DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CASTILLA LA MANCHA

(conferencia en la Jornada de la Fundación CERES, 18 septiembre 2026)

 

Buenos días. Agradezco a José Manuel Ramírez su invitación a este Seminario, a la Fundación CERES por su organización y su patrocinio, y al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por acogernos en este emblemático municipio, corazón de Castilla La Mancha y territorio de El Quijote, nuestro incansable luchador por la justicia.

 

LA LUCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES

 

Empezaré hablando hoy, aquí, de una lucha por la justicia: la lucha por los derechos sociales. En el marco de esa lucha hace 20 años se aprobó en España la llamada Ley de Dependencia. Como dice el tango, 20 años no es nada y, sin embargo, es un mundo. Aquel fue un paso muy significativo. Pero quiero subrayar que ese paso no se dio en el vacío. 

En efecto, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se habían ido impulsando diferentes luchas obreras que trataban de conquistar derechos sociales: una jornada más reducida, derecho al descanso semanal, seguridad en el trabajo, mejores salarios, prohibición del trabajo infantil y, después, la Seguridad Social, la Sanidad y la Educación Públicas, construyendo así, paso a paso, tres pilares importantes del llamado Estado del Bienestar. Son conquistas sociales de enorme calado, impulsadas a lo largo de los años por el movimiento obrero y las reivindicaciones ciudadanas. ¿Por qué lo hacían? Por una cuestión de justicia. Se trataba de que, a través del sistema fiscal, el conjunto de la sociedad recuperara parte de la riqueza que, habiendo sido generada entre todos, se apropiaban y se apropian los grandes capitalistas, provocando una enorme desigualdad entre los grandes propietarios y los trabajadores asalariados. Trabajadores que, en España y en todo el mundo, subsistían hace apenas cien años en la mayor de las miserias. 

Baste recordar a Miguel Hernández, cuando a principios de 1937 escribió su poema el niño yuntero; algunos de sus versos decían así:

Carne de Yugo ha nacido, 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello,

Nace como la herramienta 

a los golpes destinado 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado

Contar sus años no sabe 

y ya sabe que el sudor 

es una corona grave 

de sal para el labrador, 

Trabaja y mientras trabaja 

masculinamente serio 

se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio

Me duele este niño hambriento

 como una grandiosa espina

 y su vivir ceniciento 

revuelve mi alma de encina

Lo veo arar los rastrojos 

y devorar un mendrugo 

y preguntar con los ojos 

que por qué es carne de yugo

Me da su arado en el pecho 

y su yugo en la garganta 

y sufro viendo el barbecho 

tan grande bajo su planta

Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena 

de dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena, 

que salga del corazón 

de los hombres jornaleros 

que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros.

 

Miguel murió en la prisión, por defender la justicia, y no pudo llegar a verlo, pero, sí, en España y en otros países las mujeres y los hombres jornaleros, los trabajadores, se unieron, se agruparon y lucharon, con huelgas, con manifestaciones, sufriendo despidos, palizas, cárceles, exilio… y de sus corazones salieron las palancas de cambio para quebrar, poco a poco, las cadenas de la insoportable desigualdad y la injusticia.

Y, de esta forma, lograron que los gobiernos aprobaran sistemas fiscales que recuperaran parte de la riqueza que, en justicia, era de los trabajadores y de la que se apropiaban los capitalistas.

Y, gracias a esa renta recuperada fue posible reconocer derechos sociales, que serían cubiertos progresivamente a través de políticas públicas. 

Ahora bien, conviene no olvidar que ninguna conquista social es irreversible. Y que, en muchos lugares del planeta, la guerra, la injusticia y la desigualdad siguen matando de hambre a millones de niñas y niños yunteros: en Gaza, en Sudán, Etiopía, en Mali, y en muchos otros países. Y, desde luego, sin perder de vista que también aquí, en España, muchas personas, muchos niños, viven en situación de pobreza y sufren una enorme desigualdad.

Amigas y amigos, el derecho a la pensión, a la baja laboral retribuida, al seguro de paro, a una sanidad pública, a la atención a personas en situación de dependencia, que hoy nos pueden parecer normales, no han existido siempre, ni existen hoy en más de la mitad del planeta. Por eso, la reivindicación y las luchas sociales deben estar presentes día a día si queremos preservar estos derechos. Porque no da lo mismo. El apoyo electoral a las formaciones que defienden estos principios es indispensable si queremos consolidarlos y perfeccionarlos. Y es que, además, el tablero de juego no es neutral. Hay adversarios poderosos, grandes corporaciones económicas que no quieren perder privilegios y se oponen frontalmente a las políticas sociales y a la propia democracia. Y para ello promueven gobiernos ultra liberales. Trump, Milei, y otros gobiernos son un ejemplo: para ellos las políticas sociales son granjas de vagos y maleantes. Hay que erradicarlas. El Estado debe ser la mínima expresión para garantizar la seguridad de los capitalistas. Nada más. Lo demás es comunismo bolchevique y traición a la libertad. La sanidad, la pensión, los servicios sociales, se los debe procurar cada uno, y si no tiene ahorros es que fue un irresponsable y no trabajó lo suficiente. Las grandes corporaciones, el nuevo capitalismo virtual y global, evade sistemáticamente los impuestos con sus equipos de abogados y sus paraísos fiscales y logran modificaciones legales a medida para pagar menos o no pagar. Y, desde luego, tienen mucho dinero para invertir en el desmontaje del Estado de Bienestar. Y lo están haciendo. También en España. Pero, tengámoslo claro: sin impuestos justos no hay derechos sociales. Y esto nos lleva al

 

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En 1978 aprobamos la Constitución Española que consolidaba un Estado Social y Democrático de Derecho (justo lo que quieren deshacer los nuevos tecno oligarcas). Y para gestionar los asuntos públicos, el Estado se estructuró en tres niveles: la Administración General, las Comunidades Autónomas (CCAA), y las entidades locales. El presidente Suárez y la UCD trataban de dar respuesta así al viejo problema territorial de España y a las pulsiones nacionalistas. Y lograron un importante consenso constitucional. Aunque siempre inestable. España inició de esta manera un proceso de descentralización cuasi federal. Nacía así el Estado de las Autonomías.

Años más tarde, el 1 de enero de 1986, España entró formalmente en la Unión Europea, iniciando un proceso de distribución de competencias “hacia arriba”, como la política agraria, o medio ambiental, algunos elementos de política económica y otras.

La idea era situar las diferentes competencias en las estructuras de gestión más apropiadas para cada función, según el principio de subsidiariedad. 

Es decir, mientras se integraba en la Unión Europea, el Estado Autonómico español configuraba un sistema político de orientación federal, pero, y esto es clave, sin estructuras de toma de decisión federales. Así mismo, consolidaba dos regímenes económicos distintos, el general y el foral (para Navarra y las tres provincias vascas), dejando en la propia Constitución Española un factor irritativo no menor.

En el régimen general, cuando el Estado negociaba una competencia con la Comunidad Autónoma, ambos definían las obligaciones que asumía la CCAA (servicios, prestaciones) y calculaban y acordaban los recursos necesarios para hacer efectiva la prestación de dichos servicios. Estos acuerdos económicos debían revisarse periódicamente. Las primeras transferencias de competencias y de recursos tenían carácter finalista. Pero, fundamentalmente a partir de 2002 los Acuerdos de Financiación Autonómica definieron cestas de tributos y otros fondos complementarios, que debían ser suficientes para financiar las competencias transferidas (es decir, las necesidades de financiación). Ahora bien, no se obligaba a las CCAA a destinar esas cantidades a cada una de las diferentes competencias: no eran fondos finalistas. El margen de autonomía permitía a las CCAA elaborar sus presupuestos, aumentando o disminuyendo partidas sectoriales. Y, por supuesto, más allá de lo que dijera el presupuesto, se podía ejecutar de forma incompleta una determinada partida y trasladar remanentes entre diferentes sectores. Como consecuencia, se fueron generando importantes desigualdades en la calidad de servicios públicos entre CCAA.

Y llegamos así a la Ley de Dependencia. En Castilla-La Mancha tuvimos no pocas

DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Cuando se aprobó la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, yo era vicepresidente primero en el gobierno de CLM, que entonces presidía José María Barreda. El Consejero de Bienestar Social era Tomás Mañas. Tomás fue un excelente consejero. Impulsó servicios y programas sociales en toda la región. Y fue el encargado de llevar a cabo la implantación de la Ley de Dependencia en sus comienzos. 

