lunes, 18 de noviembre de 2024

Algunos desafíos que debe afrontar el Sistema Nacional de Salud (y no es fácil).

Conferencia impartida en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, el 14 de noviembre de 2024.


1.Introducción.

El ministerio de sanidad inglés encargó hace unos meses al respetado cirujano, Lord Darzi, que elaborara una investigación sobre la situación del National Health Service. El profesor Ara Darzi es catedrático de cirugía en la Escuela Imperial de Londres, y cirujano en el Hospital Imperial NHS Trust. En su excelente informe, presentado en septiembre pasado, el profesor concluye: “el Servicio Nacional de Salud está en una situación crítica, pero sus signos vitales todavía son fuertes” (1). 

La situación del Sistema Nacional de Salud español no es muy diferente.

Aunque sigue manteniendo unos buenos niveles de calidad, desde el año 2011 la sanidad española viene sufriendo un deterioro progresivo que amenaza con llegar a un punto de no retorno. Es preciso afrontar una serie de desafíos para asegurar su viabilidad. Y no va a ser fácil.

El Sistema Nacional de Salud, al que dio forma la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el ministro Ernest Lluch, reunía las siguientes características: cobertura prácticamente universal, ligada a la condición de ciudadanía; amplio catálogo de prestaciones y cartera de servicios; financiación mayoritariamente pública, a través de impuestos; gestión mayoritariamente pública, integrada en una red única, y descentralizada en las Comunidades Autónomas; y, como elemento fundamental, unos excelentes profesionales, bien formados y cualificados, que realizan una notable labor clínica, docente e investigadora.

A lo largo de más de veinte años, desde 1986 hasta 2010, la sanidad pública española fue mejorando paso a paso en cobertura poblacional, en prestaciones, en calidad de los servicios y en resultados en salud (2). En efecto, la esperanza de vida al nacer en España en 2023 era la más alta de Unión Europea, 84 años, frente a 81,5, y una de las más altas del mundo (3).

Al mismo tiempo, la mortalidad prevenible y evitable, que trata de medir de forma más precisa la efectividad de las intervenciones sanitarias, era la tercera más baja de UE (4).

Otro dato significativo: España es el país número uno del mundo en donaciones y trasplantes de órganos; esto refleja, de un lado, generosidad y confianza de los donantes, de otro, buena organización del sistema, y en tercer lugar capacidad técnica y de coordinación de los profesionales

(5).

Lo que habíamos conseguido, lo que todavía podemos disfrutar, es tan notable que hubiera sido difícil imaginarlo hace apenas cien años: una buena medicina, de calidad, y para todos, y accesible en función de nuestra necesidad. Parece un sueño.


2. El deterioro y sus causas.

Sin embargo, desde hace unos años, el Sistema Nacional de Salud muestra signos de deterioro. Señalaré tres.

2.1. El primer signo de deterioro son Las Listas de Espera.

En Atención Primaria, solamente un 20,6% de los pacientes son atendidos en el día o al día siguiente de su solicitud. El resto, tienen una media de espera de 8,81 días. (6). Llama la atención que una de cada cuatro personas que necesitaron, en los últimos 12 meses, consultar por síntomas o enfermedades a su médico de atención primaria no lo consiguieron. Muchos de ellos tuvieron que ir a urgencias o a la sanidad privada.

En Consultas de Atención Especializada Hospitalaria el tiempo de espera se ha duplicado desde 53 días en 2010, a 94 días en junio de 2024. Esa es la media, pero muchos esperan más de 6 meses, tiempo al que se añade después la espera para las pruebas y para una nueva consulta “de resultados”. Es inaceptable tener que esperar para un diagnóstico y un tratamiento más de seis meses o un año (7).

En Cirugía programada el tiempo de espera también se ha duplicado, de 65 días en 2010 a 121 días en junio de 2024.

2.2. Un segundo signo de deterioro es la opinión de la población. 

En el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2024 observamos que la sanidad es el Segundo problema que más afecta personalmente a los españoles. Afecta a un 20,9% de la población, mientras que en 2010 la sanidad aparecía en el puesto décimosegundo y afectaba solo a un 3,5% de la población (8).

A su vez, el Barómetro Sanitario muestra que en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el funcionamiento de la sanidad pública. Mientras que hoy es solamente un 55,8%. Es verdad que, cuando son atendidas, la mayoría de las personas valoran la calidad del servicio con notables y sobresalientes. Pero la sensación de deterioro, por problemas de acceso y saturación, es creciente.

2.3. El tercer signo es consecuencia de los anteriores. Se trata del aumento de las pólizas de seguros privados. 

En el Barómetro Sanitario vemos que el número de pólizas privadas ha crecido desde un 16% de personas mayores de 18 años en 2015, a un 35% en 2024. A su vez, los datos de UNESPA coinciden en mostrar esta evolución: de 8,3 a 12,4 millones de pólizas de seguros sanitarios privados. (9 y 10). Si las clases medias se ven obligadas a utilizar la sanidad privada para evitar las listas de espera, la sanidad pública podría convertirse otra vez en sanidad para menesterosos, en la antigua beneficencia, como lo era hasta la segunda mitad del siglo XX, con sus cartillas de pobres.

¿Cuáles son las causas de este deterioro?

La más importante es la falta de recursos suficientes. Los recortes sanitarios aplicados en la crisis financiera, en los años 2011 y siguientes, redujeron los recursos disponibles para sanidad, mientras, al mismo tiempo, crecían las necesidades de atención sanitaria, como luego veremos. El recorte del gasto sanitario público fue consecuencia directa de la voracidad de un nuevo capitalismo financiero global, un capitalismo especulativo y depredador, que buscaba maximizar sus ganancias a corto plazo y lanzó una serie de “productos financieros tóxicos”, como las llamadas hipotecas basura. Los gobiernos permitieron esas prácticas, reduciendo controles. Y cuando los bancos amenazaron quiebra, los mismos gobiernos acudieron a su rescate con dinero público, forzando a la vez recortes en gastos sociales (11).

La pérdida de recursos y el aumento de las necesidades sanitarias generó una sobrecarga que se tradujo en el aumento de listas de espera, y en la saturación de los profesionales que acabamos de comentar.

La segunda causa del deterioro es la insuficiente coordinación y cohesión del Sistema. La descentralización iniciada con la Constitución Española y la Ley General de Sanidad fue muy positiva, al acercar la gestión a los territorios, con un mejor conocimiento de los problemas y unas respuestas más ajustadas a los mismos. Pero a lo largo de los años se han ido generando desigualdades y distorsiones, sin suficientes mecanismos correctores. Si estos efectos no se enmiendan podríamos terminar desarrollando 17 sistemas de salud distintos (12). La pandemia de la COVID-19 mostró esta falta de cohesión y la necesidad de una mejor coordinación.

Además, hay otra serie de factores de la organización y funcionamiento de los servicios que han ido impactando negativamente sobre diferentes aspectos del sistema sanitario en estos años y que suponen importantes desafíos que debemos afrontar si queremos mantener y mejorar el Sistema Nacional de Salud. 

 

3. Los Desafíos.

Estos problemas y desafíos son muy complejos, como muestran diversos informes y estudios sobre la cuestión (13, 14, 15, 16, 17). Y están todos interconectados entre sí. 

Me limitaré a comentar brevemente los que considero más relevantes, ordenándolos en tres grupos: estructurales, operativos y globales. Aunque en todos los desafíos intervienen los diferentes ámbitos y actores, en los estructurales influye más el ámbito nacional, en los operativos el ámbito autonómico, y en los globales el ámbito supra-nacional.

3.1. Analizaré primero cinco desafíos estructurales.

3.1.1. El primer gran desafío es lograr una financiación suficiente para hacer frente a las necesidades.

En este momento, como se ha dicho, hay un desajuste entre necesidad y recursos. Así, entre 2010 y 2018, antes de la COVID, el SNS había perdido un 20% de recursos anuales, más de 100.000 millones de euros acumulados, en euros constantes (18). Posteriormente, desde 2018, se produjo una ligera recuperación, que se reforzó en 2020 y 2021 con los fondos COVID. Sin embargo, si comparamos el gasto sanitario público de 2022 con el de 2009, en euros constantes, el incremento había sido solamente de un 3%.  

Este modestísimo aumento de recursos en más de diez años contrasta con el crecimiento de las necesidades en el mismo periodo. En efecto, la población total aumentó un 3,3%. Pero la población mayor de 65 años ha aumentado un 22% (y va a seguir creciendo en la próxima década) (19). Y sabemos que las personas mayores de 65 años concentramos la utilización de servicios (varias veces más en relación con la media). Además, en estos años, ha aumentado la prevalencia de enfermedades, ajustada por edad, con un alto coste de tratamiento. Según el Ministerio de Sanidad, entre 2016 y 2022, la prevalencia del cáncer de mama, ajustada por edad, ha aumentado un 35%; la del cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, un 30,8%; la de cáncer de colon y recto, un 26,5%. 

De la misma manera, la prevalencia de problemas de salud mental, ajustada por edad, ha aumentado un 32%; y los problemas de salud mental en menores de 25 años registrados en atención primaria casi se han duplicado en este periodo (20). Así mismo, ha aumentado la incidencia y la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, endocrinas, reumáticas, etc.

Otra fuente que confirma el aumento de la demanda es la prevalencia media de incapacidad temporal por contingencias comunes, las bajas laborales; dicha prevalencia era de 25 por cada 1000 habitantes en 2010 y ha pasado a 51,9 en 2023 (21). Más del doble. 

En definitiva, la estimación de las necesidades de atención respecto a 2009 sería de, al menos, un 20% más.

Por lo tanto, sería preciso disponer, como mínimo, de un 20% adicional de financiación, unos 22.000 millones de euros anuales, equivalente al 1,5% de PIB. 

