MEDICAMENTOS Y SISTEMAS SANITARIOS. (En Argumentos Progresistas)

 Resumen:

Los monopolios que conceden los gobiernos a las empresas farmacéuticas con la falsa justificación de financiar la I+D se traducen inevitablemente en un aumento excesivo de los precios de los medicamentos. En España el exceso de gasto por precios abusivos de medicamentos en la sanidad pública supera los 10.500 millones € anuales. Estos recursos serían muy necesarios para mejorar la Atención Primaria, la Salud Mental, la Salud Pública, las condiciones del personal, y para reducir las listas de espera.

Medicamentos razonablemente seguros y eficaces, utilizados en las personas que los necesitan, de forma apropiada, pueden salvar una vida o pueden mejorar la calidad de la misma. Pero también pueden producir efectos no deseados. Todo medicamento produce efectos adversos y muchos medicamentos autorizados no son eficaces. Asimismo, el medicamento puede ser eficaz, pero la prescripción puede ser inadecuada (por ejemplo, exceso de neurolépticos en personas mayores). El profesional sanitario debe valorar siempre el balance riesgo / beneficio considerando al paciente y su contexto. 

Para que haya medicamentos eficaces: es importante que exista buena investigación; es necesario que exista una industria que fabrique medicamentos de calidad; es precisa una red de distribución y dispensación eficaz; y es precisa una red sanitaria accesible con buenos profesionales que prescriban bien. Y esas tareas deben remunerarse de forma suficiente y justa. El problema es que, en este momento, la remuneración a la industria es claramente excesiva, desequilibrando el sistema sanitario (1; 2). Este desequilibrio se muestra de diversas maneras. El exceso de precio de los nuevos medicamentos detrae recursos del sistema sanitario, fundamentalmente de personal, que son necesarios para otro tipo de intervenciones: promoción de la salud, prevención, intervenciones sociales, diagnóstico precoz, acompañamiento, intervenciones psicológicas, cuidado, rehabilitación, y otras. Por otra parte, a pesar de que todas las personas en España tienen derecho al medicamento que necesiten, un 4,6% (más de 2 millones de personas) contestaron al Barómetro Sanitario en abril de 2025 que tuvieron que dejar de tomar un medicamento recetado por su médica / médico de la sanidad pública, por motivos económicos, en los últimos doce meses (3). También hay problemas de desabastecimiento. Problemas de retraso en la financiación pública. Problemas en diferencias de requisitos (visados) entre CCAA, etc. Y todo ello debido al exceso de precios. Esto nos lleva al tema de los monopolios.

Las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación. Por eso les llaman “incentivos” para las empresas. En este modelo de monopolios, el poder de la industria decide las prioridades de investigación. Y, desde luego, decide que con ese dinero se investigue solo en medicamentos (no en otras intervenciones en salud).

El problema para la sociedad de los monopolios en medicamentos es que, inevitablemente, se produce un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D que han realizado. De esta forma, obtienen unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener su posición. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y otras fórmulas para remunerar a los accionistas y los ejecutivos (también destinan a estos cometidos más dinero que a I+D). Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no fuera la finalidad del “incentivo”, que se ha pervertido progresivamente.

Siguiendo la metodología del profesor Baker (4), estimamos que en España el sistema sanitario público pagó en sobreprecios de medicamentos más de 12.000 millones € en 2024. El gasto que realizaron las empresas en I+D no alcanzaría los 1.500 millones €. Por lo tanto, hubo un exceso de remuneración a las empresas farmacéuticas de 10.500 millones €. Andrew Hill, profesor de la Universidad de Liverpool, ha realizado varios estudios mostrando el coste de fabricación y los precios de algunos medicamentos (5). Estos y otros estudios (6) muestran que, por culpa de los monopolios, estamos pagando precios de 10.000 o 100.000 € por medicamentos cuyo coste de fabricación y de I+D es cien veces menor.

El gasto farmacéutico público en España sigue creciendo: en 2024 ascendió a 24.921 millones €, un 7,3% más que el año anterior, con 1.697 millones € más (7). Supone un 25% del gasto sanitario público total, cuando debería ser, como máximo, la mitad. El exceso de gasto farmacéutico influye negativamente en el Sistema Sanitario. Mientras aumenta el gasto farmacéutico, la sanidad pública en España se está deteriorando. Ese exceso de gasto farmacéutico, de más de 10.500 M€ anuales, que se desvía a los accionistas de la industria farmacéutica, podría servir para mejorar radicalmente la Salud Pública, la Atención Primaria, la atención en Salud Mental, las condiciones de trabajo de los profesionales, los tiempos de espera y de atención, así como para consolidar los centros públicos de investigación y generar alternativas públicas para la fabricación y desarrollo de medicamentos innovadores y medicamentos esenciales. Para dimensionar el exceso de gasto por abuso de patentes, podemos decir que equivale a poder contratar a más de 100.000 profesionales sanitarios. Además, con ese dinero se podría reforzar el sistema público de investigación, potenciando la investigación en estrategias de prevención y promoción de la salud. A ese exceso de gasto por sobre precios se puede añadir el gasto por sobre prescripción, estimado en unos 5.000 M€ anuales en España, debido a la presión de marketing de la industria.

¿Existen Alternativas para la financiación y el desarrollo de la investigación biomédica que, a su vez, fortalezcan el SNS y beneficien al conjunto de la sociedad? La repuesta es sí. En el ámbito global habría que tomar dos decisiones: La primera decisión es lograr un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio para excluir a los medicamentos y productos sanitarios de la protección de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. La segunda sería aprobar en la OMS un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos, creando un Fondo Global para investigación y desarrollo, financiado por los países con aportaciones proporcionales a su PIB. La investigación, farmacológica y de otras intervenciones en salud, sería abierta y cooperativa, priorizando las necesidades de salud y no los intereses comerciales. Los productos resultantes tendrían precio de coste y serían accesibles para todas las personas en todo el mundo.

Mientras tanto, se pueden y deben impulsar iniciativas en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. En el ámbito europeo: Limitar la duración de los monopolios al tiempo en que se recuperen los gastos de I+D debidamente acreditados. Financiar la I+D realizada por empresas, con contratos de “compra anticipada” o similar, reteniendo los Derechos de Propiedad Intelectual en la titularidad pública, para así poder hacer transferencia de la tecnología y fijar precios en relación con el coste. Fomentar la Investigación y el desarrollo de medicamentos con financiación pública directa con la creación de una Plataforma pública de investigación y desarrollo en la UE. En todos los proyectos, becas, subvenciones, desgravaciones, etc., que tengan financiación pública de la UE fijar condicionalidades para garantizar el acceso, la asequibilidad, la investigación abierta y la transferencia de conocimiento.

En el ámbito nacional: Modificar la Ley Medicamento, para tratar que los precios tiendan a aproximarse a los costes de fabricación y de I+D, negociando precios coste-plus. Potenciar la acción de las Autoridades de la Competencia. Aplicar licencias obligatorias. Consolidar y mejorar la financiación pública directa de la investigación biomédica, a través del ISCIII y sus redes. Desarrollar Empresas Públicas para la fabricación de medicamentos, y potenciar las instituciones públicas para el desarrollo de vacunas y otros productos de diagnóstico y tratamiento. Asegurar la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios, de las Sociedades Científicas y de sus publicaciones, así como de las Asociaciones de pacientes. Desarrollar programas potentes, sin patrocinio privado, de evaluación de efectos adversos de los medicamentos. Impulsar programas de de-prescripción. Asegurar financiación pública, sin patrocinio privado, para todas las guías clínicas que se utilicen por profesionales del SNS. Y realizar campañas de concienciación social sobre el consumo responsable, así como sobre el abuso de las empresas farmacéuticas en los sobre precios. Entre otras muchas.

REFERENCIAS

(1). Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.

(2). Lamata F, Gálvez R. Los tratamientos oncológicos: sus elevados precios son un grave problema para las y los ciudadanos. Revista AJM, n0 40, julio 2025.

https://accesojustomedicamento.org/los-tratamientos-oncologicos-sus-elevados-precios-son-un-grave-problema-para-las-y-los-ciudadanos/

(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario, primera oleada 2025.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

(4). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/

(5). Hill A. What is the real price of medicines? 

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf

(6). Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/

(7). Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 junio 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

Una buena salud mental: ¿Cómo? y ¿con qué?

(artículo publicado en elDiario.es 5/1/2022)

Cualquiera de nosotros ha vivido, en sí mismo, en un familiar o en un amigo querido, un problema severo de salud mental. Al decir severo quiero decir que nos ha producido sufrimiento indecible y nos ha dificultado el desarrollo de nuestra vida, en el ámbito familiar, escolar, laboral o social. A veces nos ha dejado tirados, sin fuerza para seguir adelante, sintiendo incomprensión y desesperanza: una depresión que vino sin saber cómo; una obsesión que no nos deja vivir; percepciones alteradas que nos hacen oír voces en nuestra mente y nos confunden haciéndonos dudar de la realidad; trastornos de la alimentación que ponen en riesgo nuestra vida… 

Los problemas de salud mental suponen el 15% de la “carga de enfermedad” total de la población (años de vida vividos con discapacidad). Las causas y los procesos que generan estos trastornos son muy complejos. A veces, uno mismo puede tratar de salir adelante por sí mismo. Pero muchas otras es necesaria ayuda profesional. Hasta mediados del siglo XX se pensaba que estos problemas eran incomprensibles e irresolubles. Hoy sabemos que, con los apoyos apropiados, la inmensa mayoría de las personas con problemas severos de salud mental pueden lograr una recuperación completa. Por eso es inaceptable que, en un país con el desarrollo económico de España, miles de personas no puedan contar con esos apoyos. Por ejemplo, no es admisible que, cuando se pide cita con un especialista en salud mental, la espera supere el mes o los dos meses. En ese tiempo el problema se agrava, aumenta el estigma y se hace más difícil de superar. 

¿Qué condiciones y apoyos considero adecuados para disfrutar de una buena salud mental? Poder vivir en un entorno saludable, en una familia acogedora; poder estudiar y, más tarde, lograr un empleo y llevar una vida independiente, con mi familia, amigos y vecinos, aceptándome como soy, disfrutando de las pequeñas cosas, compartiendo y contribuyendo al desarrollo de la comunidad, queriendo y sintiéndome querido. 

Que, si aparecen problemas de salud mental (depresión, voces, ansiedad, etc.), poder expresar mi dificultad y pedir ayuda a la familia y amigos; que en los servicios de Atención Primaria puedan escucharme, valorar mi problema, orientarme; que, si necesito servicios de salud mental, haya un acceso rápido (menos de una semana) a un equipo de salud mental multidisciplinar, asertivo, con enfoque comunitario, que disponga de tiempo para valorar mi situación y, si procede, diseñar conmigo un plan individualizado de atención. Que estos apoyos incluyan psicoterapia, acompañamiento con asistente personal o persona con experiencia propia, apoyo a la familia y atención domiciliaria, acceso telefónico ágil, etc. En caso necesario, medicación. 

Si fuera preciso, tener acceso a otros programas o unidades sociales (centro de día, hospital de día, vivienda de respiro, apoyo para vivienda habitual, orientación y apoyo laboral y educativo, hospitalización, etc.). Que, en todo momento, se respetasen mis derechos humanos, mi participación en las decisiones, mis preferencias y consentimiento previo, buscando una recuperación activa en la comunidad, aprendiendo a gestionar mis molestias, con autonomía, sintiéndome parte de la sociedad y de la vida, con esperanza y con sentido. 

Es decir, una atención centrada en la persona, respetando los derechos humanos y con un enfoque de recuperación, como propone la OMS en su Guía en Servicios de Salud Mental comunitarios y como se planteaba ya en España en el documento para la Reforma Psiquiátrica de 1985, en la Ley General de Sanidad de 1986, y en los planes de salud mental de aquellas comunidades autónomas que impulsaron este enfoque de atención hasta la crisis financiera de 2009. Entonces, los recortes en servicios públicos y en sanidad afectaron gravemente a los recursos para la salud mental. Y, paralelamente, la falta de medios facilitó una regresión en el enfoque de la atención: del enfoque integrado en la comunidad se pasó al enfoque centrado en el hospital; de los apoyos psicológicos y sociales, al enfoque farmacológico y a la contención mecánica. 

En efecto, en España se destina a salud mental solamente un 5% del gasto sanitario total, unos 4.000 millones de euros anuales, (cuando, como veíamos, la carga de enfermedad es el 15% del total). Y, de ese gasto, el 44% se destina a hospitales, el 42% a medicación y solo un 14% a servicios comunitarios. La disponibilidad de profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.) es menos de la mitad de la media europea. Los recursos sociales (apoyos para empleo, vivienda, integración social), que se recortaron en la crisis financiera, no se han recuperado y son muy insuficientes. 

Como consecuencia de esta falta de recursos y esta regresión en el enfoque, la calidad de los servicios de salud mental en España se ha deteriorado, siendo muy inferior a la de otros países europeos, como muestra el Mental Health Index. La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo Interterritorial del SNS, trata de volver al enfoque comunitario, centrado en la persona y basado en los derechos humanos. La Estrategia va en la buena dirección respecto al “cómo”, sin embargo, se echan en falta dos cuestiones importantes: la definición de objetivos mensurables y, sobre todo, la cuantificación y previsión de los recursos adicionales para los próximos cuatro años para poder recuperar y consolidar unos buenos servicios de salud mental: se prevén 30 millones de euros anuales frente a los más de 4.000 millones precisos. 

Aquí está el principal escollo. Sabemos “cómo” se deberían hacer las cosas, pero nos falta el “con qué”. Los recursos. Como vimos, del gasto sanitario público total, destinamos solo un 5% a salud mental, mientras Alemania destina el 11%, Suecia el 10%, Reino Unido el 9,5% y Holanda el 8,8%. Si destináramos el 10% del gasto sanitario público a salud mental dispondríamos de otros 4.000 millones anuales. Por otro lado, ese aumento de recursos se debería orientar no a hospitales o a medicamentos, sino a la salud mental comunitaria, que pasaría a suponer un 70% del total de gasto en salud mental. Se preguntarán: pero ¿de qué otras partidas de sanidad se reduce el gasto? Pues, por ejemplo, reduciendo los precios abusivos de los medicamentos se ahorrarían 8.000 millones anuales, como mostramos en nuestro documento para la Fundación Alternativas.

Además, en España disponemos de menos gasto sanitario público en relación con nuestra renta que en la Euroárea-15, un 6,5% del PIB frente a un 8,3%. Esa diferencia supone casi 20.000 millones de euros menos, de los cuales el 10% debería ir a salud mental. ¿Podemos permitirnos ese gasto? Si los ingresos fiscales fueran similares a los de otros países europeos, en proporción a nuestra renta, desde luego que sí. En efecto, la diferencia de ingresos fiscales con la Euroárea era de 7 puntos en 2019, equivalente a 87.500 millones de euros, más que suficiente para financiar las necesidades de dotación en salud mental y sanidad en general. No se trata de cobrar más impuestos a las rentas medias y bajas, sino de cobrar impuestos justos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones y evitar el fraude fiscal.

En los últimos dos años, la pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente sobre la salud mental y ha tensionado más todavía a los profesionales de unos servicios sanitarios infradotados. Así, vimos que en 2020 aumentó el número de suicidios un 7,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar 3.941 fallecidos. Cada estadística son personas y familias que sufren. Dolor innecesario y muertes que, en muchos casos, podían haberse evitado. Con los recursos adecuados orientados a la salud mental comunitaria, la atención podría ser excelente, en tiempo y en calidad, apoyando la recuperación completa de las personas. Pero, por falta de atención adecuada, muchas personas con problemas de salud mental ven limitada su autonomía, su posibilidad de trabajar y de formar una familia independiente, o se convierten en “sin techo” que viven en la indigencia. Hoy sabemos “cómo” recuperar una buena salud mental. Pero necesitamos cuadrar el “con qué”. Los gobiernos y la ciudadanía saben que es posible. Solo falta voluntad política y un fuerte respaldo social.

 

Salud Mental y Derechos humanos: no solo es cuestión de dinero… aunque también.

En el XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental, mi ponencia sobre los derechos humanos se centraba en los recursos necesarios para hacerlos viables (1). Los movimientos sociales, las transformaciones económicas de entre-guerras en Europa y la respuesta a la crisis de 1929 en EEUU, impulsaron un cambio en la distribución de recursos, implantando sistemas fiscales más justos y progresivos, que recaudaron a los más ricos y permitieron desarrollar políticas públicas (sanidad, educación, pensiones, seguro de paro, servicios sociales, etc.). La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue expresión de este cambio de visión. Años después, en la crisis de 2008 ocurrió lo contrario. La revolución de los ricos, que había empezado a finales del siglo XX, fue dando la vuelta a la situación. Los ricos dejaron de pagar impuestos, forzando cambios en las leyes financieras y aprovechando mecanismos de evasión y fraude fiscal sofisticados. Y en la salida de la crisis de 2008 forzaron los rescates bancarios a cargo de los contribuyentes, con lo que los gobiernos tuvieron que recortar los servicios públicos, incluida la sanidad y los servicios de salud mental. Los derechos humanos “tienen que comer”, necesitan una financiación, y si se recorta, se recortan derechos.. 

 

Sin embargo, otras participantes en el Congreso me llamaron la atención acerca de que no es solo cuestión de dinero. Con el dinero disponible en cada momento hay otros aspectos importantes, como la visión de las familias y la sociedad, las leyes y su aplicación, la formación de los profesionales, la organización y orientación de los servicios, etc., que influyen en la aplicación de los derechos humanos. Esto es cierto.

 

Por una parte, la visión y actitud de la sociedad, los profesionales, las familias y las personas afectadas. ¿Cuál es la visión que tienen acerca de la salud mental? ¿Es una visión basada en los derechos humanos de la persona? ¿Considera a la persona capaz, o incapaz? ¿Es una visión de persona violenta, excluida, alienada, o de persona con un problema y con capacidad de recuperación? Una visión estigmatizante de las personas con problemas de salud mental condiciona el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Las etiquetas son cadenas invisibles que atan a las personas afectadas. Esa visión se traducirá en comportamientos en el ámbito social (medios de comunicación, familia, trabajo) y en el ámbito terapéutico. Por ejemplo, será más difícil encontrar trabajo. Y así, será muy complicado lograr autonomía económica. De rebote, las relaciones de pareja y otras relaciones sociales se verán limitadas. La autoestima y la recuperación serán más difíciles. Y esta dificultad de recuperación reforzará el estigma.

 

En segundo lugar, la visión de los legisladores y los jueces. Esa visión se traducirá en leyes y en una determinada aplicación de las mismas: limitación de libertad, ingreso involuntario, contención involuntaria, tratamiento involuntario, esterilización forzosa, o legislación favorable a la persona como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y otras. La legislación condicionará la actitud terapéutica y los derechos de los pacientes. 

 

En tercer lugar, la formación de los profesionales, que condiciona y orienta su práctica. La formación continuada está, muchas veces, financiada por la industria farmacéutica, imponiendo el enfoque farmacológico-biológico de los trastornos mentales. No es casualidad que el 42% del gasto en salud mental sea en medicamentos. Para que la formación no dependa de la industria farmacéutica se debe cambiar el modelo por el que se fijan los precios (precios abusivos), de manera que el sector público recupere parte del gasto farmacéutico inútil y pueda destinarlos a formación independiente. El dinero es el mismo, pero se podría y se debería usar de otra manera.

 

En cuarto lugar, los programas y dispositivos de atención. La posibilidad de superar el estigma tiene que ver con la posibilidad de prevenir los problemas de salud mental y de lograr que su evolución sea favorable. Para ello es importante disponer de programas de prevención, educación en las escuelas, etc. Es precisa la detección temprana de los problemas y la intervención ágil, con apoyo en domicilio, con apoyo a las familias, con asistentes personales (expertos en primera persona), con actividades que favorezcan la recuperación. Entonces se comprueba que la persona afectada se recupera y se incorpora a sus actividades personales y profesionales con autonomía plena. Y el estigma se va superando en la sociedad. Pero se necesitan recursos, se necesita suficiente número de profesionales bien formados, que dispongan de medios apropiados y tiempo para desempeñar correctamente su labor. Recordemos que en España disponemos de menos de la mitad de profesionales dedicados a la salud mental (enfermería, psicología clínica, psiquiatría, trabajo social, etc.) que en los países europeos avanzados. Y no olvidemos que, en otros países más pobres, la carencia de medios obliga a seguir manteniendo la hospitalización psiquiátrica tradicional y la contención como medio de tratamiento principal. Sin recursos no hay programas.

 

Los recursos suficientes permitirán abordar los programas de promoción de la salud mental, prevención de los problemas más importantes, detección precoz, intervención temprana, abordaje comunitario, con la consiguiente reducción de los ingresos involuntarios, de la contención involuntaria, y la reducción de la medicación inadecuada. Como decía una persona que había sido ingresada: lo mejor para que se respeten los derechos humanos de la persona en un ingreso en salud mental es hacer que no sea necesario el ingreso, prevenirlo.

 

Y ahora sí, aquí llegamos a la necesidad de una financiación justa. La financiación suficiente requiere aumentar lo ingresos públicos, mediante una fiscalidad justa y progresiva. 

 

Recapitulando, con una financiación dada, con la financiación de la que se dispone en cada momento, se pueden hacer las cosas de distinta manera, de la misma forma que un capitán puede dirigir el mismo barco mejor o peor que otro, o lo mismo que un director de orquesta puede hace sonar la orquesta con armonía o puede destrozar la música. Aquí también, un profesional sanitario, o un juez, con los mismos medios, pueden actuar de distinta manera. Pueden adoptar un enfoque comunitario o un enfoque hospitalocentrista; un enfoque que respeta los derechos humanos o un enfoque de persona incapaz y peligrosa. Etc. No es solo cuestión de dinero. 

 

Pero, al mismo tiempo, no cabe duda que para asumir enfoques en favor de los derechos humanos es preciso poder formar a los profesionales, familias y pacientes, de forma independiente, y es preciso disponer de recursos para la atención en el ámbito comunitario, así como para impulsar programas de sensibilización social. Las leyes, incluida la ley de presupuestos, las hacen los parlamentos, y los parlamentarios son elegidos mediante votos en los que influyen los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación se ven orientados por los anunciantes y los accionistas, que en general son grandes poderes económicos que buscan defender sus intereses, reducir el gasto público, favorecer sanidad privada, aumentar el gasto farmacéutico, etc.

 

En definitiva, la realización de los derechos humanos no es solo cuestión de dinero, pero también lo es. La vida es un equilibrio inestable entre distintas fuerzas en tensión. A veces hay fuerzas dominantes que tiran hacia su lado y que imponen su ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva. Otras veces, millones de personas anónimas, trabajadores, profesionales, familias, son capaces de unir su voz y sumar voluntades para defender un mundo más justo, donde todos podamos vivir una vida digna. Es un tira y afloja permanente, a lo largo de los años y de los siglos, con avances y retrocesos, en el que cada uno tenemos que aportar lo que podamos en cada momento.

 

El presente y el futuro lo hacemos nosotros. La defensa de los derechos humanos en salud mental depende de nosotras. Las personas afectadas, sus familias, las profesionales y los políticos que compartan una visión respetuosa con los derechos y superadora de etiquetas y estigmas. Tenemos que hacer un esfuerzo, en cada Congreso, en cada reunión, en el ámbito de trabajo, en las asociaciones, en los parlamentos, en los medios de comunicación, para sumar apoyos y lograr todos juntos una buena atención de las personas con problemas de salud mental, de calidad, y para todas, en todo el mundo. Hemos de hacerlo con los medios que tengamos en cada momento, aquí y ahora, y recabando los medios necesarios para seguir mejorando.

 

(1)- https://fernandolamata.blogspot.com/2020/10/a-mi-que-me-importa-tu-salud-mental.html

 

 

 

 

 

 

¿A mi qué me importa tu salud mental?

Antes de contestar a esta pregunta, quiero agradecer a los organizadores de esta trigésimo séptima edición del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, y de la 3ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, su amable invitación a participar en el mismo.

 

El Congreso se desarrolla a través de Internet, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia está causando mucho sufrimiento, millones de afectados, un millón de personas fallecidas, y una crisis económica que se traduce en paro y precariedad. Pero también nos ha mostrado que estamos juntos en este pequeño barco que es el planeta. Que lo que ocurre en un mercado de alimentos de China nos afecta, literalmente, a todo el mundo, tres meses después. Y que para resolver este y otros problemas de salud, tenemos que remar todos juntos. 

 

Ya lo señalaba el Informe de la Confederación Salud Mental España, sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2019, decía: “todo los que les ocurre a las personas de nuestro entorno nos concierne y nos hace responsables”. (1)

 

Podemos pensar que no es así. Que los problemas de los demás no son mis problemas. Y menos aún, los de aquellas personas que tienen problemas de salud mental. 

 

¿O sí lo son? Pienso que sí. Repasemos algunos hechos.

 

La historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad, con sus avances y retrocesos.

 

Después de las 2 guerras mundiales, las naciones fueron capaces de acordar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La humanidad fue construyendo, en la segunda mitad del siglo XX, un modelo de sociedad que lograba un razonable equilibrio entre libertades y obligaciones, entre beneficio individual y derechos sociales. Había grandes desigualdades, pero se iban corrigiendo a través de mejoras salariales y políticas públicas, como la sanidad y la educación, financiadas con una fiscalidad progresiva y razonablemente justa. La tendencia era hacia una mayor equidad. También en España.

 

Pero los derechos humanos no son irreversibles.

 

En su magnífico librito “Castellio contra Calvino”, Stefan Zweig nos recuerda que “nunca un derecho se ha ganado para siempre”. 

 

A partir de los años 80 del siglo pasado, los intereses económicos de unos pocos fueron ganando fuerza, imponiendo el cambio de leyes fiscales, deslocalizando la producción, creando una economía virtual multinacional que escapaba a los controles de cada país. La crisis financiera y económica de 2008 fue la manifestación de la enorme codicia de los grandes especuladores. Después de aquella crisis, en lugar de corregir este desequilibrio, los gobiernos nacionales se vieron incapaces, no se pusieron de acuerdo para crear una gobernanza mundial y siguieron permitiendo que la desigualdad creciera, con el deterioro consiguiente de los servicios públicos. 

 

En el citado Informe de la Confederación, se denuncian graves vulneraciones de los derechos humanos. Situaciones de acoso, de maltrato, de esterilizaciones forzosas, de niños y niñas sin cuidados adecuados, de suicidios que podían haberse prevenido y evitado, de aumento de adicciones, de excesiva utilización de mecanismos de contención involuntaria, coerción, aislamiento y violencia. Estas vulneraciones se deben, en buena medida, a la falta de recursos para hacer efectivos los derechos de estas personas.

 

Así lo constatan también Rocío Juliá-Sanchis, Carlos Aguilera-Serrano, Francisco Megías-Lizancos y José Ramón Martínez-Riera, en su trabajo Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. Informe SESPAS 2020. (2)

 

Los autores señalan que las políticas puestas en marcha en la crisis financiera se han caracterizado “por la descapitalización de los servicios públicos, la transferencia a centros privados y el incremento de los servicios concertados, la desinversión comunitaria, y un presupuesto hospitalocentrista”.

 

También plantean que, a pesar de muchos progresos logrados en diferentes servicios de salud mental, se deberían reducir prácticas como la institucionalización, la medicalización excesiva, o la realización de medidas coercitivas.

 

Y añaden “la vulneración de los derechos humanos anteriormente expuesta es una realidad por falta de recursos comunitarios como los equipos asertivos comunitarios o los equipos de asistencia aguda domiciliaria”.

 

En la misma línea, para prevenir y corregir esta vulneración de los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, la Confederación reivindica la necesidad de dotar de medios suficientes y de recuperar y desarrollar un modelo de atención comunitaria. Se necesitan, dice, planes individuales de atención; equipos de intervención familiar; apoyo domiciliario; equipos multidisciplinares; asistentes personales; empleo y vivienda con apoyo…

 

Pero todos estos dispositivos, equipos y planes no se pueden llevar a cabo sin recursos. Se estima que la necesidad de recursos adicionales en la sanidad pública en general es de un 30% sobre el presupuesto anual actual; pues bien, en salud mental se precisa un 100% más sobre el presupuesto actual para poder disponer de suficientes profesionales, con tiempo suficiente, con una formación continuada independiente de la industria farmacéutica, y con medios e instalaciones adecuadas para hacer bien su trabajo. Y para conseguir esos recursos se necesita una fiscalidad progresiva, justa y eficaz.  

 

Los recursos están, pero se los llevan unos pocos. El 1% más pudiente de la población española tienen unos ingresos que superan todo lo que gana el 50% más pobre de la población.

 

En España, en Europa y en el Mundo, desde finales de los años 80 del siglo pasado, se ha fraguado lo que yo llamo la “revolución de los ricos”. Esta ofensiva neoliberal financió y financia grupos de opinión, “think tanks”, “institutos”, de los que salían y salen informes atacando al sector público, a la sanidad pública, a la educación pública, defendiendo que se debían reducir los impuestos a los más pudientes para que pudieran generar más riqueza. Así, desde finales de los años 80, el tipo marginal de los impuestos directos para las rentas más altas bajó de más del 70% a menos del 30%. Pero, además, con la “globalización”, con los paraísos fiscales, forzando una legislación favorable a sus intereses, a base de desgravaciones, bonificaciones, y exenciones fiscales, y con la incapacidad de los gobiernos nacionales para gravar los movimientos de capitales, los más ricos han logrado que su aportación real a las arcas públicas sea el 0%. Los ricos hoy no pagan impuestos. Y esta distribución injusta de la riqueza afecta directamente a los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental.

 

Esta Conferencia también es Mundial. Y es muy importante que seamos conscientes de que, si aspiramos a lograr una sociedad equilibrada, en la que los más ricos y las grandes corporaciones aporten lo que deben de la misma forma que lo hacen los trabajadores y las clases medias, es precisa una gobernanza mundial que acuerde las grandes políticas: 

 

el reconocimiento de los derechos, las políticas públicas para garantizarlos, y la fiscalidad justa para financiar esas políticas.

 

Las políticas públicas se pueden cambiar. España, y los diferentes países, tienen recursos para poder atender los derechos humanos de todas las personas. Pero para ello tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. La desigualdad inmoderada se traduce en menos recursos públicos y peor atención a las personas más débiles. Si tenemos conciencia de esa injusticia, y tenemos voluntad, tarde o temprano cambiaremos las cosas.

 

La pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación, al mismo tiempo que ponía al descubierto la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos y la vulneración de los derechos humanos. La infección por este coronavirus afecta a todo tipo de personas, jóvenes y mayores, pobres y ricos. Pero afecta más a los más pobres y a los más mayores. Los barrios de menos renta, con viviendas más pequeñas, cuyos residentes suelen trabajar en lugares más insalubres o con peores condiciones y con peores contratos, han sido los más afectados. Las personas mayores que viven en residencias han sufrido una mortalidad excesiva, porque las condiciones de protección de los trabajadores y las posibilidades de aislamiento de los residentes no eran las adecuadas, y porque el sistema sanitario, debilitado y saturado, se vio obligado a racionar la atención, rechazando el ingreso de muchos mayores enfermos en los hospitales. También el impacto ha sido mayor en personas con problemas de salud mental. 

 

El aislamiento, la falta de recursos sanitarios, la suspensión de psicoterapias o la supresión de programas sociales han afectado duramente a las personas con algún trastorno mental, provocando retrocesos en su recuperación.

 

No debemos permitir que la pandemia sea otra excusa para recortar los derechos humanos, y menos todavía los de las personas con problemas de salud mental. 

 

Nos debemos rebelar sabiendo que hoy uno de cada cuatro euros de dinero público, dinero de todos, que equivale a todo el gasto sanitario y social anual, se destina a pagar una deuda bancaria injusta, mientras los ejecutivos financieros siguen engordando sus cuentas millonarias. No debemos consentir el fraude fiscal de los más ricos que cada año nos roba más de 70.000 millones de euros, más que todo el gasto sanitario público. La pandemia ha sido aprovechada por unos pocos, las grandes corporaciones financieras, las grandes compañías farmacéuticas, las de telecomunicaciones y logística y otras, para aumentar sus beneficios a costa de los demás. Esos abusos vulneran nuestros derechos. 

 

Pero el cambio es posible y es necesario. Depende de nosotros. Depende de ti. Y te importa mucho. Como señalaba Stefan Zweig, “Con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia”.

 

Para que se respeten los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y los de todas las personas, es preciso un cambio de políticas. Y ese cambio debe salir de una convicción personal. 

 

Amigas y amigos, si no estamos convencidos de la radical igualdad de todos los seres humanos y de la necesidad de garantizar los derechos de todos, especialmente de los que tengan más dificultades, no impulsaremos políticas públicas que garanticen esos derechos. Y si no hay gobiernos que impulsen esas políticas, los intereses económicos de unos pocos nos seguirán arrollando, seguirán erosionando nuestros derechos, nuestra sanidad, tu sanidad, nuestras pensiones, tu pensión, nuestras residencias sociales, nuestra educación, como una apisonadora brutal, insensible.

 

¿Y a mi qué me importa?... Te importa mucho, me importa mucho, nos importa mucho.

 

Es tu vida, es mi vida. Es nuestra posibilidad de realización, de ser libres, de ser felices. Por eso, cada uno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacer todo lo posible para que se garanticen de forma efectiva los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra participación en asociaciones y en organizaciones profesionales, con nuestra opinión y nuestra participación política. Dando cada día un pequeño paso.

 

Como decía el Dalai Lama:

Tú eres más feliz cuando te centras en los demás. Llevando alegría a otros es como puedes encontrar tu alegría interior.

 

Y Desmond Tutu, dialogando con el Dalai Lama, concluía:

No puedes sobrevivir por ti mismo. No puedes florecer, realizarte plenamente como persona sin las demás personas. Necesitas a otras personas para ser humano.

 

Por eso me importa tu salud mental.

 

A veces pensamos que el cambio necesario no será posible. Recuerdo entonces el poemita de Nicomedes Santa Cruz, cuando decía:

 

Yo tengo fe en el futuro,

porque el hombre de mañana

disfrutará vida sana 

forjada en presente oscuro,

marchará con pie seguro

por la fraternidad,

su arma será la verdad

su compromiso el deber

su regocijo el saber

su triunfo, la libertad.