 

Esta Ley se definió como el cuarto pilar del Estado de Bienestar. La retórica era muy potente. Pero no era fácil convencer a todos, ya que en el Estado de las Autonomías las competencias de servicios sociales estaban transferidas a las CCAA, como competencias exclusivas. Y en Servicios Sociales, a diferencia de sanidad, no existía previamente un Sistema Nacional de Servicios Sociales, con carácter universal, sino que eran servicios parciales y desiguales.

 

Hubo, por lo tanto, una primera dificultad para convencer a las CCAA de la necesidad de crear un Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD), que reconociera derechos y prestaciones iguales en todo el territorio. El cambio no era menor. En efecto, la Ley garantizaba el derecho a la protección y asistencia de personas que habían perdido su autonomía personal, y se aprobaba un sistema de financiación para todo el Estado, con participación de la Administración General y las Comunidades Autónomas, además de mantener determinados copagos por parte de los usuarios.

 

Y aquí venía la segunda dificultad. En efecto, la financiación para dotar la Ley, desde un principio, fue insuficiente y condicionó un arranque lento y una enorme desigualdad en su aplicación, dependiendo de las prioridades fijadas por cada Comunidad y de sus disponibilidades económicas. 

 

En cuanto a la gestión del Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ésta correspondería a las CCAA. Tuvimos que formar y entrenar equipos de valoración, desarrollar metodologías y criterios, y resolver una serie de problemas operativos gracias al compromiso y el ingenio de los funcionarios y el personal de la Consejería.

 

En definitiva: Se aprobaba un derecho y unas prestaciones mediante Ley de ámbito nacional y, en coherencia con el Estado de las Autonomías, se delegaba la gestión a las CCAA. Sin embargo, el presupuesto aprobado para implantar la ley no cubrió las necesidades de financiación desde el primer momento. En efecto, por un lado, se había calculado a la baja el número de las personas en situación de dependencia y su gravedad, y, por otro lado, la AGE no previó incrementar los recursos públicos en la cuantía necesaria para financiar el coste completo de estas nuevas prestaciones al 100%, sino que decidió financiar solo parcialmente las nuevas prestaciones, presionando a las CCAA para que aumentaran su dotación. Ahora bien, la capacidad de incrementar recursos por vía fiscal en las CCAA es muy reducida, por lo tanto, el desarrollo de la Ley se tuvo que ralentizar, o bien se tuvo que incurrir en déficits. Y entonces llegó la crisis financiera de 2008, que impactó fuertemente en España en 2009 y 2010, con la reducción de ingresos fiscales y la inmediata reducción de los traspasos de recursos desde el Estado a las CCAA, con lo que el desarrollo de la Ley quedó varado. Recordemos que incluso, en 2011, se promovió un cambio de la Constitución Española por vía de urgencia, que modificaba el artículo 135, para obligar a todas las administraciones públicas a mantener el equilibrio en sus cuentas y dar prioridad absoluta al pago de la deuda (deuda que se debía pagar a los bancos, a los que se había pedido dinero para rescatar a esos mismos bancos de su irresponsable bancarrota). Pero, como los ingresos fiscales habían caído al frenarse la economía, para mantener el equilibrio en las cuentas que exigía el artículo 135 de la Constitución, había que reducir gasto público, es decir, servicios públicos, funcionarios, prestaciones sociales, etc., etc., incluyendo el Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.

 

Es decir, teníamos que cumplir la Ley de Dependencia, pero los traspasos de recursos desde el Estado disminuían, las necesidades aumentaban, y las CCAAA no podían endeudarse. Era un círculo vicioso. Entonces atendíamos ya a más de 35.000 beneficiarios, y el déficit que provocaba la Ley era de 200 millones de euros anuales.

 

A pesar de todo, y después de negociaciones no poco tensas, mantuvimos el desarrollo de la Ley con enormes dificultades, gracias al esfuerzo de miles de profesionales, y gracias al impulso y la habilidad de personas como Javier Pérez y todo el equipo de la Consejería, y al pleno respaldo del gobierno. Y también, gracias al empuje de mucha otra gente, entre las que destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias a todos ellos la Ley de Dependencia siguió viva y con la recuperación económica pudo continuar avanzando.

 

En término medio, durante estos 20 años las CCAA han venido financiando un 70% de las prestaciones de la Ley. En justicia debería haber sido un 30% como máximo (que es lo que correspondería a la parte de las prestaciones reconocidas en el SAAD que ya estaban cubiertas y financiadas con recursos públicos de Servicios Sociales financiados con transferencias previas). 

 

Así, en 2025, según datos oficiales, el gasto total para mantener el SAAD fue de 13.734 millones de euros, lo que equivale a un 0,8% del PIB. La Administración General del Estado destinó 3.758 millones de euros, mientras que las CCAA aportaron 9.976 millones de euros.

 

En CLM (en 2025) el gasto total fue de 595,39 millones de euros, de los que la AGE aportó 174,99, un 29,4%, mientras que la CCAA aportó 420,4 millones, un 70,6%.

 

Además, hay que tener en cuenta los copagos, a través de los que el usuario aporta en torno a un 20% del coste total del SAAD.

 

CLM hizo, y continúa haciendo, un enorme esfuerzo:

En los primeros tiempos de aplicación de la Ley la puntación obtenida por CLM en el Informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales fue un 6. Costaba arrancar. Pero, gracias a la crítica y el estímulo de la Asociación, cuyos informes leíamos con mucha atención (¿te acuerdas Javier?) tomamos medidas que mejoraron los resultados, hasta una puntuación de 7,5 en 2010. En la rueda de prensa que dimos juntos Javier y yo en 2011, al final de la legislatura, ya encabezamos la puntuación del país.

 

En los años siguientes, el gobierno PP, dejaría en un segundo plano la aplicación de la LEY y se redujo la valoración de la gestión a 5 puntos. Más adelante, el nuevo gobierno de García Page impulsó la recuperación hasta alcanzar un 8,3.

LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDÓ LA LEY DE DEPENDENCIA PARA CLM: LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

 

La Ley de Dependencia nos dio muchos dolores de cabeza. Pero también nos ofreció oportunidades.

 

Así, en Castilla La Mancha aprovechamos el impulso político que habían supuesto y estaban suponiendo las discusiones para la elaboración y la implantación de la Ley de Dependencia, y con ese impulso diseñamos y aprobamos la nueva Ley de Servicios Sociales y otra serie de proyectos innovadores.

 

La Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM, de 16 de diciembre, dice en su exposición de motivos:

“Una de las características definitorias de las sociedades democráticas modernas consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que las conforman, así como mejorar las condiciones de vida de todas ellas.

Para ello las administraciones públicas diseñan y ponen en práctica políticas sociales con el objetivo de articular los recursos e instrumentos que permitan orientar las metas de los diferentes sistemas de protección a esos fines primordiales…”

“La presente Ley concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadanía y por ello”, reconoce “el derecho universal a la protección social … en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales” (artítulo 1).

“Asimismo, la autonomía personal y la integración social se constituyen en los elementos vertebradores de la finalidad del sistema. La autonomía personal, como la situación que permite a la persona desenvolverse en los ámbitos sanitarios, económicos, laborales, educativos y sociales, y la integración social, como proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal.”

La citada Ley creaba el Sistema Público de Servicios Sociales de CLM, integrando y coordinando servicios y prestaciones para poder garantizar el derecho a la atención. Servicios de Atención Primaria y Atención Especializada. Participación municipal. Colaboración de entidades privadas. Participación de la sociedad civil, etc. 

Así mismo, en su título VII, la Ley integraba en el Sistema Público de Servicios Sociales el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “sumando todo el potencial de recursos con los que el mismo cuenta”, e integrando las prestaciones del SAAD en el Sistema Público de Servicios Sociales, y en sus sistemas de información y de gestión.

Cabe recordar que, en la decisión de promover la Ley de Servicios Sociales de 2010, como en su elaboración, contamos con el consejo y el estímulo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Así mismo, hubo una participación y un debate enriquecedor con numerosos ayuntamientos, profesionales, personas afectadas y familias.

Lamentablemente, cuando en junio de 2011 se constituyó el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, sus decisiones supusieron un freno a la aplicación de la Ley de Servicios Sociales y a la aplicación de la Ley de Dependencia. 

