Parasitación disfrazada de colaboración: CPP, PFI, PPP...

LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN A LARGO PLAZO A GRUPOS PRIVADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y / O GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FINANCIADOS CON DINERO PÚBLICO: PARASITACIÓN DISFRAZADA DE COLABORACIÓN.

[Texto utilizado como base para mi intervención en las JORNADAS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA, organizadas por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública; Lídia Senra, eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerra en Europa; la Xunta de Persoal da Area Sanitaria de Vigo y otras plataformas. VIGO, 28 Y 29 DE OCTUBRE 2016]

LA LUCHA POR EL DERECHO A LA SALUD Y LA ATENCIÓN SANITARIA

Conseguir revertir la privatización de la sanidad en la Unión Europea es una batalla que tenemos que ganar. Es una batalla que es parte de una lucha más amplia. La lucha por los derechos humanos frente al beneficio de unos pocos. En lenguaje clásico se trata de una lucha de clases.

Cuando en año 2005, poco antes de que estallara la crisis financiera, le preguntaron al multimillonario Warren Buffet, gestor de los fondos de inversión Berkshire Hathaway: ¿no le parece que este discurso de la lucha de clases está anticuado? El contestó que no: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta guerra, y la estamos ganando”.

No será fácil revertir esta tendencia, pero depende de nosotras y de nosotros.

Las leyes y los acuerdos internacionales que siguen vigentes en la UE consideran la salud como un derecho, y la atención sanitaria de calidad, una exigencia. El acuerdo del Consejo de Ministros de 2006 define el modelo sanitario de la UE como Universal (todas las personas deben estar cubiertas), Solidario (financiado con impuestos y cotizaciones progresivas), Equitativo (se atiende más a quien más lo necesita), y Accesible para unas prestaciones que serán de alta calidad y seguras.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la salud y a la atención sanitaria.

Este derecho está en riesgo por los recortes y las privatizaciones. Es una tensión permanente. Un tira y afloja en el que, si la sociedad, los trabajadores, las clases populares, se despistan y bajan la guardia, los grupos especuladores privados cogerán un pedazo más de la sanidad, recortarán calidad, recortarán derechos.

Esta tensión no es nueva.

Hace más de cien años, en 1861, Concepción Arenal, luchadora por los derechos de las mujeres, por la abolición de la esclavitud y por la mejora de la atención sanitaria, escribió: “El Estado tiene la obligación de sostener al desvalido. No pueden perecer en el abandono quienes cayeron, agotadas sus fuerzas, rendidos al peso de los años; cuantos consumieron la existencia en el trabajo, que apenas proporciona recursos para el pan cotidiano”.

Pero, ¿por qué tiene la obligación el Estado? Porque en un sistema económico donde hay una distribución de las rentas muy desigual, con bajos salarios y  altos beneficios empresariales, se debe lograr una re-distribución de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad, a través de servicios públicos que garanticen el derecho a la salud, a la educación, a la pensión, etc.. Y éstos servicios deben financiarse con impuestos progresivos, donde pague más el que más tiene. Este es el pacto constitucional vigente en España y los países europeos.

Sin embargo, esta filosofía social, tiene su contrapartida en la filosofía neo-liberal, que expresaba bien el equipo de Margaret Thatcher en 1983: “Hemos de orientarnos a una nueva época en la que pongamos punto final a la atención sanitaria pública para la mayor parte de la población; en la que los centros sanitarios sean de propiedad y gestión privada; donde los pacientes tengan que pagar por usar los servicios. Las personas que no puedan pagar tendrán alguna forma de reembolso”.

Es decir, para esta concepción ideológica, el Estado no tiene la obligación. Cada uno que se busque la vida y sálvese quien pueda. La sanidad no es un derecho, es privilegio y un negocio.

Entre una y otra declaración media un siglo. En ese siglo, en España y en Europa vivimos un avance impresionante de los derechos sociales. Pero no fue regalo del cielo. Fue fruto de la lucha de miles de personas. En este caso, no ganaron los ricos.

A lo largo del Siglo XX, con las movilizaciones sociales, y también como consecuencia de las guerras mundiales, y con la amenaza de la revolución comunista llevada a cabo en Rusia, los países de Europa occidental comenzaron a desarrollar sistemas de protección social. Se trató de una devolución de la renta apropiada por los detentadores del capital hacia los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía. Así, de un 10% de ingresos fiscales sobre el PIB en 1910 se pasó al 50% en 1960.  De tipos tributarios del 1-2% para los más ricos, a tipos del 60, 70 y 80% según los países. Si en 1910 los impuestos daban para pagar el ejército, la policía, los tribunales de justicia y poco más, con el aumento de los ingresos públicos, se pudo financiar la sanidad pública, la educación, las pensiones, y los servicios sociales.

La construcción de la Unión Europea fue el resultado de esa voluntad ciudadana y sirvió para consolidar la justicia social, y reforzar otros logros muy importantes, como son la paz y la democracia.

PAZ: es decir, que no nos matemos una y otra vez en guerras que destrozan vidas, casas, hospitales… Hemos conseguido la paz en Europa, y esto es mucho, aunque hay guerras que todavía provocamos o permitimos fuera de nuestras fronteras…

LIBERTAD. Frente a la esclavitud, contra la que peleaba Concepción Arenal; por la libertad y la igualdad de las mujeres; en defensa de la democracia y contra las dictaduras. Hemos ganado muchas batallas, pero también aquí hay mucho por hacer. Fronteras que dividen, vallas de espinos y muros. Miles de mujeres, hombres y niños que mueren en el Mediterráneo. Libertad vigilada por los Estados y las Grandes empresas, a través de todos imaginables los mecanismos de seguimiento y control, pérdida de intimidad, violación de la correspondencia y las conversaciones, hasta a los primeros ministros... Dictadura económica y del control de los medios de difusión, etc.

JUSTICIA, derechos sociales, como el derecho a la pensión, a la baja por enfermedad, a la atención sanitaria, al desempleo. Derechos que requieren un sistema fiscal progresivo, una recuperación de la renta, además de por la vía salarial (insuficiente), por la vía de prestaciones y servicios públicos, donde debe financiar más quien más tiene.

En Sanidad, en los países de la Unión Europea logramos cobertura casi universal, una de las mayores conquistas de la humanidad. Financiación pública del 80%, con gasto sanitario público de 8%, en la media Europea, aunque tiene riesgos importantes: por ejemplo, que en algunos países hay más gasto, pero es ineficiente, como en Holanda: dos puntos más que se van en la gestión de los seguros privados; o que el fraude fiscal y la regresión en los sistemas fiscales, erosiona el principio de justicia; y también la falta de equidad en el acceso a los servicios entre países y dentro de los países.

Avances sí, grandes logros de la humanidad, pero que deben ser mantenidos y reforzados. Día a día, sector a sector. Con nuevas estrategias. Con nuevos marcos de acción. Con nuevas herramientas. Porque si no, retrocedemos.

LA CONTRARREFORMA NEOLIBERAL

En los años 80 del siglo XX la ideología neoliberal comenzó a recuperar terreno, aprovechando la crisis de la Unión Soviética, el confort de las clases medias, el individualismo, la pérdida de capacidad de movilización sindical en una economía de servicios, la desconfianza en la acción política, etc.

La crisis financiera e inmobiliaria de 2007.

La crisis que estalló en 2007 y que impactó en Europa en 2008 y 2009, era expresión de esa lucha. En los años 80 del siglo pasado, Thatcher y Reagan impulsaron un nuevo discurso: lo privado funciona mejor, es más eficiente, hay que aligerar el estado, hay que aliviar a los ciudadanos de los impuestos, hay que quitar rigideces y cargas al funcionamiento de las empresas, hay que desregular (que significa regular a favor de los ricos). Un nuevo lenguaje que impulsaba cambios en las reglas de juego. La izquierda europea, los movimientos sociales, los sindicatos, no elaboraron un nuevo discurso y una nueva estrategia, o no lograron que calara en la sociedad. En su mayoría aceptaron el marco teórico del neoliberalismo. Poco después, en 1999, se aprobó en EEUU la ley que autorizaba a los bancos de ahorro para hacer también operaciones de riesgo, como bancos de inversión (ley de modernización de los servicios financieros). Anulaba la Ley Glass-Steagal que se había aprobado en 1933 precisamente para prohibir este tipo de instituciones mixtas, que ya causaron la crisis del 29.

