Varias Organizaciones de la Sociedad Civil hemos planteado una iniciativa legislativa popular con la intención de cambiar la Ley del Medicamento y facilitar al gobierno herramientas para poder frenar la escalada de precios de las medicinas.
La razón es que si no cortamos la hemorragia de los altísimos precios de los nuevos medicamentos la sanidad pública se va a desangrar (y nosotros con ella). Analicemos la situación con detalle.
1.- Los precios de los nuevos medicamentos están aumentando de forma descontrolada desde hace años
EL PROBLEMA
.- Los precios de los nuevos medicamentos son una verdadera hemorragia para el Sistema Nacional de Salud. Los últimos tratamientos aprobados en 2019 tienen un precio de más de 300.000 euros por paciente. Ahora se anuncia para el año que viene un medicamento con un precio de 2 millones de euros. El gasto en medicamentos hospitalarios ha aumentado un 31% entre 2014 y 2018 y sigue subiendo. Si continúa esta escalada de precios de medicamentos contra el cáncer, las enfermedades neuromusculares, las enfermedades reumáticas, las enfermedades cardíacas y otras, no vamos a poder pagarlas.
.- Estos precios no tendrían que ser tan caros. El coste de fabricación es mucho menor. Y el coste de investigación no tiene nada que ver con los precios. Los precios son especulativos, lo máximo que la empresa pueda cobrar: 10, 100 y en ocasiones 1.000 veces más caro que los costes de fabricación e investigación. Por ejemplo, el coste de fabricación de los nuevos medicamentos para la Hepatitis C es de 100 euros por tratamiento. El coste de investigación, repartido entre todos los tratamientos que se van a vender en 20 años sería de 200 euros por tratamiento. En total 300 euros por tratamiento. En España hemos pagado una media de 19.000 euros por tratamiento. Como hemos tratado a más de 130.000 pacientes deberíamos haber pagado 39 millones de euros y hemos pagado 2.500 millones. Es injusto. Es abusivo. Y así ocurre con el resto de los nuevos medicamentos. ¿Pagaríamos 19.000 euros por un teléfono móvil que cuesta 300?
.- Las empresas farmacéuticas, con estos precios abusivos, tienen enormes ganancias: más de un 40% sobre ventas, frente a un 5% sobre ventas de las otras empresas industriales. Y eso incluye los gastos de investigación y todos los gastos. Ese exceso de beneficio se dedica en buena parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre políticos, médicos y opinión pública. Con esa presión consiguen mantener el actual sistema de fijación de precios. Y consiguen también que los médicos prescriban más medicamentos y más caros. También destinan parte de las ganancias a recomprar acciones y aumentar la remuneración millonaria de los altos ejecutivos.
.-La industria farmacéutica invierte un 16% en investigación pero gasta más de un 23% en marketing. Ese gasto en publicidad y lobby, más de 35.000 millones de euros en la UE es innecesario y sale de unos beneficios injustos que pagamos los pacientes y los sistemas de salud. Gran parte de la investigación innovadora (el 75%) se hace en centros de investigación públicos, con financiación pública. Muchas veces las empresas compran los resultados de investigación de los equipos públicos a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados.
.-Los altos precios hacen que a veces los sistemas de salud no puedan pagar y retrasen la aprobación de los nuevos tratamientos. O establezcan un racionamiento (solo para los más graves). Los altos precios de los nuevos medicamentos hacen que las compañías retiren los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos: se producen desabastecimientos y se fuerza a recetar los más caros.
.-La presión sobre los médicos, con las ganancias excesivas por los altos precios, hace que a veces se recete de forma innecesaria, provocando efectos adversos innecesarios. En la Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año por efectos adversos evitables de los medicamentos.
.-El precio excesivo de los nuevos medicamentos hace que los gobiernos pongan copagos a los pensionistas y quiten la financiación pública a muchos medicamentos útiles, para que en vez de pagar el sistema de salud se lo pague cada uno. Por este motivo más de 1.400.000 personas no pudieron comprar las medicinas que les habían recetado en la sanidad pública en 2018. Y esto no es en un país pobre. Es en España.
.-El exceso de gasto en medicamentos, por precios injustos y prescripción innecesaria, se resta al gasto en personal, en equipos médicos, en instalaciones, en servicios sociales, en dependencia, en prevención de la enfermedad, en promoción de la salud y la autonomía personal. De esta forma se deteriora la calidad de la atención sanitaria y de la los servicios sociales públicos y aumentan las listas de espera, provocando sufrimiento innecesario y muertes evitables.