 

Posteriormente, en 2015, el Gobierno socialista de García Page volvería a situar en primer plano los Servicios Sociales.

 

BALANCE DE LA LEY, Y REFORMA IMPULSADA POR EL GOBIERNO PROGRESISTA

Ahora conviene hacer balance y analizar brevemente la reciente reforma del gobierno de Pedro Sánchez.

Durante estos 20 años, la falta de recursos (escasez de personal y falta de plazas y servicios) se ha traducido en enlentecimiento y desigualdades en el proceso para reconocer el derecho y las prestaciones del SAAD. Así, el tiempo entre la solicitud y la recepción de la prestación (datos de agosto de 2026) es de 302 días, y oscila entre los 111 días de Aragón y los 536 de Murcia. En CLM es de 165 días. Unas cifras que mejoran sobre 2025 pero que no dejan de evitar que en España fallezcan miles de personas a la espera de un servicio o prestación a la que tienen derecho. También es desigual la calidad de las prestaciones y servicios.

 

Como decía la ADGSS: “los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low costque es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”.

 

A pesar de todo, podemos considerar que el balance de estos años ha sido positivo: a 31 de agosto de 2026,  1.768.186 personas estaban recibiendo prestaciones en el SAAD. Quedaba mucho por hacer, pero lo más difícil ya se había hecho: la propia aprobación de la ley, la financiación de la primera fase de aplicación, el desarrollo de los instrumentos de evaluación y de los sistemas de información, la creación de los equipos de evaluación y el comienzo del reconocimiento efectivo del derecho y la concesión de prestaciones. Pero debíamos seguir mejorando. 

Así, ante las carencias en la Ley de Dependencia de 2006 y en su aplicación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la reforma de la ley que, finalmente, se aprobó el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. La reforma introduce nuevos derechos y nuevas prestaciones: accesibilidad universal; cuidados y apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en la ayuda a domicilio; provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Al mismo tiempo suprime incompatibilidades entre prestaciones, que introdujo el gobierno del PP en 2012 (por ejemplo, centro de día y ayuda a domicilio). Por otra parte, facilita la reducción de la burocracia; pone el acento en la voluntad, deseos y preferencias de los beneficiarios; e introduce otras mejoras. A partir de ahora las CCAA deberán adaptar sus normativas, y habrá que desarrollar diferentes aspectos de la Ley a través de diversos acuerdos en el Consejo Territorial. Aquí será fundamental el sentido de Estado y poner por delante los intereses de las personas afectadas.

Y, al mismo tiempo, en junio pasado se aprobó un aumento significativo de la financiación, con lo que la Administración General del Estado destinará en 2027 el doble de lo que presupuestó en 2025. Ahora bien, lo que no se garantiza es que las Comunidades Autónomas destinen la misma cantidad que destinan ahora, con lo que el gasto total podría no aumentar o hacerlo con menos intensidad.

LOS RETOS PENDIENTES

¿Resuelve la reforma los problemas pendientes? Sin duda es un paso importante y en la buena dirección. Pero yo señalaría dos cuestiones que, a mi juicio, están sin resolver y que la reforma recién aprobada no resuelve tampoco: financiación y gobierno del Sistema.

 

Primera cuestión. Problema de financiación.

 

En la UE la atención a la dependencia recibe una financiación pública de 1,8% del PIB, mientras que en España destinamos el 0.8%. El país tiene riqueza bastante para poder destinar un punto más de PIB a la dependencia. Lo que pasa es que se la quedan unos pocos, los más ricos.

 

Sabemos que las grandes reformas fiscales requerirían un enfoque y una aplicación global, mundial. Pero mientras tanto, el Gobierno de España y el Parlamento de la nación deberían impulsar un modelo fiscal que cumpla con el artículo 31 de la Constitución y que sea progresivo, pagando más quien más tiene. Esto permitiría recaudar 80.000 millones de euros anuales más, para situarnos en la media de los países de la UE más avanzados socialmente. ¿O debemos seguir permitiendo que los que más tienen no paguen impuestos, y se apropien de la riqueza que es de todos? 

 

Una reforma fiscal justa y completa debería permitir destinar 14.000 millones de euros más a la Ley de Dependencia, duplicando la dotación de 2025. De esta forma se podrían financiar adecuadamente los servicios para garantizar el derecho a la atención a la dependencia para todas las personas que lo necesiten, y sin esperas.

 

(Como hemos dicho, el actual gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un aumento de los recursos de la AGE para el SAAD: 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 millones más en 2027 y sucesivos. 

** Este aumento de recursos ya se está notando desde el mes de julio en las liquidaciones mensuales de “nivel mínimo”. Y esto es enormemente positivo. Ayuda a cubrir las prestaciones actuales. Pero la reforma de la Ley crea nuevos derechos y servicios, y la demanda seguirá aumentando por el envejecimiento poblacional.

 

Es decir, en 2027 la AGE aportaría 7.239 millones de euros, el doble que en 2025 y un 50% del gasto total del SAAD. Estos incrementos están muy bien, pero seguirán siendo insuficientes. Si se quiere mejorar el sistema y que deje de ser un sistema low cost, además del incremento aprobado se necesitarían otros 10.000 millones anuales más.)

 

Segunda Cuestión. Problema de Gobierno del Sistema: Desigualdades y garantías.

 

Las desigualdades en la aplicación de la Ley entre CCAA muestran que no se garantiza a todos los españoles el mismo derecho. ¿Es esto justo?

No solo es necesaria una dotación presupuestaria suficiente. Después de 38 años de aprobada la Constitución que creó el Estado de las Autonomías, es preciso reflexionar sobre el modelo de gestión descentralizada en las CCAA y los mecanismos de coordinación, inspección y corrección. No basta aumentar recursos si no se utilizan con eficiencia o no se destinan al fin que justificó el traspaso de esos recursos. Y no basta decir que lo están haciendo mal las CCAA y punto. El artículo 149.1. de la CE exige garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones.

 

Es cierto que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD aprueba los marcos de cooperación interadministrativa y coordina la implantación de la Ley. Pero, a lo largo de los años hemos venido observando diferencias importantes entre las CCAA. Aquí hay problemas de prioridades y de gestión. En un Estado de las Autonomías las competencias están transferidas, pero el Estado debe ser garante del cumplimiento de las obligaciones, y, si no se cumplen, debería hacer uso de sus competencias de inspección, debería indicar las correcciones precisas y advertir sobre posibles incumplimientos, e incluso, en casos límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución. Si la Ley garantiza un derecho a la ciudadanía, el Estado debe asegurar su cumplimiento. Sin embargo, no se hace, porque se teme “invadir competencias”, o porque se tiene la tentación de “echar la culpa al otro”.

 

Por eso es preciso avanzar en el desarrollo del Estado Federal, con mecanismos de toma de decisiones vinculantes y ejecutivas conjuntas, mecanismos de supervisión, evaluación, sanción, llegando, en situaciones graves, a la retirada de las competencias, con el respaldo de los órganos Federales. Es evidente que para este desarrollo institucional se precisaría un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, lo cual, hoy en día, parece muy improbable, pero no imposible. Es necesario reforzar la responsabilidad y la solidaridad. Todos somos Estado, la Administración general, las CCAA, los Ayuntamientos, y debemos cooperar mejor. Quizá en algún momento sea precisa una actualización de la Constitución.

 

Amigas y amigos: haciendo balance de las dificultades y las oportunidades 20 años después de la aplicación de la Ley de dependencia podemos decir que ha merecido la pena. Se han logrado avances muy importantes. Enhorabuena a todos por el esfuerzo y por lo mucho que se ha conseguido. Sin embargo, el SAAD sigue siendo un sistema en construcción, infra-financiado y con un modelo de gestión que no garantiza un desarrollo homogéneo y eficiente en todo el territorio nacional. Así que, a pesar de lo logrado y de la aprobación de la reforma del miércoles pasado, todavía queda mucho por hacer. Y, más aún teniendo presente que hay fuerzas muy poderosas que quieren desmontar cualquier atisbo de políticas sociales.

 

Por eso, aunque en algunos momentos parezca muy difícil avanzar, tenemos que seguir soñando en un futuro mejor y trabajando por ello.

 

¿Por qué no puedo yo soñar?

Si volar por el aire

En un pájaro de hierro

Sobre los verdes valles 

Y sobre aquellos cerros

No es solo un sueño

¿por qué no puedo yo soñar?

 

Si hablar contigo desde Sofía

y oír tu voz como si estuvieras a mi lado

No es imposible, como tampoco lo es 

tomar el corazón desde el costado

De un hombre fallecido 

y plantarlo a que de vida a esta mujer

Que casi ya se moría, 

¿por qué no puedo yo soñar?

 

Si el Moisés de Miguel Ángel, 

y el Cristo de Goya, y la Novena sinfonía

No son solo fantasía, sino que de verdad son, 

y han nacido de las manos de mujeres y hombres 

paridos de madre como tú y como yo

¿por qué no puedo yo soñar, vida mía, 

que una mañana, al alumbrar el sol al firmamento 

se quedará boquiabierto

Porque ningún niño, ningún viejo ni nadie 

ha muerto de hambre en ese día

Por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado

Ningún hombre, ningún muchacho ni ningún soldado

Ha sido clavado de un disparo

 

Soñar también que ninguna mujer 

fue violada en el atardecer

de ese día misterioso.

Soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie

por conseguir un trabajo que le dé de comer.

 

Por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria

donde todos los pueblos dibujen 

de una puñetera vez y para siempre

una paz entera y planetaria

 

Por qué no puedo yo soñar hoy 

si tú me has querido tanto

Siendo yo como soy

Soñaré este sueño porque me da la gana

Y soñaré que un día, gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano

El sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido

Como han sido ya verdad y lo están siendo

Tantas y tantas cosas, vida mía.

 

 

Muchas gracias y a seguir luchando como don Quijote por hacer realidad nuestros sueños de justicia e igualdad.

Hasta siempre.

Situación y evolución de la salud mental en España: algunos datos.

Durante los días 7 y 8 de mayo se ha cebrado en Tenerife el XXIII Congreso Salud Mental España, con el lema Juventud con salud mental, futuro con esperanza. En el Congreso se han presentado experiencias y reflexiones muy valiosas desde el punto de vista de personas que han sido diagnosticadas y tratadas por problemas de salud mental, de familiares, de asociaciones, de voluntariado, de profesionales de la sociología, el trabajo social, la psicología y la psiquiatría, la policía local, la pedagogía, la terapia ocupacional, el activismo social, la comunicación, o la política. Son ejemplos de cómo se pueden hacer bien las cosas, con un enfoque de prevención, abordando el contexto y los condicionantes sociales y con unos servicios centrados en la persona, con respeto a sus derechos humanos y sus preferencias.

El Congreso sirve para mostrar caminos para la mejora de la salud mental. Y es fundamental que prestemos atención a esta cuestión, porque la situación no es buena. Los problemas de salud mental y el sufrimiento psíquico en los jóvenes y en la sociedad han aumentado y debemos abordar con decisión las medidas que permitan revertir este proceso.

Plantearé aquí algunos datos y algunas reflexiones para contribuir al debate y a la búsqueda de soluciones.

1.La salud mental es importante. Es necesaria para poder trabajar y cooperar con otras personas creativamente. También es necesaria para aprender a amar y ser amado, disfrutando de los afectos y de la amistad. El sufrimiento psíquico puede llegar a incapacitar a una persona, rompiendo su programa de vida, su posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas, su derecho a vivir con dignidad.

En la Encuesta Nacional de Salud de 2023 en torno al 10% de las persoanas encuestadas declaraban haber sido diagnosticadas de algún problema de salud mental. Es un peso importante. 

2.En los últimos años la incidencia y la prevalencia de estos problemas ha aumentado significativamente.

La crisis económica que impactó en 2008-2013, como consecuencia de la desregulación financiera y la codicia de los más ricos, supuso una reducción del Producto interior bruto en España de casi 9 puntos, y una destrucción de 3,4 millones de empleos y centenares de empresas. La Unión Europea planteó rescatar a los bancos con dinero público, lo cual agravó el déficit. Y para evitar que éste creciera más, impuso recortes en los gastos sociales, entre otros, en la sanidad. Entre 2009 y 2014 se redujo más de un 20% el gasto sanitario público, recortando plantillas, reduciendo tiempo disponible de los profesionales, reduciendo inversiones, etc. 

Una de las áreas más afectadas fueron los servicios de salud mental, sobre todo los programas de apoyo, centros especiales de empleo, centros ocupacionales, y programas de acompañamiento. Pero también se redujeron las plantillas y el tiempo de atención, etc. Sin duda, la pérdida de empleo, la incertidumbre sobre el futuro, el aumento de las exigencias laborales con peores condiciones de trabajo, la sensación de vulnerabilidad, afectaron a miles de personas más expuestas, aumentando el sufrimiento psíquico, al mismo tiempo que se reducían los recursos para atender estos problemas.

Cuando la economía española empezaba a recuperarse recibimos el impacto de la pandemia de la COVID-19. La pandemia afectó duramente a un sistema sanitario público que ya estaba muy debilitado. El Producto Interior Bruto cayó un 11% en 2020, y se destruyeron casi un millón de puestos de trabajo. La respuesta de la Unión Europea en este caso fue más solidaria y se impulsaron programas de recuperación muy importantes. En España, estos programas y la acción de gobierno permitieron mantener empresas y empleo que de otra forma se hubieran destruido. Pero el aumento de la demanda sobre unos profesionales muy presionados supuso una sobrecarga imposible de gestionar. El impacto en la salud mental de la población, sobre todo de los más jóvenes, fue importante: el miedo al contagio, la enfermedad y la muerte, el aislamiento derivado del confinamiento y de las medidas preventivas, la incertidumbre sobre el futuro, la aceleración del proceso de sustitución de relaciones personales por el uso de internet, etc., etc., provocaron aumento de la ansiedad, de las depresiones, del acoso escolar, de los trastornos del sueño, de las autolesiones, en definitiva del sufrimiento psíquico.

Distintas encuestas, estudios e informes muestran claramente el aumento de los problemas de salud mental.

Según el informe elaborado por Ipsos para el día mundial de la salud mental 2025, el 62% de la población general identifica la salud mental como el principal problema de salud que afrontan los españoles, tres veces más que en 2018 cuando solo un 23% pensaba que era el principal problema de salud. 

Como consecuencia, la demanda de servicios de salud mental ha aumentado. Según la Encuesta Nacional de Salud, si en 2011 solamente un 3,5% de la población española decía que había consultado a un profesional de salud mental (psicólogo, psiquiatra, etc.) en los últimos 12 meses, en 2023 era el doble, 7,1%. 

Por otra parte, el porcentaje de personas registradas en la base de datos de atención primaria del sistema nacional de salud, con diagnósticos de problemas de salud mental, han pasado de un 25% en 2016, antes de la pandemia de la COVID, a un 35,6% en 2023. Un aumento de 42,4% de prevalencia registrada.

Otro dato importante nos lo muestran las bajas laborales. En 2024, 671.618 personas necesitaron darse de baja por problemas de salud mental, frente a las 283.999 que se dieron de baja por esta causa en 2016. Más de un 100% de aumento de incidencia en ese periodo.

Parte de estos problemas pueden expresar la medicalización de malestares (p.e. tristeza por la muerte de un familiar querido), o una mayor visibilización de los problemas mentales. Pero buena parte del aumento de la demanda se debe situaciones de sufrimiento psíquico severo, que requieren un acompañamiento profesional.

3.¿Por qué aumentan los problemas de salud mental?

Los factores demográficos (aumento y envejecimiento de la población), epidemiológicos (como la pandemia de la COVID), económicos y laborales (como la crisis financiera, con incertidumbre, precariedad, estrés, competitividad, desigualdad), las dificultades de acceso a una vivienda, la digitalización acelerada de las relaciones sociales, el cambio de modelo familiar, los fenómenos climáticos extremos, el impacto emocional de la violencia y las guerras y masacres televisadas, etc., en definitiva, un escenario que algunos estudiosos definen como “poli-crisis”, están ocasionando una sensación de vulnerabilidad, de aceleración e inestabilidad, que provocan un aumento de la incidencia y prevalencia de problemas de salud mental, en un momento en que el SNS también está en crisis.

4.La respuesta del sistema sanitario público no ha sido proporcionada y es muy insuficiente.

El abordaje de estos problemas debe ser integral, bio, psico social. Enfocado a la prevención y a una buena atención sanitaria. Sin embargo, el SNS destina solo un 5% del gasto sanitario público, frente a una necesidad de 10-20% (carga de enfermedad). Es absolutamente insuficiente.

