han vacunado a la mayoría de sus poblaciones, se opone, sobre la base de que es más rápido usar licencias voluntarias. Podría ser más rápido, teóricamente, si las empresas quisieran, pero no han querido, por lo que, en los últimos 12 meses, no se ha cedido la tecnología a la C-TAP de la OMS y, a través de ella, a todas las empresas que podrían fabricar vacunas. Es un hecho. Esta fórmula de cesión voluntaria tampoco ha funcionado.

 

¿Cuál es la alternativa? Los países (incluida la Unión Europea y EEUU) podrían llegar a un acuerdo urgente para se haga la cesión obligatoria de tecnologías COVID, con las compensaciones que sean razonables (inversión realizada, auditada; beneficio industrial en la media del sector industrial), lo que permitiría duplicar la producción. Entretanto, la producción actual de vacunas se podría distribuir a los países con menores tasas de vacunación, a precio de coste de fabricación. Una distribución equitativa global, lo mismo que se ha podido hacer en el seno de la Unión Europea. Estas decisiones permitirían acabar con la pandemia. Pero no se tomarán, porque la Unión Europea seguirá bloqueándolas, presionada por los grupos de poder económico. Para cambiar el equilibrio de fuerzas hace falta tiempo. Hace falta hacer visibles estas injusticias, hace falta que la muerte de Alesha, y la muerte y el dolor de miles, no nos dejen indiferentes, y hace falta crear conciencia de que hay alternativas, de que es posible una respuesta ética y, además, eficiente. Son muchas iniciativas que vienen impulsando ese cambio, The People’s Vaccine, la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, Médicos sin Fronteras, Health Action International, Knowledge Ecology International, Salud por Derecho, No es Sano, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Plataforma de afectados por la Hepatitis C, medicusmundi, la propia OMS, la Secretaría General de Naciones Unidas y otras muchas.

 

El cambio es posible. Y depende de cada una de nosotras y nosotros. Paso a paso.

 

viernes, 6 de agosto de 2021

Dilemas morales en la COVID-19: Europa se desentiende de la petición de la OMS para una moratoria sobre la tercera dosis, y desoye la petición de más de 100 países para que apoye la suspensión de patentes

La OMS plantea un dilema moral a los países de altos ingresos, como los de la Unión Europea: les pide a los países ricos, que ya han vacunado a más del 50% de su población (incluyendo sanitarios, personal en riesgo y población más vulnerable) una moratoria en sus planes para la administración de una tercera dosis, al menos hasta el final de septiembre, para que se pueda vacunar, al menos, al 10% de la población de todos los países del planeta.

 Si, además de vacunarnos con las dos dosis que ya tenemos compradas, hacemos otra compra para una tercera o una cuarta dosis, en una situación de escasez de dosis global las empresas tenderán a vendernos a nosotros a precios más caros (10, 20 veces por encima de los costes de fabricación) en vez de vender a los países de bajos ingresos a precios más baratos, por lo que tendrán que seguir al final de la cola, como ya ha ocurrido.

https://www.politico.eu/article/who-calls-for-moratorium-on-booster-vaccines/

 

Según la OMS, los países ricos hemos puesto ya 100 dosis por cada 100 habitantes, “mientras, en países de bajos ingresos solamente se han podido administrar 1,5 dosis por cada 100 habitantes, debido a la falta de suministros”. ¿Es esto justo?

 

Hungría, Alemania, y Francia, ya han anunciado planes para administrar una tercera dosis. Los gobiernos nacionales quieren responder a su ciudadanía ofreciendo la mejor protección posible. Pero la Agencia Europea del Medicamento no recomienda (todavía) esa tercera dosis. Los estudios científicios no son precisos respecto a la pérdida de protección de las actuales vacunas. Y, sin embargo, las empresas cuentan con vender esa tercera dosis, y muchas más, a los países de altos ingresos. Y piensan hacerlo, además, subiendo los precios.

 

Si defiendo que las personas que viven en Castilla-La Mancha o en Madrid, tengan el mismo derecho a vacunarse que en Cataluña o en Galicia, porque todos somos españoles; si defiendo que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades de vacunarse que en Italia o en Holanda, y que no dependa de la renta de cada país, porque todos somos europeos… de la misma manera defiendo que todas las personas del planeta tengan las mismas oportunidades para vacunarse, porque todos somos seres humanos, con la misma dignidad y derechos. Por otro lado, conviene recordar que, si no nos salvamos todos no se salva nadie. Si no se termina la pandemia en todos los países no se termina en ninguno.

 

Sin embargo, la Unión Europea resuelve este dilema moral desoyendo la petición de la OMS y diciendo que es una cuestión de cada país. 

https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/europa-desoye-la-peticion-de-la-oms-para-ayudar-a-los-paises-mas-pobres-retrasando-la-tercera-dosis-de-la-vacuna.html

 

La pandemia no es un asunto de un país. La fabricación de vacunas y su distribución no es asunto de un país ¿O acaso la UE no ha reservado ya 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023?https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2548

 

Si el número de vacunas estuviera limitado por mandato divino y no hubiera posibilidad de fabricar más vacunas, el dilema moral de ponernos nosotros la tercera, por si acaso nos protege, mientras otros no tienen ni siquiera la primera, podría ser difícil para el gobierno de la UE que tiene responsabilidad sobre su población, y tiene dinero para comprar. Pero el asunto es que el número de vacunas podía ser mucho mayor, y el precio podría ser mucho más accesible, 1€ en vez de 20€, y eso sí depende de la Unión Europea y de los gobiernos europeos. Aquí se nos plantea otro dilema, que han formulado la OMS y más de 100 países del planeta en la Organización Mundial del Comercio, liderados por India y Sudáfrica. ¿Deben los gobiernos del mundo (singularmente EEUU, China, UE) ponerse de acuerdo para: 1) que los resultados de la Investigación y los conocimientos (el know how) para fabricar todas las tecnologías frente a la COVID (vacunas, medicamentos, diagnósticos, etc.) sean compartidos en un depósito común coordinado por la OMS (Depósito de Tecnologías COVID de la OMS, C-TAP); 2) que se distribuyan esas tecnologías a todas las empresas acreditadas en el mundo para la fabricación de las mismas; 3) que se apoye a esas empresas mediante compras anticipadas para acelerar la producción de las vacunas y productos necesarios para todos; 4) que se garantice el precio de venta a precio de coste; 5) que se distribuya de forma equitativa (en función de necesidad, personas en riesgo, personas vulnerables, conjunto de la población) a toda la población mundial. O deben seguir: 1) cediendo a unas pocas empresas farmacéuticas el monopolio de fabricación de unos productos cuya investigación y desarrollo se ha pagado con fondos públicos; 2) dejando que decidan cuánto producen y a qué empresas subcontratan; 3) dejando que fijen los precios de venta, 1000% o 2000% por encima de los costes de fabricación; 4) permitiendo que decidan a quién venden sus productos, priorizando al mejor postor; 5) favoreciendo que obtengan beneficios globales abusivos de más de 50.000 millones de euros en 2021, por encima de los costes de fabricación e I+D.

 

Frente a este otro dilema moral, la Unión Europea se inclina por mantener los monopolios de las vacunas, bloqueando la propuesta de India y Sudáfrica, 

https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/102517/european-union-statements-general-council-meeting-27-28-july-2021_en

Como consecuencia de este bloqueo, se impide o retrasa el acceso a la vacuna a millones (por precios abusivos y producción limitada), manteniendo el virus en circulación y contemplando inermes la aparición de nuevas variantes, y la (supuesta) pérdida de capacidad defensiva de las vacunas, lo que “obliga” a tener que usar una tercera dosis, que pronto será una dosis anual, con la cronificación del problema y la amenaza permanente de nuevos brotes y nuevos confinamientos. La Comisión Europea argumenta que somos muy solidarios porque se han exportado más de 500 millones de dosis desde la Unión Europea. Lo que no dice es que las exportan las empresas monopolísticas, al elevado precio que ellas fijan y, principalmente, a países de rentas altas que son el mejor postor, no a los millones de personas de países de rentas bajas. Dice que la UE y sus Estados Miembros han donado a COVAX 3.200 millones de euros para apoyar una distribución equitativa. Pero ese mecanismo, orientado de acuerdo con los intereses de la industria farmacéutica, no cuestiona los monopolios y no funciona. Con ese dinero se podían haber comprado 3.000 millones de dosis a precio de coste. Pero hasta julio COVAX ha administrado solo 180 millones de dosis. Dice también la UE que la producción de dosis está aumentando, y es verdad. Pero lo que también es verdad es que en muchos países africanos solamente se ha vacunado al 1% de la población. Para haber vacunado a la misma proporción de población en todo el mundo deberíamos haber fabricado el doble de dosis. Así habríamos evitado miles de muertes y la aparición de nuevas variantes. Significa poder fabricar y administrar 12.000 millones de dosis en 6 meses. Y para ello no se puede esperar a que las empresas con monopolio decidan hacer acuerdos de licencia voluntaria y subcontratar, fijando precios abusivos.

 

La Unión Europea, siguiendo el discurso de las grandes empresas farmacéuticas, dice que suspender los monopolios no resuelve nada. Por supuesto que hay que hacer, además, la transferencia de tecnología. Los gobiernos tienen poder para exigir esa transferencia, más aún cuando la I+D se financió (y se seguirá financiando) con dinero público. Se puede y debe hacer, y cuanto antes se haga, mejor. Las empresas titulares del monopolio han subcontratado con otras empresas la fabricación de las vacunas, y la transferencia de tecnología se ha hecho de tal manera que entre 3 y 6 meses desde el acuerdo ya estaban fabricando. Esta pandemia va alargarse, pero vendrán otras más letales. Y no podemos empezar a discutir si es razonable mantener los monopolios frente a problemas globales de salud. Tiene que ponerse en marcha un mecanismo automático de supresión de patentes, transferencia de tecnología a C-TAP, fabricación con toda la capacidad mundial, distribución equitativa, etc. 

