SISTEMAS SANITARIOS, MEDICAMENTOS Y PATENTES. (en SIAP)

Buenas tardes. Agradezco a los organizadores su invitación, y especialmente a todos los participantes que dan vida al SIAP.

En el debate virtual hemos intercambiado ideas, análisis, comentarios, y propuestas que nos ayudan a comprender mejor las relaciones entre la Industria Farmacéutica, los profesionales sanitarios y los pacientes. Como dice Juan Gérvas, “lo esencial se ha cocido en el debate virtual”, donde se muestran muchas posibilidades de acciones individuales o asociativas para mejorar la independencia respecto a la IF, la mejora del ejercicio profesional, etc. Ahora bien, también el debate ha subrayado la importancia de los condicionantes legales. Eva García Camacho afirma en su ponencia: “Médicos y pacientes tenemos la obligación moral de reclamar la regulación ética de todos los agentes y la mejora del marco legislativo para garantizar la salud como derecho humano”. Así lo creo yo también. En esta ponencia plantearé una breve reflexión sobre el sistema sanitario y los medicamentos, con especial atención a los monopolios.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población (actuando sobre los determinantes de salud). 

Este derecho incluye la obligación de los Estados de garantizar que todos tengan acceso a medicamentos esenciales asequibles, particularmente aquellos que salvan vidas o son vitales para el bienestar. (1).

Los SISTEMAS SANITARIOS, por su parte, son las organizaciones sociales y las instituciones que tratan de garantizar el derecho a la atención sanitaria.

Definen la cobertura. A qué personas está obligado a atender el Sistema Sanitario. Definen las prestaciones: En Salud Pública, en Atención Primaria, en Hospitalización, etc. Incluyendo la prestación Farmacéutica, y los medicamentos (cuáles y a qué precios). 

Definen la fuente de financiación. Definen la cuantía del gasto sanitario público. Definen la organización y gestión del sistema. En España, por ejemplo, la organización se adapta al modelo autonómico, con algunas competencias estatales (como la política de medicamentos) y otras descentralizadas en las CCAA. La gestión es mayoritariamente pública. 

Establecen y regulan quién y con qué se llevan a cabo los servicios sanitarios: Tipo de profesionales, Tecnologías (incluyendo medicamentos) e Instituciones, incluyendo Centros de Salud, Hospitales y Oficinas de Farmacia.

Y definen los objetivos en resultados en salud y en satisfacción. 

Entre todos estos elementos debe haber un equilibrio, una cierta armonía.

En España los datos sobre el Sistema Sanitario siguen siendo buenos. Pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008-2010: Así, desde 2010 se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. La valoración de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado notablemente, desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien a un 54%. 

Y entretanto el número de personas con seguros sanitarios privados se ha duplicado, llegando ya al 30%.

A pesar del deterioro, los resultados en salud del SNS mantienen un buen nivel. La Esperanza de Vida al Nacer era de 84 años en 2023, la más alta de UE. Por otro lado, cuando accedes al servicio (3) la valoración de la atención recibida es buena o muy buena en 82,4% en AP, 81,7% en consulta de especialista y 81,4% en ingreso hospitalario. Notables y sobresalientes. 

Es decir, el SNS tiene una inercia grande y aguanta. Pero sigue un lento proceso de deterioro que tenemos que revertir. Y aquí es clave la política del medicamento. Las ganancias abusivas de la IF rompen el equilibrio del sistema sanitario, lo parasitan y lo debilitan, condicionando y controlando la orientación del Sistema y de la práctica profesional, de tal manera que, como señalan Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández en la revista AJM, “Las medicinas gobiernan la medicina”.

Porque, además, no estamos en terreno neutral, hay importantes poderes económicos interesados en la quiebra del Sistema Sanitario Público y su sustitución por un Modelo tipo EEUU, con una cobertura pública de menos del 50% y el resto con seguros privados (más o menos subvencionados), de diferentes niveles de calidad y diferentes catálogos de prestaciones, según las primas, y mucho más caro para el contribuyente y el conjunto de la sociedad. 

En el marco los Sistemas Sanitarios, los MEDICAMENTOS forman parte del derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos si se cumple en España el derecho al acceso al medicamento. La respuesta es que en muchos casos NO, como señalan en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granadilla o Luis Gimeno.

-Hay personas que necesitan y no pueden acceder, fundamentalmente por los copagos (un 4,6% de la población dejó de tomar medicamentos recetados en la sanidad pública, por motivos económicos; equivalente a más de 2 millones de personas).

-Pero, sobre todo, hay personas que consumen medicamentos innecesarios y, por lo tanto, perjudiciales (se estima en un 20% o más los medicamentos consumidos innecesariamente). Alrededor de 16.000 personas fallecen anualmente en España, “así como decenas de miles enferman y se hospitalizan”, por reacciones adversas a medicamentos (14). 

Con la tecnología y el desarrollo económico mundial debería poder garantizarse el derecho al acceso al medicamento necesario, en España y en todo el mundo, y con precios justos. Sin embargo, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema y lo debilita, perjudicando a la salud: bien por falta de acceso (a millones en el mundo pobre) o por exceso de medicación en el mundo rico. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica, a quién vende. Define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las Agencias de Autorización y Evaluación, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales y en su prescripción. Influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes… etc. etc.

¿Por qué pueden influir tanto, por qué tienen tanto poder?

Es importante ver la raíz del problema: ¿cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos? La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación, y se determinan en función del máximo que esté dispuesto a pagar el paciente o el Servicio de Salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual: la causa de los altos precios son LOS MONOPOLIOS que conceden las patentes. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años (20 o más) la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que, durante esos años, las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación, y que pagamos nosotros, ciudadanía y sistemas de salud. 

Dicen las empresas que las patentes son la sangre de la innovación. No es cierto; como apunta José Ramón Loayssa, la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa, en centros y laboratorios públicos. Y la Investigación que paga la industria, como veremos, la financiamos varias veces con los sobre precios. 

Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992. Y en el mundo la generalización de las patentes de medicamentos se produjo en 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. Un acuerdo impuesto por las empresas farmacéuticas y los gobiernos de EEUU, Suiza y otros países del Norte. Ahora bien, las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos. Las patentes en medicamentos no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias.

Como era previsible, en el campo del medicamento se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D. Insisto: los precios altos no son para pagar la investigación, son para obtener unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener el modelo actual. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y remuneraciones extraordinarias a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D. 

Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no era la finalidad del supuesto “incentivo” a la investigación, que se ha pervertido progresivamente.

¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes sienten que necesitan ese producto. Les va la vida en ello. En efecto: una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan, endeudándose o dejando de financiar otros servicios. Es la bolsa o la vida, un robo a mano armada. Con la peculiaridad de que, en este caso, la víctima (nosotros) le damos el arma al atracador (con las patentes y los monopolios).

Por su parte, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. ¿Por qué? Como señala Juanjo Rodríguez Sendín: Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios, no mejorar la salud. El medicamento se convierte así en un producto financiero, especulativo, ya que, además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se induce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. Un círculo vicioso perfecto.

Entonces: ¿Por qué los gobiernos no frenan el abuso de patentes y cambian el modelo de financiar la I+D?: porque no saben, porque no quieren o porque no pueden: porque no saben (cortos periodos de gobierno (una ministra/ministro de sanidad cada año y medio); narrativa dominante brutal: “ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, creamos empleo, invertimos en I+D”, etc.), porque no quieren (sensación de impotencia, “no vamos a poder hacer nada”, que lleva a no entrar en el tema y ocuparse de otras cosas; presión mediática; o directamente puertas giratorias y soborno), o porque no pueden (lo intentan pero les frenan: presión diplomática, comercial, industrial, como el Informe Especial 301 de la Oficina de Comercio del Presidente de los EEUU y la imposición de aranceles, la presión de Suiza con Imatinib en Colombia, etc). 

Aunque también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido: por ejemplo, los genéricos para luchar contra el Sida en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela y una gran movilización social, los genéricos de sofosbuvir para la Hepatitis C en Egipto, Licencias Obligatorias de medicamentos contra el Sida y el cáncer en varios países, o el caso Mediator y la Doctora de Brest, Irène Frachon, el caso rofecoxib y el Profesor Laporte, el desarrollo y producción pública de CAR-T en el Clínic o de la terapia celular NC1 en Puerta de Hierro, y otros muchos.

¿Cómo de grande es el abuso de la IF? Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker (10), para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar, en condiciones de competencia real. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos originales que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 12.364 M€ en 2023, y de esa cantidad las empresas destinaron como mucho a I+D 1.500 M€. El resto, 10.864 M€, se lo embolsaron como beneficios abusivos, que destinaron a otros fines. Para hacernos una idea esa cantidad es más de lo que se destinó a pagar a todo el personal de AP en la sanidad pública en España. 

El profesor Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, ha demostrado que los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, pero en España pagamos un precio medio de 20.000 euros por tratamiento para más de 100.000 personas. Pagamos más de 2.000 millones por lo que costaba 30 ¿Por qué? Así ocurre con otros muchos medicamentos, como el recientemente aprobado Lenacapavir, para tratamiento VIH SIDA, que cuesta 30 euros tratamiento y pagamos a 20.000 euros (11, 12). 

El problema de los altos precios de los medicamentos de marca se agrava porque las empresas de genéricos (a veces conectadas accionarialmente con las originarias) en lugar de competir para acercar los precios al coste de fabricación mantienen precios altos, cercanos a los de marca original, con estrategias de cártel que deberían ser vigiladas por el Ministerio de Sanidad y sancionadas por las autoridades de la competencia.

Como resultado, en 2023 el gasto sanitario público total (EGSP) ascendió a 97.661 M€. De esta cantidad, 23.224 M€ se gastaron en medicamentos. 

Es decir, el gasto público en medicamentos supuso cerca un 24% sobre el gasto sanitario público total, casi el doble que en AP. El gasto farmacéutico debería ser, como máximo, la mitad. Y, sin embargo, sigue creciendo.