.-Si se mantiene esta situación en los próximos años la sanidad pública va a quebrar o a sufrir un deterioro muy grave, con lo que cada uno, si puede, tendrá que pagarse la sanidad privada, incluyendo los medicamentos.
LA CAUSA: el monopolio de las patentes y otras “exclusividades”
.-La causa de los altos precios de los nuevos medicamentos es monopolio de las patentes y otras exclusividades, que permite a las empresas imponer su precio. Las patentes de medicamentos estuvieron prohibidas mucho tiempo para evitar que se produjera este problema. Pero en 1992 se empezaron a aplicar en España y en 1994 se generalizaron en todo el mundo, por la presión de la industria farmacéutica. A partir de entonces las empresas tienen un monopolio durante 20 años y pueden subir los precios de forma exagerada.
.-Los gobiernos no han podido controlar el aumento de los precios. El monopolio se concedía para que con esos sobreprecios la empresa pudiera pagar los costes de investigación durante 20 años. Pero las empresas recuperan esos costes mucho antes (en uno, dos o tres años), debido a los altísimos precios, y luego todo son ganancias.
LA SOLUCIÓN: poner un precio justo a los medicamentos.
.-A medio y largo plazo es preciso alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Unidas. Este marco debería volver a prohibir la utilización de patentes en medicamentos, quitando el monopolio que permite el abuso de la industria. La financiación de la Investigación tiene que hacerse con fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo Global, con fijación de prioridades en función de necesidades de salud, y con investigación abierta y colaborativa. Las empresas deben fabricar a precio de coste, con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%.
.-Entre tanto es importante aumentar la capacidad de negociación de las Administraciones Públicas y de los Servicios de Salud para negociar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible. Para ello hemos propuesto la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo”.
2.-Existen importantes conflictos de intereses en medicina que pueden influir en los altos precios y en la prescripción inapropiada.
EL PROBLEMA
En 2017, la industria farmacéutica gastó en España 182,5 millones de euros en pagos a profesionales sanitarios en pagos directos e indirectos, que incluyen honorarios y abonos por viajes, cuotas de inscripción a congresos y jornadas. Además, 18 profesionales sanitarios recibieron más de 50.000 euros de un único laboratorio. Sumado a lo que recibieron de otras empresas farmacéuticas, el total percibido ascendió a 1,6 millones de euros, de los que más de 1 millón de euros correspondió a honorarios. Durante ese mismo período de tiempo, la industria farmacéutica abonó 130,5 millones de euros a las sociedades científicas y médicas. En 2016, por su parte, los laboratorios gastaron casi 6 millones de euros en patrocinios, donaciones o servicios a diferentes asociaciones de pacientes del territorio español.
La publicación de los pagos, que la industria describe con el eufemismo de "transferencias de valor", está regulada por las propias farmacéuticas. Y ello porque no existe ninguna norma que desarrolle la regulación de estos vínculos económicos por parte de las administraciones públicas. Pese a que la publicidad sobre las transferencias destinadas a viajes y congresos ya fue incluida en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no se ha realizado un reglamento que regule estos pagos, tal y como prevé la ley.
Por este motivo, es la propia industria farmacéutica la que establece cómo se lleva a cabo la publicación de los pagos que ella misma realiza. La Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica (EFPIA, en inglés) aprobó un código en 2013 para dar a conocer las transferencias, que fue adoptado por Farmaindustria, la patronal española. En nuestro país, los pagos se publican desde el año 2016 y, desde 2018, se comenzaron a difundir los datos personales de todos los profesionales sanitarios que reciben transferencias de los laboratorios.
De este modo, cada compañía farmacéutica publica de forma individual los pagos que realiza a organizaciones y profesionales sanitarios. Sin embargo, los laboratorios deciden cómo se realiza esta difusión y su publicación en los formatos actuales no ayuda a comprender en qué contexto se realizan las transferencias ni promueve la transparencia. Ello se debe a la falta de regulación por parte de la administración pública, al contrario de lo que sucede en otros países, como Francia, Bélgica y Estados Unidos. Allí sí existen normas que establecen cómo ha de llevarse a cabo la publicación de estos vínculos económicos.
