Después de que las fuerzas políticas no fueran capaces de formar gobierno con los resultados de las elecciones de abril, pareciera mucho más difícil que ahora se logre alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la ciudadanía ha votado nuevamente expresando su voluntad. 24.365.850 personas han votado a diferentes partidos, sin otorgar mayorías claras, mostrando la diversidad de opiniones y visiones de la realidad que existe en nuestro país. Al mismo tiempo, 10.506.203 personas que podían votar se han abstenido. 2,1 millones más que en abril. Estos son los resultados que debemos gestionar.
En un análisis simple vemos que el PSOE ha perdido 728.000 votos que han ido sobretodo a esa abstención. Ciudadanos ha perdido 2,5 millones de votos de los que un millón y medio han ido a PP (662.000) y Vox (962.000) y otro millón a la abstención. Y Unidas Podemos ha perdido 636.000 votos que han ido, sobretodo a Más País (554.000) y a la abstención.
Podíamos pensar que parte del electorado de PSOE y UP se vio decepcionado por no ser capaces de formar un gobierno progresista sobre la base de las políticas sociales dibujadas en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que no llegó a aprobarse, pero que apuntaba en la buena dirección.
En cuanto a Ciudadanos, pareciera que su electorado le ha castigado por el giro a la derecha extrema, apoyando a Vox para formar gobiernos en Andalucía y en Madrid, aprobando iniciativas regresivas, en lugar de apoyar a la lista más votada en esas CCAA, que fue el PSOE, con el que podían haber impulsado políticas progresistas.
Ahora, el PSOE, como partido más votado, tiene la responsabilidad de intentar formar gobierno. Un gobierno de España liderado por Pedro Sánchez debería plantear, al menos, tres objetivos. Por un lado, afrontar la crisis catalana y la cohesión territorial del Estado. Por otro lado, gestionar una situación de inestabilidad económica, afectada por las tensiones mundiales, preparando a nuestro país para una posible crisis y fortaleciendo su capacidad de respuesta. En tercer lugar, impulsar las políticas sociales que se vieron recortadas en la crisis económica de 2009 y que debemos recuperar para ahormar la cohesión social y garantizar los derechos de todas las personas. Es fundamental invertir decididamente en sanidad, educación y ciencia, y servicios sociales, consolidar el sistema de pensiones, y recuperar derechos laborales, entre ellos unos salarios dignos y unos empleos estables.
Para poder formar un gobierno en torno a esos objetivos todos los partidos que quieran contribuir a la estabilidad del país tienen que ser conscientes de que no será posible alcanzar el máximo que propone cada uno en sus respectivos programas. Y que ceder para lograr un acuerdo no será traicionar a su electorado, siempre que la orientación del gobierno permita avanzar en aspectos en los que todos coincidan. Se trata de encontrar un mínimo común denominador que permita sumar para formar un gobierno estable que trabaje por todos los españoles.
No parece posible en esta legislatura resolver el problema de la cohesión territorial y la crisis catalana, porque las posiciones están muy encendidas, las heridas están muy abiertas. Es preciso abrir nuevos puentes, nuevas perspectivas, con plazos realistas. Cualquier solución tiene que estar dentro de la ley y de la Constitución. Y si la solución acordada requiere modificar una Ley, se puede hacer cuando se tenga el grado de apoyo social y parlamentario suficiente. Pero ningún gobierno podrá actuar incumpliendo la Constitución vigente. Los partidos independistas catalanes tienen que asumir este mínimo. Y ahora eso es muy complicado, con líderes políticos presos, un expresidente fugado y con unas elecciones catalanas a la vista.
Por eso creo que el acuerdo para el gobierno de España debe venir de la suma de los partidos progresistas y moderados. Los números salen si se suman los escaños de PSOE (120), UP (35), Más País (3), PNV (7), PRC (1), CCA-P (1) y Ciudadanos (10): 178 diputados. Con el acuerdo de estos partidos para votar sí a la investidura (apoyo parlamentario, o incorporación al ejecutivo en algún caso), se podría formar gobierno sin necesidad de contar con el apoyo o la abstención de partidos independentistas catalanes. En otros momentos, el apoyo de ERC hubiera sido interesante para un gobierno progresista. Ahora no me parece aconsejable por la coyuntura política en Cataluña.
El cambio de posición de Ciudadanos, que pasaría de rechazar el acuerdo con el PSOE a facilitar el gobierno de la lista más votada, supondría volver a su antigua filosofía de partido moderado, que promovía la regeneración democrática, y que fue capaz de ponerse de acuerdo con el PSOE en Andalucía. De hecho, podría volver a hacerlo también en esa Comunidad Autónoma y en la Comunidad de Madrid, ya que la lista más votada en las dos CCAA en las últimas elecciones fue la del PSOE.
También sería complicado para muchos votantes del PSOE y de Unidas Podemos aceptar un acuerdo parlamentario con Ciudadanos después de sus últimos posicionamientos. Pero todo depende del programa de gobierno que sean capaces de pactar. Un programa progresista, de mínimo común denominador, no de máximos, puede ser razonable. Sobretodo, sabiendo que no hay muchas más alternativas.
¿Cabría la posibilidad de la abstención de Ciudadanos y de ERC en aras a la estabilidad política y sin contrapartidas (logrando 168 votos a favor, 159 en contra y 23 abstenciones)? La veo más difícil que la posibilidad anterior.
Y si no se lograran esos acuerdos, la otra alternativa sería buscar el apoyo del PP para su abstención, o para formar la “gran coalición” que piden algunos. Me parece una solución peor. Y la política no es hacer lo que a uno le gustaría, la política es el arte de lo posible. Y desde luego, repetir elecciones sería inaceptable.
Los resultados de las elecciones han sido complicados. Pero han sido los mejores, es decir los que han querido los españoles. No nos echemos la culpa de que no nos ha gustado y hagamos esfuerzos de entendimiento para construir un futuro común. Si nos decimos demócratas, hemos de ser conscientes de que esta es la democracia, votar en elecciones libres y participativas. La ciudadanía ha hablado. Ahora, los representantes políticos tienen la responsabilidad de defender esa democracia logrando acuerdos de gobierno, para que España mantenga y mejore la convivencia y el bienestar de todos y contribuya a resolver los grandes retos europeos y mundiales.
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