El nuevo capitalismo financiero global no tiene fábricas, no genera riqueza real, sino virtual, miles de millones. Especulando. Su lema, en palabras de Ray Dalio, fundador de otro fondo de inversiones, es: “Sé hiena, ataca al antílope”.

En esquema:

1)Se autorizó la creación de productos financieros tóxicos, como las hipotecas basura. Se autorizó que se “envolvieran” en otros productos fiables (bonos del estado) y se vendieran a otras entidades, generando la burbuja financiera.

Entre 1990 y 2005 la deuda privada en España aumentó hasta un 300% del PIB, mientras la deuda pública se mantenía estable en un 50% del PIB, y mientras los presupuestos del Estado presentaban superávit varios años consecutivos (2005, 2006, 2007).

2)Las entidades financieras crecen artificialmente y se hacen “tan grandes que no se las puede dejar quebrar” (too big to fail) porque, de acuerdo con otro Mantra del discurso neoliberal, “son la sangre de la economía”. Nuevas entidades financieras, como diferentes fondos de inversión, muchas sin suficiente control, en paraísos fiscales, etc.

3)Y en tercer lugar, incentivos muy potentes para los ejecutivos. Cualquier operación de riesgo (hipotecas basura), o de engorde artificial del valor de las empresas (recompra de acciones, cárteles, etc.) era asumible para obtener el salario de 1 millón, o 10, o 100, o más de 1.000 millones al año.

Cuando estalla la burbuja, se paraliza la actividad económica, se cierran empresas y se despiden millones de trabajadores. Estos directivos aumentaron sus ganancias.

El Mantra neoliberal, con el control de los lobbies sobre los medios de comunicación, los parlamentos y los gobiernos, hace que la solución sea rescatar a los bancos.

En la UE, los Estados destinaron más de 1 billón de euros entre los diferentes países, que sale de los presupuestos, de los contribuyentes.

Como no se tiene ese dinero, se tiene que pedir prestado a los mismos que causaron la crisis y a los que se les está rescatando. Se les da prácticamente gratis y te lo vuelven a prestar al cuatro, seis u ocho por ciento más; negocio redondo.

Por otro lado, el Banco Central Europeo da créditos a los bancos al 1% por valor de otro billón de euros.

En resumen, en el caso de España, la deuda pública sube al 100% del PIB, cuando antes era la mitad, y tenemos que devolver a las entidades financieras ese dinero con intereses, lo que supone que 1 de cada 4 euros del presupuesto anual, más de 100.000 millones de euros, bastante más que el gasto sanitario público, que no llegan a 70.000 millones, se dedique a pagar a los bancos a los que hemos rescatado.

En lenguaje clásico, es un robo. Una transferencia de rentas de los menos ricos a los más ricos.

Al mismo tiempo, la desregulación de la economía ha ido generando otro fenómeno muy preocupante en Europa: la regresividad fiscal y el fraude fiscal. Este es un problema crítico. Los derechos sociales se financian con los impuestos y las cotizaciones progresivas. Si se quiebra esa regla, se quiebran los derechos. En la segunda mitad del siglo XX y hasta los años 80 esta regla se cumplió.

El problema es que ahora los más ricos no pagan impuestos. Las empresas más grandes no pagan. No pagan lo que deberían. Como los más ricos no pagan, con ingenierías fiscales, desgravaciones, incentivos fiscales, deslocalizaciones de ganancias, entonces los que soportan el peso del gasto público son las clases medias y los trabajadores. Y se cabrean, y se resquebraja el principio de Solidaridad.

Por otro lado el fraude fiscal alcanza a 1 billón de euros anuales en la UE, tanto como todo el gasto sanitario público. Sigue habiendo paraísos fiscales en la UE. Sigue habiendo países que hacen dumping fiscal. Y no pasa nada.

