TRES HISTORIAS

Leo en El País, 1 de agosto de 2014, tres historias separadas una de otra por tan solo unas páginas. Son muy distintas pero cuentan cosas de cómo es hoy la España que vivimos. Y duelen.

En la página 32, Manuel Castillo escribe desde Almería a Cartas al Director y dice: “¿Pero quién se acuerda de los desempleados que ya no recibimos ninguna prestación?”… “Hace un año que no desayuno, a mediodía solo puedo comer pasta o arroz y mi cena es casi siempre pan o nada. Hace más de tres años que no me compro ropa… Cosas tan mundanas como encender la luz se han convertido en un lujo… mi vida se ha convertido en un infierno en el que lo más importante es literalmente comer”.

Un poco antes, en la página 25, nos informa R. M. que los “bonus” (remuneración) del presidente de la compañía T. en el primer semestre de este año sumaron 3 millones de euros. Cuenta también que el consejo de administración aprobó el plan de pensiones del mismo presidente: 48,8 millones de euros. ¿Se atreven a calcular a cuantas pensiones medias equivaldría?

Una sociedad vertebrada, cohesionada, pacífica, necesita unas reglas de juego que ordenen la convivencia de las personas de tal manera que todos podamos disfrutar de una vida digna, que podamos desarrollar una actividad productiva y recibir una remuneración proporcionada al esfuerzo y a la contribución al bienestar general. Como todos somos diferentes, y como algunos realizan más esfuerzo que otros o su tarea es más compleja y requiere más preparación, parece razonable que existan diferencias en la remuneración. Por ejemplo, entre el trabajo de un trabajador no cualificado y un ingeniero o un médico, ¿podría entenderse una diferencia de uno a 5 o uno a 10? (sería unos 1.000 € al mes y unos 5.000 o 10.000 € al mes respectivamente). Lo que no es razonable es que esa diferencia sea de 100 veces o de 300 veces o, como hemos visto, ¡de 600 veces más! Esto es inmoral. No es proporcional al esfuerzo o a la aportación realizada a la sociedad. Por lo tanto, es injusto. Y si la ley lo permite es una mala ley y hay que cambiarla.

Pero, además de que las diferencias en las rentas primarias deban moderarse para evitar estas enormes desigualdades, injustas y desmoralizadoras, la sociedad encomienda a los poderes públicos, a los gobiernos, la tarea de recaudar unos impuestos con carácter progresivo, es decir, donde paguen una proporción más alta sobre su renta los que más tienen. Esto lo acordamos en nuestra Constitución (artículo 31). Con ese dinero recaudado se pueden llevar a cabo las tareas públicas (justicia, seguridad, relaciones exteriores) y una serie de políticas económicas y sociales que sirvan para que las personas con necesidades puedan tener protección (sanidad, servicios sociales, políticas de renta). Las ayudas a las personas en situación de desempleo o con empleo precario no son caridad, son justicia, son la otra parte del pacto Constitucional, son obligaciones del Estado que se deben y se pueden pagar con un sistema fiscal sólido, justo y suficiente.

Sin embargo no estamos yendo en esa dirección. Si leemos la tercera historia del mismo periódico que nos cuenta Antoni Zabalza en la página 33, nos enteramos de que en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno Rajoy “los mayores aumentos de renta disponible los conseguirán los 613.754 contribuyentes con rentas superiores a 60.000 €. Y los menores aumentos los conseguirán los 10.812.278 contribuyentes con rentas anuales de 12.000 a 60.000 €”. Es una reforma que beneficia de forma notable a los contribuyentes más ricos y resta 9.000 millones € al dinero público, que era de todos y debía ir prioritariamente a políticas sociales.

Además, en ese cálculo no está incluido el fraude y la evasión fiscal, que supone en España más de 60.000 millones € anuales y es literalmente un robo sistemático de los más ricos a las clases medias y los trabajadores. Solo reduciendo a la mitad ese fraude y con una reforma fiscal progresiva y progresista se podrían financiar, entre otros, unos servicios públicos de calidad, nuevas políticas activas de empleo, una industrialización inteligente e innovadora, y un sistema de garantía de ingresos mínimos, para que personas como Manuel puedan salir del infierno y puedan vivir con dignidad.

La desigualdad en  España, hoy, ha rebasado los límites de la razón y la ética. Es preciso un cambio a fondo, de raíz, donde la codicia abusiva deje de ser tolerada como normal y la pobreza deje de considerarse inevitable. Tenemos que ser capaces de cambiar entre todos estas tres historias.