 Una mala política de medicamentos influye negativamente en el Sistema Sanitario y en la práctica profesional (como se ha visto en el debate virtual de este SIAP) y como señalan es sus comentarios Ana Mª Furio (que habla de “merma”), Paco Abal (que habla de “estrangulamiento”), Antonio Granadilla (apuntando que impide financiar áreas más necesarias como la AP). Pero no solo restan recursos de otras partidas necesarias, lo cual ya es muy grave, sino que, como apuntan Roberto Colino, Joan Ramon Laporte o Luis Gimeno, corrompen el sistema, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la profesionalidad y la ética, y medicamentalizan la atención sanitaria y la sociedad. 

Además, como recuerda José Ramón Loayssa, al exceso de gasto por sobre precios se debe añadir el gasto por sobre prescripción, utilización inadecuada y excesiva, que podemos estimar en otros 6.140 M€ anuales en 2023 (suponiendo que un 20% de los medicamentos totales prescritos son innecesarios).

¿Existen ALTERNATIVAS a esta política de medicamentos?

Hay alternativas. Se pueden y deben poner en marcha iniciativas puntuales (como se ha visto en el debate virtual del SIAP y se verá a lo largo de las sesiones presenciales), y, si es posible se debe elaborar una estrategia a medio y largo plazo, de ámbito nacional o internacional, en la que participen distintas organizaciones. El esquema que propone Mikel Baza, con 5 medidas para mejorar el uso del medicamento, orientadas a cada uno de los colectivos (profesionales, gestores, sociedades científicas, legisladores y gobernantes, asociaciones de pacientes, pacientes y familiares), me parece una muy buena síntesis.

Entre las distintas propuestas planteadas insistiré que considero clave seguir reclamando la supresión de las patentes y los monopolios en medicamentos, porque son las que permiten perpetuar la corrupción del modelo: si no suprimimos los monopolios, la IF seguirá aumentando la munición para sus políticas de marketing y lobby. Para cambiar el modelo de monopolios en medicamentos se precisan cambios en la UE y en organismos internacionales (OMS; OMC). Son decisiones de ámbito global, de medio o largo plazo. Pero son cambios posibles, que deben promover los gobiernos nacionales. Nosotros podemos recordar a nuestro gobierno la necesidad de plantear estas cuestiones, y podemos colaborar creando conciencia y presionando en la medida de nuestras posibilidades, mientras avanzamos en otra serie de medidas concretas y de corto plazo.

El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU (antes de Trump), o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo público de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección. Es un cambio viable que permitiría ahorrar globalmente un billón de dólares anuales en gasto farmacéutico abusivo, y destinar estos recursos a otras finalidades sanitarias, sociales y medioambientales.

En conclusión: Las experiencias compartidas en el debate virtual permiten afirmar que es posible el cambio, como recuerda Sendín: en lo local, en lo concreto y lo cercano, con las decisiones personales de cada una de nosotras y de nosotros, y presionando a nuestras Asociaciones, Sociedades, Colegios, Organizaciones, para que introduzcan cambios en sus comportamientos. Y, en lo global, tratando de concienciar y generar la movilización de la ciudadanía para que presione en los ámbitos de gobierno regional, nacional y global. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen Sistema Sanitario público, con un equilibrio saludable, que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad para todas y todos.

No es nada fácil. Pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, mucho conocimiento, y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más. Y cada vez que una de nosotras y de nosotros toma conciencia, cambia el mundo. Ese es el punto de partida. 

Y cuando vengan mal dadas recordad las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia: nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones.

Así que mucho ánimo, y muchas gracias por vuestra atención.

REFERENCIAS

(1).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 11 de agosto 2000.

https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991

(2). Eurostat Database, Gasto Sanitario Público. Consultada 28 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf__custom_17219070/default/table?lang=en

(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario CIS, 2025 (primera oleada).

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2025/BS_2025_1a_oleada/es3509mar.pdf

(4). Ministerio de Sanidad. Sistema de información sobre listas de espera en el SNS. Diciembre 2024.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic2024.pdf

(5).Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Septiembre 2025.

https://www.cis.es/documents/d/cis/es3524vpMT_a

(6).Eurostat Database, Esperanza de Vida al Nacer. Consultada 22 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor

(7).OECD. Health at a Glance: Europe 2024. Mortalidad prevenible y tratable.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html

(8).Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.

(9). Prescrire´s ratings of new drugs in 2022. Prescrire international 2023. https://english.prescrire.org/en/81/168/66185/0/NewsDetails.aspx

(10). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/

(11).Hill A. What is the real price of medicines?, 2019.

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf

(12).Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/

(13).Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 agosto 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

(14). Laporte JR. Crónica de una sociedad intoxicada. Editorial Península. 2024.

Dictamen: aprobado Pleno del Congreso 22 de julio 2020, mayoría amplia.

https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

Ley del medicamento

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343

¿Servirá la ley propuesta por el Gobierno de España para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del SNS?