La gente normal se desmoraliza y cala el discurso populista. “La culpa es de los políticos, de los gobiernos, de los Estados”. Mejor que cada uno se apañe como pueda. Muchos trabajadores y muchos pensonistas apoyan el Brexit y apoyan a Le Pen. No, la culpa no es de la política, sino de los malos políticos y de los empresarios sin escrúpulos. Pero el mantra neoliberal sigue calando, y favorece nuevas desgravaciones fiscales, “incentivos”, bonifaciones, exenciones y toda la ristra de mecanismos de hacer dinero, sometiendo la política a los poderes económicos.

El discurso neoliberal (la hiena) identifica entonces sus nuevos objetivos (los antílopes) y crea un escenario propicio a través de campañas en los medios: las pensiones, que son “insostenibles” (lo dicen los mismos gobiernos que han rescatado a los bancos y que destinan uno de cada cuatro euros a pagarles, casi tanto como el gasto anual en pensiones), la sanidad es “insostenible” porque los costes aumentan, los nuevos medicamentos son muy caros (lo dicen los mismos que aprueban precios de 100.000 euros tratamiento para productos que cuestan 300 euros), etc. “No se puede dar todo a todos-dicen-. Conclusión: hay que privatizar”.

LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Privatización a tres niveles: financiación, provisión, y control.

No pudieron atacar frontalmente los sistemas sanitarios públicos por su gran soporte social, pero lo debilitaron con estrategias de fragmentación, desinversión en lo público e inversión en Concesiones Privadas, y reduciendo la progresividad y la eficacia fiscal. No se atreven, todavía, a decir claramente que quieren quitar el derecho de las personas a la atención sanitaria. Pero socavan las bases de la sanidad pública que es la que garantiza ese derecho. Lo hacen con tres mecanismos: privatizar la financiación, privatizar la gestión y privatizar el control y la inteligencia del sistema.

a.Privatización de la financiación.

A consecuencia de la crisis, y la gestión de la crisis rescatando a los bancos alemanes, ingleses, portugueses, españoles, franceses, holandeses, griegos, etc, en los años 2010, 2011, 2012 el gasto sanitario público se redujo en Europa en más de 40.000 millones. Con lo cual ha bajado el porcentaje de gasto sanitario público sobre el total de gasto sanitario (privatización de la financiación).

Y también, y esto es clave, se ha reducido la progresividad fiscal. No hemos de ver solamente cuánto gasto sanitario público (es decir, el financiado por impuestos y cotizaciones) sino ¿quién paga los impuestos y las cotizaciones?. Ahora no pagan todos. Los ricos no pagan. El principio de solidaridad o de equidad en la financiación, se rompe. Y se recortan los derechos.

Como resultado, se afecta la Universalidad:

Se ha reducido la cobertura, limitando la titularidad del derecho, como en España.

Se ha reducido el acceso. En la UE 18 millones de personas, 3,6% de la población total, no tienen acceso a los servicios sanitarios. Mayor proporción en países de menor renta, en migrantes, en los más pobres, en personas con problemas mentales, en gitanos, en personas con menos educación, etc.

Se han reducido prestaciones, o se han aumentado los copagos.

Se han recortado plantillas y salarios en la sanidad.

Se ha perdido calidad, alargando los días de espera, reduciendo tiempo de atención. Quien puede se paga la consulta privada o la prueba, quien no, espera.

Esto es desuniversalización no de iure, pero sí de facto.

b.Privatización de la provisión:

Con el recorte de la financiación pública y su deterioro se ha aprovechado para insistir en las ventajas de la sanidad privada, y en las mejoras en eficiencia de la empresa privada (privatización de la gestión, externalizaciones, concesiones).

Parece increíble que, al mismo tiempo que los bancos, el paradigma de las empresas privadas, han quebrado y han forzado a los gobiernos a que les rescatemos con nuestro dinero, pagando dos veces, o tres, si teníamos una hipoteca o una inversión en esos bancos, llevando a la ruina y la desesperación a millones de personas y familias, parece increíble que, al mismo tiempo, se afirme una y otra vez, en todos los medios de comunicación, en todas las universidades, que la empresa privada es más eficiente.

Y se intenta presionar para que la UE dé fondos estructurales para más privatizaciones, a través de las llamadas “colaboraciones público privadas”,  CPP.

