Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas

lunes, 6 de enero de 2020

El "problema catalán" y el programa de la coalición progresista

El punto 9.2. del acuerdo de la coalición progresista PSOE-Unidas Podemos dice:
“Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

La derecha española, los partidos conservadores, desarrollaron una estrategia clara en el debate de investidura de los días 4 y 5 de enero, que tiene dos componentes. El primero, olvidar los problemas que afectan o preocupan a muchas personas en nuestro país: el paro, los salarios, las pensiones, la desigualdad, el cambio climático, la educación... En estos temas, el silencio en cuanto a propuestas fue notable.

El segundo componente de la estrategia conservadora, centrar el debate en Cataluña (si se puede llamar debate a la sucesión de insultos e improperios a voz en grito) y acusar a Pedro Sánchez de traidor a España por pactar con Esquerra Republicana un acuerdo para la investidura. Eso sí, tratando de ocultar, al mismo tiempo, que los partidos de la derecha no están dispuestos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, líder del partido más votado. Su alternativa es que no forme gobierno la coalición progresista de PSOE-Unidas Podemos, y que haya nuevas elecciones, hasta que ganen Vox y el PP. 

Si triunfara la estrategia de la derecha tendría dos efectos. Por un lado, no se abordarían los problemas reales de las personas (generados en buena parte por las políticas conservadoras y neoliberales en España, en Europa y en EEUU) que sí aborda el acuerdo de la coalición progresista. No se llevaría a cabo la necesaria reforma fiscal que haga pagar a los más ricos para que puedan mantenerse y mejorarse los servicios públicos y los derechos sociales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones). No se reforzarían los derechos laborales, para que la distribución de la renta primaria sea más justa. No se abordaría la lucha contra el cambio climático, etc., etc. Y, al mismo tiempo, el llamado “problema catalán” se agravaría, ahondando la herida que se ha creado y que sigue sangrando.

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978 las personas que residimos en los distintos territorios de España habíamos convivido razonablemente bien. Habíamos disfrutado de democracia y libertad, con un sistema político de corte Federal, que distribuía las competencias entre el Parlamento y el Gobierno Central y los Parlamentos y Gobiernos autonómicos. Había tensiones, pero se iban resolviendo con gobiernos de uno y otro signo. Había desigualdades entre territorios, provincias y ciudades, pero no mayor que la que había en 1.900, ó 1.940, ó 1.970. El sistema autonómico había nacido sin autonomías, que se fueron conformando poco a poco, aprobando sus respectivos Estatutos que pasaron a formar parte del bloque constitucional. Las autonomías nacieron sin competencias y sin recursos, que se les fueron transfiriendo progresivamente. Fue un proceso activo, dinámico, en el que la realidad cambiante fue perfilando el modelo. Así, a lo largo de los años, las diferentes autonomías fueron proponiendo modificaciones de sus Estatutos, que se fueron aprobando en las Cortes Españolas, actualizando el bloque constitucional. Hasta 2006.

Conviene recordar que el 18 de junio de 2006 una mayoría de catalanes refrendó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido aprobado por el Congreso de los Diputados. No había sido fácil la negociación entre los representantes catalanes y el Congreso. Pero el acuerdo fue aprobado en un Referéndum legal en Cataluña y permitía mantener la convivencia en España y seguir construyendo. Pero vino el PP y presentó un recurso. Y el Tribunal Constitucional, el 28 de junio de 2010, declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatut. Desde ese momento “el problema catalán” se agravó de manera extrema.

Porque, al mismo tiempo, la crisis económica había estallado, afectando a España y provocando un deterioro en las condiciones de vida, precariado social y recortes en servicios públicos. El descontento social en Cataluña, como en el resto de España, fue creciendo. El 15 de junio de 2011, el presidente del Govern de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder al Parlamento en helicóptero para evitar las protestas de los indignados. Una forma de salir del atolladero era culpar al Gobierno de España y levantar la bandera de la independencia en el corto plazo. La cuerda se fue tensando y el 27 de septiembre de 2014 Artur Mas convocó una consulta soberanista que se llevó a cabo el 9 de noviembre de ese año. En esa ocasión el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no tomó medidas. El bloqueo en las relaciones institucionales continuó. Pero en 2017 el Gobierno Catalán, presidido por Puigdemont, volvió a convocar un referéndum para el 1 de octubre. Aquí sí que el Gobierno de España activó los mecanismos policiales necesarios para evitar la consulta. No se pudo evitar y se produjeron altercados y heridos. La brecha con miles de catalanes se agrandó dramáticamente. La proporción de catalanes que se expresaban a favor de la independencia creció hasta la mitad de la población. Las tensiones llegaron a las familias, a los lugares de trabajo, a los bares. Pero desde el Gobierno de España seguía sin ofrecerse una vía de entendimiento, una estrategia para reconstruir puentes rotos. Solamente el cumplimiento de la Ley (actual) sin ánimo de discutir posibles modificaciones de la misma. Después vino el exilio de Puigdemont, el encarcelamiento de Junqueras y otros políticos catalanes, la sucesión de sentencias en una judicialización de un problema político que nunca se podrá resolver en los tribunales. El “problema catalán” ha seguido empeorando. La tensión ha seguido aumentando. 

Está claro que los planteamientos de distintos grupos de personas en Cataluña no son iguales. Por simplificar, unos plantean la independencia como objetivo. Otros plantean mejora de la vía estatutaria. Cada posición agrupa, aproximadamente, al 50% de los catalanes. A su vez, entre los que plantean como objetivo la independencia, unos lo hacen dentro de la Constitución (es decir, se debería modificar la Constitución para permitir un referéndum de autodeterminación), y otros lo hacen fuera (vía unilateral, desengancharse de España y esperar que el Parlamento y el Gobierno de España no reaccionen, mientras se logra el apoyo de otros países). Por otro lado, en el resto de España, la mayoría prefiere que Cataluña siga formando parte de España en el marco del modelo autonómico. Las posiciones son distintas.

Si hay dos partes con posiciones distintas, en una enorme tensión, y yo (Gobierno de España) represento a una mayoría (incluidos la mitad de los catalanes) que quiere que Cataluña siga en España, ¿no deberé hacer esfuerzos de diálogo para intentar buscar un acuerdo? ¿Es mejor dejar que se siga deteriorando la situación sin hacer nada, o provocar que se deteriore más, con nuevas denuncias a la Junta Electoral Central? ¿Cuál será el efecto de no tratar de resolver el conflicto? ¿Imponer el artículo 155 de la Constitución? ¿Encarcelar al President de la Generalitat? ¿Mandar los tanques? ¿Forzar una guerra civil? La irresponsabilidad de algunos políticos agudizando este problema ya ha sido muy grave. No debemos permitir que se agrave más.

La propuesta de la coalición progresista es muy razonable. La repito aquí: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

El acuerdo al que se llegue deberá respetar la legalidad actual (la Constitución, los Estatutos de autonomía), aunque en dicho acuerdo una posibilidad es, precisamente, proponer cambios en la legislación actual, como se hizo al aprobar la Constitución y los Estatutos y en sus sucesivas modificaciones hasta el día de hoy. Lógicamente, para modificar las leyes se necesitan mayorías suficientes. Y eso requerirá, en su momento, el acuerdo de los partidos conservadores. Esperemos que de aquí a entonces haya más sentido de Estado en parte de la derecha española, como lo hubo en 1975, para trabajar juntos en los marcos legales que den respuesta a los problemas actuales, de igual manera que entonces, una amplia mayoría de fuerzas políticas (comunistas, socialistas, nacionalistas, centristas y conservadores) fueron capaces de alumbrar la Constitución de 1978 con inteligencia y generosidad.



miércoles, 4 de octubre de 2017

Cataluña: escenarios alternativos.

