lunes, 23 de abril de 2018

¿Es posible que todas las personas que viven con el virus de la hepatitis C, en España y en todo el mundo, accedan al tratamiento que necesitan?

Sí, es posible. Y es una exigencia ética y un derecho humano. Ese derecho humano se está violando y por eso todos debemos reaccionar.

El pasado mes de marzo la Organización Mundial de la Salud presentó un Informe de progreso en el acceso a tratamientos de al Hepatitis C. En dicho informe recuerda que 71 millones de personas viven con el virus de la hepatitis C (VHC) en el mundo. De todas esas personas solamente han tenido tratamiento con Antivirales de Acción Directa (AAD), 3 millones de personas. Según la información disponible, dichos tratamientos son efectivos (reducción de la carga viral) en más del 90% de los casos. Sin embargo, cada año mueren como consecuencia de la Hepatitis C cerca de 400.000 personas en el mundo. Más de 1.000 personas cada día. Existiendo tratamientos eficaces ¿no es acaso una situación inaceptable?

“La mayoría de los 71 millones de personas que viven con el VHC siguen sin tratamiento”, dice la OMS. Y añade: “El acceso a los tratamientos debe expandirse a una velocidad mucho mayor”.

La principal barrera de acceso al medicamento son los altos precios. Por supuesto, el acceso a tratamiento no es solamente cuestión del precio del AAD, también se necesita un sistema sanitario que funcione, que pueda llevar a cabo los diagnósticos y, en su caso, el cribado poblacional. Una sanidad, con profesionales formados, que pueda distribuir y aplicar los tratamientos, y hacer un seguimiento apropiado. Pero, sin duda, la principal dificultad han sido los precios exagerados e injustos.

Algunos países de altos ingresos, como España, han aprobado la financiación pública de tratamientos con AAD, aunque fuera a precios muy altos. La presión de la Plataforma de afectados por hepatitis C (PlafHC) sensibilizó a la población y convenció al gobierno de la necesidad de financiar estos tratamientos. Gracias a estas medidas se ha podido tratar a más de 90.000 personas. Esto es muy positivo. Pero el gasto que hemos tenido que realizar para ello es injustificadamente alto. Si queremos ampliar los tratamientos a todas las personas que viven con el virus de la hepatitis C, deberíamos exigir al gobierno que fije precios más justos en España y que defienda un cambio radical en la Unión Europea para que los miles de personas que no pueden acceder a la medicación en los países miembros y en el resto del mundo puedan recibir el tratamiento que necesiten.

¿CUÁNTO HEMOS PAGADO PARA LOS TRATAMIENTOS DE HEPATITIS C?

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2017, hasta el 31 de octubre de ese año se había tratado a 90.254 personas con Antivirales de Acción Directa (AAD).

¿Cuánto hemos gastado en esos tratamientos? Consultando los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas vemos que hasta esa fecha se habían destinado 1.952 millones de euros para AAD. El gasto por cada persona tratada, en promedio, ha sido de 21.627 euros. 

¿CUÁNTO DEBERÍAMOS HABER PAGADO?

En el Informe de seguimiento de la Organización Mundial de la Salud, se recogen los precios mínimos de medicamentos genéricos que se venden en distintos países. Quiere decir que a esos precios las empresas pueden cubrir los costes de fabricación más un beneficio industrial.

Ahí vemos los precios mínimos, por tratamiento de 12 semanas, de los genéricos de diferentes medicamentos: Sofosbubir, 48,6 €; Daclastavir, 19,44 €; Sofosbuvir + Ledipasvir, 225 €; Sofosbuvir + Velpatasvir, 304 €. 

La estimación de los Precios de Venta de Laboratorio en España para el SNS, a marzo 2018, es: Sofosbuvir (Sovaldi): 9.812 €; Daclastavir (Kaklinza): 10.296 €; Sofosbuvir + Ledipasvir (Harvoni): 11.962 €; Elbasvir + Grazoprevir (Zepatier): 11.063 €; Sofosbuvir + Velpatasvir (Epclusa): 7.215 €; Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir (Vosevi): 13.651 €. El sobre-precio de estos medicamentos por encima del precio de coste, es inaceptable.

El gasto del tratamiento de 90.254 personas con Sofosbuvir + Velpatasvir, es decir, lo que deberíamos haber pagado habría sido de 27,4 millones de €, es decir 1.924,6 millones menos de lo que hemos pagado.
Hemos pagado un 7.114% por encima del precio mínimo (precio de coste).

Se debe señalar que el grueso de los gastos de investigación ya están cubiertos. En el caso de Sovaldi (Sofosbuvir) se cubrieron en el primer año de ventas. Y, como el dinero público es limitado, el sobre-gasto que se hace en una partida, por culpa de precios abusivos, es un dinero que no se puede destinar a prevención de esta y otras enfermedades, a promoción de la salud, a la atención primaria, a reducir los tiempos de espera para diagnóstico y tratamiento del cáncer, a mejorar los servicios de salud mental en toda España, etc., etc.

¿ES POSIBLE LOGRAR ESTOS PRECIOS EN ESPAÑA?

Sí que es posible. El informe de la OMS nos señala varios ejemplos.

En Egipto se han tratado a 1.000.000 de pacientes. Egipto es un país con una renta per cápita (RPC) mucho menor que la española. España tiene 26.528 dólares de RPC, mientras que Egipto tiene 763 $ de RPC.

En aquel país no se concedió la patente a Gilead por el sofosbuvir, con lo que se pueden fabricar genéricos a 60€ por tratamiento de 12 semanas. En España, el precio actual para el SNS que publica el Ministerio de Sanidad es de 9.812 € por tratamiento. Un 16.353 % más alto que el genérico.

Otro país, Malasia, con una RPC de 9.502 euros, ha sido el primero en aplicar la licencia obligatoria para fabricar medicamentos genéricos de sofosbuvir. El precio que tenía que pagar hasta hace unos meses era de 9.841 euros por tratamiento de 12 semanas. Ahora dispone de genéricos entre 81 y 192 euros / tratamiento. Con estos precios sí podrá afrontar el tratamiento de las 500.000 personas que viven con el VHC en aquel país.

La OMS describe cómo, por la barrera de los precios, muchos países de medianos y altos ingresos no están pudiendo acceder a los tratamientos con AAD. Y recuerda que estos países pueden utilizar los mecanismos establecidos en los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio referidos a las patentes. En efecto, en dichos Acuerdos, al mismo tiempo que se aprobó la aplicación de las patentes a los medicamentos, se incluyeron cláusulas que permiten a los países “suspender” la patente por razones de salud pública; las llamadas “flexibilidades”. Entendemos que la atención a las personas con hepatitis C es un problema de salud pública y que, en este caso, está justificada la utilización de esas flexibilidades, como la “licencia obligatoria”.

El gobierno de España puede aprobar una licencia obligatoria por Decreto, lo que significa que, aunque una empresa tenga la patente de un medicamento en nuestro país, se puede autorizar a otras empresas a que fabriquen genéricos en España, o se puede autorizar la importación de genéricos de otros países. Algunos argumentan que, además, sería necesario modificar la legislación de la UE sobre exclusividad de datos. Si así fuera, debería impulsarse esa modificación. ¡No olvidemos que en la mitad de los países de la Unión Europea los pacientes con viremia del VHC no están accediendo a los tratamientos!

A España no le sobran recursos. Los presupuestos públicos son limitados. Se han aplicado recortes en personal y en medios diagnósticos, en programas preventivos y en infraestructuras. El dinero, los 2.000 millones de euros de más que se gastan en unos medicamentos cuyo coste es mucho menor, es totalmente injustificable.

El gobierno de España debe adoptar medidas urgentes para reducir el precio de los AAD. Si no se alcanza un precio justo en la negociación, cercano al precio de coste (precio de los genéricos menos caros), se debería aplicar la licencia obligatoria y comenzar a utilizar genéricos de forma inmediata con un coste asumible. Es posible hacerlo. En otros casos han sido aplicadas en EEUU, en Canadá, en Reino Unido, y recientemente en Alemania. Y, como hemos señalado, Malasia ha aplicado ya licencia obligatoria en el caso de sofosbuvir.

La aplicación de tratamientos adecuados debe ser una exigencia de las personas con viremia de VHC, de los profesionales sanitarios y de toda la sociedad. Pero también hemos de exigir que se paguen precios justos y no se pierdan recursos muy necesarios para la atención sanitaria de estas y otras personas en sus diferentes problemas de salud.

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