Otro engaño. Otro “producto tóxico” como veremos después.

c.Privatización del control.

Pero no solo se trata de privatizar la gestión de hospitales y servicios. También se actúa para logar el control de los centros de decisión: las agencias del medicamento europea y de los países, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, los sistemas de información, los registros, las historias clínicas, los “call centers”, la investigación (como el programa Horizon 2020 y la iniciativa de medicamentos innovadores).

El control de la inteligencia, de la opinión y visión de los profesionales sanitarios y líderes profesionales a través de su formación: todas las revistas científicas, congresos y actividades de formación continuada. Buena parte de los proyectos de investigación, a veces los equipamientos de los servicios, los becarios, etc., financiados por las empresas farmacéuticas con el sobreprecio que les pagamos a través de las patentes que les hemos otorgado. Cada vez hay más cátedras de universidades públicas financiadas por laboratorios. Otro sinsentido que deja el poder de definir los conceptos y los marcos teóricos en manos de intereses comerciales con ánimo de lucro, frente a los intereses sociales.

Este control sobre el discurso, sobre la visión del problema, se extiende a las asociaciones de pacientes, a los parlamentarios, a los periodistas, …

LAS CONCESIONES PRIVADAS A LARGO PLAZO. LA LLAMADA “COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA” (CPP)

Colaboración es una palabra amable. En sanidad siempre se ha colaborado, profesionales, centros públicos y privados, en general en Europa, entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos, mutualidades, universidades, autónomos …  Se usa aquí esta denominación CPP para sugerir algo positivo: colaboración público privada, camaradería, comunión de intereses. El lenguaje no es neutral.

Porque, en este caso, la palabra colaboración, esconde una parasitación. La colaboración entre personas, instituciones, países, es buena. Pero cuando uno se aprovecha de otro no es colaboración, es abuso.

Es lo mismo que llamar “austeridad” a recortes, “racionalización” a privatización, “modernización” a desregulación, o “sostenibilidad” a pérdida de derechos, etc.

Nos referimos a CPP como contratos de concesión, de larga duración, entre 10 y 30 años. Surgen, teóricamente, para financiar infraestructuras con dinero privado, cuando el gestor público no tiene “capítulo 6” (presupuesto anual de inversiones), no puede endeudarse por limitaciones legales, o no quiere que figure ese endeudamiento en sus cuentas para poder endeudarse en otros campos.

El privado adelanta el dinero, construye la infraestructura, y recibe una concesión a 10-30 años, con un canon que le devuelve la inversión con beneficio. Es más caro para el contribuyente, PORQUE PAGA UN SOBREPRECIO, a cambio de que adelanta la inversión. El sobreprecio incluye: a) el mayor coste de los préstamos (los intereses bancarios son mayores para las empresas que para el Estado), b) los “beneficios empresariales”, y c) los costes de transacción, licitación, control, que no existen en el modelo tradicional.

Este mecanismo es discutible para anticipar una inversión, y se ha demostrado ruinoso en muchos casos, como veremos a continuación.

Pero lo que no justifica en ningún caso es usar la concesión (30 años) para prestación de servicios, sin que se haya adelantado ninguna inversión, que era la justificación de la duración larga del contrato. Entonces, se saca otro argumento: “hacemos la concesión del servicio a 20 años, porque la gestión privada es más eficiente, aporta la experiencia de la gestión privada en este campo, etc. Pero esto no es así. Es falso, aunque se repita hasta la saciedad.

En la UE se han desarrollado iniciativas CPP en sanidad en varios países a partir de los años 90. Sobretodo en Reino Unido, en Portugal y en España. La UE ha apoyado estas iniciativas en su discurso general, aunque en algunas ocasiones se ha alertado sobre los riesgos (Joaquín Almunia, comisario, en el año 2005; Recomendaciones anuales del Semestre Europeo, etc.). El Banco Europeo de Inversiones ha participado, y se ha intentado usar también Fondos Estructurales.