 

Los dilemas morales ante los que se ha enfrentado Europa, hasta el momento, se han saldado con un “sálvese quien pueda”, acaparamiento de vacunas a precios abusivos, beneficios exorbitantes para unas pocas empresas y sus altos directivos, y limosna, donando unas cuantas dosis a países pobres, para tranquilizar la conciencia. Este gobierno europeo no ha estado a la altura moral de lo que exigen los tiempos. Estas decisiones, además de quebrar el principio de justicia, de vulnerar el derecho de todos los seres humanos a la salud, van también en contra de los intereses de los europeos. Nos deja en manos de unas multinacionales cuyo objetivo, lógicamente, es obtener la máxima ganancia, y esa no es forma de combatir una pandemia, ya que la ineficiencia en la gestión tiene unos enormes costes económicos y sociales para toda la ciudadanía. Los gobiernos tienen que tomar el mando y decidir en beneficio de todos y no solo de unos pocos. Si queremos terminar cuanto antes con la pandemia de la COVID-19, y para hacer frente a futuras pandemias, la Unión Europea tiene que resolver sus dilemas morales en la dirección contraria a la que ha tomado hasta ahora. Ahora bien ¿Cómo animar al gobierno de la UE a que cambie de posición, frente a la presión de las grandes empresas y su enorme capacidad de influencia, financiada con los sobre-precios que les pagamos por los medicamentos? Solamente una conciencia social, una convicción mayoritaria de que las cosas pueden y deben ser de otra manera, lo conseguirá. Iniciativas como las adoptadas por People’s vaccine, Intermón Oxfam, la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure, Médicos sin Fronteras y otras, van ayudando a crear esa conciencia y nos animan a creer en otra Europa que recupere su dignidad moral frente al resto de la humanidad.

martes, 27 de julio de 2021

¿Podíamos haber evitado la muerte de 240.000 personas por la COVID-19 en julio?

Tenemos que cambiar el modelo de financiar la investigación y de fijar los precios de medicamentos. Es urgente acabar con los monopolios que suponen barreras al acceso, por precios abusivos y por el control de la producción según los intereses de las empresas y no de la sociedad.

La repetición de las cifras de personas contagiadas y fallecidas actúa como una forma de anestesia, en alguna medida hace que saturemos nuestra capacidad de atención y dejemos de sentir. En lo que llevamos de mes de julio se han contagiado otros doce millones de personas en el mundo, y han fallecido 240.000 personas por la COVID-19. Cada una de estas personas tiene su historia, su familia, tenía ilusiones y problemas, quería vivir. Podías ser tú, tu hermana. Si hubiera sido inevitable, solo cabe la resignación. Pero, en este caso, las muertes de estas 240.000 personas eran evitables.

 

En la reunión que se celebra hoy y mañana en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se volverá a plantear la propuesta de más de cien países, encabezados por India y Sudáfrica, para suspender las patentes de las vacunas y tecnologías COVID mientras dure la pandemia. Lamentablemente, la Unión Europea volverá a oponerse, y la propuesta se volverá a rechazar, como viene haciéndose desde hace un año. ¿Cuál es la diferencia?

 

Si la investigación financiada con dinero público hubiera sido abierta y cooperativa, y los gastos privados de investigación se hubieran remunerado con un fondo global, si se hubieran concedido licencias no exclusivas, suspendiendo los monopolios de las patentes, transfiriendo la tecnología a todas las empresas con capacidad de fabricar vacunas en el mundo, haciendo contratos de compra anticipada para acelerar la producción, fijando precios de venta según el coste de fabricación, garantizando una distribución equitativa según población, estableciendo prioridades según grupos de riesgo, y apoyando las redes de administración locales, se podrían haber fabricado y administrado 8.000 millones de dosis, con un gasto de 15.000 millones de euros, y haber controlado la pandemia a finales de junio, con un 50% de la población mundial vacunada.

 

En cambio, a pesar de la financiación pública de la investigación, la UE ha seguido apoyando los monopolios de las empresas farmacéuticas, cediéndoles las decisiones de cuánto y dónde fabricar, a quién vender y a qué precio. De esta forma se habían producido y administrado a final de junio 3.000 millones de dosis, con un gasto de 45.000 millones de euros. Se había vacunado el 50% de la población de EEUU, la UE, Reino Unido, y China. Pero muchos países de África habían vacunado a menos del 1% de la población, India al 15%, Pakistán al 6% o Indonesia al 10%. Y mientras el virus seguía mutando y la pandemia seguía y sigue matando en Latino América, en Asia, y también en Europa y EEUU.

 

¿A quién beneficia esta forma de actuar? Desde luego a las empresas farmacéuticas titulares de los monopolios. Pero perjudica al conjunto de la ciudadanía.

 

A pesar de las altas tasas de vacunación en España hemos sufrido una quinta ola, con miles de afectados, y con un impacto económico negativo. Como ejemplo, el 44% de camas de UCI ocupadas por pacientes COVID en Cataluña (26/7/21), o la advertencia de no viajar a España desde Alemania o EEUU, afectando al turismo. Y siguen las restricciones, y las mascarillas, y la sensación de inseguridad. Mientras no estemos todos vacunados no hay ningún lugar seguro. En una pandemia es evidente que los monopolios en medicamentos matan. Pero no solo en pandemia. Los monopolios de las patentes aumentan exageradamente los precios de medicamentos para el cáncer, enfermedades cardíacas, u otras, impidiendo el acceso a millones.

 

Es preciso que los países reflexionen y tomen conciencia de que en medicamentos y vacunas el conocimiento debe ser libre, abierto, accesible a todos. La investigación debe ser cooperativa, para que se aceleren los descubrimientos, financiada con un fondo global, como los que se han generado para la pandemia. La comercialización de los productos debe ser a precio de coste, sin la especulación de “la bolsa o la vida”, como medicamentos genéricos. Este cambio permitiría a las empresas de medicamentos seguir fabricando, como cualquier otra industria, y recibiendo una compensación con un beneficio razonable, en la media de las industrias no farmacéuticas. Al evitar los beneficios abusivos se rompería el círculo vicioso que permite financiar marketing agresivo, que corrompe el sistema, que presiona para que los gobiernos acepten fijar precios exagerados, que influye para que los profesionales prescriban los medicamentos más caros, y provoca una sobre-medicación con efectos adversos muy importantes.

 

La pandemia es un aviso, al que los gobiernos de la Unión Europea no están haciendo caso, prefiriendo una estrategia de sálvese quien pueda. Pero esa estrategia tiene las patas muy cortas. Mientras no se disponga de acceso a las vacunas y medicamentos al mismo tiempo en todo el mundo el virus seguirá mutando. Así, la UE, reconociendo esta situación, ya ha tenido que firmar contratos de vacunas COVID para 2022 y 2023, por 1.800 millones de dosis, a 19,5 euros /dosis, más de 35.000 millones de euros que podrían ahorrarse y destinarse a más investigación y apoyo al desarrollo de los sistemas de salud de Europa y de otros países. (¿3ª, 4ª, 5ª y 6ª dosis, mientras otros países no tienen la primera?).

 

Vendrán otras pandemias. Y puede que sean más agresivas, con más letalidad. Entonces, si no hemos cambiado la forma de gestionar la investigación y la toma de decisiones sobre cuánto y dónde se fabrica, cómo se distribuye y a qué precio, la pandemia nos barrería del mapa. A toda la humanidad. Hemos visto un anticipo. Estamos a tiempo de reaccionar. De cambiar las cosas. De volver a recuperar el conocimiento médico como un bien de todos. De lograr que el medicamento sea un bien público. De que la sociedad, a través de sus gobiernos, tome el control y recupere un equilibrio que se rompió en 1994 al aprobar el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los próximos días 13 y 14 de octubre se volverá a reunir el Consejo ADPIC en la OMC. Ojalá España anime a la Unión Europea a iniciar un nuevo rumbo.

 

 

 

sábado, 3 de julio de 2021

El sistema de patentes y monopolios para vacunas y medicamentos supone beneficios millonarios para unos pocos a costa de la salud y los ahorros de millones

(notas sobre las que basé mi intervención en la mesa redonda organizada por FUINSA el 1 julio 2021).

 

Esta mesa redonda se propone abordar, desde diferentes puntos de vista, la potencial suspensión de las patentes en las vacunas COVID-19. El punto de vista que yo presentaré es el de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, y lo hago planteando las siguientes cuestiones: ¿Está siendo justo el acceso a las vacunas COVID-19? ¿Es justo que en muchos países de África esté vacunada menos del 1% de la población, o menos del 10% en muchos países de África y América Latina, y que en los países ricos nos hayamos vacunado ya más del 40% o del 50%? ¿Es justo que hayamos acaparado el 62% de las vacunas disponibles para el 14% de la población? ¿Es justo que estén enfermando y muriendo cada día en todo el mundo varios miles de personas, cuya muerte se podía haber evitado, si se hubiera completado a tiempo la vacunación? Pensamos que no es justo, que es una violación del derecho humano a la salud. Y, por otro lado, nos preguntamos, ¿no hay un riesgo para la salud de la humanidad en que se esté retrasando la vacunación, permitiendo la aparición de nuevas variantes, que podrían ser más agresivas?

 

EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE LO QUE BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y LOS PACIENTES Y LO QUE BENEFICIA A LOS ALTOS EJECUTIVOS Y LOS ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS.

 

Parecería razonable, que el derecho a la salud estuviera por encima del derecho a la Propiedad Intelectual y de los beneficios de las empresas, pero, en la práctica, como veremos, está pesando más la ley de patentes, está pesando más el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el acuerdo ADPIC, están pesando más los beneficios de unos pocos que el derecho humano a la salud.

 

Nosotros creemos que esto es profundamente injusto y se debe cambiar. Defendemos que las vacunas son patrimonio de la humanidad, y deben ser un bien público, global, no un bien privado. 

 

No lo pensamos solo nosotros. También han pedido que se suspendan las patentes de tecnologías frente a la COVID, mientras dure la pandemia, entre otros muchos, el Secretario General de Naciones Unidas, el Director General de la OMS, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Papa Francisco y el Vaticano, el Presidente Biden y el gobierno de EEUU, y también el Parlamento Europeo.

Han pedido la suspensión más de 100 premios nobel, y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Y han pedido la suspensión de las Secciones 1, 4, 5 y 7 de la parte Segunda del acuerdo ADPIC, más de 110 gobiernos, de los 164 que forman parte de la Organización Mundial del Comercio.

 

¿Por qué piden la suspensión? Porque la pandemia está mostrando de manera trágica los efectos de los monopolios en los medicamentos.

 

Las patentes y monopolios de las vacunas tienen dos consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad y los pacientes

-Limitan la producción de vacunas a lo que le interesa al titular de la patente (en el caso de las vacunas COVID se ha podido utilizar solamente el 50% de la capacidad mundial, retrasando injustificadamente la producción).

-Y aumentan los precios al máximo que pueda conseguir el titular en cada momento (en el caso de las vacunas COVID, en promedio, precios 15 veces por encima de los costes).

Estos dos efectos negativos de las patentes en medicamentos crean una barrera al acceso y una distribución no equitativa.

