La estrategia de la Unión Europea en relación con las vacunas frente a la COVID ha tenido algunos aspectos positivos, como la apuesta por la investigación, la compra conjunta, el apoyo al desarrollo de vacunas anticipando fondos con las compras anticipadas, y la distribución equitativa entre los 27 Estados Miembros, según población. Pero, en cambio, la estrategia ha fallado en su visión global, y en su enfoque ético.
La vacuna, como otros medicamentos, tiene una “ventana de oportunidad” para ser eficaz. Según los epidemiólogos, en menos de un año el SARS-CoV-2 presentará variantes, con combinaciones de distintas mutaciones, que podrían escapar a la inmunidad generada por las actuales vacunas (2). Al ritmo actual de vacunación, y si las empresas cumplen sus contratos, la UE, EEUU y los países ricos habrán vacunado a toda su población antes de que acabe 2021. Pero la mayoría de países de América Latina y de Asia tardarán varios meses más, y la mayor parte de los países de África no completarían su vacunación, si lo consiguen, hasta mediados o finales de 2023. La ventana de oportunidad se habrá superado. El virus presentará nuevas variantes y tendremos que empezar otra vez: nuevas vacunas, nuevos confinamientos, la economía mundial a medio gas, pobreza, inseguridad... De hecho, la UE quiere reservar ya 1.800 millones de dosis de vacunas para 2022 y 2023 (3).
Esta situación excepcional, que nos ha tenido confinados, con mascarillas, sin poder llevar una vida normal en el último año, que ha causado casi 3 millones de muertes, y un reguero de dolor y de pobreza, requería una respuesta extraordinaria. Pero los gobiernos han respondido con el “business as usual”. Imaginemos que, hace un año, en abril de 2020, los gobiernos de la UE, de EEUU y de todo el mundo, se hubieran reunido para pensar: ¿cómo vamos a vacunar a toda la humanidad en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?, en vez de ¿cómo voy a vacunar a mi país en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?
Entonces, los gobiernos no hubieran dejado en manos de las empresas y de sus intereses comerciales dónde y cuánto producir (subcontratando o concediendo licencias voluntarias a las empresas que ellas decidían), y a qué precio (diez veces por encima de los costes, en promedio). Por el contrario, habrían acordado: identificar todas las fábricas capaces de producir vacunas en el mundo; suspender los monopolios de todas las tecnologías frente a la COVID (cuya investigación, además, se ha hecho mayoritariamente con fondos públicos) (4); acordar, o exigir, a las empresas titulares de las patentes que transfirieran la tecnología y conocimiento para la fabricación de las vacunas a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS; realizar contratos de compra anticipada con las empresas para impulsar la fabricación de 60 millones de dosis diarias (suficientes para vacunar al 70% de la población mundial, con dos dosis, en seis meses); y fijar precio de coste, en torno a un euro por dosis, para que sea accesible a todos en todo el mundo. De esta forma, a finales de 2021 estaríamos terminando de vacunar a toda la humanidad.
Se ha demostrado en este año que las empresas no han cedido voluntariamente sus licencias para que se pueda vacunar a todo el mundo en seis meses. Se ha demostrado que fijan precios abusivos (y es muy probable que los suban todavía más). Se ha comprobado que, a día de hoy (11 de abril de 2021) mientras en EEUU se ha vacunado un 29% de la población, en Egipto, Namibia, Mauritania, Mali y muchos otros países, han vacunado al 0,1% de la población, o menos (5). Y hemos tenido que pagar diez veces más de lo que cuestan las vacunas, aún habiendo pagado previamente la I+D. Esta es la realidad.
Se ha demostrado también que la cooperación, aquí, no es la respuesta. Ni de la UE, ni de España. El mecanismo COVAX, que recibe nuestras donaciones y compra vacunas para distribuir a los pobres, no es suficiente. Ni éticamente (ya que la vacuna es un derecho de la persona que la recibe y no un favor graciable de quien la ofrece), ni desde el punto de vista de la eficacia (de los 781 millones de dosis de vacunas administradas en el mundo, a día de hoy, COVAX solamente ha distribuido 38 millones de dosis, menos del 5%).
Hay quien dirá que ahora ya no es útil suspender las patentes y los monopolios de las tecnologías frente a la COVID. Pero sí lo es. Cuanto antes mejor. Porque la pandemia sigue su curso. Cada día se siguen contagiando más de medio millón de personas. Cada día siguen muriendo 10.000 personas. Y, además, es previsible que vengan nuevas variantes, y nuevas pandemias. Por eso es preciso que nuestros gobiernos adopten una estrategia diferente. No deben dejar al arbitrio de los intereses comerciales de las empresas el volumen de fabricación, la distribución, y el precio de las vacunas. Los gobiernos deben asegurar que todos, en todo el mundo, tengan acceso a las vacunas y tratamientos que precisen, ahora y en el futuro. Es su responsabilidad. Y se puede lograr, con menos dinero del que vamos a gastar. La próxima oportunidad para apostar, de verdad, por la universalidad del acceso a las vacunas, la tienen en la reunión del Consejo ADPIC el 30 de abril, y los días 5 y 6 de mayo en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, apoyando la propuesta de India y Sudáfrica. Es preciso un cambio de rumbo. Esta es la razón por la que miles de ciudadanas y ciudadanos europeos estamos promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea para que se garantice el derecho de todas las personas al acceso justo a las vacunas y los tratamientos. https://noprofitonpandemic.eu/es/
(1) https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
(2) https://www.oxfam.org/es/node/16104
(3) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-pfizer-idUSKBN2BW1VV
(4) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1
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