 

Muchas gracias por su atención. ¡Y mucha suerte!

 

 

(1)   https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/

(2)   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457906/

 

Es importante lograr la independencia de la formación y la investigación biomédica respecto a la financiación de la industria farmacéutica.

En un Editorial del British Medical Journal, Ray Moyniham y colaboradores explican una iniciativa de la Revista para promover un debate sobre la conveniencia de lograr la independencia de la formación y la investigación respecto a la financiación de la industria farmacéutica (1). Por ejemplo, excluir autores con conflicto de interés (que reciban pagos de la industria) de las Guías Clínicas.

Los autores señalan la influencia de la industria en el peligro de sobre-diagnóstico y sobre-tratamiento, medicalizando la sociedad, con daño para la salud y gastos innecesarios, como muestra el estudio de Pathirana T y otros (2).

Por otro lado, recogen una revisión publicada en 2010 por Wang AT y otros, en la que comprobaban que las recomendaciones de los líderes de opinión se correlacionaban con los intereses de los patrocinadores de los estudios (3).

Otro estudio de DeJong y otros, publicado en 2016, con 279.000 médicos, encontraba asociación entre los que habían sido invitados a una comida por el laboratorio y la prescripción de los medicamentos del patrocinador (4).

Un estudio de Cochrane review, publicado por Lundh A y otros en 2017, confirma que los ensayos clínicos patrocinados por industria tienden a encontrar resultados favorables para los productos de los patrocinadores (5).

En 2018, Rondon PA y colaboradores encuentran evidencias de la influencia de los patrocinadores en el diseño, desarrollo y publicación de la investigación (6).

Otro estudio de L Bero muestra cómo las compañías controlan lo que se publica y lo que se deja de publicar sobre su producto, e incluso cambian los estándares por los que se evalúa la investigación (7).

Es bastante entendible que la industria pague ensayos clínicos que obtengan resultados por los que pueda ganar dinero, y que la “exigencia del mercado” fuerce sesgos en investigaciones y publicaciones (8). De la misma forma, es bastante evidente que el pago de actividades de formación, congresos, cátedras de patrocinio, etc. tiene una finalidad comercial, vender más, y condiciona la prescripción.

La cuestión que plantean muchos profesionales es: “de acuerdo, yo también prefiero ser independiente de la industria para mi formación y para hacer investigación, pero ¿cómo puedo pagarlas? La Consejería de Salud, o el Ministerio no me financian la formación ni la investigación”. Este es un problema importante. Lo paradójico es que la industria paga la formación de los profesionales (cursos, congresos, etc.) y gastos de investigación con una pequeña parte del dinero que le pagan los propios Servicios Públicos de Salud con los sobre-precios de los medicamentos. Si se rebajaran esos precios a un precio justo, serían los Servicios Públicos de salud los que pagarían directamente la formación y la investigación, y se ahorraría una importante cantidad de gasto innecesario. Entre tanto, lo que puede hacer el gobierno es un descuento adicional sobre la factura actual de medicamentos, para financiar un Fondo público de Formación e Investigación. Es viable. Esta es una de las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo” (8).

1.Moyniham R et al. Commercial interests, transparency, and Independence: a call for submissions. BMJ 2019; 365:I1706 doi: 10.1136/bmj.I1706 (Published 16 April 2019)

2.Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879. 10.1136/bmj.j3879 28814436 

3.Wang AT, McCoy CP, Murad MH, Montori VM. Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review. BMJ 2010;340:c1344. 10.1136/bmj.c1344 20299696 

4.DeJong C, Aguilar T, Tseng CW, Lin GA, Boscardin WJ, Dudley RA. Pharmaceutical industry-sponsored meals and physician prescribing patterns for Medicare beneficiaries. JAMA Intern Med 2016;176:1114-22. 10.1001/jamainternmed.2016.2765 27322350 

5.Lundh A, Lexchin J, Mintzes B, Schroll JB, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:MR000033.28207928 

6.Rochon PA, Stall NM, Savage RD, Chan AW. Transparency in clinical trial reporting. BMJ 2018;363:k4224. 10.1136/bmj.k4224 30301724 

7.Bero L. Ten tips for spotting industry involvement in science policy. Tob Control 2018;28:1-2.29941543 

8.Lamata F. ¿Por qué es tan difícil publicar resultados negativos? Journal of Negative and No Positive Results 2018; 3(5): 315-374 https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/view/2363

9. Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo”. https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org

¿Quién paga la investigación biomédica? Los servicios de salud y los pacientes.

¿Quién paga la investigación biomédica?: la ciudadanía, a través de los impuestos con los que financiamos los servicios públicos de salud y a través de los precios de los medicamentos. El problema es que pagamos cuatro veces más de lo que cuesta.

Por una parte, el sector público paga directamente el 50% del gasto total en investigación biomédica. Así, en la UE-28, el gasto público directo en I+D ascendió a 21.500 millones de euros (centros de investigación públicos, becas, proyectos, universidades, etc.) (1, pág. 37). A esta cantidad se debe añadir la que se aporta a las empresas a través de desgravaciones e incentivos fiscales. De esta forma, el gasto público directo en investigación es igual que lo que se gastan las compañías privadas, una vez descontados los beneficios fiscales. 

Lo que no se suele decir es que, por otra parte, el dinero que gastan las empresas privadas en investigación lo pagamos también los servicios sanitarios y los pacientes con los sobre-precios de los medicamentos. Es gasto público indirecto. Y, además, lo pagamos a cuatro veces más de lo que ellas dicen que les cuesta la I+D.

En efecto, a través de los sobre-precios que fijan las empresas pagamos el coste de fabricación y un beneficio industrial, como si fueran medicamentos genéricos; y, además, pagamos los costes de la investigación, con el sobre-precio que ponen las empresas, gracias al monopolio que les de la sociedad con las patentes. Este sobre-precio es una especie de impuesto indirecto que recaudan directamente las compañías cuando pagamos los medicamentos. Pero, el problema del sistema de patentes para medicamentos es que los precios que ponen las empresas son mucho más altos de lo que sería suficiente para recuperar los gastos en investigación, que es para lo que les cedimos este "impuesto". 

Veamos. En el caso de la Unión Europea-28, el pago total por los medicamentos a precio de venta de laboratorio fue de 170.535 millones de euros (en 2016). Con precios de genéricos hubiéramos pagado 70.772 millones de euros. Quiere decir que estamos pagando 99.763 millones “extra” para financiar la investigación. Pero de ese dinero las empresas solamente gastaron 26.913 millones en investigación. El resto, 72.850 millones de euros, fueron beneficios extraordinarios (1, pág. 57). Cuando las empresas argumentan que los precios de los nuevos medicamentos son muy altos porque la investigación es muy costosa, es importante que los gobiernos y la ciudadanía tengamos claro que los sistemas públicos de salud y los pacientes estamos pagando para investigación a las empresas farmacéuticas no una, sino 4 veces lo que se gastan realmente para esta finalidad. 