En todo caso, la normativa europea (entre otras las Directivas 23/2014 sobre contratos de concesión, y la Directiva 24/2014 sobre contratos públicos) establecen que para un contrato de concesión, que es para un plazo largo y que implica la gestión de la infraestructura y, en su caso, de servicios complejos, se debe exigir:

-Lograr más valor añadido (que sea más eficiente)

-Transferencia de riesgo del sector público al privado (riesgo financiero en la inversión; y riesgo operacional, de demanda, o de suministro).

-Transparencia, igualdad de trato, competencia justa, en el procedimiento de contratación.

Veamos las tres características que exige la UE a los CPP.

1-Más valor añadido. Más eficiencia.

Desde 2013 a 2016 formé parte de un Panel de Expertos de la Comisión sobre formas eficientes de invertir en salud. Se nos pidió una opinión sobre las concesiones CPP. Algunos países habían pedido usar Fondos Estructurales de la UE para hacer contratos CPP.  Se estudian casos de diferentes países.

La conclusión fue:

“En este estudio (y en la literatura) el Panel de Expertos no ha encontrado evidencia científica de que las concesiones CPP son coste-efectivas comparadas con las formas tradicionales de gestión y financiación pública de la atención sanitaria”

“Solamente después de haber obtenido evidencia de las ventajas comparativas de las actuales concesiones CPP, estaría justificado el uso de Fondos Estructurales para esta clase de inversión”

Se constata que hay pocos datos, poco consistentes, y no estandarizados.

Muchas conclusiones de otros estudios que afirman que el modelo es eficiente se basan en asunciones a partir de las declaraciones de los propios concesionarios.

Muchos estudios están financiados por los concesionarios o por las Administraciones que generaron el Modelo.

De los pocos estudios independientes se destaca un análisis muy bueno hecho por el tribunal de cuentas de la Comunidad Valenciana sobre el Contrato de concesión de las Resonancias Nucleares Magnéticas, y concluye: “la gestión pública obtendría un ahorro del 40% anual respecto a la CPP”.

Lo mismo concluyen análisis del Parlamento británico sobre los CPP de Inglaterra.

Pero hay dos experimentos naturales, y a gran escala que deberían convencer a los incrédulos: la in-eficiencia de la sanidad de EEUU, de gestión privada, con el doble de gasto y peores resultados, el 5º sistema menos eficiente del mundo, según Bloomberg; y la in-eficiencia de los gestores de los bancos de EEUU y Europa que nos han llevado a la quiebra.

Además, en los estudios que dicen encontrar más eficiencia a corto plazo, convendría recordar que se tenga en cuenta quién paga si va mal. ¿Quién asume el riesgo?

2-Transferencia de riesgo

¿Quién asume el riesgo financiero de la inversión?: Veamos el ejemplo paradigmático de Ribera Salud (Alzira). Habiendo tenido pérdidas en los primeros cuatro años de operación (1; 0,9; 0,45 y 2,67 millones €), se rompió el contrato “por mutuo acuerdo”, y la Consejería entregó una compensación a la concesionaria por “pérdida de beneficios futuros”, lucro cesante, de 25,97 millones €. Parece increíble. Pero cierto.

La Sindicatura de Cuentas denuncia también que el “rescate” de 73,3 millones € que acuerda el Gobierno para quedarse con el hospital, es bastante más alto que los costes de inversión declarados previamente. Se debería contar con un inventario detallado y un informe de auditoría independiente, etc. Es decir, el fracaso de la experiencia se transfirió a los contribuyentes.

Una vez pagada la inversión en el edificio y el equipamiento con un sobrecoste no justificado, se hace un nuevo concurso de concesión para la gestión de servicios, pero ya sin inversión que lo justifique. Para el segundo contrato se exigió una garantía de, casualmente, 72 millones €. Solo concursó 1 grupo. Como la vez anterior, Ribera Salud. El actual gobierno plantea no renovar la concesión.

No es un caso único. Es parte del juego, de este nuevo negocio financiero a costa de los contribuyentes. Ahora se está discutiendo el rescate de concesiones de las Autopistas Radiales: 4.000-8.000 Mill €. Quieren repetir Modelo Alzira: que se recompre la inversión, con el sobre coste para el contribuyente (y los beneficios para el constructor y los bancos) y que se haga después una concesión por el servicio: doble ganancia.