¿Cómo lograr estos recursos? Por un lado, con el aumento de la recaudación fiscal en relación con la mejora de la situación económica. Por otro, es importante conseguir una recaudación más justa, con una reforma fiscal que recupere, mediante impuestos progresivos, una aportación proporcionada de las grandes corporaciones y las grandes fortunas, que hoy en día no contribuyen lo que deberían. De la misma manera se debe impulsar una estrategia firme de lucha contra, la elusión, la evasión y el fraude fiscal, recaudando el equivalente a 5 puntos del PIB adicionales. 

Y, desde luego, hay que contar con una fiscalidad autonómica reforzada en la misma dirección. Recordemos que si no hay impuestos justos no puede haber servicios públicos de calidad.

Pero no es suficiente con que logremos aumentar los recursos. Hay que asegurar que se destinan a sanidad. Conviene tener en cuenta que, si el aumento de recursos llegara a través del modelo de financiación autonómica actual, sin condiciones, serán las CCAA las que decidirán qué parte de ese dinero se destina, o no se destina, a sanidad. Por lo tanto, sería importante acordar un nuevo modelo de financiación que, a la par que garantice una distribución más equitativa de recursos a las CCAA, establezca unos mecanismos de control que aseguren la asignación al presupuesto sanitario de aquellos recursos adicionales que se transfieren a las CCAA con la finalidad de mejorar la sanidad. 

Otra posibilidad, que considero preferible, es realizar traspasos de recursos finalistas, con control de su ejecución, como ocurre con los fondos europeos. En este sentido, me parece oportuno citar al profesor, y ex consejero de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, en declaraciones a El País de 8 de septiembre pasado: “No hay que pensar tanto en la financiación de las autonomías -dice-, sino en las necesidades de la gente, de la sanidad y la educación”. Considera necesario que el Estado transfiera un 2% más de PIB para estas funciones. “Será la última oportunidad”. “Si nos gastamos los pequeños márgenes que pueda haber ahora sin priorizar la sanidad y educación, esa posibilidad estará colgada”. Y añade: Una fórmula válida sería “transferencias del Estado a las Comunidades para esas partidas sin modificar el sistema de financiación”. (22).

3.1.2. El segundo gran desafío estructural es la Gobernanza: reforzar la Cohesión y la Coordinación del sistema sanitario. 

Está relacionado con la cuestión anterior y deriva de la configuración del modelo autonómico del Estado. Cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, no se creó un Servicio Nacional de Salud (como el antiguo Instituto Nacional de la Salud, implantado en toda España), sino un Sistema, con 17 servicios regionales de salud, para adaptarlo a la forma de Estado instituida en la Constitución Española. Y se estableció un mecanismo de coordinación, el Consejo Interterritorial. Por otro lado, el Gobierno de España se dotó de la capacidad de proponer al Parlamento la legislación básica sanitaria. Además, la Ley preveía otros dos instrumentos de coordinación: el Plan Nacional de Salud, integrando los Planes autonómicos, y la Alta Inspección, pero apenas tuvieron desarrollo. Sin embargo, en el proceso de construcción de las autonomías, el Ministerio de Sanidad fue perdiendo fuerza relativa, y eso dificultó su capacidad para ejercer las funciones de coordinación previstas. En cuanto al Consejo Interterritorial ha servido para comentar problemas y compartir algunas soluciones, pero sus acuerdos no han sido vinculantes, por lo que su capacidad de gobierno del Sistema es muy reducida (12). Lo cierto es que actualmente existe una diferencia de Gasto Sanitario Público por habitante de hasta un 40% entre CCAA (20), y la diferencia en tiempos de espera para atención especializada llega a ser de tres veces más entre distintas CCAA. 

Por otra parte, en ocasiones, hay dificultades para que un paciente que reside en una CCAA sea atendido en otra, o para que pueda retirar los medicamentos en la farmacia. El hecho es que la Constitución Española diseñó un Estado cuasi Federal, sin estructuras de gobierno Federales. 

En este sentido, el Dictamen del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción Social y Económica, elaborado después de la primera oleada de la COVID en julio de 2020, y que se aprobó por amplia mayoría,  propone “rediseñar una nueva arquitectura institucional para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, basada en la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Ministerio de Sanidad” (14).

En la misma línea apunta el informe del Consejo Económico y Social sobre el Sistema Nacional de Salud, respaldado por las grandes organizaciones sindicales y empresariales, que fue aprobado en febrero de este año (15).

En todo caso, como parte de esa estructura de gobierno, es preciso fortalecer las capacidades del Ministerio de Sanidad; recuperar la coordinación del Instituto de Salud Carlos III y los Centros Nacionales; fortalecer su peso en el ámbito internacional; y valorar la posibilidad de crear una Agencia del SNS para desarrollar funciones comunes (sistema de información, sistema de evaluación, compras conjuntas, ordenación profesional, gestión del Big Data, y otras). 

3.1.3. El tercer desafío estructural es impulsar la Salud en Todas las Políticas, estrategia que va más allá del SNS, pero que éste debe liderar, para frenar el aumento de la prevalencia de enfermedades, y reducir la presión asistencial.

Como vimos, la prevalencia, ajustada por edad, de diferentes patologías, está aumentando. También lo hace la incidencia. No estamos llegando a las causas para prevenir adecuadamente. Es preciso, pues, impulsar estrategias para reducir la carga de enfermedad crónica en España. 

Muchas medidas preventivas tienen que ver con ámbitos fuera de la competencia del SNS, como ya advertía Cervantes por boca de Don Quijote: “tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas yerbas describe el Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna”. Es decir, mejor alimentación y menos medicinas.

La salud se gana o se pierde por un trabajo seguro, estable y bien remunerado. Por una vivienda digna y accesible. Se gana evitando la pobreza energética, garantizando alimentos suficientes y de calidad, reduciendo las desigualdades sociales, y disminuyendo progresivamente la contaminación ambiental. Se gana también con unos servicios sociales y sanitarios cercanos y bien dotados, centrados en la prevención. Y se pierde si recorremos el camino contrario. 

En una entrevista que tuve el privilegio de hacer a la profesora Carmen Estrada para la revista de la AAJM, esta neurocientífica con más de 30 años de experiencia investigadora me dijo: 

“Si lo que queremos es mejorar la salud de la población quizás sería más interesante plantearse como objetivo disminuir la pobreza, en vez de crear un nuevo medicamento” (23). En definitiva, el Sistema Nacional de Salud debe liderar un enfoque que busque la Salud en Todas las Políticas.

3.1.4. El cuarto desafío es mejorar la eficiencia del sistema. Y el mayor agujero negro en la eficiencia del SNS es el gasto excesivo en medicamentos.

De nada vale lograr más recursos para sanidad si se derivan a beneficios abusivos de las compañías farmacéuticas (24). El gasto público en medicamentos en 2024 superará los 25.000 millones de euros, con un aumento de 8% respecto al año anterior (25). El exceso de gasto asciende al menos, a 10.000 millones de euros anuales, sobre todo por los precios abusivos de los nuevos medicamentos, 100 veces por encima de los costes de fabricación e investigación, y en parte por sobre-prescripción. El problema que ocasiona el exceso de beneficios de las empresas farmacéuticas para el conjunto de la sociedad, no es solo el despilfarro de esos más de 10.000 millones de euros anuales, que podrían dedicarse a financiar, por ejemplo, más de 100.000 plazas de profesionales sanitarios, aliviando la sobrecarga y las listas de espera. El problema es que parte de ese dinero lo utilizan para patrocinar la formación continuada de médicos y asociaciones de pacientes, así como la elaboración de guías clínicas, orientando los patrones de consumo, y medicalizando la sociedad, en lugar de dirigir los servicios a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Es decir, en vez de desarrollar el enfoque preventivo de Salud en Todas las Políticas, la industria financiarizada del medicamento, controlada por grandes fondos de inversión, refuerza un modelo que hace negocio y se beneficia con el aumento de las patologías y la cronicidad (26).

Debería, pues, diseñarse una estrategia de Política Farmacéutica a medio plazo, revisando el modelo actual de monopolios y fijando precios justos para los nuevos medicamentos, desligados de la supuesta financiación de la I+D. Simultáneamente, con los recursos liberados, se debe fortalecer el sistema público de investigación, liderado por el Instituto de Salud Carlos III, con sus más de 29.000 investigadores vinculados a diferentes institutos y redes de investigación, como, por ejemplo, la Red de Terapias Avanzadas, coordinada desde la Arrixaca, e impulsando la producción académica de tratamientos. Y, a su vez, se debe garantizar una formación continuada de los profesionales independiente del patrocinio de la industria. Esto llevará tiempo. No es nada fácil, pero no es imposible.

3.1.5. El quinto desafío estructural es mejorar la equidad.

Aunque el SNS se dice universal, y todos tenemos teóricamente acceso equitativo a las prestaciones sanitarias, esto no es totalmente así. Ya comentamos diferencias de financiación entre CCAA. Pero hay más inequidades.

Por un lado, restan algunos colectivos de personas sin acreditación para obtener la tarjeta sanitaria. Por otro lado, perviven subsistemas de cobertura pública diferentes (Mutualidades, Mutuas, sanidad penitenciaria). En tercer lugar, hay prestaciones no cubiertas, o de muy baja cobertura, que generan falta de equidad en el acceso y obligan, a quien tiene medios, a buscar la atención en la sanidad privada (odontología, productos sanitarios, podología, fisioterapia, salud mental, etc.). 

Además, los copagos en medicamentos generan inequidad en el acceso. Lo mismo ocurre con las listas de espera, que retrasan el acceso a un diagnóstico o un tratamiento. Finalmente, se observan diferencias de varios años en la esperanza de vida al nacer y en vida en buena salud, según clase social, lugar de residencia, o género.

Es posible y es necesario mejorar la equidad completando la legislación sobre universalidad, incorporando progresivamente la atención sanitaria de mutualidades y mutuas al régimen general, así como la sanidad penitenciaria, suprimiendo los copagos y la desgravación de pólizas sanitarias de empresa, y ampliando la financiación de las prestaciones no cubiertas hasta este momento.

Hasta aquí, los desafíos estructurales.


3.2. Un segundo grupo de desafíos son operativos. Mencionaré diez de ellos, con un breve comentario.

Uno. Lograr una dotación adecuada de profesionales sanitarios, recuperar su ilusión y mantener su excelencia técnica.

El personal sanitario es el corazón del sistema. Es lo que hace que funcione o que no funcione.

Es preciso contar con una dotación suficiente (27), adecuada a la necesidad y la demanda y ofrecer unas condiciones de trabajo satisfactorias, con estabilidad en el empleo, remuneración justa, carrera profesional, autonomía en su ejercicio, 

y participación en las decisiones que le afecten. Es absolutamente necesario crear un clima de respeto, seguridad y reconocimiento y, además, garantizar un proyecto de futuro, ilusionante, que recupere y afiance la sensación de orgullo de pertenencia al SNS.

Dos. Conseguir una buena participación de la ciudadanía, los pacientes y los profesionales.

Hasta ahora, los mecanismos de participación en la planificación y gestión, regulados en diferentes normas, no han tenido suficiente desarrollo y necesitan promoverse activamente. Un espacio que podría articular dicha participación es el ámbito municipal.

Al mismo tiempo, los pacientes y sus familias participan en los procesos de atención, y lo harán más cada vez, ya que los procesos de salud / enfermedad son un continuo que afecta a todas las personas a lo largo de la vida. Saber cuidar la salud, saber cuidar al otro, saber gestionar los procesos de enfermedad, con el apoyo de los profesionales sanitarios y de los servicios sociales, tomando las decisiones oportunas, es un recurso clave del SNS. 

Por otra parte, es fundamental garantizar y mejorar la participación de los profesionales sanitarios en la definición de estrategias, y en la organización y la gestión de los servicios y las instituciones. “La experiencia de los profesionales es clave para diseñar y rediseñar los procedimientos y los servicios, y procurar su mejora continua” (13).

Tres. Reforzar la Salud Pública

Es necesario reforzar todos los dispositivos y estructuras de salud pública en las Comunidades Autónomas con la dotación de personal suficiente, mejorando la comunicación e interacción con los otros niveles asistenciales. Se debe crear ya la Agencia o Centro Estatal de Salud Pública para coordinar las diferentes actuaciones en todo el Sistema Nacional de Salud, participar en los organismos y planes internacionales, integrar los sistemas de información, completar el sistema de vigilancia epidemiológica y la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, e implementar las recomendaciones del Informe Evalúa COVID-19

Cuatro. Dar un fuerte impulso a la Atención Primaria.

La falta de estabilidad y la rotación de profesionales quiebra la continuidad en la atención a los pacientes. La falta de tiempo impide abordar tareas de prevención e intervenciones de salud comunitaria, y no favorece la estrategia de participación y autogestión de la salud-enfermedad por los pacientes y la ciudadanía. El informe del Consejo Económico y Social plantea la necesidad de “incrementar el número de profesionales, garantizar su disponibilidad y mejorar las condiciones laborales de manera que se posibilite la accesibilidad, la longitudinalidad, la estabilidad, la atracción de talento y se reduzca la temporalidad por debajo del 8 por 100” (ahora, la temporalidad está por encima del 40%, lo cual perjudica a los profesionales y genera importantes problemas en la prestación de servicios) (15).

Cinco. Desarrollar un modelo integral de atención en Salud Mental.

La prevalencia de los problemas de salud mental viene aumentando desde hace diez años, especialmente en jóvenes. Al mismo tiempo los recursos públicos no han crecido, por lo que buena parte de la demanda no puede ser atendida adecuadamente. Según el CES, 8 de cada 10 consultas de salud mental se atienden en la sanidad privada. La falta de tiempo de atención por los profesionales se traduce en un aumento de la medicamentalización. Así, España es líder mundial en consumo de benzodiacepinas. 

Es preciso duplicar los recursos humanos para salud mental (28). Y es preciso modificar su asignación, priorizando la actuación en la comunidad, dando preferencia a la atención temprana a los jóvenes (15).

Seis. Mantener un buen nivel en Infraestructuras y equipamiento.

Para que el Sistema Nacional de Salud recupere y mantenga un buen nivel de calidad en los servicios que presta, debe hacerse un esfuerzo importante en inversiones para dotación de nuevos equipos y mantenimiento de las instalaciones. Esta inversión requiere aumentar la dotación anual hasta el 5% del Gasto Sanitario Público. También es necesario incorporar programas para hacer un uso eficiente de las tecnologías, 24 horas al día / 365 días al año, implantando, al mismo tiempo, programas de evaluación de las mismas (mapas de variabilidad de la práctica médica, evaluación de impacto, etc.). (29).

Siete. Orientar y controlar la sanidad digital.

Las nuevas tecnologías de informática y comunicaciones ofrecen una serie de posibilidades muy útiles, pero también presentan algunos riesgos. Uno es la pérdida de la confidencialidad. Con la digitalización en red, la información clínica es más vulnerable. En efecto, ya se han hackeado bases de datos hospitalarias para vender su contenido ilegalmente (30). 

Otro riesgo es la posibilidad de captura y control legal del Big Data sanitario por empresas privadas con ánimo de lucro (grandes plataformas digitales, aseguradoras, redes de hospitales, industria farmacéutica, etc.). Por eso habría que blindar el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Un riesgo no pequeño es el impacto patógeno de la sobre exposición y la dependencia a internet y los móviles en la salud mental (31). Es decir, las tecnologías de la computación y la comunicación, como la Inteligencia Artificial, ofrecen muchas oportunidades, pero requieren potentes medidas de seguridad y la garantía de su utilización en beneficio del paciente y del servicio público. ¿Seremos capaces de gobernar estos procesos?

Ocho. Actualizar y renovar la Atención Hospitalaria.

Cuando era joven se definían los hospitales como “instituciones cerradas”, frente a las “instituciones abiertas” que eran ambulatorios y consultorios. El hospital del siglo XXI tiene que ser abierto a la sociedad, flexible en su organización, y coordinado con el resto de la red sanitaria y con los servicios sociales. La “cama” ya no es la referencia principal (13). 

La mayoría de los procesos se atienden de forma ambulatoria. Así mismo, tendrán mayor peso la hospitalización a domicilio, la consulta telemática, y la descentralización de procesos de atención con la participación de los pacientes, apoyada en tecnologías de la información y la comunicación. Teniendo en cuenta la complejidad de los servicios, cuando intervengan varias especialidades debería haber un consultor responsable de la coordinación e integración de procesos, así como del seguimiento y la información a los pacientes y familiares.

Nueve. Mantener el liderazgo de la gestión sanitaria pública.

La gestión sanitaria en España es integrada, es decir, de titularidad mayoritariamente pública. Deriva de su origen en la red sanitaria de la Seguridad Social, las Diputaciones y los hospitales Clínicos. Y ha mostrado su enorme capacidad de evolución y de prestación de servicios de una forma eficiente. La privatización de la gestión puede resolver algún problema coyuntural, como una oferta complementaria equilibrada, pero, si adquiere una dimensión mayor corremos el riesgo de redirigir el sistema sanitario en función de los intereses empresariales. En los países con más gestión privada de la sanidad pública (el paradigma sería la sanidad en EEUU), el gasto en relación con los resultados en salud es mucho mayor y la calidad de servicio a las personas de rentas medias y bajas se deteriora significativamente. Esta pérdida de calidad se ha objetivado en diversos estudios en países europeos, como Reino Unido o Francia (32, 33). Por eso convendría que la gestión privada de servicios sanitarios públicos mantuviera una posición complementaria de la provisión pública. 

Y diez. Coordinar los servicios sanitarios y sociales.

Hablamos de la necesidad de más recursos, pero también es importante que los coordinemos y utilicemos bien. Lo vimos en la pandemia con la falta de atención que se produjo en las residencias de mayores y de personas con discapacidad. Pero también se ve en el día a día en la atención a personas con trastorno mental, o en la atención a personas en situación de dependencia, en el uso de servicios de tele-asistencia, o en los servicios de apoyo después del alta hospitalaria. La coordinación con los Servicios Sociales potenciaría significativamente el valor de las actuaciones de los profesionales sanitarios. 


Hemos analizado, hasta aquí, algunos desafíos estructurales y operativos. 

3.3. Finalmente hemos de afrontar también desafíos supra nacionales, que no dependen solamente de España ni de nuestros gobiernos. Se trata de la salud global. Aspectos que escapan a las decisiones de un solo país pero que afectan a la salud de todos. Señalaré cuatro.

3.3.1. El primer desafío global es reforzar la preparación y respuesta a pandemias. 

La COVID-19 nos mostró de forma patente que una enfermedad en un país puede transformarse en semanas en un problema global, paralizando el planeta. La movilidad diaria de personas y mercancías, a lo largo y ancho del mundo entero, nos convierte en una casa común. La pandemia nos dejó algunas enseñanzas positivas. Por ejemplo, en la investigación y fabricación de vacunas dimos un paso importante en la Unión Europea, con compras anticipadas, compras conjuntas y distribución equitativa. 

Pero no hicimos lo mismo en el ámbito Global (34). Millones de personas en países pobres que podían haber salvado la vida murieron, y la afectación en los países ricos fue mucho mayor de la que debería haber sido, al prolongarse la pandemia. Y, al mismo tiempo, gracias a los monopolios concedidos por los gobiernos a las empresas, éstas amasaron unos beneficios abusivos de 200.000 millones de dólares entre 2020 y 2021 por la venta de vacunas, medicamentos y tecnologías para la COVID. Dos años después de acabada la pandemia, el Tratado de Pandemias de la OMS sigue sin aprobarse (todavía la semana pasada y esta semana se está desarrollando la décimo segunda ronda de negociaciones). 

Los países ricos se niegan a aceptar que, mientras duren las situaciones de pandemia, se suspendan las patentes, y se disponga la transferencia de tecnología y conocimiento, y la fabricación de vacunas en todo el mundo a precio de coste. Y, entre tanto, vuelve la amenaza de la gripe aviar en EEUU, aparecen casos de dengue y fiebre del Nilo en España, se prolongan en el mundo las antiguas epidemias, como la tuberculosis, el sida y la malaria, y siguen propiciándose condiciones para la aparición de nuevas epidemias como el Mpox en la República Democrática del Congo.

3.3.2. El segundo desafío supra nacional es reducir las enormes desigualdades económicas en el mundo.

La desigualdad causa pobreza, hambre, enfermedad, migraciones, y muerte prematura. Es necesario generar sistemas fiscales globales, que permitan recuperar para la sociedad los beneficios escandalosos que ahora acumulan las grandes corporaciones y las grandes fortunas. El informe Intermon-Oxfam 2024 denuncia que el 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 95% de la población mundial (35). 

La concentración actual de poder económico en unos pocos cien mil millonarios nos conduce a regímenes autocráticos que violan los derechos humanos y debilitan a las democracias en todo el planeta. 

El sistema económico debería distribuir de forma más justa los esfuerzos y los beneficios que generamos entre todos. Para ello son indispensables acuerdos globales en instituciones multilaterales fuertes que los puedan hacer cumplir. La ONU debe ser refundada en esa dirección. 

3.3.3. En tercer lugar, es vital para la salud frenar y revertir el cambio climático. 

Como dice el poeta y narrador Manuel Rivas: “Nos están robando la línea del horizonte. / La codicia, la impaciencia depredadora, / nos sobrevuelan como rapiña”.

La sobre-explotación de las reservas naturales, el uso continuado y creciente de combustibles fósiles, la deforestación masiva, la generación y consumo de plásticos, los nuevos pesticidas, etc., están modificando de forma imparable los ecosistemas, provocando el aumento progresivo de temperaturas, y los fenómenos extremos de sequía e inundaciones, con su correlato de destrucción, hambre y epidemias. Y también están modificando la propia microbiota humana, nuestro ecosistema, produciendo alteraciones hormonales, neuro-endocrinas, inmunitarias, y psicosomáticas, que pueden estar detrás del aumento de la incidencia del cáncer, de enfermedades mentales, de enfermedades neurodegenerativas y otras. 

El Informe The Lancet Countdown 2024 sobre cambio climático se sub titula: enfrentando amenazas que rompen records por culpa de retrasar las acciones (36). Está publicado el 29 de octubre pasado. Y advierte que “los fenómenos climáticos extremos que resultan de la sobre explotación y consumo de combustibles fósiles están cobrándose cada vez más vidas y medios de vida”. Lamentablemente, ese mismo día, 29 de octubre, la terrible DANA que asoló brutalmente al levante español se cobró más de 220 vidas y causó incontables destrozos en viviendas, empresas e infraestructuras, así como un enorme sufrimiento, con secuelas no pequeñas, que afectarán a la salud de miles de personas. Ayer y hoy una nueva DANA ha golpeado a Andalucía y a la Comunidad Valenciana ¿Cuándo decidiremos actuar?

3.3.4. El cuarto desafío global es la guerra y la búsqueda de la paz. Como azote que sigue castigando a los pueblos no podemos dejar de mencionar las guerras. Las que se ven, como Ucrania, o Palestina, y las que no se ven, como Siria, Yemen, República Democrática del Congo, Sudán y tantas otras (37). Las guerras matan, mutilan, generan enfermedades de todo tipo y mucho dolor (38). Y a su vez provocan migraciones de millones de personas desesperadas que buscan sobrevivir. Las guerras afectan directa o indirectamente a las economías de todos los países, perjudicando siempre a los más débiles. Las guerras, en definitiva, responden a intereses de los grandes poderes económicos que imponen a los gobiernos sus prioridades, despreciando el enorme daño que causan. En definitiva, cada guerra supone una quiebra moral de la humanidad.


Estos desafíos globales, supra nacionales, como renacidos jinetes del Apocalipsis (la peste, el hambre, la muerte y la guerra), afectan directamente a la salud y al futuro de la sanidad pública, y afectan desde luego al porvenir de la humanidad. Los países del mundo debemos reforzar las instituciones multilaterales para buscar nuevos equilibrios y alternativas para el planeta, con más igualdad, más justicia, y la búsqueda común de una salud planetaria, Una Sola Salud.


Voy concluyendo.


4. Superar estos desafíos, estructurales, operativos y globales, no es fácil. Pero debemos intentarlo.

No es fácil consolidar el Sistema Nacional de Salud en España, y no es fácil desarrollar sistemas sanitarios públicos eficientes y justos en el mundo, porque la codicia sigue siendo un motor muy potente de la actividad humana, y los grandes poderes económicos (multinacionales financieras, tecnológicas, farmacéuticas, militares, de la energía, o de los seguros de salud) quieren maximizar sus beneficios a corto plazo, también en el sector de la salud. Por su parte, los poderes políticos, que después de las guerras mundiales lograron establecer una distribución más justa de la riqueza a través del sistema fiscal y las políticas públicas, parecen haber tirado la toalla en los años 90 del pasado siglo, limitándose a responder al nuevo capitalismo financiero global con respuestas políticas locales mientras las grandes corporaciones dirigen e implementan agresivas estrategias globales.

Junto a estos poderes está el poder de la ciudadanía. El poder de los consumidores. El poder de las organizaciones sindicales y de empresarios del sector productivo. El poder de las organizaciones de profesionales, como esta Real Academia de Medicina y Cirugía, fundamentada en la ciencia y en el espíritu de solidaridad. La solidaridad es otra fuerza muy poderosa arraigada en el corazón del ser humano. Se vio en la pandemia de la COVID-19, se ve cada día, por ejemplo, en los miles de personas donantes de sangre que salvan vidas desde su discreto anonimato, y se ha visto también entre vecinos y desconocidos que se dejaban y se dejan la piel para ayudar en la fatídica DANA del 29 de octubre, así como en miles de profesionales de los servicios esenciales y en las fuerzas de seguridad del Estado. 

Todos podemos y debemos influir. Tenemos acceso a información, podemos coordinar actuaciones, podemos generar cambios a través de nuestras decisiones personales, de nuestras opiniones y de otras iniciativas. 

Por ejemplo, podemos, en la medida de nuestras fuerzas, insistir a los gobiernos regionales y nacional para que impulsen el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, mejorando decididamente la financiación, apostando por una distribución equitativa y reforzando los mecanismos para una sólida y eficaz coordinación.

Cambiar las reglas de juego globales tardará tiempo. Pero aquí y ahora, cada una y cada uno de nosotros puede empujar con sus decisiones personales, para buscar un nuevo equilibrio entre los grandes poderes económicos y el conjunto de la sociedad. Cada uno podemos aportar. Haciendo bien nuestro trabajo en la clínica, en la docencia y en la investigación. Contribuyendo con nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Animando al diálogo pacífico y a la búsqueda de acuerdos en todos los ámbitos en los que participemos. 

Otros desafíos bien difíciles pudieron afrontarse y superarse en distintas etapas de la historia. En los dos siglos desde que se fundó la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia hemos sido capaces de más que duplicar la Esperanza de Vida al Nacer, superar pronunciamientos y guerras civiles, encauzar revoluciones, avanzar en la igualdad de las mujeres, erradicar, al menos formalmente, la esclavitud y el trabajo infantil, vencer hambrunas, luchar contra epidemias, superar el analfabetismo, o disminuir la mortalidad infantil desde más de 160 a menos de 3 por mil nacidos vivos. Y fuimos capaces de construir un sistema sanitario público, de calidad y accesible a todas las personas. Un verdadero milagro laico… 

Hoy nos toca a nosotros hacer todo lo que esté en nuestra mano para superar los enormes desafíos que debe afrontar el Sistema Nacional de Salud en el presente y en los años por venir.

Sé que no es fácil. 

Quizá, por eso, me vienen a la memoria unos versos que escribí hace años, cuando dirigía el hospital Jiménez Díaz que estaba al borde de la quiebra.

“Un hombre enfermo está pidiendo ayuda, ¿lo escuchas?

Aunque ahora tus alas estén rotas, emprende el vuelo y tiéndele tu mano,

tú bien sabes que es ese tu destino,

y que en cumplir tu destino está tu fuerza, y tu libertad.

Alza la mirada,

recupera el vuelo nuevamente,

y ve a salvar la vida que, sin tu aliento, se va a llevar la muerte.



REFERENCIAS

(1).Lord Darzi. Independent investigation of the NHS in England. Department of Health and Social Care. 2024 https://www.gov.uk/government/publications/independent-investigation-of-the-nhs-in-england

(2). Ortega F, Lamata F. La década de la reforma sanitaria. Ex Libris. Madrid, 1998.

(3). Esperanza de Vida. Eurostat Database, consultado 21/10/2024

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor

(4). Mortalidad prevenible y tratable. Health at a Glance Europe 2022.

Tasa de mortalidad estandarizada por 100.000 habitantes (pág 145).

https://health.ec.europa.eu/document/download/3f9d55be-9e36-43d9-99ad-b96ac63a5b9b_en?filename=2022_healthatglance_rep_en_0.pdf

(5). España lidera los trasplantes en el mundo. El País. 17/1/2024.

https://elpais.com/sociedad/2024-01-17/espana-bate-el-record-de-trasplantes-con-5861-en-2023-y-encadena-32-anos-seguidos-como-lider-mundial.html

(6). Barómetro Sanitario 2024 segunda oleada. Julio 2024.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2024/BS_2024_2a_oleada/Marginales_2a_oleada_Es3470_def.pdf

(7). Sistema de información de listas de espera. Junio 2024

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_jun2024.pdf

(8). Barómetro CIS. Octubre 2024

https://www.cis.es/documents/d/cis/es3478mar_a

(9). Discurso presidenta UNESPA enero 2024. La evolución del seguro en 2023.