Habría que añadir aquí que buena parte de los gastos de las empresas en investigación se destinan a investigación incremental, no innovadora, aumentando sensiblemente los precios de los medicamentos por pequeñas modificaciones que no aportan valor terapéutico añadido.

Evidentemente, el dinero excesivo que pagamos por la investigación y que se desvía a beneficios, marketing, recompra de acciones, compra de empresas, etc., no puede destinarse a otras necesidades de investigación en prevención, cuidados o intervenciones no farmacológicas, así como en desarrollo de medicamentos para problemas de salud no atendidos. Y tampoco puede destinarse a otras finalidades sanitarias y sociales (personal, equipamientos). Por eso, como el dinero no nos sobra, debemos cambiar el sistema de patentes y monopolios para medicamentos, que se justificó con la idea de que financiaría la I+D, y debemos recuperar ese dinero para seguir destinando la misma cantidad a investigación en necesidades de salud, y poder destinar las otras tres cuartas partes a otras intervenciones de prevención, tratamiento y cuidado eficientes y seguras.

1.Gálvez R, Lamata F (2019). Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Laboratorio Fundación Alternativas. Documentos. Nº 202/2019

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica

¿Quién paga, quién controla y quién se lucra de la I+D farmacéutica?

El artículo de Slavek Roller en Globalization and Health (1) muestra cómo de los 265.000 millones $ que se gastan anualmente en I+D farmacéutica en el mundo, 103.000 millones tienen financiación pública directa. 

Pero, además, Roller se fija en otro aspecto interesante. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Del total del valor en acciones de las empresas cotizadas, que asciende a 45,9 billones $, 14,3 billones $ son “propiedad” de fondos de pensiones. Lo que supone un 31%. Es decir, cerca de un tercio del gasto que hacen las empresas de medicamentos en I+D correspondería a los fondos de pensiones, unos 50.000 millones de euros. Por otro lado, los gobiernos conceden beneficios fiscales y otras ayudas, o compran acciones por Bancos Centrales, fondos soberanos, etc. Con lo que el equivalente a otros 28.000 millones $ de gasto en I+D de las empresas corresponde a inversión pública indirecta. 

Así, según muestra Roller, del total de 265.000 millones $ invertidos en I+D de medicamentos, 103.000 + 50.000 + 28.000, un total de 181.000 millones $ corresponden a sector público y fondos de pensiones, un 68,3%. 

Sin embargo, los fondos de pensiones delegan su gestión en otras entidades “gestoras” de fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard, State Street, y otras. Son los ejecutivos de estas empresas los que ejercen su control en las compañías farmacéuticas. La remuneración de estos ejecutivos y la de los ejecutivos de las empresas farmacéuticas suele estar relacionada con las ganancias y la revalorización de las acciones y no suelen tener en cuenta si los precios de los medicamentos son abusivos, o si hay miles de personas que no pueden comprar los medicamentos.

El autor nos muestra la situación paradójica de que en los países de la OCDE los sistemas públicos de salud financian solamente parte de los nuevos medicamentos, o imponen su racionamiento, debido a los altos precios. Pone dos ejemplos: en Canadá, el bevacizumab (Roche), medicamento para el cáncer, solo está financiado en cuatro provincias. También hay restricciones en Reino Unido y Nueva Zelanda. Lo mismo ocurre con Eculizumab (Alexion Pharmaceuticals), para una enfermedad rara, cuya inclusión en la financiación pública no ha sido aceptada en Canadá y Nueva Zelanda, y solo parcialmente en Holanda, por su precio elevado (medio millón de dólares). También en EEUU la cobertura de estos medicamentos depende de la compañía de seguros y la póliza. Analizando quiénes son los accionistas de Roche y Alexion Pharmaceuticals observa que estas empresas son propiedad, en parte, de Canada’s Pension Plan Investment Board, Canada’s British Columbia Investment Management Corporation, The New Zealand Superannuation Fund, Dutch ABP (fondo de pensiones para empleados del gobierno y de la educación), UK’s Strathclyde Pension Fund, o UK’s West Yorkshire Pension Fund. Hay muchos otros fondos de pensiones que son accionistas de empresas farmacéuticas.

Es oportuno preguntarnos si los gobiernos, que representan los intereses del conjunto de la sociedad y de los pacientes, y si los fondos de pensiones y sus órganos de gobierno, que entre todos son responsables del 68,3% de la inversión total en I+D de los medicamentos, deberían buscar la forma de controlar dicha inversión y buscar el beneficio para la mayoría de la sociedad y de los pacientes-ahorradores. En efecto, como señala Slavek Roller, se debería reforzar la exigencia de fijar un precio justo (que retribuya los costes de investigación y de fabricación, evitando la especulación), así como de retorno al sector público del dinero público invertido en I+D y se debería ejercer el poder que da el porcentaje de acciones que son propiedad de fondos de pensiones o entidades públicas, para defender los intereses de los pacientes-ahorradores y su salud en las decisiones que toman las empresas farmacéuticas sobre prioridades de investigación.

Por otro lado, conviene no olvidar que el dinero que invierte la industria farmacéutica en I+D sale de los beneficios obtenidos con el sobre-precio que pagan los pacientes y los servicios de salud por los medicamentos. Los sobre-precios se obtienen gracias al monopolio que conceden las patentes y otros instrumentos de exclusividad que conceden los gobiernos. Pero lo que hay que saber es que el sobre-precio obtenido es mucho mayor que lo que se gastan en I+D. Volveré sobre este aspecto en otro comentario.

1

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0490-x

Las ganancias de las empresas farmacéuticas triplican las de las 10 empresas más grandes de otros sectores

[Análisis del Grupo de Costes y Precios de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Publicado en la web de la asociación el 29 de agosto de 2018]

La Organización Mundial de la Salud denuncia que diez millones de personas en el mundo mueren cada año por no poder acceder a los medicamentos que necesitan. La causa principal: los altísimos e injustificados precios de los medicamentos. En los países de altos ingresos, estos altos precios están poniendo en riesgo la viabilidad de los sistemas públicos de salud, al drenar una importante cantidad de recursos necesaria para otros fines, en un contexto de limitación presupuestaria.

El argumento de que los altos precios de los medicamentos se deben a que las empresas tienen que invertir enormes cantidades en investigación es, de acuerdo con los datos que facilitan las propias empresas, sencillamente falso. Es cierto que estas empresas gastan más proporción que las demás en I+D. Pero sus gastos de producción son muy bajos. Si sumamos los gastos de I+D a los gastos de producción, las compañías farmacéuticas gastan la mitad que las diez empresas más grandes de los demás sectores. Esto les permite obtener unas ganancias 3-4 veces mayores.