 [Artículo publicado en Médicos y Pacientes. Fernando Lamata Cotanda, Luis Ángel Oteo Ochoa, Juan José Rodríguez Sendín]

 

Los partidos que forman la coalición de Gobierno en España han defendido siempre una sanidad pública para todas las personas y de buena calidad. Sin embargo, el anteproyecto de ley presentado por el gobierno no parece suficiente para corregir los problemas estructurales y el deterioro de los servicios sanitarios producidos en los últimos diez años.

 

La ley plantea reforzar el buen gobierno del sistema, con políticas de salud más eficaces y eficientes. Y, por eso, quiere renovar y ampliar las capacidades del SNS, creando un modelo de salud más robusto, flexible y resiliente. Pero el texto del anteproyecto de ley, en lugar de recoger medidas en esa dirección, nos anuncia que ese fortalecimiento se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Ahora bien, este Plan, en su componente 18, referido a la renovación y ampliación de las capacidades del SNS, es claramente insuficiente para lograr la finalidad declarada. El Plan menciona una serie de reformas, instrumentos estratégicos y leyes que se deberán desarrollar, para los que asigna una inversión de 1.069 millones de euros en 2022-2023, unos 500 millones de euros anuales.

 

Si esta ley pretende consolidar el SNS, tal como está formulada, no lo va a conseguir. En primer lugar, porque el SNS tiene un déficit de financiación estructural mucho mayor que los 500 millones citados. Y ese déficit se debe resolver para hablar, no solo retóricamente, de consolidación del sistema. Conviene insistir: el SNS está sufriendo un deterioro progresivo desde 2009, cuando en la crisis financiera se aplicaron severos recortes a la financiación sanitaria pública. Este deterioro se traduce en sobrecarga y agotamiento de los profesionales, peor calidad de los servicios, aumento de listas de espera, y derivación a la sanidad privada de aquellas familias que pueden permitirse pagar. La situación es muy grave. No se trata de problemas menores, que se puedan corregir con pequeños retoques. Es precisa una refundación del SNS, empezando con una financiación suficiente.  

 

Según los datos recogidos en Eurostat Data Base, el Gasto Sanitario Público en la Euroárea-12 en 2019, antes de la pandemia, fue de 8,23% del PIB. En España, según la misma fuente, fue de 6,45% del PIB, una diferencia de 1,78 puntos en relación con el PIB. Traducido a euros, una diferencia de 21.506,8 millones de euros. (Cabe mencionar que el gasto sanitario público, en relación con su PIB, de varios países avanzados de la UE fue todavía mayor: Holanda 8,40%; Suecia 9,22%; Francia 9,26%; Alemania 9,90%).

 

Es decir, si el gasto sanitario público en España en 2019 fue de 81.590 millones de euros (según el Sistema de Cuentas de Salud, del Ministerio de Sanidad), la sanidad pública española debería haber dispuesto de 21.506,8 millones € más, un 26,36% más de recursos para equipararse a los países de nuestro entorno. ¿Puede permitirse nuestro país destinar esos recursos adicionales a la sanidad pública? Según nuestro nivel de renta desde luego que sí. Pero para hacerlo es preciso que nuestro sistema fiscal se equipare al de los países avanzados de la Unión Europea (UE). En efecto, la recaudación fiscal en la Euroárea-19, según Eurostat Data Base, supuso el 46,3% del PIB en 2019. En España la recaudación fiscal ascendió al 39,2%, es decir, 7,1 puntos de PIB menos, equivalente a 85.785,6 millones € en aquel año. Si el esfuerzo fiscal fuera igual al de la Euroárea, lo cual parece razonable, dispondríamos de recursos suficientes para financiar la sanidad, y mejorar la financiación de otras políticas públicas. Toda financiación sanitaria adicional deberá ser asignada preferentemente a corregir la devaluación de las rentas del trabajo, potenciar la salud pública y capitalizar orgánicamente (inversión real sostenible) el sistema sanitario.   

 

Uno de los aspectos que pretende resolver la ley es el de la universalización. Sin embargo, mantiene el subsistema de atención sanitaria a través de las mutualidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU. La permanencia de esta división no tiene sentido hoy y supone una discriminación entre españoles y una fragmentación del sistema sanitario público que lo debilita, como una anemia crónica. No podemos hablar de cobertura universal, de cartera de servicios única y de gestión pública directa, si se mantiene esta fórmula, que ofrece una cartera de servicios diferenciada para más de 2 millones de personas, con un sistema de subcontratación a compañías de seguros privados. La Ley debería integrar la atención sanitaria de las mutualidades en el sistema general, previendo, si acaso, un régimen transitorio para los mutualistas actuales. Por otro lado, para garantizar la universalidad, se debería resolver la atención a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, siguiendo las recomendaciones de REDER, reconociendo su titularidad del derecho a la atención, así como la homogeneidad y simplificación en los procedimientos de reconocimiento del derecho y las fórmulas de atención en todas las CCAA, con sistemas de garantía por parte del Estado.

 

En cuanto a las formas de gestión, la ley indica la preferencia por la gestión pública directa, y eso está bien, pero mantiene las formas de contratación privada, acuerdos, conciertos, etc. La ley debería, al menos, prohibir la fórmula de las concesiones sanitarias, que están suponiendo un grave perjuicio a la cohesión del SNS. Así mismo, en el resto de fórmulas de contratación privada para la provisión de servicios sanitarios públicos, se debería dar preferencia a entidades sin ánimo de lucro. 