En cuanto a la transferencia de riesgo operacional: no hay riesgo de demanda, ya que la garantiza la Administración. Y en cuanto al riesgo de suministro, en general se ha constatado poco control de calidad, de las facturaciones entre centros, de las reducciones de estándares o de obligaciones después de firmar los contratos, etc. Es decir, tampoco ha habido riesgo significativo de suministro u oferta.

Diferentes expertos de la Unión Europea han subrayado este hecho de No-transferencia del riesgo financiero a los agentes privados, y el correspondiente impacto negativo sobre el Déficit Público, y han recomendado congelar las Colaboraciones Público-Privadas que suponen una amenaza para la estabilidad presupuestaria.

3-¿Qué pasa con la transparencia?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia analizó contratos de concesión en el sector sanitario entre 1997 y 2010: encontrando numerosas irregularidades en todos los procesos de contratación.

Por ejemplo: tiempo para presentar las propuestas (1 mes); insuficiente regulación del control de calidad de los servicios prestados; revisión de precios no prevista; falta de concurrencia real (uno o dos concursantes).

Para afirmar que son más eficientes deberían estudiarse las CPP por paneles independientes

•Comparar infraestructuras, dotación, tamaño, años de funcionamiento (personal, equipamiento, etc.)

•Población a atender (demografía, etc.)

•Servicios cubiertos, complejidad, docencia, investigación,…

•Case-mix

•Proporción y tipo de pacientes / procesos referidos a otros lugares

•Facturación entre hospitales y centros (recuperación de gastos de las derivaciones) y Control estricto por parte de la inspección del cumplimiento del contrato, dotaciones, prestaciones, etc.

•Métodos de pago en las diferentes iniciativas

•Incentivos para los proveedores

Y verificar las garantías del riesgo financiero: ¿quién paga si va mal?

CONCLUSIÓN

En conclusión, las Concesiones sanitarias, las CPP tienen importantes consecuencias negativas para los pacientes, los contribuyentes y la sociedad:

            El coste de la inversión será mayor (sobre-coste)

El gasto corriente va a aumentar, no bajar, en un escenario de déficit es inadmisible, contradictorio.

No hay transferencia de riesgo: se garantiza la demanda. El control de la oferta es “blando” porque los adjudicadores están interesados políticamente (ideológicamente o económicamente) en que salga bien: reducción de exigencias, número de camas, facturación interna, etc.

            Si la empresa pierde o quiebra, revertirá la concesión para que las pérdidas las asuma el contribuyente.

            El contrato de concesión a 10-30 años crea rigideces en el sistema: en el contexto de crisis, mientras de recorta en los centros públicos se pagan aumentos anuales a la concesión, porque están en su contrato: chupa recursos de los demás. Parasita.

            Riesgo de fragmentación del sistema y riesgo pérdida de control estratégico a largo plazo. Financiarización de la sanidad. El control pasa a fondos de inversión, cuyo objetivo es la ganancia, no la estabilidad ni la calidad del sistema, ni mucho menos el derecho a la salud.

            Pérdida de economías de escala en el sector público: capital humano, capital tecnológico, … desánimo, deterioro, desmotivación, pérdida de rumbo…

Por todas estas razones se deben frenar y revertir las concesiones en el ámbito de la sanidad, porque generan más perjuicios reales que supuestas ventajas para la sociedad y los pacientes.

La batalla no está perdida. Con importantes movilizaciones sociales se han podido parar procesos de privatización en Madrid, y en otras regiones, y se pueden revertir esas concesiones, bien cuando termine su plazo, o antes, mediante la exigencia estricta del cumplimiento de los contratos, con la vigilancia y el control exhaustivo de los mismos y, en su caso, la negociación de una rescisión por mutuo acuerdo.

Tenemos que crear redes europeas para luchar por la salud como un derecho de todas las personas, para frenar el capitalismo voraz, para recuperar un equilibrio que se había empezado a conseguir en buena parte del planeta, pero que es un equilibrio frágil, que debe ser defendido por muchos, y bien organizados.

El primer paso, siempre, es tener conciencia del problema y plantear soluciones posibles.