Disponemos de la mitad de psiquiatras por 100.000 habitantes que en los países avanzados de la UE (10 frente a 20). La tercera parte de psicólogos clínicos (7 frente a 21). Falta igual o mayor de enfermeras de salud mental, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, expertos en primera persona como asistentes personales o monitores, etc. Es preciso que los gobiernos de las CCAA, con el apoyo del gobierno de España, diseñen una propuesta para duplicar el gasto en salud mental en los próximos 5-10 años. 

Pero, además, lo que se gasta actualmente no se orienta bien.

Casi la mitad del gasto sanitario público en salud mental se destina a gasto farmacéutico, un 40% del total, (hay una sobre medicación, con un 26,4% de la población consumiendo algún tipo de psicofármacos). Otra buena parte se destina a hospitalización (el 45%). 

Este gasto en medicamentos y hospitalizaciones va en detrimento de la salud mental comunitaria a la que solo se destina un 15% del presupuesto, totalmente insuficiente.

Como consecuencia, la calidad de la respuesta a los problemas de salud se deteriora. Así, la espera para una primera consulta, en promedio, es de 97 días, más de 3 meses. En algunas zonas la espera para consulta desde que el médico de familia o el pediatra solicitan la atención es de más de un año.

Además, el tiempo de atención por paciente es reducido. Para disminuir los tiempos de espera algunas Administraciones Sanitarias piden que se reduzca más el tiempo de atención y que se espacien más las consultas entre sí.

Por otra parte, la situación de las plantillas hace que muchas veces no haya continuidad en el profesional que atiende a una persona.

Esta insuficiencia, esta saturación y debilidad de la sanidad pública se constata en un dato: la mitad de las personas que solicitan una atención especializada de psiquiatría o psicología lo tienen que hacer en la sanidad privada. Los que pueden pagar. El derecho a una atención sanitaria pública universal y de calidad está siendo vulnerado.

La carencia de recursos y de coordinación de los servicios es más sensible en la atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así, en el Informe sobre la atención a la salud mental infanto-juvenil elaborado por la Confederación Saluld Mental España, y presentado en su XXIII Congreso se manifiesta: “En cuanto a los servicios públicos, los diferentes agentes destacan la insuficiencia estructural del sistema de atención a la salud mental infanto-juvenil. Se identifican importantes limitaciones relacionadas con la escasez de recursos humanos y materiales, las largas listas de espera, la rigidez de los modelos de intervención, la falta de continuidad asistencial y las dificultades para llevar adelante una atención personalizada. Además, existe una gran fragmentación entre los sistemas sanitario, educativo y social, lo que genera dificultades de acceso, seguimiento y derivación, especialmente para los casos complejos. A pesar de ello, los servicios públicos siguen siendo reconocidos como fundamentales en los procesos de atención, por lo que se afirma la necesidad urgente de emprender transformaciones en los modelos que permitan atener a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. 

5.Es preciso un relanzamiento de los programas de Salud Mental comunitaria, promoviendo la participación de la persona afectada por sufrimiento psíquico severo y el apoyo a la familia. Es indispensable reforzar el apoyo a los profesionales, facilitando los recursos necesarios, el tiempo de trabajo suficiente para cada paciente y la continuidad de la atención, además de una formación independiente de la industria. Debemos incorporar la participación de expertos en primera persona. Y debemos recuperar el trabajo en equipo, que permita la Intervención sobre el contexto y las condiciones de vida, intervenciones sociales, coordinación con dispositivos intermedios de los servicios sociales, con el ámbito educativo, laboral, vecinal, etc… Poner el foco en la persona, y tratar de llegar antes, con la prevención y la atención temprana.

6.En resumen: Los problemas de salud mental son importantes y preocupan a la sociedad. Estos problemas han aumentado sensiblemente en los últimos años. Los recursos, que ya eran la mitad de los necesarios antes de la pandemia de la COVID-19, ahora están completamente desbordados. 

7.La situación es complicada, pero hay esperanza. La economía española ha crecido, y con ella el número de trabajadores y los ingresos fiscales. El país dispone de recursos. Hace falta orientarlos a las prioridades sociales que consideremos importantes. Podemos, y debemos, impulsar un cambio en la prevención y en la atención sanitaria y social precisas, para contribuir a mejorar la salud mental y revertir la tendencia negativa. Por eso es importante que desde diferentes ámbitos demandemos e impulsemos los cambios necesarios.

Referencias

Ministerio de Sanidad. Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de los registros clínicos de atención primaria. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria. Fecha del informe: diciembre 2020. Datos de 2017.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf

Ipsos. Encuesta en el día de la Salud Mental. 2025.

https://www.vademecum.es/noticia-251008-la+salud+mental+se+consolida+como+el+mayor+problema+de+salud+para+la+poblaci+oacute+n+espa+ntilde+ola_634134

Ministerio de Sanidad. Informe anual SNS 2024 (2025).

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnual2024/INFORME_ANUAL_2024.pdf

Ministerio de Sanidad. Barómetro sanitario 2025. (2026)

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

Confederación Salud Mental España. Mutua Madrileña. La situación de la Salud Mental en España 2023. 

https://www.consaludmental.org/publicaciones/Estudio-situacion-salud-mental-2023.pdf

UGT. Salud mental y trabajo. 2025.

https://www.ugt.es/sites/default/files/informes/Informe_UGT_Salud_Mental_Trabajo_2025_0.pdf

Confederación Salud Mental España. La atención a la salud mental infanto-juvenil.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/estudio-atencion-salud-mental-infanto-juvenil/

ENCRUCIJADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

 Conferencia impartida el 8 de abril 2026 en el ciclo organizado por la Asociación de Vecinos de Barrio Polígono San Antón de Albacete

Mi intervención se referirá a la encrucijada en la que, a mi juicio, se encuentra el SNS.

El derecho a una sanidad pública universal y de calidad.

El derecho a la atención sanitaria pública no cayó del cielo por casualidad. El derecho a la sanidad pública, como otros derechos sociales, fue fruto de la lucha de muchas mujeres y hombres, de la lucha del movimiento obrero a finales del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX. Parte de la plus-valía, que era fruto del trabajo de todos y que acaparaban los capitalistas, se recuperó por los trabajadores en forma de mejores salarios, cuotas patronales de seguridad social e impuestos a la riqueza y el beneficio, con los que se financiaron los servicios públicos. Después de la segunda guerra mundial estos derechos sociales se fueron consolidando en diferentes países. Pero el capital y los grandes empresarios no quedaron conformes y a finales del siglo XX iniciaron una contraofensiva para volver a quedarse con lo que, en justicia, pertenece a toda la sociedad. El pensamiento neoliberal entiende que la atención sanitaria es un problema de cada uno que cada cual debe resolver como pueda.

Un amigo muy querido está recuperándose en el hospital de Talavera. Ha sufrido una enfermedad que se lo hubiera llevado por delante si no interviene a tiempo el servicio de salud. Me dice: 

“Fernando, haz lo que esté en tu mano para seguir defendiendo la sanidad pública. Sin sanidad pública las personas que no tenemos medios no tendríamos atención sanitaria. Yo no estaría vivo”. Mi amigo tiene razón. La salud y la atención sanitaria pública son un derecho humano necesario para llevar una vida digna y creativa. Pero ese derecho no es irreversible. Debemos defenderlo día a día.

Hace unos meses el Consejo Económico y Social, formado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, presentó un informe titulado “El Sistema Sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro”. En sus conclusiones se dice: “El sistema sanitario constituye un vector de cohesión social y crecimiento económico que atraviesa un momento crítico, en un contexto en el que confluyen importantes desafíos existentes hace décadas, a los que se añade la necesidad de incorporar las lecciones aprendidas de la pandemia y hacer frente a nuevos retos…” (pág 257). El momento crítico que denunciaba el CES continua y se agrava.

El SNS cumplirá 40 años dentro de unos días. La LGS se aprobó el 25 de abril de 1986 con un objetivo principal, la universalidad de la atención sanitaria, el reconocimiento del derecho de todas las personas a una sanidad pública de calidad. Ernest Lluch consiguió negociar con unos y con otros, fuera y dentro del gobierno, y al final la Ley se aprobó, con el voto en contra de Alianza Popular (hoy PP). Poco a poco se fue construyendo el SNS que logró un excelente desempeño y unos excelentes resultados.

Fijémonos que hoy España ha logrado alcanzar la EVN más alta de la UE y una de las más altas del mundo. Así, la EVN en España es de 84 años mientras la media de la UE es de 81,5 años y la media mundial es de 73,5.

Después de 40 años desde su creación, y a pesar de la difícil situación actual, el SNS en conjunto sigue siendo un buen sistema de salud. Sus rasgos principales son:

-Cobertura universal: derecho a la atención sanitaria a todos los españoles y a los extranjeros residentes en España. 

-Prestaciones completas: amplio abanico de prestaciones, de salud pública, atención primaria, urgencias, hospitalización, medicamentos, etc. 

-Financiación Pública mayoritaria, a través de impuestos.

-Gestión descentralizada a cargo de las CCAA 

-Gestión mayoritariamente directa, integrada y pública.

-Con una importante actividad de diagnóstico y tratamiento:

1 millón de Consultas diarias en medicina familiar y enfermería de Atención Primaria.

265.500 consultas diarias con especialistas hospitalarios.

11.000 Ingresos en hospitales públicos al día y 10.000 intervenciones quirúrgicas.

17 Trasplantes diarios; siendo el primer país del mundo en trasplantes de órganos.

En resumen, el SNS salva cada día miles de vidas en toda España. No es poca cosa.

Sin embargo, la sanidad pública viene experimentando un deterioro progresivo a raíz de la crisis financiera de 2008 y la gestión de dicha crisis, deterioro que se agravó después de la pandemia de la COVID-19, por la sobrecarga y el desbordamiento de un Sistema que seguía y sigue tocado. Pero ese deterioro tampoco cayó del cielo, tuvo y tiene unos responsables que conviene analizar.

La crisis financiera, los recortes, y el deterioro del SNS.

Es importante recordar que la crisis económica de 2008-2015 fue provocada por las grandes corporaciones financieras que ofrecieron hipotecas basura para lograr enormes beneficios, hasta que estallaron las burbujas especulativas, paralizando la economía y amenazando con la quiebra en cadena de los bancos, comenzando con el Lehman Brothers en 2008. Los gobiernos, presionados por los grandes poderes económicos causantes de la crisis, trataron de frenar esa avalancha destinando enormes fondos públicos, es decir, de todos nosotros, a rescatar a dichas entidades financieras. Para conseguir esos fondos, los gobiernos tuvieron que endeudarse, en nuestro nombre, con las mismas entidades financieras a las que rescataban (endeudamiento que todavía estamos pagando). A continuación, la Comisión Europea exigió a los países recortes en el gasto público (para poder hacer los rescates a los bancos).  Como consecuencia, en el SNS, y en otros servicios públicos, se cancelaron contratos de interinos, no se cubrían las bajas, no se cubrían las jubilaciones, se redujeron las plantillas y hubo recortes importantes en la inversión en equipamiento e infraestructuras. 

Estos recortes produjeron el deterioro de los servicios y de la calidad de los mismos, con un aumento considerable de los tiempos de espera, que todavía continua. En resumen, los más ricos habían conseguido trasvasar recursos que son de todos a beneficios abusivos de unos pocos afectando directamente a la sanidad.

Listas de Espera.

Veamos algunos datos de ese deterioro. Comenzaremos por las Listas de Espera. 

En atención primaria, según el Barómetro Sanitario, la media de días de espera, si no es atendido en el día o al día siguiente de su solicitud, pasó de 3,5 días en 2010 a 9,15 días en 2025, casi tres veces más.

En consultas externas, el tiempo medio de espera pasó de 53 a 105 días, el doble.

En cirugía programada, de 65 a 126 días, el doble.

También aumentó el tiempo de espera para pruebas diagnósticas, con lo cual, el tiempo para resolver un problema de salud, en no pocas ocasiones, puede superar el año. Este retraso en la atención supone incertidumbre para el paciente y su familia, sufrimiento innecesario, alargamiento de las bajas laborales y, en no pocas ocasiones, complicaciones o agravamiento que se podían haber evitado.

El aumento de la espera se debe, fundamentalmente, a un desajuste entre oferta y demanda. 

Es necesario y es posible abordar este tema con un enfoque integral y con los recursos precisos. De esa forma se puede lograr un tiempo reducido de espera acorde con las necesidades.

Personas con seguro sanitario privado.

Al mismo tiempo que se deterioraba la sanidad pública con el aumento de los tiempos de espera se incrementó el número de personas con un seguro privado, desde el 12,4% en 2014 a un 32,6% en 2024. Se ha duplicado. Fundamentalmente para “sortear” la lista de espera de diagnósticos y algunos procedimientos quirúrgicos menos graves. Es el mejor indicador del deterioro de la sanidad pública. Si la sanidad funciona la gente no paga un seguro privado. 

Como consecuencia: La valoración del sistema sanitario público ha empeorado. Antes de aprobar la Ley la mayoría de la población pensaba que la sanidad pública funcionaba mal o muy mal. Ya en 1992 las personas que opinaban que funcionaba bien o muy bien superaron el 50%. En 2010 ya suponían un 74%, frente al 25% que pensaban que funcionaba mal o muy mal. Con los recortes y el aumento de las listas de espera la valoración bajó hasta 2015, luego empezó una recuperación. Pero la pandemia supuso una sobrecarga para el sistema que rompió todas las costuras de unas estructuras ya debilitadas. En 2025 las personas que piensan que funciona mal o muy mal suman el 47,3%. Y en el último barómetro, de noviembre de 2025, ya superaban el 50%, mientras solo un 48,5% pensaba que funciona bien o muy bien. 

Por primera vez desde que comenzó la reforma sanitaria, las personas que opinan que funciona mal o muy mal habían superado el 50%. Los caminos volvían a cruzarse, pero esta vez en la dirección equivocada. 

Aspectos clave que inciden en el deterioro de la sanidad.

Para abordar posibles alternativas hemos de analizar el problema en profundidad. Me centraré en dos aspectos importantes: la financiación de la sanidad y el gobierno del sistema.

La financiación del SNS.

Como consecuencia de la codicia de los más ricos que provocó la crisis económica de 2008, el gasto sanitario público (GSP) se redujo entre 2010 y 2014 de forma importante afectando al personal, y a las infraestructuras. Una herida muy profunda. En 2015 comenzó una lenta recuperación, hasta que en 2022 el GSP superó ligeramente, en euros constantes, el GSP de 2009. Pero para ese entonces las necesidades de atención habían ido aumentando progresivamente. La población había crecido un 4%. Pero, sobre todo, la población mayor de 65 años, que consumimos más recursos sanitarios, creció un 20%. Y las tasas de prevalencia, ajustadas por edad, de patologías como algunos cánceres, o los problemas de salud mental, y otras, habían crecido más del 30%. 

Más tarde, el aumento de la demanda por la pandemia de la COVID, a la que los profesionales sanitarios respondieron con eficiencia y valentía, bloqueó la atención a otros procesos, agudizando los desequilibrios del sistema. 

En definitiva, hoy sería preciso incrementar los recursos destinados a sanidad pública en, al menos un 20-30% para atender a las necesidades actuales. Más de 20.000-25.000 millones de euros anuales. Es preciso situar el GSP en relación con el PIB en las cifras de los países europeos más avanzados, en todo caso en la media de la Euro Área. Al menos un punto y medio más en relación con el PIB.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El sistema fiscal español tiene un margen de crecimiento de 4 puntos de PIB anuales (60.000 millones de euros), aumentando la aportación de las grandes corporaciones y las grandes fortunas, para situarse en la media de los países europeos. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) con un modelo de financiación autonómica justo para costear las competencias transferidas. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente dichas competencias con los estándares de calidad exigibles. 

Por ejemplo, en los últimos años se han transferido más recursos económicos a las CCAA, pero no se han destinado a la sanidad pública a pesar de su deterioro.

Los primeros traspasos de recursos para hacer efectiva la competencia sanitaria, a Cataluña, Andalucía y otras, se realizaron con carácter finalista. Se calcularon los recursos y los presupuestos que se estaban destinando en ese momento a sanidad, y se transfirieron a la Comunidad Autónoma para esa finalidad. 

Sin embargo, en 1996 se aprobó un modelo de financiación autonómica con el traspaso de “cestas de tributos”, comenzando con el 30% del IRPF. Y en 2001 y 2009 se aprobaron nuevos acuerdos, con la cesión de 50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de impuestos especiales, y otros tributos. La cuantía de los tributos cedidos y de los fondos complementarios debía ser suficiente para cubrir las necesidades de financiación de la sanidad y los otros servicios transferidos (educación, dependencia, etc.). Pero ya no eran finalistas. 