 

Pero, por otro lado, y esto es muy importante, las patentes tienen también una consecuencia muy positiva para las empresas titulares generando enormes ganancias para sus altos ejecutivos y sus accionistas. Para estas personas la pandemia es un gran negocio y, si la pandemia dura más, ganarán más. Hay aquí un evidente conflicto de intereses.

 

Los representantes de la industria dicen que la arquitectura actual de funcionamiento para la producción y distribución de vacunas es la correcta, que a final de año o primeros de 2022 se habrán fabricado suficientes vacunas para todo el planeta. Por supuesto no se comprometen a bajar los precios, que en situación de pandemia deberían ser simplemente los de coste. Tampoco se da importancia al hecho de que, al vacunar más tarde a la mitad del planeta, por falta de suficiente producción, pueden surgir nuevas variantes más agresivas. Su posición es “business as usual”.

 

Salim Abdool Karim, epidemiólogo sudafricano, dice que no solo por justicia, sino por interés, los países ricos debían promover que África tuviera más vacunas… El problema es ¿interés de quién? Interés de la población general sí, porque si no se termina la pandemia en todas partes, habrá nuevas variantes, nuevas necesidades de vacunación, … más gasto, más deterioro de la economía…

 

Pero interés de los altos ejecutivos de las empresas no. A ellos les interesa que la producción esté controlada por sus monopolios, con precios altos. Las vacunas a países ricos a precios altos son mucho más rentables que vacunas a precio de coste para todos. Y, si no se vacuna a todos en 6 meses, y aparecen nuevas variantes, podrán seguir vendiendo: por ejemplo, el contrato de Pfizer con la UE, para 2022 y 2023, por 1.800 millones dosis, al parecer a 19,5 euros / dosis, 35.000 millones de euros con beneficio de 33.000…

 

STRIVE MASIYIWA, UNIÓN AFRICANA: LO HAN ACAPARADO TODO

 

En noviembre 2020 la Unión Africana estableció un Grupo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas para África. Uno de sus responsables, Strive Masiyiwa, explicaba hace unos días el fracaso de esta misión. En diciembre se entrevistó con todos los fabricantes de vacunas. Les dijo que querían comprar vacunas y pagar al contado. Le dijeron que todo el stock estaba vendido hasta final de 2021. Los países ricos lo habían acaparado. Tendrían que esperar.

 

COVAX tampoco respondió como se esperaba. Dijo que podían mandar vacunas para un 20% de la población a lo largo de 2021. Plantearon que era injusto: “nosotros somos tan seres humanos como en Europa o EEUU y ellos van a vacunar a más del 70% de la población en septiembre. ¿Por qué hemos de esperar uno o dos años más?" Llegaron a acordar un 27%. Serían unos 750 millones de dosis en 2021. 


"A final de junio debían haber enviado más de 300 millones y apenas han enviado 50. Es una arquitectura global de la injusticia". Según la OMS, en estas últimas 4 semanas la incidencia y la mortalidad por la COVID ha aumentado en África entre el 30 y el 40%.

 

EL SUPUESTO “INCENTIVO” DE LAS PATENTES PARA INVESTIGAR HA DEGENERADO Y SE HA CONVERTIDO EN UNA MÁQUINA DE HACER DINERO, A COSTA DE LA SALUD DE MILES.

 

Cabe decir que esto no es un problema nuevo de las vacunas frente a la COVID.

 

La patente, el monopolio en medicamentos lleva a precios abusivos inevitablemente, lleva al abuso de posición dominante en el mercado, por que se trata de la salud y la vida. Se puede pedir todo lo que uno tiene: la bolsa o la vida. 

 

Por ejemplo, en la UE 27, con los sobre-precios de las patentes, aparte y por encima de los costes de fabricación y distribución, pagamos a la industria farmacéutica, supuestamente para investigación, 100.000 millones de euros anuales. Sin embargo, todo el gasto en Investigación que declaran (incluyendo resultados fallidos, ensayos comerciales, intermediarios, etc.) no llega a 25.000 millones de euros anuales. De manera que tres cuartas partes de lo que debería ir a investigación se desvía a beneficios abusivos, recompra de acciones y marketing. Las consecuencias de los monopolios en medicamentos, por los elevadísimos precios y la limitación de la producción, son el retraso al acceso a los medicamentos necesarios, y una presión insoportable sobre los bolsillos de los pacientes y los servicios de salud. 

 

LOS GOBIERNOS NACIONALES AISLADOS SON MÁS DÉBILES QUE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS, Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES, HASTA EL MOMENTO, HAN SIDO INEFICACES. ES PRECISA UNA NUEVA GOBERNANZA MUNDIAL QUE REINSTAURE EL EQUILIBRIO.

 

Entonces ¿por qué no se corrige este desequilibrio, esta injusticia?

Porque las empresas farmacéuticas, con los beneficios abusivos acumulados año tras año, han adquirido un enorme poder. En la UE 27 destinan a marketing más de 35.000 millones de euros anuales. Y esto da para mucha presión, promoviendo think tanks, influyendo sobre los legisladores, patrocinando la formación de profesionales, revistas científicas, agencias del medicamento, gabinetes jurídicos, medios de comunicación, puertas giratorias, etc…

 

Sus beneficios sobre ventas, que antes del acuerdo ADPIC, entre 1950 y 1994, ya eran elevados, el doble que la media de las industrias no farmacéuticas, empezaron a crecer desde entonces incontroladamente y son ya 6 veces más altos que los de las grandes empresas no industriales. Lógicamente, quieren mantener ese privilegio, aun a costa de impedir el acceso a los medicamentos a millones de personas. Porque el ánimo de lucro no se sacia nunca y debe ser la sociedad, a través de sus representantes, la que corrija esos desequilibrios en la distribución de esfuerzos y beneficios.

 

Está claro que el supuesto “incentivo” a la investigación es desproporcionado, a costa de precios abusivos, que limitan el acceso a millones de personas. Además, cada vez hay menos aportación real, significativa, a investigación innovadora, sino que se enfoca a intereses comerciales, y se convierte en freno a la innovación. Es un sistema que ha degenerado. Es urgente volver al sistema anterior, sin monopolios en medicamentos. Pero los gobiernos aislados no son capaces de avanzar en una solución. Es preciso un acuerdo global para un nuevo modelo, como viene demandando la OMS desde 2012 y como pidió el Panel de Expertos en acceso a medicamentos de la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016.

 

La I+D que hacen ahora las empresas se podría financiar con un 25% del ahorro respecto al actual modelo de patentes/monopolios: con premios, o con líneas de financiación contra justificación de gastos. Se podría pagar como máximo el 100% de los gastos acreditados de I+D. Pero NO a través de monopolios y sobreprecios. Las prioridades de investigación se fijarían según necesidades de salud pública, y la investigación sería abierta y cooperativa, evitando los sesgos del patrocinio comercial. En la UE-27, el resto del ahorro, más de 70.000 millones de euros anuales, se podría destinar otros programas de salud pública.

 

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA PUESTO SOBRE LA MESA EL PROBLEMA DE LOS MONOPOLIOS EN MEDICAMENTOS Y VACUNAS

 

La pandemia de la COVID-19 es otro ejemplo claro de la barrera de acceso generada por el abuso de los derechos de propiedad intelectual, que están limitando la producción y que suben los precios. Como hemos dicho, la producción es la mitad de la que se podría desplegar, y los precios son 15 veces más caros de lo que cuestan.

 

Pero, al mismo tiempo, y este es el nudo gordiano, en 2021 las empresas vendedoras de estas vacunas ganarán más de 50.000 millones de euros. Más de 40.000 millones serán beneficios abusivos por exceso de precio. Así mismo, sus altos ejecutivos han visto aumentar su fortuna personal en decenas o centenas de millones de dólares. 

 

No olvidemos las palabras del director de una gran empresa farmacéutica hace unos años, cuando defendía los precios abusivos de su medicamento contra el cáncer y se oponía a la fabricación del genérico: “nosotros no desarrollamos esta medicina para los Indios, la desarrollamos para pacientes occidentales que puedan pagar por ella”. 


Mucho me temo que, en los próximos meses, en lugar de bajar, los precios de las vacunas seguirán creciendo, "para los que puedan pagar por ellas".


No debemos dejar que este desequilibrio entre las necesidades sociales y los intereses de las grandes empresas farmacéuticas siga gobernando el sistema a través de los monopolios. La pandemia de la COVID-19 ya ha causado mucho daño, que hubiera sido evitable: más de 4 millones de personas fallecidas. Pero, si viene otra pandemia, que vendrá, con más letalidad y con una contagiosidad similar, y seguimos con el sistema de monopolios, la pandemia barrerá literalmente la humanidad mientras discutimos si se suspenden las patentes no no.

 

¿ES POSIBLE UNA ALTERNATIVA MEJOR PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN?

 

En situación de pandemia, por ética, por justicia, por el interés colectivo, la suspensión de monopolios debe ser automática. Se trata de compartir el conocimiento médico y farmacológico, de manera inmediata, para beneficio de toda la humanidad. Deben ser los gobiernos del mundo, las Naciones Unidas a través del organismo pertinente, y no las empresas, los que decidan cuánto y dónde se fabrica, a qué precio se vende, cómo y con qué criterios se distribuye.

 

Recordemos que el grueso de la inversión para investigar y desarrollar las vacunas COVID ha sido financiado con dinero público, subvenciones, proyectos y becas, a lo largo de los años, y en 2020 ayudas específicas y compras anticipadas a las empresas. En total, EEUU y la UE han dotado fondos para estas investigaciones con 30.000 millones de euros públicos.

 

A partir de ahí, en vez de dar la exclusividad, los gobiernos debían haber exigido licencias abiertas, no exclusivas. En lugar de que las empresas titulares de la exclusividad subcontrataran la fabricación con unas pocas empresas, se debía haber cedido la tecnología todas las empresas con capacidad de fabricar. No se hizo. Pero esta pandemia sigue matando, y vendrán nuevas pandemias. ¿Qué proponemos para mejorar la situación?:

 

Pedimos a Naciones Unidas y a todos los gobiernos del mundo que hablen en serio y no se levanten de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo para:

1-Suspender de inmediato las patentes y otros mecanismos de exclusividad. La próxima reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio es el 27 y 28 de julio. La Comisión Europea debería respaldar esta decisión y los gobiernos deberían abordar la modificación de sus legislaciones en esta materia.

2-Seguir apoyando la I+D con fondos públicos, pero exigiendo licencias no exclusivas. Si una empresa acredita haber hecho una inversión en I+D sin ayuda pública, se le remunerará dicho gasto con el fondo global.

3-Coordinar la Investigación, abierta y cooperativa, siguiendo el modelo del ensayo Solidarity de la OMS, para evitar duplicaciones y sesgos

4-Transferir la tecnología y el conocimiento a la C-TAP de la OMS, y desde ahí a todas las empresas acreditadas para fabricar vacunas.

5-Apoyar a las empresas con procedimientos de compras anticipadas para iniciar la fabricación y, por otro lado, desarrollar plataformas públicas capaces de producir vacunas y otros productos.

6-Fabricar en todas las empresas acreditadas, (lo que permitiría duplicar capacidad de fabricación, en los 5 continentes): 90 millones dosis / día, 32.000 millones dosis / año, con el objetivo de poder vacunar a toda la población mundial en 6 meses (no solo a países ricos), para esta y para futuras pandemias.

7-Exigir venta a precio de coste (entre diez y veinte veces menos del precio actual). El gasto para vacunar a toda la población mundial sería de 15.000 millones de euros, en lugar de los 50.000 millones que vamos a gastar para vacunar a menos de la mitad.

Y 8-Distribuir equitativamente todas las vacunas, como ha hecho la UE para sus países miembros. (Podría usarse el mecanismo COVAX, con un modelo de gobierno público similar al de la UE, y para el 100% de vacunas. Recordemos que, a día de hoy, COVAX ha distribuido menos del 3% del total de dosis administradas).

 

Todos los elementos de esta propuesta ya se han ensayado parcialmente, demostrando que otro enfoque es posible.

 

Amigas y amigos. Pablo Neruda, en su poema El Barco, denunciaba la injusticia que sufrían muchos pasajeros en nuestro barco planetario. “Todos llegábamos del mismo sitio. Todos veníamos de mujer y de hombre” pero resulta que parte del pasaje tenía todos los asientos ocupados, la comida, la ropa, y ahora serían las vacunas…  mientras que muchos otros no tienen comida ni abrigo, ni vacunas,…  y, por eso, nos dicen:


“Si es una broma triste, decídanse, señores, 

a terminarla pronto, 

a hablar en serio ahora. 


Después el mar es duro.


Y llueve sangre”. 

 

Muchas gracias

viernes, 18 de junio de 2021

La suspensión de las patentes de vacunas y medicamentos sigue siendo un objetivo necesario para la humanidad

El programa de vacunación en España avanza bien, con la administración de más de 600.000 dosis diarias. Muchos dicen “lo peor ha pasado ya”. Y es posible que así sea para los países de altos ingresos, como los de la Unión Europea y EEUU.

Sin embargo, en países pobres, en países de bajos ingresos, lo peor no ha pasado todavía. Mientras en la Unión Europea se ha vacunado ya al 36% de la población y en EUU al 50%, en Argelia, Mauritania, Mali, República Democrática del Congo, Niger, Nigeria, Sudán, Chad, República Centroafricana y otros muchos países, todavía no se ha vacunado ni siquiera al 1% de la población. Cada día se siguen contagiando en el mundo más de 300.000 personas y siguen muriendo más de 8.000. Madres, hermanos, hijos, amigas, compañeros de trabajo, vecinas…

 

Esta diferencia brutal muestra que un problema global, no se ha tratado como tal. No hemos logrado hacer una distribución equitativa en todo el mundo. La vacuna no se ha tratado como bien público, como decían los discursos, sino como bien privado que se ha vendido al mejor postor.

 

¿Qué pensaríamos, cómo hubiéramos reaccionado, si hubieran vacunado al 50% de la población en Madrid y Cataluña y al 1% en Andalucía, en Extremadura y en Galicia? ¿Qué diríamos? Seguramente nos parecería mal. Hubiéramos protestado. Porque somos ciudadanos españoles. Todos tenemos derecho al mismo trato. Sin embargo, aunque la pandemia es un problema global no hemos reaccionado así frente a la falta de equidad en la distribución global de vacunas.

 

La pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Nos ha hecho sentir la fragilidad, la vulnerabilidad y el miedo frente algo que no controlábamos. Nos ha hecho ver las cosas de otra manera, postergar lo que era impostergable, prescindir de lo que era imprescindible, redefinir lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Y nos ha mostrado también que toda la humanidad ha compartido el mismo problema: más de la mitad de la población en el mundo hemos estado confinados simultáneamente. Nos hemos sentido parte de la aldea global. Pero no ha sido suficiente para que nos sintiéramos ciudadanos de ese mundo, hermanos de una misma familia, con los mismos derechos. Todavía no. Por eso no ha habido fuerza bastante para doblegar el enorme poder de la gran industria farmacéutica, suprimiendo los monopolios en vacunas, diagnósticos y tratamientos frente a la COVID-19, para que se tratara la pandemia como un problema global y se adoptaran respuestas equitativas y simultáneas para todas y todos.

 

Sin embargo, hemos logrado algunas cosas. La pandemia ha mostrado claramente que los monopolios que conceden los gobiernos sobre vacunas y medicamentos producen dos efectos: suben los precios de forma abusiva, y limitan la producción. Si no hubiera habido monopolios de patentes y otras exclusividades se habría evitado la muerte de 1 millón de personas por esta enfermedad. Si cuando las empresas titulares de las patentes empezaban a subcontratar con un número limitado de empresas para producir vacunas, a finales de 2020, se hubiera empezado a distribuir la tecnología y datos de las investigaciones de vacunas a la C-TAP de la OMS, y desde ahí se hubiera transferido ese conocimiento a todas las empresas con capacidad de fabricación, y si se hubiera vendido a precio de coste, a día de hoy estarían vacunados el 40% de la población mundial, y, además, con la cuarta parte de lo que hemos gastado. Las patentes de medicamentos matan porque evitan la difusión del conocimiento que salva vidas.

 

La pandemia también nos ha enseñado que la inversión principal para investigar y desarrollar las vacunas ha venido de fondos públicos, a la que se añadió la ayuda de compras anticipadas, para que las empresas pudieran completar el desarrollo de las vacunas y comenzar su fabricación. El problema es que no se exigió a las empresas licencias abiertas y transferencia de tecnología, para que se pudieran fabricar en cualquier lugar del mundo, y tampoco se exigió, salvo en un caso, la venta a precio de coste. No está justificado que se concedan patentes y monopolios por 20 años para fijar sobre-precios y lograr un beneficio abusivo adicional. Es inmoral e injusto que las empresas farmacéuticas vayan a facturar en 2021 más de 50.000 millones de euros por unas vacunas que cuestan 5.000 millones. Ese sobre-precio de 45.000 millones que se “justifica” para “incentivar” la investigación es abusivo, ya que la investigación se hizo y se hará con fondos públicos. Si una empresa gastó algo más, y lo puede demostrar, se le podría remunerar ese gasto desde un fondo global común.

 

Otro acción novedosa e importante fue la compra conjunta para todos los países de la UE, y la distribución equitativa en función de población, con criterios de prioridad (primero sanitarios, personas mayores, personas de servicios esenciales, etc.). Es un gran avance, porque ampliamos la visión nacional a una visión de ciudadanía europea. Nos ha faltado ampliar la visión global al conjunto del planeta. Pero es un paso.

 

Otro tema importante: el Parlamento Europeo, el pasado 10 de junio, aprobó una resolución en la que pide a la comisión y el Consejo europeos que apoyen la suspensión temporal de patentes para tecnologías COVID en el debate que se está manteniendo en la Organización Mundial del Comercio. La propuesta que iniciaron India y Sudáfrica ya tiene el apoyo de más de 100 países. EEUU, España, Nueva Zelanda y otros más han sumado su respaldo. Es preciso seguir esta discusión y lograr un acuerdo, para esta y para futuras pandemias. Quizá en esta ocasión lleguemos tarde, porque el bloqueo puede durar meses, y entre tanto los países ricos ya habrán vacunado a toda la población y podrán ceder sus excedentes de vacunas y, quizá, las empresas acepten fabricar para los países de bajos ingresos a precios de coste y completar la vacunación mundial en 2022, aunque no es seguro. Pero, aunque así ocurriera (cosa que, con el actual sistema, no dependería de los gobiernos, de la soberanía ciudadana, sino de las empresas, a las que se ha dejado el control), pueden aparecer nuevas variantes que escapen a la inmunidad de las vacunas, o pueden venir nuevas pandemias con mayor letalidad que la actual, y no sería razonable volver a empezar la discusión, porque la nueva pandemia se nos podría llevar por delante. 

 

Es preciso acordar de una vez por todas que, en caso de pandemia, se suspenden automáticamente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, o cualquier mecanismo que genere monopolios de cualquier tecnología destinada a superar ese problema de salud. Se obliga la transferencia de tecnología y conocimiento. Se determinan las necesidades de vacunas u otros productos para toda la población. Se establecen compras anticipadas para estimular la producción en todas las fábricas precisas. Y se fortalecen los mecanismos de distribución, simultánea y equitativa.

 

En cuanto al fomento de I+D se debe seguir fortaleciendo la creación de fondos públicos globales, o coordinados entre los distintos países, según el modelo desarrollado en esta pandemia, pero quitando la exclusividad de comercialización a unas pocas empresas. A las empresas que investigan se les debe incentivar con mecanismos diferentes a las patentes y los monopolios. Becas, subvenciones, premios, etc., proporcionales a su esfuerzo inversor. Pero no se deben dar monopolios que permiten fijar precios abusivos, que recuperan 10 y 100 veces el gasto total en investigación que han realizado, y que limitan cuánto y dónde se fabrica al criterio de las empresas. Hemos de recordar una y otra vez que los monopolios en medicamentos conducen a un abuso de posición dominante inevitablemente, porque la salud es un asunto de vida o muerte, y las personas dan todo lo que tienen por la esperanza de vivir. Por eso los monopolios estuvieron y deben estar prohibidos en medicamentos. Por eso la suspensión de las patentes de vacunas y medicamentos sigue siendo un objetivo necesario para la humanidad.


En este sentido, sería bueno que el Secretario General de Naciones Unidas, aprovechando las dramáticas enseñanzas de la pandemia, volviera a retomar las conclusiones y propuestas que formuló en 2016 el Panel de Expertos en acceso a medicamentos convocado por su antecesor. Es preciso acordar un modelo de financiación de la investigación de medicamentos desligado de los monopolios y los precios. 

 

Es importante que, en todos los ámbitos, sigamos sumando voces y apoyos para evitar que las patentes sigan siendo una barrera en el acceso a medicamentos necesarios, y para lograr transparencia en los procesos de contratación, subvenciones, etc., que permita lograr acuerdos justos en beneficio de toda la sociedad. La Iniciativa Ciudadana Europea “derecho a tratamiento”, Right2Cure, quiere lograr la modificación de la legislación para lograr estos objetivos. Paso a paso. Si quieres sumarte, firma en la página web y difunde la iniciativa entre tus conocidos. 