LA SOLUCIÓN
Que las transferencias relacionadas con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, que engloben tanto pagos directos, en forma de honorarios, ofertas de premios y becas, como indirectos, en forma de contribuciones y subvenciones que supongan el abono de viajes, desplazamientos y cuotas de inscripción a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares, se publiquen en la forma en la que se determine reglamentariamente. Además, se deberá difundir las fuentes de financiación en los artículos científicos, programas, publicaciones de trabajos y ponencias de reuniones, congresos y actos similares.
3.-Hay opacidad en las razones para aprobar un medicamento y fijar su precio, así como en los precios reales que se pagan en la compra pública.
EL PROBLEMA
En la actualidad, la compra de productos farmacéuticos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, no cuenta con una normativa específica que determine de forma específica cómo se realizan estos procedimientos. En otras palabras, la adquisición de productos farmacéuticos se rige por la misma legislación que regula cualquier contrato de suministros. Sin embargo, y pese a que existe la obligación de difundir los precios unitarios a los que se adquieren los fármacos, lo normal es que se oculte el precio real que se paga por los medicamentos. ¿El motivo? Los acuerdos de confidencialidad con las compañías farmacéuticas, que impiden que las administraciones públicas difundan los precios negociados con los laboratorios.
Otro problema importante es la opacidad existente en las negociaciones entre las administraciones públicas y la industria farmacéutica. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad publica en la actualidad los precios máximos que está dispuesto a abonar por la compra de cada medicamento, un resumen de las sesiones donde se delibera acerca de estos precios y la composición del ente que regula estas cifras, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Sin embargo, existe mucha opacidad sobre qué precios reales pagan los laboratorios, los documentos y los acuerdos que se alcanzan en dichas reuniones o los conflictos de intereses sobre los participantes.
LA SOLUCIÓN
En primer lugar, que el Ministerio publique una fuente pública de información, de la forma en la que se determine reglamentariamente, donde se den a conocer los datos sobre la adquisición de medicamentos por parte de las diferentes Administraciones públicas. Esta base de datos debe publicarse en formato abierto y reutilizable e incluirá de forma específica los precios unitarios por los que se han licitado y adjudicado los medicamentos, además de los datos relativos a su identificación, como código nacional, principio activo, forma farmacéutica y empresa farmacéutica, junto con la información adicional que se determine reglamentariamente.
En segundo lugar, que se dé a conocer la información exhaustiva acerca de las negociaciones y los acuerdos establecidos en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Así, se deberá publicar el orden del día de las reuniones, las actas completas de las sesiones, el listado de asistentes y la relación completa de conflictos de intereses, los documentos aportados de cada producto farmacéutico para el debate y la decisión de financiación o no financiación del mismo, el debate sobre la fijación de precio y la relación de este precio con los costes reales (auditados) de fabricación y de investigación, así como los resultados de las votaciones sobre la decisión de financiar o no cada medicamento, y sobre el precio.
LA ILP PROPONE CAMBIAR LA LEY DEL MEDICAMENTO PARA LOGRAR
1.Que los precios se fijen en relación con el coste de fabricación y los costes de investigación debidamente auditados.
2.Que la negociación sea transparente. Las empresas deberán facilitar toda la información sobre estos costes al gobierno y el gobierno deberá publicar esta información, así como la deliberación seguida para fijar el precio. La información es poder. Y la transparencia en asuntos tan importantes es un derecho de ciudadanía.
3.Que se publiquen los pagos realizados a profesionales sanitarios, tanto directos como indirectos, para prevenir y evitar conflictos de interés.
3.Que se cree un fondo para financiar investigación y formación independiente, para que ni los médicos ni las asociaciones de pacientes tengan que ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero que les damos los pacientes y los sistemas de salud a través de los sobreprecios). Este fondo se financiará con el dinero ahorrado al fijar precios más justos, y con aportaciones por volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud.
EN DEFINITIVA
.-La ILP pretende lograr un debate social importante, que permita movilizar un apoyo a las medidas que los gobiernos adopten para fijar precios justos. Solo de esta manera podremos mantener y mejorar una sanidad pública de calidad y para todos.
.-Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Diputados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y finales de junio de 2020.
.-Gracias a la ILP se podrían destinar 1.500 millones de euros anuales al fondo de investigación y formación independiente. En el medio y largo plazo, el ahorro en el gasto excesivo en medicamentos alcanzaría los 8.000 millones de euros anuales respecto al gasto actual.