 

La ley acierta al recuperar una cartera común de servicios única del SNS. Pero se queda corta al mantener los copagos actuales, que deberían ir reduciéndose progresivamente, y no incluye prestaciones cubiertas de forma muy incompleta, como la atención odontológica. Esta insuficiencia de la cartera, y el déficit de financiación estructural, hace que en  España el porcentaje de gasto sanitario que tiene que aportar el ciudadano privadamente esté creciendo y sea bastante mayor que en la Euroárea (30% frente a 20% en 2019), suponiendo una barrera de acceso para las personas de rentas más bajas. Además, como se ha dicho, la calidad de prestaciones se está deteriorando por falta de financiación suficiente.

 

¿Qué pasa con la cohesión en el SNS? La ley habla del Fondo de Garantía Asistencial, que sirve para que una Comunidad Autónoma pague la asistencia sanitaria de personas residentes en su territorio que han sido atendidas en otras CCAA. Esto está bien. Pero es absolutamente insuficiente para garantizar una atención igual, equitativa, y sin barreras, en todas las CCAA. La cohesión del SNS y su equidad requieren una financiación reforzada (26% más de presupuesto anual). La distribución de la financiación sanitaria debe ser equitativa, garantizando un gasto sanitario público por habitante igual en todas las CCAA. Y, además, se requiere un potente fondo de Cohesión gestionado por el Ministerio de Sanidad para impulsar políticas de Estado (salud pública, sistemas de información, garantía de calidad, estrategias de salud del SNS, etc.). Para ello es preciso, a su vez, que se lleven a cabo una reforma fiscal y una reforma del sistema de financiación autonómica, ambas previstas por el gobierno, que permitan resolver los déficits señalados de recursos públicos. Es preciso también reforzar la capacidad de gobierno del SNS, para lo cual se debe fortalecer el Ministerio de Sanidad significativamente y se debe dotar al Consejo Interterritorial de capacidad efectiva de toma de decisiones vinculante. 

 

Se habla de participación ciudadana, y está bien. Pero no se prevé la financiación pública de las asociaciones de pacientes que participen en el Comité Consultivo del SNS, así como la prohibición rotunda de recibir patrocinio privado de empresas con intereses en el sector sanitario (singularmente la industria farmacéutica). Si hay patrocinio privado, la opinión de las asociaciones de pacientes podría estar sesgada por el patrocinador. En este sentido, el gobierno ha anunciado también una reforma de la Ley del medicamento. Sería preciso introducir ahí políticas de reducción de precios, para corregir una de las mayores ineficiencias del SNS, y aliviar la carga de gasto farmacéutico injustificado, que asciende a más de 8.000 millones de euros anuales. Esos fondos podrían invertirse en mejorar la calidad, la formación independiente de los profesionales y asociaciones sanitarias y la cohesión del SNS.

 

En resumen, la anunciada Ley de consolidación de la equidad, la universalidad y la cohesión del SNS es una oportunidad para corregir alguno de los graves problemas estructurales de la sanidad española (financiación, gobernanza, universalidad incompleta, pérdida de calidad, ineficiencia farmacéutica, refuerzo de la atención primaria y de la salud mental, etc.). Pero, tal como está el anteproyecto, no serviría para lograr dicha consolidación. El SNS está gravemente enfermo y esta ley no resolvería los problemas de fondo que padece.

 

Cuatro escenarios para hacer accesibles los medicamentos

Durante los últimos años los precios de los nuevos medicamentos se han incrementado de forma significativa. Las compañías farmacéuticas no fijan los precios basados en los costes de manufactura e investigación y desarrollo, sino que los fijan en el máximo que pueden demandar a los países o a los pacientes. Este modelo provoca que muchos pacientes no puedan comprar o recibir las medicinas que necesitan y pone en riesgo la viabilidad de los sistemas sanitarios, desviando recursos necesarios hacia beneficios excesivos de las grandes corporaciones. Se ha roto un equilibrio y es preciso repensar el modelo.

Con estas reflexiones comienza el análisis de un trabajo sobre los precios de los medicamentos que han desarrollado el Centro Belga de Conocimiento en Atención Sanitaria, y el Instituto Nacional de Atención Sanitaria holandés. Ellos han coordinado los debates de un grupo de expertos internacionales para imaginar cuatro escenarios posibles para lograr que todas las personas tengan acceso a los medicamentos que necesitan. Es un documento interesantísimo (1).

En la presentación del documento, las Ministras de Salud de Bélgica y de Holanda señalan que los instrumentos que tenemos para poder controlar el aumento de precios de los nuevos medicamentos y el gasto sanitario son insuficientes. Entienden que es preciso trabajar conjuntamente, varios países, o el conjunto de la Unión Europea. Pero aún así, indican, no sería eficaz el esfuerzo, si no se cambia el marco de análisis. Si continuamos buscando las soluciones en el actual marco de la política farmacéutica, marcada por el modelo de negocio de la industria farmacéutica, no conseguiremos soluciones adecuadas. Hemos de mirar “fuera de la caja”, hemos de buscar nuevos marcos de análisis y nuevos escenarios. Un nuevo discurso. Esta reflexión es clave.