 

Que no se sigan lucrando con la pandemia

https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

¡Gracias!

sábado, 12 de junio de 2021

Las patentes y el acceso a las vacunas: un desequilibrio que mata

(Texto publicado en el Anuario CEIPAZ 2020-2021: El mundo después de la pandemia: enfrentarse a la desigualdad y proteger el planeta)

 

Introducción.

 

Este año de pandemia es como si fuese una pesadilla, como si estuviéramos en un mal sueño y no acabáramos de despertar. Más de 3 millones de personas fallecidas, más de 140 millones de personas contagiadas. Mucho dolor. Un año sin abrazos, un año gris. No sabemos salir del laberinto, no sabemos escapar del bucle de sucesos y de medias verdades. A lo que muchos calificarían de robo masivo otros le llaman “incentivos a la investigación”. Ante el dolor y la muerte de miles de personas, por culpa de los monopolios que impiden el acceso a las vacunas y tratamentos que necesitan, algunos afirman que “las empresas están haciendo todo lo posible para producir más”, y los gobiernos acatan. Las grandes empresas farmacéuticas controlan el lenguaje, los marcos de referencia conceptuales, el discurso. La vida es equilibrio. Los desequilibrios causan muerte y dolor. Las patentes y monopolios de medicamentos rompieron el equilibrio. Nuestra tarea es recuperarlo, poniendo los derechos humanos de todos por encima de la codicia de unos pocos. Y no es imposible. Podemos despertar.

 

Las consecuencias de los monopolios de las patentes: embudo en la producción, precios altos, inequidad en la distribución.

 

A la hora de escribir este texto (19 de abril de 2021), se están utilizando en el mundo 14 vacunas aparentemente eficaces y seguras frente al SARS-CoV-2, el famoso virus que ha causado la pandemia de la COVID-19. Otras más están en proceso avanzado de investigación y desarrollo. Este hecho es un éxito científico y social sin precedentes: en poco más de un año, desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia, se han investigado y desarrollado estas vacunas, cuando antes se tardaban varios años o no se lograban descubrir. Sin embargo, cuando vemos cómo se ha organizado en el mundo su fabricación y distribución, hemos de reconocer que ha sido un enorme fracaso de la humanidad. 

 

En efecto, cuando los gobiernos ceden a unas pocas empresas privadas el monopolio de la fabricación de cada vacuna, se producen dos efectos (Lamata y Gálvez 2020a y 2020b). El primero es que la empresa decide el volumen de producción, y el segundo, es que la empresa fija los sobre-precios. Así, la empresa decide en qué plantas propias o subcontratadas va a fabricar (casi todas las empresas han subcontratado la fabricación, suministrando a la empresa asociada el know how y, en su caso, las tecnologías precisas). En casi todos los casos, las plantas subcontratadas han estado en disposición de fabricar las vacunas en menos de seis meses (KEI, 2021). Por eso, cuando se dice que “sería imposible transferir el know how para producir en otras plantas”, no es cierto. Lo que sí ocurre es que, al limitar el número de empresas a las que ceden el know how, el número total de dosis fabricadas es limitado y se produce un embudo, con retrasos en la fabricación y el suministro

 

Por otro lado, al dar los monopolios de las patentes a las empresas, se les da otro poder, el de fijar el precio. En el “dashboard” sobre vacunas COVID de Unicef se observa que las vacunas frente a la COVID tienen precios por dosis entre 2$ y 44$, y que la misma vacuna se vende a diferentes precios a distintos países (Unicef, 2021). Podemos estimar una media de 12 dólares de precio por dosis, unos 10 euros por dosis. El coste de fabricación por dosis está más próximo a uno o dos euros (Lamata, 2020), por lo que observamos un sobreprecio claramente abusivo. Los ingresos por ventas que conseguirán las empresas en 2021 dependerán del número de dosis vendidas, pudiendo oscilar entre 40.000 y 100.000 millones de euros (Kollewe, 2021). A un precio justo, con lo que van a gastar los países ricos, se podría vacunar a toda la población mundial y sobraría mucho dinero. 

 

La Organización Mundial de la Salud, a propuesta de Costa Rica, puso en marcha a mediados de 2020 un mecanismo para compartir las patentes y el know how de todas las tecnologías frente a la COVID-19, el COVID-Technology Access Pool o C-TAP, invitando a gobiernos y empresas farmacéuticas a hacer efectivas sus afirmaciones de que las vacunas serían un bien público accesible para todos (WHO, 2020). Pero la mayoría de los gobiernos y las empresas desoyeron estos llamamientos. Así, el ministro de salud de EEUU afirmó que “dar la vacuna al público americano tan pronto como sea posible es parte del programa del Presidente Trump”. Aplicaba así el lema “America First”, el nacionalismo vacunal.

  

Por su parte, los países de la UE no se quedaron atrás y acordaron con la Comisión Europea que fuera ésta la que negociara la compra anticipada de vacunas frente a la COVID-19 en nombre de todos los ciudadanos de la UE27. El resto de seres humanos del planeta no figuraban en los compromisos, aunque estaban en los discursos. En definitiva, la Comisión Europea y los Gobiernos de los países ricos buscaron solucionar el problema de cada país, olvidando exigir un trato igual para todos los países del mundo. 

 

En efecto, hemos visto un acaparamiento insolidario de vacunas por los países ricos: del total de dosis de vacunas frente a la COVID-19 que se han vendido o reservado hasta el día de hoy, un 84% las han comprado países que representan solo un 14% de la población. Así, en este momento, hay países como EEUU o la UE donde ya se han administrado 66 y 25 dosis por cada 100 habitantes, mientras en la mayoría de países africanos se han administrado menos de 0,2 dosis por cada 100 personas, y en muchos países de América Latina y Asia, menos de 2 dosis por cada 100 personas (Bloomberg, 2021). Una falta de equidad entre seres humanos que interpela las conciencias y que el Director General de la OMS ha calificado de “catástrofe moral”, y el arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo denuncia como un “apartheid vacunal”.

 

Si EEUU y la UE quieren vacunar al 70% de su población en 6 meses, parece razonable que el objetivo para la población mundial sea el mismo, ya que repugna aceptar que haya seres humanos de primera y de segunda. Para ello necesitaríamos fabricar y administrar 60-70 millones de dosis diarias, sábados y domingos incluidos. Ahora se están administrando 17 millones de dosis diarias. A este ritmo tardaríamos 2 años en administrar las vacunar a todas las personas (a no ser que haya que poner una tercera dosis a los países ricos, o vacunar todos los años, en cuyo caso se tardaría más). Las empresas y los gobiernos dicen que “están haciendo todo lo posible”. Pero no es así, si suprimieran los monopolios de las patentes, compartieran el know how, y pusiéramos toda la capacidad disponible del planeta a producir vacunas, lograríamos fabricar 60-70 millones de dosis diarias y podríamos vacunar al 70% de la población mundial en seis meses. Por el contrario, con el monopolio de las patentes morirán decenas de miles de personas inocentes cuyas vidas (sus manos, sus corazones, sus anhelos) se podrían haber salvado. Además, el impacto económico, en desempleo y pobreza, seguirá siendo muy alto, como nos muestra el informe de la Cámara Internacional de Comercio, cuando advierte que “la economía mundial puede perder 9,2 billones de dólares si los gobiernos fallan al asegurar el acceso a las vacunas COVID-19 para las economías en desarrollo” (ICC, 2021). Las patentes de medicamentos rompen el equilibrio entre los intereses de la sociedad y los intereses de unos pocos, en favor de estos últimos.

 

Sin embargo, no todos, en las instituciones europeas y en otros foros, pensaban igual. Por ejemplo, un grupo de Miembros del Parlamento Europeo, en carta a la Presidenta de la Comisión Europea de 27 de marzo de 2020, mostró su exigencia para que tecnologías cuya investigación y desarrollo habían sido financiados con fondos públicos, fueran accesibles y asequibles para los ciudadanos de Europa y de más allá, libres de pago en el momento del uso (Auken, 2020). A esta carta han seguido otras pidiendo la suspensión de patentes, que suman más de 300 parlamentarios nacionales y europeos, así como otros escritos de personalidades y organizaciones no gubernamentales.

 

En otro ámbito, el Informe sobre la Respuesta Global a la Pandemia, de marzo de 2021, dirigido por el Nobel de economía Joseph Stiglitz, insiste, después de un año de pandemia: “la producción insuficiente es una razón importante de la pobre y desigual distribución (de vacunas) ya que ha creado escasez. Sin embargo, esta escasez es totalmente innecesaria y podría remediarse fácil y rápidamente. El mayor factor que limita el suministro de las vacunas aprobadas es la persistencia de los derechos de las patentes que dan a las empresas el monopolio de la producción, limitando así la fabricación a sus propias capacidades y las escasas licencias voluntarias que decidan conceder a otros…” (Stiglitz et al, 2021).

 

La propuesta de suspensión de patentes de India y Sudáfrica.

 

En ese sentido, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada el 16 de octubre 2020, Sudáfrica y la India plantearon que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), para todas las tecnologías frente a la COVID, mientras durase la pandemia, permitiendo a todos los países la fabricación de productos genéricos en volumen suficiente, a precios asequibles y a tiempo (WTO, 2020; TWN, 2020). Por su parte, el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su declaración sobre vacunación universal asequible frente a la COVID-19, de 12 de marzo de 2021, recomendaba encarecidamente a todos los Estados el apoyo a la suspensión temporal de las patentes, para poder garantizar el derecho humano a la salud (CESCR, 2021). En la misma dirección, 175 ex jefes de Estado y de Gobierno y premios Nobel, en carta al presidente de EEUU, afirman que “la suspensión temporal de las patentes en la OMC es un paso necesario y vital para poner fin a la pandemia. Esta suspensión debe ser complementarse asegurando que la tecnología y el conocimiento para fabricar las vacunas se comparte de forma abierta”. Y, más adelante, le piden al Sr Biden: “Por favor, adopte la acción urgente que solamente usted puede tomar, y permita que este momento sea recordado en la historia como el tiempo en que elegimos poner el derecho colectivo a la seguridad para todos, por delante de los monopolios comerciales de unos pocos”. (Agre, 2021). Uno de los firmantes, Juan Manuel Santos, lo expresa claramente: “Apoyar a los monopolios farmacéuticos en una pandemia es permitir que las personas mueran cuando podía haberse salvado. Tan simple como eso” (Santos, 2021).