A lo largo de la historia la mayor parte de las independencias se han alcanzado con guerras. El peor escenario posible es una guerra civil de independencia. Me dicen que es imposible. Pero hemos visto la de los Balcanes muy cerca, con ciudades arrasadas, miles de muertos, refugiados despavoridos. Guerras que antes de empezar parecían imposibles, como en las antiguas repúblicas de la URSS. La guerra es el peor escenario. Siembra el odio y el miedo. En Cataluña se están creando las condiciones propicias. El enfrentamiento civil, el insulto a quien no piensa como tú. El cabreo de muchos, agudizado por los problemas económicos provocados por los más poderosos (como siempre ha sido en la historia, los que tienen sus millones en Suiza y Andorra) y que esos poderosos orientan hacia el “enemigo exterior”, el español, el catalán. El hecho es que la temperatura ha subido mucho; se ha acumulado mucho combustible. En las votaciones del 1-O hubo heridos inocentes, por el error del gobierno de España al mandar a las fuerzas de orden público a intervenir en una consulta pacífica que no supo prevenir ni evitar, y por la irresponsabilidad del gobierno de Cataluña al convocar esa consulta fuera de la ley. Ahora sólo falta que se produzca la proclamación unilateral de independencia y el reconocimiento de alguna potencia extranjera. Ya hay una policía autonómica armada, y quizá hubiera algún miembro del ejército dispuesto a sumarse. Y para financiar y fabricar armas seguro que hay muchos candidatos, como en los Balcanes, en Siria o en Yemen. Es un escenario terrible. El peor. Parece imposible, pero para ver qué camino debemos tomar hemos de tenerlo presente. Insisto, lo que se está viviendo estos días en Cataluña era impensable hace seis meses.

Hay otros escenarios, pero no se hacen solos, hemos de construirlos. El mejor desde mi punto de vista es que Cataluña siga formando parte de España mediante una reforma constitucional que permita que la mayoría de catalanes se sientan vinculados a un proyecto ilusionante. No forzados. No vencidos. Un acuerdo que sume mayorías. La Constitución necesita reformas para consolidar un Estado Federal, plurinacional, con una fuerte autonomía (como la que ya disfrutamos), con una financiación adecuada y justa (basada en una reforma fiscal que genere recursos suficientes porque obligue a pagar a los más ricos y a las grandes corporaciones y erradique el fraude y la ingeniería fiscal agresiva), con unos órganos de toma de decisión federales que hagan más eficiente y armonizado el ejercicio de las respectivas competencias. Una reforma en la que se deberá discutir la posibilidad de reconocer el derecho a decidir la separación de España, mediante referéndum en la CCAA con garantías suficientes de participación y mayoría cualificada. Una reforma que, reconociendo diferencias competenciales y en estructuras de gestión y gobierno, garantice a todos los españoles iguales derechos.

Para este segundo escenario es preciso avanzar con firmeza y claridad. Si no se dan pasos firmes, el primer escenario irá ganando terreno. Y los que lo propician en uno y otro lado, sí que van deprisa, por acción o por omisión. El Gobierno de España debe agilizar las conversaciones con todos los grupos políticos con representación parlamentaria y explorar posibilidades. Debe hablar con todas las CCAA. Y, sobretodo, debe hablar con el gobierno catalán. Es urgente que inicie conversaciones formales. Debería hacerlo en esta semana. Mientras tanto se debe trabajar lealmente en la Comisión constituida en el Congreso para el estudio de la reforma del modelo territorial.  

¿Otros escenarios? Previsiblemente el gobierno catalán seguirá impulsando acciones de presión en la calle y en los medios, y buscando respaldo internacional. Probablemente declarará unilateralmente la independencia. El gobierno de España seguirá insistiendo en que esto es ilegal, y seguirá tratando de que el problema lo resuelvan los jueces y las fuerzas de orden público. Y el clima seguirá enrareciéndose en Cataluña (donde la división entre antiguos amigos, vecinos y compañeros es ya tremenda) y en España. La declaración de independencia por sí no modifica las cosas. Ahora ya está habiendo una desobediencia “selectiva” puesto que los miembros del gobierno siguen acudiendo a los Tribunales, y los impuestos se siguen pagando a la hacienda nacional. El problema será si la Generalitat ordena que los impuestos y las cotizaciones sociales empiecen a pagarse en la hacienda autonómica. Ahí sí habría independencia real y el gobierno de España debería actuar con rotundidad. Y la escalada de tensión aumentaría. La inacción política actual conduce a la violencia. Al toque de queda. A la guerra. No dramatizo. Es un escenario posible. Y es el peor.

La intervención del Rey ayer subrayó la gravedad del momento, pero resultó insuficiente. Describió los síntomas de lo que está pasando, pero no se preguntó por las causas: se ha incumplido la ley por las autoridades de Cataluña, y esto es “deslealtad inadmisible”. Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en estos siete años desde la sentencia del Tribunal Constitucional que modificó el Estatut? ¿Por qué han aumentado los catalanes que quieren la independencia? ¿Qué esfuerzo se ha hecho para recuperar un proyecto común ilusionante en el que todos tengamos cabida? Lo mejor del discurso fue su apelación a la concordia y al entendimiento. Eso necesita reformas. Las reformas necesarias deben hacerse de acuerdo con la Constitución, pero deben hacerse, y los líderes políticos deben contar qué proyecto de país tienen para España. Más medidas de fuerza sin una acción política que abra las puertas a la negociación y al diálogo no podrán lograr acuerdos, entendimiento y concordia ¿Va a ordenar el gobierno de España detener al gobierno de Cataluña, y a la mesa del Parlament, y a miles de ciudadanas y ciudadanos por incumplir las leyes? Esa escalada llevará a más división, más desafecto, más odio y más violencia.

Sin duda, la Constitución y las leyes deben ser el marco del diálogo para construir juntos el nuevo escenario político. Pero, el gobierno de España debe ofrecer un escenario alternativo viable, inclusivo. Y, si el gobierno de España no avanza en el proceso de diálogo eficaz en los próximos días, el PSOE debería impulsarlo buscando una nueva mayoría parlamentaria. Si fuera necesario con unas elecciones generales. Es complicado, pero lo peor es la posibilidad de que nos veamos abocados, paso a paso, día a día, al horrible escenario de una guerra civil de independencia o al desgarro irreversible de la convivencia entre las personas que vivimos en Cataluña y en el resto de España. Y esto ya está pasando.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Carta a un amigo catalán

Querido amigo,

Gracias por tus buenos consejos.

El otro día no te comenté nada sobre la situación de Cataluña, porque a veces las palabras no son buenas, no expresan bien lo que uno quiere decir. Y cuando los sentimientos están a flor de piel a veces es mejor guardar silencio.

Pero me apetece decirte como amigo catalán que la amistad, como el amor, está por encima de las circunstancias políticas. Al menos en mi manera de ver y entender las cosas.

Tengo muchos amigos catalanes. Y respeto su opinión.  Comparto la de algunos y no comparto la de otros. Pero son mis amigos. Igual que comparto algunas opiniones políticas de mis hermanos y otras no. Pero les quiero igual.

Desde el punto de vista político cabría decir muchas cosas. Te diré en primer lugar que yo preferiría que Cataluña siguiera formando parte de España. Entendiendo España como un espacio en el que venimos conviviendo mal que bien desde hace muchas generaciones. Un país (un Estado, ¡ay, las palabras!, pero tú ya me entiendes), en el que compartimos una Constitución que ampara unos derechos y que impone unas obligaciones. Unas leyes que, en principio, están aprobadas por mayorías democráticas y que nos han permitido convivir y progresar. Nuestra generación, la de los que hoy tenemos sesenta y tantos, no tuvo que ir a la guerra. No hemos vivido guerra en este suelo. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vivieron guerras; nosotros no y eso me parece importante. La Constitución define un espacio de vida en común, en libertad, con derechos sociales, con una responsabilidad fiscal, con una razonable seguridad, con paz.