Para poder analizar la cuestión hemos revisado los Informes Anuales de las 10 empresas farmacéuticas más grandes por volumen de ventas, de EEUU y Europa, y las hemos comparado con las 10 empresas más grandes de todos los sectores. Veamos: ¿Cuánto gastan las empresas farmacéuticas en Investigación y Desarrollo (I+D)? Si leemos los Informes Anuales de las diez empresas farmacéuticas más importantes, resulta que el gasto medio en I+D fue de 16,6% en 2017. Es una cantidad importante, pero se ha recuperado con creces con los altos precios y aún sobra muchísimo dinero que necesitan los sistemas de salud y los pacientes.

En efecto, las empresas farmacéuticas tuvieron un Beneficio Bruto (ingresos por ventas – gastos de producción) del 71,1% sobre ventas, mientras que las diez empresas más importantes del mundo (por volumen de ventas) tuvieron un Beneficio Bruto de 19,61%. Si sumamos a los gastos de producción el gasto que declaran que han realizado en I+D las empresas farmacéuticas, el Beneficio Bruto resultante sería todavía del 54,51% frente al 19,61% de las grandes empresas del resto de sectores. Es decir, remunerando todo lo que las empresas farmacéuticas consideran I+D (las investigaciones innovadoras y las no innovadoras, los fallos y los aciertos, los ensayos post-comercialización, etc.), la diferencia en ganancias entre las 10 empresas más grandes (comerciales, petroleras, financieras, automovilísticas...) sigue siendo muy alta, de 34,9 puntos sobre 100, lo que nos indica que los altos precios de los medicamentos son excesivos y que esas ganancias salen de los bolsillos de pacientes y sistemas de salud sin justificación.

¿Dónde va ese dinero? No va a investigación. Con esos Beneficios Brutos tan importantes, aún descontando los gastos de I+D, las empresas farmacéuticas dedican enormes recursos a marketing. En efecto, en promedio destinan un 21,8% sobre ventas a marketing, frente al 7,35% del resto de sectores. Este gasto es innecesario, ya que los medicamentos son conocidos por los médicos a través de los informes de las Agencias que los aprueban y de los elaborado por los Servicios de Salud, que indican sus características de eficacia y seguridad. Pero no sólo es innecesario, es también perjudicial, porque presiona a los prescriptores induciendo un consumo excesivo, pudiendo provocar efectos adversos muchas veces graves. Y, sobretodo, financia actividades de lobby muy potentes para mantener las cosas como están.

Tabla 1. Comparación de Gastos y Beneficios de las Grandes empresas farmacéuticas y de otros sectores (EEUU y Europa).

Porcentajes sobre el total de ventas	10 empresas más grandes del mundo por ventas	10 empresas farmacéuticas más grandes del mundo por ventas
Total de ventas	100	100
Costes de Producción	80,39	28,88
Beneficio Bruto	19,61	71,12
Costes de I+D Costes de Producción incluyendo I+D Beneficio Bruto descontando gastos I+D	80,39  19,61	16,61   45,49   54,51
Gastos en Marketing y Administración	7,35	21,8
Otros gastos	4,49	9,13
Beneficio Neto (antes de impuestos)	7,72	23,56

Empresas Farmacéuticas: Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi, Merck, Bayer, AbbVie, Gilead, GSK. Empresas del resto de sectores: Walmart, Royal Dutch Shell, Volkswagen, BP, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Apple, McKesson, Glencore, United Health. Datos tomados de los informes anuales, declaración financiera, correspondientes al año 2017. Elaboración propia.

También hay diferencia en “otros gastos”, entre las grandes empresas de todos los sectores (4,49% sobre ventas) y las farmacéuticas (9,13% sobre ventas). Parte de los ingresos se destinan a recompra de acciones y otras operaciones financieras.

Finalmente, las empresas farmacéuticas se adjudican un Beneficio neto, Antes de Impuestos, de 23,56% sobre ventas, frente al 7,72% que es el promedio de Beneficio que declaran las 10 empresas más grandes.

Podemos dar por bueno el gasto declarado de I+D, y aceptar que se financie a través de los sobre-precios de las patentes. Pero no están justificados los gastos en marketing, ni los “otros gastos”, ni unos beneficios 3 veces mayores que los de las otras grandes empresas.

Sin embargo, los gobiernos europeos se han demostrado incapaces de registrar, denunciar y corregir el abuso en la utilización de las patentes y los otros instrumentos de protección que establecen los monopolios. Puede ser por temor a la fuerza de las grandes empresas farmacéuticas. Puede ser por complicidad o por corrupción.

No es razonable que los gobiernos sigan remunerando en exceso dichos gastos de investigación a través de las patentes y otros instrumentos que conceden monopolio comercial a las empresas.

Si las patentes, la exclusividad de datos, la exclusividad de comercialización, los certificados complementarios de protección, etc., se aprobaron por los gobiernos para que las empresas tuvieran el monopolio durante unos años, esto se hizo con una justificación: que las empresas pudieran recuperar los gastos de investigación durante los años de monopolio, poniendo unos precios por encima de los costes de producción, unos sobre-precios. Pero no estaban pensados, en el caso de los medicamentos, para que los altos ejecutivos de las empresas se enriquecieran. No estaban pensados para que los medicamentos se convirtieran en un producto financiero. Porque el medicamento es un derecho humano. Por eso estuvieron prohibidas las patentes de medicamento en España hasta 1992. Y por eso deberán volver a prohibirse.

Pero el problema no es solo económico. El mayor problema es que esta formidable barrera que suponen los precios excesivos (10.000 euros por un tratamiento que cuesta 100; o 1.000 euros por un tratamiento que cuesta 10) es la causa directa de millones de muertes en el mundo, y de mucho sufrimiento evitable.

El problema, además, es que esos enormes recursos destinados a las ganancias abusivas de las empresas farmacéuticas son detraídos de los programas de salud preventivos, de los salarios de los profesionales sanitarios, de la calidad de los materiales utilizados en quirófano, de las infraestructuras sanitarias y sociales.

El problema es que, a veces, como los servicios de salud no pueden pagar tan altos precios, se deriva a los pacientes el pago de los medicamentos y miles de personas no pueden pagarlos.

Es un verdadero disparate. Un abuso injustificable. Y la falta de respuesta por parte de los gobiernos europeos es escandalosa. Las autoridades tienen que hacer las cuentas: deberían comprobar sistemáticamente si las compañías farmacéuticas han recuperado su inversión en I+D y han obtenido un retorno suficiente para reinvertir en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y cuando verifiquen que se ha recuperado la inversión y se ha obtenido una ganancia tres o cuatro veces por encima de lo razonable (como podemos comprobar en la Tabla 1), entonces se deberían tomar medidas para proteger el interés general: reducción inmediata de precios; concesión de licencia obligatoria para permitir la fabricación de genéricos; reducción del tiempo de protección; y, en definitiva, un cambio de modelo mediante un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos que prohíba las patentes para medicamentos. Los gobiernos no deben seguir impasibles. Dejar que mueran miles de personas es asesinato.

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Nota: Este trabajo surge de la discusión en el Grupo de Costes y Precios de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Juan Manuel Martínez Melero realizó la selección de datos y su análisis. Fernando Lamata redactó el borrador del texto.