Cada CCAA elabora sus presupuestos a partir de los ingresos previstos, y el parlamento autonómico los aprueba. Y cada gobierno autonómico es responsable de su ejecución. Es cada CCAA la que decide cuánto destina a sanidad pública, cuánto a gestión sanitaria privada, qué plantillas aprueba, con qué salarios, qué instalaciones construye y cómo las mantiene, etc., etc. El nuevo modelo de financiación autonómica, que se está discutiendo, debería garantizar que el dinero que es para sanidad pública va realmente a este fin y sea suficiente para garantizar la calidad y la equidad.

No es solo cuestión de recursos: la coordinación, la cohesión y la eficiencia del SNS.

Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen efectivamente la universalidad y la calidad de la atención. Hay problemas estructurales del propio SNS que debemos solucionar. Podríamos decir que nuestro país es una estructura política Federal, sin estructuras de gobierno federales.

Cuando se aprobó la Constitución decidimos que la estructura del Estado se organizaría en un gobierno central y unas CCAA que se irían conformando a partir de las provincias vecinas. Así se crearon 17 Comunidades y dos ciudades autónomas. La propia Constitución determinaba una serie de competencias que podrían ser asumidas por las CCAA, entre otras, la sanidad. Por eso, cuando se discutió la Ley General de Sanidad, hubo un importante debate entre quienes defendían un Servicio Nacional de Salud (como el subsecretario Pedro Sabando), continuación del Instituto Nacional de la Salud, con una gestión integrada, bajo una jerarquía de gestión para todo el territorio nacional, y quienes, como el Ministro Ernest Lluch, defendían que en nuestra Constitución solamente encajaba un Sistema Nacional, con la gestión sanitaria transferida, y con mecanismos de cohesión y coordinación que garantizaran un trato igual para todos.

En los primeros años, los mecanismos de coordinación fueron suficientes. El Ministerio tenía una inercia importante de gestión integrada. El Insalud mantuvo, hasta 2002, la competencia sobre la asistencia sanitaria de 10 CCAA y disponía de unos Servicios Centrales de planificación, evaluación, e inspección, que permitían una homogeneidad en la mitad del territorio. Y sus esquemas de trabajo (en Atención Primaria, reforma de Salud Mental, conciertos, etc.) se tomaban como referencia en las CCAA transferidas. Pero, con el tiempo, la capacidad de coordinación y liderazgo del Ministerio de Sanidad se ha desdibujado. 

Cada CCAA, a lo largo de los años, y en función de sus prioridades, ha ido perfilando su Servicio Regional de Salud. El aspecto positivo es que la autonomía permitió dar un impulso a la sanidad pública en toda España, sobre todo, en las CCAA que disponían de menos recursos, como Castilla-La Mancha. El aspecto no tan positivo es que los distintos Servicios Regionales han ido divergiendo, en parte por la financiación (gasto sanitario público per cápita con diferencias de hasta 40% entre una y otra), en parte por las orientaciones políticas (más gestión integrada o más gestión concertada), o la eficiencia en la gestión (con diferencias en tiempos de espera de más de tres veces entre una y otra CCAA). Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad ha perdido fuerza y capacidad de ser referente. Su función de coordinación y fomento de la cohesión se ve debilitada progresivamente. La Alta Inspección está infra desarrollada, y el Ministerio no tiene capacidad real de verificar si se está garantizando la igualdad de trato y de atención en todo el SNS, y no tiene recursos para tomar medidas correctoras.

Por su parte, el Consejo Interterritorial del SNS es un organismo sin capacidad de tomar decisiones mediante voto vinculante, para que sean ejecutivas en todo el SNS. No hay un gobierno federal de la sanidad, cuando el modelo competencial es federal. El Consejo es más un mini-parlamento, pero no es un órgano ejecutivo. El Consejo Interterritorial debería contar con estructuras que permitieran, por ejemplo, disponer de sistemas de información eficaces, realizar compras conjuntas, evaluar la calidad y seguridad de los servicios, control público de las bases de datos informatizadas, políticas de personal homogéneas, grandes inversiones, etc., etc. Debería ser capaz de vertebrar el SNS.

Dejar que las cosas sigan igual no es bastante.

La inercia no es bastante para sostener el SNS. No aguanta. Porque enfrente hay intereses poderosos, económicos y políticos, que presionan continuamente con un marketing organizado de miles de millones de euros para privatizar la sanidad como en EEUU: Compañías de Seguros, entidades financieras, Farmaindustria, redes de hospitales privados, y potentes Fondos de Inversión multinacionales, quieren obtener otros 100.000 M€ anuales más de nuestros bolsillos. Porque la ciudadanía pagaría más y recibiría menos. Así, en EEUU, que es el modelo que quieren implantar, con sanidad mayoritariamente privada, el gasto sanitario es el doble que en España, pero para grandes enfermedades el paciente no puede pagar, para muchos medicamentos no puede pagar… Entonces se endeuda y se arruina. Es la primera causa de quiebra familiar. Y la EVN es de 5 años menos que en España.

El tablero de juego no es neutral; en este momento hay líderes políticos, como Trump, que están poniendo en riesgo la democracia y los derechos humanos. Unos líderes al servicio de las grandes corporaciones y sus propios intereses económicos. Es la política del nuevo populismo autoritario-liberal convertida en un show repleto de mentiras disfrazadas con medias verdades.

La sanidad pública, como otros derechos sociales, y como la propia democracia está en riesgo por los intereses económicos globales de unos pocos, y por decisiones políticas cómplices.

Cuando en 2004 le preguntaron a una de las personas más ricas del mundo si es verdad que se había terminado la lucha de clases, Warren Buffet contestó: desde luego que no, la lucha de clases existe, pero esta vez la hemos empezado nosotros, los capitalistas, y la vamos ganando. Pocos años después estalló la Crisis financiera de 2008. Como hemos visto, la crisis no penalizó a los más ricos por su brutal enriquecimiento, sino que trasladó los costes del desastre a los trabajadores y las clases medias, con recortes en servicios públicos, congelación de salarios, despidos y cierre de empresas. El capitalismo financiero global, a través de los Gestores de Fondos de Inversión y de las grandes corporaciones, como BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, etc., tiene cada vez más fuerza, y en muchas ocasiones supera las capacidades de respuesta de gobiernos locales, nacionales o regionales. 

No es suficiente con culpar a las CCAA gobernadas por el PP.

Me llamó la atención cuando en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el Presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que  “… se sufre a diario. En las listas de espera … los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Y añadía: “El patrón es claro. Allí donde gobierna la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden, que las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que irse a una clínica privada pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo”. Y, a su vez, en la misma comparecencia, el Presidente afirmaba que en los últimos siete años se habían transferido 300.000 millones de euros más “para financiar los servicios públicos que están en manos de las CCAA”.

La pregunta que yo le haría al Presidente es: ¿el gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del gobierno y del Parlamento de la Nación. 

La salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del gobierno de España, asegurando, por un lado, recursos suficientes en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo un gobierno del Sistema más eficiente con los cambios estructurales precisos.

La encrucijada: ¿seguimos a la deriva o refundamos el SNS?

Estamos en una encrucijada. Hay varios caminos posibles. Seguir como estamos, dejando que avance la privatización en la financiación y la gestión de la sanidad, o reforzar el sistema sanitario público, reforzar y consolidar el SNS refundándolo para corregir sus insuficiencias y afrontar los retos de futuro. Es preciso tomar un rumbo acertado. Y, si nos lo proponemos, es posible. 

A mi juicio ese proyecto debería comprometer actuaciones en 5 áreas:

1.Mejorar el gobierno del sistema, la coordinación y la eficiencia. Reforzar el MS en su función de coordinación y fomento de la cooperación, con dotación de medios suficientes. Reforzar el Consejo Interterritorial del SNS con capacidad técnica y decisiones vinculantes.

2.Financiación pública suficiente para garantizar un sistema Universal, y unas prestaciones completas y de calidad. 

