El RD-ley 16/2012 perjudica gravemente la salud, y además es injusto

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", impone un gravísimo retroceso en la sanidad española que va a perjudicar a los pacientes, a los jubilados y a las personas con menos recursos, y va a beneficiar únicamente al sector sanitario privado.

Lo primero que cabe señalar es que el título del RD es equívoco; debería decir: decreto por el que se reduce la cobertura, se reducen las prestaciones básicas, y se reduce la financiación pública estableciendo diferentes copagos a los pacientes. ¿Por qué no se quiere reconocer lo que es?

Se justifican estas medidas diciendo que hemos de reducir el gasto sanitario en 7.000 millones €. Tenemos que insistir una vez más en que España no gasta demasiado en sanidad pública. El Gasto Sanitario Público en España, es un 7% del PIB; menor que los países de nuestro entorno (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia…). España gasta 1.500€ por persona y año, mientras estos países gastan un 30-60% más. Nuestro país no tiene un problema de exceso de gasto en sanidad pública. El problema de financiación sanitaria en España es de falta de Ingresos derivada de la crisis económica y del propio sistema fiscal.

Hasta el año 2007, durante los más de 12 años de crecimiento económico, se rebajaron o suprimieron varios tributos. La crisis financiera de las hipotecas basura hundió la recaudación y aumentó el gasto en ayudas para el desempleo y para los bancos. Aparece entonces un Déficit que es consecuencia de la crisis, no su causa, y que afecta también a sanidad.  El año pasado los Ingresos Públicos fueron 9,5 puntos menos que en la UE-27 en relación con el PIB, lo que equivale a 95.000 millones de euros menos de lo que nos correspondería (Eurostat, abril 2012). La solución al Déficit no es recortar derechos a los enfermos. La solución es recuperar los Ingresos, atacando seriamente el Fraude Fiscal, suprimiendo desgravaciones y exenciones en el Impuesto de Sociedades, y aplicando un impuesto a las grandes fortunas.

Además de recuperar los Ingresos Públicos en España, para ponerlos a nivel de la Unión Europea, es preciso reformar el Sistema de Financiación Autonómica, que se diseñó en una época de crecimiento y no ha funcionado en época de recesión, al repartir desigualmente los ingresos y las cargas a las CCAA. 

Al mismo tiempo que se recuperan los ingresos, todas las administraciones sanitarias, los profesionales y los usuarios, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para mejorar la eficiencia y el buen uso de los recursos sanitarios, centrando los esfuerzos en mejorar la salud.

Si se hace bien el diagnóstico de la situación, se puede hacer un buen tratamiento. Si lo que se quiere es utilizar la coartada de la crisis para desmantelar el sistema público de sanidad, entonces se pueden buscar argumentos falaces. Y esto es lo que se está haciendo. 

¿Cómo cambia este Decreto el modelo sanitario actual?.

1.Reduce la cobertura. Los inmigrantes empadronados, no registrados ni autorizados como residentes, no tendrán derecho a la atención como hasta ahora. Esta medida no supondrá ahorro, al contrario, supondrá más gasto en urgencias, y problemas de salud añadidos por falta de control de enfermedades. Pero sobretodo supone una marcha atrás en la integración social de personas que están ganándose la vida en nuestro país, aportando su esfuerzo y su sacrificio. Un ataque a los más débiles, a su dignidad como seres humanos, y una lacra para nuestra conciencia.

2.Establece categorías de prestaciones: básicas, suplementarias y accesorias. Este es el primer paso para diferenciar el derecho a la atención según esas categorías, facilitando la introducción de más copagos o requisitos de acceso según el tipo de prestación.

3.Y esto es lo que hace a continuación el decreto. Impone re-pagos en varias prestaciones sanitarias: en medicamentos, en los productos dietéticos, en las prótesis, en las ambulancias, etc. En todos estos casos se debe anticipar el pago por los pacientes hasta 6 meses. Para muchas personas será imposible. No podrán pagar.

Estas tres medidas definen un cambio radical de modelo sanitario. En el anterior modelo, de la Ley General de Sanidad de 1986, hay una concepción de fondo: la atención sanitaria es un derecho de todos. En el nuevo modelo el discurso de fondo es que la atención sanitaria es un problema de cada uno, es una cuestión privada. Hasta ahora la sanidad pública se financiaba por los contribuyentes, en función de su renta, y los pacientes recibían atención en función de su problema de salud. Hacer que paguen los pacientes por el uso de servicios es quebrar el modelo de solidaridad y de equidad, introduciendo un impuesto a la enfermedad. Sabemos que los re-pagos no sirven para mejorar la financiación, porque solo el sistema de gestión de los mismos consume los ingresos que se puedan obtener. Pero sí que tienen un efecto: que las personas con menos recursos y más enfermas dejen de recibir atención. Que se abra paso una medicina para los que pueden pagar medicinas, ambulancias, seguros, hospitales, etc.,  y otra para quien no puede pagarlo. Es el modelo de EEUU que lleva a la quiebra a miles de familias cada año para intentar pagar sus medicinas o sus tratamientos y que tiene peores resultados en salud (más mortalidad y más morbilidad evitable). Este modelo tiene también sus ganadores;  “se crea hueco” para generar nuevos negocios a la sanidad privada, compañías de seguros, etc., incrementando el gasto sanitario total (hasta el 17% del PIB). Es el modelo neoliberal, en línea con el nuevo capitalismo financiero.

En definitiva, las medidas que introduce el Decreto abren tres boquetes en los cimientos del Sistema Nacional de Salud, que se irán agrandando con nuevas medidas si el Gobierno consigue que asumamos el cambio de modelo (de derecho público a problema privado). Esas medidas no resuelven el problema de financiación sanitaria; lo agravan. Su efecto inmediato será empeorar la salud de los pacientes, de los más mayores, de las personas con enfermedades crónicas, de las personas enfermas con tratamientos más costosos. Son unas medidas que ponen en riesgo una de las conquistas más valiosas de los españoles en los últimos 30 años: un Sistema Nacional de Salud eficiente y de calidad, considerado uno de los cinco mejores del mundo. Si el Parlamento refrenda este Decreto con la mayoría del PP, su aplicación será legal, pero no por ello dejará de ser injusta, porque perjudica a los débiles frente a los poderosos, a la mayoría de las personas frente a los intereses económicos de unos pocos.

He comentado en más de una ocasión que ninguna conquista social es irreversible. Hemos de defenderlas cada día. Lo primero que tenemos que lograr para evitar el desmontaje del SNS es tomar conciencia que de las medidas adoptadas por el Gobierno cambian nuestro modelo de sanidad y perjudican gravemente la salud. Que los profesionales sanitarios lo tengan claro y lo difundan. Que las asociaciones de pacientes lo tengan claro y defiendan sus derechos. Que las organizaciones, los sindicatos y los partidos de izquierda planteen alternativas y estrategias que permitan frenar y revertir el deterioro producido. Y que, si este Gobierno no rectifica, seamos capaces de promover democráticamente un cambio a otros Gobiernos en los ámbitos nacional y autonómicos, que se comprometan con la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud.