Influencia de la industria en el diagnóstico y prescripción en trastornos mentales.

Un conocido refrán reconoce que “es de bien nacido ser agradecido”: si uno ha recibido un favor, lo natural es tratar de mostrar agradecimiento. Pues bien, este refrán, de sentido común, es aplicable a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias. 

Recientemente se ha publicado en el British Medical Journal un artículo que señala los conflictos de interés encubiertos de los redactores de la famosa guía DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la llamada “biblia” de la psiquiatría. Los autores encontraron que el 60% de los componentes de los paneles que redactaron la guía habían recibido pagos de la industria. El total recibido por estos profesionales entre 2016 y 2019 ascendió a 14,2 millones de dólares (1). No es asunto de poca monta.

 

Hoy sabemos algunas cosas. Sabemos que esta guía tiene una enorme influencia en los psiquiatras de todo el mundo, orientando el diagnóstico y el tratamiento. Sabemos que el interés de los profesionales debe ser la salud de los pacientes. Sabemos que el interés de la industria es aumentar los beneficios de los accionistas (vender más, y vender más caro). Y sabemos también que la influencia de la industria podría estar sesgando los criterios aplicados por los expertos patrocinados en el DSM, pudiendo conducir a un sobre-diagnóstico y un sobre-tratamiento.

 

Por otro lado, sabemos que la sociedad científica que elabora el DSM, la American Psychiatric Association, recibe también importante patrocinio de la industria, estimado en más de 20 millones de dólares anuales, a través de su Corporate Alliance (con 17 laboratorios) y de su Fundación. Además, sabemos por Taeho Greg Rhee y Samuel T Wilkinson, que el conjunto de los psiquiatras en EEUU recibieron 110,5 millones de dólares de la industria en dos años (2). Estos pagos, según han evidenciado varias investigaciones, influyen en la prescripción, y la industria lo sabe. En este sentido, para ver la dimensión del problema, conviene leer el documentado artículo de Angel María Martín, publicado en diciembre 2023 en la revista Acceso Justo al Medicamento, donde se detallan los importantes pagos de la industria farmacéutica a las diferentes sociedades científicas españolas (3).

 

Lo cierto es que los presupuestos sanitarios públicos son siempre limitados: si se gasta más en medicamentos, se gasta menos en profesionales. Así, cerrando un círculo vicioso, la falta de profesionales (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, y otras profesiones), hace que los servicios de salud mental se orienten cada vez más a “la pastilla y la cita”, como decía Steven Sharfstein (presidente de la APA en 2005), cambiando el modelo bio-psico-social por el modelo bio-bio-bio (4). Lamentablemente, en España, las demoras para primera consulta de psiquiatría y de psicología son de varios meses; las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas son muy escasas; y casi nunca hay tiempo para coordinar actuaciones con los servicios sociales, con los municipios, ni con el ámbito educativo. Al mismo tiempo, la mitad del presupuesto público de salud mental se gasta en medicamentos. ¿No resulta inaceptable? Es preciso cambiar esta orientación. Y para eso es necesario evitar y prohibir los conflictos de interés entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica, garantizar patrocinio público de la formación continuada y la elaboración de guías clínicas, duplicar la inversión pública en servicios de salud mental, y volver a impulsar la salud mental comunitaria con el objetivo de la recuperación completa de las personas.

 

1.

https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-076902?utm_campaign=usage&utm_content=tbmj_sprout&utm_id=BMJ005&utm_medium=social&utm_source=twitter&s=03

2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260092/

3.

https://accesojustomedicamento.org/los-pagos-a-profesionales-y-organizaciones-sanitarias-el-mercado-de-pulgas-de-las-multinacionales-farmaceuticas/

4.

https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.40.16.00400003

 

¿Puedes ser imparcial cuando emites un juicio, si estás recibiendo dinero de quien va a ser juzgado? El sentido común y la evidencia dicen que no.

Deborah Cohen y Ed Brown, de la BBC Newsnight nos cuentan que las Guías Clínicas Europeas para el tratamiento de formas severas de enfermedad cardíaca están en revisión a partir de una investigación realizada por este programa (1).

La Guía recomendaba el uso de stent o de cirugía cardíaca indistintamente para pacientes de bajo riesgo con obstrucción de la arteria coronaria izquierda, siguiendo el ensayo clínico Excel, patrocinado por Abbot. El estudio lo dirigió el Dr Gregg Stone.

En el ensayo se utilizó una definición de infarto (heart attack) que no es la “universal”. El trabajo fue publicado en New England Journal of Medicine. Pero los investigadores no publicaron los resultados que obtuvieron utilizando la definición universal. Con el  criterio anterior, el 80% de los pacientes con stent tuvieron más ataques cardíacos que los que tuvieron cirugía.

El programa Newsnight tuvo conocimiento de que mientras se estaba escribiendo la guía clínica, el Consejo de Seguimiento de la seguridad de los datos había mostrado su preocupación, en relación con la mortalidad más elevada en pacientes que recibían stent.

¿Conflicto de intereses? El Dr Gregg Stone, declaró que había recibido dinero de 20 compañías médicas privadas, varias de las cuales estaban relacionadas con la implantación de stents. También era director del TCD, una conferencia médica anual financiada por alguno de los mayores fabricantes de stents, Abbot, Boston Scientific y Medtronic. La mitad de los investigadores que participaron en el Ensayo Clínico, y un tercio de los que redactaron la guía, declararon ingresos de compañías que fabrican stents.

El Profesor Nick Freemade, que colaboró en la guía clínica, señaló a Newsnight que él nunca habría aceptado que los tratamientos eran intercambiables si hubiera visto los datos omitidos. Según él, el resultado de hacer la recomendación equivocada es que pacientes con enfermedad coronaria izquierda a los que se les hubiera implantado stents morirían, cuando podían haber vivido más tiempo si hubieran sido tratados con cirugía.

Parece evidente que no es bastante con que se declare que se han recibido ingresos de una empresa con intereses económicos en la utilización de un producto. Está demostrado que esta relación económica influye en el receptor, en su comportamiento, en su decisión. Por lo tanto, si existe esa relación económica las revistas científicas deberían rechazar cualquier estudio dirigido por esa persona, presuponiendo que va a estar sesgado, de forma consciente o inconsciente. De la misma forma no deberían formar parte de los equipos redactores de guías clínicas personas que reciben dinero de la industria.

Entonces ¿cómo se harían los estudios? La clave está en el cambio de modelo con el que se financia la investigación. En lugar de hacerlo a través de los sobre-precios de los medicamentos, los gobiernos deberían poner precios justos (coste) y financiar directamente la investigación a través de un fondo global (2). Entretanto, los gobiernos podrían hacer un descuento sobre ventas de los medicamentos para financiar la formación y la investigación de forma independiente.

1

https://www.bbc.com/news/health-50715156

2

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica