Vacunas COVID: Pfizer podría sumar un beneficio de otros 33.300 millones € “extra” de los contribuyentes de la UE en 2022 y 2023.

(texto publicado en El Obrero, 24/4/2021)

Parecería una película sobre un escándalo económico y humanitario, pero por desgracia, es la vida real.

 

En plena pandemia, mientras han muerto más de 3 millones de personas, y mientras se siguen contagiando cada día más de medio millón, las grandes empresas farmacéuticas, aprovechando el monopolio de las patentes, cobran por las vacunas precios 15 veces por encima de los costes, obteniendo enormes beneficios, y limitan la producción a las fábricas que ellas deciden, en lugar de permitir que se fabriquen vacunas en todas las fábricas acreditadas en el mundo, con lo que se podría vacunar a todo el planeta en seis meses y con mucho menor gasto. El embudo de las patentes hace que, a día de hoy, se hayan vacunado un 34,2% de personas en EEUU y menos del 1% en la mayoría de los países de bajos ingresos (Bloomberg, 2021). Por su parte, los gobiernos de los países de la UE y de EEUU, no solo aceptan este trato abusivo, sino que frenan los intentos de los países de bajos ingresos para suspender las patentes. Es una injusticia inaceptable que a mi, como ciudadano de la Unión Europea, me avergüenza. 

 

¿Cuánto cuesta fabricar una vacuna mRNA frente a la COVID? 

 

Primer dato, el coste de elaboración: Por el análisis de Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres sabemos que el coste fabricación de una vacuna del tipo de la Pfizer es de 0,58 € por dosis (Kis, 2021). A ese coste se debe añadir el coste de envasado, distribución y beneficio industrial. Para estimar estos costes nos basamos en el trabajo de Andrew Hill y colaboradores, de las universidades de Liverpool y Harvard (Gotham 2019). Según ellos podemos calcular un coste de 0,35€ por dosis para rellenado, beneficio industrial y transporte. Agregándolo al coste de fabricación, sumaríamos 0,93 € por dosis.

 

Segundo dato, el coste de investigación: La investigación de las plataformas mRNA y su  aplicación para la vacuna frente a la COVID, han tenido financiación pública. BioNTech, la empresa alemana que desarrolló la vacuna, recibió 475 millones de euros del gobierno alemán y de la Unión Europea para sus investigaciones. Según los creadores de la empresa “La financiación de la UE, y también del Estado alemán, nos permitió generar un conocimiento científico profundo sobre el reconocimiento del cáncer por el sistema inmunitario. Las ayudas también han permitido financiar las primeras fases de investigación de nuestra vacuna de ARNm. Nos ayudó a mejorar nuestras vacunas y a generar datos preclínicos y clínicos sobre nuestro método concreto de vacuna de ARNm individualizada contra el cáncer. Los resultados obtenidos de estos proyectos nos ayudaron a encontrar inversores que creyeran en nuestra idea”. 

 

Tercer dato, el coste del desarrollo: Conocemos por un artículo publicado en JAMA en abril de 2018, que el coste medio de un ensayo clínico pivotal con grupo placebo, en 59 nuevos medicamentos aprobados por la FDA en 2015-2016 fue de 35,1 millones de dólares.  Y para el desarrollo de la vacuna, mediante el primer contrato de compra anticipada con la UE, la empresa Pfizer recibió 700 millones (por los primeros 200 millones de dosis). En EEUU ocurrió otro tanto. Supongamos que por I+D pudieran acreditar un gasto de 1.000 millones de euros más. Esta cantidad se debe distribuir entre todas las dosis que se esperan vender. Según los creadores de BioNTech, sólo en 2021 tienen previsto fabricar 2.000 millones, lo que supone un coste de I+D de 0,5€ por dosis. Según el CEO de Pfizer se necesitará una tercera dosis a los 12 meses y posteriormente la población podría tener que ser vacunada contra el coronavirus de manera anual. Así, con 20 años de patente y una estimación conservadora de 1.000 millones de dosis anuales, el coste de I+D por dosis sería de 0,05€. Es decir, el precio de la vacuna oscilaría entre los 0,98€ por dosis en el escenario de una cronificación de la COVID-19 y 1,05€ por dosis si sólo se precisasen dos revacunaciones. Redondeamos a 1 €.

 

 ¿Cuánto estamos pagando por la vacuna? 

 

Celeste López y Jaume Masdeu han dado a conocer en La Vanguardia el contrato de Pfizer con la Unión Europea, por 200 millones de dosis más 100 millones adicionales (López y Masdeu, 2021). Ahí se ve cómo por los primeros 100 millones de dosis se fija un precio de 17,5 €, y por los siguientes 100 millones, el precio es de 13,50, haciendo una media de 15,5 € por dosis. Ese precio se mantiene para los 100 millones de dosis adicionales. La Unión Europea ha firmado otro contrato para 2021, por otros 200 + 100 millones de dosis, que, suponemos, tendrían un precio similar. Como vemos son precios 15,5 veces por encima del precio justo. Deberíamos haber pagado 600 millones € y vamos a pagar 9.300 millones €, 8.700 millones de sobre-precio. Aunque el coste fuera tres veces más, y pagara 3 euros por dosis, como con AstraZeneca, seguiría habiendo un desfase de 7.500 millones €.

 

En el contrato también se comprueba que la UE ha cedido en otro aspecto importante. Si ocurre cualquier reclamación por efectos adversos, será la UE (el cliente), y no la empresa (el fabricante), el que pague las indemnizaciones. ¿Es eso justo?

 

Las grandes empresas farmacéuticas quieren más.

 

Aunque, como hemos visto, los precios de las vacunas son abusivos, al parecer Pfizer está negociando con la UE un aumento de precios para sus próximos pedidos. El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, informó que Pfizer proponía un precio de 19,5 euros para un pedido de 900 millones de dosis en 2022 y otros 900 millones en 2023 (ABC, 2021; European Commission, 2021). No solo no hay una disminución de precio, para acercarlo al precio de coste, sino que se añaden otros 4 euros más por dosis. Pfizer lograría 7.200 millones de euros más, sin ningún esfuerzo adicional. Pero si comparamos el gasto por la compra prevista, de 35.100 millones €, con el coste real, de 1.800 millones €, el exceso de gasto en que incurriría la UE con el dinero de los contribuyentes es de 33.300 millones €. Un verdadero escándalo.

 

¿Por qué la UE pide otros 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023? 

 

En un anterior artículo ya advertíamos la posibilidad de que tuviéramos que recibir dosis de refuerzo, o bien hacer frente a nuevas variantes. En este sentido, el CEO de Pfizer confirmó que, seguramente, se necesitaría una tercera dosis dentro de 6 y 12 meses, y a partir de ahí, habría una revacunación anual (Lovelace Jr, 2021). “Y, además -añadió- las variantes jugarán un papel determinante”, pudiendo requerir nuevas vacunas.

 

La Comisión Europea debe estar previendo estas circunstancias, y quiere encargar 2 dosis por habitante en 2022 y otras tantas en 2023. Lo terrible es que siga manteniendo los monopolios, limitando la producción a unas pocas empresas, y aceptando precios abusivos, que detraen recursos esenciales para otras necesidades, y que muchos países de bajos ingresos no podrán pagar, acumulando, además, las dosis disponibles para el mundo rico, lo que retrasará todavía más la llegada de vacunas países en desarrollo, perpetuando la injusticia.

 

 ¿Por qué la UE paga estos sobre-precios abusivos? 

 

La Comisión Europea dice que los sobre-precios de las patentes son para “incentivar” la investigación. Pero no es así. Si estudia los datos de los balances de las empresas verá que a investigación destinan un 16%-17% sobre ventas, en promedio, incluyendo la investigación que no ha funcionado y la investigación no innovadora. Si se añade a esa cantidad los costes de fabricación, otros gastos generales y un beneficio industrial similar a las empresas no farmacéuticas, el total asciende a un 65% sobre ventas. El resto, un 35% sobre ventas es beneficio abusivo por sobre-precios injustificados: alrededor de 400.000 millones € anuales en el mundo. 

 

Parte de esos beneficios injustificados se destinan a marketing, incluyendo acciones de lobby para influir sobre la UE, los gobiernos, los parlamentos, las agencias, los tomadores de decisión en las administraciones, etc., etc. Además, la UE y los gobiernos de los países miembros saben que los accionistas institucionales principales de algunas de estas empresas farmacéuticas son grandes empresas de gestión de inversiones, como BlackRock, Vanguard, State Street, etc., que tienen unos activos bajo gestión mayores que el PIB de la mayoría de los países y una capacidad de presión muy importante. Quizá por eso los gobiernos no se atreven a plantear la suspensión de patentes de las vacunas y de los medicamentos; no quieren disgustar a un poder tan fuerte como varios gobiernos juntos y más poderoso que cada gobierno solo.

 

La consecuencia es una enorme injusticia: la desigualdad en el acceso a los medicamentos en todo el mundo. 1 de cada 4 personas no pueden comprar el medicamento que necesitan: Y 10 millones de personas mueren cada año por no tener acceso al medicamento que le podría haber salvado la vida. Pensemos por un momento que fueran nuestros hijos, o nuestros padres…

 

Antes de que se empezaran a autorizar las primeras vacunas, el año pasado, el Papa Francisco dijo: “¡Sería triste si, para la vacuna frente a la COVID-19 se diera prioridad a los más ricos! ¡Sería triste si esta vacuna fuera a ser propiedad de esta nación o esta otra, en vez de universal y para todos!”. Pues así ha sucedido, querido Francisco, y es verdaderamente triste: en EEUU y en la EU, al ritmo de vacunación actual, estaremos vacunados todos antes de final de 2021. Mientras tanto, en muchos países de África, América Latina y Asia, no se podrá vacunar a toda su población hasta finales de 2022 o en 2023. Imaginemos que hubiera sido al revés ¿Qué diríamos los europeos? ¿Lo aceptaríamos?

 

Los tiempos están cambiando, que cantaba Bob Dylan. 

 

El pasado 14 de abril 175 personalidades, antiguos Jefes de Estado y primeros ministros, así como premios Nobel, dirigieron una carta al presidente de los EEUU pidiendo que apoyara la suspensión de las patentes de vacunas COVID, la transferencia de tecnología y conocimiento y la fabricación a gran escala, para poder llegar a toda la población mundial en el menor tiempo posible (Agre, 2021). De la misma manera, el 21 de abril, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez señaló: “Por otro lado, quisiera hacer alusión a un tema que está cobrando especial relevancia y es el de la eliminación de las patentes de las vacunas. Y quiero decir que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. Y en este sentido, España está dispuesta a impulsar esta discusión, especialmente entre nuestros socios europeos, también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para analizar las opciones que nos permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible en la lucha contra la COVID-19”. Es la primera vez que el Gobierno de España se manifiesta así.

 

Ahora bien, si se pone el tema de las patentes sobre la mesa y se discute seriamente, las empresas y sus lobbies tratarán de bloquear cualquier modificación de la situación actual, porque se juegan medio billón de euros anuales. Haría falta un clamor ciudadano que diera fuerza a los gobiernos, que les animara, que les hiciera imposible mirar para otro lado y no ver la injusticia que están cometiendo, que no tolerara que se quedaran en fórmulas retóricas. Por eso hace falta que millones de personas, en todo el mundo, exijan la suspensión de las patentes de las vacunas y un acceso justo a todos los medicamentos. 