Cataluña ha encajado en este espacio político y las personas que viven en Cataluña han progresado como las personas que viven en las otras regiones españolas.

La propia Constitución ya reconoce algunas diferencias políticas en los diferentes territorios. Así, a la hora de configurarse como Comunidades Autónomas habla de Nacionalidades y Regiones, y establece dos vías para la conformación de las mismas, la del artículo 151 y la del 143, diferenciando así entre comunidades Históricas y las demás. También reconoce los derechos Forales de las Diputaciones de las provincias Vascas y de Navarra. Entre esos derechos está el de recaudar impuestos y negociar un “cupo” que pagarán al Estado por los servicios prestados por la Administración General en su territorio. Son diferencias muy importantes, que están reconocidas en la Constitución. Esto me lleva a concluir que, si fue posible entonces, es posible ahora buscar otros equilibrios que den respuesta a las necesidades actuales de las personas que vivimos en España.

Con la experiencia de haber formado parte de un gobierno autonómico sé que la organización política de un país es un proceso abierto. España dibujó en su Constitución un Estado Federal, pero no lo plasmó, porque ¡todavía no se habían constituido las Comunidades Autónomas!, ya que era la propia Constitución el punto de partida, y de ahí empezaron los Estatutos de Autonomía, que forman parte del Bloque Constitucional (con el mismo rango que la Constitución) y, después, entramos en la Unión Europea, y sus Tratados están por encima (jurídicamente) de la Constitución nacional, y cedimos parte de la soberanía en diferentes asuntos (por ejemplo, emisión de moneda, política agraria, etc.) y lo aceptamos así en referéndum.

Los acuerdos de traspasos de competencias, y los acuerdos de financiación, han ido configurando el espacio político que es hoy España. Pero necesitábamos (al margen del conflicto actual con Cataluña) una reforma de la Constitución que completara el modelo Federal (o Confederal) de España, creando órganos federales para la toma de decisiones en asuntos de interés común, como puede ser la sanidad. Necesitamos revisar también los acuerdos de financiación. Y es importante dar rango constitucional a los derechos sociales, con un “suelo” de gasto público, y reforzar un modelo fiscal justo y eficiente para poder financiarlos.

Pero la clave es querer caminar juntos. Yo soy europeísta e internacionalista. Yo trabajo por un futuro en el que todas las personas tengan los mismos derechos (por ejemplo, al acceso a los medicamentos, salarios dignos, educación pública), que puedan convivir en paz. Y sé que solamente una Europa fuerte, con un gobierno progresista, puede equilibrar la fuerza de los grandes poderes económicos, de las multinacionales. El poder económico se ha internacionalizado, se ha “globalizado”, pero los trabajadores, las clases medias, siguen divididas. Y no es casualidad. Porque los poderes económicos saben bien el refrán: divide y vencerás. Por eso, racionalmente, defiendo una España con Cataluña y una Europa más fuerte, mientras avanzamos hacia una gobernanza mundial.

También sé que para que una mayoría de catalanes quieran aceptar seguir formando parte de España, tienen que sentirse bien tratados. Tienen que sentirse respetados, queridos. Y esto no ha ocurrido en los últimos tiempos, al menos por parte de algunos gobernantes. Al provocar con la denuncia al Tribunal Constitucional la modificación del Estatut aprobado en el Congreso de los Diputados y votado en referéndum por los catalanes, se abrió una herida que no hecho más que agrandarse. Mucho ha tenido que ver también la situación económica: la crisis y la gestión de la crisis por los gobiernos catalán y español, con los recortes en derechos sociales que han golpeado a muchas personas que ven cómo los más ricos son más ricos y los demás sufren ese robo masivo… La historia enseña que para despistar a la gente y buscar otro culpable, los gobiernos se envuelven en la bandera y acusan al otro de ser su enemigo. También hay que sumar la corrupción en los partidos gobernantes en España y en Cataluña, y el mismo efecto de despiste “creando” un adversario: el español, el catalán. Estos partidos saben que así la gente no les reclama por sus problemas y se enzarza en otra discusión. Y saben que en sus electorados respectivos ganan votos.

