Por ejemplo, hacer que las vacunas y tratamientos para la COVID 19 sean asequibles para todas las personas en todo el mundo (5); apoyar la puesta en común de los conocimientos para el acceso a las tecnologías (es decir, renunciar a las patentes exclusivas o compartirlas), a través del C-TAP de la OMS (6); incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas en I+D y otras inversiones públicas (como transparencia, asequibilidad y licencias no exclusivas para los productos finales) (7); usar licencias obligatorias en caso de que no se compartan las vacunas, las terapias o los conocimientos pertinentes (8); adquisición pública conjunta de vacunas y tratamientos (17); transparencia en los costes de I+D (20); transparencia en los resultados de los Ensayos Clínicos (21); aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa (22); seguimiento por la EMA de carestía de medicamentos (28); investigación coordinada, colaborativa y abierta en la UE (43); estudiar alternativas a las patentes para la financiación de la I+D en salud, propuestas de “desvinculación” de los precios (44); financiación independiente para los Grupos de Pacientes (52).
Muchas de estas recomendaciones están en sintonía con la Iniciativa Legislativa Popular "Medicamentos a un Precio Justo" que promueven varias organizaciones de la sociedad civil en nuestro país.
Muchas de estas recomendaciones están en sintonía con la Iniciativa Legislativa Popular "Medicamentos a un Precio Justo" que promueven varias organizaciones de la sociedad civil en nuestro país.
Si la Comisión Europea y los Estados Miembros adoptaran estas propuestas supondría un cambio importante en la estrategia actual en política farmacéutica. Supondría apostar por los pacientes y por el conjunto de la sociedad. Permitiría garantizar vacunas y tratamientos para todos en la actual pandemia, y abriría el camino para lograr un nuevo equilibrio en el sector, que frene la escalada de precios de los nuevos medicamentos y asegure unos sistemas sanitarios públicos fuertes y accesibles a toda la población. Supone, además, una mirada más realista y solidaria sobre el conjunto del planeta, buscando la corrección de las enormes desigualdades existentes entre países y dentro de los países, y tratando de lograr un modo de desarrollo compatible con el cuidado de la naturaleza y del planeta que prevenga futuras y más terribles pandemias.
La resolución comienza con una serie de Consideraciones en las que se basan las propuestas de acción. Subrayo algunas de estas Consideraciones: A. Relación entre salud humana y salud del planeta; F. Derecho a la salud, derecho humano fundamental; J. Evitar que medidas de reducción de déficit público se traduzcan en infrafinanciación de los sistemas sanitarios; M. Las desigualdades en salud son fruto de desigualdades sociales y condiciones de vida, etc.; V. La crisis de la COVID ha afectado más a los más vulnerables; AI. La Comisión afirma que “cualquier vacuna futura debe estar producida por el mundo y para todo el mundo”; AJ. La estrategia de la Unión, en cambio, está yendo en otra dirección: “compromisos anticipados de mercado” sin referencia a la “disponibilidad al coste”; AK. Los ADPIC permiten usar Licencias Obligatorias.
En cuanto a las propuestas de acción para la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, transcribo las referidas más directamente relacionadas con la política farmacéutica:
5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los socios mundiales que garanticen un acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo a las futuras vacunas y tratamientos contra la COVID-19 tan pronto como estén disponibles;
6.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen formalmente la puesta en común de acceso a la tecnología en relación con la COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP), a fin de hacer posible la máxima puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos relativos a las tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19 en beneficio de todos los países y todos los ciudadanos;
7.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren en todas las convocatorias actuales y futuras de financiación e inversión salvaguardas colectivas en favor de la ciudadanía, como cláusulas de transparencia, accesibilidad y asequibilidad y licencias no exclusivas para la explotación de los productos finales;
8.Aboga por el diálogo y la cooperación con terceros países; insta a todos los Estados miembros a que emitan licencias obligatorias en caso de que terceros países no compartan vacunas o terapias o los conocimientos pertinentes;
17.Solicita que se recurra a la adquisición pública conjunta de la Unión para comprar vacunas y tratamientos contra la COVID-19, y que ello se haga de forma más sistemática para evitar que los Estados miembros compitan entre sí y para garantizar un acceso equitativo y asequible a medicamentos y productos sanitarios importantes, especialmente en el caso de nuevos antibióticos innovadores, nuevas vacunas y tratamientos curativos, así como medicamentos para enfermedades raras;
20.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten una nueva propuesta de revisión de la Directiva 89/105/CEE sobre la transparencia de los costes de la I+D y que garanticen que los Estados miembros estén en igualdad de condiciones al negociar con los fabricantes los tratamientos que no se adquieren de manera conjunta;
21.Insiste en que se aplique rápidamente el Reglamento sobre ensayos clínicos, que acumula un gran retraso, a fin de garantizar la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos, independientemente de los propios resultados, y facilitar la realización de ensayos clínicos transfronterizos más amplios; subraya que los resultados negativos o no concluyentes de los ensayos clínicos constituyen conocimientos importantes que pueden contribuir a mejorar la investigación futura;
22.Aboga por una estrategia farmacéutica de la UE a fin de abordar los problemas de la Unión y de las cadenas mundiales de suministro de productos farmacéuticos, que debe incluir medidas legislativas, políticas e incentivos para aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa con objeto de diversificar la cadena de suministro y garantizar el suministro y un acceso asequible en todo momento; considera que la estrategia farmacéutica de la UE debe llevarse a cabo sin perjuicio de las acciones que se emprendan en el marco del enfoque estratégico para los productos farmacéuticos en el medio ambiente;
28.Pide un papel más destacado de la EMA en el seguimiento y la prevención de la carestía de medicamentos, así como en la coordinación del diseño y la aprobación de los ensayos clínicos de la Unión durante las crisis;
43.Pide que en el ámbito de la investigación y la innovación se adopte un enfoque coordinado, colaborativo y abierto, asignándose un papel más importante a la Comisión y los Estados miembros en la coordinación de la investigación médica y epidemiológica, a fin de evitar la duplicación y de orientar la investigación hacia los resultados, incluidos los medicamentos, las vacunas, los dispositivos médicos y los equipos necesarios;
44.Pide a la Comisión que evalúe el impacto de los incentivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial en la innovación biomédica y que estudie alternativas creíbles y eficaces a la protección exclusiva para la financiación de la I+D médica, como los numerosos instrumentos basados en mecanismos de desvinculación;
52.Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la mejora de la financiación independiente de los grupos europeos de pacientes;
…
La Comisión Europea y la mayoría de los Gobiernos europeos están yendo actualmente en la dirección contraria a estas recomendaciones. Cada país, grupos de países y la propia Comisión, están negociando con las empresas farmacéuticas para hacer “compras anticipadas” de “futuras vacunas”, sin exigir condiciones de no-exclusividad, ni precios de coste. Y sin establecer un mecanismo alternativo para garantizar que la vacuna sea un bien público, un bien común para todos en todo el mundo, que podría hacerse pagando aparte, con un fondo global coordinado por la OMS, la investigación que hubieran podido financiar las empresas privadas (descontando los costes de la investigación que se está haciendo con fondos públicos y en centros públicos), estudiando dichos costes con total transparencia, como exige la iniciativa de Muhammad Yunus y más de 100 premios Nobel y líderes mundiales, difundida el 28 de junio pasado. No podemos aceptar el sálvese quien pueda, aunque parezca que, en una visión estrecha, nos puede venir mejor a los países ricos. Debemos cambiar estas políticas cortoplacistas que nos conducen al desastre, y tomar el rumbo que señalan las propuestas de la Resolución del Parlamento Europeo.
Los movimientos sociales, los profesionales y la ciudadanía en general, deberían animar a los gobiernos nacionales y regionales a que adopten estas medidas cuanto antes. La lucha contra la pandemia de la COVID19, la consolidación de sistemas públicos de salud eficaces, y los equilibrios que condicionan el futuro del planeta están en juego.
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