 

Una de estas acciones ha tomado la forma de la Iniciativa Ciudadana Europea “Derecho al tratamiento”, para que “nadie se lucre con la pandemia”. Cientos de asociaciones y organizaciones sociales, como sindicatos, o asociaciones vecinales, grupos estudiantiles y profesionales, apoyan esta iniciativa para pedir al Parlamento Europeo que cambie las reglas de juego, evite el bloqueo de las patentes, y logre un acceso justo a los medicamentos en Europa y en el Mundo. Tú puedes sumarte a este clamor y puedes pedir a tus amigos que se sumen también. Cumplimentar la firma en la base de datos de la Unión Europea cuesta solo cinco minutos, pero su valor es enorme: https://noprofitonpandemic.eu/es/

Ánimo y suerte.

 

 

ABC (2021). El primer ministro búlgaro desvela la subida de precios de Pfizer: de los 12 euros iniciales a los 19,5. ABC, 20 abril 2021.

https://www.abc.es/sociedad/abci-primer-ministro-bulgaro-desvela-subida-precios-pfizer-12-euros-iniciales-195-202104201222_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com

Agre, Peter et al (2021). Open letter: Former Heads of State and Nobel Laureates Call on President Biden to Waive Intellectual Property Rules for COVID Vaccines. People’s Vaccine Alliance.

https://peoplesvaccinealliance.medium.com/open-letter-former-heads-of-state-and-nobel-laureates-call-on-president-biden-to-waive-e0589edd5704

Bloomberg (2021). Vaccine Tracker.

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

European Commission (2021). Timeline of EU action

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en

Gotham D, Barber M, Hill A (2019) Estimation of cost-based prices for injectable medicines in the WHO essential medicines list. BMJ Open, 2019; 9:e027780

https://bmjopen.bmj.com/content/9/9/e027780

Kis Z et al. (2021) Resources, Production Scales and Time Required for Producing RNA Vaccines for the Global Pandemic Demand. Vaccines 2021, 9, 3.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/3

López, Celeste y Masdeu, Jaume (2021). La Vanguardia 21 abril 2021

https://www.lavanguardia.com/vida/20210421/6986696/pfizer-vacunas-compra-ue-contrato-comision-europea-documento.html

Lovelace Jr, Berkeley (2021) Pfizer CEO says third COVID vaccine dose likely needed within 12 months. CNBC, 15 abril 2021.

https://www.cnbc.com/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html

Sánchez, Pedro (2021). Intervención del presidente en la Reunión Plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Andorra la Vella, miércoles 21 de abril de 2021

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2021/prsp21042021.aspx

 

Los Gobiernos de España y de la UE deberían apoyar la suspensión de monopolios frente a la COVID en la Organización Mundial del Comercio: por ética y por eficacia.

La estrategia de la Unión Europea en relación con las vacunas frente a la COVID ha tenido algunos aspectos positivos, como la apuesta por la investigación, la compra conjunta, el apoyo al desarrollo de vacunas anticipando fondos con las compras anticipadas, y la distribución equitativa entre los 27 Estados Miembros, según población. Pero, en cambio, la estrategia ha fallado en su visión global, y en su enfoque ético.

 Al tratarse de una pandemia, que afecta a toda la humanidad, la Unión Europea debía haber apostado por una respuesta global, que protegiera a todos, y no solo a los ciudadanos de la UE. Como dice el Director General de la OMS: no superaremos la pandemia en ningún sitio, hasta que no la superemos en todos los sitios. Pero, además, desde un punto de vista ético, ¿cómo defender que el 13% de la población (UE, EEUU y otros cinco países ricos) hayamos reservado el 85% de las vacunas? (1) ¿Acaso hay seres humanos de primera y de segunda? ¿Somos de distintas especies? ¿No decimos que la salud es un derecho humano? Sin embargo, la UE ha cedido a las presiones de las grandes multinacionales, concediéndoles monopolios de explotación, y poniendo los intereses de sus ejecutivos y sus accionistas por delante de la salud de las personas y del interés general.