 

Sin embargo, los gobiernos de los países de la Unión Europea, EEUU, Canadá, y Japón han venido oponiéndose a la propuesta (TWN, 2021). Sus argumentos son muy débiles: que las empresas podrían dar licencias voluntarias (cuando no lo están haciendo), que los países podrían usar licencias obligatorias (cuando a quienes lo intentan se les presiona desde EEUU, la UE y las empresas para impedirlo), que se pondrían en riesgo los “incentivos a la investigación”, la gran mentira que se repite una y otra vez, y por último que, aunque se suspendieran las patentes no habría empresas que pudieran fabricar las vacunas.

 

Está claro, como insiste la carta encabezada por Peter Agre citada antes, que no hace falta solamente suspender las patentes, sino también animar, o forzar legalmente a las empresas a compartir el conocimiento y la tecnología necesaria para fabricar las vacunas (que, en gran medida se financiaron con dinero público). Hace falta identificar las empresas con capacidad para fabricar vacunas en el mundo, hacer contratos de compra anticipada con ellas, y entrenar a su personal. También se debe asegurar la cadena de suministros y establecer controles de calidad. Pero todo esto se puede hacer si los gobiernos se ponen a ello. Según estimaciones de Unicef y otras organizaciones, la capacidad de producción mundial de vacunas se podría triplicar en un plazo de pocos meses.

 

La generalización de las patentes de medicamentos en los ADPIC.

 

Las vacunas frente a la COVID-19 son solo un ejemplo del efecto de las patentes y los monopolios como barrera que impide un acceso equitativo a los medicamentos. Si consideramos el impacto negativo de las patentes de medicamentos en todos los ámbitos, vemos que cada año mueren en el mundo 10 millones de personas por esta causa. Las patentes de medicamentos matan (Lamata et al, 2017). Entonces, ¿por qué los gobiernos conceden los monopolios para medicamentos? 

Conviene saber que los monopolios de medicamentos, protegidos por patentes, no han existido siempre. Al igual que los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, se consideraba que los medicamentos debían estar disponibles para todas las personas que los necesitaran, transfiriendo el conocimiento científico de unos profesionales a otros para beneficio de los pacientes, y no cerrándolo en un monopolio para explotación comercial. Antes de las patentes había mucha investigación e innovación. En los EEUU las patentes de medicamentos se introdujeron en la primera mitad del siglo XX, con la presión de la industria química, que quería aumentar sus precios y sus ganancias, y con el rechazo de muchos médicos y sociedades científicas. En Europa, en cambio, se incorporaron más tarde, en 1967 en Alemania, en 1977 en Suiza, o en 1980 en Italia. En España la Ley de la Propiedad Industrial de 1929, en su artículo 48.2. prohibía las patentes de medicamentos; sin embargo, en 1992, como consecuencia de nuestra incorporación a la Unión Europea, se comenzaron a aplicar.

El supuesto objetivo que defendían las empresas para conceder y mantener los monopolios de medicamentos era “incentivar la investigación”, permitiendo a las empresas originarias recuperar los gastos de investigación con un sobre-precio moderado a lo largo de los 20 años de monopolio. Pero, lo que ocurrió realmente es que, al tratarse de productos que tienen que ver con la salud, con la vida, y al tener el “poder de mercado” del monopolio, los ejecutivos y las empresas se sintieron tentados a subir más y más los precios, hasta el máximo que los pacientes o los sistemas de salud pudieran pagar: todo lo que tienen, “la bolsa o la vida”, el llamado “precio por valor”. Los precios de los medicamentos, muy por encima de los costes reales, suponen un abuso de la “posición dominante en el mercado” que concede el monopolio, generando así beneficios abusivos. 

Estudiando el tema con cierto detalle, observamos que, del total de ventas, las empresas farmacéuticas dedican en torno al 29% a costes de fabricación, en torno al 16% a costes investigación, un 12% a gastos de administración, marketing ordinario (imputando la misma proporción que otras empresas) y otros gastos. Y obtienen un 43% de beneficio sobre ventas, frente al 7,7% de beneficio de la media de grandes empresas. Con ese enorme beneficio pueden destinar una parte importante a marketing “extraordinario” (más de todo lo que gastan en I+D), lo que permite financiación de cursos, revistas, congresos, think-tanks, patrocinio de guías clínicas, foros de pacientes, asesorías, seminarios para parlamentarios, etc. etc. (Gálvez y Lamata, 2019), presionando a todos los niveles para perpetuar el modelo.

Con un agravante, y es que esta forma de “financiar” supuestamente la investigación, no genera más innovación. El 70% de la innovación en los últimos años viene de investigación financiada directamente por fondos públicos (Block y Keller, 2008; Mazzucato, 2011). Cada vez más las empresas investigan en pequeñas modificaciones de productos actuales, para poder presentar nuevos medicamentos a precios varias veces más altos que su equivalente anterior, sin beneficios reales para el paciente (Prescrire 2016). En cuanto a las innovaciones, cada vez más, son “compradas” a universidades o pequeñas empresas, cuya investigación se financió con dinero público. 

Lo mismo ha ocurrido en el caso de las vacunas frente a la COVID. La de Oxford-AstraZeneca se ha financiado en un 97% con fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro (Cross, 2021). La de Moderna, se ha investigado y desarrollado con 2.500 millones de euros públicos y otras donaciones (Clouse 2020). La de BioNTech-Pfizer, recibió 475 millones € públicos para su investigación (Storeng y de Bengy Puyvallée, 2020). En cuanto a las fases finales de investigación y desarrollo y la puesta en marcha de la capacidad productiva, se han financiado con creces con las compras anticipadas, con una inversión pública total, según la investigación de kENUP Foundation, de más de 90.000 millones de euros (Hoecklin, 2021).

Es decir, el objetivo para el que se aprobaron las patentes de medicamento no se está cumpliendo, como ya advertía en los años 60 el Senador de EEUU, Estes Kefauver, en su informe sobre los monopolios de medicamentos, señalando que había más innovación en los países europeos, entonces sin patente de medicamentos, que la que había en los EEUU, con patente (1966). Además, con los monopolios, las prioridades en investigación las fijan las empresas, con lo que hay áreas que no se investigan, como las enfermedades olvidadas de los pobres, o como los antibióticos. Y, desde luego, al destinar esas enormes cantidades de dinero público a financiar supuestamente la investigación, no se puede destinar ese dinero a otro tipo de investigación no farmacéutica muy necesaria (salud pública, cirugía, enfermería y cuidados, salud mental, coordinación con servicios sociales, derechos humanos, etc.), o a otras prestaciones sanitarias.

Por la creciente presión de la industria farmacéutica, las patentes de medicamentos se generalizaron en 1994, con el tratado sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se vela por el cumplimiento de este acuerdo. Hasta entonces, las empresas farmacéuticas ya tenían unos beneficios sobre ventas que, en promedio, duplicaban al de las empresas industriales no farmacéuticas (10% vs 5%). A partir de 1995 los beneficios sobre ventas de las empresas farmacéuticas se multiplicaron. El mantra de que las patentes son “un incentivo a la innovación y que, si no, no habría innovación” es falso. Los monopolios de las patentes de medicamentos son, simplemente, una máquina de hacer dinero para las empresas y sus altos ejecutivos. 

En 2015, después de 20 años de aplicar el acuerdo ADPIC, el Secretario General de Naciones Unidas convocó un Panel de alto nivel sobre acceso a los medicamentos, señalando que, desde que se extendió la aplicación de los monopolios a los medicamentos, los gobiernos habían sido incapaces de controlar el abuso de poder de mercado de las empresas, y de evitar las enormes barreras para el acceso a los medicamentos (UN, 2015). El informe del Panel se publicó el 14 de septiembre de 2016, incluyendo la propuesta de estudiar y poner en marcha otro modelo para financiar la I+D de medicamentos, mediante un nuevo Convenio Internacional, como ya proponía en 2012 la OMS (UN, 2016). 

La UE y EEUU, presionados por sus respectivas asociaciones de empresas farmacéuticas, se opusieron a estas recomendaciones, y frenaron su desarrollo. Y es que no resulta fácil enfrentarse a estas grandes compañías. En su libro de memorias “Una tierra prometida”, el expresidente de los EEUU, Barack Obama, explica las dificultades para poder aprobar la Ley de Sanidad, la “Obamacare”. Si quería lograr los votos necesarios en el Parlamento, debía retirar algunas medidas (como las re-importaciones de medicamentos desde Canadá, para reducir los precios). Obama confiesa que: “Política y emocionalmente habría encontrado más satisfactorio enfrentar a las compañías farmacéuticas y aseguradoras y ver si podíamos someterlas. Eran muy impopulares entre los votantes, y con razón. Pero, desde un punto de vista práctico... no podíamos conseguir sesenta votos (la mayoría necesaria) en el Senado para (sacar adelante) la Ley de Sanidad sin, al menos, la aprobación tácita de las grandes industrias afectadas… al fin y al cabo, muchos (senadores) Demócratas tenían grandes compañías farmacéuticas basadas o actuando en sus Estados” (2020: 392).

La respuesta a la pandemia: luces y sombras. 

 

Durante el año de la pandemia hemos visto algunas cosas positivas.

 

-Por ejemplo, en investigación, la Unión Europea fue capaz de recaudar en pocos meses 16.000 millones de euros para un fondo COVID, destinado a apoyar la investigación y el desarrollo de diferentes medidas. También es positivo que, desde la OMS, se hayan coordinado ensayos clínicos abiertos, no comerciales, como el Solidarity.

-Así mismo, para acelerar el desarrollo final y la fabricación de vacunas, la UE aportó 2.700 millones de euros en compras anticipadas, asumiendo el riesgo de las empresas.

Gracias a estos apoyos, y a otros similares de EEUU y otros países, se han podido desarrollar vacunas eficaces y seguras en menos de un año. 

-Otro elemento positivo es la decisión de compra conjunta de vacunas por los 27 estados miembros, lo que permite que todos los países de la Unión logren mejores condiciones.

-En cuanto a la distribución de las vacunas en la UE, se está haciendo en función de la población de cada país, de forma equitativa.

-Al menos en uno de los contratos, se ha logrado que el precio sea cercano al coste de fabricación (contrato con AstraZeneca).

 

Todos estos son pasos en la buena dirección. Sin embargo, hay elementos fundamentales en la respuesta a la pandemia que muestran la insuficiencia de la misma. A pesar de que el grueso de la financiación para la investigación y desarrollo de las vacunas ha sido de dinero público, se han seguido cediendo las patentes y monopolios a las empresas, con lo cual, como hemos visto, deciden el precio y la cantidad a fabricar. Esto genera barreras de acceso, desigualdad y retrasos que ponen en riesgo la superación de la pandemia.

