El caso es el siguiente. Un grupo de investigadores del hospital universitario Erasmus Medical Center, de Rotterdam, con financiación pública, desarrolló un tratamiento para tumores neuroendocrinos: lutetium-octreotaat. El tratamiento ha sido preparado por la farmacia del hospital y aplicado durante 18 años en dicho centro, y los resultados parecen muy favorables: un 50% de los pacientes muestran reducción del tumor y la mayoría logran una supervivencia de más de 5 años. El tratamiento se ofrecía a pacientes de todo el país, y de otros países, a un precio de 4.000 euros por infusión.
En 2001, los médicos del hospital relacionados con el procedimiento crearon una empresa, una “start-up”, que llamaron Biosynthem. Suponemos que esta acción fue aprobada por el hospital. Este es un fenómeno que se ha estimulado desde las universidades y las administraciones públicas. Puede ser interesante en otros sectores, para buscar ingresos adicionales. Pero, en sanidad puede tener el efecto perverso de introducir el ánimo de lucro en un tipo de servicio que debería ser considerado siempre un derecho, por delante de los intereses comerciales. El riesgo es que el resultado de una investigación que debería servir a los intereses de todos, se vende luego a una empresa privada, que puede poner precios abusivos que, además, serán una barrera para el acceso a los tratamientos. Esto es lo que ocurrió.
En 2010 la empresa francesa Advanced Accelerator Applications (AAA) compró Biosynthem por 10,7 millones de euros. Suponemos que con ese dinero el hospital cubrió el coste de la investigación y, además, se obtuvo un beneficio para los médicos y para el hospital. Parecería correcto. Habría habido un retorno razonable al esfuerzo público. Por ejemplo, si la inversión del hospital y la universidad hubiera sido de 5 millones se habría obtenido un buen margen. Pero estamos hablando de un medicamento para el cáncer. El trato no debería quedarse ahí, deberían haberse puesto salvaguardas, condiciones para la comercialización y asequibilidad del producto.
A continuación, AAA realizó un ensayo clínico con 229 pacientes, en el que invirtió 40 millones de euros, financiados en parte con ayudas públicas del Estado Francés. En 2017 la Agencia Europea del Medicamento (AEM) autorizó la comercialización del producto con el nombre Lutathera, y otorgó estatus de medicamento huérfano, con 10 años de exclusividad de comercialización.
Poco después, en 2018, Novartis compró AAA por 3.300 millones de euros. Y, a partir de ahí, comercializó el producto a 23.000 euros por infusión, con un aumento del 475% sobre el precio que ponía el hospital. El tratamiento anual alcanzará los 100.000 euros. A ese precio es más difícil que muchos pacientes o servicios de salud, incluido el holandés, puedan pagarlo.
Conviene añadir que el dinero con el Novartis compra AAA también sale de dinero público. En efecto, las empresas farmacéuticas obtienen unas ganancias muy abultadas gracias a los sobre-precios de los medicamentos, que se pueden fijar porque los gobiernos les conceden patentes y exclusividades, es decir, monopolios. Ese sobre-precio es un “impuesto indirecto” que pagamos los pacientes y los servicios de salud y que recaudan las empresas, con la finalidad, supuestamente, de pagar la investigación. Pero las empresas ingresan mucho más con este impuesto de lo que luego gastan realmente en investigación. En la Unión Europea pagamos a las compañías farmacéuticas 100.000 millones anuales en sobre-precios de medicamentos y las empresas gastan solamente 27.000 millones de euros en investigación. El resto va a beneficios, marketing, recompra de las propias acciones y compra de otras empresas, como este caso.
Este ejemplo vuelve a poner sobre la mesa varias cuestiones:
¿Por qué las instituciones que realizan investigación y desarrollan productos con dinero público no están obligadas por las autoridades a NO vender las patentes, licencias o procedimientos a otras empresas privadas? ¿Por qué, en el caso de que se autorice la venta no se introducen salvaguardas que garanticen un retorno proporcional de los beneficios obtenidos para el sector público, y un precio cercano al coste, no abusivo, de los productos para los pacientes y los servicios de salud? ¿Por qué los gobiernos de los países y la Unión Europea siguen concediendo monopolios a empresas farmacéuticas por 10 o 20 años, cuando la investigación ha sido fundamentalmente pública, o cuando ya han recuperado los costes de I+D con creces, y cuando las cifras de beneficio sobre ventas demuestran año tras año que hay unas ganancias excesivas (varias veces más que la media del sector industrial)? ¿Por qué se permite que, con ese dinero que es público, puesto que es un impuesto indirecto, las empresas realicen compras especulativas y fijen luego precios abusivos que tienen que pagar, si pueden, los pacientes y los servicios de salud?
¿Cuándo van a responder los gobiernos con firmeza frente a este grave problema?
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