El actual modelo de fijación de precios se basa en el enorme poder de negociación de las corporaciones farmacéuticas basado en las patentes que conceden los gobiernos. Este modelo estaba pensado para financiar y estimular la I+D. Pero, con el tiempo, se ha comprobado que este modelo no funciona. Se ha desequilibrado y no es posible gobernarlo. Además de los altos precios impuestos con el monopolio, se producen varios efectos adversos. Por un lado se privatiza la I+D con financiación pública (realizada a través de institutos, universidades, becas, etc.). La industria aprovecha esas inversiones y luego desarrolla las fases finales, patenta y obtiene los beneficios. Por otro lado, las patentes incentivan la investigación incremental en los campos que dan más ganancias, en vez de en innovación. También produce el efecto de que algunos laboratorios retiren medicamentos eficaces menos caros y los sustituyan por nuevos, más caros, sin valor terapéutico añadido. Además, la investigación promovida por patentes no fija sus prioridades en las necesidades de salud, y se producen duplicaciones y retrasos, con desperdicio de recursos.

El documento propone cuatro escenarios como posibles alternativas.

Escenario 1: Iniciativas Público Privadas orientadas a las necesidades.

El gobierno de esta iniciativa es público. Las prioridades de investigación las fijan las autoridades sanitarias, con expertos independientes. Las autoridades definen los criterios de calidad. Se negocia precio y volumen. Los procesos son transparentes. En cuanto a la patente y exclusividad de datos se decide caso a caso: sin patente / patente compartida / patente privada.

Escenario 2: Desarrollo de medicamentos en una vía paralela.

La UE constituye una vía de desarrollo paralela para desarrollar medicamentos asequibles. Las autoridades sanitarias definen las prioridades. La investigación se desarrolla en institutos públicos y el desarrollo hasta la comercialización se lleva a cabo por esos institutos o se contrata con otras entidades como iniciativas sin ánimo de lucro (plataformas públicas). La investigación es abierta. El medicamento se considera bien público, por lo tanto no hay protección de patente privada. Se puede empezar por campos prioritarios: medicamentos antibióticos, para enfermedades poco frecuentes, etc.

Escenario 3: Compra de patentes.

La UE constituye un consorcio para gestionar un Fondo Público para medicamentos asequibles. El fondo busca medicamentos en desarrollo y compra las patentes. El fondo financia la finalización de las fases de desarrollo hasta la comercialización. Los medicamentos son bienes públicos.

Escenario 4: Bienes públicos desde la A a la Z.

El desarrollo de los medicamentos es una actividad pública. Las prioridades de investigación se fijan en función de las necesidades de salud. Los gobiernos financian y organizan la investigación y el desarrollo. No hay patentes ni precios de monopolio. Los precios se basan en los costes de fabricación.

Para llegar a esta fase se puede avanzar con varios pasos. Aumentar la fuerza de negociación sumando varios países o toda la UE. Modificar la legislación de patentes para que no afecte a los medicamentos. Favorecer la entrada de medicamentos genéricos. Utilizar licencias obligatorias. Crear un Instituto Europeo de Medicofarmacología, con financiación pública, prioridades de investigación en función de necesidades, investigación abierta, precios a coste de fabricación.

Los tres primeros escenarios pueden ser complementarios y su desarrollo podría conducir progresivamente al cuarto escenario, que es, desde mi punto de vista, el más sólido a medio y largo plazo.

El valor de este documento es que muestra la necesidad de un nuevo marco de análisis para la discusión de los precios de los medicamentos, cuestionando el modelo actual basado en las patentes y el beneficio de las grandes corporaciones.  El marco conceptual de estos cuatro escenarios, en cambio, es que la salud es un derecho humano, que los medicamentos necesarios para el paciente son un derecho humano, y por lo tanto, el medicamento es un bien público, que debe ser accesible a las personas que lo necesiten. Es tarea de los gobiernos regionales y nacionales, responsables de la fijación de precios de los medicamentos y de la gestión sanitaria, profundizar en estos escenarios, y poner en marcha los mecanismos jurídicos, técnicos y logísticos, que permitan construir la alternativa que resulte más válida.

(1)  https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Drug%20Pricing%20Scenarios%20Summary_ENG_final.pdf

Se dispara el gasto farmacéutico hospitalario

En los últimos tres años, mientras se “ajustaba” el gasto farmacéutico ambulatorio, y se pasaba parte importante de ese ajuste al bolsillo de los pacientes (2.525 millones de euros comparando 2009 y 2013), aumentaba de forma importante el gasto farmacéutico en los hospitales.

En esta ocasión los datos los facilita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (1).