 

Es importante recordar que la Universidad de Oxford pensaba ofrecer su vacuna con licencia no exclusiva, para que se fabricara en cualquier lugar del mundo, según anticipó el vicerrector de investigación en abril de 2020. Sin embargo, unas semanas después, al parecer con la intervención de Bill Gates, prefirieron aceptar la oferta económica de AstraZeneca y cederle la licencia exclusiva (Garrison 2021; Baker, 2020; Hancock, 2020; Love, 2021). Si la licencia hubiera sido no exclusiva, en este momento se podían estar fabricando varias veces más de dosis de esta vacuna, evitando los problemas de retrasos que se están produciendo. El profesor Luke McDonagh, de la London School of Economics, reflexiona: “Sería moralmente perverso si, frente a una enfermedad universal, las universidades con financiación pública desarrollaran medicamentos y se asociaran con empresas privadas para manufacturar a gran escala, para que al final solo recibieran acceso las poblaciones de los países ricos” (2020), y, como se ha visto en la UE, ni siquiera las de éstos. 

 

En la pandemia hemos visto otras cosas interesantes. Por ejemplo, China, Rusia y Cuba han investigado, desarrollado y fabricado vacunas en el sector público. Es una constatación de que es posible completar el proceso de investigación, sin necesidad de recurrir a una empresa privada a cambio de un monopolio abusivo.

 

Nuevas variantes, nuevas pandemias, más dolor, ¿más beneficios?

 

La ventana de oportunidad para administrar las vacunas es clave. Mientras el virus circule en alguna parte del mundo seguirá mutando. Así, en el año que dura la pandemia han aparecido diferentes mutaciones del SARS-CoV-2, que han ido configurando nuevas variantes, como la británica, la brasileña o la sudafricana (Andrino et al 2021). No es imposible que algunas variantes puedan ser más agresivas, por ser más transmisibles o porque provoquen formas de enfermedad más severas y mayor letalidad (Davies et al, 2021). Tampoco es imposible que las actuales vacunas tengan menos capacidad de protección frente a estas o futuras variantes, pudiendo dar lugar a rebotes epidémicos severos, con nuevos confinamientos, más hospitalizaciones, más fallecimientos y más dolor. Por eso, “el final de la pandemia solo es posible cuando las vacunas que son efectivas frente a los virus circulantes se distribuyen equitativamente en todo el mundo” (Fontanet et al, 2021). 

 

Las empresas farmacéuticas anticipan que, con las nuevas variantes y la posible pérdida de respuesta inmunitaria, se necesitarán nuevas vacunas o dosis de “recuerdo”. Hemos de saber que, si no cambiamos el sistema, esas vacunas tendrán precios más altos, garantizando un negocio mil-millonario. Gregory Glenn, presidente de investigación y desarrollo de Novavax, afirma que “la inmunidad vacunal no dura para siempre -y añade-. Yo pienso que la respuesta inmunitaria disminuirá cuando pasen seis meses o doce meses, y vamos a necesitar revacunar” (Park, 2021; Fang, 2021). El CEO de Pfizer fue más allá, advirtiendo que, seguramente, se necesitaría una tercera dosis entre 6 y 12 meses, y a partir de ahí, habría una revacunación anual (Lovelace Jr, 2021). “Y, además -añadió- las variantes jugarán un papel determinante”. Pero esas nuevas dosis, probablemente, llegarán más caras. Al parecer la UE ha reservado 900 millones de dosis de Pfizer para 2022 a 19,5 € por dosis, 7€ más por dosis sobre el precio actual, que ya es abusivo, lo que sumaría 6.300 millones de € de beneficio “limpio” añadido sin ningún esfuerzo adicional (Wood, 2021).

 

Esto significa que, si no se aumenta la capacidad de producción y se fijan precios a coste de fabricación, suprimiendo las patentes y forzando la transferencia de conocimiento, los países ricos volverán a acumular las vacunas que se fabriquen, perpetuando el “apartheid vacunal”, y los laboratorios subirán más los precios, para mantener o aumentar sus ingresos, a costa de los contribuyentes y los servicios de salud (Mitchell, 2021). El bien universal que deberían ser las vacunas, como pedía del Dr Manuel Oñorbe, se ha convertido en objeto de lucro abusivo. La situación se complica más si tenemos en cuenta que los accionistas mayoritarios de muchas de las grandes compañías farmacéuticas son fondos de inversión, cuyos gestores tienen como objetivo principal aumentar los beneficios, y cuya enorme dimensión les permite influir sobre los gobiernos para que no cambien el modelo.

 

La pérdida del equilibrio. El ejemplo de la OMS y la COVID.

 

Desde la “revolución de los ricos”, en los años 80 y 90 del siglo pasado, los mil-millonarios han acumulado cada vez más riqueza y más poder. Su capacidad de influencia en los gobiernos y en los parlamentos, en las agencias reguladoras, en los creadores de opinión, ha ido aumentando. Al mismo tiempo, la capacidad de los gobiernos nacionales o de grupos de gobiernos, como la Unión Europea o los organismos multilaterales, para defender los intereses de la ciudadanía frente a los intereses de los poderosos, ha disminuido. El desequilibrio cada vez es mayor (Torres López, 2020). Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo lo expresó con claridad: “claro que hay lucha de clases, pero esta la empezamos los ricos, y la vamos ganando”.

 

Un ejemplo, que hemos podido ver durante esta crisis, es la propia OMS. Fundada en 1948, después de al segunda Guerra Mundial, en su Constitución reconoce que “la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”. La OMS es un organismo intergubernamental, con una misión global, y ha venido proponiendo medidas para un acceso justo a los medicamentos en el mundo desde su fundación. Sin embargo, EEUU, la UE, Suiza, Japón, y otros países ricos, por la presión de las grandes empresas farmacéuticas, se han opuesto una y otra vez a dichas propuestas, descafeinándolas y minándolas. 

Además, progresivamente, los países han ido debilitando la capacidad operativa de la OMS, limitando sus contribuciones directas (las que la OMS puede destinar según sus prioridades y las que le permiten desarrollar estructuras estables) al 50% del total, y haciendo más contribuciones voluntarias, que van ligadas a proyectos que interesan a cada país. El presupuesto anual ronda los 2.500 M$. La falta de recursos abrió la puerta a donaciones privadas, entre otras las de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, que es el tercer mayor donante, con un 11%, después de EEUU y RU, pero que, entre GAVI y otros donantes de su entorno, participa en el 25% de los ingresos de la OMS, e influye de manera clara en las decisiones de la organización.

El debilitamiento del papel de la OMS ha sido paralelo a la creación de otras iniciativas “público-privadas” con incidencia en el sector salud, que ya no tienen control intergubernamental, sino que tienen un importante control privado y un enfoque caritativo, no de derecho humano (Velásquez, 2020). Así, el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la Tuberculosis y la Malaria (el Global Fund), nacido en el G-8, en cuyo Consejo se sienta la Fundación Bill & Melinda Gates; el Global Fund cuenta con 4.000 M$ anuales de presupuesto, la mayor parte del mismo donado por países, casi el doble que el de la OMS, y destina 2.000 M$ anuales a compra de medicamentos. La Alianza Global para las vacunas, GAVI, impulsada por Bill Gates. O la CEPI, la Coalición para la preparación e innovación en epidemias, nacida en Davos, y respaldada también por Bill Gates; y ahora, en la pandemia, el mecanismo COVAX, para la compra y distribución de vacunas COVID. En todas ellas, el papel de la Fundación Bill y Melinda Gates, y de otras entidades privadas, es determinante, orientando la toma de decisiones desde el ámbito privado y desdibujando el papel de la OMS. En general, estas iniciativas no cuestionan, sino que refuerzan, el modelo de patentes y monopolios de medicamentos, por lo que contribuyen a preservar el poder de la industria farmacéutica. Aunque cada una de estas entidades aporta servicios de gran valor a miles de personas, su enfoque es el de caridad, “te doy porque quiero” y no el de derecho, “te doy porque es tuyo”, con lo que no construye estructuras públicas, estables, de acceso realmente equitativo a la salud.

En la misma línea, COVAX es un mecanismo creado para gestionar la distribución de vacunas frente a la COVID-19 en todo el mundo. Promovido por Bill Gates, y apoyado por la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPHMA). Este mecanismo está gobernado por GAVI, por CEPI y por la OMS. Pero la dirección es de GAVI. Se presentó como un mecanismo a través del cual todos los países comprarían las vacunas y se distribuirían en proporción a las poblaciones, para vacunar según grupos prioritarios. En la práctica, como vimos, los países ricos han acumulado el 84% de las vacunas para el 14% de la población, mediante compras anticipadas, aceptando precios altos, y haciendo más complicada la misión de COVAX, que, al final, se ha orientado a suministrar a los países de rentas bajas y medias, para cubrir a un 20% de sus poblaciones, con las donaciones que hacen los países ricos. Los críticos de esta iniciativa señalan que, en el fondo, fue una manera de frenar la reivindicación de los países para la supresión de las patentes (la exigencia de transferir el know how, ampliando la capacidad de producción y resolviendo el problema de acceso) (Ley Ravelo, 2021). 

 

El hecho es que, mientras millones de personas esperan las vacunas, según Fierce Pharma, Albert Bourla, CEO de Pfizer, cobrará 21 millones de dólares por su gestión en 2020. Los ejecutivos de otras empresas también fueron remunerados generosamente: Alex Gorsky de Johnson & Johnson, 30 millones de dólares, David Ricks, de Eli Lilly 23,7 millones, Pascal Soriot, de AstraZeneca, 21,5 millones, Paul Hudson, de Sanofi, 13,6 millones, Vas Narasimhan de Novartis 11,6 millones, etc. (Sagonowsky, 2021). Estos sí son fuertes incentivos.

 

En este entramado, que muestra el control progresivo de la visión y los intereses privados de unos pocos sobre el interés del conjunto de la sociedad y sobre los gobiernos democráticos que deberían representarlo, vemos que GAVI ha nombrado Presidente de su Consejo a Durao Barroso, quien fue Presidente de la Comisión Europea  entre 2004 y 2014, y que, después, fue contratado por Goldman Sachs, una de las entidades causantes de la crisis financiera de 2008 y favorable a la gestión del Señor Barroso. Así mismo, en los últimos días, la Organización Mundial del Comercio ha nombrado como su Directora General a Ngozi Okonjo-Iweala, mujer con gran experiencia de gestión en el gobierno de Nigeria y en el Banco Mundial, y que últimamente era la Presidenta del Consejo de GAVI. En sus primeras declaraciones sobre la propuesta de India y Nigeria para suspender las patentes de tecnologías frente a la COVID, ha manifestado que, entre tanto “prosigue el diálogo” sobre dicha propuesta, se debería aumentar las contribuciones de los países a COVAX, y promover las licencias voluntarias para aumentar la capacidad de producción (WTO, 2021). Esta posición resulta ser coincidente con la posición de la industria.