 

La vacuna, como otros medicamentos, tiene una “ventana de oportunidad” para ser eficaz. Según los epidemiólogos, en menos de un año el SARS-CoV-2 presentará variantes, con combinaciones de distintas mutaciones, que podrían escapar a la inmunidad generada por las actuales vacunas (2). Al ritmo actual de vacunación, y si las empresas cumplen sus contratos, la UE, EEUU y los países ricos habrán vacunado a toda su población antes de que acabe 2021. Pero la mayoría de países de América Latina y de Asia tardarán varios meses más, y la mayor parte de los países de África no completarían su vacunación, si lo consiguen, hasta mediados o finales de 2023. La ventana de oportunidad se habrá superado. El virus presentará nuevas variantes y tendremos que empezar otra vez: nuevas vacunas, nuevos confinamientos, la economía mundial a medio gas, pobreza, inseguridad... De hecho, la UE quiere reservar ya 1.800 millones de dosis de vacunas para 2022 y 2023 (3).

 

Esta situación excepcional, que nos ha tenido confinados, con mascarillas, sin poder llevar una vida normal en el último año, que ha causado casi 3 millones de muertes, y un reguero de dolor y de pobreza, requería una respuesta extraordinaria. Pero los gobiernos han respondido con el “business as usual”. Imaginemos que, hace un año, en abril de 2020, los gobiernos de la UE, de EEUU y de todo el mundo, se hubieran reunido para pensar: ¿cómo vamos a vacunar a toda la humanidad en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?, en vez de ¿cómo voy a vacunar a mi país en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?

 

Entonces, los gobiernos no hubieran dejado en manos de las empresas y de sus intereses comerciales dónde y cuánto producir (subcontratando o concediendo licencias voluntarias a las empresas que ellas decidían), y a qué precio (diez veces por encima de los costes, en promedio). Por el contrario, habrían acordado: identificar todas las fábricas capaces de producir vacunas en el mundo; suspender los monopolios de todas las tecnologías frente a la COVID (cuya investigación, además, se ha hecho mayoritariamente con fondos públicos) (4); acordar, o exigir, a las empresas titulares de las patentes que transfirieran la tecnología y conocimiento para la fabricación de las vacunas a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS; realizar contratos de compra anticipada con las empresas para impulsar la fabricación de 60 millones de dosis diarias (suficientes para vacunar al 70% de la población mundial, con dos dosis, en seis meses); y fijar precio de coste, en torno a un euro por dosis, para que sea accesible a todos en todo el mundo. De esta forma, a finales de 2021 estaríamos terminando de vacunar a toda la humanidad.

 

Se ha demostrado en este año que las empresas no han cedido voluntariamente sus licencias para que se pueda vacunar a todo el mundo en seis meses. Se ha demostrado que fijan precios abusivos (y es muy probable que los suban todavía más). Se ha comprobado que, a día de hoy (11 de abril de 2021) mientras en EEUU se ha vacunado un 29% de la población, en Egipto, Namibia, Mauritania, Mali y muchos otros países, han vacunado al 0,1% de la población, o menos (5). Y hemos tenido que pagar diez veces más de lo que cuestan las vacunas, aún habiendo pagado previamente la I+D. Esta es la realidad. 

 

Se ha demostrado también que la cooperación, aquí, no es la respuesta. Ni de la UE, ni de España. El mecanismo COVAX, que recibe nuestras donaciones y compra vacunas para distribuir a los pobres, no es suficiente. Ni éticamente (ya que la vacuna es un derecho de la persona que la recibe y no un favor graciable de quien la ofrece), ni desde el punto de vista de la eficacia (de los 781 millones de dosis de vacunas administradas en el mundo, a día de hoy, COVAX solamente ha distribuido 38 millones de dosis, menos del 5%). 

 

Hay quien dirá que ahora ya no es útil suspender las patentes y los monopolios de las tecnologías frente a la COVID. Pero sí lo es. Cuanto antes mejor. Porque la pandemia sigue su curso. Cada día se siguen contagiando más de medio millón de personas. Cada día siguen muriendo 10.000 personas. Y, además, es previsible que vengan nuevas variantes, y nuevas pandemias. Por eso es preciso que nuestros gobiernos adopten una estrategia diferente. No deben dejar al arbitrio de los intereses comerciales de las empresas el volumen de fabricación, la distribución, y el precio de las vacunas. Los gobiernos deben asegurar que todos, en todo el mundo, tengan acceso a las vacunas y tratamientos que precisen, ahora y en el futuro. Es su responsabilidad. Y se puede lograr, con menos dinero del que vamos a gastar. La próxima oportunidad para apostar, de verdad, por la universalidad del acceso a las vacunas, la tienen en la reunión del Consejo ADPIC el 30 de abril, y los días 5 y 6 de mayo en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, apoyando la propuesta de India y Sudáfrica. Es preciso un cambio de rumbo. Esta es la razón por la que miles de ciudadanas y ciudadanos europeos estamos promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea para que se garantice el derecho de todas las personas al acceso justo a las vacunas y los tratamientos. https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

(1) https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

(2) https://www.oxfam.org/es/node/16104

(3) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-pfizer-idUSKBN2BW1VV

(4) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1

(5) https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

Tratado frente a la pandemia, sí, pero no solo

(artículo publicado en El Obrero, 2 de abril 2021)

El pasado día 30 de marzo se publicó en la prensa una declaración de 25 Presidentes y Primeros Ministros, junto al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, comprometiéndose a “una acción conjunta para una arquitectura sanitaria internacional más sólida”, y afirmando que “las naciones deben trabajar unidas para establecer un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante pandemias”. Entre los firmantes están Pedro Sánchez, Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson y el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El escrito acierta, en parte, en el diagnóstico y en las propuestas, pero, a mi juicio, se queda corto, pudiendo quedarse en otro ejercicio retórico, de distracción, o de descargo de conciencia. Me explicaré.

Por una parte, respecto a la situación actual, se dice que la pandemia de la COVID-19 es el mayor desafío de la comunidad mundial desde la década de 1940, tras la devastación de las dos guerras mundiales, y se señala que, frente a la pandemia “nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté”. En esto estoy de acuerdo. Pero, luego, añaden los mandatarios que se comprometen “a garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas… frente a esta pandemia y otras futuras”, y subrayan que “la inmunización es un bien público mundial y tendremos que ser capaces de desarrollar, fabricar y desplegar vacunas lo más rápidamente posible”. Resulta evidente que estas buenas palabras, que podríamos suscribir, no se corresponden con las decisiones tomadas por la Unión Europea (UE) y por sus Estados Miembros (EEMM) en el año que dura la pandemia. Por el contrario, en ese tiempo, la UE ha reservado más de 2.000 millones de dosis de vacunas para sus 450 millones de habitantes, mientras la mayoría de los países pobres no han podido abastecerse. A día de hoy se había vacunado el 8% de la población de la UE, mientras en Egipto, Mauritania, Gabón o Namibia se había vacunado menos del 0,1%. Esto no es equidad, se mire como se mire. Es una catástrofe moral, en palabras del Dr Tedros. En EEUU se habrán vacunado a más del 70% de la población este verano y en la UE antes de final de año. Pero, en muchos países de África, Asia y América Latina, hasta final de 2022 ó 2023, millones de personas con los mismos derechos humanos que nosotros, no se habrán vacunado. Si los habitantes de los países ricos tuvieran que recibir una dosis de refuerzo en 2022, o si aparece una variante que se escape a la inmunidad generada por las actuales vacunas, entonces los países pobres deberán seguir esperando.

 

En su declaración, los mandatarios indican que su respuesta para lograr “un acceso igualitario” a las vacunas y otras tecnologías frente a la COVID era el “Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator”. Esta iniciativa, en la que participan la OMS y otras entidades, ha delegado en el “mecanismo COVAX” la responsabilidad de acelerar la fabricación, desarrollo y distribución de vacunas. COVAX es una iniciativa público-privada gestionada por la Alianza para las vacunas GAVI, que a su vez está impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Los gobiernos deberían saber que una vacunación equitativa no se conseguirá nunca con un enfoque de “cooperación” con los pobres, de donaciones, de acciones caritativas, de limosna: dar lo que nos sobra. Se conseguirá con un enfoque de derechos humanos, de justicia: recibir lo que nos pertenece. El mecanismo COVAX está apoyado por la federación de industrias farmacéuticas, porque no cuestiona el principal escollo real para la fabricación y acceso a los medicamentos a un precio justo, que son las patentes y los monopolios, y que es su principal fuente de beneficios abusivos. Por eso es imposible que, con este enfoque, la UE y sus EEMM logren la equidad en el acceso a las vacunas en el mundo. 

 

Se debe hacer mucho más, como se reconoce en la misma declaración. Para empezar, pueden y deben apoyar la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en la Organización Mundial del Comercio en octubre de 2020 para suspender las patentes de vacunas y otras tecnologías frente a la COVID, mientras durara la pandemia. Propuesta que ya respaldan más de 100 países, incluido el Vaticano, y que está bloqueada por la UE y sus EEMM. Junto a esa decisión, la UE, EEUU y la OMS debían presionar a las empresas farmacéuticas a que cedieran el conocimiento y tecnologías necesarias para desarrollar las vacunas, teniendo en cuenta que la mayor parte de esos conocimientos se han desarrollado con inversión pública directa. Dicha cesión se haría a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS. La OMS identificaría todas las fábricas del mundo que puedan producir vacunas y transferiría la tecnología necesaria. En 6 meses se podría estar empezando a fabricar 3 veces más de dosis de vacunas (20.000 millones de dosis anuales, frente a los 6.000 millones de dosis que se fabricarán este año, al ritmo actual). Dichas vacunas serían a precio de coste, con lo que, a mediados de 2022 estaría vacunada toda la población, con menos de la mitad del dinero que nos vamos a gastar para vacunar solo a los países ricos, y se podría hacer frente a dosis de refuerzo o a nuevas variantes y nuevas pandemias.

 

Porque, como reconocen los firmantes de la declaración, está muy claro que “habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud, y ningún gobierno … podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza. La cuestión no es si las habrá, sino cuándo”.  En este sentido, el Tratado que se propone, arraigado en la Constitución de la OMS, y sustentado en el Reglamento Sanitario Internacional, es muy interesante. Solo una respuesta multilateral tendrá capacidad de hacer frente a ésta y a futuras emergencias de salud. Sin embargo, esta propuesta exige un análisis más complejo.

 

Para que la OMS pueda desarrollar ese papel tiene que reforzarse. Eso supone aumentar el presupuesto, de los menos de 3.000 millones de dólares anuales actuales, a más de 5.000 millones, y, al mismo tiempo, prohibir la financiación privada del organismo, consolidando una financiación pública que garantice la independencia de la institución. En este momento, entre la Fundación Bill y Mellinda Gates, GAVI y otras entidades privadas, una sola persona particular puede influir en el 25% del presupuesto de la OMS. Así mismo, en la gestión de los programas de la OMS y de la UE, se debe huir de la llamada “colaboración público-privada” los “partnership”, y otras fórmulas similares surgidas al calor del neoliberalismo que demoniza la gestión pública e idealiza la gestión privada y que, inevitablemente, pone los intereses privados por delante del interés general. El mismo neoliberalismo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, como en la Sareb, “el banco malo” creado en 2012, que en 2020 ha engrosado el déficit público en otros 10.000 millones de euros que tendremos que pagar los contribuyentes. El mismo neoliberalismo que ha diseñado los contratos de la UE con las empresas farmacéuticas para las vacunas COVID. Ahí vemos que la UE y otros países habiendo financiado el 90% de la investigación y el desarrollo de las vacunas, ceden la propiedad de las patentes y el derecho de monopolio a las empresas. Así, son éstas las que deciden cuánto y dónde fabrican (embudo a la fabricación mundial), a quién se las dan primero, y a qué precio. Los precios fijados son abusivos, en promedio diez veces por encima de su coste, pero, además, en caso de que haya reclamaciones por efectos adversos, los gobiernos (es decir, los contribuyentes) deberán pagar las indemnizaciones.