Lo que yo preferiría, lo que defiendo, es una reforma de la Constitución, con una estructura Federal del Estado, que desarrolle y fortalezca el Estado Autonómico, y que permita el encaje de Cataluña con el Estatuto que fue enmendado por el Constitucional. Una nueva Constitución que permitiera dar respuesta a las aspiraciones políticas de una mayoría de españoles, incluyendo una mayoría de catalanes. Una Constitución que garantice los mismos derechos de las personas en toda España, lo que no quiere decir que la gestión de los servicios deba realizarlas la misma Administración en cada CCAA. Con o sin competencias autonómicas en Justicia, en Política Exteriror o en Policías, se puede garantizar a los residentes en Madrid, Castilla-La Mancha o País Vasco, los mismos derechos. No todas las CCAA tienen que gestionar las mismas competencias. Lo que sí debe garantizar la Constitución es que todos los españoles tengan los mismos derechos, que es cosa distinta.

En esa misma línea soy partidario de reforzar la Unión Europea, con más presupuesto, con más capacidad política (una Europa con capacidad de llevar adelante una política fiscal, que pueda garantizar los derechos sociales; una Europa política, que pueda desarrollar políticas económicas que apoyen a la empresas productivas y capaces de frenar nuevas burbujas financieras, etc.). Y, por supuesto, seguir avanzando en la gobernanza mundial. Los grandes problemas del cambio climático, del acceso a los medicamentos y el derecho a la salud, de la corrección de las desigualdades (controlando la especulación financiera), requieren una gobernanza mundial.

Estoy muy preocupado por la situación en Cataluña, porque no he visto en el Gobierno de España y tampoco en el Gobierno de Cataluña una voluntad real de acuerdo. Y las armas las carga el diablo. Esta situación ha ido provocando que muchas personas estén muy enfadadas. Que desconfíen. Que ya no puedan hablar de política en la familia o con los amigos, porque se insultan. La historia nos enseña que, cuando se crea un clima de enfrentamiento, una cerilla, una chispa, un incidente, puede hacer estallar la caldera.

Por eso hemos de enfriar la temperatura, hablando, expresando los afectos que nos acercan. Tratando de entender al otro. Escuchando.

Es obvio que los mapas del mundo han cambiado a lo largo del tiempo. Que las fronteras no son eternas. Si miramos un mapa de Europa de 1900 y un mapa de hoy, veremos las diferencias. No hay nada inmutable. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es ¿adónde queremos ir, y por qué medios, pacíficos o violentos, respetando las reglas de la democracia o vulnerándolas? ¿Es posible una Cataluña independiente en la UE? Teóricamente sí. ¿Es mejor para los catalanes, para el resto de españoles, para los europeos…? Creo que no. Con esa misma lógica podría atomizarse Europa en miles de cantones. Cuando más dividida más débil. La humanidad debe avanzar a unidades políticas más amplias, manteniendo la diversidad de lo local, lo regional, lo nacional… La gente de a pie, los trabajadores, la gente normal, necesita gobiernos fuertes y progresistas para poder controlar a los poderes económicos y garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad. La unión hace la fuerza.

En todo caso este doloroso enfrentamiento, esta brecha abierta en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España, debemos intentar resolverlo hablando. Dialogando. Que las tripas no venzan a la razón. Que los insultos no se impongan sobre los argumentos. Que el miedo o la indiferencia no nos hagan mirar para otro lado.

En fin, querido amigo, cuando pase el 1 de octubre tenemos que seguir hablando para alcanzar el mejor acuerdo posible.

Termino como empecé, expresándote mi profunda amistad y mi respeto, y deseándote siempre lo mejor.

Un fuerte abrazo,

Fernando