Entre 2014 y 2015 el gasto en medicamentos en hospitales públicos subió de 5.282 millones de euros a 6.669 millones de euros: un 26,26%. Este tremendo crecimiento se debe a los injustificados precios de los nuevos medicamentos. Si los nuevos medicamentos (para el cáncer, enfermedades neurológicas, antivirales, etc.) se pagaran a precio de coste (fabricación + I&D), el gasto sería mucho menor. Por ejemplo, entre 2014 y 2015, según los datos de Hacienda, se habrían pagado un total de 1.358,9 millones de euros por medicamentos para la hepatitis C. Según el Ministerio de Sanidad se han tratado cerca de 50.000 pacientes. El precio por tratamiento de cada paciente habría sido de 27.179 € (combinaciones de uno, dos o más fármacos). Según el Instituto de Salud Global, el coste de tratamiento por paciente podría ser 300€ (2). Con una combinación de dos fármacos, 600€/paciente. Es decir, el coste total para el sistema de salud debería haber sido en torno a los 30 millones de euros en lugar de 1.358,9 millones (4.529% más). 

En enero de 2016, último dato que publica Hacienda, ha continuado el aumento del gasto farmacéutico en los hospitales, un 13,4%, 61,29 millones de euros más, respecto a 2015. Los medicamentos para la hepatitis C han supuesto 59,75 millones, 13,45 millones de euros más que el mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento de 29%.

Mes de enero, millones €	2015	2016	diferencia	% diferencia
Gasto Farm Hospital	458,815	520,112	61,297	13,4%
Gasto Farm Hosp sin HC	412,516	460,358	47,842	11,6%
Gasto Far Hosp para HC	46,299	59,754	13,455	29,06%

No hay datos de gasto farmacéutico hospitalario publicados por el Ministerio para años anteriores a 2014. Tomando datos de la Memoria Anual 2014 de Farmaindustria, el gasto farmacéutico hospialario en 2013 se situaba en 4.425 millones y en 2012 en 4.317 millones de euros (público y privado). El incremento hasta los 6.669 millones de 2015 es insostenible. Así lo hacen notar las instituciones de la UE en las Recomendaciones del Consejo relativas al Programa Nacional de Reformas de 2016, publicadas el 18 de mayo (págs 4 y 5) (3): “el crecimiento del gasto en productos farmacéuticos, en particular en los hospitales, se intensificó aún más, incluso si se excluyen las repercusiones de la financiación de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C”.

Pero además, según los datos del Ministerio de Sanidad, el gasto farmacéutico ambulatorio también ha vuelto a crecer (4):

En los primeros tres meses del año, respecto al año 2015, el gasto de la farmacia ambulatoria creció un 3,12%.

Teniendo en cuenta que el presupuesto sanitario total está limitado por las restricciones impuestas por el gobierno de España y su programa de estabilidad, que exige reducir el déficit público (provocado por el rescate de las entidades financieras y el enorme fraude fiscal de las grandes fortunas), este incremento del gasto farmacéutico solo puede hacerse a costa de disminuir otras partidas de la atención sanitaria, dispositivos médicos, electromedicina, tecnología y, sobretodo, reduciendo la dotación y remunarción de los profesionales. En definitiva, disminuyendo calidad de la atención, cobertura y acceso a los pacientes.

Es preciso controlar el incremento del gasto farmacéutico, y para ello, a corto plazo se deben ajustar los precios de los medicamenots realtmente efectivos al coste de producción y, a medio plazo, se debe cambiar el modelo de financiación de la investigación desligándolo de la fijación de precios de los nuevos medicamentos. El modelo actual funciona bien para algunas empresas farmacéuticas, pero funciona muy mal para lo servicios de salud, para muchos pacienets que ven retrasada su atención y para los contribuyentes.

Este modelo está condicionado por el poder de negociación de las empresas, generado por las patentes de producto que otorgan los gobiernos y que concede un monopolio que les permite cobrar sobre-precios exagerados. Una vez escuché: "es como si en el refrán de "la bolsa o la vida",  la pistola (el monopolio de la patente) se la diera la víctima al atracador".

(1) http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Gasto%20Sanitario/Publicación%20Gasto%20en%20productos%20farmacéuticos%20y%20sanitarios%202016_01(v20160422).xls

(2)

https://www.isglobal.org/es/web/guest/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/hepatitis-c-la-locura-de-pagar-un-tratamiento-hasta-800-veces-mas-caro-que-su-coste-de-produccion/3259152/0

(3)

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_spain_es.pdf

(4)

http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/marzo2016.htm

HISTORIA DE UN RESCATE ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?

Piensa mi hija que el Rescate aprobado por el Eurogrupo la tarde del sábado pasado (9/6/2012) supone más dinero para los bancos, con más costes y con menos derechos para los ciudadanos. Hasta llegar a esa conclusión planteaba las siguientes hipótesis: ¿Y si fuera cierto que…?

-Desde los años 80 del siglo XX, los gobiernos quitan controles y limitaciones a los Bancos y entidades financieras, permiten la compra/ventas en una dimensión y con una velocidad ingobernables, también de productos tóxicos, y se crea una enorme burbuja financiera. Los ejecutivos de estas entidades cobran más cuantas más compra/ventas hacen, ingresando sueldos de cientos de miles de euros al año. En 2008 quiebra Lehman Brothers y luego caen numerosas entidades en EEUU y Europa, que son nacionalizadas o reciben cuantiosas ayudas de los contribuyentes. Ejecutivos de estas entidades siguen en la misma función, o en puestos importantes de los gobiernos.