Destinar a sanidad pública 20.000-25.000 M€ anuales más; aumentando el GSPúb al 8,5-9% del PIB. Distribución a CCAA mediante modelo de financiación que puede (deseablemente) ser finalista para la sanidad (al menos en los fondos adicionales) y, en todo caso, establecer objetivos de calidad, estándares de recursos y de resultados, y sistemas de control y corrección, incluyendo si es preciso la aplicación del art 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central adoptar medidas necesarias para forzar a una CCAA a cumplir sus obligaciones legales (como es el derecho efectivo a una atención sanitaria de calidad y equitativa). 

3.Recursos Humanos adecuados a la necesidad, bien formados, y con una organización del trabajo eficaz y eficiente. Que puedan hacer frente al aumento de la demanda, con tiempos de espera reducidos, y tiempos de atención por paciente adecuados al problema de salud. Personal bien retribuido, con formación sin patrocinio de la industria, con incentivos para poder cubrir todas las necesidades en los diferentes horarios. Y un sistema de incompatibilidades y prohibición de puertas giratorias, con los estímulos laborales apropiados. 

4.Política farmacéutica eficiente. Reducir precios abusivos en medicamentos para ahorrar 11.500 M€ anuales (equivalente a más de 100.000 profesionales sanitarios). Reducir sobre-diagnóstico y sobre-prescripción (20-30%). Asumir el control de la formación continuada y las prioridades de investigación. Desarrollar una Plataforma pública de investigación y otra Plataforma pública de fabricación y compra (para terapias avanzadas, medicamentos esenciales, y reserva estratégica). 

Y reducir progresivamente los copagos hasta su eliminación y fomento de la educación sanitaria.

5.Gestión mayoritariamente pública de los recursos sanitarios. Reforzar las inversiones y la contratación de personal en los centros públicos. Eliminar las concesiones y conciertos de varios años de duración con la sanidad privada, ya que se convierten en productos financieros y ponen en riesgo la estabilidad del SNS. Utilizar conciertos de forma excepcional, con centros sin ánimo de lucro preferentemente, y con un fuerte control público. Integrar al personal de Muface, Isfas y Mugeju en el sistema general. Y suprimir las desgravaciones fiscales de las pólizas de seguros sanitarios privados de empresa o particulares.

Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario (incluyendo en este caso al PP), y son perfectamente viables. Así mismo, el Informe del Consejo Económico y Social, citado anteriormente, (al que se sumaron los empresarios), recoge muchas de estas propuestas. Dicho informe, propone el marco de un nuevo pacto social por la sanidad pública que implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad. 

Es fundamental que el Gobierno de España, con una perspectiva progresista, lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. 

Sin duda el momento político es muy complicado, pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en riesgo de desmontaje progresivo.

Hace falta impulsar la refundación del SNS con movilización social en cada lugar, en cada región, en cada país, y en toda Europa.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Es posible que mi diagnóstico sobre el SNS esté equivocado o sea exagerado. Pero si estoy en lo cierto, deberíamos reaccionar antes de que sea demasiado tarde. 

Y sin embargo no es fácil por varias razones: 

Las diferentes orientaciones y prioridades de los partidos políticos.

La inercia del modelo autonómico y las pulsiones independentistas o confederales de algunas autonomías dificultan la construcción de modelos de coordinación más fuertes, así como la asignación finalista de recursos y sistemas de control y corrección eficaces.

Otra razón es que el deterioro de la sanidad es progresivo, pero es lento. No hay una sensación de desmontaje radical, una sensación de urgencia. Y la reacción de muchas personas es la de buscarse la vida. 

El que puede paga una consulta privada o un seguro, el que no, va a urgencias del hospital, y si acaso, intenta buscar algún amigo sanitario para que le eche una mano. Pero muchos no tienen conciencia del peligro de desmontaje de la sanidad pública.

Al mismo tiempo, influye la presión política y mediática de los intereses privados en sanidad, las constantes acciones de lobby y la propaganda a todos los niveles para promocionar los seguros y la sanidad privada, mientras se cuestiona y desprestigia a la sanidad pública.

Y, además, lógicamente, hay otros problemas que los gobiernos deben afrontar, como la vivienda, el empleo, las guerras, o las infraestructuras ferroviarias, y la sanidad no parece tan urgente, y por eso se adoptan medidas parciales, aisladas e insuficientes.

Entonces ¿Cómo llamar la atención de los gobiernos y animarles a que aborden esta cuestión de forma integral y decidida?

Es preciso desarrollar y reforzar una confluencia de fuerzas progresistas con Plataformas locales, autonómicas y nacional, que diseñen una serie de acciones de incidencia política para animar al gobierno de España y los gobiernos autonómicos a poner en marcha la refundación del SNS. Para que sitúen esta refundación como una prioridad.

Probablemente las organizaciones con más posibilidad real de movilizar a la ciudadanía sean las centrales sindicales mayoritarias. Tienen una estructura fuerte y buenos equipos técnicos. Y una base de afiliados importante. Seguramente de ahí debería partir la toma de conciencia colectiva y el esfuerzo de movilización, como ya ocurriera en los comienzos del movimiento obrero y la lucha por los derechos sociales.

Desde esta base se pueden promover Plataformas en defensa de la sanidad pública, como las que impulsa la FADSP, sumando a asociaciones vecinales, como la del Polígono San Antón, asociaciones de consumidores, profesionales sanitarios, organizaciones de jubilados, el CERMI y las asociaciones de personas con discapacidad, las mareas blancas y otras... 

En este sentido, destacar que en los últimos dos años ha habido un aumento de movilizaciones en defensa de la sanidad pública (frente al aumento de listas de espera y deterioro de la calidad de los servicios): en Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia, Aragón o Castilla y León. Falta vertebrar y estructurar esos movimientos.

Cada una y cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, podemos hacer algo. Lo primero es tomar conciencia del problema, y luego, en la medida de nuestras posibilidades, participar en las acciones en defensa de la sanidad pública que se vayan planteando.

A veces parece imposible que se puedan cambiar las cosas. Pero en muchos momentos hemos demostrado que sí es posible cambiar. Hemos visto cómo se podía crear un sistema sanitario público, y cómo se podía mejorar sensiblemente la sanidad de la población en España por delante de otros países con mayor poder económico. Estoy convencido de que juntos podemos.

Se atribuye a Eduardo Galeano la frase: Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues yo estoy de acuerdo, muchas personas pequeñas, como nosotras y nosotros, haciendo cosas pequeñas, cada una en nuestro ámbito, podemos cambiar el mundo. Así que mucho ánimo y adelante.

Referencias.

OECD. Mortalidad evitable (prevenible y tratable). 2023.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/avoidable-mortality-preventable-and-treatable_e2e21c0b.html

Barómetro Sanitario, tercera oleada 2025. Noviembre. https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2025-tercera-oleada-?cuestionario=18010&muestra=26369&pregunta=657578&variable=1094813&chartType=bar

Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

Dictamen para la reconstrucción social y económica. https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

https://www.infolibre.es/politica/sanchez-denuncia-oposicion-destructiva-corrupcion-inmoral-privatizacion-servicios_1_2096337.html

https://elpais.com/opinion/2023-01-25/el-sistema-nacional-de-salud-necesita-una-refundacion.html

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=De%20hecho%2C%20durante%20los%20siete%20a%C3%B1os%20de,las%20CCAA%20durante%20la%20etapa%20del%20Gobierno

https://elpais.com/economia/2025-11-17/hacienda-presentara-a-principios-de-2026-una-propuesta-de-reforma-del-sistema-de-financiacion.html

Barómetro CIS diciembre 2010. Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

Hacienda propone un nuevo modelo de financiación.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2026/090126-modelo-financiacion-comunidades.aspx

Ministerio de Hacienda. Deuda. Transferencias.

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=aut%C3%B3nomas%20habr%C3%A1n%20recibido%20300.000%20millones%20de%20euros,propuesta%20%E2%80%9Chist%C3%B3rica%E2%80%9D%20que%20dotar%C3%A1%20%E2%80%9Cde%20m%C3%A1s%20autonom%C3%ADa

Blindaje de la sanidad pública.

https://diariofarma.com/2025/09/03/el-gobierno-fija-el-blindaje-de-la-universalidad-del-sns-como-prioridad-de-los-pge-2026

SATSE. Financiación finalista

https://www.satse.es/notas-prensa/-/v/85301/financiacion-finalista-sanidad

Andreu Mas Colell. Financiación autonómica.

https://elpais.com/espana/catalunya/2024-09-08/andreu-mas-colell-no-hay-que-pensar-tanto-en-la-financiacion-de-las-autonomias-sino-de-la-sanidad-y-la-educacion.html