 

Por eso, no basta diseñar un Tratado de pandemias. Debemos ampliar el enfoque hacia el futuro. Se debe lograr un nuevo equilibrio entre el poder de las multinacionales y los grandes fondos de inversión, y el poder de los gobiernos democráticos. Hoy, ese balance está claramente dominado por la plutocracia del dinero cuyo objetivo es ganar más; es como un cáncer que, con la fuerza destructiva de la codicia es capaz de acabar con la humanidad. Si no se cambia ese equilibrio, los organismos multilaterales, como la OMS, no podrán estar al servicio de las personas, sino de las grandes empresas. En la primera mitad del siglo XX, con la presión del movimiento obrero en Europa, y con los gobiernos del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt en EEUU, se logró un nuevo equilibrio, que se traducía, por ejemplo, en un sistema fiscal más justo y progresivo, donde el tipo marginal de las rentas más altas se llegó a situar por encima del 70 y el 80%. Un modelo en el que, otro ejemplo, se aprobó en EEUU la separación de los bancos de depósito y de inversión de riesgo, con la ley Glass-Steagall, reduciendo el tamaño y el poder de las entidades financieras. Después de la segunda guerra mundial se crearon la ONU, y la OMS, y se fundó la UE, impulsando el multilateralismo democrático y la defensa de los derechos humanos. Pero en los años 80 del pasado siglo comenzó la revolución de los ricos, la financiarización de la economía, y los think-tanks que impusieron poco a poco el discurso neoliberal. Como signo, en 1999 se derogó la ley Glass-Steagall durante el segundo gobierno del presidente demócrata Bill Clinton. El mismo gobierno que se opuso a que Mandela quisiera aprobar un genérico para la medicación frente al SIDA en Sudáfrica. Después, en 2008, cuando estalló la crisis financiera, como los bancos eran “tan grandes que no se les podía dejar caer”, los rescatamos con dinero del contribuyente. Y, mientras, los mil-millonarios siguen aumentando su riqueza.

 

Es precisa una refundación de la OMS, pero es precisa también una refundación de la Organización de las Naciones Unidas. Las pandemias, los problemas de seguridad, la crisis del cambio climático, y la necesidad de una economía que respete el medio ambiente y logre una distribución más justa de la riqueza, reduciendo drásticamente la desigualdad, solamente se podrán lograr con un poder político multilateral, democrático, que pueda doblar el brazo a los mil-millonarios y a las grandes corporaciones. Solo así se podrá colaborar, de verdad, con el sector privado realmente productivo. Mientras tanto se tratará de parasitación, de aprovechar los recursos y decisiones públicas para beneficio privado. Un Tratado para hacer frente a pandemias puede ser un paso en la dirección de construir este multilateralismo democrático que reclama Federico Mayor Zaragoza. Pero no será suficiente si no se enmarca en una ambición real de los gobiernos por refundar y fortalecer un mecanismo público de gobierno en las Naciones Unidas, con capacidad de acordar normas justas (en materia fiscal, financiera, sanitaria, medioambiental, en las tecnologías de información y comunicaciones, etc.), y con la fuerza para hacerlas cumplir.