-Los gobiernos permiten, y no frenan, la burbuja inmobiliaria (ley del suelo 1998; la construcción llega a suponer el 12% del PIB, 3 veces más que en la UE; se construyen 500.000 viviendas/año a precios que suben más de un 10% anual). No se cambia el modelo productivo.

-El gobierno de España, confiado en el aumento de la actividad económica y los ingresos públicos (derivados de las burbujas inmobiliaria y financiera) reduce la presión fiscal sobre las rentas del capital, y reduce o suprime diferentes impuestos (IRPF, IVA, patrimonio, sucesiones, etc.). Además, aplica amnistías fiscales. Además, no mejora eficazmente la lucha contra el fraude fiscal (que ya asciende a 7% del PIB). Y además, los gobiernos occidentales (tampoco España) siguen sin atacar con decisión los paraísos fiscales.

-El gobierno de España promueve (23/8/2011) la reforma de la Constitución (art 135.4) para dar prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda.

Si al mismo tiempo,

-Los bancos españoles pidieron mucho dinero prestado a bancos alemanes, ingleses, franceses… (deuda de más de 1 billón de euros) y ahora tienen problemas para devolver los “vencimientos”, porque la actividad económica ha caído, y porque parte de los préstamos que dieron a empresas y particulares no se están devolviendo. Y el valor de los bienes que garantizaban los préstamos es menor que el valor del préstamo (viviendas sobrevaloradas por sus propios tasadores).

-Muchos particulares que pidieron un préstamo para comprar una vivienda han perdido su empleo o capacidad de pago y no pueden devolver los créditos.

-Muchas empresas promotoras de vivienda han quebrado y no pueden devolver los créditos.

-Muchas empresas productivas han quebrado. Se han destruido más de 2,5 millones de puestos de trabajo creados entre 2000 y 2007. Los ingresos públicos han bajado drásticamente entre 2007 y 2009 (más del 20%). Los pagos de las Administraciones a empresas y particulares se retrasan.

-Los contribuyentes españoles han dado ayudas a los bancos a través del Gobierno de España y de Europa desde el año 2009 por diversos mecanismos (capital, garantías, etc.).

-Los contribuyentes europeos (también españoles) han dado ayudas a los bancos a través del BCE, prestando más de 1 billón de euros al 1% a tres años. Bancos españoles han captado más de 133.000 millones por esta vía. Con este dinero pagan los intereses de sus deudas, y compran deuda del Estado al 4, 5 y 6%, con un margen de beneficio importante.

-Los contribuyentes pagan sus impuestos y las cotizaciones sociales, y con ello reciben una serie de servicios públicos, pensión, sanidad, baja laboral, educación, servicios sociales, etc, que se recortan a partir de 2010.

-Si ahora, con el Rescate,

-Los contribuyentes europeos (también españoles) a través de la Comisión Europea, van a prestar 100.000 millones a España, al 3%´4%. Para lograr ese dinero emitirán dinero o más deuda que pagarán después a los Bancos que se queden con ella. A su vez, España deberá pagar los intereses a la UE.

-España dará ese dinero a los Bancos españoles. Suponemos que estos Bancos deberán pagar ese dinero al 8-9%. Nos tememos que si no lo hicieran, porque sigan estando mal, España (los contribuyentes) deberá pagar a Europa. El coste para los contribuyentes será de más de 15.000 millones€ (equivalente al total de la deuda sanitaria).

-Los Bancos españoles podrán pagar así los vencimientos de sus deudas con los Bancos alemanes, ingleses, franceses, que estarán más tranquilos, podrán comprar deuda del Estado a un 5-6% y quizá (¡por fin!) hagan préstamos a empresas productivas (¿a qué interés?).

-Los contribuyentes deberán seguir devolviendo los préstamos a los bancos, o se quedan sin casa y siguen debiendo su préstamo.

-No se habrá estimulado decididamente un nuevo modelo productivo, con más innovación, internacionalización, eficiencia, nuevas tecnologías, calidad, valor añadido.

-No se habrá recuperado la regulación de los mercados financieros que seguirán tomando decisiones en una centésima de segundo en función de la expectativa de beneficio con la compra/venta de un valor y no de los sacrificios de los contribuyentes y la economía productiva. Los ejecutivos de las entidades financieras seguirán cobrando cien veces más que un trabajador normal al año. El origen del problema no se habrá corregido. La prima de riesgo hará lo que quiera. Y después atacarán a Italia.

Si estas hipótesis fueran ciertas, dice mi hija, entonces el Rescate sería una transferencia de otros 15.000 millones€  de los trabajadores y clases medias a las entidades financieras y supondrían más recortes en educación, pensiones, servicios sociales, inversión productiva, investigación, salarios. Más recortes o más agujero para la sanidad. Está claro quién gana y quién pierde. Ojalá se equivoque.