El 10 de diciembre se publicó el Informe del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de los EEUU, presidido por Carolyne B. Maloney. El informe, titulado “Investigación en los precios de los medicamentos” es el resultado de tres años de trabajo, revisando más de 1,5 millones de páginas de documentos internos de las compañías farmacéuticas, realizando comparecencias de directivos de dichas empresas y analizando toda la información relevante (1).
Las conclusiones de la investigación son rotundas: las compañías farmacéuticas han subido los precios de los medicamentos continuamente durante décadas manipulando el sistema de patentes y otras leyes para retrasar la competencia de genéricos a precios más bajos. Como consecuencia, los precios son insostenibles, injustificables y abusivos.
El informe demuestra que el argumento de que los altos precios son necesarios para financiar la investigación es falso. Los costes de I+D no justifican estos precios. El gasto en investigación es una parte pequeña de sus beneficios. Entre 2016 y 2020 las 14 empresas líderes gastaron más dinero en recompra de acciones y dividendos que en investigación: un total de 577.000 millones de dólares. Por otra parte, buena parte de los medicamentos con los que han obtenido ganancias elevadísimas se han investigado con financiación pública, con dinero de los contribuyentes, directamente. Además, de los gastos que las empresas farmacéuticas contabilizan como investigación, una parte significativa no va a lo que se considera investigación innovadora, sino a mantener sus monopolios, extender la duración de los mismos, reforzar las estrategias de marketing de las empresas y suprimir la competencia.
El comité concluye que es precisa una reforma estructural del sistema.
En la rueda de prensa de presentación del Informe, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró: “El resultado de la investigación del Comité es claro: las familias americanas están sufriendo precios escandalosos en los medicamentos, mientras Big Pharma amasa beneficios record”. En efecto, el Informe señala que, entre 2016 y 2020 los ejecutivos de las 10 compañías investigadas recibieron, colectivamente, 800 millones $.
Ahora, con el impulso del Presidente Biden, el Congreso (Cámara de Representante y Senado) debatirán una ley (la Build Back Better Act) en la que, entre otras disposiciones, se habilitaría a Medicare (el seguro sanitario público para personas mayores) a que negocie los precios de los medicamentos con las compañías. Hasta ahora las compañías fijan los precios que quieren y Medicare, como los seguros de salud privados y los pacientes, tienen que aceptar ese precio. En el primer borrador de la ley se quería negociar, como punto de partida, el precio de 250 medicamentos. La presión de los lobbies de la industria farmacéutica habría logrado que, de momento, solamente se negociara el precio de 10. No es de extrañar la capacidad de influencia de la industria del medicamento, con más de 850 profesionales dedicados a esa tarea en el Congreso norteamericano (1,5 por cada congresista), y los más de 180 millones de dólares anuales en acciones de lobby en el Congreso.
A pesar de todo es un primer paso importante. Permitirá, por ejemplo, limitar el precio de la insulina a un máximo de 35$ al mes. Conviene recordar que, en EEUU, muchas personas mueren cada año por no poder pagarse el tratamiento con insulina, como la hija de Antoinette Worsham, diabética, que había muerto al tener que racionar la insulina que necesitaba porque, simplemente, su madre no podía pagarla. También serán incluidos otros medicamentos para el tratamiento del cáncer. Además, se fija un máximo de 2.000 $ al año lo que pagarían en medicinas las personas cubiertas por Medicare.
Este Informe vuelve a poner de manifiesto el efecto nocivo de las patentes y monopolios en medicamentos. La misma conclusión podemos sacar de la lectura del Informe de la campaña No es Sano: Los altos precios de los medicamentos en España: análisis de los fármacos aprobados durante la pandemia (2). En este sector, inevitablemente, las compañías abusan del monopolio pidiendo precios excesivos a los pacientes y los servicios de salud, muy por encima de los costes de I+D y de fabricación. Los enormes beneficios que logran con estos precios abusivos engrosan las cuentas de los directivos y de los principales accionistas, en detrimento del conjunto de la sociedad. Parte de ese dinero se utiliza para marketing y lobby, bloqueando cualquier transformación significativa del sistema. Por eso, los gobiernos deberían tomar nota y hacer caso de otro Informe publicado en 2016: el Informe del Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos y la innovación (3). En aquel Informe se recomendaba al Secretario General de Naciones Unidas que iniciara un proceso para la negociación de una Convención vinculante sobre Investigación y Desarrollo de medicamentos, que desvinculara los costes de I+D de los precios finales, para promover así el acceso a una buena salud para todos. Esta es la clave.
La pandemia de la COVID-19 es una prueba más de que tenemos que cambiar el modelo. Hemos pagado la investigación de las vacunas con dinero público. Se han pagado los ensayos clínicos y el desarrollo de los productos con compras anticipadas. Pero se ha cedido a las empresas el monopolio, para que decidan cuánto producen, a quién venden y a qué precio. El resultado ha sido un precio abusivo y una producción limitada. Quienes han podido (países de rentas altas) han pagado y se han vacunado. Quienes no han podido, se han quedado a la cola, en una brutal desigualdad frente a la pandemia que debería avergonzarnos. Pero, además, este modelo se nos vuelve en contra ya que, al no vacunar a millones de personas en países de bajos ingresos, el virus sigue circulando, sigue mutando, y llegó la ómicron, y sigue manteniendo en vilo a los sistemas de salud y a los países. Sin patentes y monopolios, con la mitad del dinero que hemos gastado los países ricos, se podría haber vacunado en 6 meses a toda la población del planeta. Desde julio hasta ahora ha muerto más de un millón de personas innecesariamente. Mucho sufrimiento, mucho dolor, pérdidas económicas, incertidumbre y miedo. No hay derecho. No es justo. Los gobiernos de la Unión Europea deben reaccionar y liderar un cambio de rumbo. Deben impulsar en Naciones Unidas una Convención para el acceso a los medicamentos que prohíba las patentes y los monopolios en las vacunas y tratamientos. Cuanto antes mejor.
(1)
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/DRUG%20PRICING%20REPORT%20WITH%20APPENDIX%20v3.pdf
(2)
http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2021/12/Informe_AltosPreciosMedicamentosEspaña.pdf
(3)
https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6ebf5e231b2f02cd3d4/1473890031320/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf