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(10). Memoria Unespa 2010

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(11). Oñorbe M, Lamata F. Crisis (esta crisis) y salud (nuestra salud). Bubok. Madrid, 2014 

(12). Sabando P. Así se creó el Sistema Nacional de Salud. Díaz de Santos. Madrid, 2020.

(13). Sabando P, Torres-González F, Lamata F, Gálvez R, Montón C, Rey del Castillo J, Rodríguez Sendín JJ. El Sistema Nacional de Salud: pasado, presente y desafíos de futuro. Díaz de Santos, Madrid, 2020.

(14). “Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción social y económica”, aprobado en el Pleno del Congreso el 22 de julio 2020. https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf

(15). Informe El Sistema Sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro. Consejo Económico y Social. Marzo 2024.

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(16). Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia de COVID-19. Lecciones de y para una pandemia. Xurxo Hervada Vidal, Carmen Pérez Romero, Fernando Rodríguez Artalejo, Rosa Urbanos Garrido. 30 abril 2023.

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(18). Ministerio de Sanidad. Financiación Sanitaria.

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(19). INE. Proporción de personas de 65 años y más.

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(20). Informe Anual del SNS 2023.

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(21). Datos de Prevalencia de Incapacidad Temporal. Seguridad Social.

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(22). Andreu Mas-Colell. No hay que pensar tanto en la financiación de las autonomías sino de la sanidad y la educación. El País 8/9/2024

https://elpais.com/espana/catalunya/2024-09-08/andreu-mas-colell-no-hay-que-pensar-tanto-en-la-financiacion-de-las-autonomias-sino-de-la-sanidad-y-la-educacion.html

(23). Carmen Estrada. Entrevista con Fernando Lamata en la Revista Acceso Justo al Medicamento. 3 / 10/ 2024.

https://accesojustomedicamento.org/conversacion-con-carmen-estrada-decir-que-las-patentes-son-necesarias-para-que-haya-ciencia-es-una-expresion-cateta-de-ignorantes-2/

(24). Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? Díaz de Santos. Madrid, 2017.

(25). Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio Hacienda

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

(26). Gálvez R, Lamata F. Monopolios y precios de los medicamentos. Un problema ético y de salud pública. Fundación Alternativas. 27 junio 2019.

https://fundacionalternativas.org/publicaciones/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica/

(27). Informe de la necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035. Actualización. Patricia Barber Pérez; Beatriz González López-Valcárcel. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Abril 2024.

https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/profesiones/necesidadEspecialistas/docs/Oferta_y_necesidad_de_medicos_especialistas_en_Espana_2023-2035.pdf

(28). Lamata F, Olabarría B. Propuesta para la atención pública a la salud mental. InfoLibre. 1/8/2024.

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(29). Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica. Instituto Aragonés de la Salud.

https://cienciadedatosysalud.org/nosotros/quienes-somos/

(30). El País. La agencia de protección de datos investiga empresa de análisis genético. 23/ 10/ 2024

https://elpais.com/tecnologia/2024-10-23/la-agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-la-empresa-de-analisis-genetico-23andme.html?outputType=amp

(31). Farah L. Strengthening countries’ cooperation to safeguard children and adolescents from screen addiction and to protect mental health. European Public Health Alliance. 24 / 9 / 2024.

https://epha.org/strengthening-countries-cooperation-to-safeguard-children-and-adolescent-from-screen-addiction-and-protect-mental-health/

(32). Goodair B, Reeves A. The effect of health-care privatisation on the quality of care. The Lancet. Vol 9, March 2024

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2824%2900003-3

(33). Manuel Bompard. Cuando todo sea privado, seremos privados de todo. 2 abril 2018.

https://manuelbompard.fr/2018/04/sera-prive-on-sera-prive-de/

(34). Lamata F. Las patentes y el acceso a las vacunas: un desequilibrio que mata. Ceipaz. Anuario 2020-2021.

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/2.FernandoLamata.pdf

(35). Oxfam Intermón afirma que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial. 23 / 9 / 2024

https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/oxfam-intermon-afirma-1-mas-rico-posee-mas-riqueza-95-poblacion#:~:text=23%2F09%2F2024-,Oxfam%20Interm%C3%B3n%20afirma%20que%20el%201%20%25%20m%C3%A1s%20rico%20posee%20m%C3%A1s,General%20de%20las%20Naciones%20Unidas%22

(36). The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. October 29, 2024.

https://www.thelancet.com/countdown-health-climate

(37). Global Peace Index 2024: measuring peace in a complex world. Institute for Economics & Peace. Sydney, June 2024.

https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf

(38). A fecha de hoy existen 56 guerras activas… SemFYC. 2 / 2 / 2024.

https://www.semfyc.es/actualidad/a-fecha-de-hoy-existen-56-guerras-activas



miércoles, 13 de noviembre de 2024

La investigación en nuevos medicamentos y su financiación por el Sistema Nacional de Salud

Conferencia impartida en las jornadas organizadas por el Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, X Jornadas sobre Aspectos Éticos de la Investigación Biomédica: “Repensar las cuestiones éticas para una investigación global”.


En esta conferencia abordaré algunos aspectos éticos que tienen que ver con la financiación de la investigación por el Sistema Nacional de Salud (SNS).


1.Financiación de la investigación biomédica en el SNS.

El Sistema Nacional de Salud financia la I+D de dos maneras. Una es la financiación pública directa. La otra es a través de las patentes y otras exclusividades.


1.1.

La financiación pública directa de I+D biomédica en España (la que hacemos con dinero del presupuesto público) ascendió a 3.543 M€ en 2021, según el Informe sobre el sistema sanitario del Consejo Económico y Social, publicado en marzo pasado (1). 


El Instituto de Salud Carlos III, organizador de estas Jornadas, es el principal organismo encargado de la gestión y ejecución de los programas de I+D biomédica. Hay, además, 35 Institutos de Investigación Sanitaria, formados por hospitales y centros de salud, universidades y otras instituciones, que reúnen 29.000 investigadores adscritos. Además, hemos de sumar los organismos de investigación de las CCAA. El ISCIII gestiona los Centros Nacionales de Investigación, los Centros Propios, las redes de investigación cooperativa orientadas a resultados en salud, la Plataforma de Soporte para la Investigación Clínica, y el seguimiento y apoyo a los centros de Investigación Biomédica en Red, los CIBER. 


En España, la financiación pública directa de investigación biomédica asciende a dos tercios del total. Por su parte, en la UE, dicha financiación asciende al 45% (2). Y en EEUU, con los Institutos Nacionales de Salud, a más de un tercio del total (3). 


Como ha señalado la profesora Mariana Mazzucato, la mayor parte de la investigación básica y buena parte de la investigación clínica innovadora se realiza en centros públicos o con financiación pública (4). La investigación con financiación pública directa es determinante. Sin embargo, el control y la explotación de los resultados del sistema de investigación se realiza, principalmente, por la industria farmacéutica. Empezando por controlar la narrativa: pareciera que toda la investigación biomédica esté financiada por las empresas farmacéuticas. Y, como se ha visto, no es así.


1.2.La financiación de la industria.

Según la memoria de Farmaindustria, en el año 2022 las compañías farmacéuticas destinaron 1.395 millones de euros a investigación biomédica en España (5). Un tercio de la I+D biomédica total.


Con estos fondos las empresas pagan ensayos clínicos, investigación básica y otros gastos relacionados. Ahora bien, y esto es muy importante, esta parte de la financiación de la I+D, la financiación pública indirecta, que aparentemente pagan las compañías farmacéuticas, también la financiamos los contribuyentes y los pacientes, con los sobre-precios que exigen las empresas por los nuevos medicamentos, gracias a los monopolios que conceden los gobiernos, a través de las patentes y otras exclusividades. Por eso la defino como financiación pública indirecta.


1.3.El modelo de patentes y monopolios para financiar la I+D.


Analicemos brevemente este mecanismo, que es clave.

El monopolio que permiten las patentes es una especie de impuesto cedido a las empresas. Por lo tanto, es dinero público que no figura en el presupuesto y que, como enseguida veremos, genera una serie de conflictos éticos y efectos secundarios que pueden ser negativos para el Sistema nacional de salud. 


Las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. 

La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es la financiación de la I+D. Como dije antes, actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación. Por eso les llaman “incentivos” para las empresas.


El problema es que, sistemáticamente, se ha producido un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D que han realizado. De esta forma, obtienen unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener su posición. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y otras fórmulas para remunerar a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D. Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no fuera la finalidad del “incentivo”, que se ha pervertido progresivamente.


Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker (6), para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 11.792 M€ en 2022, y de esa cantidad, como hemos visto, las empresas solo destinaron a I+D 1.395 M€. El resto, 10.397 M€, se lo embolsaron como beneficios, que destinaron a otros fines. 

Es decir, en España, el “incentivo” a la investigación que abonamos los contribuyentes y los pacientes, no solo paga el 100% de todo lo que dicen que se gastaron las empresas en I+D. Sino que paga siete veces más (7, 8, 9, 10).


¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes necesitan ese producto. Les va la vida en ello. Y una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. En otros productos, en otros bienes y servicios, en los que las empresas disfrutan de un monopolio durante un tiempo, un nuevo teléfono móvil, un nuevo coche, una nueva máquina, los consumidores podemos tomar la decisión de prescindir de ese producto y consumir el antiguo hasta que la empresa baje el precio o pierda la patente y surja un competidor. En cambio, cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan.


Con esa premisa, y con el monopolio, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios. 

El medicamento se convierte así en un producto financiero más. Además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se produce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. 


Es decir, el mecanismo de financiación de la I+D de nuevos medicamentos a través de monopolios (patentes y otras exclusividades), lleva inevitablemente al abuso de posición dominante.


Las empresas dicen que las patentes son la sangre de la innovación. Ya hemos visto que la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa. Pero tampoco es cierto que sin patentes las empresas no investigaran. Conviene recordar aquí que antes de la generalización de las patentes de medicamentos, que se produjo con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC, en 1994, las empresas farmacéuticas investigaban. Y ganaban dinero. De hecho, entre 1950 y 1995, el promedio de beneficios sobre ventas fue del 10%, el doble de lo que obtuvieron la media de las industrias no farmacéuticas. Lo que ocurrió a partir de 1995, es que los beneficios sobre ventas se dispararon, al 20, al 30, al 50 por ciento sobre ventas, o más. Pero las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos.


Los lobbies de la industria insisten en que los nuevos medicamentos son “de alto coste” porque la investigación cuesta mucho. Es cierto que cuesta mucho. Pero los precios de esos nuevos medicamentos están muy por encima de los costes de fabricación y de I+D, como ya vimos para España. En realidad son medicamentos de “alto precio”, más que de “alto coste”. 


Por ejemplo, como ha demostrado Andrew Hill, profesor de la Universidad de Liverpool, los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, y en España hemos pagado un precio de 20.000 euros por tratamiento. Así ocurre con otros muchos medicamentos (11, 12, 13, 14). Por culpa de los monopolios, se están aprobando precios de más de 10.000 ó 100.000 euros por tratamientos cuyo coste, incluida la I+D es cinco, diez o cien veces menor.


Merece la pena recordar que, en septiembre de 2020, la señora Carolyne Maloney presidía la sesión del Comité de Vigilancia y Reforma del Congreso de los Estados Unidos, donde se llevó a cabo una investigación sobre los altos precios de los medicamentos. Citó el caso de Anoinette Worsham, que había perdido a su hija diabética, al tener que racionar la insulina que necesitaba, porque no podía pagarla. En aquella sesión la congresista Maloney afirmó: “Los documentos revisados por el Comité (más de un millón de páginas) muestran que estos aumentos masivos de precios se basan en generar enormes beneficios para estas compañías, sus accionistas y sus ejecutivos -y añade-. Hemos oído los argumentos de las compañías farmacéuticas y sus lobistas defendiendo la necesidad de subir precios para pagar la investigación en medicinas que salvan vidas… pero la investigación del Comité muestra que esos argumentos son completamente falsos”.


Tengamos también en cuenta que en el gasto de I+D que dicen que han realizado las industrias está toda la investigación, la que funciona y la que no (además de gastos en empresas intermediarias de gestión de ensayos clínicos, ensayos clínicos promocionales, ensayos en medicamentos me-too, bufetes de abogados especializados en patentes, etc., etc.). 


2.Problemas éticos que provoca la financiación de los medicamentos en el SNS.


Una vez analizado el modelo de financiación de la investigación en medicamentos a través de patentes, veamos ahora cómo influye este modelo en seis importantes aspectos del Sistema Nacional de Salud.


2.1.

El primer aspecto que podemos comentar, con claras implicaciones éticas, se refiere a la asignación de recursos. Como hemos visto, el modelo de financiación de la I+D de nuevos medicamentos, a través de monopolios y sobreprecios, provoca gastos excesivos e innecesarios a los Sistemas de Salud, implicando un riesgo para su viabilidad, y afectando al derecho a la atención sanitaria y a la salud de las personas. Porque el dinero público es limitado. Y lo que gastemos de más en medicamentos no se puede destinar a otros fines muy necesarios. En 2022 el gasto sanitario público total ascendió a 92.072 M€. De esta cantidad, 22.015 M€ se gastaron en medicamentos.  Es decir, el gasto en medicamentos supuso un 24% sobre el gasto sanitario público total, cuando debería ser como máximo la mitad. Y sigue creciendo. 


Mientras aumentaba el gasto farmacéutico, la sanidad pública en España se iba deteriorando. Los tiempos de espera para recibir atención, o para ser operado, se han duplicado en los últimos diez años. Por otro lado, la valoración de la población sobre la sanidad pública ha caído de un 74% que consideraban que funcionaba bien o muy bien, a un 55,8%. Y, al mismo tiempo, el número de personas que utiliza una póliza sanitaria privada se ha duplicado, de un 16% a un 35% de la población.


Ese exceso de gasto farmacéutico, de más de 10.000 M€ anuales, que se desvía a los accionistas de la industria farmacéutica podría servir para mejorar radicalmente la Salud Pública, la Atención Primaria, la atención en Salud Mental, las condiciones de trabajo de los profesionales, los tiempos de espera y de atención, así como para consolidar los centros públicos de investigación y generar alternativas públicas para la fabricación y desarrollo de medicamentos innovadores y medicamentos esenciales. 


Para dimensionar el exceso de gasto por abuso de patentes, podemos decir que equivale a poder contratar a más de 100.000 profesionales sanitarios; o que es equivalente al funcionamiento de 10.000 camas de hospital, o de 1.700 centros de salud dotados de personal y equipamiento.


Además, con ese dinero se podría reforzar el sistema público de investigación, potenciando la investigación en estrategias de prevención y promoción de la salud. No olvidemos que la prevalencia ajustada por edad del cáncer, o de los trastornos mentales y otros procesos, ha crecido más de un 30% en los últimos diez años. 


A ese exceso de gasto por sobre precios se puede añadir el gasto por sobre prescripción, que luego comentaré, estimado en unos 5.000 M€ anuales para el conjunto de la sanidad.



2.2.

El segundo problema ético, derivado de los medicamentos de altos precios, es el problema de acceso. 


En efecto, en España, con un buen sistema de salud, y un nivel de renta de país desarrollado, tenemos problemas de acceso a medicamentos.

 

En primer lugar, por los copagos. 

Según el último barómetro sanitario, en los últimos 12 meses, un 4% de la población dejó de tomar el medicamento que le habían recetado en la sanidad pública, por que no se lo pudo permitir por motivos económicos. Equivale a 1,9 millones de personas. No son una ni dos. 


Por otra parte, la exigencia de altos precios para los nuevos medicamentos provoca problemas de acceso por retraso en la financiación pública. Así, el último informe de IQVIA para Farmaindustria, señala que entre que se aprobaba un medicamento en la UE y se decidía su financiación pública en España, había una demora de 629 días (con datos referidos a 2022). 


Además, según el mismo informe, el 51% de los medicamentos aprobados tenían alguna restricción en su utilización (indicaciones, tipo de pacientes, visados de inspección, etc.).


También se detectan problemas de acceso por desabastecimiento de algunos medicamentos. Situación que, en la mayoría de los casos, está provocada por la retirada de productos a precios antiguos para sustituirlos por otros nuevos, con precios diez o cien veces más altos, cuyo valor terapéutico en muchas ocasiones es similar.


Ahora bien, si hay limitaciones de acceso en nuestro país, esas limitaciones son mucho mayores en el ámbito global, provocando gravísimos problemas de salud. Tal es así, que más de 2.000 millones de personas en el mundo, según la OMS, no pueden acceder al medicamento que necesitan. Y se estima que 10.000.000 de personas mueren cada año en el mundo cuando podían haber salvado su vida con la medicación apropiada. Por ejemplo, como denuncia Winnie Byanyima, directora de ONUSIDA, el lenacapavir para prevenir y tratar el VIH/SIDA, tiene un coste de fabricación de 44$ por tratamiento y año, y se vende a 44.000$ por tratamiento y año (15, 16). En España el precio ronda los 20.000 euros por tratamiento. Recordemos que, al mismo tiempo, mueren cada año en el mundo más de 600.000 personas por SIDA. Los monopolios en medicamentos matan. Los descubrimientos relacionados con la salud deben ponerse a disposición de todos los pacientes, sin discriminación y cuanto antes. Es una exigencia ética.


Lo vimos también en las vacunas para la COVID-19. Los países ricos, como la UE, acumulamos más de diez dosis por persona, mientras en los países del Sur Global se quedó sin vacunar más de la mitad de la población. La mayor parte de la investigación se había financiado con fondos públicos a través de subvenciones, investigación básica y compras anticipadas. 

Pero los Derechos de Propiedad Intelectual se concedieron a las empresas. El coste de producción era 1 dólar por dosis. Se vendió a un promedio de 18 dólares por dosis. Las empresas, Pfizer, Moderna y otras, a través de sus asociaciones mundial y europea, se opusieron a la suspensión de patentes durante la pandemia, y los representantes de la UE y EEUU en la Organización Mundial de Comercio bloquearon el acuerdo. La falta de vacunas ocasionó varios millones de muertes evitables. A cambio, el beneficio abusivo de las empresas, por encima de los costes de fabricación, superó en dos años los 200.000 millones de dólares en venta de vacunas, medicamentos y diagnósticos para la COVID-19. 


Estas enormes ganancias son la causa de que el Tratado de Pandemias, que se está discutiendo en la OMS desde 2022, no haya logrado todavía un acuerdo (la semana pasada y esta sigue discutiendo el grupo negociador internacional, y se anuncia que continuará la discusión hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025). Los países del Sur Global exigen que, en caso de pandemia, se suspendan los derechos de propiedad intelectual, los monopolios, y se transfiera la tecnología y el conocimiento, para poder fabricar en todo el mundo y vender a precio de coste. Los países del Norte, EEUU, la UE, Japón, Canadá, etc., presionados por la industria farmacéutica, se niegan. En cambio, estos países quieren un tratado que exija a las naciones del Sur global que compartan la información sobre patógenos y que adopten medidas de control. Puede más la codicia de unos pocos que la salud de la población mundial. Es un neo colonialismo que se está aplicando en este y en otros campos, bajo una retórica de derechos humanos y democracia. 


2.3.

Un tercer problema ético que ocasiona este modelo es que, el patrocinio de la I+D por las empresas, a través de patentes y sobreprecios, provoca sesgos en la investigación (17, 18). En efecto, en la investigación patrocinada por una empresa con ánimo de lucro los sesgos de diseño, selección y análisis de los datos, y publicación de resultados, son inevitables. No olvidemos que la prioridad de la empresa es lograr un medicamento con expectativas de obtener el máximo beneficio económico posible. Con esa finalidad, los resultados de las primeras fases de la investigación se van a publicitar, y las empresas van a conseguir que el valor de sus acciones suba, mucho antes de que esté completada la investigación y comercializado el producto, mucho antes de que sepamos si funciona o no. Las empresas patrocinadoras controlan la información a lo largo de todo el proceso. Se llama gestión de expectativas. Es decir, especulación. El profesor Joan Ramon Laporte, catedrático de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su libro “Crónica de una sociedad intoxicada”, explica como: “Cada nuevo fármaco es evaluado por su compañía titular, y las autoridades reguladoras dan por buenos los resultados de sus estudios, sin que exista un control efectivo sobre la veracidad de los datos recogidos. A menudo los resultados obtenidos en la investigación clínica son secretos. Si no son favorables al fármaco, no son publicados, o bien se publica una versión maquillada, o simplemente inventada. La investigación clínica publicada sobre los nuevos fármacos -concluye- es a menudo fraudulenta y casi siempre engañosa”. También, sobre este mismo tema, es recomendable la lectura del libro de Marcia Angell, “La verdad acerca de las compañías farmacéuticas. ¿Cómo nos engañan y qué podemos hacer al respecto?”. 

La doctora Angell fue editora de la revista New England Journal of Medicine durante más de dos décadas. En un artículo publicado en 2009, afirmaba: “Existen conflictos de intereses y sesgos similares en prácticamente todos los campos de la medicina, particularmente en aquellos que dependen en gran medida de medicamentos o dispositivos. Simplemente ya no es posible creer gran parte de la investigación clínica que se publica”. Y en el libro citado añade: “Los ensayos clínicos puede ser amañados de muchas maneras, y esto ocurre todo el tiempo”… “Las compañías están implicadas en cada detalle de la investigación, desde el diseño del estudio, al análisis de los datos, a la decisión de publicar o no los resultados”… y concluye “Los investigadores ya no controlan los ensayos clínicos, lo hacen los patrocinadores”.


En muchos casos, la investigación realizada con financiación pública o en instituciones públicas, es aprovechada o “comprada” por las compañías farmacéuticas, en ocasiones a través de compañías start up creadas por las universidades o los centros de investigación. Una vez comprados los Derechos de Propiedad Intelectual las empresas farmacéuticas fijan precios abusivos para los medicamentos desarrollados, aunque el grueso de la investigación se hubiera realizado con dinero público directo. Un ejemplo fue el Sofosbuvir, antes citado. Esta situación se fue generalizando en EEUU con la aprobación de la Ley Bayh-Dole en 1980, y progresivamente se aplicó en Europa. Se popularizó la llamada “colaboración público privada” para lograr que la investigación “llegara” a la sociedad. El problema es que no se controló que las empresas abusaran en la fijación de precios, con lo cual, como hemos visto, muchos medicamentos no llegan realmente a quienes los necesitan.


2.4.

Un cuarto problema ético al financiar la I+D con patentes y monopolios es la fijación de prioridades de investigación. Las empresas quieren investigar en medicamentos rentables, que favorezcan sus intereses comerciales. No en necesidades de salud. Apuestan por una investigación incremental que, con pequeñas modificaciones, les permita “reverdecer” las patentes, subiendo los precios, para tratar las enfermedades crónicas prevalentes en el mundo rico (podemos citar el caso del Entresto, de Novartis, y su maraña de patentes (19)). Estas grandes empresas no invierten en enfermedades de países pobres que no pueden pagar (enfermedad de Chagas, dengue, leishmaniasis, lepra, tracoma, filariasis, tuberculosis, malaria, etc.). En 2022 gastamos en I+D biomédica global, en todo el mundo, 350.000 M$ (250+100). En enfermedades olvidadas apenas 5.000 M$, un 1,4%, cuando afectan al 20% de la población (20). Tampoco se investiga en antibióticos, que no son rentables, aunque mueran miles de personas al año, también en Europa, por falta de antibióticos eficaces.


Como es esperable, el exceso de dinero que pagamos a la industria para I+D, tampoco se gasta en investigar en intervenciones de prevención, de promoción de la salud, de cuidados de enfermería, etc. En este sentido, la profesora Carmen Estrada, neurocientífica con más de 30 años de experiencia investigadora, afirma: “si lo que queremos es mejorar la salud de la población quizá sería más interesante plantearse como objetivo disminuir la pobreza, más que crear un nuevo medicamento”. 


Sin embargo, a estas empresas no les interesa invertir en prevención de enfermedad y promoción de salud, sino hacer negocio con la cronicidad.

Por eso, David Healy, profesor en Wales, en su libro “Pharmagedon” señalaba el cambio profundo en la naturaleza de los medicamentos comercializados y en la práctica de la medicina. En este escenario, dice, “las compañías farmacéuticas venden enfermedades más que curaciones”. 


Además de que se fijen las prioridades de investigación por los intereses de negocio, las patentes y los secretos comerciales hacen que se dificulte la investigación cooperativa, y se retrase el acceso a resultados de investigación, obligando a repetir estudios en paralelo, desperdiciando así tiempo y recursos. 


2.5.

Un quinto problema ético es que parte del exceso de beneficios destinados teóricamente a I+D, se canaliza a la formación continuada de los médicos y otros profesionales, congresos, guías clínicas, revistas, sociedades científicas, asesorías, conferencias, y un largo etc., a través de acciones de marketing. Según elEconomista, en 2021 los médicos españoles recibieron 587 M€ de la industria farmacéutica. A todos estos pagos les llaman “transferencias de valor”. Son acciones dirigidas a influir en los profesionales para inclinarles a favorecer los intereses de la empresa pagadora. Los doctores Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández, afirman que las “transferencias de valor” de las industrias farmacéuticas no crean “valor” sino que corrompen a médicos y sociedades científicas (21). 


La revista de la AAJM publicó una investigación de Ángel María Martín, en la que analizó todos los pagos a profesionales de la salud efectuados y publicados por las 18 multinacionales farmacéuticas con mayor volumen de ventas en el año 2022 (22). El análisis muestra que 855 profesionales, líderes de opinión, habían declarado recibir más de 15.000 euros cada uno, de dichas multinacionales farmacéuticas. De ellos, 71 recibieron más de 70.000 euros anuales y nueve por encima de 100.000 euros. Esto solo de información declarada y solo de 18 empresas. 


Muchos profesionales que reciben estos pagos de la industria están convencidos de que no influye en su comportamiento, ni en su investigación, ni en sus aportaciones a la guía clínica correspondiente. Pero no es así. Diversas investigaciones demuestran cómo la recepción de pagos, aunque sea tan solo la invitación a una comida, influye en las pautas de prescripción, o en la opinión expresada. El refranero, que atesora la sabiduría popular, ya lo sentencia: “es de bien nacido ser agradecido”. Otros profesionales sí son conscientes de que recibir patrocinio de la industria condiciona su investigación o su prescripción, pero preguntan: “¿Qué alternativa tengo para formarme, o para llevar adelante este proyecto? Mientras las cosas no cambien tengo que seguir dependiendo de la industria”. Precisamente por eso mismo hemos de cambiar las cosas.


Al mismo tiempo, “Las farmacéuticas destinan 110 millones de euros al año a financiar a las asociaciones europeas de pacientes”. La mayoría también aseguran que este patrocinio no condiciona sus posiciones, ni su opinión, ni socava su independencia. Sin embargo, casi todas estas asociaciones suelen apoyar los puntos de vista de la industria.


Esta influencia del patrocinio se traduce en un sobre – consumo, una “sociedad intoxicada”, como dice Laporte, presionando a prescriptores a recetar y a pacientes a consumir, y provocando efectos adversos que serían evitables: se estiman alrededor de 16.000 fallecidos anualmente en España, es decir, nueve veces los fallecidos en accidentes de tráfico cada año, y alrededor de 200.000 fallecimientos anuales en la UE, “así como decenas de miles de casos de enfermedades”, por reacciones adversas a medicamentos (23). 


Para desmedicamentalizar la sociedad tenemos que empezar cada una de nosotras y de nosotros siendo cuidadosos con los fármacos que tomamos, como recuerda Peter Gotzsche, cofundador de la Cochrane Collaboration y profesor de la Universidad de Copenhague, en su libro “Medicamentos que matan y crimen organizado”: “Las compañías farmacéuticas -dice- han multiplicado sus ganancias vendiendo medicamentos a personas que no los necesitan”. Y añade: “El control de la economía de mercado en el ejercicio de la medicina no cubre demasiado bien las necesidades de los pacientes y resulta incompatible con la ética que debe regir la profesión”.


2.6.

Un sexto problema es que el exceso de pago que hacemos por I+D permite también a las empresas destinar parte de sus beneficios a lobby, para perpetuar o reforzar el sistema. Parlamentarios, gobernantes, directores generales, son tentados con las puertas giratorias (por ejemplo, en la junta directiva de Farmaindustria hay dos exdirectores generales de instituciones públicas, uno de farmacia y otro de salud pública. 


En su órgano ejecutivo hay tres, de diez, que provienen de altos cargos del Ministerio de Sanidad). Las empresas también dedican parte de sus ingresos abusivos a financiar las Agencias de Evaluación, la FDA, la EMA, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No es de extrañar que la revista Prescrire encontrara que solamente 11 de los 124 medicamentos autorizados por la EMA en 2022 representaban un avance terapéutico notable para los pacientes. 23 podían ser moderadamente útiles, 76 no aportaban nada nuevo sobre los tratamientos existentes (aunque, por supuesto, se comercializarán a precios mucho más caros) y 14 eran más peligrosos que beneficiosos (24).