 

La forma de influir en las decisiones públicas por parte de personas o corporaciones privadas incluye también el control del discurso, a través de la financiación de “think-tanks”, universidades o centros de pensamiento, como, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Global, financiado en más del 50% por Bill Gates, que, desde una aparente independencia, apoyan las posiciones de la industria farmacéutica, por ejemplo, oponiéndose a la suspensión de patentes de las vacunas COVID (CGD, 2021).

 

En la mayor crisis que ha vivido la humanidad globalmente desde hace muchos años, observamos cómo el poder de una minoría está determinando el enfoque y las decisiones de los gobiernos, poniendo en cuestión la base de las democracias, rompiendo el equilibrio entre la visión y los intereses de una plutocracia y los intereses de la mayoría de la sociedad. Las instituciones intergubernamentales no están siendo capaces de responder a estos desafíos. Como hemos visto, la OMS está debilitada y la importante financiación privada limita mucho su capacidad de decisión. El Secretario General de Naciones Unidas ha propuesto la suspensión temporal de las patentes de vacunas COVID y ha planteado la cuestión de acceso a medicamentos y vacunas en la reunión del Consejo de Seguridad de febrero 2021, sin embargo, en la resolución 2565, del día 26 de febrero 2021, la preocupación del Consejo se limita a la cooperación para el suministro de vacunas en situaciones de conflicto armado y durante emergencias humanitarias complejas (UN, 2021).

 

¿Por dónde puede ir el futuro? 

 

La pregunta aquí no sería cómo puede ser, sino ¿cómo queremos que sea?, ¿por dónde queremos que vaya el futuro? Esta pandemia, como problema de salud con repercusiones sociales y económicas tremendas, ha afectado a los habitantes de todo el planeta simultáneamente. Así lo constata Elena Boschiero: “El mundo, como lo conocíamos antes, se ha interrumpido, llenándonos de incertidumbre sobre el futuro y ya estamos hablando de este desastre como de un evento que marcará un antes y un después, una referencia temporal y existencial común para todos los que lo hemos vivido” (2020).

 

Es una situación verdaderamente excepcional que ha despertado la respuesta generosa de miles, de millones de personas. Podemos simbolizarlos en el personal sanitario, pero son muchos más, profesores, transportistas, dependientes, trabajadores sociales, cuidadores, bomberos, policías, barrenderos, y tantos y tantos otros. Por otro lado, la repuesta de la mayoría de la población también ha sido muy positiva. En esta crisis hemos visto mucha generosidad. Y desde ahí es desde donde podemos construir una esperanza en una forma de relación entre países y entre pueblos más solidaria, más justa, basada en el reconocimiento de los derechos humanos, de todos, y no solamente de “nosotros”, de una nación, de un continente, o de una clase social. 

 

La pandemia ha cambiado muchas cosas. Y hemos de saber que vendrán más pandemias, por el modelo de crecimiento que agrede nuestro medio natural, y por la globalización que nos acerca unos a otros. Los líderes mundiales tienen que tener en cuenta estos cambios y deberían lograr que cedan los intereses particulares de unos pocos en favor del interés general del conjunto de la ciudadanía y de los pueblos. 

 

Desde el punto de vista del acceso a las vacunas no nos debemos preguntar “si se podría vacunar a todo el mundo a tiempo y con un precio justo”, sino “¿cómo organizamos el sistema para vacunar a todo el mundo, a tiempo, y con un precio justo?” Este objetivo, que reclamaba Ángela Merkel en el Parlamento Alemán el pasado 25 de marzo 2021 (El Mundo, 2021), es viable, pero requiere un cambio de enfoque y voluntad política real, no solo retórica. Por eso, no es suficiente el planteamiento formulado por Pedro Sánchez, la propia Merkel y otros primeros ministros al proponer un tratado sobre pandemias, porque en ese esquema siguen dejando el control (volumen y precio de las vacunas) en las empresas farmacéuticas y confían la distribución equitativa para países de bajos ingresos a iniciativas de cooperación, caritativas, que se han demostrado claramente insuficientes (Lamata, 2021).

 

Para llevar a cabo un cambio real, más allá de la retórica, es preciso que los gobiernos se pongan de acuerdo en impulsar un Plan de Acción Global (que podría liderar la OMS), con varios elementos:

 

-Investigación. Se recabaría un fondo de investigación, con la aportación de los países en proporción a su renta (como se ha hecho por la UE y EEUU para la COVID). Ese fondo financiaría investigaciones relevantes, con el apoyo de un comité científico (financiación pre: con proyectos competitivos o seleccionados; durante: con contratos de desarrollo; post: con premios) como ya se viene haciendo en el 70% de la investigación innovadora. Parte de esa financiación iría a centros públicos y redes de ensayos clínicos no comerciales (como la red europea junto con países en desarrollo, o el Solidarity de la OMS), aunque también podría dirigirse a alguna entidad privada. La condición es que toda financiación pública iría ligada al compromiso de que a) la investigación sea abierta y cooperativa y b) los resultados (mientras existan las patentes de medicamento) se ofrezcan con licencias no exclusivas y con obligación de transferir el conocimiento, la tecnología y el know how a todas las instituciones o empresas que acepten los requisitos de fabricación a precio de coste. Todo el conocimiento (know how), y tecnologías frente a la pandemia deberían ser proporcionados, con carácter obligatorio, a un Pool en la OMS (como el COVID-Tecnology Access Pool) (Bozorgmehr et al, 2021).

-Desarrollo de productos. Los gobiernos, con la coordinación de la OMS, formarían plataformas públicas de desarrollo de medicamentos, para completar los ensayos en fase III y preparar el producto para su autorización (como podría ser el European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA). La UE podría realizar contratos con empresas para el desarrollo de productos (compra anticipada) pero con la garantía de que los derechos de propiedad intelectual quedan en manos del sector público.

-Fabricación. Se desarrollaría una red de empresas farmacéuticas públicas, de carácter estratégico, para tener una relativa autonomía en situación de emergencia. Se analizaría toda la capacidad disponible en el mundo para la fabricación de vacunas, en empresas acreditadas o acreditables. Se organizaría, desde la OMS, un dispositivo de formación y entrenamiento para capacitar equipos en las nuevas tecnologías y know how de fabricación de cada producto (technology transfer hub). Se realizarían contratos de compra anticipada con empresas privadas para la fabricación de medicamentos.

-Precio. Las vacunas y otros tratamientos se comercializarían a precio de coste de fabricación, más un beneficio industrial semejante al de los sectores no farmacéuticos.

-Distribución. En caso de pandemia habría una centralización de todos los productos (p.e. vacunas) bajo la coordinación de la OMS, con un mecanismo similar a COVAX, pero de control público, no privado, ni “mixto”. La distribución de los productos se haría por población (como se ha hecho en la UE).

 

El diseño y aplicación de esta estrategia requiere una gobernanza renovada del sector salud. Por un lado, se debe reforzar el sistema sanitario público de cada país, así como la estructura y dotación de las autoridades sanitarias, sistemas de información, etc. Por otro lado, se debe fortalecer la OMS, ampliando la financiación básica, no ligada a proyecto, de los países, y suprimiendo la financiación privada, de forma que se garantice la independencia. Y, además, se debe revisar la existencia de conflictos de intereses en los funcionarios y asesores de los ministerios de salud y de la OMS, quedando absolutamente prohibidas las relaciones económicas de cualquier tipo con la industria.

 

Este cambio, tan necesario, no sería suficiente para hacer frente a esta u otras pandemias. Se requiere repensar nuestra relación con la naturaleza, como especie. Y para eso es preciso repensar la economía y los diferentes equilibrios en cada sector, financiero, energético, agrícola-ganadero-alimenticio, farmacéutico, urbanístico, tecnología de información y comunicaciones, etc. Y eso requiere fortalecer el papel de los gobiernos democráticos y la participación social. Y para ello es preciso impulsar la formación independiente. Cuestiones que se complican si vemos la capacidad de influencia actual de los diferentes agentes.

 

Precisamos reequilibrar el tablero de juego. Se debe reducir radicalmente el poder de la aristocracia del dinero y reforzar el poder de la sociedad, a través de gobiernos democráticos representativos, y de organizaciones activas de la sociedad civil. Y se deben refundar las Naciones Unidas, fortaleciendo el multilateralismo democrático. En este sentido, Mayor Zaragoza reclama “la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para decidir, con la participación de todos los países, un nuevo concepto de seguridad y las medidas más urgentes para hacer frente, antes de que sea demasiado tarde, a los grandes retos globales que representan el deterioro ambiental, la amenaza nuclear, las pandemias, el supremacismo de toda índole, la creciente brecha social y la gobernanza plutocrática, de tal modo que se asegure la igual dignidad de todos los seres humanos y el pleno ejercicio de sus facultades distintiva” (2020).

 

Muchos dirán que es imposible. Aquí viene bien recordar a Aurelio de León, el cura de Talavera de la Reina, que sigue llamando a nuestra conciencia: hay dos pecados -dice- que debemos evitar. El pecado de pensar y decir que no se puede cambiar nada. Y el pecado de pensar y decir, esto es responsabilidad del gobierno, de los otros. Todo se puede cambiar, si cada una de nosotras y de nosotros asume su tarea. Sabiendo nuestras limitaciones. Pero también conociendo la fuerza de un pueblo unido. Hace un tiempo escribí: “no esperéis que los otros nos resuelvan / lo que está en nuestras manos, si se juntan”. Este pueblo que formamos toda la humanidad tiene que unirse si quiere sobrevivir, y tiene que presionar para salir de este mal sueño, y construir un futuro mejor. Paso a paso. De momento, podemos animar a nuestro gobierno a que vote la suspensión de las patentes de vacunas, como piden en su carta a Biden los ex jefes de gobierno y premios Nobel, porque “apoyar la suspensión de las patentes de las tecnologías frente a la COVID-19 dará a las personas en todo el mundo la oportunidad de despertarse en un mundo libre del virus. Necesitamos una vacuna de la gente” (Agre, 2021). Queremos despertar.

 

 

 

REFERENCIAS

 

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