La Asamblea Mundial de la Salud se ha reunido en Ginebra entre el 27 de mayo y el 1 de junio. Uno de los temas estrella que debería haberse aprobado es el Tratado de Pandemias.
En diciembre de 2021 la mayoría de países, sobrecogidos por el impacto de la pandemia de COVID-19, acordaron poner en marcha un Grupo Internacional Negociador, con representantes de todos los países, para discutir y acordar un Tratado de Pandemias (TP) que se aprobaría en la Asamblea Mundial de la Salud de 2024. Nueve rondas de negociaciones, durante estos más de dos años, no han sido suficientes llegar a un acuerdo antes de la Asamblea.
Los representantes de los países del Norte quieren que todos los países (sobre todo los del Sur Global) garanticen un intercambio transparente de información en tiempo real sobre aparición de brotes potencialmente peligrosos, cesión de muestras de patógenos y secuencias genómicas, etc. Estos datos pueden ayudar para prevenir y controlar la posible pandemia en los países del Norte y para investigar diagnósticos, vacunas y otros tratamientos, que podrán lograr importantes ganancias para los ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas.
Los países del Sur Global, lo que piden es que los diagnósticos, vacunas y otros tratamientos que se desarrollen para combatir una pandemia sean accesibles para todas las personas, en todo el mundo, de forma equitativa. Esto requiere la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual (patentes y otras exclusividades que generan monopolios de producción y comercialización), la transferencia obligatoria e inmediata de conocimientos y tecnologías, la fabricación en todas las plantas acreditadas en todo el mundo, y la venta a precio de coste de fabricación.
Las grandes empresas farmacéuticas y los gestores de fondos de inversión que son sus principales accionistas institucionales presionaron a sus gobiernos para que se opusieran a las versiones iniciales del TP: “Mejor sin tratado que un mal tratado”, declaró la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) en octubre de 2023. Su argumento, repetido machaconamente, es que si se suspenden los derechos de propiedad intelectual no habrá investigación. Esto es falso, ya que la mayor parte de la investigación de todos los medicamentos ya tiene financiación pública directa. Y en la pandemia de la COVID-19, además de la financiación de centros y proyectos, se llevó a cabo la compra anticipada de vacunas, con lo que toda la financiación de la investigación tuvo cobertura pública, de forma directa o indirecta. La razón de los ejecutivos de las grandes empresas es otra.
Veamos: si las vacunas y otros productos hubieran podido fabricarse por empresas de genéricos en los cinco continentes, y comercializarse a precio de coste, se hubieran podido vacunar a todas las personas en todo el mundo, con un coste de 20.000 millones de euros, varias veces menos de lo que nos gastamos solamente los países ricos. En este caso, las empresas habrían obtenido un beneficio, razonable, de 2.000 millones de euros. Pero, con los derechos de propiedad intelectual y los monopolios que les ceden los gobiernos, las empresas pudieron decidir quién fabricaba, cuánto fabricaba, dónde fabricaba, a quién vendía y a qué precio. De esa forma, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a las vacunas, pero (ésta es la clave) las empresas obtuvieron unas ventas superiores a los 200.000 millones de euros, con unos beneficios de más de 170.000 millones en dos años. Comparando entre 2.000 y 170.000 millones de beneficios es lógico que las empresas y los gestores de fondos de inversión quieran evitar la suspensión de las patentes. Los bonos y ganancias para cada uno de ellos son significativamente diferentes. Ahora bien, lo que no es lógico es que los gobiernos no impongan los intereses generales por encima de los intereses de unos cientos de ejecutivos. Es una vergüenza. Porque esas decisiones cuestan vidas, más de 9 millones de vidas que podrían haberse conservado si se hubieran vacunado y tratado en el Sur Global al mismo ritmo que en el Norte. Además, el daño nos afecta a todos, no solo al Sur. El impacto económico negativo y el sufrimiento en pérdida de vidas humanas y enfermedad también afectó a países del Norte, y todavía se arrastra.
A pesar de todo, la presión de la gran industria farmacéutica sobre EEUU, la UE, Japón, Reino Unido y otros países ricos ha tenido más fuerza y ha bloqueado el TP. La Asamblea Mundial de la Salud acordó el último día de sesiones, 1 de junio, que se ampliaba el plazo de negociación durante un año más, hasta la próxima Asamblea.
Sí se ha aprobado, en cambio, la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que se discutía en paralelo. Este sí que interesaba a los países del Norte. Define la emergencia pandémica, pide a los países que refuercen sus sistemas de vigilancia epidemiológica y la colaboración con países vecinos, y que agilicen las notificaciones a la OMS. Y sobre acceso a vacunas y medicamentos, dice que se creará un mecanismo de coordinación financiera para apoyar a países de bajos ingresos. Buenas palabras. Pero el TP, que debía exigir la suspensión de patentes y la transferencia de tecnologías, queda bloqueado.
El Director General de la OMS se ha mostrado satisfecho: “La decisión de concluir el TP dentro del próximo año demuestra con qué fuerza y urgencia lo desean los países, porque la próxima pandemia es una cuestión de “¿cuándo?”, no de “si””. Una declaración muy optimista (¿o debería decir cínica?), ya que la “urgencia” no ha logrado un acuerdo en tres años de debates. Esa visión negativa es la que han expresado los países del bloque africano.
El informe de evaluación del desempeño del SNS frente a la pandemia COVID-19 afirma que “una nueva pandemia de virus respiratorio de alta gravedad no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo”. La nueva pandemia podrá ser más dañina que la de COVID-19, podrá tener la misma contagiosidad y más letalidad. Es una posibilidad real y, seguramente, ya se está gestando en algún rincón del planeta. Estos días hemos visto que en EEUU se ha detectado contagio de gripe aviar (H5N1) a ganado vacuno, y hay tres personas contagiadas. Son avisos. Pero la fuerza de los beneficios empresariales tapona los oídos y el corazón de los políticos. Sería lamentable que tuviéramos que sufrir una nueva pandemia, con más de 300 millones de muertos en el mundo, para que los gobiernos reaccionaran.