En la UE las compañías farmacéuticas destinaron 36 M€ para lobby en 2022, con 290 lobistas en Bruselas (25). Por su parte, en EEUU las empresas farmacéuticas destinaron 372 M$ en 2022 para lobistas en el Congreso. Un lobista por cada congresista. Así, por ejemplo, consiguieron diluir la ley que, a partir del informe Maloney antes citado, pretendía que Medicare negociase los precios de todos los medicamentos: de momento no se aplicará a todos los medicamentos, ni siquiera a 100, se aplicará solo a 10 medicamentos, y comenzando a partir de 2026. Pero, aún así, las empresas han recurrido esta decisión y tratan de anularla.


En nuestro ámbito, en la pasada legislatura del Parlamento Europeo, se ha discutido la nueva legislación farmacéutica. La propuesta inicial de la Comisión, muy moderada, planteaba por primera vez una reducción del tiempo de exclusividad, es decir, del monopolio. Se mantenía el lenguaje que lo consideraba un “incentivo”, pero se consideraba un tiempo excesivo. 


También se proponía el desarrollo de una infraestructura pública europea potente para la investigación y desarrollo de medicamentos, según la iniciativa que había elaborado el STOA, el Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología del propio Parlamento. Ambas propuestas y otras más que trataban de mejorar la situación, fueron bloqueadas en el Parlamento por la mayoría conservadora. La presión de la industria es enorme.


En España también el Gobierno está revisando la legislación farmacéutica. Esperemos que sus propuestas introduzcan mejoras sustantivas de cara al desarrollo de una política farmacéutica más justa y saludable.


3.

Hasta aquí hemos analizado seis efectos adversos, no pequeños, del modelo de financiación de la I+D de nuevos medicamentos a través de monopolios, es decir, de financiación pública indirecta.


¿En qué dirección podemos avanzar?

¿Existen Alternativas para la financiación y el desarrollo de la investigación biomédica que, a su vez, fortalezcan el SNS y beneficien al conjunto de la sociedad?


Sí que existen, aunque no es fácil desarrollarlas por la enorme resistencia al cambio. No olvidemos que este modelo de patentes y monopolios en el medicamento es parte de un sistema económico, un nuevo capitalismo financiero global, que desde los años 80 del siglo pasado ha ido desequilibrando la distribución de los recursos en favor de las grandes corporaciones y grandes fortunas, de tal manera que hoy acumulan un inmenso poder. Según e informe de Intermon Oxfam 2024, el 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 95% de la población mundial. 


En ese contexto, como hemos visto, el modelo de monopolios en medicamentos ha degenerado exigiendo precios abusivos, y es causa de que millones de personas no tengan acceso a las vacunas y a otros medicamentos que necesitan. Pero, a su vez, produce enormes ganancias para unos pocos. Por eso es tan difícil cambiar este modelo. Pero, desde luego, es una exigencia ética, y así lo entendió el Panel de Alto Nivel sobre acceso a medicamentos convocado por la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016, pidiendo a los gobiernos un cambio de sistema para financiar la I+D. 


En palabras de Mariana Mazzucato: “Proteger la salud pública requiere un entorno para la investigación radicalmente diferente del que tenemos, con múltiples actores trabajando juntos en caminos dinámicos que compartan el conocimiento y aceleren el progreso” (26).


3.1.

En el largo plazo, por lo tanto, debemos trabajar para implantar un nuevo modelo, que beneficie sobre todo a los pacientes y al conjunto de la sociedad. Para ello se requieren dos decisiones en el ámbito global.


La primera decisión es cambiar el acuerdo ADPIC en la Organización Mundial del Comercio, para excluir a los medicamentos y productos sanitarios de la protección de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, como el secreto comercial. En medicamentos no debe haber ni monopolios, ni secretos.


La segunda decisión se debe tomar en la Organización Mundial de la Salud, avanzando en la propuesta que ya realizó en 2012 y quedó frenada por los países del Norte y la presión de la Big Pharma. 

Se trataría de aprobar un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos, creando un Fondo Global para investigación y desarrollo, financiado por los países con aportaciones proporcionales a su PIB.


-La gestión del Fondo se realizará por personas expertas designadas por los gobiernos de todo el mundo.

-Las Prioridades de investigación se fijarán según necesidades de salud.

-La Investigación será abierta y cooperativa.

-El resultado de la investigación tendrá licencias abiertas, no exclusivas. 

-Se distribuirá la información, el conocimiento y la tecnología necesaria para fabricar el producto.

-De esta forma se podrá llevar a cabo la fabricación en todo el mundo.

-Y el precio de venta de los productos será el precio de coste.


¿Se puede financiar este modelo?

En el mundo se han gastado en medicamentos 1,6 billones de dólares en 2023. Si todos los medicamentos se hubieran vendido a precio de genérico o biosimilar el gasto hubiera sido de 400.000 millones de dólares.

A su vez, el gasto en I+D de las empresas fue de 250.000 millones de dólares. 


Quiere decir que el beneficio excesivo que gastaron los países y los pacientes fue de 950.000 millones de dólares, que podrían ahorrarse y destinarse a otras finalidades. El modelo alternativo de I+D no solo se puede financiar, sino que recuperarían ingentes recursos para otros programas de salud.


El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU, o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección.


3.2.

Ahora bien, mientras tanto se pueden y deben impulsar iniciativas en el ámbito europeo y en el ámbito nacional.


3.2.1.

En el ámbito europeo.

-Limitar la duración de los monopolios al tiempo en que se recuperen los gastos de I+D debidamente acreditados. 


-Financiar la I+D realizada por empresas, con contratos de “compra anticipada” o similar, reteniendo los Derechos de Propiedad Intelectual en la titularidad pública, para así poder hacer transferencia de la tecnología y fijar precios en relación con el coste. 


-Fomentar la Investigación y el desarrollo de medicamentos con financiación pública directa con la creación de una Plataforma pública de investigación y desarrollo en la UE, como propuso STOA. Entre tanto, fortalecer la estructura de la Autoridad europea para la preparación y respuesta ante pandemias, de forma que asegure el desarrollo, producción y distribución de medicamentos, vacunas y otras contra-medidas en situaciones de emergencia.


-En todos los proyectos, becas, subvenciones, desgravaciones, etc., que tengan financiación pública de la UE fijar condicionalidades para garantizar el acceso, la asequibilidad, la investigación abierta y la transferencia de conocimiento (27).


3.2.2.

En el ámbito nacional.


Hay muchas medidas que se pueden y deben tomar a corto plazo. Señalaré solo algunas.


-Modificar la Ley Medicamento, para tratar que los precios tiendan a aproximarse a los costes de fabricación y de I+D, exigiendo toda la información sobre costes de producción y de I+D, acreditada y supervisada, y negociando precios coste-plus. 


-Potenciar la acción de las Autoridades de la Competencia para vigilar el abuso de posición dominante, así como la formación de cárteles en empresas de genéricos y biosimilares. Y, en casos de importancia mayor para la salud, o de mayor impacto presupuestario, aplicar licencias obligatorias.


-Consolidar y mejorar la financiación pública directa de la investigación biomédica, a través del ISCIII y sus redes.


-Desarrollar Empresas Públicas para la fabricación de medicamentos, y potenciar las instituciones públicas para el desarrollo de vacunas y otros productos de diagnóstico y tratamiento. 


-Apoyar el desarrollo de CAR-T académicas públicas, a través de la Red Española de Terapias Avanzadas, TERAV. Como señala su coordinador, José María Moraleda, se trata de acercar el tratamiento al paciente, dar un impulso científico a la sanidad pública y abaratar el precio: cuatro veces menos que el producto comercial. 


-Asegurar la financiación pública de la Formación continuada de los profesionales sanitarios, de las Sociedades Científicas y de sus Publicaciones, así como de las Asociaciones de pacientes. 


-Desarrollar programas potentes, sin patrocinio privado, de Evaluación de efectos adversos de los medicamentos. Y publicitar los hallazgos.


-Impulsar programas de de-prescripción. Sobre todo, en personas mayores, y sobre todo, en residencias colectivas. 


-Asegurar financiación pública para todas las guías clínicas que se utilicen por profesionales del SNS.


-Y Realizar campañas de concienciación social sobre el consumo responsable, así como sobre el abuso de las empresas farmacéuticas en los sobre precios.


Entre otras muchas


4.

Conclusión.


La financiación pública directa de la investigación biomédica es determinante y genera la mayor parte de la innovación, aunque las empresas farmacéuticas controlan la mayor parte de los resultados y la explotación de los mismos.


La financiación de la Investigación en medicamentos a través de monopolios perjudica al Sistema Nacional de Salud y produce una serie de efectos adversos con implicaciones éticas graves.


Los gobiernos deben adoptar medidas que garanticen y aumenten la financiación pública directa de la investigación biomédica, y deben desligar progresivamente la fijación de los precios de los medicamentos, de la financiación de la I+D.


Como recuerda la profesora Carmen Estrada, la mayoría de los investigadores han aportado sus conocimientos a lo largo de la historia sin exigir un monopolio para lograr enriquecerse. Han compartido, y comparten su conocimiento para contribuir al progreso de la humanidad. 


No todas las soluciones dependen de los demás. Cada una de nosotras y de nosotros puede ser un factor de cambio. Nuestras decisiones son relevantes. Especialmente las que podéis llevar a cabo desde los Comités de Ética de la Investigación biomédica.


Por todo lo expuesto, y con la evidencia disponible, me atrevo a afirmar que es posible mantener y mejorar la investigación en nuevos medicamentos reforzando al mismo tiempo la independencia y viabilidad del Sistema Nacional de Salud.



Para finalizar, recordaré que cuando a mediados del pasado siglo, el conocido periodista de la CBS Edward Murrow le preguntó a Jonas Salk, descubridor de la vacuna contra la polio, de quién era la patente, éste se sorprendió, y tardó unos segundos en contestar. Luego dijo: “De la gente, diría yo. ¿Podrías patentar el sol?” (28, 29).



Referencias


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(7). Sistema de Cuentas de la Salud. Ministerio de Sanidad. 

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